martes, 31 de julio de 2012

Que ponga la construcción de su parte para salir de la crisis

BRUSELAS.- Renovar millones de edificios existentes en Europa para hacer que consuman menos energía puede ser la oportunidad para el sector de la construcción en estos momentos de crisis. La Comisión Europea quiere convertir al sector en un motor de crecimiento sostenible. En España antes del estallido de la burbuja inmobiliaria la construcción representaba el 10 por ciento del PIB del país y el 11,3 por ciento de la población ocupada lo estaba en esa actividad. 
 
El futuro pasa por la construcción sostenible. El sector de la construcción representa más del 10 por ciento del empleo total en la UE. La Comisión Europea ha presentado este martes una estrategia para dar un nuevo impulso a este sector y convertirlo en una fuerza motora que cree de nuevo puestos de trabajo y, conseguir un crecimiento económico sostenido.
El comisario de industria Antonio Tajani sugiere varias formas de estímulo. Los 120.000 millones de euros que están disponibles en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dentro del Pacto por el Crecimiento y el Empleo al que llegaron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo de finales de junio, se pueden dedicar para la renovación de edificios.
En segundo lugar es necesario dar un mayor impulso a la innovación y a las cualificaciones de los trabajadores con el fomento de la movilidad.
Mejorar la eficiencia de los recursos facilitando el reconocimiento mutuo de sistemas de construcción sostenibles dentro de la UE.
Proporcionar a las empresas constructoras códigos de diseño normalizados para que puedan trabajar en diferentes Estados miembro. Por último mejorar el posicionamiento de las empresas constructoras a nivel mundial y facilitar normas sostenibles con terceros países.
Para el comisario Tajani, en este momento de grave crisis económica y social, los edificios de bajo consumo de energía son inversiones seguras y viables tanto para la sociedad como para los inversores privados. El sector debería aprovechar para innovar y atraer a nuevos talentos.
La construcción tiene una importancia fundamental en la economía europea, genera casi un 10 por ciento del PIB de la UE y aporta unos veinte millones de puestos de trabajo, la mayoría de ellos en microempresas y en pequeñas empresas.
La eficiencia de los edificios desde todos los puntos de vista es fundamental, tanto en la fabricación, el transporte o la construcción. El ahorro energético además de ser bueno para la economía en general lo es también para cumplir con los objetivos que los europeos se marcaron para 2020, los edificios son responsables de más del 40 por ciento de las necesidades de energía que tiene la UE.




El CPFF aprueba un límite de deuda de las CC.AA. del 15,1% del PIB nacional para 2012 y del 16% para 2013

MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado, con el voto en contra de Asturias y Canarias y la ausencia de Cataluña y Andalucía, un objetivo de deuda sobre el PIB nacional para el conjunto de las comunidades autónomas del 15,1% en 2012 y del 16% en 2013, según informó en rueda de prensa el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

   Estos niveles se han desglosado además en objetivos de deuda sobre el PIB regional individuales para cada comunidad autónoma. Además, las comunidades han fijado los objetivos de déficit individuales para 2013, que coinciden con el objetivo común del 0,7% del PIB fijado para el próximo año.
   Para calcular este objetivo de deuda se ha tomado como referencia el nivel de endeudamiento en términos absolutos al cierre de 2011, así como los objetivos de déficit para estos años y las liquidaciones negativas aplazadas de 2008 y 2009.
   Beteta ha resaltado que esta fórmula para calcular los límites de deuda sobre el PIB es "idéntica" para todas las comunidades con lo que no ha habido ningún "agravio comparativo", como han criticado las comunidades 'díscolas' a la salida del CPFF.
   Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha echado en cara a estas comunidades autónomas que el Gobierno "está colaborando" con todas las comunidades para que no tengan escasez de liquidez. "Lo estamos haciendo sin ningún tipo de discriminación", añadió.
   En este punto, Montoro desveló que, por ejemplo, Andalucía acudió la pasada semana a la línea ICO Vencimiento para financiar el vencimiento de una parte de su deuda. Este es el caso, dijo, de otras comunidades, por lo que pidió tanto a andaluces como catalanes que hagan un "ejercicio de transparencia". Asimismo, Beteta echó en cara a estas comunidades que el Estado ya les ha apoyado por la vía del Plan de Pago a Proveedores.
   Por su parte, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha explicado que la deuda pública va pareja al déficit y que ésta "es útil si se puede gastar", a lo que ha añadido que "los objetivos de déficit son los que son" y que, por tanto, "no pudiendo superarlos esos cualquier capacidad adicional es inútil".
   Así pues, el CPFF ha estado marcado por el plante de Cataluña y Andalucía al Gobierno al no estar de acuerdo con las exigencias de déficit y de endeudamiento. Al respecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado en rueda de prensa que estas ausencias "son lo de menos" y que los puntos del día se han aprobado con una "mayoría aplastante".
   Ahora bien, Montoro ha indicado que "es el momento de comprometerse con el déficit público" y pidió a estas comunidades que expliquen "cómo se les está ayudando", por ejemplo, a través del ICO. "Hay que dejarse de poses políticas", insistió.
   Preguntado por posibles represalias contra Cataluña o Andalucía, Montoro respondió: "Lo que vamos a hacer es cumplir la Ley de Estabilidad con todos. El cumplimiento de la Ley está por encima de los resultados del CPFF",.
   Asimismo, Montoro no se mostró preocupado por que alguna comunidad autónoma pueda poner en riesgo el cumplimiento del déficit, ya que "a todas les conviene (cumplir) para ganar credibilidad". "No estoy preocupado por posiciones políticas puras y duras", apostilló.

La consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ha abandonado este martes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como muestra de su "desacuerdo" por el límite de endeudamiento establecido por el Ejecutivo y ha anunciado que la Junta recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) los acuerdos que sobre este asunto se adopten en este órgano. En declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la reunión, la consejera, visiblemente enfadada, ha dicho que los límites de deuda impuestos suponen que, para poder cumplir con sus obligaciones, la comunidad tendría que hacer el año que viene un presupuesto con unos 3.000 millones de euros menos, lo equivalente a dos puntos del PIB andaluz. Se trata, a su juicio, de una "petición desproporcionada" con "el único objetivo de doblegar la voluntad de los andaluces y obligarnos a hacer un recorte indiscriminado y absolutamente ilógico en servicios y prestaciones como educación y sanidad". SORPENDIDA TRAS LA "LEALTAD" DE LA REUNIÓN GRIÑÁN-RAJOY Además, Aguayo se ha mostrado absolutamente sorprendida de la actitud del Ejecutivo en este sentido más teniendo en cuenta que se produce un día después de la reunión que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mantuvieron ayer y en la que "parecía" que "había cooperación y lealtad institucional para superar las dificultades". Así, la responsable andaluza ha anunciado que la Junta interpondrá un recurso de inconstitucionalidad "de forma inmediata" contra los acuerdos que en esta línea adopte el CPFF. Como ya hiciera a su entrada de la reunión, la consejera ha calificado como "inconcebible" que al reparto de déficit autonómico se sume ahora la deuda porque "genera una exigencia superior a aquellas comunidades autónomas que, como Andalucía que tenemos endeudamiento menor y por debajo de la media". Por último, ha recordado que en época de crecimiento económico la comunidad andaluza tuvo superávit y disminuyó su endeudamiento, al tiempo que ha añadido que está "dispuesta a seguir trabajando por la sostenibilidad pero con criterio de justicia y esfuerzo justo de todos".

