La CAM realizó 3.247 intervenciones este verano en las zonas de baño del pantano de San Juan

MADRID.- La Comunidad de Madrid realizó 3.247 intervenciones en las zonas de baño del pantano de San Juan, las playas Virgen de la Nueva y El Muro, durante los meses de verano, prácticamente las mismas del año pasado, que llegaron a las 3.289.

Según ha informado la Comunidad en un comunicado, de todas ellas, 391 han sido de carácter sanitario, atendidas por el dispositivo especial que el Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA 112) ha desplegado durante los fines de semana y días festivos.

Las restantes han sido actuaciones preventivas, de advertencia y recomendaciones, evacuaciones en agua, seguimiento a usuarios y bañistas en riesgo, así como a personas con objetos hinchables y extracciones de artilugios peligrosos.

Por su parte, el operativo puesto en marcha por Cruz Roja en este mismo enclave, de lunes a viernes, ha alcanzado 3.877 acciones (frente a las 3.766 del pasado ejercicio), de las que 3.547 corresponden a medidas preventivas, tanto terrestres como acuáticas, y el resto se distribuye entre asistencias sanitarias, rescates, rondas de reconocimiento o remolques de otras embarcaciones, entre otras.

Estos datos corresponden al balance de control del uso recreativo acuático en los espacios autorizados de este paraje natural, a través del convenio entre el Gobierno autonómico y Cruz Roja, cuya finalidad es reforzar la seguridad de los bañistas y usuarios.

Para ello, se ha contado con una dotación económica de más de 170.000 euros, de los que el Ejecutivo autonómico ha financiado más del 70% (120.959,53) mientras que el resto ha correspondido a los ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, municipios en los que se encuentra este espacio recreativo.

Las cifras oficiales se han dado a conocer hoy por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), una vez finalizada la temporada.

En 2023, conforme a la regulación de la Dirección General de Salud Pública, los únicos lugares con autorización para el baño en la región han sido las playas mencionadas del Pantano de San Juan; Las Presillas, en Rascafría; Los Villares, en Estremera, y la playa del Alberche, en Aldea del Fresno.

Además, la ASEM112 puso a disposición un operativo especial con los efectivos de los cuerpos regionales de Bomberos y Agentes Forestales, durante los meses de julio y agosto principalmente, con especial atención a los fines de semana, en los que se incrementa notablemente la demanda del uso social del medio natural.

Las actuaciones de los bomberos, incluidas en el Plan de Defensa de incendios, se han enfocado sobre todo en las acciones sobre las estructuras forestales, como es el control de los combustibles, y también han colaborado en las tareas de búsqueda de personas. En total, intervinieron en cuatro salvamentos y seis incendios.

En cuanto a los agentes forestales, se encargaron del control de las masas de agua en los puntos de la región con un alto valor ambiental, para garantizar el cumplimiento de la prohibición del baño allí donde no está permitido, interponiendo 32 denuncias, principalmente en el río Lozoya, tanto en los tramos altos como en los embalses y, sobre todo, en el entorno de La Pedriza, donde se ha constatado un repunte respecto a otros años.

S&P Global considera necesaria una "profunda reforma" del modelo de financiación autonómica

MADRID.- La agencia de calificación crediticia S&P Global ha destacado que es necesario llevar a cabo una "profunda reforma" del sistema de financiación autonómico con el objetivo de atajar sus problemas de endeudamiento, según se desprende de un informe publicado este jueves.

Aunque la firma ha subrayado que la fortaleza de la economía y las "estrictas" reglas fiscales están ayudado a las comunidades autónomas a reducir sus déficits y mejorar su perfil crediticio, en lo que respecta a la deuda no es suficiente.

"El crecimiento por sí solo no puede reducir la deuda de las regiones españolas de forma significativa. Un desendeudamiento estructural requeriría una profunda reforma del sistema de financiación regional, que es algo que no está a la vista todavía", ha explicado la analista soberana de S&P Inés Olondriz.

A cierre del primer trimestre de 2019, la deuda de las comunidades autónomas fue de 296.658 millones de euros, equivalente al 24,4% del PIB.

Por otro lado, con respecto a las necesidades de financiación, la calificadora de riesgos ha valorado de forma positiva el hecho de que los perfiles crediticios "mejorados" y las "condiciones favorables del mercado" están permitiendo a las regiones volver al mercado de bonos para reducir su dependencia de las líneas de liquidez del gobierno central.

Así, en el último año han vuelto al mercado de bonos Andalucía, Asturias, Islas Baleares y Castilla y León, que se han unido a Madrid, País Vasco y Navarra, que ya eran emisores regulares. Esto es positivo para S&P, ya que la emisión de deuda ofrece plazos de vencimiento más prolongados, a pesar de que su coste sea más elevado.

El informe de S&P también ha alertado de que el envejecimiento de la población supone un "reto presupuestario estructural" para las comunidades autónomas, ya que de ellas dependen la sanidad y otros servicios sociales, cuyo gasto per cápita se incrementa cuanto más envejecida sea la población.

Bruselas apunta a las autonomías como el gran problema de España

BRUSELAS.- La economía europea recobra vigor. La Comisión publicó ayer sus recomendaciones semestrales en un ambiente de optimismo solo matizado por las incógnitas que plantea el nuevo gobierno italiano y los partidos que lo respaldan. Pero Francia sale del procedimiento corrector del pacto de estabilidad porque ha consolidado su control del déficit y España lo hará -según las previsiones europeas- el año que viene en cuanto se confirmen los datos de este ejercicio, según relata hoy Abc. 

Las previsiones para la economía española son halagüeñas, salvo por cuestiones que afectan casi en su totalidad al sistema autonómico. Aunque no lo dice con todas sus letras, cualquier conocedor del sistema político español que lea el informe publicado ayer se dará cuenta que los principales puntos que Bruselas dice que hay que reformar, como unificar el mercado, mejorar la educación o homogeneizar las ayudas sociales, dependen de las comunidades autónomas. 

Y la crítica más aguda hacia las últimas actuaciones del Gobierno, que es la subida de pensiones, tiene como origen la necesidad de contentar a un partido nacionalista autonómico, como el PNV, cuyos votos eran imprescindibles para aprobar el presupuesto.

