En la escuela del rigor, las autonomías españolas son los peores alumnos

MADRID.- Cada una tiene su Parlamento, algunas incluso su propio idioma oficial... pero las Comunidades Autónomas españolas tienen sobre todo una gran autonomía financiera y una enorme deuda, suficiente como para preocupar a los mercados, pese a los esfuerzos para que adopten el rigor. El déficit fiscal de numerosos gobiernos regionales es una de las razones que da la agencia Moody's para amenazar con bajar la nota de España.

Como lo destacaba irónicamente el diario económico Expansión el jueves "las comunidades han pasado de un mundo feliz en el que concentraban poder y dinero, a un territorio hostil dominado por facturas pendientes de pago, la espiral de la deuda y la sequía de ingresos".

Las 17 comunidades autónomas se aprovecharon al máximo del boom inmobiliario antes de que estallara en 2008.

"Han realizado un gasto suntuoso, excesivo, no necesario", gracias a los ingresos del sector de la construcción en los años anteriores a la crisis, cuenta Rafael Pampillon, economista del Instituto de Empresa Business School de Madrid.

Ya no cuentan con estos ingresos en medio de un crecimiento económico mediocre del 0,3% en el primer trimestre y un desempleo del 20,89%, el doble que la media europea.

Mientras el Estado central ha hecho sus deberes aplicando varios planes de austeridad estos últimos años, no se puede decir lo mismo de los gobiernos regionales: en 2009, 14 incumplieron el objetivo del déficit dictado por Madrid y al año siguiente, 9.

El gobierno les ha exigido un déficit del 1,3% en 2011 y del 1% para 2014, pero Cataluña ha elaborado un presupuesto que contempla un déficit del 2,66% este año, el de Castilla La Mancha supera ya el 6% y Extremadura ha admitido que es incapaz de respetar el objetivo.

"Las Comunidades Autónomas se mueven mucho por sus propios intereses" y piensan que en caso hipotético de suspensión de pagos por el Estado, "no les vaya a afectar", dice Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de IESE Business School.

Esto puede comprometer el objetivo del gobierno de reducir el déficit global al 3% en 2013.

Las agencias de calificación miran con lupa su endeudamiento acumulado, de 121.000 millones de euros. Las peores alumnas son Valencia (17,4% de su PIB) y Cataluña (17,2%).

Desde las elecciones municipales de mayo, el problema ha adquirido un cariz político: con la mayoría de las regiones dirigidas ahora por el Partido Popular (PP), éste presiona al gobierno socialista y espera convertirlo en arma de su campaña electoral para los comicios de noviembre.

Las Autonomías deben devolver al Estado una parte del dinero que éste le adelanta para llevar a cabo las competencias que les ha transferido. La factura supera los 23.000 millones de euros. Han pedido, en vano, poder devolverlo en diez años, en vez de los cinco previstos.

Para mostrar su buena voluntad, se comprometieron el miércoles a limitar su presupuesto. La idea, explica el gobierno, es no volver a repetir los errores del boom inmobiliario, aprendiendo a gastar menos incluso en periodo de prosperidad.

Pese a ello, los economistas son críticos: las finanzas regionales "van a seguir siendo un motivo de preocupación" para los mercados, predice Bengoechea, que pide al Estado que sea "más duro".

El Gobierno central inyecta 26,1 millones a la construcción del AVE a Barajas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 26,1 millones de euros para el proyecto de construcción del enlace por AVE con el aeropuerto de Madrid-Barajas.

   Este importe se empleará en adaptar a la llegada de la Alta Velocidad las actuaciones en ferrocarril de ancho convencional que ya están en marcha en esta conexión.

   Según el Ministerio de Fomento, con esta actuación se da un paso más para garantizar la llegada del AVE a Barajas, tal y como anunció el titular de este Departamento en noviembre de 2009.

   La inversión aprobada hoy se suma a los más de 23 millones de euros destinados ya a este fin. En total, Fomento está invirtiendo más de 216 millones de euros en este nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de Madrid.

Moody's empieza a dejar de creer en las posibilidades de la Comunidad de Madrid

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado hoy un escalón las calificaciones a largo plazo de seis regiones españolas, y ha colocado en revisión para un posible recorte la de otras cuatro comunidades.

   En concreto, la agencia ha recortado un escalón la calificación de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, y ha puesto en revisión la de Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.

   En el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, Moody's explica su decisión por las dificultades que espera que atraviesen estas regiones a la hora de mejorar sus déficit en 2011, aparte de su vulnerabilidad a los mercados debido a sus grandes necesidades de financiación.

