miércoles, 23 de mayo de 2018

Miles de policías locales de toda España se han manifestado hoy en Madrid para reclamar la jubilación anticipada a los 59 años


MADRID.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Policía Local a nivel nacional, ha valorado hoy el éxito de la manifestación en la que miles de policías locales han reclamado el adelanto de su jubilación hasta los 59 años sin que se les penalice en su futura pensión, con el objetivo de equiparar su situación a la de Policía, Guardia Civil o Bomberos.

CSIF, junto al resto de sindicatos de las dos plataformas sindicales, han reclamado al Gobierno este derecho durante esta gran manifestación en Madrid, que ha arrancado de la Puerta del Sol, bajo el lema ‘Jubilación anticipada, Policía Local y Autonómica ¡Gobierno cumple ya!’ y a la que han acudido decenas de miles de policías locales procedentes de toda España,  y donde el presidente de CSIF, Miguel Borra, al inicio de la marcha, ha exigido al Gobierno que cumpla con las reivindicaciones.
En la imagen, un grupo de policías locales afilados a CSIF en la Región de Murcia, durante la manifestación celebrada hoy en Madrid

El Congreso aprueba los Presupuestos de Rajoy con el apoyo del PNV


MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, los segundos del Gobierno de Mariano Rajoy en minoría y con el mismo respaldo que en 2017: PP y sus socios electorales de UPN y Foro, más Ciudadanos, los canarios de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), y también el PNV, pese a seguir en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Durante las votaciones decisivas, el resultado más repetido ha sido 176 votos a favor frente a 171 en contra, de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y EH-Bildu. Entre los votos del 'no' había tres ausencias (dos diputadas de Unidos Podemos y otra del PSOE).

Al concluir la última votación, todo el Grupo Popular se ha puesto en pie para aplaudir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha saludado al presidente Mariano Rajoy y se ha abrazado con la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría. Una secuencia que ha precedido una serie de 'selfies' y fotografías de los diputados del PP con los ministros.

El PNV, a última hora

Pese a sus reticencias iniciales a negociar y apoyar los Presupuestos por la situación en Cataluña, lo que retrasó la tramitación de los Presupuestos, al final el PNV acabó negociando el proyecto con el Gobierno y este miércoles ha ratificado su voto a favor.

Según ha dicho el partido nacionalista, votar a favor de los Presupuestos estando en vigor el 155 no ha sido una decisión fácil y s e ha tomado "por responsabilidad" y porque, a su juicio, contribuirá a levantar la intervención del Estado en Cataluña.

Todo ello después de haberse cobrado la mayor enmienda de todas las introducidas en los Presupuestos: la subida de pensiones al 1,6% para 2019 y 2020, el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año y al 60% el siguiente y el retraso del factor de sostenibilidad, previsto para 2019, hasta 2023.

En total, el  proyecto de Presupuestos sale del Congreso en dirección al Senado con 329 enmiendas incorporadas, todas ellas con el beneplácito o el acuerdo del PP salvo una enmienda pactada por UPN con la oposición, y apoyada por Ciudadanos, para habilitar primas más generosas a la generación de energía renovable por parte de pequeños productores.

Violencia de género, justicia y policía local

Otras enmiendas han encontrado el apoyo de todas las fuerzas políticas, como el aumento en 120 millones de euros contra la violencia de género, 100 millones para las administraciones autonómicas y 20 millones para las entidades locales, en conformidad a lo acordado por los grupos en el Pacto de Estado. 

También ha encontrado apoyo de los principales grupos de la Cámara la enmienda dedicada a facilitar la prejubilación de policías locales, al definir un tipo adicional de cotización del 10,6% --se aplicará una vez el Gobierno desarrolle el reglamento sobre el coeficiente reductor a la edad de jubilación para este colectivo-- y otra con 2 millones adicionales para impulsar la modernización del sistema pública de Justicia.

Acuerdos con PSOE, Podemos y hasta con PDeCAT

De todas las enmiendas aprobadas, la gran mayoría, 257, fueron incorporadas en la Comisión de Presupuestos, todas ellas del PP y de los grupos que apoyan las cuentas del Gobierno. Ya en el Pleno, el proyecto ha sumado otras 72 enmiendas, incluidas algunas pactadas del PP con otros grupos, como el PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT o Compromís.
Con el PSOE, el Gobierno ha pactado incorporar en el articulado de la ley una disposición para eximir del límite de reposición las plazas fijas de empleo público para reservistas de especial disponibilidad y militares en sus últimos diez años. 

Con Unidos Podemos, los acuerdos alcanzados contemplan 100.000 euros para investigar los perfiles genéticos de los bebés robados (a raíz de una propuesta de Compromís) y permitir una utilización más flexible de las cinco semanas de paternidad por los empleados públicos.

Rebajas fiscales e IVA reducido en dependencia

Por otro lado, la enmienda que el PDeCAT ha conseguido pactar con el PP para los Presupuestos pasa por tributar al tipo reducido del 4% del IVA todo servicio a la dependencia que cuente con, al menos, el 10% de financiación pública. 

Antes, en la Comisión de Presupuestos, el PP pactó con Ciudadanos distintas rebajas fiscales, como elevar a 10.000 euros el mínimo exento a tributar de los premios de Lotería, deducciones a la compra de acciones de empresas de nueva creación y que la Agencia Tributaria pueda revisar pérdidas contables de empresas que busquen convertir créditos fiscales. 

Asimismo, también han comprometido que en todas convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incluyan becas específicas para estudiantes con necesidades especiales a partir del curso en 2019-2020, un complemento mensual de 250 euros para los examinadores de Tráfico.

Más inversión en Navarra, Asturias y Canarias

Las enmiendas pactadas con UPN han supusieron movilizar unos 50 millones de los Presupuestos, principalmente dedicados a inversiones de carreteras, la cuenca hidrográfica del Ebro, e instalaciones deportivas, mientras que Foro ha llevado a las cuentas 20 millones en ayudas a las centrales térmicas para reducir emisiones, más ayudas a la reconversión industrial y reactivación de las cuencas mineras. En total, más de 60 millones, según aseguran desde esta formación. 
Por su parte, con Coalición Canaria el PP ha pactado las condiciones por las que las comunidades pueden gastar el remanente de sus superávit, con un límite de inversiones de hasta 25 millones, a partir del cual estas administraciones deberán contar con la autorización de Hacienda. 

Tanto Nueva Canarias y Coalición Canaria han pactado con el PP que Energía pueda aumentar las retribuciones a aquellas instalaciones eléctricas que aumenten su capacidad. Además, con el diputado de NC, Pedro Quevedo, el Gobierno ha pactado bonificaciones al 75% del transporte interpeninsular, con vigencia indefinida, y extendida también a Baleares, Ceuta y Melilla.