La Comisión dice -a todos los países- que hay que aprovechar esta época de vacas gordas para hacer las reformas que mejorarán la competitividad y reducirán los riesgos del mañana. En el caso de España, desde luego señala a puntos concretos que llevan años enganchados en el debate político.

El informe dice, por ejemplo, que las empresas españolas tienen una «limitada capacidad» para innovar, por el desajuste del sistema educativo esencialmente en manos de las comunidades autónomas y que crea tanto personas sobreformadas como infraformadas. «Aunque ha mejorado en los últimos años, el índice de abandono escolar está por encima de la media de la UE» y «el pacto por la educación que pretende una reforma profunda de la enseñanza sigue en la fase de negociaciones», que es una manera discreta de decir que está más que muerto.

«Las diferencias regulatorias en el entorno de negocios juegan un papel importante en la disminución del crecimiento de la productividad» dice también el informe refiriéndose a la maraña de legislaciones autonómicas que han convertido el mercado español en un laberinto. 

«En el contexto actual, las disparidades regulatorias y las restricciones en el ambiente de los negocios contribuyen a mantener altos los costes, reducen la movilidad geográfica de las empresas y los trabajadores y restringen el crecimiento de la productividad». 

La Comisión se queja de que la ley de Unidad del Mercado «ha sido implementada solo en parte», debido a la oposición de las comunidades autónomas y por ello da pistas al Gobierno para que establezca estándares mínimos en los distintos sectores de actividad económica para homogeneizar la regulación.

El informe señala que existen problemas de homogeneidad hasta en el caso de las ayudas sociales. 

«El impacto de las transferencias sociales para reducir la pobreza que no son pensiones -dice- está por debajo de la media europea y sigue bajando. Los ingresos mínimos garantizados se caracterizan por las grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas regiones y debido a la fragmentación en múltiples esquemas nacionales los distintos tipos de desempleados son gestionados por distintas administraciones, lo que tiene como resultado que muchos ciudadanos que lo necesitan no reciben ningún tipo de ayudas».

El principal reproche que se le hace al Gobierno, sin embargo, es el de haber subido las pensiones en este ejercicio, a pesar de que la cuantía de estas prestaciones «se encuentra entre las más altas de Europa». 

El informe dice que «las proyecciones del próximo informe sobre envejecimiento y adecuación de las pensiones de este año indican que las reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad y su adecuación a largo plazo. Sin embargo, los aumentos de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante la elaboración del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en duda el compromiso de esas reformas».

Ese aumento de las pensiones, acordado para contentar al PNV, es lo que impedirá alcanzar este año el objetivo de reducción de déficit. Y por ello le costará a España una rebaja en la regla de gasto para el año que viene. Es decir que habrá que pagarlo de todos modos.

Montoro subirá el tipo que cobra a las autonomías para 'echarlas' del FLA

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública elevará el interés de los préstamos del FLA para situarlos al mismo nivel que los del mercado, y propiciar así que las autonomías abandonen progresivamente este mecanismo y logren, de nuevo, financiarse por sí mismas.

Así consta en el documento de conclusiones del Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal en torno al debate de la financiación autonómica, que el ministro Cristóbal Montoro ha remitido a los gobiernos regionales y al que ha tenido acceso El Economista.

El citado informe, de 55 páginas, asegura que el Gobierno y las autonomías estarían de acuerdo con "la conveniencia de reducir los mecanismos -como el FLA- de manera sustancial", de modo que su utilización "sea cada vez más extraordinaria" y motivada solo por cuestiones "muy graves". 

Además, el texto incluye la recomendación de "adaptar las condiciones financieras" que ofrecen los citados mecanismos "a las actuales condiciones de mercado", esto es, elevar los intereses. Todo ello "aprovechando el entorno favorable y los bajos tipos para alargar los plazos de endeudamiento".

En esa consideración, no se oculta la intención última de "incentivar la salida a los mercados de las comunidades autónomas" después de un sexenio de anormalidad. Fue en 2012 cuando Montoro, con el grifo de la financiación casi cerrado para España y muerto para las autonomías, ideó el FLA y la Facilidad Financiera para que los gobiernos regionales pudieran pagar facturas y atender vencimientos sin incurrir en quiebra. 

Desde entonces, esos fondos han dejado en las arcas regionales casi 250.000 millones de euros, el equivalente al 23% del PIB español. De esa cantidad, las autonomías deben devolver aún 157.000 millones.

De cualquier manera, la reforma de la financiación autonómica que pretende pactar Hacienda incluirá la creación de un nuevo fondo de financiación extraordinario que "permita atender posibles situaciones excepcionales" y que solo sea utilizado en caso de "una verdadera necesidad de liquidez". 

Una idea que, además, ya aconsejaron el verano pasado los sabios que recibieron el encargo de diseñar un marco para la nueva financiación autonómica.

Por último, y respecto a la famosa quita de la deuda a la que habitualmente se refiere Montoro, el informe del Comité Técnico advierte sobre "la conveniencia de acometer una reestructuración transparente", siempre a través de la ampliación de plazos o la modificación de tipos de interés, como sucedió con Grecia. No habrá, en ningún caso, perdón del principal.

El documento que Montoro ha remitido a las comunidades debe servir de base para que, ahora sí, se produzca una reunión del Consejo de Política Fiscal y se aborde de una vez la revisión del modelo, pendiente desde 2014. Ese encuentro debería tener lugar, tal y como sugirió el presidente Mariano Rajoy, entre finales de este mes y principios del próximo.

El informe que maneja el Gobierno también repasa la capacidad tributaria de las CCAA y el conjunto de recursos tributarios cedidos por parte del Estado. Hay una predisposición por parte de Hacienda de una armonización del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC). 

Las CCAA reciben ya en la actualidad los rendimientos generados en su territorio de los tres impuestos mencionados, pero no a través del Sistema, sino al margen de él. El departamento de Montoro aboga por integrarlo de una vez en el sistema.

La posición mayoritaria de las CCAA sobre el IP ha sido la de mantener el impuesto, apostando por la homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas.

