domingo, 21 de octubre de 2012

La Comunidad y Las Vegas Sands retoman esta semana las conversaciones tras fijar el calendario de plazos

MADRID.- Miembros de la Comunidad de Madrid y de Las Vegas Sands en Europa retomarán esta semana las conversaciones de trabajo después de que hace siete días una delegación encabezada por el máximo accionista de la compañía, Sheldon Adelson, viajara a Madrid para encontrarse con el equipo de Gobierno regional y acordaran un calendario de plazos.

   Según han informado fuentes del Gobierno regional, son reuniones más técnicas y en la línea de las que se han venido desarrollando desde que se conociera que Las Vegas Sands estaba interesada en poner en marcha un macrocomplejo de ocio, cultura y turismo en Europa, como los que ya tiene abiertos en EEUU o en Singapur.
   Según explicaron los responsables de ambas partes durante esta semana, además de contar con la garantía de que Las Vegas Sands tiene disponible la suficiente financiación para poner en marcha la primera fase, se fijó un calendario aproximado para empezar a desarrollar el proyecto.
   Con la mirada puesta en diciembre de 2013, fecha en la que ambas partes quieren colocar la primera piedra de la primera de las tres fases del macrocomplejo (con entre dos y cuatro grandes hoteles resort), el primer paso que se tiene que dar es la concreción del marco normativo para poner en marcha el mismo.
   El presidente de la Comunidad, Ignacio González, mostró su compromiso de intentar cerrar esta cuestión cuanto antes --antes de que acabe el año-- con el fin de conocer a principios del 2013 la ubicación en la que Las Vegas Sands quiere poner en marcha Eurovegas. Será entonces cuando el Gobierno regional saque la convocatoria de concurso público el proyecto.
   El objetivo de esta convocatoria es dar "la mayor transparencia" a todo el proceso y permitir a otras empresas, en el caso de que las haya, pujar por el terreno para levantar un proyecto de características similares. Fuentes de la negociación apuntan que no se esperan sorpresas y confían en que no haya empresa alternativa que apueste por arrebatar el proyecto a la empresa del magnate americano.
   Ambas partes están muy interesadas en que todo siga adelante como tienen previsto y, sin perder el tiempo, han acordado el primer encuentro esta próxima semana para empezar a profundizar en cuestiones más técnicas. Como recordaba David Pérez, el alcalde de Alcorcón, una de las ciudades candidatas para albergar el proyecto, esta semana ya ha dejado "buenas noticias" en cuanto a la financiación y las cuestiones de planteamiento urbanístico.
   De momento no hay fecha para un nuevo encuentro entre González y Adelson, que aprovechó su visita a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para cenar, en un encuentro más distendido, con la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, que trabajó desde el principio para que el proyecto viniera a Madrid.



La Coordinadora 25S dice que no tiene que comunicar oficialmente la protesta del martes

MADRID.- La Coordinadora 25S ha decidido no comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid la protesta convocada para el próximo martes 23 en los alrededores del Congreso de los Diputados al considerar que el haberla difundido públicamente es suficiente para que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes tenga conocimiento de sus intenciones.

   Tal y como han manifestado en varias ocasiones, los organizadores de la protesta que llama a rodear el Congreso entienden que la Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía "sin la necesidad de hacer más peticiones".
   "No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de desobediencia civil pacífica", explicaba una de las portavoces de la Coordinadora.
   En esta misma línea, otro de los portavoces afirmaba el viernes en declaraciones a los medios a las afueras del Congreso, tras registrar un documento de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que dicha comparecencia ya bastaba para comunicar "públicamente" la convocatoria del martes.
   "A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación está amparado por la Constitución, y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie", señalaban.
   Aunque el artículo 21 de la Constitución reconoce que el ejercicio del derecho de reunión "no necesitará autorización previa", la Ley Orgánica 9/1983 que regula este derecho establece que "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas".
   Los organizadores también argumentan que comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno sus planes "poco tiene que ver con la propuesta de desobediencia civil" que defienden. Así lo manifestaron cuando un particular, R. O. G. R., comunicó por iniciativa propia las primeras protestas convocadas por la Coordinadora el pasado 25 de septiembre, particular que esta semana ha sido sancionado con 6.000 euros por la Delegación.
   Según la Coordinadora, el hecho de que esta persona haya sido multada les da "más razones que nunca" para no comunicar sus acciones por los cauces oficiales. "Da lo mismo pedirlo que no pedirlo. A la persona que legalizó las acciones del día 25 se le ha multado igual. Por ello no vemos la necesidad de comunicar", señalaba una de las portavoces.
   La Delegación del Gobierno ha alegado como motivos para sancionar al particular que durante las protestas que tuvieron lugar el día 25 en Neptuno no se garantizó "la seguridad de la protesta", que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.
   El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.
   "En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos", apunta el escrito sancionador, que también recuerda a partir de las 19.00 horas, "se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías".

sábado, 20 de octubre de 2012

Eurovegas, interesada en la posibilidad de ampliar con un carril más la A-5

MADRID.- Las Vegas Sands, que quiere poner en marcha en la región el proyecto de Eurovegas, se ha interesado por conocer la posibilidad que hay de que la Autovía del Suroeste (A-5), conocida popularmente como Carretera de Extremadura, y de competencia estatal, se pueda ampliar con un carril más a su salida de la capital, han informado fuentes cercanas a la negociación.