La UCO registra el despacho de Zaplana en Telefónica

MADRID.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado a primera hora de la tarde de este miércoles al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana a su despacho en la sede de Telefónica de la calle Gran Vía para practicar el último de los registros que se han llevado a cabo durante la jornada en la capital, según han informado fuentes de la investigación.

Los agentes no han registrado su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras. Numerosos medios de comunicación estaban concentrados a las puertas de la vivienda del exministro, donde supuestamente se iba a efectuar un registro en presencia de Zaplana, pero un agente les ha comunicado a los informadores que no se realizaría porque la casa estaba en obras.
Tras la detención de Zaplana el martes poco después de las ocho de la mañana cuando salía de su casa en Valencia, que también fue registrada junto a otra propiedad en Benidorm, Telefónica anunció que había suspendido "con carácter inmediato" la relación laboral que mantenía con el exministro.
Según las citadas fuentes, la UCO ha practicado este miércoles en Madrid varios registros y el de su despacho en Telefónica será el último antes de que Zaplana vuelva a la Comandancia de Valencia, donde quedará a la espera de pasar a disposición del Juzgado que instruye la causa en la que han sido detenidas otras seis personas de su círculo más próximo.
Zaplana ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en València después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital valenciana como en Benidorm, ciudad en la que fue alcalde.
La Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

Montoro subirá el tipo que cobra a las autonomías para 'echarlas' del FLA

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública elevará el interés de los préstamos del FLA para situarlos al mismo nivel que los del mercado, y propiciar así que las autonomías abandonen progresivamente este mecanismo y logren, de nuevo, financiarse por sí mismas.

Así consta en el documento de conclusiones del Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal en torno al debate de la financiación autonómica, que el ministro Cristóbal Montoro ha remitido a los gobiernos regionales y al que ha tenido acceso El Economista.
El citado informe, de 55 páginas, asegura que el Gobierno y las autonomías estarían de acuerdo con "la conveniencia de reducir los mecanismos -como el FLA- de manera sustancial", de modo que su utilización "sea cada vez más extraordinaria" y motivada solo por cuestiones "muy graves". 
Además, el texto incluye la recomendación de "adaptar las condiciones financieras" que ofrecen los citados mecanismos "a las actuales condiciones de mercado", esto es, elevar los intereses. Todo ello "aprovechando el entorno favorable y los bajos tipos para alargar los plazos de endeudamiento".
En esa consideración, no se oculta la intención última de "incentivar la salida a los mercados de las comunidades autónomas" después de un sexenio de anormalidad. Fue en 2012 cuando Montoro, con el grifo de la financiación casi cerrado para España y muerto para las autonomías, ideó el FLA y la Facilidad Financiera para que los gobiernos regionales pudieran pagar facturas y atender vencimientos sin incurrir en quiebra. 
Desde entonces, esos fondos han dejado en las arcas regionales casi 250.000 millones de euros, el equivalente al 23% del PIB español. De esa cantidad, las autonomías deben devolver aún 157.000 millones.
De cualquier manera, la reforma de la financiación autonómica que pretende pactar Hacienda incluirá la creación de un nuevo fondo de financiación extraordinario que "permita atender posibles situaciones excepcionales" y que solo sea utilizado en caso de "una verdadera necesidad de liquidez". 
Una idea que, además, ya aconsejaron el verano pasado los sabios que recibieron el encargo de diseñar un marco para la nueva financiación autonómica.
Por último, y respecto a la famosa quita de la deuda a la que habitualmente se refiere Montoro, el informe del Comité Técnico advierte sobre "la conveniencia de acometer una reestructuración transparente", siempre a través de la ampliación de plazos o la modificación de tipos de interés, como sucedió con Grecia. No habrá, en ningún caso, perdón del principal.
El documento que Montoro ha remitido a las comunidades debe servir de base para que, ahora sí, se produzca una reunión del Consejo de Política Fiscal y se aborde de una vez la revisión del modelo, pendiente desde 2014. Ese encuentro debería tener lugar, tal y como sugirió el presidente Mariano Rajoy, entre finales de este mes y principios del próximo.
El informe que maneja el Gobierno también repasa la capacidad tributaria de las CCAA y el conjunto de recursos tributarios cedidos por parte del Estado. Hay una predisposición por parte de Hacienda de una armonización del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC). 
Las CCAA reciben ya en la actualidad los rendimientos generados en su territorio de los tres impuestos mencionados, pero no a través del Sistema, sino al margen de él. El departamento de Montoro aboga por integrarlo de una vez en el sistema.
La posición mayoritaria de las CCAA sobre el IP ha sido la de mantener el impuesto, apostando por la homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas.
En el ITPAJD, las CCAA, también, defienden la necesidad de modificar la regulación de la base imponible sustituyendo el concepto de valor real por valores objetivos que minimicen la conflictividad. 
En ocasiones se plantea también introducir como nuevo medio de comprobación de valores el valor de referencia determinado por la Dirección General del Catastro. Y en el ISD las CCAA quieren mantenerlo pero apelan a la necesidad de revisar y actualizar su normativa. "No obstante, no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos, como la posibilidad de mantener el impuesto estructurado en base a una tarifa progresiva o bien establecer tipos fijos en función del grado de parentesco o sobre la supresión o modificación de reducciones, entre otros", indica Hacienda en el documento.
Otras de las pretensiones de las CCAA son obtener mayor participación en los tres grandes impuestos del Estado como IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora parte de ellos están transferidos. Hacienda se opone a la modificación de estos tributos y alude a que no hay consenso al respecto. 
Además, señala en cuanto a la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los Impuestos Especiales, "muchas CCAA han puesto de manifiesto en el CTPE las dificultades de su implementación, tales como que el nivel existente de tipos de IVA podría considerarse ya elevado o el hecho de que un instrumento de estas características podría generar competencia fiscal entre las CCAA y el Estado para anticiparse en la ocupación de un determinado espacio fiscal".
También rechaza el posible aumento de cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados "porque alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta cesión".

El PP sabe que en el ‘caso Zaplana’ aparece Alejandro Agag

MADRID.- La operación protagonizada este martes por la UCO contra empresarios y ex cargos del PP, con la detención de Eduardo Zaplana, tuvo respuesta inmediata por parte de Génova 13: suspendió de militancia al ex presidente de la Generalitat Valenciana. La noticia, no obstante, no pilló por sorpresa a importantes dirigentes del partido.

Según explican a El Confidencial Digital desde el PP de la Comunidad Valenciana, altos cargos del partido habían sido advertidos hace semanas de la operación contra Zaplana. Un aviso que también llegó a la ejecutiva nacional, donde se esperaba desde hace tiempo una decisión así por parte de la Justicia.
Las fuentes consultadas explican: “Ya sabíamos que la UCO iba detrás de Zaplana desde que reingresó en España dinero que había enviado a paraísos fiscales”.
No obstante, el “run run” sobre una posible detención se hizo más intenso en los últimos días, hasta que finalmente “todo ha explotado”.