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha asegurado este martes que su gobierno aún está estudiando el fondo de liquidez aprobado para las autonomías y que, por lo tanto, no ha decidido todavía si adherirse a él.

   "Estamos estudiando el fondo, las condiciones en las que está constituido. A fecha de hoy no hemos tomado la decisión de adherirnos a él", ha explicado Manglano en declaraciones a los medios antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   En el que es el primer encuentro de este foro tras la aprobación del fondo de liquidez, el consejero ha añadido que el Gobierno madrileño verá "en el futuro qué opciones" tiene, si bien ha reiterado que "ahora mismo" no se siente "en la obligación" de adherirse.
   Por otro lado, Manglano ha explicado que la Comunidad de Madrid acude a la reunión del CPFF para expresar su "compromiso" con el objetivo de déficit para este año y el que viene, "insistiendo una vez más en que el cumplimiento va a estar ligado siempre a las reformas estructurales que ha empezado a hacer el gobierno y que tienen que profundizarse todavía más".

Cuba acusa de homicidio al joven madrileño Ángel Carromero, tras el accidente de Payá

LA HABANA.-  Ángel Carromero, el joven madrileño de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP retenido en Cuba desde que sufrió un accidente de tráfico en el que murió el destacado disidente Oswaldo Payá, ha sido acusado de homicidio, según ha informado 'Granma', el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha detallado las actividades que supuestamente estaban realizando en la isla los dos políticos europeos.

   En un editorial titulado "La verdad y la razón", 'Granma' ha indicado que las autoridades cubanas han permitido que el político sueco Jens Aron Modig, que también viajaba en el vehículo, regrese a su país "pese a las actividades ilegales que realizó y a la violación de su estatus migratorio". Carromero, en cambio, "se encuentra instruido de cargo por homicidio en ocasión de conducir vehículo por la vía pública", ha añadido.
   Según el periódico, los dos políticos llegaron a Cuba el pasado 19 de julio con visado de turista y "disimuladamente, en violación de su estatus migratorio, se involucraron en actividades netamente políticas contra el orden constitucional".
   'Granma' ha criticado la "desproporcionada cobertura" que han realizado los medios de comunicación internacionales sobre el accidente ocurrido el 22 de julio en el que murieron Oswaldo Payá y Harold Cepera, otro opositor cubano, y ha destacado que "pocos se preguntan qué hacían" en la isla Carromero y Modig, que sufrieron heridas leves.
   El rotativo destaca que Carromero, que conducía el vehículo y "no es precisamente un turista español como los miles que disfrutan de sincera y cálida hospitalidad" en Cuba, es "el vicesecretario general de Nuevas Generaciones, sector juvenil del Partido Popular de España, cercano a los connotados anticubanos José María Aznar, expresidente del Gobierno, y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid".
   Sobre Modig, líder del ala juvenil del partido sueco Demócratas Cristianos, dice que tiene "nexos, entre otras organizaciones anticubanas, con el Instituto Republicano Internacional" de Estados Unidos y con "quienes en la derecha nórdica" más "hostigan" al Gobierno cubano.
   Según 'Granma', Carromero y Modig no viajaron al país caribeño "por su iniciativa", sino "como parte de una operación organizada por Anikka Rigo", responsable de Relaciones Exteriores en el partido de Modig, "con el objetivo de traer financiamiento al minúsculo y contrarrevolucionario Movimiento Cristiano Liberación, que presidía Oswaldo Payá (...), y de asesorar la constitución de una organización juvenil asociada a este".
   "Con ese propósito", el diputado del PP y presidente de NNGG de Madrid, "Pablo Casado Blanco, había instruido a Carromero ponerse en contacto con la española Cayetana Muriel Aguado, residente en Suecia" y miembro de los Demócratas Cristianos suecos, "de la que recibió instrucciones, el dinero a entregar y un teléfono celular programado con los números necesarios", de acuerdo con la versión del periódico.
   Después, Carromero se puso en contacto con Modig a través de la red social Facebook y "se conocieron en un restaurante madrileño", añade el editorial, que indica que el político sueco ya había viajado a Cuba en 2009 "con similares propósitos, bajo instrucciones de Víctor Olmedo Capdepon", descrito en el artículo como dirigente de los Demócratas Cristianos suecos y redactor jefe de "la revista contrarrevolucionaria 'La Primavera de Cuba'".
   "Habiendo entregado el dinero al destinatario y asesorado la creación del grupúsculo juvenil, se dirigían a Santiago de Cuba con propósitos similares cuando ocurrió el accidente", se lee en el artículo.
   'Granma' ha asegurado que las actividades realizadas en Cuba por los dos ciudadanos extranjeros, que "recibieron asistencia consular" tras el accidente, forman parte de una "operación" que es "una más entre muchas organizadas desde Miami, fundamentalmente, y también desde Madrid y Estocolmo".
   A continuación, el periódico enumera varias de esas "operaciones" promovidas desde el extranjero contra "el sistema político cubano" y con "abiertos propósitos subversivos".
   El diario oficial del Partido Comunista de Cuba también ha arremetido contra "los más vociferantes de la mafia anexionista de Miami" (los opositores cubanos exiliados en esa ciudad estadounidense) que, tras la muerte de Oswaldo Payá, "acusaron a Cuba de haber realizado un asesinato político".
   Sin embargo, "la nota informativa del Ministerio del Interior, publicada el pasado viernes 27, cerró el paso a la infame insinuación, con testimonios irrefutables de peritos y testigos presenciales, incluidos los dos extranjeros participantes en el trágico suceso", ha resaltado.
   Carromero afirma en un vídeo difundido por el régimen cubano que "ningún vehículo" golpeó "por detrás" el coche que él conducía y en el que viajaban Payá, Cepera y Modig. Asimismo, dice que momentos antes del accidente circulaba a 80 kilómetros por hora, según marcaba el cuentakilómetros, pero que en el momento del siniestro no recuerda cuál era la velocidad exacta.
   El político del PP también admite que perdió el control del vehículo cuando frenó al entrar en un bache mientras circulaba por una zona de la carretera en mal estado. Por su parte, Modig explicó en una rueda de prensa que había viajado a Cuba junto con Carromero con tres propósitos fundamentales, uno de los cuales era dar dinero a Payá, aunque no precisó la cantidad.
   También afirmó que tenía previsto organizar junto con la hija de Payá "un ala juvenil" del Movimiento Cristiano Liberación y apoyar a este grupo disidente en los "viajes que quisiera realizar" dentro de Cuba.
   Poco antes viajar a la isla, el político sueco se reunió en Estados Unidos con representantes del Instituto Republicano Internacional Republicano (IRI) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI), dos organizaciones que apoyan acciones a favor de una transición democrática en Cuba. Además, Modig admitió que ya había estado en Cuba en 2009 para entregar dinero y equipos a "periodistas y economistas" de la isla.
   Con respecto al accidente, el político sueco dejó claro que ningún otro coche les estaba persiguiendo y aseveró que se trató de un accidente.
   'Granma' ha insistido en que, durante los 50 años que han transcurrido desde el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, no ha habido en Cuba "ni una sola ejecución extrajudicial, ni un desaparecido, un torturado, un secuestrado, un solo acto terrorista".
 "No es Cuba, sino Estados Unidos, quien ostenta un vergonzoso récord en materia de asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales", ha agregado.