   Por su parte, la agencia señala que la rebaja de Andalucia y Castilla y Leon refleja la preocupación de Moody's en relación con las obligaciones comerciales de estas regiones y la ausencia de planes claros sobre cómo y cuándo serán financiadas.

Zapatero aprobará el 19 de agosto un decreto para acelerar la reducción del déficit

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la aprobación de un decreto-ley el próximo 19 de agosto para acelerar la reducción del déficit público, que contemplará medidas para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades y el recorte del gasto farmacéutico, así como nuevas iniciativas para crear empleo, pero que no incluirá nuevos recortes sociales.

   Durante una rueda de prensa en Moncloa para ofrecer el balance del primer semestre, Zapatero indicó que aunque a cinco meses de que concluya el ejercicio presupuestario existen "buenas condiciones" para alcanzar el objetivo de déficit (6% del PIB), es necesario llevar a cabo un "esfuerzo adicional" para asegurar su consecución, y así se lo ha pedido a la vicepresidenta económica.

   En este sentido, apeló también a la "indispensable contribución leal y responsable" de los distintos niveles de la administración pública en la consecución de este objetivo, y valoró positivamente el compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar en cada comunidad una regla de gasto coherente con la aprobada para el Estado.

   "El proceso de consolidación fiscal está encauzado, aunque existe una tensión permanente sobre el control del gasto. La recuperación continúa y comienza a ofrecer síntomas positivos en el empleo, pero aún falta tiempo para que la recuperación general tenga el ritmo que deseamos y se vuelva a crear empleo, por lo que habrá que continuar en la dura tarea, pero el rumbo está fijado", reiteró Zapatero.

   El jefe del Ejecutivo destacó que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, junto con otros indicadores, determinan que la economía siguió creciendo entre abril y junio por séptimo trimestre consecutivo desde que comenzó la crisis, al tiempo que precisó que esta recuperación está caracterizada por la "fortaleza" del sector exterior y la "debilidad" de la demanda interna.

   Según Zapatero, la recuperación se está produciendo en un contexto "muy difícil" porque el Gobierno debe hacer frente a un "exigente" programa de reducción del déficit, mientras persisten las "tensiones" en los mercados de deuda soberana. Así, destacó que los pasos dados por el Eurogrupo son de "gran relevancia", pero tienen que desarrollarse en los próximos meses y, por tanto, llevará "su tiempo reducir la volatilidad en los mercados".

   Tras resaltar que durante este semestre el Gobierno ha aprobado siete decretos-leyes, 26 proyectos de ley y un número muy importante de acuerdos y medidas no legislativas, Zapatero centró en tres ámbitos las iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo en este periodo: socio-laboral, competitividad y sector financiero.

   Sobre el primer aspecto, recordó la firma del acuerdo social y económico con sindicatos y patronal, la reforma de las políticas activas de empleo, el plan 'Prepara', el impulso a la contratación a tiempo parcial, la mejora de la negociación colectiva y la aprobación definitiva de la ley de pensiones que, según dijo, garantiza la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

   En materia de competitividad, subrayó la aprobación en marzo de la Ley de Economía Sostenible, de la Ley de Ciencia, la nueva línea del ICO para entidades locales por 3.000 millones, estímulos fiscales para la inversión en nuevos proyectos empresariales, la mejora de la fiscalidad de las empresas de reducida dimensión o el nuevo modelo de formación profesional.

   También destacó la privatización de Aena y de Loterías del Estado, así como la subasta del espectro radioeléctrico, procesos que reportarán una cifra de ingresos superior a los 13.000 millones de euros.

   Finalmente, respecto a la reestructuración del sistema financiero, el jefe del Ejecutivo resaltó que hay tres nuevas entidades cotizando en Bolsa y que la mayor parte de las necesidades de capital que tenían bancos y cajas ya se han cubierto.

Madrid calcula que los 2.700 millones "negados por Zapatero" desde 2009 suponen un déficit sobre su PIB del 1,4%

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha denunciado este jueves que los 2.700 millones de euros "negados" por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde 2009 le suponen al Ejecutivo autonómico un déficit generado este año sobre el PIB de la región del 1,4 por ciento, según ha explicado el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González.

En rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano, en la que ha comparecido con la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, González ha hecho referencia a este dato que procede de las conclusiones recogidas por el consejero de Economía, Percival Manglano, tras la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado con el resto de comunidades autónomas.