Por eso no se ha atacado a PSOE y Compromís

El PP, por tanto, maneja información de primera mano sobre las pesquisas de la Guardia Civil, tal y como reconocen a ECD algunos de sus dirigentes. Una circunstancia que ha sido clave en la decisión del partido de no ir a por PSOE y Compromís pese a la investigación abierta en Valencia por la financiación ilegal de ambos partidos.
Los populares valencianos reconocen que, en un primer momento, se barajó la opción de impulsar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, con el objetivo de desgastar al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. No obstante, añaden, “nunca se dio el paso definitivo” y pocos entendían el porqué.
La razón, “obviamente”, no era otra que el “aviso de lo que podía pasar” en próximas fechas con Eduardo Zaplana. “Nos llegó el aviso. Y lo peor es que esto no ha acabado todavía, según lo que nos dicen”.

Alejandro Agag y el circuito de Fórmula 1

La información que le ha llegado al PP es tan “delicada”, que en el partido se preparan para una “investigación global”, en la que el ‘caso Zaplana’ sea solo la punta del iceberg: “Todo está relacionado. Con la Gürtel y también con la Púnica, porque los empresarios son los mismos”.
Así las cosas, y a pesar de que las investigaciones al ex presidente valenciano se están centrando en las concesiones de las ITV durante su etapa al frente del Consell, la línea de actuación de la UCO no ha concluido: “Todo se va a revisar. Desde las irregularidades durante la visita del Papa en 2006, hasta las obras del circuito de Fórmula 1”.
Sobre la construcción del circuito urbano, la información que maneja el Partido Popular es que los investigadores poseen documentación, y también declaraciones de empresarios procesados, en los que aparece el nombre de Alejandro Agag.
Al partido le llega que el yerno de José María Aznar, marido de Ana Aznar, aparece en “papeles”sobre las obras que se hicieron en Marina Real -próxima al puerto de Valencia- para el circuito urbano de Fórmula 1.
La información de la que dispone el PP indica que ni el juez ni la Guardia Civil tienen prevista de momento ninguna acción contra Alejandro Agag. No obstante, añaden las fuentes consultadas, “no hay que descartar que alguno de los detenidos este martes mencione su nombre cuando pasen a disposición judicial”.

Peligro para la actual cúpula del PP

En el PP dan por sentado que las detenciones de ayer no solo reabrirán viejas investigaciones sobre el circuito de Fórmula 1, sino también sobre el rescate a Valmor, la sociedad mercantil que poseía los derechos del trazado urbano, y que estaba gestionada por Bancaja, Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig.
Cabe recordar que la Generalitat Valenciana, con Alberto Fabra al frente, decidió asumir en 2011 la deuda de más de 32 millones de euros, y que el PSOE decidió llevar esa operación, llena de interrogantes, ante la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora, señalan las fuentes consultadas, ese episodio se volverá a reabrir y supondrá un duro varapalo para algunos integrantes de la cúpula del PP a nivel regional. Entre otros, la actual presidenta del partido, Isabel Bonig, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, que respaldaron, desde sus puestos en el Consell, la decisión de Fabra.

La UCO investiga el origen y el reparto del dinero que movían Zaplana y los Cotino desde hace 20 años

MADRID.- Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan, tras la explosión de la operación Erial, el supuesto cobro de comisiones del exministro Eduardo Zaplana desde hace más de dos décadas: Según la tesis de los investigadores, el exministro cobró en el extranjero importantes cantidades de dinero por concesiones públicas que dependían de la Generalitat Valenciana y que se remontan en algunos casos hasta 1997. Después, Zaplana habría repatriado fondos de forma paulatina para introducirlos en España, en un procedimiento que se intensificó en los últimos años y en el que los investigadores colocan como pieza fundamental a su exjefe de Gabinete, Juan Francisco García Gómez, que tras abandonar la política ejercía como abogado en Barcelona. 

En un segundo escalón a la hora de mover el dinero ya en España, los agentes colocan a otra persona de confianza del exministro, llamada Joaquín Barceló Llorens. La trayectoria política de Barceló ha estado unida a la de Zaplana desde que el segundo fue alcalde de Benidorm en 1991. 
Tras pasar por varios cargos en la Generalitat, los agentes consideran que su relación se extendió cuando Barceló dejó la política para levantar un importante patrimonio inmobiliario en España, dependiente de una madeja de sociedades como Costera del Globo SL o Desarrollos Integrales SL
Los agentes de la UCO trabajan con la tesis de que Barceló sirvió de testaferro a Zaplana para colocar el dinero ilegal en España y que parte de esas compras inmobiliarias pertenecen en realidad al exministro popular.
A este respecto, los agentes analiza además la compra de un piso en la zona centro de Madrid que se compró sin necesidad de hipoteca. Sin embargo, según ha podido saber El Español, la operación fue posible ya que con anterioridad, Zaplana se había desprendido de un inmueble de mayor valor en el Paseo de la Castellana de la capital.
En total y como resultado de las investigaciones, que arrancaron en 2015 pero que se intensificaron hace ahora año y medio, la Guardia Civil sospecha que Zaplana pudo mover una cantidad ligeramente superior a los 10 millones de euros. 
La clave de la investigación ahora es determinar tanto la cantidad de ese dinero que corresponde realmente al expresidente valenciano, ya que se ha movido a nombre de terceros, y si procede de comisiones cobradas por la concesión de contratos públicos cuando Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana. 
Por eso, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia le investiga por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Fuentes próximas a la investigación consideran que parte de ese dinero habría permanecido oculto en cuentas extranjeras -paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay- hasta fechas recientes, cuando habría empezado a recuperarlo a través de pequeñas partidas. El dinero pasó por otros paraísos fiscales más tradicionales como Luxemburgo. Desde ahí daba el salto definitivo a España. 
Según ha sabido El Español, los investigadores señalan al ex director general de Turismo de la Generalitat Joaquín Barceló y a su mujer Felisa López como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.
Además, los agentes investigan también la estructura empresarial de los hermanos José y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino. Y lo hacen con una doble función: por un lado buscan presuntos pagos al entorno del expresidente valenciano y por otro, investigan si parte de su entramado empresarial o de sus inversiones dentro y fuera de España pudieron servir para ocultar patrimonio de Eduardo Zaplana.
Algo similar sucede con las operaciones emprendidas por el despacho de Juan Francisco García Gómez. Queda por clarificar qué parte de esas operaciones pertenecía directamente al expresidente autonómico o si parte de ese dinero eran en realidad de otros clientes. Para eso, serán determinante la información obtenida de las escuchas telefónicas, que colocaría a Zaplana al frente de movimientos financieros e inversiones emprendidas formalmente por terceros. 
En esta parte de la investigación, la jueza Isabel Rodríguez ha citado también como investigadas al exdirector de la Policía y exconseller Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.  La secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, quedó puesta en libertad sin cargos tras declarar durante la noche del martes.