En el ITPAJD, las CCAA, también, defienden la necesidad de modificar la regulación de la base imponible sustituyendo el concepto de valor real por valores objetivos que minimicen la conflictividad. 

En ocasiones se plantea también introducir como nuevo medio de comprobación de valores el valor de referencia determinado por la Dirección General del Catastro. Y en el ISD las CCAA quieren mantenerlo pero apelan a la necesidad de revisar y actualizar su normativa. "No obstante, no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos, como la posibilidad de mantener el impuesto estructurado en base a una tarifa progresiva o bien establecer tipos fijos en función del grado de parentesco o sobre la supresión o modificación de reducciones, entre otros", indica Hacienda en el documento.

Otras de las pretensiones de las CCAA son obtener mayor participación en los tres grandes impuestos del Estado como IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora parte de ellos están transferidos. Hacienda se opone a la modificación de estos tributos y alude a que no hay consenso al respecto. 

Además, señala en cuanto a la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los Impuestos Especiales, "muchas CCAA han puesto de manifiesto en el CTPE las dificultades de su implementación, tales como que el nivel existente de tipos de IVA podría considerarse ya elevado o el hecho de que un instrumento de estas características podría generar competencia fiscal entre las CCAA y el Estado para anticiparse en la ocupación de un determinado espacio fiscal".

También rechaza el posible aumento de cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados "porque alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta cesión".

Garrido releva a toda la cúpula de la Consejería de Sanidad, algunos de ellos imputados

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha cesado, coincidiendo con la remodelación del Ejecutivo, a varios altos cargos de la Consejería de Sanidad, algunos de ellos imputados por un delito de prevaricación administrativa por la contratación del servicio de ambulancias de la Comunidad.

Así, tal y como ha desgranado el propio Garrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este martes, ha sido cesado el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al que sustituirá Fernando Prados Roa. Éste deja así su cargo como viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, al que sustituye Diego Sanjuan Benito.

También ha sido cesada Miriam Rabaneda como directora general de Planificación, Investigación y Formación así como el director general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria, César Pascual, al que sustituye Antonio Alemany. Además, se cesa como secretario general técnico a Javier Fernández y se nombra a Francisco Lobo.

Molina, Pascual y Fernández son los cargos investigados por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias, tras la querella presentada por la empresa Ambulancias Alerta a este proceso de contratación.

Pese a esto, Garrido ha defendido que hay cambios "en todas las consejerías" y que no existe razón concreta para los cambios en Sanidad. 

"Simplemente se piensa que es el mejor gobierno para trabajar por los madrileños. Entiendo que en los segundos niveles de estructura puede ser positivo que haya una renovación", ha dicho, para a continuación incidir en que el año de trabajo que queda requiere "fuerzas renovadas".

El presidente de la Comunidad ha desligado los ceses del caso de las ambulancias. 

"Repito lo mismo, los cambios son cambios de un equipo de personas que pueden aportar mucho a una labor de Gobierno que tiene que ser muy intensa", ha subrayado ante las preguntas de los medios de comunicación.

Fuentes de la Consejería de Sanidad achacan estos cambios al hecho de que el responsable del área, Enrique Ruiz-Escudero, no había realizado modificaciones a su llegada y que en la 'cúpula' de la Consejería se encontraban los mandatarios designados por el anterior responsable, Jesús Sánchez Martos.

Las autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley

MADRID.- Las comunidades autónomas extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del 2,4%. De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero sobre este subsector que publica Fedea, que en esta ocasión está elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, según publica hoy El Economista.

Según el citado documento, las autonomías pasarán de un gasto ejecutado de 149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido aprobar sus propias Cuentas Públicas.

Cabe recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no describe qué administraciones se pasarán más con el gasto. 

La pista, aún así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho, incumplieron de largo la regla de gasto.

El mayor problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según pactaron el Ejecutivo y Bruselas. 

Mucho más en un ejercicio en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión para infraestructuras y obra pública.

Y ese no sería el único motivo. Manuel Díaz y Carmen Marín advierten en su trabajo de que, además del aumento de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017. Un cálculo, a juicio del think tank, que se pasa en exceso de optimismo.

Si bien es cierto que los Presupuestos contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque "no se han tomado medidas adicionales".

Si bien los autores creen que tributos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.

Es lo que sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de capital, que ven sobrepresupuestada.

Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones. 

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

Rajoy promete abordar "de inmediato" la reforma de la financiación autonómica

MADRID.- El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido hoy ante la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a convocar "de inmediato" una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. Rajoy ha pedido a Díaz que facilite el consenso entre el Ejecutivo y el PSOE para hallar un acuerdo a través de la "vía del consenso".


  Rajoy se ha reunido durante algo más de una hora y cuarto en el Palacio de la Moncloa con Díaz y, al término del encuentro, ha hecho público un comentario en su cuenta de Twitter en el que, junto a una foto de la reunión, ha insistido en la necesidad de consensuar el nuevo modelo de financiación.

"Tratamos asuntos prioritarios para Andalucía: inversiones y el sistema de financiación, un modelo -señala- que siempre he defendido reformar por la vía del consenso".

La presidenta andaluza ha expresado su satisfacción por ese compromiso de Rajoy con el que confía que se desbloquee la situación y ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión con voluntad de acuerdo y entendimiento. "Si se quiere, será posible, pero hay que querer hacerlo. De momento, hay un paso importante", ha señalado en referencia a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esa reunión ha subrayado que marca el inicio del diálogo, pero ha insistido en que ahora debe haber "voluntad de entendimiento y dinero".

El jefe del Ejecutivo, según Díaz, le ha trasladado una fecha orientativa para esa reunión del CPFF, pero ha remitido a Rajoy y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que sean ellos los que informen al respecto porque cree que sería una falta de respeto que lo comunicara ella. 

Además, ha explicado que Montoro deberá hacer una ronda con los gobiernos autonómicos para exponer el modelo de financiación que proponen. 

Un modelo que, según la presidenta andaluza, Rajoy no le ha trasladado en la reunión de hoy, aunque ella sí le ha expuesto el avalado por la gran mayoría de grupos del Parlamento de su comunidad. 

