Madrid calcula que los 2.700 millones "negados por Zapatero" desde 2009 suponen un déficit sobre su PIB del 1,4%

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha denunciado este jueves que los 2.700 millones de euros "negados" por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde 2009 le suponen al Ejecutivo autonómico un déficit generado este año sobre el PIB de la región del 1,4 por ciento, según ha explicado el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González.

En rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano, en la que ha comparecido con la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, González ha hecho referencia a este dato que procede de las conclusiones recogidas por el consejero de Economía, Percival Manglano, tras la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado con el resto de comunidades autónomas.

"Ya ellos nos superan un déficit superior al que nos exigen a nosotros", ha señalado Aguirre, en referencia a este 1,4 por ciento que equivalen las cantidades que no ha recibido, entre otras cosas, del Fondo de Competitividad, de las operaciones societarias de 2011 y de la "infrafinanciación" sanitaria, teniendo en cuenta que, según Aguirre, se ha dejado de contabilizar a 600.000 ciudadanos como receptores de los servicios sanitarios.

En la misma línea, el Ejecutivo regional exige al Gobierno de la Nación que aplique con carácter urgente un auténtico plan de ajuste del gasto público. En su opinión, el Gobierno de Zapatero abrió la "puerta al déficit" al eliminar en 2006 la ley del déficit cero que puso en marcha el Gobierno de José María Aznar.

"Esta decisión del Gobierno socialista ha sido el verdadero origen de todos los problemas actuales de déficit, endeudamiento e impago de las administraciones", destaca el informe de la Consejería de Economía y Hacienda, que también considera que la regla de gasto que el Gobierno de la Nación presentó a las comunidades es "inconcreta en tiempo y forma", de manera que no había ningún instrumento técnico bien argumentado.

"En la regla de gasto habrá que fijar los criterios sobre los cuales el Gobierno quiera moverse", ha señalado González al respecto, quien ha considerado que aquí el problema es que no se dicen las cantidades "que van a dejar de percibir las comunidades como consecuencia de la aminoración de ingresos que se producen porque el propio Gobierno ha hecho unas estimaciones de crecimiento que eran falsas" y ha ironizado que con estas nuevas medidas parece que el Gobierno quiere "hacer negocio".

González, en este sentido, ha criticado que, a su juicio, por el hecho de que el Gobierno se haya "equivocado" a la hora de hacer sus cálculos, ahora lo que les debe se lo vaya a cobrar con unos intereses del 6,5 por ciento, en relación a los créditos que podrán solicitar las comunidades autónomas al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por su parte, la presidenta madrileña ha señalado que lo que ocurrió en la reunión de ayer sería "de risa si no fuera patético" ya de por sí, y ha criticado la manera en la que a los consejeros se les entregó "un sobre cerrado" para que cada uno supiese cuál era su dinero de financiación con el que contaban. "De hecho, al consejero de Madrid, como es nuevo, le querían dar el de Canarias", ha añadido.

"Sería de risa si no fuera patético porque aquí se hace un sistema de financiación para favorecer a aquellas comunidades que interesan y para perjudicar a las otras", ha considerado Aguirre, quien no explica que si se ha dicho "que no se van a consentir avales del estado a emisiones de deuda bajo el déficit que esté por encima del 1,3, cómo es posible que haya una comunidad" que sí lo ha hecho.

En general, Aguirre ha lamentado que la Comunidad de Madrid lleva "por desgracia" sufriendo mucho tiempo a "un gobierno que no sólo no ha puesto ni un euro en obra publica nueva sino que ha impedido obras publicas que la Comunidad quería cometer" y ha puesto como ejemplo el cierre de la M-50 o la licitación de la R-3. "Es el perro del hortelano"; ha manifestado Aguirre.

En el informe de Economía, el Gobierno regional también advierte que el techo de gasto del Estado para el próximo año "es falso", ya que, por primera vez, no se contabilizan las transferencias a la comunidades autónomas y entes locales. "Si se computasen los gastos no financieros, como siempre se ha hecho, el techo de gasto realmente aumentaría en 5.000 millones para 2012", concluye el informe.

Según Núñez Feijóo, muchas CC.AA entrarán en colapso financiero a finales de 2011

SANTIAGO.- El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado respecto a la falta de acuerdos en Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, que "no se puede considerar un éxito" porque "no ha habido resultados", sino que simplemente se rechazaron todas las propuestas que presentaron las Comunidades Autónomas. "Lamentablemente una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011", ha agregado.  