Tres años de investigación

Según ha podido confirmar El Español, la llamada operación Erial arrancó formalmente en 2015 y se centran en dos operaciones principales: las concesiones del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana, firmadas en 1997, y las concesiones del Plan Eólico de la Comunidad en 2001. Según ha sabido El Español, los agentes señalan a Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas.
Sin embargo, fue hace año y medio cuando la investigación se intensificó gracias al resultado de las intervenciones telefónicas, que colocaban a Zaplana como conocedor y coordinador de operaciones financieras concretas. A partir de ese momento, la red de relaciones comenzó a crecer hasta pasar por varios paraísos fiscales. Este martes, la operación estalló a primera hora de la mañana cuando el expresidente autonómico salía de su casa para subir en su coche.
A la misma hora y de forma coordinada, eran detenidos en distintos puntos de España el exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens y su mujer, Felisa López; el que fuera jefe de gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; también los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. El listado se completa con el economista Francisco Grau Jornet.
Este último adquiere una relevancia destacada en el tapete de los investigadores. Se trata de un especialista financiero al servicio de Eduardo Zaplana. También es un hombre de confianza del exministro de Trabajo. Grau fue secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007. Su actividad empresarial más reciente está vinculada a la de Zaplana.
Para comprender ese lazo hay que reconstruir los pasos que siguió el ex dirigente popular cuando dejó la política. En 2008, Zaplana asumió el cargo de delegado para Europa de Telefónica. Al mismo tiempo, el ex diputado puso en marcha la consultora Decuria Consulting. Desde su creación, la consultoría ha acumulado una facturación superior a las dos millones de euros.
Desde entonces, Francisco Grau Jornet, hombre de confianza de Zaplana, ha sido el máximo responsable financiero de Decuria Consulting.

La adjudicación de las ITV y el plan eólico

La operación más antigua investigada se remonta a 1997, año en el que se adjudican las concesiones de la ITV en la Comunidad Valenciana. El Gobierno presidido por Eduardo Zaplana gestionó la privatización del servicio. El jefe del Gabinete, Juan Francisco García -detenido este martes- trazó las líneas generales del proyecto. En total se vendió una veintena de instalaciones por un montante próximo a los 37 millones de euros. La familia del empresario Vicente Cotino Escrivá recibió parte de las adjudicaciones.
Los escritos judiciales de la operación Erial ponen el foco además sobre otra operación de envergadura en la Comunidad Valenciana presidida por Eduardo Zaplana. En 2002 se programó la adjudicación del Plan Eólico valenciano, un megaproyecto dotado de 450 millones de euros para obtener energías renovables en siete grandes parques. Vicente Cotino, propietario de la empresa Sedesa, adquirió el 25% de los derechos de la VI zona, que entró en funcionamiento a partir de 2006.
Vicente Cotino es sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino. También empresario de confianza de Zaplana. Detenido este martes en el marco de la operación Erial, su nombre también está relacionado con la financiación irregular del PP valenciano. Él mismo admitió en dependencias de la Audiencia Nacional que fue uno de los empresarios que financió al partido a través de la empresa de Correa, Orange Market. Por ese caso, la Fiscalía le pide -junto a otros ocho empresarios que reconocieron actuaciones similares- el pago de una multa superior a un millón de euros.

Documentación en la Consellería

Los agentes de la UCO se presentaron este martes en la Conselleria de Economía valenciana para recabar información sobre las concesiones de la ITV y del Plan Eólico. Concretamente, solicitaron documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas relacionadas con Vicente Cotino y su hermano José.
Todos los movimientos financieros habrían engrosado unas cuentas en paraísos fiscales caribeños, en Panamá y Uruguay de las que Zaplana podría haber sido el principal beneficiario. Más de diez millones de euros que el exministro habría ido introduciendo en España, según las primeras pesquisas de la UCO, en pequeñas cantidades para no llamar la atención de las autoridades.
Los investigadores colocan a Zaplana en el centro de esa presunta trama que salpica a su círculo de máxima confianza.

Zaplana ocultó un imperio inmobiliario con la red societaria de un matrimonio amigo

MADRID.- Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana que él mismo presidió para ocultar parte de un imperio inmobiliario financiado con dinero de comisiones ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido identificar esas propiedades, que estaban a nombre de terceras personas y mercantiles, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, responsable de la llamada operación Erial.

En esa maquinaria de ocultación, que habría permanecido engrasada durante más de dos décadas, jugó presuntamente un papel fundamental un amigo de la infancia del exdirigente del PP al que este promocionó de forma insistente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens, que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.
Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad. 
Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.
Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han acreditado tras más de dos años de investigaciones que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10,5 millones de euros que llegó a esconder en un estructura offshore con ramificaciones en Uruguay, Panamá, Reino Unido, Luxemburgo y Andorra.
Se trataría de un patrimonio distinto al que oficialmente poseían el exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada, aunque el dinero fluía entre esas dos esferas. Uno de esos movimientos fue precisamente el que hizo saltar las alarmas de forma definitiva. Zaplana se compró hace solo dos meses un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin necesidad de recurrir a financiación bancaria, como reveló El Confidencial este martes. El inmueble estaba valorado en unos dos millones de euros.

Un patrimonio de 7,4 millones

En el afloramiento de los fondos habrían intervenido las empresas inmobiliarias de Barceló y su esposa. La más antigua de las que siguen en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana. El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios. Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros. 
Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle Pescadores, de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de Poniente. Felisa López también figura como administradora.
Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes. 
En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Villajoyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.
Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.
En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). 
Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino, que no fue arrestado pero será citado para declarar en las próximas horas en calidad de investigado.

El abogado uruguayo

Zaplana habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners, especialista en la creación de entramados 'offshore' como el que habría utilizado el presunto cerebro del caso Erial. El nombre de Belhot aparece en la investigación de los papeles de Panamá.
La UCO ya se había topado con el letrado en el caso Lezo. En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer
De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.
En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. 
Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.
La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales.
La lista de detenidos este martes la completan el antiguo jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García Gómez, y su asesor fiscal, Francisco Grau, que fue secretario del consejo de administración de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Asimismo, en los próximas días tendrán que prestar declaración en calidad de investigados otras siete personas. Entre ellas, además de la mujer de Zaplana y Juan Cotino, se encuentra su secretaria personal, Mitsouko Henríquez Alcántara.

Los bomberos esperan hallar con vida a uno de los dos obreros desaparecidos en Madrid

MADRID.- El jefe de la guardia de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Rafael Ferrándiz, ha explicado este mediodía que los bomberos trabajan ahora en retirar un muro anexo a la calle Viriato del edificio derruido ayer en la calle general Martínez Campos para "hacer una zona más estable y poder acceder al cono superior del escombro". Ha señalado también que mantienen la esperanza de encontrar con vida a uno de los dos obreros desaparecidos.