Tampoco el jefe del Gobierno ha ligado en algún momento de la reunión el nuevo modelo de financiación con la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Díaz ha informado también de que Rajoy se ha comprometido a que en los próximos días el ministro de Fomento y el consejero andaluz de este área se reúnan para intentar alcanzar algún acuerdo en materia de inversiones en Andalucía para trasladarlo después al proyecto de ley de presupuestos.

Montoro destapa que diez autonomías gastan más de lo que permite la ley

MADRID.- El Ministerio de Hacienda elevó el viernes al Gobierno, según los preceptos de la Ley de Estabilidad, un informe en el que detalla, por Administraciones, el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto. 

El citado informe, al que tuvo acceso elEconomista, no incluye novedades respecto a los dos primeros parámetros, conocidos ya. Pero sí detalla que una decena de comunidades autónomas decidió saltarse por su cuenta y riesgo las normas y elevó sus desembolsos por encima del 2,1 por ciento que, como límite, había fijado con anterioridad el Ejecutivo. 

El asunto adquiere mayor gravedad en el caso de tres regiones: Navarra y Castilla y León, que casi triplicaron esa tasa; y la Comunidad de Madrid, que gastó un 4,8 por ciento más.

La regla de gasto es, dentro de las normas de estabilidad fiscal, la más desconocida. Fija el límite por el cual las Administraciones pueden elevar sus desembolsos, y lo hace teniendo en cuenta el crecimiento del PIB a medio plazo. 

De ahí que el Gobierno determinase que el ejercicio pasado, con un avance del 3,1 por ciento pero a la baja en lo sucesivo, el margen era del 2,1 por ciento. Era el más generoso de los últimos ejercicios. Sin embargo, y a tenor de los resultados, no ha sido suficiente.

Al margen de los casos de Navarra, Castilla y León y Madrid, incumplieron también el citado 2,1 por ciento Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas; La Rioja y Murcia, gobernadas por el Partido Popular; Cataluña, donde hasta octubre llevaba la batuta la extinta Junts pel Sí; y País Vasco, bajo el mandato del PNV. Se de-muestra así que la disciplina fiscal no entiende de ideologías, al menos en nuestro país.

Porque, entre las pocas que sí se ciñeron a los límites impuestos por el Gobierno, están Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, del PSOE; Galicia, del PP; Canarias, bajo el mando de Coalición Canaria; y Cantabria, del PRC de Miguel Ángel Revilla. 

En esta lista llaman la atención varios resultados. Extremadura, flagrante incumplidora del déficit, fue la única región que rebajó su gasto en 2017, demostrando que, al menos, está haciendo un esfuerzo por reconducir sus cuentas públicas. 

Algo similar a lo que ha hecho Baleares en los últimos años, que de incumplir los objetivos de estabilidad ha pasado a engrosar la lista de Administraciones más disciplinadas. Mención que merece también Galicia, donde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la estabilidad fiscal una de sus cartas de presentación.

El ministro ya cumple

En conjunto, las autonomías elevaron su gasto un 2,9 por ciento frente al 2,1 por ciento legal, al desembolsar 4.003 millones de euros más que en el ejercicio 2016. También infringieron su límite de deuda por más de 7.000 millones de euros. Una situación que contrasta con la de la Administración Central, que incumplió las reglas de los años 2012 a 2015 pero que, por segunda vez consecutiva, se ciñó a los objetivos, tanto de gasto como de pasivo -que no de déficit-.

En un ejercicio marcado por la tardía aprobación de los Presupuestos del Estado, el ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro rebajó los desembolsos un 3,8 por ciento, lo que supone 3.800 millones de euros menos que el año anterior.

Las Corporaciones Locales, las más saneadas y cumplidoras con la Ley de Estabilidad desde que esta normativa se aprobara, tampoco sorprendieron y lograron cumplir con holgura. En superávit presupuestario, sus desembolsos aumentaron un 0,6 por ciento, tres veces menos de lo que les permitían las normas, y ello pese a las polémicas que el propio ministro Montoro ha tenido con ayuntamientos como el de Madrid.

El perfil académico de los presidentes autonómicos

MADRID.- La polémica sobre el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el punto de mira los logros académicos de los políticos. Los mandatarios autonómicos son en su mayor parte abogados y con poca formación complementaria posterior, al menos según consta en sus currículos.

Una formación complementaria, como la de los máster, que no era necesaria para ser licenciado en la época en la que cursaron estudios la mayoría de los actuales presidentes regionales.

Sea o no por la edad, son pocos los homólogos de Cifuentes que exhiben algún máster en las biografías oficiales que constan en las respectivas páginas web de los gobiernos autonómicos.

Tiene uno, por ejemplo, su compañero de partido en Murcia, Fernando López Miras, que aún no ha cumplido los 35 años, licenciado en Derecho y que ostenta un título de MBA de ENAE, la escuela de negocios adscrita a la Universidad murciana.

Cifuentes ha sido la más aplicada a la hora de completar sus estudios, a tenor de lo que figura en la web del Gobierno madrileño, ya que además del controvertido máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene en su haber un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

En general, en el mundo de la política priman los licenciados en Derecho y el plano autonómico no se escapa a esa generalización.

Son abogados la propia Cifuentes y el ya citado López Miras, así como los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la de Andalucía, Susana Díaz, esta última también diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.

Es decir, el 40% de los 16 mandatarios actuales es experto en leyes.

Visto por el lado de los partidos, cuatro de las cinco comunidades gobernadas por el PP tienen al frente a abogados y sólo La Rioja se sale de esa tónica.

Si se analizan los méritos curriculares desde el tradicional punto de vista de ciencias o letras, estas últimas arrasan por mayoría, con diez de los dieciséis presidentes autonómicos.

Además de abogados, los estudios más cursados son los de Ciencias Económicas y Empresariales, Periodismo y Magisterio.

Los expertos en Economía son los de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (también es diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco) y Canarias, Fernando Clavijo, mientras que el valenciano Ximo Puig y la navarra Uxue Barkos son periodistas, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, son maestros.