   "Planteábamos tener la misma regla que tiene el Gobierno central, que tiene un periodo medio entre 10 y 15 años para pagar su deuda. Nosotros planteábamos tener un periodo de 10 años para pagar la deuda en la que hemos incurrido por falta de un presupuesto realista del año 2008 y 2009" ha explicado para añadir que, "en el año 2008 se trataba de negar la crisis económica, se inflaron los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en consecuencia lo que se transfirió a las Comunidades Autónomas. Y ahora nos reclaman y nos dicen que tenemos que pagar en cinco años".

   El presidente de la Xunta ha dicho también que comparte la preocupación del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, respecto a la dificultades económicas que presentan las Comunidades Autónomas para cumplir con rigor las transferencias. No obstante, considera que devolver o no devolver las transferencias, como ha apuntado Valcárcel, es "otra cosa distinta".

   "Yo comparto esa preocupación. Si a usted le confieren una transferencia con un presupuesto y después para cumplir esa transferencia le bajan el presupuesto y le exigen que cumpla las mismas prestaciones que cuando tenía un presupuesto superior, y esto se hace para los próximos cuatro o cinco años. Pues este es el planteamiento que nos han hecho ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

   A su juicio, para ser "honrados" con los ciudadanos y "consecuentes" con sus principios, las Comunidades Autónomas deben plantearle al próximo presidente del Gobierno exactamente lo mismo que le plantearon ayer al actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: "Tener un periodo medio de 10 años para pagar la deuda".

"Que se vea que esto no es un problema entre PP-PSOE, no es un problema ideológico sino de servicios sociales. El presidente del PP, Mariano Rajoy, planteaba ayer en el Congreso el aplazamiento de la deuda de las Comunidades Autónomas porque no incrementaba el déficit público. Si tiene la confianza de los ciudadanos, eso lo ha de seguir planteando como presidente del Gobierno de España", ha subrayado.

   En este sentido, ha afirmado que había una posibilidad de "un acuerdo institucional de un pacto de Estado" en este final de legislatura y que nunca hubo un ofrecimiento "tan sincero y necesario" por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, "lamentablemente" tampoco hubo nunca una respuesta tan "insuficiente y decepcionante" por parte del Gobierno.  

   Según Feijóo, "todo parece indicar que el Gobierno se desentiende de los problemas de los servicios públicos esenciales".

"Primero les dice a las Comunidades Autónomas que han de devolver lo que el Gobierno de España presupuestó mal. Después, que no cumplirán con el acuerdo de financiación y que liquidarán los fondos en el momento que el Gobierno considere oportuno. Y por último, que no dejarán a las comunidades posibilidad de pagar ese error en el presupuesto en 10 años", ha explicado.

   "Yo le puedo asegurar que el Gobierno de España no sería capaz de gestionar hoy los servicios públicos en las Comunidades Autónomas si se somete a los mismos requisitos que somete a las comunidades", ha afirmado para recordar que, "el déficit público admitido para el Gobierno central es del 6 por cierto y el de las Comunidades Autónomas es del 1,3 por cierto".

   Por otro lado, se ha referido a la idea que exponía el Gobierno de que el crédito ICO ayudase a las Comunidades Autónomas a pagar su deuda. "No es verdad que se hayan planteado créditos ICO para la mitad de la deuda. Solamente lo han planteado para lo que hay que devolver en el año 2012, es decir para una anualidad. Y en segundo lugar, se les dice a las comunidades que miren si es más barato financiar su deuda pública con el ICO y le dejarán la mitad de esa anualidad, sino que sigan financiado su deuda pública con otros bancos", ha asegurado. 

    El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha ahorrado en descalificativos para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha tildado de "lamentable". Convencido de que "pudo no haberse celebrado", ha tachado de "broma de mal gusto" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la deuda de las comunidades, al tiempo que ha anunciado que la Xunta hará "efectivo" el recurso de inconstitucionalidad para que el Gobierno abone los 805 millones que "debe" a Galicia por la financiación autonómica.

   En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha remarcado que su Gobierno decidirá cuando toque si opta por la banca privada o por el crédito ICO que, en todo caso, ha considerado "una broma", antes de la alertar de que la "irresponsable" decisión del Ejecutivo central de no aplazar la devolución de los anticipos provocará que muchas comunidades "entren en colapso financiero" en el tercer trimestre del año. "A ver qué hace entonces el Gobierno", ha apostillado.