En una declaración a los medios a las 12.30 horas en la zona, Ferrándiz ha explicado que los bomberos llegan trabajando "constantemente" desde que se derrumbó el edificio, sin interrupción, con bombas y equipos que se van turnando y que la altura de los escombros es de unas tres plantas.
"Seguimos trabajando en las zonas marcadas por los perros, en la planta baja, en el interior y estamos trabajando en una operación muy delicada en la calle Viriato. Estamos retirando vigas que están en altura, que amenazan como cuchillos desde arriba. Ayer intentamos retirarlas pero hoy vamos a retirar ese muro para hacer una zona más estable y poder acceder al cono superior del escombro", ha detallado.
El jefe de Bomberos ha asegurado además que esta mañana "han avanzado mucho" en las labores de desescombro y todavía siguen con la esperanza de encontrar con vida a los dos obreros desaparecidos, "pero el trabajo es muy delicado y complicado". "En un momento dado tendremos que parar el desescombro porque tenemos un caseto en superior absolutamente inestable y trabajar debajo de el es un riesgo inasumible", ha advertido.
Ferrándiz ha recordado que han caído siete plantas del edificio en efecto dominó y que ahora el edificio del número 19 de la calle Martínez Campos solo está sujeto por los pórticos metálicos de abajo, presionados por la carga, que ayer los bomberos sujetaron y aseguraron. "Tenemos que quitar la parte de arriba del escombro con una cierta seguridad porque a ver si quitamos todo y caiga encima de los trabajadores", ha añadido.
Los especialistas también han logrado introducir una máquina en el interior de las dos zonas de escombros marcadas por los perros, pero la retirada de los cientos de kilos de cascotes sigue siendo manual. "La máquina hace una limpieza en una viga pero la sacamos una a una. Y miramos que la viga tenga un principio, un seguimiento y un fin para si hubiera un cuerpo, no dañarlo", ha explicado.
En la zona están trabajando ahora 50 bomberos constantemente, con unidades especializadas de desescombros, especialistas, jefes oficiales, "está todo muy controlado", ha dicho el jefe de guardia. Además, ha revelado que están actuando con el brazo extensible más grande de España, que es el del barrio del Pilar y con muchas grúas".
Sobre el trabajo de los perros policías expertos en Salvamento de personas, Ferrándiz ha explicado que para que actúen tienen que parar por un momento las labores de desescombro y entrar en absoluto silencio. 
Por último, ha dicho que han permitido entrar a los vecinos de los inmuebles aledaños para coger material y documentación, pero no se han podido quedar en sus viviendas.
Los familiares de los dos obreros desaparecidos están "enteros" y mantienen la esperanza de encontrarlos, aunque se dan cuenta que pasan las horas y eso va en contra de la situación. Así lo ha explicado a los periodistas la psicóloga del equipo psicosocial de Samur-Protección Social, Belén Jareño, según la cual los familiares -entre catorce y quince personas- no han querido en ningún momento separarse de la zona para estar al tanto de las tareas de los servicios de seguridad y emergencias.

La conexión del expresidente con Ciudadanos

VALENCIA.- Que en los últimos tiempos el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se había acercado de alguna forma a Ciudadanos es un hecho. Zaplana ya presentó en el Club Siglo XXI de Madrid al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recuerda hoy Levante-EMV.

Fuentes populares apuntaban ayer que Zaplana también había mediado para que algunos cargos locales pudieran desembarcar en Ciudadanos. También uno de los diputados de Ciudadanos en las Corts, el alicantino Emigdio Tormo, estuvo muy vinculado en el pasado a Zaplana y a su mano derecha, el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, detenido en 2010 por el caso Brugal.
Hace unas semanas, la número dos del PP Eva Ortiz vinculó en un tenso debate en las Corts al propio Tormo con el pasado de casos corrupción que han salpicado a Ripoll y hasta le exigió explicaciones por esa relación, algo que descolocó a Tormo.
Tormo fue concejal del PP en Elx y director de la Agencia de Energía en la etapa del zaplanista Joaquín Ripoll. Tormo fue uno de los asistentes a la conferencia de Eduardo Zaplana en el Ateneo de València el pasado 16 de abril. Fuentes de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana negaron ayer cualquier relación de la dirección autonómica con el expresidente y acusaron al PP de lanzar esta cuestión para vincular a Zaplana con Cs.
En esa conferencia de Zaplana en el Ateneo Mercantil de València, en la que fue su última aparición pública, no acudió ningún representante de la actual dirección del PP, aunque sí el presidente de la gestora en València, Luis Santamaría.
Entre los asistentes estaban exconsellers como Mari Àngels Ramón-Llin, Miguel Peralta, Lola Johnson o Alicia de Miguel. También cargos actuales como la diputada en el Congreso Susana Camarero o a la autonómica Verónica Marcos. 
Además, hace ahora aproximadamente un año, Ciudadanos repescó precisamente a una asesora muy vinculada en el pasado a Zaplana, para convertirla en jefa de gabinete de la síndica en las Corts, Mari Carmen Sánchez.

El «legado» de Eduardo Zaplana se vuelve en contra de Ciudadanos

ALICANTE.- Ciudadanos se nutrió de antiguos referentes del zaplanismo en sus primeros pasos para su implantación en la Comunidad Valenciana. Dirigentes de la más estricta confianza de Eduardo Zaplana -quien en sus últimas apariciones públicas había sido crítico con la actual dirección del PP regional- abandonaron las filas populares para enrolarse en el partido de Albert Rivera. Entre ellos el actual diputado autonómico Edmigio Tormo, exconcejal en Elche quien en su época se enfrentó con la dirección que presidía Francisco Camps, recuerda hoy Abc.