La CAM, cuya cúpula está siendo investigada, "patrocina" en Villaverde el desahucio de una familia con dos hijos

MADRID.- Caja Mediterráneo (CAM), considerada en su días cuarta caja de ahorros de España, fue intervenida el pasado año por el Banco de España tras un infructuoso intento de fusión que destapó unas prácticas bancarias insólitas. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó la entidad como “lo peor de lo peor”.

 Convertida en banco, recibió una inyección del Fondo de Garantía de Depósitos de 5.249 millones de euros. Las últimas noticias referidas a los responsables de esta entidad revelan que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de cerca de casi 26 millones de euros a los exdirectivos de la CAM imputados por irregularidades en la gestión de la extinta caja.
Este currículo de mala praxis no impedirá que Josefina Florián, su marido José y sus dos hijos, de 19 y 11 años, se enfrenten mañana a un desahucio promovido por la CAM en el madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.
Josefina y su marido adquirieron una casa en el número 127 de la calle Godella mediante una hipoteca concedida por la CAM por valor de 170.800 euros. La pareja pagó sin problema una letra mensual que rondaba los 700 euros hasta que el estallido de la crisis les dejó a ambos sin empleo.
Los subsidios apenas les permitía sacar adelante, por lo que tuvieron que dejar de pagar la hipoteca. La CAM no accedió en ningún momento a negociar el pago de la hipoteca ni a conceder la dación en pago y, tras quedarse con la vivienda, ordenó el inicio del procedimiento de desahucio. 
La entidad no ha accedido a negociar a pesar de que José encontró un trabajo por el que ingresa 800 mensuales, que se suman a los 426 euros del subsidio que Josefina percibe.

Aguirre plantea que subir los impuestos no es la solución

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, planteó hoy en la reunión que celebró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los barones del partido, que el ajuste que necesita España debe venir más por la vía de los gastos que de los ingresos, subrayando que "subir los impuestos no es la solución". En su intervención, algunos dirigentes populares, como Javier Arenas, defendieron que en la actual circunstancia económica sí está justificado subir impuestos.

   Según informaron asistentes a la reunión, Esperanza Aguirre volvió a plantear la urgencia de un cambio de modelo autonómico, que debe liderar el PP como el gran abanderado de la "gran reforma" que salve el sistema en España. En caso contrario, si no se pone coto a determinados gastos como el sanitario, advirtió que va a ser muy difícil salir de esta situación. En este contexto recordó que en Madrid el gasto sanitario supone un 50 por ciento del total.
   La presidenta madrileña ya propuso el pasado mes de abril en el encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, la devolución al Estado de las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, para adelgazar la Administración y ahorrar unos 48.000 millones de euros.
   En aquel momento, la propuesta de Aguirre fue rechazada masivamente por miembros del Gobierno, presidentes autonómicos y de otros partidos políticos. Tampoco en la reunión de hoy la presidenta madrileña ha obtenido apoyos a sus propuestas, ya que ningún presidente autonómico se refirió a las mismas.
   Por el contrario, según las fuentes consultadas, sí recibió críticas veladas por su política fiscal de reducción de impuestos en la Comunidad madrileña, ya que estaba provocando que muchas sedes de empresas radicadas en otras regiones se estén trasladando a Madrid.
   Durante su intervención, la presidenta madrileña se refirió al delicado momento político y económico que vive España, defendiendo que el ajuste se debe hacer por la vía de los gastos, más que por la de los ingresos.
   Así, indicó que la solución no es la bajada de partidas presupuestarias, sino directamente un cambio en el modelo con las reformas legislativas necesarias que permitan a las comunidades autónomas mantener los actuales servicios.
   En su opinión, este modelo autonómico ha supuesto que los gobiernos regionales se encuentren con un problema que "simple y llanamente" no tiene solución, porque la ley les obliga a prestar unos servicios a los ciudadanos que las comunidades autónomas no pueden pagar.
   "Por más cuentas que hacemos, por más ideas que se nos ocurren para aumentar los ingresos y reducir los gastos, llegamos siempre a la conclusión de que es imposible ofrecer los servicios a que nos obligan las leyes", argumentó.

El TC determina que el proyecto de Aguirre para construir la nueva R-1 vulnera las competencias del Estado

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha determinado en una sentencia que el proyecto de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para construir la autopista radial R-1 y el cierre de la M-50 por el norte vulneran las competencias del Estado.

   En una sentencia fechada el pasado 24 de mayo, el Constitucional estima el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central y declara que las resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras vulneran las competencias del Estado.
   En concreto, estas resoluciones se refieren a la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del anteproyecto de construcción y explotación de la obra "cierre Norte de la M-50. Tramo: A-6 a M-607" y del anteproyecto de construcción y explotación de la "nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre Norte de la M-50. Tramo: 607/A-1".
   Asimismo, otra sentencia dictada el pasado 5 de junio acuerda anular las resoluciones de 9 de febrero de 2006 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por la que se hizo públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de consultoría y asistencia relativos al anteproyecto de construcción y explotación de las obras referidas anteriormente.  
   En la primera resolución, el Gobierno de la Nación justifica su competencia en relación con todas las actuaciones relativas a las carreteras M-50 y R-1 en que dichas vías están integradas en la red de carreteras del Estado.
   Sin embargo, la Comunidad de Madrid sostenía que las carreteras mencionadas son de su competencia exclusiva dado que "su itinerario discurre íntegramente dentro de este territorio, siendo, también, la realización de dichas infraestructuras, de interés autonómico".
   Según el Constitucional, si el tramo de la denominada por la Comunidad de Madrid 'nueva carretera R-1' comprendido entre El Molar y la M-12 coincide con una parte del itinerario de la carretera estatal R-1, "el competente para elaborar los estudios previos para la construcción de la autopista es el Estado".
   "La titularidad de una Administración sobre una carretera determina su competencia no sólo para su construcción sino para todos los aspectos conexos con ella", recalca la resolución.
   Asimismo, el tribunal señala que "el desinterés que el Estado pueda mostrar en la construcción a medio plazo del proyecto de cierre de la M-50 al no haber incluido el mismo en el plan estratégico de infraestructuras y transportes 2005-2020 no puede ser invocado por la Comunidad Autónoma para arrogarse una competencia que no le pertenece".
   Y añade que "no hay que olvidar que el establecimiento de fórmulas de colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Estado requiere el mutuo respeto de las respectivas competencias, que son irrenunciables, en el marco establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía".
 
Erre que erre
 
  La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha señalado este lunes que las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre la construcción de la Radial 1 (R1) no anulan el proyecto y que el Gobierno regional seguirá adelante con el mismo.    El Tribunal Constitucional ha determinado en una sentencia que el proyecto de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para construir la autopista radial R-1 y el cierre de la M-50 por el norte vulneran las competencias del Estado.
    Fuentes del departamento que dirige Pablo Cavero han explicado que la sentencia no afecta a la construcción de la carretera, de la que se va a encargar el Gobierno regional de acuerdo con el Ministerio de Fomento y que solo aclara de quién es la competencia.
   También han indicado que la sentencia establece que son necesarios mecanismos de colaboración entre las administraciones y que esto es algo que se da desde que llegó a Fomento el exministro José Blanco. No obstante, han reconocido que los contactos son más sólidos y constantes desde la llegada del PP al Gobierno.
   La Comunidad de Madrid ya tiene elaborado el estudio de impacto medioambiental, y ahora trabaja en la redacción de los pliegos (del proyecto de construcción), con el fin de que pueda salir antes de finales de este año.