   Sobre el caso concreto de Galicia, ha rechazado la devolución de competencias --como han propuesto otros presidentes autonómicos como el murciano--, si bien ha admitido que habrá que la Xunta tendrá que  "reducir capacidades de gasto". No en vano, 243 millones de los 805 que pedirá Galicia ante el Tribunal Constitucional con un recurso contra la ley de presupuestos del Estado ya estaban incluidos en las cuentas gallegas para 2011.

   Eso sí, pese a las dificultades, Núñez Feijóo ha garantizado que la Xunta "intentará preservar los servicios públicos básicos" y la "solvencia" de la comunidad, "intentando" también cumplir con los criterios de déficit público. "A efectos de los servicios públicos, el Ejecutivo central no existe", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha cargado con especial dureza contra un Gobierno estatal --ha advertido-- "de fin de ciclo".

Un sindicato policial, harto de que los indignados les llamen "hijos de puta"

MADRID.- La Unión Federal de Policía (UFP) ha asegurado que los agentes están ya "indignados", "irritados", "hartos", "rabiosos" y "coléricos" ante las "provocaciones" de los integrantes del Movimiento 15-M "que nos escupen", "nos mean en las botas" y "nos tratan de asesinos, maltratadores e hijos de puta".

En un comunicado, la UFP niega rotundamente que ayer se produjera una carga de la Policía Nacional en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y asegura que los agentes se limitaron a trasladar a las aceras a treinta "indignados" que estaban cortando la circulación, "secuestrando a miles de ciudadanos en sus coches".

El sindicato critica también la actitud de la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, a quien recuerda que es la "máxima responsable" de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la comunidad y a quien corresponde ordenar "cuándo, cómo y por qué se carga o desaloja".

"A ver si se entera de una vez", afirma la UFP que reprocha a Carrión "su no presencia" y "la falta de alguna orden al respecto" mientras los policías siguen aguantando en la calle "escupitajos y peinetas en las narices".

"Ellos serán los indignados del 15-M, nosotros somos los indignados del 15-M, el 16-M, el 17-M y así, hasta hoy", lamenta el sindicato.

Bono: España "vale más que las 17 CC.AA juntas"

JAÉN.- El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha defendido este jueves que "España vale más que las 17 comunidades autónomas juntas" porque constituye un "valor añadido sobre los 17 territorios" y se ha felicitado por el acuerdo "en términos generales" alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque España, ha advertido, "no puede ser un patio de vecinos mal avenidos".

   En declaraciones a los periodistas previas a su intervención en la clausura del seminario 'Justicia, política y medios de comunicación' de los cursos de verano de Torres (Jaén), Bono ha indicado que "da la impresión de que han llegado a un acuerdo en términos generales" en el CPFF "y eso me agrada" y ha puntualizado que, aunque "he sido presidente de una autonomía 21 años, España vale más que las 17 comunidades autónomas juntas".

   En este sentido, ha advertido que "España es un valor añadido sobre los 17 territorios y, a veces, esto se pierde de vista por la pasión del momento, que puede llevar a creer a los distintos presidentes que su territorio es el más importante, pero no, el mundo no tiene ombligo, pero si tuviese, no sería una comunidad", ha recalcado.

   En esta línea, el presidente del Congreso ha expresado que "es conveniente que las distintas comunidades autónomas sepan que el conjunto y la unión entre todas es mucho más importante que la discrepancia", y es que, ha añadido, "tendríamos que ver que lo que une a los españoles es más que lo que nos separa, por más que algunos se encarguen de buscar identidades diferenciadas desde la época de don Pelayo".

   Por último, Bono ha recordado que "aquí teníamos dos asuntos autonómicos que tenían más historia que otros, País Vasco y Cataluña, pero en un momento dijeron café para todos, creyeron que era la solución mágica y tuvo sus ventajas y sus inconvenientes".

   A su juicio, ello provoca que 30 años después "hay que resolver inconvenientes porque tantas administraciones sobre un mismo territorio quizá sean muchas, ya que existen 17 defensores del pueblo, del menor y del mayor, así como 17.000 televisiones, que son muchas, sobre todo si se pagan del bolsillo de los ciudadanos", ha concluido.