Tormo, quien en el pasado ocupó cargos públicos en Administraciones gobernadas por el PP, dejó el partido en 2013 y en las elecciones autonómicas de dos años después fue cabeza de lista por Ciudadanos en la provincia de Alicante.
Fernando Mut -director general de Arquitectura en la conselleria de Infraestructuras cuando Zaplana era el presidente de la Generalitat- pasó también a Ciudadanos. En este caso, el que fuera candidato en Gandía por el PP llegó a ser coordinador territorial de Ciudadanos de Valencia, pero dejó su cargo en el partido en 2014, tras conocerse su imputación en el caso Innova, que investiga el supuesto desvío de 6 millones de euros que concedió el Gobierno destinados a un centro de innovación en Gandia.
Jorge Sedano, histórico zaplanista en Alcoy, también pasó del PP a Ciudadanos, aunque ha anunciado que al finalizar la legislatura dejará la política.
Mut y Tormo fueron dos de los asistentes al último acto público de Zaplana en Valencia antes de su detención. Una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia en la que reivindicó su «legado» y criticó la ausencia de «relato» de Isabel Bonig
La actual presidenta del PP de la Comunidad Valenciana explicó este martes en una entrevista en La Linterna de la Cadena Cope que no le «consta» que haya una relación directa entre Ciudadanos y Zaplana.
Con todo, la dirección nacional del PP pretende insistir en ese vínculo. Al respecto, Bonig recordó que el exministro «era muy amigo de Aznar, y Aznar ha manifestado sus preferencias en alguna ocasión por Albert Rivera».
Con todo, ni el concejal por Valencia y coordinador autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, ni el diputado nacional y presumible candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2019, Toni Cantó, guardan relación con Zaplana, quien mantuvo hasta este martes -cuando fue suspendido de militancia- el carnet del PP.
Los populares recuerdan que Zaplana trató de encumbrar a Rivera en su etapa del presidente Club siglo XXI. El exministro dejó la política activa en abril de 2008, justo cuando Mariano Rajoy reforzó su poder en el partido tras el congreso del PP celebrado en Valencia.
Zaplana mantuvo el carnet, pero desde la distancia lanzó guiños a Ciudadanos, que se plasmaron en el fichaje por parte del partido de Rivera de antiguos dirigentes del PP de su época, como los referidos Tormo, Mut o Sedano.
Con todo, la formación naranja marcó distancias este martes respecto al exministro. La portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, subrayó que la detención del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana es «una mala noticia que demuestra que la corrupción estaba asentada en el bipartidismo tradicional».
Sánchez manifestó que es «el momento de pasar página» y que la Comunitat Valenciana sea noticia por las propuestas de regeneración «y no por la corrupción», y ha lamentado que parece que no cesa «la romería» de cargos del PP hacia los juzgados.

El PP presume de tomar «en tiempo récord» una decisión «drástica» sobre Zaplana

MADRID.- El PP está muy satisfecho de la respuesta fulminante que dio ayer tras la detención de Eduardo Zaplana por los supuestos delitos de malversación, blanqueo y prevaricación, en una operación policial desarrollada el en Valencia. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha presumido en el Congreso de la suspensión de militancia de Zaplana en «tiempo récord». Una decisión «drástica» que considera totalmente «acertada», tal como recoge Abc.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Maillo ha explicado que el caso de Zaplana era «lo suficientemente grave como para que el Partido Popular tomara una decisión tan drástica en tiempo récord. Es una decisión muy acertada».
El PP quiere subrayar de forma especial que «Zaplana pertenece al pasado» y todas las personas involucradas en la operación deben responder individualmente de las ilegalidades que hayan podido cometer. 
«A nadie se le detiene por casualidad y parece que hay hechos que son muy graves», ha insistido. «Son conductas totalmente reprochables». Maillo ha recordado que cuando Zaplana actuaba, Rajoy no era presidente del Gobierno ni del partido.
Maillo ha mostrado su confianza en que salga a relucir todo y que cada uno responda de forma individual.
 «La Justicia siempre llega, aunque pasen 10, 14 o 16 años. Lo que no vamos a tolerar es que se manche la imagen y las siglas de un partido honrado y honesto, con miles de cargos públicos que han hecho una labor en beneficio del país de una manera limpia».
El coordinador general del PP ha defendido que su partido no actúe con la misma celeridad en otros casos de supuesta corrupción. A su juicio, no todos los casos son iguales. 
«Tenemos que ser cuidadosos y justos a la hora de tomar algunas decisiones. La envergadura de los hechos que se empezaban a conocer hacía que teníamos que tomar una decisión muy rápida».

Unos papeles de la 'operación Taula' contra Rita Barberá, origen del caso contra Zaplana

MADRID.- El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana no llegó a salir ayer del garaje de su casa en pleno centro de Valencia. Cuando iba a hacerlo, poco después de las ocho de la mañana, para acudir a una cita médica, se encontró a una pareja de agentes de la Guardia Civil, que lo esperaban para detenerlo, recuerda hoy Abc

La UCO llevaba meses investigando si el expresidente de la Comunidad Valenciana se embolsó 10,5 millones de euros durante sus años al frente del Ejecutivo (e incluso después) a cambio de concesiones públicas; si ese dinero lo ocultó en varios paraísos fiscales a nombre de terceros y si después esas «mordidas» volvieron a España para reinvertirse y acabar formando parte del patrimonio del que fue ministro de Trabajo del presidente Aznar.
Los documentos encontrados en algunos de los registros confirman, según ha podido saber Abc, los indicios con los que trabajaban los investigadores. No solo eso, sino que ya se ha logrado localizar una parte importante de los fondos que habían sido blanqueados a través de una trama formada por allegados de Zaplana.
La operación «Erial» -en la que han sido detenidas siete personas- tuvo su origen en un hallazgo casual durante la operación «Taula», en la que se investigó a Rita Barberá y sus concejales. Durante el registro de un despacho de abogados relacionado con el «arrepentido» Marcos Benavent, el «yonki del dinero» según se autodefinió, la UCO encontró unos documentos que no guardaban relación ni con esos hechos ni con ninguna de las personas afectadas por la causa.
Benavent contó entonces que esos papeles se los había entregado en 2012 un sirio y aseguró que solo estaban bajo su custodia. Localizado el sirio, se confirmó cómo se habían obtenido los documentos y cómo se los había entregado a Benavent.
El hallazgo era tan importante que motivó una nueva denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción en los Juzgados de Valencia. Esos papeles obtenidos por azar reflejaban licitaciones públicas y exponían operaciones societarias relacionadas con esas adjudicaciones fraudulentas e incluso aparecían personas físicas y jurídicas. La causa recayó en el Juzgado nº 8 y en ella se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, entre otros.
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tienen puesto el foco en el afloramiento de las comisiones que habrían sido entregadas a Zaplana por los empresarios que se beneficiaron de los contratos públicos bajo sospecha.
Las dos adjudicaciones públicas más importantes investigadas son la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en 1997 y una parte del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en concreto una concesión de 2005. Ambas recayeron en sociedades vinculadas a Sedesa y el grupo empresarial de la familia Cotino. A cambio de esas dos concesiones millonarias, Zaplana habría cobrado 10,5 millones de euros.
Las investigaciones han revelado las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo para adjudicar los contratos investigados, han permitido identificar a sus responsables, determinar cómo se pagaron las comisiones y cómo se blanquearon los beneficios a través de sociedades y testaferros. Y lo más importante: se ha logrado localizar una parte fundamental del dinero negro en Luxemburgo.
Varios agentes de paisano se trasladaron ayer a la Consejería de Economía con una orden judicial y requirieron documentación relacionada con los citados contratos. Uno de los expedientes que solicitaron fue el de explotación de la concesión administrativa de las ITV (servicio que se privatizó en 1997), unas adjudicaciones que fueron concedidas a la familia Cotino cuando Zaplana se encontraba al frente de la Generalitat.
Concretamente, se apunta a Vicente Cotino, empresario y sobrino del exdirector general de la Policía Juan Cotino, quien también fue detenido ayer. Este empresario es uno de los nueve que acaba de pactar con la Fiscalía tras reconocer que pagaron 1,2 millones en negro para saldar la deuda del PP valenciano con la trama Gürtel.
Los agentes requirieron igualmente el desarrollo y ejecución del Plan Eólico (adjudicación que se produjo en 2003), realizado por Zaplana durante su segunda legislatura para el impulso de las enegías renovables. 
El foco está puesto en la Sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la cual resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico en varias zonas. La mercantil estaba participada por Endesa, Bancaja y Sedesa, controlada por Vicente Cotino, quien acabó vendiendo sus participaciones a Iberdrola.
Sobre Juan Cotino se sabe que será llamado a declarar primero por los investigadores y después por el juez como investigado. No se le ha detenido, pero hay indicios que lo apuntan.
El resto de personas arrestadas e investigadas, entre ellas la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, forman parte en principio de la trama para blanquear las «mordidas» y reintegrar los fondos en el sistema legal a través de distintos mecanismos.
Se trata del jefe de Gabinete durante el mandato de Zaplana, y mano derecha suya, Juan Francisco García (era presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones bajo sospecha); Joaquín Barceló (exdirector general de Turismo de la Generalitat y alto cargo en Terra Mítica) y su mujer Felisa López (ambos relacionados con la trama societaria para repatriar fondos desde Luxemburgo); Francisco Grau, asesor fiscal y financiero y vinculado a la CAM y otro socio de una de las sociedades que pagó comisiones.
La Guardia Civil realizó ayer una veintena de registros en Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona. Se llevó los dos Audi de Zaplana y por la tarde se trasladó a su chalé de Benidorm.