   Se trata de una de las peticiones que ha hecho la empresa norteamericana que, a día de hoy, está buscando todavía cuál es el sitio donde va a desarrollar el proyecto entre los tres terrenos propuestos: en Alcorcón, en Valdecarros (Madrid capital) o en los ofrecidos por Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.
   En la búsqueda de la ubicación definitiva, uno de los factores que está influyendo a la compañía es la de las infraestructuras y los medios de transporte disponibles, y en el caso de que el proyecto recayera en Alcorcón, las Vegas Sands podría barajar la necesidad de ampliar esta vía que pasa por municipios como el propio Alcorcón, Móstoles o Navalcarnero.
   Como carretera radial que es, el origen de la A-5 está en el Kilómetro Cero de la Puerta del Sol. La autovía propiamente dicha comienza bajo tierra a la altura de la M-30 y toma dirección suroeste hasta llegar a Extremadura. Es una autovía que tiene una longitud de 408 kilómetros, y se puede enlazar a su paso por Madrid con la M-30, M-40, M-45, M-50 y R-5.
   Es una autovía que se construyó entre los años 80 y 90, dentro del plan de conversión en autovías de las antiguas nacionales radiales y permite estar en municipios del sur de la región como Alcorcón en apenas siete u ocho minutos desde el centro de la capital (Príncipe Pío o Plaza de España).
   Dada la importancia de esta cuestión, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha estado presente en varias de las reuniones técnicas que se han producido con la empresa americana, y en ellas, el responsable de la materia ha explicado que no sería necesario realizar grandes proyectos en infraestructuras porque cuenta con una "extensa y completa".
   Una de las infraestructuras de transporte que el consejero siempre señala como acorde al desarrollo empresarial que Sheldon Adelson quiere impulsar en España es el Aeropuerto de Barajas, un punto de conexión entre Europa, África y América por el que cada año circulan más de 50 millones de viajeros.
   La red de Metro de Madrid también es uno los puntos claves: cuenta con más de 300 kilómetros de túnel que conforman "una completa malla de comunicación para Madrid capital y los municipios colindantes como Alcorcón, conectado a la capital a través de Metrosur, y otras ubicaciones posibles que los promotores de Eurovegas puedan barajar".
   Igualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con casi 900 kilómetros de autovías y autopistas que vertebran la región comunicando el Aeropuerto de Madrid-Barajas con cualquiera de las posibles ubicaciones de Eurovegas en Madrid.
   Otra de las infraestructuras que se podrían reactivar con la llegada de Eurovegas es el Aeropuerto del Sureste, ubicado entre El Álamo y Navalcarnero. Su puesta en marcha supondría coste cero para el Gobierno regional pues sería una concesión público-privada y serviría para la aviación civil o de negocios y escuelas de vuelos.



Mas y mejor control en la actuación irregular y competencia desleal / Ángel Tomás Martín *

El comercio y tráfico internacional por vía marítima ha sufrido una importante caída a partir del año 2008 ocasionada por la crisis global y nacional, provocando un descenso en los tonelajes de mercancías transportadas y la supresión, por las compañías navieras, de algunas líneas por falta de rentabilidad. Los efectos del vertiginoso descenso se han manifestado en el transporte de petróleo y en el de materias primas, pero en mayor magnitud en el sector manufacturero mundial. En España, con un creciente descenso del consumo, el sector industrial está pasando su peor coyuntura, solo superable con esfuerzo, tesorería y tiempo.

Sin embargo, la competencia desleal, el plagio y la debilidad del control en la entrada de mercancías "irregulares" a que nuestro mercado nacional se ve sometido, merman nuestro crecimiento y nuestro producto interior bruto. El reto del Sector industrial no es solo luchar para superar la crisis, que con creatividad, investigación y productividad, cualidades que posee todo buen empresario se consigue, sino aunando energías para combatir la competencia desleal. Si no se logra, el desarrollo continuará frenado y la libre competencia del mercado inexistente. Ésta última está mediatizada por la práctica totalmente "irregular" procedente del mercado exterior, e incluso del interior.

¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran la industria y los importadores españoles frente a los importadores ilegales? Trabajos de investigación con ayuda de expertos especializados y análisis de diversos contenciosos, algunos importantes, avalan la ilegalidad de actividades de distribución que impiden el normal desenvolvimiento de una buena parte de nuestra industria, que reclama un mayor y exhaustivo control de las normativas comunitarias y de las entradas de productos que carecen de la calidad y seguridad exigidas, y a precios sin competencia, por ser: 1.- flagrantes copias, muchas de ellas registradas o patentadas, 2.-por carecer, en su fabricación, de los costes de investigación e innovación y 3.- por evitar o minorar los impuestos de Arancel, IVA, y antidumping.

Es de resaltar la ejemplaridad, colaboración y rapidez de la policía judicial, pero los procedimientos contenciosos posteriores son muy lentos y las soluciones llegan tarde, perdiendo toda eficacia y ocasionando perjuicios irreparables a nuestras empresas.

Los puertos de destino de las mercancías procedentes del exterior se descargan principalmente en Valencia, Algeciras, Barcelona o Bilbao; pero pueden descargarse en otros puertos de la Unión Europea como Nápoles, Amberes o Rotterdam, entre otros. Una vez descargadas, a las mercancías hay que asignarles un destino aduanero, los cuales son: a) Despacho a consumo, con el pago de todos los impuestos y el cumplimiento de todas las disposiciones legales de calidad y seguridad, b) despacho a libre práctica, en el que solo se pagan los impuestos aduaneros, no el IVA, y también con el cumplimiento de las disposiciones legales de calidad y seguridad, c) en tránsito para su despacho en otras aduanas a petición de los titulares, d) introducción en los locales Autorizados de Depósito Temporal, donde el plazo de permanencia para el despacho es entre 20 y 45 días dependiendo del medio de transporte usado, y e) introducción en un Depósito Aduanero hasta que el propietario de la mercancía lo solicite, sin que exista plazo de permanencia para despacho. Cuando no se despachan en los plazos determinados, o son rechazadas por los Servicios de SOIVRE, SANIDAD o FITOSANITARIO o han de devolverse a origen o abandonarse a favor de la Hacienda Pública o destruirse.

Para que los inspectores del servicio de Aduanas autoricen la disposición definitiva de las mercancías, tendrán que unirse al DUA, (Documento Único Aduanero), los certificados expedidos por los servicios de SOIVRE, SANIDAD y FITOSANITARIO, responsables de controlar el cumplimiento y garantía de la calidad de los productos y la seguridad sobre las personas y normas sanitarias. Cumplido el expediente, a los DUAS se les asigna, según criterio de la Administración de Aduanas, uno de los tres circuitos siguientes: "VERDE", en el que se dispone de la mercancía inmediatamente, “NARANJA”, en el que la Aduana comprueba todos los documentos unidos al DUA, o "ROJO", de obligada comprobación documental y reconocimiento físico de la mercancía. Con independencia existen los servicios "Inspectores de Consumo" dependientes de las Comunidades Autónomas, que actúan en los locales de los mayoristas y minoristas de su demarcación territorial.

Estudiando los fallos y deficiencias de los sistemas de despacho Aduaneros y Paraduaneros, nos encontramos con el muy escaso número de funcionarios para la gran tarea a desarrollar (detección de posible manipulación de facturas, documentos y mercancías sensibles que necesitan controles por plagio de diseño y marcas, dificultad de revisión de la mercancía hasta el fondo del contenedor donde se ocultan las irregularidades, declaraciones falsas reseñando partidas arancelarias distintas a las que corresponden que no precisan controles, consiguiendo que el sistema les asigne "circuito verde" etc.). En Madrid, salvo modificación reciente, hay solo dos inspectores en el Recinto Aduanero para reconocimiento físico y uno para controlar los cerca de 40 Depósitos Aduaneros, y en Valencia idéntica plantilla, pero con 200 Depósitos Aduaneros. Por ello, el reconocimiento físico no alcanza el 10%, debido a la gran carga de trabajo y la dificultad de desempeñarlo adecuadamente.

Para corregir estas prácticas es necesario aumentar el número de funcionarios, tanto del SOIVRE como de Aduanas. Son muy pocos los destinados a este fin, sirva de ejemplo el volumen de trabajo y numero de despachos al año que se emiten desde Valencia, 400.000 aproximadamente, y más de 200.000 contenedores en Madrid Puerto Seco, que transportan, en la mayoría de los casos variedad de productos, sujetos unos a inspección y otros no, presentando miles documentos de despacho. Igualmente deben incrementarse los inspectores de Consumo de las CCAA por las mercancías que han podido sustraerse a los controles anteriores y también para el control de mercancías tramitadas irregularmente desde puertos comunitarios, que inciden en nuestra economía negativamente.

Es necesario y urgente este incremento de inspectores, que lejos de ser una carga presupuestaria, propiciará más recaudación fiscal y una colaboración eficaz al desarrollo y crecimiento del sector industrial, y de la economía en general. Esta sí es una reforma estructural de la máxima importancia.

(*) Economista y empresario