Esperanza Aguirre devolvería competencias "siempre y cuando alguien las asumiera"

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado este jueves que se "conforma" con las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y la atención a la Dependencia y ha asegurado que devolvería las demás "siempre y cuando alguien asumiera".

   "Nos conformamos con la Educación, la Sanidad, el Transporte y la atención a la Dependencia", ha aseverado la presidenta madrileña en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha apostado por atribuir cada competencia a una única administración.

   En este punto se ha referido a las duplicidades que pudieran darse con el Consistorio de la capital, regido por Alberto Ruiz-Gallardón. "Estoy segura que la Comunidad y el Ayuntamiento estamos de acuerdo de que no está el horno para bollos".

   "Si estamos en las condiciones financieras en las que nos encontramos todos, y el Ayuntamiento no es excepción, no podemos permitirnos el lujo de llevar a cabo los mismos servicios en favor de los mismos ciudadanos de diversas maneras", ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

   Respecto al resto de las competencias que la Administración autonómica desarrolla, Aguirre se ha mostrado a favor de finalizar su responsabilidad sobre ellas "siempre y cuando alguien las asumiera". En este punto, se ha referido a la Justicia, que la presidenta considera un "poder nacional del Estado".

   "Hace falta que sea una sola administración la competente para cada servicio, y en el caso de la Justicia, debe ser el Gobierno de la Nación", ha concluido.

Chaves, la del CPFF fue una reunión "sin tensión" en la que hubo un "consenso muy alto"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado este jueves que en la reunión del miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "no hubo tensión" entre el Gobierno y los consejeros autonómicos y se ha alegrado del "consenso muy alto" al que llegaron en los principales asuntos como, por ejemplo, en la necesidad de garantizar los objetivos de consolidación fiscal.

   "Todas las Comunidades Autónomas (CCAA) estaban de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de establecer una regla de gasto a través de una ley que tiene que ser aprobada en los parlamentos autonómicos. Nosotros les vamos a enviar todos los detalles de la oferta pero en el discurso que hubo el miércoles, cuando los consejeros del PP pidieron aclaraciones, no hubo un rechazo a la propuesta del Ejecutivo", ha recalcado Chaves en una entrevista en RNE.

   Así, el ministro de Política Territorial ha valorado que los responsables de Economía de los gobiernos autonómicos 'populares' estén centrados en solucionar los problemas "reales" de los ciudadanos y no como el líder del PP, Mariano Rajoy, que sólo tiene el objetivo de "tratar de adelantar las elecciones".

   Dicho esto, Chaves ha recordado que las CCAA tienen que asumir la responsabilidad, tal y como lo establece la Constitución, de los ajustes y decidir de dónde tienen que recortar y ha exigido a los líder regionales "no sacar presuntas facturas o déficit ocultos" para "endosarle la culpa al Ejecutivo anterior o al Gobierno de la nación" en el momento en el que realicen los recortes que tienen que hacer.

   "Ustedes tienen que asumir la responsabilidad del ajuste porque, de lo contrario, se romperían las reglas fundamentales del Estado de Autonómico. Quien tiene que decidir si hay ajustes o de dónde se recorta es la comunidad, igual que el Gobierno lo hace en las competencias que tiene", ha sentenciado el ministro.

Gallardón: "El control de Metro le corresponde a la Comunidad, no al Ayuntamiento"

MADRID.- El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que "a quien le corresponde el control de Metro de Madrid es a la Comunidad Autónoma y no al Ayuntamiento".

   Así lo ha afirmado el regidor en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que ha destacado que desde el Consistorio madrileño "se apoya absolutamente todas las medidas adoptadas" por el Ejecutivo autonómico respecto al supuesto cobro de comisiones en la empresa del suburbano.

   "Creo que mientras estén abiertas las investigaciones no debemos hacer comentarios", ha recalcado el alcalde, quien ha adelantado que el presidente de Metro, Juan Bravo, comparecerá ante "cualquier petición que se le haga ante el organismo que tiene que hacerlo, es decir, la Asamblea de Madrid".

   "Metro es una empresa pública que sectoriza en la Comunidad y no en el Ayuntamiento. A quien el corresponde el control de la empresa es a la Comunidad Autónoma y no al Ayuntamiento. En su condición de presidente, Juan Bravo lo hará puesto que es a la Asamblea de Madrid a quien le corresponde el control de la empresa Metro", ha señalado.