El activista madrileño Ángel Carromero pide a la comunidad internacional que "se centre" en sacarle de Cuba

LA HABANA.- El joven activista madrileño de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, retenido en Cuba por el accidente de tráfico en el que murieron dos personas, entre ellas, el opositor Oswaldo Payá, ha pedido a la comunidad internacional que "se centre" en sacarle de la isla y no utilice este trágico incidente "con fines políticos".

   "Le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente de tránsito, que podría haberle pasado a cualquier otra persona, con fines políticos", ha dicho Carromero en vídeo divulgado este lunes por el Gobierno cubano durante una conferencia con corresponsales extranjeros en el Centro Internacional de Prensa en La Habana.
   En el vídeo, grabado en un lugar no precisado de la isla, se puede ver a Carromero sentado en un silla y con aparente buen estado de salud. En breves minutos, el joven de NNGG explica algunos del accidente y aclara que "ningún vehículo" golpeó "por detrás" el coche que él conducía y en el que viajaban Payá, el opositor Harold Cepera, también fallecido, y el político sueco Jens Aron Modig.
   Carromero reconoce que antes del accidente circulaba a 80 kilómetros por hora, según marcaba el cuentakilómetros, pero que en el momento del siniestro no recuerda cuál era la velocidad exacta. "Frené porque vi el bache y la arena, perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava", ha señalado.
   Por su parte, Modig ha explicado en su intervención en la rueda de prensa que había viajado a Cuba junto con Carromero con tres propósitos fundamentales, uno de ellos era dar dinero a Payá, aunque no precisó el monto que tenían pensado entregarle.
   También tenía previsto organizar junto con la hija de Payá un grupo joven vinculado al Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) --que presidía el líder opositor-- y apoyar a este grupo disidente en los viajes que tuviesen que realizar dentro de Cuba.
   Poco antes viajar a la isla, el político sueco se reunió en Estados Unidos con representantes del Instituto Republicano Internacional (IRI) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI), dos organizaciones que apoyan acciones a favor de una transición democrática en Cuba, según informa el blog 'La pupila insomne', de tendencia oficialista.
   Modig, dirigente de la Juventud Cristiano Demócrata de Suecia (KDU), ha revelado que ya había estado en Cuba en el año 2009 para entregar dinero y equipos a "periodistas y economistas" de la isla.
   Con respecto al accidente en el que murió Payá, Modig ha dejado claro ante la prensa extranjera que no recuerda haber visto otro coche persiguiéndoles ni haber enviado un SMS advirtiendo de tal persecución, sólo haber informado de que se encontraba bien tras el siniestro.

Standard & Poor's dice que las CC.AA. concentrarán el 27% del endeudamiento en Europa occidental

ESTOCOLMO.- Los comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles acapararán este año un 27% del endeudamiento total de las regiones de Europa occidental, lo que representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto a 2011, según la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P), que sitúa a España como el segundo país cuyas regiones más se endeudarán este año, tras Alemania.

   Según el informe anual elaborado por la agencia sobre el endeudamiento en los gobiernos regionales y locales de 12 países de Europa occidental, las necesidades de financiación de los gobiernos locales y regionales de esta zona aumentará "fuertemente" en 2012, anulando el efecto positivo de la ralentización del pasado año y continuando con la tendencia ascendente de 2009 y 2010.
   En concreto, el informe estima que estos gobiernos se endeudarán en 2012 por importe de 268.000 millones de euros, lo que supone un significativo incremento del 27% respecto a 2011, y que, como consecuencia, elevará la deuda regional y local total por encima de los 1,5 billones a finales de año, un 6% más que en el ejercicio anterior.
   "Creemos que este aumento en la emisión de deuda refleja principalmente un mayor endeudamiento en España y Reino Unido, donde prevemos unas significativas necesidades de financiación en sus gobiernos regionales y locales en 2012", según explica el analista de crédito de S&P, Gabriel Forss, que destaca que en el resto de países el nivel de endeudamiento se mantendrán apenas sin cambios.
   En el caso de España, destaca que "las débiles finanzas regionales, la grandes necesidades de financiación y la iniciativa del Gobierno central de convertir la deuda a proveedores en deuda financiera" harán que el endeudamiento de los gobiernos locales y regionales prácticamente se duplique en 2012 en comparación con 2011.
   La agencia, que califica a 102 gobiernos regionales y locales en Europa occidental, señala que las necesidades de deuda a nivel regional están "altamente concentradas" en cinco países, encabezados por Alemania, que volverá a registrar el mayor nivel de endeudamiento, pese a que pasará de representar el 44% del total en 2011 al 34% del total este año.
   Tras España, el tercer país donde más se endeudarán los gobiernos regionales y locales en 2012 será Reino Unido, que pasa a representar un 9% del conjunto de Europa occidental, frente al 5% del año anterior. Suiza y Francia, cada uno con un 6% del total, son el cuarto y quinto país, respectivamente, cuyos gobiernos regionales tendrán mayores necesidades de financiación este año.

lunes, 30 de julio de 2012

Los detenidos no tendrán abogados de oficio a partir de octubre

MADRID.-   La Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha anunciado este lunes que no habrá a partir del próximo lunes abogados de oficio para asistir a los detenidos, por lo que deberán ser puestos en libertad por los jueces, ha informado esta asociación en un comunicado.

   El anuncio se produce ante el recorte del 55 por ciento de las retribuciones de los abogados de oficio impuesta por la Comunidad de Madrid desde 2.004, y ante su decisión de no abonar a los abogados el servicio ya prestado en los casos de denegación o archivo de la justicia gratuita.
   Por ello, ALTODO ya esta organizando la renuncia colectiva a todos los servicios de guardia que dependen de la Comunidad de Madrid durante los meses de octubre y noviembre de 2012.
   En consecuencia, la asociación ha adelantado que dejara de prestarse el servicio de guardia en materia penal, de menores, de violencia de genero y de extranjería.
   El 21 de septiembre a las 13 horas se presentarán en la sede del Colegio de Abogados de Madrid de forma conjunta y masiva, todos los escritos de renuncia, con la intención de paralizar por completo el servicio a partir del día 1 de octubre si la Comunidad no atiende nuestras justas reivindicaciones.
   Asimismo, ha advertido que esta medida se llevara a cabo con o sin el apoyo de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares.

Unos 200 funcionarios protestan por los recortes ante al sede del PP

MADRID.- Unos 200 funcionarios se han concentrado este mediodía ante la sede del PP para protestar por los recortes del Gobierno, una convocatoria que se produce poco antes de la reunión que mantendrá el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con sus presidentes autonómicos para escenificar un apoyo a los ajustes y su compromiso con la revisión del déficit.