Así fue la operación para detener a Zaplana: un sirio y el 'yonki del dinero' apuntaron a los 10 millones en Uruguay

VALENCIA/MADRID.- Un registro casual en una oficina de Marcos Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', el peculiar arrepentido del llamado caso Taula, explosionó ayer como una bomba de racimo en forma de otra macrooperación en la que fueron detenidos el ex presidente valenciano y ex ministro del PP, Eduardo Zaplana, y otras seis personas, entre ellas el empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, ex director general de la Policía y ex vicepresidente del Gobierno regional, revela hoy El Mundo.

La llamada operación Erial, que así ha sido bautizada por la Guardia Civil, señala a Zaplana como parte de un entramado formado para el cobro fraudulento de hasta 10,5 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
El ex ministro y emblemático dirigente del PP habría sido descubierto intentando repatriar el dinero que mantenía oculto en Uruguay a través de un circuito internacional en el que también figuraba Luxemburgo, informan Ángeles Escrivá y Esteban Urreiztieta. La pista inicial que puso a los agentes sobre la pista fue un dosier entregado por un ciudadano sirio a Marcos Benavent.
Los agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en dependencias de la Consejería de Economía de la Generalitat y solicitaron toda la documentación disponible sobre el proceso de privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) iniciado en 1997 por el Gobierno de Zaplana con la supervisión directa de su jefe de gabinete -Juan Francisco García, ex presidente del club de baloncesto Estudiantes y aspirante a dirigir la ACB fue detenido en Barcelona- y los contratos de adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que arrancó en 2001. García presidió la mesa de contratación.
Uno de los principales investigados en ambos procesos de contratación sería el grupo de empresas, entonces conocido como Sedesa, liderado por Vicente Cotino, que fue beneficiario de algunos de los lotes en que se dividieron ambos programas, tanto los relativos a las ITV como el de colocación de molinillos en todo el territorio para transformar el viento en energía, plan todavía en marcha.
Vicente Cotino ya fue condenado a año y medio de prisión junto al sucesor de Zaplana y ex presidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Cotino es también uno de los empresarios que han admitido haber participado en la financiación irregular de las campañas electorales del PP en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel.
La investigación, que se inició hace dos años, ha permitido desentrañar las operativas fraudulentas utilizadas para la adjudicación dirigida de las licitaciones investigadas, identificar a los responsables, determinar el sistema de pago de comisiones y establecer los complejos sistemas utilizados para blanquear los beneficios obtenidos. La Guardia Civil cree haber localizado una parte importante de los mismos.
La operación se desplegó ayer con gran amplitud, con hasta 22 registros en domicilios particulares y sedes sociales de empresas. Además de Zaplana, García y Cotino, fueron detenidos José Cotino; Francisco Grau, economista y ex secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo; Joaquín Barceló Llorens, director del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm y ex directivo del parque Terra Mítica, y su mujer, Felisa López. Además, han sido imputados Juan Cotino, el ex director de la Policía, y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.
La detención de Eduardo Zaplana, el tercero de los ex jefes del Ejecutivo regional nombrados por el Partido Popular sometidos a investigación, cierra el círculo de una época en la Comunidad Valenciana, que se inició con el apoteósico triunfo de Zaplana sobre la izquierda en 1995 y concluyó veinte años después, en 2015, con la pérdida del poder a manos de una coalición liderada por el PSPV y los nacionalistas de Compromís, con apoyo de Podemos.
Para estupor de sus seguidores, que todavía eran legión entre los pata negra del PP -ayer se escuchó algún «aguanta, Eduardo»-, Zaplana fue detenido al filo de las ocho de la mañana cuando salía del garaje de la vivienda que tiene alquilada en Valencia para sus periódicas visitas a la ciudad, sea por motivos políticos, familiares o de salud, dada la grave enfermedad que se le diagnosticó hace un tiempo y por la que sigue siendo tratado.
La caída de Zaplana es, probablemente, la más relevante de las producidas hasta ahora en la región, incluyendo Gürtel, del que salió airoso su sucesor, Francisco Camps, ahora investigado por una posible malversación en la Fórmula 1.

El PP se desentiende de Zaplana y lo vincula con Rivera

MADRID.- El PP ha tardado menos de dos horas en hacer frente a otro episodio de descrédito por un nuevo caso de corrupción y ha decidido suspender de militancia a Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Valenciana, tras su detención esta mañana en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales procedentes de comisiones ilegales en su etapa al frente del Gobierno valenciano, según incide El Mundo