   Asimismo, Gallardón ha insistido en que apoya las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, que ha calificado de "acertadas", y ha destacado que estas "marcan el camino de transparencia y garantía de que todo aquello que se realiza con el presupuesto público tiene que tener plena transparencia informativa".

La FMM ve "imposible" que municipios presten servicios impropios

MADRID.- El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias (FMM), Bartolomé González, ha afirmado este jueves que "es imposible" que los ayuntamientos a día de hoy presten servicios impropios, debido a la caída de ingresos del sector de la construcción.

   En su comparecencia en la segunda sesión de la comisión de duplicidades de la Asamblea de Madrid, González ha explicado que la situación de competencias impropias y de gestión de servicios impropios "era una de las grandes virtudes y potenciales" de las administraciones municipales, pero ha señalado que antes se podrían prestar estas competencias "con los ingresos renuentes fundamentalmente por la actividad urbanizadora y constructiva", cosa que "hoy en ningún caso puede atenderse" y "son fuertemente deficitarios".

   "Los ayuntamientos dentro del marco de la crisis general de las haciendas públicas tienen una crisis especial y singular, más acentuada debido a la conjunción de la crisis con una profundísima crisis del sector inmobiliario que ha supuesto una exponencial reducción de ingresos locales singulares vinculados al hecho urbanístico", ha señalado.

   "Ya sea por la venta del suelo que soportaba en buena medida las inversiones municipales, como la práctica reducción casi a cero del impuesto de construcciones instalaciones y obras y de la drástica reducción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que han disminuido mucho", ha explicado el alcalde.

   Por todo ello y apostando por la "eficiencia" en la prestación de servicios, ha abogado por que los ayuntamientos se centren en "los servicios propios olvidando la prestación por sí mismos de los servicios secundarios dando paso a la sociedad para que se implique en la prestación de buena parte de los servicios impropios".

   El alcalde, que ha estado de acuerdo en realizar un catálogo de competencias, ha considerado "absolutamente indispensable un necesario redimensionamiento del sector público en general bajo el prisma de la eficiencia en el gasto".

   González, que ha apostado por ir hacia la implantación de la "administración única", ha abogado por la participación de la sociedad civil y ha apostado por acabar con el carácter "paternalista" de los municipios. "Es el momento de devolver parte de las funciones administrativas a la sociedad civil", ha destacado.

   "Deben suprimirse servicios duplicados", ha defendido González, que ha apostado por "racionalizar las estructuras administrativas" y la cooperación y lealtad entre instituciones, al tiempo que ha abogado por implementar "económicas de escala".

   González ha defendido relanzar el pacto local, pero ha considerado que el Gobierno central es el que debe "redefinir" el marco vigente. Además, ha considerado que el Ayuntamiento debe prestar "los servicios imprescindibles y necesarios" y empezar a "cuestionar" la prestación de todos aquellos servicios que "no son necesarios".

   González ha señalado que él no es partidario de suprimir  servicios, pero ha considerado que por ello, hay que establecer "nuevas fórmulas" para poder prestar estos servicios.

   El diputado socialista Jesús Dionisio ha considerado que lo que hay que "poner en el centro de este debate" son las necesidades de los ciudadanos, que en muchos casos están vinculadas a derechos básicos y en función de ello, buscar y encontrar la financiación necesaria.

   Dionisio ha utilizado su turno de palabra para decir que le "preocupa" ese "redimensionamiento del sector público" del que se está hablando en la comisión y ha preguntado a las bancadas 'populares' qué servicios se van a suprimir.

   Así, tras defender que los ayuntamientos son las administraciones más cercas al ciudadano, ha preguntado a González si cree que los alcaldes atienden las necesidades de los vecinos "por capricho".

   Por último, ha preguntado al presidente de la FMM si está de acuerdo con el desarrollo del pacto local y ha achacado a la Comunidad de Madrid no haber "querido descentralizar el poder". "No ha querido devolver el poder ni a los ayuntamientos ni a los ciudadanos", ha remarcado.

   La parlamentaria de IU Eulalia Vaquero, que ha defendido que lo importante es conseguir prestar unos servicios de buena calidad a los ciudadanos, ha indicado que no se pueden creer que los ayuntamientos "se pongan de acuerdo a la vez al poner en marcha un mismo servicio".