"Ya ellos nos superan un déficit superior al que nos exigen a nosotros", ha señalado Aguirre, en referencia a este 1,4 por ciento que equivalen las cantidades que no ha recibido, entre otras cosas, del Fondo de Competitividad, de las operaciones societarias de 2011 y de la "infrafinanciación" sanitaria, teniendo en cuenta que, según Aguirre, se ha dejado de contabilizar a 600.000 ciudadanos como receptores de los servicios sanitarios.

En la misma línea, el Ejecutivo regional exige al Gobierno de la Nación que aplique con carácter urgente un auténtico plan de ajuste del gasto público. En su opinión, el Gobierno de Zapatero abrió la "puerta al déficit" al eliminar en 2006 la ley del déficit cero que puso en marcha el Gobierno de José María Aznar.

"Esta decisión del Gobierno socialista ha sido el verdadero origen de todos los problemas actuales de déficit, endeudamiento e impago de las administraciones", destaca el informe de la Consejería de Economía y Hacienda, que también considera que la regla de gasto que el Gobierno de la Nación presentó a las comunidades es "inconcreta en tiempo y forma", de manera que no había ningún instrumento técnico bien argumentado.

"En la regla de gasto habrá que fijar los criterios sobre los cuales el Gobierno quiera moverse", ha señalado González al respecto, quien ha considerado que aquí el problema es que no se dicen las cantidades "que van a dejar de percibir las comunidades como consecuencia de la aminoración de ingresos que se producen porque el propio Gobierno ha hecho unas estimaciones de crecimiento que eran falsas" y ha ironizado que con estas nuevas medidas parece que el Gobierno quiere "hacer negocio".

González, en este sentido, ha criticado que, a su juicio, por el hecho de que el Gobierno se haya "equivocado" a la hora de hacer sus cálculos, ahora lo que les debe se lo vaya a cobrar con unos intereses del 6,5 por ciento, en relación a los créditos que podrán solicitar las comunidades autónomas al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por su parte, la presidenta madrileña ha señalado que lo que ocurrió en la reunión de ayer sería "de risa si no fuera patético" ya de por sí, y ha criticado la manera en la que a los consejeros se les entregó "un sobre cerrado" para que cada uno supiese cuál era su dinero de financiación con el que contaban. "De hecho, al consejero de Madrid, como es nuevo, le querían dar el de Canarias", ha añadido.

"Sería de risa si no fuera patético porque aquí se hace un sistema de financiación para favorecer a aquellas comunidades que interesan y para perjudicar a las otras", ha considerado Aguirre, quien no explica que si se ha dicho "que no se van a consentir avales del estado a emisiones de deuda bajo el déficit que esté por encima del 1,3, cómo es posible que haya una comunidad" que sí lo ha hecho.

En general, Aguirre ha lamentado que la Comunidad de Madrid lleva "por desgracia" sufriendo mucho tiempo a "un gobierno que no sólo no ha puesto ni un euro en obra publica nueva sino que ha impedido obras publicas que la Comunidad quería cometer" y ha puesto como ejemplo el cierre de la M-50 o la licitación de la R-3. "Es el perro del hortelano"; ha manifestado Aguirre.

En el informe de Economía, el Gobierno regional también advierte que el techo de gasto del Estado para el próximo año "es falso", ya que, por primera vez, no se contabilizan las transferencias a la comunidades autónomas y entes locales. "Si se computasen los gastos no financieros, como siempre se ha hecho, el techo de gasto realmente aumentaría en 5.000 millones para 2012", concluye el informe.

Según Núñez Feijóo, muchas CC.AA entrarán en colapso financiero a finales de 2011

SANTIAGO.- El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado respecto a la falta de acuerdos en Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, que "no se puede considerar un éxito" porque "no ha habido resultados", sino que simplemente se rechazaron todas las propuestas que presentaron las Comunidades Autónomas. "Lamentablemente una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011", ha agregado.  

   "Planteábamos tener la misma regla que tiene el Gobierno central, que tiene un periodo medio entre 10 y 15 años para pagar su deuda. Nosotros planteábamos tener un periodo de 10 años para pagar la deuda en la que hemos incurrido por falta de un presupuesto realista del año 2008 y 2009" ha explicado para añadir que, "en el año 2008 se trataba de negar la crisis económica, se inflaron los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en consecuencia lo que se transfirió a las Comunidades Autónomas. Y ahora nos reclaman y nos dicen que tenemos que pagar en cinco años".

   El presidente de la Xunta ha dicho también que comparte la preocupación del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, respecto a la dificultades económicas que presentan las Comunidades Autónomas para cumplir con rigor las transferencias. No obstante, considera que devolver o no devolver las transferencias, como ha apuntado Valcárcel, es "otra cosa distinta".