Revilla es el más veterano de los presidentes regionales, junto a su vecino de la cornisa cantábrica, el asturiano Javier Fernández, que es ingeniero de Minas y diplomado en Calidad Ambiental.

El aragonés Javier Lambán es el único licenciado en Historia Contemporánea y Doctor en Historia por su tesis doctoral "La reforma agraria en Aragón en la II República", calificada con la máxima nota posible: apto "Cum laude", y su compañera de filas balear, Francina Armengol, es la única farmacéutica y además tiene un posgrado en Dermofarmacia y estudios de Derecho.

Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, el único que es médico forense, obtuvo el grado mediante tesina de licenciatura en 1989, con calificación de sobresaliente.

En todo caso, aunque muchos hayan ejercido su profesión también llevan muchos años en el mundo de la política, por lo que han dejado atrás los estudios, al menos de momento.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

González admite que le gustaría ser candidato en 2015

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha admitido este martes que le gustaría ser candidato a la Presidencia del Gobierno regional en las próximas elecciones autonómicas de 2015 si bien ha matizado que ahora "no toca" ocuparse de esta cuestión porque él está para solucionar los "problemas de los ciudadanos".

   Preguntado en una entrevista en la Cadena Cope sobre si le gustaría ser candidato en las próximas elecciones, González ha contestado con un "sí", pero ha añadido que "no toca".

 "Cuando toque y llegue el momento, pues lo veremos", ha apostillado el presidente autonómico.

   En la misma línea que en los últimos días, González ha insistido en que el tema de hablar de candidatos "en estos momentos no toca" y "no es la preocupación de los ciudadanos". 

"Creo que quien está ocupado de ver si es candidato o no lo es no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar", ha destacado.

La Comunidad de Madrid fraccionó contratos por tres millones para eludir requisitos de publicidad y adjudicación

MADRID.- La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

   El dictamen analiza un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la Administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.

   En 104 casos, según recoge el informe, ha quedado "acreditado" el fraccionamiento de los contratos en varios servicios, siempre por una cuantía inferior a los 12.020,24 euros, con "la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que sería un concurso".

 "Si no supera la cantidad de 30.050,61 euros se podría haber utilizado el procedimiento negociado sin publicidad", añade la Intervención General del Estado.

   Además, el informe que está en manos del juez Ruz señala que el importe de los contratos fraccionados era el 69% de los estudiados, dato que los técnicos obtienen de descontar al importe total de los contratos menores a 5.335.808 euros el de los pagos de los que no se han facilitado facturas y sólo constan las órdenes de pago (780.477,41 euros).

   Entre los actos investigados se encuentran actos como la Cumbre Flamenca 2005, la celebración del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2005, así como contratos del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid, MQM, CMR o Pasadena Viajes.

   El desglose de estos actos por consejerías revela que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía el imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.

   En el examen de la documentación analizada se han puesto de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

   También se destaca que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".

   El informe también concluye que de la 573 facturas analizadas, en 418 figuran los suministros o servicios prestados "sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario", en 56 el concepto es "totalmente genérico" y sólo en 96, lo que representa un 17 por ciento, "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta, diferenciando las unidades y su correspondiente coste unitario sin IVA".

   En este sentido, destaca que el hecho de que en las facturas figuren cantidades "a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas ni su coste unitario, no sólo supone una vulneración de lo establecido" en la ley sino que "imposibilita verificar y, en consecuencia, certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órgano gestor".

   "Esta imposibilidad es máxima cuando se admiten y se presta la conformidad a facturas por conceptos genéricos", añade el informe elaborado por los técnicos de la IGAE, que lleva la firma de Juan Carlos Gómez Condado.

Ignacio González pide a Rajoy que acelere "reformas estructurales más profundas"

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha mostrado este lunes partidario de que el Gobierno central "acelere" las reformas estructurales y que sean "más profundas" y "que se siga recortando mucho más el gasto público" para salir de la crisis económica.

   "Hay algunos gastos muy importante que no podemos sostener en nuestro país en estos momentos, que es el sistema de prestación social, de bienestar, nuestro gasto sanitario. Todo eso hay que abordarlo porque no podemos seguir manteniéndolo con el nivel de ingresos que tenemos", ha indicado González en una entrevista concedida a Antena 3.

   El dirigente madrileño ha señalado que la crisis exige "grandes sacrificios". "Cuando uno tiene que verse obligado a tomar medidas, muchas de las cuales no las hubiera gustado tomar, es evidente que es más difícil todavía llevarlas adelante. Pero hay que hacer un poco de reflexión", ha indicado.

   En este sentido, ha afirmado que cuando llegó el PP al Gobierno de la Nación España "estaba quebrada porque había una situación de insolvencia total, la prima de riesgo estaba disparada, todo el mundo hablaba de la intervención de España y todo el mundo decía que España estaba intervenida de facto".

   "Y el problema no era conseguir crédito, el problema era frenar que el dinero saliera de España. Nuestro sistema financiero estaba perdiendo recursos a manos llenas. Lo que se ha conseguido en un año es consolidar nuestro sistema financiero. Ya nadie habla del rescate, la prima de riesgo está baja y podemos financiar nuestra deuda pública", ha apuntado.

   Aparte de los recortes y las reformas estructurales, González ha apostado por la bajada de impuestos. "En la Comunidad tenemos una política fiscal de reducción selectiva de impuestos, más baja que el resto de España, y eso nos está dando buenos resultados económicos", ha precisado.

   Sin embargo, ha justificado la subida de impuestos del Ejecutivo central en que se encontró cuando llegó al poder "con unas arcas vacías, un país enormemente endeudado, con una presión internacional europea para corregir estos desequilibrios y frenar la sangría".

   Otra de las medidas que recomienda el presidente de la Comunidad de Madrid es generar crédito y recursos económicos para las pymes y la economías real que genere empleo. "La deuda y el déficit ha mejorado. Lo que no ha cambiado es una destrucción muy fuerte de empleo porque la inversión no llega. Ahí hay una desilusión y una desesperanza. Es evidente que el problema que tenemos es el desempleo, el más grave y acuciante.", ha reconocido.