   "Todos estos servicios son inventos de la Comunidad y nunca se hubieran puesto en marcha sin recursos de la Comunidad de Madrid", ha aseverado Vaquero, que ha defendido la "extraordinaria gestión" que en la mayoría de los casos llevan a cabo los consistorios.

   "Estamos ante una comisión interesada", ha aseverado la parlamentaria, que ha citado las palabras de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que dijo que no tenían "un puto duro" y que ha acusado a la Comunidad de "incumplir convenios" y de aplicar "recortes brutales".

   Por parte de UPyD, Ramón Marcos, ha abogado una vez más por la concentración de municipios y se ha opuesto a que los alcaldes puedan ser parlamentarios.

   "¿No creen que debería haber una incompatibilidad entre la condición de alcalde y diputado de la Asamblea de Madrid?", se ha preguntado Marcos con la respuesta del 'popular', Íñigo Henríquez de Luna, que ha afirmado que le parece "muy bien" que suceda esta duplicidad de cargos.

   El portavoz del PP ha afirmado que es necesario "hacer autocrítica" y llevar a cabo un análisis realista de la situación, y "llamar a las cosas por su nombre".

   "No podemos seguir con servicios duplicados, y seguramente no tenía sentido pero se ha hecho", ha afirmado Henríquez de Luna, que ha considerado que "no tiene ningún sentido" que, por ejemplo, "ahora mismo los servicios de ayuda a domicilio los estén prestando los ayuntamientos y la Comunidad.

Salgado: la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las CC.AA.

MADRID.- La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha indicado que la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las comunidades autónomas, pero eso no significa que deba ser idéntica.

   En declaraciones a la cadena SER, Salgado apuntó que "no es malo" que haya distintas alternativas dependiendo de cada comunidad, ya que, según admitió, a unas benefician más unos criterios que otros.

   En este sentido, señaló que el Gobierno es partidario de que cada comunidad utilice como parámetro para limitar el techo de gasto el crecimiento de años pasados del PIB de su región, lo que lógicamente será distinto en cada una de ellas, pero también se tendrán en cuenta las previsiones de crecimiento futuras que, en este caso, serían las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.

   Según Salgado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron éste y otros asuntos, hubo un "principio de acuerdo" sobre estos criterios.

   "De lo que se trata es de unificar los criterios aunque la aplicación pueda producir resultados ligeramente distintos dependiendo de la historia de cada comunidad", añadió la ministra, tras defender que las previsiones del Gobierno central son "más robustas, han sido contrastadas con los organismos internacionales y son las que se envían a Bruselas".

   La ministra, que calificó de "bueno" el CPFF de ayer, sí que reconoció que no se obtuvieron los resultados que hubiera deseado el PP, puesto que sus peticiones no se aceptaron.

"Es verdad que el PP había estado varios días tratando de hacer ruido alrededor de este Consejo, pero las propuestas del PP no salieron adelante", admitió Salgado, tras insistir en que, no obstante, todas las comunidades mostraron su compromiso "absoluto" con el cumplimiento de reducir el déficit.

   Dicho esto, la titular de Economía rechazó que exista riesgo de colapso en alguna comunidad, y aseguró que "el esfuerzo mayor" en la reducción del déficit lo está haciendo el Gobierno del Estado, que ha tenido que reducir las inversiones, bajar el salario de los funcionarios o congelar las pensiones. "Así que la asfixia a la que se refieren (las comunidades del PP) es que simplemente tienen que ajustar sus gastos a la situación económica actual", reiteró.

   Además, recordó que las comunidades contarán el próximo año con 8.000 millones de euros más y tendrán que mantener en el 1,3% el déficit, mientras que el Estado contará con un presupuesto inferior al de este año y tendrá que seguir reduciendo su déficit. Por ello, dijo que sería "completamente injusto" atribuirle al Gobierno central cualquier posible recorte de gasto social en las comunidades.

   "La mayoría de los sacrificios del año que viene van a tener que ser hechos por el Gobierno central porque el déficit de las comunidades autónomas va a ser el mismo el año que viene que éste y sin embargo el Gobierno va a tener que seguir reduciendo su déficit", insistió Salgado.

   Por último, se refirió a la propuesta que realizó ayer su departamento para que el ICO ofrezca créditos a las comunidades por la mitad del importe que deben devolver el año que viene al Estado, y afirmó que se trata de una "oferta atractiva".