   Los funcionarios, ayudados de silbatos, coreaban consignas como 'Rajoy dimisión', 'Rajoy capullo, recórtate lo tuyo', 'Ahí está la cueva de Alí Babá' (en referencia a la sede del PP), 'No es una crisis, es una estafa' y 'La policía también está jodida'.
   Además, portaban carteles con las frases 'No por mucho recortar te hacen caso los mercados' o 'Esperanza, Rajoy, coged el helicóptero hoy'. Otro de los elementos que han protagonizado la protesta han sido las camisetas negras que lucían algunos de los congregados, en los que se podían leer lemas como 'Una vez yo tuve derechos sociales y laborales' o 'Recortes no'.
   Custodiando la sede del PP había cinco furgones policiales y cerca de una veintena de agentes rodeaban a los manifestantes para impedir que accedieran a la sede. Esta no es la primera concentración que tiene lugar frente al PP, una convocatoria que ya se ha repetido en las últimas semanas con motivo de las medidas que afectan a este colectivo, entre las que se encuentra la eliminación de la extra de Navidad y la reducción de los moscosos.

El juez Andreu rechaza la intervención judicial de Bankia

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado intervenir judicialmente Bankia y su matriz BFA, como le solicitaban los dos querellantes personados en la causa abierta por irregularidades en la gestión de la entidad, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M. 

   En un auto dado a conocer este lunes, el magistrado afirma que la intervención no se justifica para prevenir la continuidad delictiva puesto que la actual administración de Bankia "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación".
   Añade que Bankia es, de facto, una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (FROB).
   La sustitución de los administradores actuales de Bankia y su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002, se debería acordar sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es "estrictamente necesaria" para impedir la continuidad de la actuación delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según el juez.
   Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera justificar la medida solicitada sería el de evitar la continuidad delictiva, en protección de los trabajadores y de los acreedores.
  En este sentido, pone de relieve una "circunstancia de enorme trascendencia", como es que ninguna de las personas físicas querelladas se encuentre en la actualidad en puestos directivos de la entidad. Por ello, remarca que "difícílmente" puede entenderse que exista peligro de que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos denunciados y añade que el grupo ya se encuentra intervenido por el Estado.
   Sostiene que no corresponde al Juzgado realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia, generar confianza en los mercados o llevar a su gestión factores de transparencia destinados a conocer el estado real de la sociedad.
   Le compete, añade, investigar "con toda la profunidad, rigor y detalle que sea posible", determinar la relevancia penal de los hechos denunciados, identificar a los supuestos responsables y, en la medida de lo posible, proteger a los perjudicados que pudiera haber.
   Para ello, utilizará todos los instrumentos jurídicos y legales pertinentes, entre los que no se encuentra, "ni es adecuado al no responder al cumplimiento de los fines para los que se creó", el de la intervención judicial de Bankia y BFA. El auto, que no es firme, es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia Nacional.
  El juez Andreu se alínea así con la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso el pasado miércoles al advertir de que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. El Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
   La medida había sido solicitada por UPyD y 15-M que defendían que la sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos riesgos para los accionistas, acreedores y trabajadores y la continuación del perjuicio para los afectados. Ponían también de manifiesto que la intervención eliminaría el peligro de destrucción de pruebas.
  Los querellantes denunciaban la falsedad de los ratios de solvencia, los recursos y los resultados empresariales presentados por la entidad, que pasó de anunciar 320 millones de beneficios a anunciar unas pérdidas de 4.369 millones de euros.
   Mientras que UPyD afirmaba que el control político en las cajas integrantes del Grupo Bankia llevaron a la "penosa situación" de la entidad, el movimiento 15-M entendió que la intervención judicial evitaría "un colapso de los mercados" y denunció las "colosales" irregularidades detectadas en la administración.
  "Si no se produce dicha intervención, puede que sea demasiado tarde para arrepentirnos", añadía la querella en representación de 15 accionistas de Bankia, que entendían  que la medida generaría confianza a los acreedores.
   Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.
   También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid, Mercedes de la Merced.
   Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.
   El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

domingo, 29 de julio de 2012

El Estado espera ingresar más de un millón de euros anuales con el cobro de entrada al Valle de los Caídos

MADRID.- La decisión de Patrimonio Nacional de cobrar cinco euros a los visitantes del Valle de los Caídos, reabierto al público después de 33 meses cerrado, permitirá al Estado ingresar más de dos millones de euros anuales gracias a los alrededor de 500.000 visitantes que acuden cada año al lugar.

   El recinto del Valle de los Caídos fue reabierto al público pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa tras llevar casi tres años cerrado por obras de restauración de la basílica y su entorno, según argumentaba el Gobierno socialista.
   Además, desde el pasado 1 de junio los visitantes deben pagar una entrada de cinco euros que permitirá a Patrimonio Nacional --órgano que gestiona el lugar-- ingresar alrededor de un millón de euros anuales.
   Esta idea ya fue adelantada el pasado mes de abril por el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, en el Congreso de los Diputados, donde abogó por normalizar el acceso al Valle de los Caídos y su basílica y no descartó que se pudieran obtener ingresos por ello, dado que existen agencias privadas que cobran por organizar estas visitas.
   El Valle ha estado cerrado al público desde diciembre de 2009 y también fue restrigido durante unos meses el acceso a la basílica benedictina por las obras de restauración del conjunto, obra del escultor Juan de Ávalos. Actualmente sólo permanece cerrada la base de la cruz por el estudio que se está llevando a cabo en sus esculturas.
   Para el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, las obras de restauración del recinto fueron sólo "una excusa" que utilizó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para justificar su cierre.
   El pasado mes de noviembre, la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos encargada por el anterior Gobierno propuso, aunque sin el consenso de todos sus miembros, que los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados y trasladados a otro lugar, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera sean reubicados dentro de la Basílica para estar en igualdad de condiciones con los demás enterrados en el recinto.
   La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría emplazó al senador del PNV Iñaki Anasagasti a buscar un acuerdo con el Valle de los Caídos y no sumar más diferencias "con la que está cayendo" en este momento con la crisis económica.




Madrid se plantea que los alumnos de los centros escolares puedan comer de 'tupper'

MADRID.- La Comunidad de Madrid se está planteando que los alumnos que acudan a los centros escolares públicos de la región puedan usar el próximo curso el comedor escolar con comida traída de casa, según se desprende del borrador de la Orden de la Consejería de Educación por la que se regulan los comedores colectivos escolares.

   En el texto se modifica el artículo 5 de la Orden 917/2002 de 14 de marzo, y en el punto 2 se establece que "los alumnos podrán hacer uso del servicio de comedor llevando la comida elaborada en su casa".
   En este sentido, destaca que será el Consejo Escolar de cada centro el que determine las condiciones y características relativas a la organización y utilización del comedor escolar mediante la comida aportada por la familia, en el marco de la Ley 17/2011 de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición.
   De momento, el borrador ha contado esta semana con el visto bueno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y a lo largo de los próximos días el Gobierno regional elaborará la Orden en la que se explicarán las condiciones y los pasos a seguir para poner en marcha esta nueva medida.
   La situación actual de crisis ha obligado a muchas familias a tener que hacer uso del típico 'tupper' con comida elaborada en casa para ahorrarse el gasto del comedor. Es el caso de Cataluña, donde este año ya han ido niños al colegio con la comida de casa o el de la Comunidad Valenciana, que el curso que viene también permitirá hacerlo.

Economía confirma que Bankia recibirá "una importante inyección de capital"

MADRID.- El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha confirmado que Bankia recibirá "una importante inyección de capital" en los próximos días procedente del primer tramo del rescate europeo para el sistema financiero español, que ascenderá a unos 30.000 millones de euros.