   Ignacio González cree que "es bueno decir la verdad a los ciudadanos y generar falsas expectativas no es bueno".

 "Hay que hablarles con la realidad por delante y decir las condiciones que se tienen", ha añadido.

   Ahora bien, espera que las previsiones mejoren y que la Comunidad de Madrid decrezca menos del 1 por ciento, que el desempleo evolucione mejor que en el resto de España y que se mantenga el número de cotizantes. "Espero que se produzca cuanto antes la reactivación económica y cuando la inversión llegue Madrid va a liderar el crecimiento de empleo", ha deseado.

   González también ha apostado por racionalizar las  administraciones porque no le guste "este sistema de cuatro o cinco niveles administrativos, con marco competencial complejo y barreras para los ciudadanos".

   "No tengo ningún apego a mantener competencias por el ego de tener o no más poder. Si una racionalización del Estado lleva aparejado perder competencias regionales por mi parte no habrá ningún problema. De hecho propusimos que algunas competencias tendrían más sentido en el Estado", ha aclarado.

   Respecto al déficit público fijado para las comunidades autonómas, González ha defendido que todas tienen que cumplir el mismo objetivo. "Estoy en contra del déficit a la carta porque es malo diferenciar entre los que han cumplido y no cumplido. Es inadmisible y si alguna comunidad tiene alguna preocupación especial el Estado debería jugar con su margen para corregirlo", ha añadido.

   Asimismo, el dirigente regional ha criticado el actual modelo de financiación autonómica porque "perjudica enormemente" a Madrid, cuando es la comunidad "que más recursos aporta al sistema, la que financia el 75 por ciento de los servicios comunes y la que más crece y tiene menos desempleo".

   "El sistema es injusto y hay que corregirlo y vamos a pedir al Estado que así lo haga", ha apuntado.

   Sobre la externalización sanitaria, el presidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la Sanidad "va a seguir siendo pública, universal, gratuita y con las mismas prestaciones". Además, ha recordado que ya hay hospitales con la gestión externalizado como el de Valdemoro, Torrejón y Móstoles y ofrecen una "extraordinaria calidad asistencial por encima de la media".

   Por eso, se ha quejado de que ahora se planteen incertidumbres al apostar por extender este sistema de gestión privada a más hospitales. "Estimamos que estos hospitales tienen un coste por paciente menor que los público. Se ahorra en una mayor eficiencia en la gestión, cosa que en el sector público, por las rigideces que tenemos, es mucho más complejo, tanto en materia de recursos humanos y en la gestión de los recursos clínicos. Yo si tengo que hacer ampliaciones de jornada tengo que meter nuevos interinos, los privados pagan horas extras, por ejemplo", ha añadido.

   González ha sostenido que todos los sindicatos y colectivos de profesionales sanitarios están en contra de esta media porque "se ven afectado en alguna manera".

   "Aquí hay un posicionamiento en la defensa de algunos intereses que algunos piensan que van a perder por estas medidas. Que nosotros hayamos hecho que haya gente que trabaje por la tarde pues va eliminar las peonadas y aumentar las jornadas sin pagar horas extraordinarias. Y entiendo que el las cobraba se ve afectado, pero hay que racionalizar los recursos", ha añadido.

   Y sobre la libertad de elección de colegios, el presidente madrileño ha manifestado que "no pone en riesgo la calidad educativa, sino que la incrementará porque va a ser una estímulo para que todos quieran ser los más demandados". "No tengan tanto miedo a la libertad, que es magnífico", ha apostillado.

Ignacio González tacha de "mentira" que pida lo mismo que Cataluña

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado rotundo este miércoles que es "mentira" que la Comunidad que preside demande lo mismo que Cataluña en materia de financiación autonómica. Según ha añadido, no está de acuerdo con las "reivindicaciones catalanas" ni con "el agravio".

    Así se ha pronunciado González a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP que se celebra en la sede central de la formación, una reunión que ha despertado gran expectación porque se celebra con varios meses de retraso y en la que seguramente se hablará de financiación  y de la flexibilización de los objetivos de déficit.

    Tras asegurar que la financiación es "un tema muy interesante y de actualidad", el presidente madrileño ha querido dejar claro que su comunidad no pide lo mismo que Cataluña. "Simplemente quiero decir en relación con algunas informaciones que han aparecido hoy, que es mentira que Madrid esté pidiendo lo mismo que Cataluña", ha recalcado.

    Según ha explicado, su comunidad "lo único que pide es el dinero que le corresponde en razón a la capacidad fiscal de los madrileños, que generan suficientes recursos para pagar sus servicios". Dicho esto, ha expresado su rechazo a las demandas del Gobierno de la Generalitat que preside Artur Mas.

    "No estamos de acuerdo con las reivindicaciones catalanas, no estamos de acuerdo con el agravio, ni estamos de acuerdo con justificar que eso lleve a una deriva nacionalista, es todo lo contrario, pero Madrid va a defender el interés de los madrileños como es lógico", ha concluido.

Ignacio González cree que la Comunidad no nació para "reivindicaciones identitarias"

MADRID.- El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid nació en 1983 como tal con la aprobación de su Estatuto de Autonomía con el fin de "servir a los madrileños con la mayor eficacia" y no para "dar cobijo a reivindicaciones históricas o identitarias".

   Durante el acto de conmemoración del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía, el dirigente madrileño ha aprovechado para apelar al "espíritu de consenso y generosidad" de los que hicieron posible hace 30 años el Estatuto, incluido el PCE, para salir en estos momentos adelante de la crisis económica.

   También ha rendido homenaje a los tres expresidentes del Ejecutivo madrileño que han pasado antes que él por el cargo --Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre--. De ellos ha alabado su "talla humana, política e intelectual extraordinarias" y ha indicado que sin ninguno de ellos "se entendería el éxito de Madrid".

   El presidente ha repasado el proceso de elaboración del Estatuto madrileño con el que nació la Comunidad de Madrid, que fue aprobado por las Cortes Generales el 25 de febrero de 1983, destacando "la generosidad y responsabilidad para lograr el máximo acuerdo sobre las cuestiones esenciales" por parte de los ponentes redactores, presididos por el socialista José Prat.  