   "Yo comparto esa preocupación. Si a usted le confieren una transferencia con un presupuesto y después para cumplir esa transferencia le bajan el presupuesto y le exigen que cumpla las mismas prestaciones que cuando tenía un presupuesto superior, y esto se hace para los próximos cuatro o cinco años. Pues este es el planteamiento que nos han hecho ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

   A su juicio, para ser "honrados" con los ciudadanos y "consecuentes" con sus principios, las Comunidades Autónomas deben plantearle al próximo presidente del Gobierno exactamente lo mismo que le plantearon ayer al actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: "Tener un periodo medio de 10 años para pagar la deuda".

"Que se vea que esto no es un problema entre PP-PSOE, no es un problema ideológico sino de servicios sociales. El presidente del PP, Mariano Rajoy, planteaba ayer en el Congreso el aplazamiento de la deuda de las Comunidades Autónomas porque no incrementaba el déficit público. Si tiene la confianza de los ciudadanos, eso lo ha de seguir planteando como presidente del Gobierno de España", ha subrayado.

   En este sentido, ha afirmado que había una posibilidad de "un acuerdo institucional de un pacto de Estado" en este final de legislatura y que nunca hubo un ofrecimiento "tan sincero y necesario" por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, "lamentablemente" tampoco hubo nunca una respuesta tan "insuficiente y decepcionante" por parte del Gobierno.  

   Según Feijóo, "todo parece indicar que el Gobierno se desentiende de los problemas de los servicios públicos esenciales".

"Primero les dice a las Comunidades Autónomas que han de devolver lo que el Gobierno de España presupuestó mal. Después, que no cumplirán con el acuerdo de financiación y que liquidarán los fondos en el momento que el Gobierno considere oportuno. Y por último, que no dejarán a las comunidades posibilidad de pagar ese error en el presupuesto en 10 años", ha explicado.

   "Yo le puedo asegurar que el Gobierno de España no sería capaz de gestionar hoy los servicios públicos en las Comunidades Autónomas si se somete a los mismos requisitos que somete a las comunidades", ha afirmado para recordar que, "el déficit público admitido para el Gobierno central es del 6 por cierto y el de las Comunidades Autónomas es del 1,3 por cierto".

   Por otro lado, se ha referido a la idea que exponía el Gobierno de que el crédito ICO ayudase a las Comunidades Autónomas a pagar su deuda. "No es verdad que se hayan planteado créditos ICO para la mitad de la deuda. Solamente lo han planteado para lo que hay que devolver en el año 2012, es decir para una anualidad. Y en segundo lugar, se les dice a las comunidades que miren si es más barato financiar su deuda pública con el ICO y le dejarán la mitad de esa anualidad, sino que sigan financiado su deuda pública con otros bancos", ha asegurado. 

    El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha ahorrado en descalificativos para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha tildado de "lamentable". Convencido de que "pudo no haberse celebrado", ha tachado de "broma de mal gusto" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la deuda de las comunidades, al tiempo que ha anunciado que la Xunta hará "efectivo" el recurso de inconstitucionalidad para que el Gobierno abone los 805 millones que "debe" a Galicia por la financiación autonómica.

   En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha remarcado que su Gobierno decidirá cuando toque si opta por la banca privada o por el crédito ICO que, en todo caso, ha considerado "una broma", antes de la alertar de que la "irresponsable" decisión del Ejecutivo central de no aplazar la devolución de los anticipos provocará que muchas comunidades "entren en colapso financiero" en el tercer trimestre del año. "A ver qué hace entonces el Gobierno", ha apostillado.

   Sobre el caso concreto de Galicia, ha rechazado la devolución de competencias --como han propuesto otros presidentes autonómicos como el murciano--, si bien ha admitido que habrá que la Xunta tendrá que  "reducir capacidades de gasto". No en vano, 243 millones de los 805 que pedirá Galicia ante el Tribunal Constitucional con un recurso contra la ley de presupuestos del Estado ya estaban incluidos en las cuentas gallegas para 2011.

   Eso sí, pese a las dificultades, Núñez Feijóo ha garantizado que la Xunta "intentará preservar los servicios públicos básicos" y la "solvencia" de la comunidad, "intentando" también cumplir con los criterios de déficit público. "A efectos de los servicios públicos, el Ejecutivo central no existe", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha cargado con especial dureza contra un Gobierno estatal --ha advertido-- "de fin de ciclo".