   Jiménez Latorre recordó que el Banco de España está trabajando con la Comisión Europea para evaluar las necesidades de capital de las entidades financieras españolas y que ya estaba previsto que las primeras en recibir ayudas serían las intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   Respecto a las comparecencias en el Congreso sobre el sector financiero, el secretario de Estado de Economía destacó que se tratan de "un buen ejercicio de transparencia".

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.
   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.
   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".
   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.
   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".
   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".
 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.
   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.
    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".
 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".
   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

En libertad con cargos las cinco personas detenidas en la manifestación de taxistas

MADRID.- La Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos a las cinco personas detenidas en los altercados registrados durante la marcha organizada el viernes por varias asociaciones de taxistas en protesta por la ley de Ordenación del Transporte Terrestre, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

   Los detenidos fueron liberados a lo largo de la tarde de este viernes, según las mismas fuentes, y a algunos de ellos se les imputan cargos por desórdenes públicos y a otros por daños.  
   Durante la protesta se produjeron varios incidentes entre participantes de la marcha y taxistas que decidieron no secundarla y estaban prestando servicio, con pasajeros incluidos.
   Uno de los momentos más tensos tuvo lugar en el puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde, donde varios grupos de personas cortaron el paso a los taxistas que iban con sus vehículos y con piedras y bates les rompieron lunas y retrovisores. En este punto, a uno de ellos le rociaron el coche con gasolina.

Los pensionistas madrileños no tendrán que adelantar el pago de medicamentos

MADRID.- El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado este sábado que, a partir del 1 de septiembre, la Comunidad de Madrid establecerá un sistema inicial de pago automático para que los pensionistas cuando tengan que adquirir un medicamento recetado por su médico de cabecera en la farmacia no tengan que pagar por adelantado una vez llegado a su tope.

   Para ello, ha explicado el responsable de Sanidad, se entregará al pensionista una tarjeta donde el farmacéutico marcará la cuantía de los medicamentos que vaya consumiendo. Una vez que haya llegado a su importe máximo, el farmacéutico le dispensará los medicamentos que necesiten sin coste alguno.
   Con esta medida, lo que se pretender es garantizar y dar seguridad al paciente para que no tenga que desembolsar nada más de lo que realmente se le ha establecido con la puesta en marcha del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril. A pesar de que el Real Decreto Ley 16/2012 establece que se pueden hacer devoluciones de las cuantías semestralmente, la Comunidad de Madrid no quiere que los pensionistas tarden tanto tiempo en recuperar su dinero.
   El decreto establece que los pensionistas aporten un 10 por ciento del coste del medicamento, con un tope máximo de 8 euros mensuales, cuando tengan ingresos anuales inferiores a 18.000, y con un máximo de 18 euros, si se superan los 18.000 euros de ingresos anuales.
   Por su parte, los pensionistas con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros, aportarán el 60 por ciento del precio de la receta, con un límite máximo de 60 euros al mes.
   Con este sistema de tope automático de la aportación a la farmacia de los pensionistas a la Comunidad de Madrid se quiere que los pensionistas aporten cada mes "lo que la ley dice que deben aportar según sus ingresos", ha destacado el consejero.
   En los siguientes meses a la puesta en funcionamiento de dicho formato se cambiará a otro que estará informatizado, con el que se continuará dando la garantía en todo momento al ciudadano para que no tenga que pagar más de lo técnicamente establecido por su categoría.
   El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid también ha anunciado que a todos aquellos pensionistas que durante los meses de julio y agosto hayan pagado o paguen más de la cantidad asignada se les devolverá "a través de cuenta corriente" de manera automática a partir del mes de septiembre, "a pesar de que la normativa nacional permitiría acumular esos excesos y devolvérselos al pensionista con un periodo de tiempo semestral", ha apuntado el consejero.
   Con esta medida, el Gobierno regional quiere garantizar que ningún madrileño tenga que hacer frente a un sobre coste durante un período de tiempo largo.

sábado, 28 de julio de 2012

El turismo urbano en auge, gracias a la crisis

MADRID.-   La crisis está cambiando la tendencia de los españoles a la hora de escoger sus vacaciones y destinos comúnmente elegidos como el sol y la playa han decaído en favor del turismo urbano que se encuentra en pleno auge. 

   La coordinadora del Grado de Turismo de la Universidad CEU San Pablo, Blanca García Henche, aseguró que en España el turismo urbano ha crecido bastante porque es "más rentable" debido a que los turistas pernoctan menos noches, pese a que los visitantes tienden a gastar más en estancias reducidas.
   "Madrid está entre las cinco primeras ciudades europeas en aumento de demanda turística, pero no en cuanto a número de visitantes. El año pasado creció un 13% respecto a 2010, siendo el destino que más creció de toda España", indicó.
   Según García Henche, el concepto de vacaciones de los turistas ha cambiado y en la actualidad demandan paquetes menos cerrados o los 'fly and drive' que incluyen vuelo, coche y hotel.
   Por otra parte, la situación económica ha afectado al número de días de vacaciones que pasan los españoles y, en la actualidad, se demandan más alojamientos no hoteleros como apartamentos turísticos o casas de alquiler. Asimismo, el gasto diario también ha disminuido situándose el año pasado en 90 euros, con una caída prevista en 2012 del 10%.
   La compra de paquetes a través de Internet ha crecido considerablemente los últimos cinco años con paquetes turísticos vacacionales.
   La comunidad de Canarias se ha visto beneficiada por el auge de la venta 'online' gracias a los paquetes que ofrecen a familias con ofertas de 'niños gratis'. "Una apuesta por parte de las islas ya que sale más rentable este tipo de turismo que los grupos de amigos y gente joven", aseguró la experta.
   Para la experta, la subida del IVA afectará "negativamente" al sector con alzas en los precios que repercutirán en el consumidor, lo que supondrá una bajada de la demanda.
   No obstante, la profesora de la universidad CEU San Pablo ha celebrado que el IVA entre en vigor el próximo 1 de septiembre pero que para el año que viene "se va a notar".
   Por último, explicó que España para el mercado europeo es un destino más económico, a pesar de que nuestros competidores directos son mucho más baratos, "pero para el turista holandés o nórdico seguimos siendo asequibles".

viernes, 27 de julio de 2012

Fitch no descarta que sea necesario aumentar la cuantía del fondo de liquidez para las CCAA en 2013

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que el Fondo de Liquidez Autonómico creado por el Gobierno español es "positivo" y supone una solución "temporal" a las restricciones de liquidez de las comunidades autónomas, pero advierte de que si la mayoría de las regiones recurren a él, es probable que sea necesario aumentar su dotación en 2013.