Esta actuación, para desentenderse de los problemas judiciales de quien fuera también portavoz del PP en el Congreso, se ha completado con la distribución a los medios de comunicación de informaciones que sitúan al ex dirigente valenciano en el ámbito de Ciudadanos. Desde el PP se ha explicado que algunos periodistas han solicitado estas noticias y se ha optado por enviarlas a todos. 
En el resumen se puede ver al ex ministro con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando éste pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI, que Zaplana presidía. Junto a la imagen se reproduce un párrafo de una información en la que fuentes internas del PP apuntan a que fue él quien abrió a Rivera "las puertas del Ibex 35, con lo que conlleva de financiación". 
También se adjuntan noticias de 2015 del diario Las Provincias sobre el acercamiento a Ciudadanos de ex políticos del PP, todos muy cercanos a Zaplana.
Y una más reciente, de El Mundo del pasado abril, cuando el ex ministro en un ciclo de conferencias en el Ateneo Mercantil, criticó a PSPV y Compromís por "su falta de rumbo" y al PP por carecer de "relato político".
Mientras se recordaban estos hechos el PP ha consumado este martes la expulsión de Zaplana en dos actos. Primero se ha reunido el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano y ha acordado la apertura de un expediente informativo, que se ha remitido a la dirección nacional para que proceda a la suspensión cautelar de militancia. El siguiente paso es que que este mismo órgano, pero a nivel nacional, valide la retirada del carné.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ya había anunciado esta mañana esta resolución en los pasillos del Congreso que se producía, ha dicho, a instancias del PP valenciano. Aunque todo queda a expensas de la investigación judicial, la detención, ha indicado Maíllo, es un hecho "grave" que obliga a tomar una decisión "drástica" y difícil".
"Nadie es detenido por casualidad", ha asegurado Maíllo para justificar la reacción inmediata del partido. Respetamos la presunción de inocencia, pero "el PP tiene que tomar medidas ante un hecho que parece que reviste gravedad".
El dirigente se ha esforzado en destacar que desde hace 10 años Zaplana no ocupa ningún cargo público pero eso, ha reconocido, "no impide que debamos tomar medidas". Zaplana, pese a los intentos de vincularlos a Cs, sigue siendo para el votante de centro derecha un dirigente del PP tanto por el poder territorial que tuvo en la Comunidad Valenciana como por su paso a lo política nacional en 2003, primero como ministro de Trabajo con José María Aznar y después como portavoz del PP en la oposición durante la legislatura 2004-2008 con Mariano Rajoy ya como líder del partido. No obstante, en los pasillos de la Cámara fuentes populares ironizaban hoy preguntando que "quién es Zaplana".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se encontraba en Salamanca, en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, ha evitado pronunciarse sobre su detención que se ha producido sin que se haya transcurrido un mes de la "obligada" dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Preguntado por los periodistas por cómo se encuentra "de ánimo", Rajoy ha respondido con un escueto "muy bien".
Sólo el barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha atrevido a pronunciarse y ha expresado su "sorpresa" y "tristeza". "Le ha sorprendido a mucha gente porque no conocíamos ninguna información de forma directa o indirecta", ha dicho.
"Más allá de "la tristeza que produce que una persona que tuvo cargos muy relevantes en el PP haya sido detenida", Feijóo ha deseado que Zaplana "pueda esclarecer los hechos y podamos tener una información completa de su conducta y de sus actitudes".
Para el PP valenciano, carcomido por los casos de corrupción y sin opciones reales de resurrección por el lastre de todas las irregularidades de la era Camps, la detención de Zaplana ha sido un golpe político mayúsculo. Por ello han reclamado a Génova su expulsión inmediata para intentar poner un muro de contención.  "En el PPCV no nos vamos a poner de perfil en este asunto", ha manifestado en Valencia la dirigente María José Catalá. Todos los implicados que estén afliados al PP serán también expulsados.
La misma distancia quiere establecer el PP nacional. Maíllo, muy duro, ha defendido que deben ser"tajantes" y "claros" en la lucha contra la corrupción. "El PP no acepta que nadie intente aprovecharse de sus siglas" aunque, ha añadido, "no digo que éste sea el caso".

19 de los 65 condenados por las tarjetas ‘black’ podrían ir a prisión

MADRID.- La Sala II del Tribunal Supremo, conformada por cinco magistrados y presidida por Miguel Colmenero, comenzó a deliberar ayer sobre los 67 recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas black. Aquel fallo, de febrero de 2017, condenó a 120 años de prisión, por apropiación indebida, a 65 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia que, entre 2003 y 2012, cargaron unos 12 millones de euros en gastos sin justificar a unas tarjetas de crédito de empresa que nadie controló y que ni siquiera tributaron, recuerda hoy Cinco Días.

Al menos 19, aquellos con penas superiores a dos años o antecedentes penales, ingresarían en prisión si el alto tribunal ratifica sus condenas. La Sala volverá a reunirse en los próximos días para continuar su análisis.
El caso más claro es el del exvicepresidente económico del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, que presidió ambas entidades entre 2010 y 2012.
La Audiencia Nacional le impuso cuatro años y medio de prisión, pena solo superada por la condena a su antecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que se suicidó el pasado julio tras ser condenado a seis años de cárcel.
Otros 18 condenados, a los que la Audiencia Nacional impuso penas de más de dos años de cárcel también ingresarían en prisión si el Tribunal Supremo rechaza ahora sus recursos y ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional.
Es el caso del exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín (que pertenecía a Izquierda Unida), condenado a cuatro años; del exvicepresidente Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda con el PP) o de los exconsejeros Francisco Baquero (CC OO) y Antonio Romero (PSOE), a quienes la Audiencia impuso tres años y dos meses de prisión. La misma pena encaran Francisco José Morue o Jorge Gómez Moreno. Por otra parte, la Audiencia Nacional impuso tres años a José María de la Riva, Rodolfo Benito o Gonzalo Martín Pascual.
Para el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, así como para Rubén Cruz, Antonio Rey de Viñas, Antonio Cámara, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Gómez del Pulgar, Fráncico José Pérez Fernández, Miguel Ángel Abejón, las penas fueron de dos años y seis meses.
También podría volver a prisión el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que acaba de salir de la cárcel tras cumplir cinco de los 10 años de condena por alzamiento de bienes o blanqueo de capitales en el caso Marsans. Las black podrían costarle ahora otros dos años a la sombra.
Aunque usualmente solo ingresa en prisión quien sufre una pena de al menos dos años y un día, los antecedentes penales de Díaz Ferrán podrían hacer que en su caso el castigo se haga efectivo.
Más allá, no sería el primer caso financiero en que un tribunal decrete ingreso en prisión para quienes han sido condenados a solo dos años. Así ocurrió, por ejemplo, con cinco exdirectivos de Novagalicia condenados a dos años de cárcel por los que la Audiencia Nacional reclamó su ingreso en un penal. En este escenario, la colaboración con la justicia o la devolución del dinero gastado serán elementos decisivos.
Más allá de la posibilidad de que ratifique las penas, el alto tribunal podría acabar elevando el castigo a algunos de los acusados, como es el caso de Rato o de la exmano derecha de Blesa, y responsable financiero de las entidades, Ildefonso Sánchez Barcoj.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo, que ejerce como acusación particular ha recurrido para pedir que sean condenados por administración desleal además de por apropiación indebida.
Del lado contrario, el Supremo podría terminar estimando los recursos de los condenados y reduciendo, o anulando, sus penas, evitando que al menos algunos entren en prisión. La resolución del alto tribunal se conocerá en los próximos días.