   Según González, "su fe, su lealtad, su vocación de servicio y su generosidad" deben servir ahora de "ejemplo para afrontar los tiempos que vivimos".

 "Ese espíritu de grandeza se refleja también en la actitud del Grupo Comunista" que, según ha recordado, "aunque no fueron aceptadas sus  enmiendas, votó a favor para dejar claro que el paso histórico que se daba era más importante que las cuestiones políticas puntuales".

   En este sentido, ha incidido en que "aquellos fueron momentos complicados, momentos de necesidad nacional en que se requería personajes con altura de miras y generosidad política" y lo ha trasladado al presente, para apelar, en estos momentos complejos que se viven hoy, a la necesidad de "tener todos ese espíritu  del Estatuto, esa misma grandeza, para lejos de visiones partidistas o de corto plazo, saber ganar, como entonces, el futuro entre todos".

   Para el presidente, la Comunidad de Madrid cumple 30 años con la voluntad de ser fieles a ese espíritu de apertura y de libertad que la han convertido en una gran región, y ha asegurado que "desde aquel día de 1983 hasta hoy la Comunidad de Madrid ha recorrido un largo camino del que todos podemos estar satisfechos".

   A su juicio, Madrid es hoy "una región llena de oportunidades, de libertad, de solidaridad y de talento, virtudes con las que los madrileños han conseguido un gran avance político, económico y social en estos 30 años". Por ello, aunque ha afirmado que siempre hay aspectos que debemos mejorar, y para ello se trabaja, ha remarcado que "nadie duda de que la historia de la Comunidad de Madrid es la historia de un éxito colectivo".

   Por eso, González se ha mostrado convencido de que se ha cumplido el objetivo con el que nació la Comunidad de Madrid, como un instrumento que permitiera prestar mejor los servicios públicos y que los madrileños sintieran que esta nueva fórmula político administrativa podía hacerles más fácil su vida.

   En su opinión, "con toda seguridad, esos objetivos se han cumplido", y ahora "la Comunidad de Madrid es una administración más cercana, más pegada a la realidad diaria y que ha mejorado la eficacia de los poderes públicos". En esta línea, ha añadido que "la razón de ser de la Comunidad de Madrid es prestar unos servicios públicos de la manera más eficaz posible y contribuir a crear una sociedad más fuerte y cohesionada".

   Durante su discurso, González ha asegurado que Madrid, durante estos 30 años, "ha servido lealmente a España y, paralelamente, aún careciendo de señas de identidad propias, ha brotado también el orgullo de ser madrileño".

 "Y ese orgullo ha surgido como surge en las sociedades modernas, que no se extasían con su pasado, del que también presumimos los madrileños, sino por todo lo contrario: por nuestras ganas de afrontar el futuro", ha apostillado.

   Para el dirigente madrileño, "la capacidad de afrontar el futuro de forma abierta con todos es la mejor seña de identidad de los madrileños, porque sigue siendo una sociedad que acoge a todo aquel que quiere sumarse libremente a  para conquistar el porvenir".

   Al final de su discurso, el presidente regional felicitó a todos los protagonistas del acuerdo que dio lugar al Estatuto y al nacimiento de la Comunidad de Madrid, a todos los representantes políticos, al personal de la administración pública y, sobre todo, a los ciudadanos madrileños que "encarnan los anhelos, los esfuerzos y los éxitos de esta trayectoria de 30 años".

Ignacio González convierte en costumbre amenazar con el despido a los funcionarios madrileños

MADRID.- Ignacio González tiene una peculiar manera de contestar a las protestas ciudadanas contra sus medidas. Cada vez que los trabajadores de la Comunidad de Madrid salen a la calle para denunciar un nuevo recorte, el sucesor de Esperanza Aguirre les amenaza con el despido en un intento de acallar estas críticas que le dejan en evidencia. Los trabajadores de Telemadrid, los del Metro e incluso los sanitarios se han convertido en su ‘objetivo’.
El presidente del Gobierno regional ha escrito hoy el enésimo capítulo de sus amenazas a los empleados públicos madrileños. Ignacio González ha advertido que cerrará Telemadrid, echando a la calle a los trabajadores que se ‘libraron’ del ERE que provocó el despido de 861 trabajadores, si la Justicia le “obliga a readmitir a la plantilla”. Según ha indicado, el Expediente de Regulación de Empleo se aplicó para tratar de hacer viable la cadena, ya que la Comunidad no puede financiarla, y si no se consigue no quedará otra opción que el cierre.
Asimismo, hace una semana el sucesor de Esperanza Aguirre lanzó un ultimátum a los sindicatos del Metro de Madrid: o aceptaban una rebaja salarial del 10% y un aumento de la jornada desde las 1.642,5 horas actuales hasta 1.700 o la empresa pública despediría a 720 empleados.
El suburbano y las organizaciones sindicales están negociando el convenio colectivo para 2013 y 2014, unas conversaciones en las que el Gobierno regional sostiene que necesita aplicar este recorte de sueldos para “garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
No obstante, estos dos colectivos no son los únicos que se encuentran en el centro de la ‘diana’ del presidente regional. Las protestas que han protagonizado los profesionales de la Sanidad pública desde noviembre contra sus recortes y su intención de privatizar seis hospitales y 27 ambulatorios han puesto en más de un brete a Ignacio González.
Para tratar de frenar esta situación el jefe del Ejecutivo autonómico ha utilizado, como en tantas otras ocasiones, las amenazas. Cuando el Tribunal Constitucional ‘tumbó’ una de sus medidas estrella, el euro por receta, con el que esperaba recaudar unos 83 millones de euros, González aseguró que tendría que acometer nuevos ajustes en el ámbito sanitario para “conseguir el equilibrio presupuestario”.
Y la cosa no quedó ahí. El presidente regional recurrió a la estrategia de las amenazas cuando 120 equipos directivos de centros de salud anunciaron que presentarían su dimisión cuando se hiciera efectiva la privatización de los ambulatorios. El ‘órdago’ lanzado por los profesionales el pasado mes de diciembre tuvo una contundente respuesta desde la Comunidad de Madrid: “se revisarán las vacaciones de los facultativos, que están condicionadas a las necesidades del servicio”.
Es decir, la amenaza se basaba en cancelar las vacaciones navideñas de los médicos para frenar esta rebelión, que quedó en ‘stand by’ hasta que el Gobierno regional saque los pliegos del concurso que podrá en marcha para externalizar la gestión de estos centros sanitarios.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado este lunes que si el Gobierno central quiere traspasar competencias de las corporaciones locales a las comunidades autónomas "ese trasvase competencial tiene que llevar aparejado el de recursos económicos"; de lo contrario, "es imposible asumirlo y más en estos momentos". Así se ha manifestado González al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa para presentar el plan de incentivación del empleo de la Comunidad de Madrid, tras reunirse con los agentes sociales. "Todos estamos de acuerdo en que es necesario hacer una reforma de nuestra administración y fundamentalmente lo que hay que hacer es evitar las duplicidades y los excesos burocráticos administrativos que tenemos, que nos lastran mucho tanto la operativa en la prestación de los servicios como los costes", ha explicado González, para asegurar que está "totalmente de acuerdo" con "el principio una administración, una competencia". "Ahora bien, esto no se resuelve de la noche a la mañana porque en una ley se ponga que toda la competencia en una determinada materia la va a tener uno y la va a dejar de tener el otro, porque eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista económico", ha proseguido. En este sentido, ha señalado que para que el traspaso de competencias sea posible "tendrá que habilitarse un procedimiento para hacer esas transferencias de unos a otros y, sobre todo, para que estén los recursos disponibles". En la misma línea, ha dicho que "si no se dan a las administraciones a las que se les atribuye la competencia los dineros", no van a poder realizar esa prestación, estando "todos en una situación de dificultades económicas y con unos ajustes muy grandes". "Por lo tanto, ese trasvase competencial tiene que llevar aparejado el trasvase de recursos económicos. Si no, es imposible asumirlo y más en estos momentos", ha agregado González, quien ha dicho que está "seguro" de que "el Gobierno habilitará las fórmulas necesarias".