   "El establecimiento del Fondo de Liquidez Autonómico es un ejemplo del fuerte apoyo del Gobierno central de España a sus regiones en la medida en que se enfrentan a desafíos de liquidez sin precedentes", destaca la agencia, que añade que este apoyo ya se tiene en cuenta en los ratings de las regiones más débiles.  
   Sin embargo, Fitch advierte de que la situación fiscal y de liquidez de las comunidades autónomas es "extremadamente complicada", con un riesgo real de que no cumplan los objetivos de déficit marcados para 2012. "Sin embargo, consideramos que el fondo de liquidez y otras recientes medidas del Gobierno son positivas", insiste.
   En su opinión, este fondo, dotado inicialmente con 18.000 millones de euros, representa una solución "temporal" a las restricciones de liquidez de las autonomías españolas, acrecentadas por los fuertes aumentos de la deuda y el cierre de los mercados de capital, y alivia nuestra preocupación en el corto plazo sobre su nivel de liquidez.
  Fitch apunta que las necesidades de refinanciación de las comunidades autónomas en los próximos seis meses, incluida la deuda adicional para cubrir los déficits previstos en sus planes económicos y financieros, es de 16.000 millones de euros, por lo que la cuantía del fondo de liquidez será "suficiente" para este año.
   En cambio, cree que es probable que se deba aumentar su dotación en 2013 si un gran número de regiones recurren a él, ya que hasta la fecha ya han anunciado su intención de apelar al fondo Valencia, Cataluña y Murcia, cuyas necesidades de financiación ascienden a 9.000 millones de euros antes de finales de año.
   Respecto a los objetivos de déficit marcados para las comunidades autónomas, el 1,5% en 2012 y el 0,7% en 2013, la agencia considera "sumamente difícil" que se alcancen, especialmente en la actual situación económica, lo que complica la recuperación fiscal.
   "Aunque se han adoptado una serie de drásticas medidas tanto el lado de los ingresos como de los gastos, existe un elevado riesgo de que se superen los límites de déficit para este año", señala Fitch, que ve "esencial" que el Gobierno central mantenga una fuerte vigilancia sobre las finanzas de las autonomías y actúe con rapidez en caso de desviación de los objetivos.

Taxistas de todo el país se manifiestan en Madrid contra la liberalización del sector

MADRID.-   Taxistas de todo el país, 15.000 según los convocantes, se han manifestado este viernes en Madrid, desde las 11.00 hasta cerca de las 14.30 horas, en contra de la Ley de Ordenación de Transportes (LOTT), que pretende liberalizar el sector de Vehículos de Arrendamiento con Conductor (VTCs).

   Esta manifestación, convocada por diferentes asociaciones gremiales, ha partido desde el Paseo de la Castellana, a la altura del Ministerio de Fomento; y ha finalizado ante el Ministerio de Economía, en Cuzco, donde los taxistas se han concentrado durante cerca de una hora.
   Más de veinte taxis han encabezado la marcha, en cuya cabecera se mostraba una pancarta con el lema 'Por un servicio de taxi de calidad. No a la regulación'. Los sonidos que han acompañado la manifestación han sido sonidos de claxon, pitidos y petardos.
   En el transcurso de la manifestación, se han registrado varios incidentes con compañeros que no han secundado la marcha y prestaban servicio en esos momentos en calles adyacentes a la vía por la que transcurría la protesta. Por ejemplo, en la calle Sor Ángela de la Cruz, el vehículo de un taxista ha sido golpeado hasta la llegada de la Policía.
   Además, cinco personas han sido detenidas acusadas de desordenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. 
   Minutos antes de las 13.30 horas, los manifestantes han llegado a la sede del Ministerio de Economía, donde se han concentrado durante una hora bajo la vigilancia de medio centenar de agentes antidisturbios que impedían el paso por la calle Alberto Alcocer. 
   Las asociaciones convocantes (Asociación Gremial de Madrid, Federación Profesional y la Unión de Autónomos del Transporte por Carretera y la Mar (UGT- Uniatramc) de la manifestación han señalado en un comunicado que la marcha ha sido "un gran éxito".
   Los motivos de la manifestación son las consecuencias de la Ley LOTT, que para los taxistas son negativas: la pérdida del valor patrimonial de la licencia; la pérdida de puestos de trabajo y de una oportunidad laboral para sus hijos; y la reducción drástica de sus "ya escasos ingresos, ya que tendrán que competir con un gran número de taxis entre comillas que no estarán regulados".
   Además de la desaparición de todas las regulaciones existentes y el incremento de la jornada laboral, la desaparición del sector, ya que no podremos competir con un sector igual en número, pero con más ventajas a la hora de poder ofrecer servicios en todo el país y cobrando por plaza.
   Los convocantes han explicado que esta Ley supone una "grave inseguridad para usuarios: este otro sector paralelo que se pretende crear carecerá de medios de control, ya que el taxi cuenta con los permisos municipales que aportan seguridad jurídica al cliente en caso de reclamación, incidente o abuso en el cobro".
   Por último, esta medida supondrá que estos vehículos "no tendrán tarifas oficiales, funcionarán negociando el precio con el cliente, lo que ocasionaría una gran inseguridad para el usuario".
   Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial del Taxi, Julio Moreno, ha afirmado durante la marcha que ha registrado un documento a la atención del ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, al tiempo que ha confesado desconocer si se habían producido altercados.
   "Creo que la manifestación ha transcurrido con bastante normalidad para el número de personas que han asistido a ella, por lo que no creo que haya habido muchos altercados", ha apuntado.
   "El sector del taxi no pide hoy en día dinero ni subvenciones sino mantener nuestro puesto de trabajo. Nos parece un auténtico despropósito y una auténtica agresión pretender liberalización sector paralelo sin tarifa, ni profesionales y la situación lo único que va a generar es desempleo, más de 30.000 desempleados", ha dicho a las puertas del Ministerio de Economía.

Cuanto más ganan las cajas de ahorro, menos invierten en obra social / Manuel Ansede Cuanto más ganan las cajas de ahorro, menos invierten en obra social / Manuel Ansede

MADRID.- Uno de los pilares de las cajas de ahorros españolas, la obra social, está corrompido. Entre 1996 y 2006, cuando el llamado milagro económico español asombraba al mundo y las cajas amasaban dinero, cuanto mayor fue la rentabilidad económica y financiera de las cajas, menor fue su inversión en obra social. Al contrario de lo que sucede en otros países, en España se cumplió al dedillo la llamada “hipótesis del oportunismo de los directivos”, según explican en un nuevo estudio investigadores de la Universidad de León.

Esta hipótesis sostiene que los directivos de las empresas pueden perseguir sus intereses privados al margen de los del resto de accionistas de la compañía. En el caso de las cajas de ahorros, el sueldo de los altos cargos está vinculado a los beneficios a corto plazo, por lo que “los directivos podrían reducir las actividades de responsabilidad social corporativa para maximizar sus ingresos personales a corto plazo”, sostiene el trabajo, firmado por los economistas Almudena Martínez, Laura Cabeza y Federico Marbella.
Los recursos económicos destinados a obra social por el conjunto de cajas de ahorros españolas pasaron de 515 millones de euros en 1996 a casi 1.693 millones en 2006, un 229% de crecimiento acumulado. Sin embargo, estas cifras son un espejismo. En términos relativos sobre el beneficio neto de las cajas, la inversión en obra social cayó un 7,4% en plena época de vacas gordas.