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado este lunes que si el Gobierno central quiere traspasar competencias de las corporaciones locales a las comunidades autónomas  "ese trasvase competencial tiene que llevar aparejado el de recursos económicos"; de lo contrario, "es imposible asumirlo y más en estos momentos".

   Así se ha manifestado González al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa para presentar el plan de incentivación del empleo de la Comunidad de Madrid, tras reunirse con los agentes sociales.

   "Todos estamos de acuerdo en que es necesario hacer una reforma de nuestra administración y fundamentalmente lo que hay que hacer es evitar las duplicidades y los excesos burocráticos administrativos que tenemos, que nos lastran mucho tanto la operativa en la prestación de los servicios como los costes", ha explicado González, para asegurar que está "totalmente de acuerdo" con "el principio una administración, una competencia".

   "Ahora bien, esto no se resuelve de la noche a la mañana porque en una ley se ponga que toda la competencia en una determinada materia la va a tener uno y la va a dejar de tener el otro, porque eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista económico", ha proseguido.

   En este sentido, ha señalado que para que el traspaso de competencias sea posible "tendrá que habilitarse un procedimiento para hacer esas transferencias de unos a otros y, sobre todo, para que estén los recursos disponibles".  

   En la misma línea, ha dicho que "si no se dan a las administraciones a las que se les atribuye la competencia los dineros", no van a poder realizar esa prestación, estando "todos en una situación de dificultades económicas y con unos ajustes muy grandes".

   "Por lo tanto, ese trasvase competencial tiene que llevar aparejado el trasvase de recursos económicos. Si no, es imposible asumirlo y más en estos momentos", ha agregado González, quien ha dicho que está "seguro" de que "el Gobierno habilitará las fórmulas necesarias".

UGT pide a la Comunidad de Madrid que no despida a ocho trabajadores del IRIS

MADRID.- La Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid considera que despedir por la reducción del presupuesto a a ocho trabajadores del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) significará "agravar" los problemas sociales en la Comunidad de Madrid, por lo que exige al Gobierno regional que dé marcha atrás.

Así lo manifiesta hoy el sindicato en una nota de prensa en la que asegura que el IRIS de la Comunidad de Madrid ha comunicado el despido a ocho trabajadores fijos de la plantilla.

La labor de los trabajadores del IRIS ha sido distinguida con premios como el Dosta del Consejo Europeo y el Certificado de Excelencia Europea, recuerda UGT.

Actualmente los trabajadores del IRIS están desarrollando actuaciones (seguimiento y ayuda a la integración y a la convivencia a familias, y a menores en exclusión social o en peligro de estarlo) en lugares como El Gallinero, en la Cañada Real.

"En este momento de recortes, y de necesidades sociales y de desempleo, la Administración autonómica no tiene otro sitio donde recortar, así demuestra el carácter social y la sensibilidad hacia el más necesitado", concluye UGT.

Casi cuatro de cada diez españoles apuesta por acabar con las CCAA

MADRID.- Casi cuatro de cada diez españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y sin comunidades autónomas o mantenerlas pero restándoles autonomía, según se desprende del último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   La encuesta se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 4 y 14 de enero, en pleno debate sobre el proceso de autodeterminación iniciado en Cataluña por CiU y ERC.

   Los resultados que arroja el sondeo correspondiente al mes de enero no difieren apenas del de diciembre. Así, al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,1 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, esto es, con un Estado con comunidades autónomas.

   Sin embargo, hasta un 24,2 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,6 por ciento), mientras que un 14,5 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero que estás tengan menos autonomía, una posibilidad que aumenta algo más de dos puntos con respecto a diciembre (12,3 por ciento).

   En el otro lado de la balanza, un 11 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades con mayor autonomía que en la actualidad, casi un punto más que en el barómetro de hace un mes, y un 9,2 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia (en diciembre este cifra era de un 9,4 por ciento).

   Asimismo, el sondeo refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,5 por ciento). Además, un 14,7 por ciento declara sentirse únicamente español, un punto menos que en la última encuesta, y un 6,3 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de diciembre.