Más recortes

Los autores creen que con la crisis y el actual proceso de reestructuración de las cajas siguen los recortes en la dotación a obra social, como constata el último informe de la Fundación Empresa y Sociedad, y “parece razonable esperar que tales recortes se potencien todavía más” en el futuro inmediato.
Los economistas de la Universidad de León hacen un llamamiento a “la adopción de medidas oportunas por parte de las instituciones públicas a fin de evitar o, al menos, controlar el posible oportunismo directivo en este sector”. Las cajas de ahorros se definen a sí mismas como “fundaciones de carácter privado que combinan dos funciones, una financiera y otra social”. No tienen obligación legal de invertir en obra social, pero es una tradición y su marketing se basa en proclamar que “el carácter social orienta cualquier actividad de las cajas”. Además, obtienen beneficios fiscales por ello.
La primera autora del trabajo, Almudena Martínez, subraya que ese descenso del 7,4% en la inversión en pleno boom económico “no es una caída sutil, porque aplicando la técnica estadística a las bases de datos hemos visto que las relaciones negativas entre obra social y rentabilidad económica y financiera son relevantes y se sostienen en el tiempo”. Martínez cree que la evolución del porcentaje de los beneficios dedicados a obra social “ha ido a peor desde 2006″, a medida que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado a las cajas con menos ingresos. Ayer,  la Confederación Española de Cajas de Ahorros reconoció que invirtieron un 23% menos en obra social en 2011, solo 1.125 millones de euros, sin hablar de términos relativos sobre su beneficio neto. Esta cifra tan baja de inversión no se veía desde 2003.
Los investigadores han manejado datos del periodo entre 1996 y 2006, año en el que en España había 47 cajas de ahorros. Ahora, tras las fusiones, son 15 grupos. “El panorama ya no tiene nada que ver, pero nuestros resultados sirven para ayudar a explicar cómo hemos llegado a la situación económica actual”, añade Martínez. El saneamiento de la banca española puede generar unas pérdidas de 41.000 millones de euros para los ciudadanos, unos 868 euros por persona, según un reciente estudio de la Fundación Ideas.

Dinero para el ladrillo

Martínez recuerda que la teoría más aceptada dice que la responsabilidad social corporativa mejora el resultado financiero de una empresa. La sorpresa saltó al aplicar este marco teórico general al marco concreto de las cajas de ahorros españolas. “Pensábamos que nos íbamos a encontrar una relación positiva, pero salió todo lo contrario. Luego, indagando en la peculiaridad del sector, tiene sentido”, explica Martínez.
El trabajo, que se publica en Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, asegura que “ante unos buenos resultados económicos, los órganos de gobierno de las cajas optarán por reducir los gastos en obra social a fin de optimizar su función de utilidad particular”, sin dar muchos más detalles. Por teléfono, Martínez es más clara. “A los directivos les compensaba más invertir en otro tipo de actividades, como el sector inmobiliario, con más beneficios a corto plazo y réditos políticos”, explica.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que financió los megaproyectos del Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, como la Ciudad de las Artes, Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. Ahora la Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en pedir el rescate al Gobierno central y la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido intervenida y cinco de sus directivos están imputados por estafa. En Madrid, 33 directivos de Bankia, tanto del PP como del PSOE e IU, están imputados en el juicio a la entidad. Entre todos, ganaron 14 millones de euros en 2011.

Una “madeja de relaciones”

El economista Félix López Iturriaga, de la Universidad de Valladolid, da la bienvenida al trabajo de sus colegas. “Este análisis muestra que se puede llegar a una situación en la que los directivos gestionan una entidad en beneficio personal”, señala. López Iturriaga, autor de un análisis sobre la obra social de las cajas de ahorros, recuerda la “madeja de relaciones” que aparece en los órganos de gobierno de estas entidades financieras.
Estos órganos rectores funcionan como un “coto cerrado de intereses políticos y económicos” dejando de lado a las personas que ingresan dinero en las cajas, según llevan años denunciando grupos como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Así ocurrió por ejemplo en Caja Madrid, donde el exvicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato, alcanzó la presidencia en 2010 tras una guerra interna en el PP. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, primera caja intervenida por el Banco de España, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, era un exdiputado del PSOE. Ahora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Francisco Abad, uno de los padres de la Fundación Empresa y Sociedad, admite que los nuevos datos son “bastante lamentables”, pero llama a “no generalizar”. A su juicio, La Caixa y Kutxabank son ejemplos de entidades que sí lo han hecho bien. “Otras cajas de ahorros prefirieron dedicar menos a obra social y más al sector inmobiliario o a grandes eventos con mucho retorno político. Hay que hacer borrón y cuenta nueva”, propone.


Un círculo vicioso

Los economistas de la Universidad de León no sólo culpan a los directivos de las cajas. En España, un país con poca tradición en el consumo responsable, un mayor gasto en obra social no se tradujo en un mayor número de clientes para las cajas de ahorros, así que se produjo un círculo vicioso. “Un menor gasto en obra social conduce a un mejor resultado financiero de las cajas, lo que a su vez incentiva a sus directivos a abordar una menor inversión en obra social en pro de la función financiera”, resumen los autores.
Los estudios internacionales muestran que debería ocurrir al revés.  La mayor parte de estos trabajos concluye que la responsabilidad social corporativa y el resultado financiero se relacionan en un círculo virtuoso: más obra social, mejor imagen, más dinero y así sucesivamente. Un metaanálisis de investigadores de las universidades de Iowa (EEUU) y Sídney (Australia) ya sugería este círculo virtuoso en 2003.

jueves, 26 de julio de 2012

La iniciativa para frenar los desahucios entrega sus primeros 15.000 apoyos

MADRID.- El secretario de Política Institucional de CC.OO de Madrid, Jaime Cedrún, junto con representantes de la Secretaría de Organización del sindicato, hará entrega hoy ante la Delegación Provincial de la primera remesa de 15.000 firmas recogidas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago y la paralización de los desahucios, según ha informado el sindicato en un comunicado.

   CC.OO. de Madrid inició la recogida de firmas el pasado 28 de mayo para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria, conjuntamente con otras organizaciones en todo el Estado. El plazo para recoger las 500.000 firmas necesarias concluye el próximo 31 de octubre.
   Las organizaciones promotoras, entre ellas CC.OO., proponen medidas como la dación en pago con efectos retroactivos, la paralización de los desahucios y el alquiler social, con el objetivo último de que ante una ejecución hipotecaria, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y volver a empezar de nuevo.

Los funcionarios cortan de nuevo varias calles de Madrid

MADRID.- Las protestas de funcionarios han provocado de nuevo este jueves cortes "puntuales" de vías de entre cinco y diez minutos en la capital que, según ha informado la Policía Municipal, no han afectado a la fluidez del tráfico.

   La misma fuente ha indicado que este tipo de protestas se producen diariamente durante la jornada laboral en las inmediaciones de los edificios que albergan instalaciones de las administraciones públicas, ya que los funcionarios aprovechan su tiempo de descanso para protestar apostándose en las vías más cercanas a su centro de trabajo.
   Los actos de protesta están protagonizados en su mayoría por grupos de entre veinte, cincuenta o setenta personas, y se desarrollan sin incidentes.
   En el caso específico de Nuevos Ministerios, este jueves en torno a una centena de funcionarios han cortado parte de los carriles centrales en sentido centro de la Castellana entre las 12.00 y las 12.45 horas, produciendo retenciones hasta Plaza de Castilla.
   Las vías afectadas este jueves --como suele ocurrir a diario desde las últimas dos semanas-- han sido plaza de Cibeles, la calle Alcalá y el paseo de la Castellana en varios puntos.
   Por otra parte, la Policía Nacional tampoco ha registrado ningún incidente en las últimas horas a consecuencia de las concentraciones, según ha confirmado un portavoz.