martes, 9 de abril de 2013

Familiares, amigos y admiradores dan el último adiós a Sara Montiel

MADRID.- Los restos mortales de la actriz y cantante manchega, recriada en Orihuela, Sara Montiel descansan ya en el Cementerio de San Justo de Madrid junto con los de su madre y hermana tras un emotivo funeral en el que familiares, amigos y admiradores le han dado el último adiós a la actriz, que falleció ayer por un problema de tensión arterial a los 85 años de edad.

   Poco antes de que el cortejo fúnebre recorriera las calles principales de la capital, se ha celebrado una misa en el tanatorio de San Isidro a la que sólo han asistido sus más allegados. Entre los presentes estaba su representante, Carmen Grey, que ha confirmado que la familia se encuentra "muy afligida" por lo ocurrido.
   Por su parte, el periodista y amigo de la manchega Jesús Mariñas, se ha ido un poco antes de la misa porque prefería "recordarla viva" a ver sus restos mortales. Mariñas también ha estado presente en el homenaje que le han hecho los seguidores de la artista en la madrileña Plaza de Callao, donde el cortejo fúnebre ha hecho una pequeña parada para recibir la ovación de los allí presentes.
   Hasta un total de doscientas personas han tenido la oportunidad de dedicar unas últimas palabras a Sara Montiel, entre las que ha resaltado, por encima de todas, el piropo de 'guapa', mientras se proyectaban películas que le lanzaron a la fama como 'El último cuplé' y 'La violetera'.
   Compañeros suyos de la profesión tampoco han querido perderse el entierro de Sara Montiel, ya que para muchos de ellos es "un espejo donde mirarse", como ha afirmado la actriz Loles León, que además ha confesado ser una seguidora de la artista. El presentador Boris Izaguirre también ha dado el último adiós a la polifacética artista, que la ha calificado de "inmortal".

La fuerte presencia policial evita el 'escrache' de la PAH frente a la sede del PP en Madrid

MADRID.- El dispositivo formado por más de una treintena de furgones de la Policía Nacional y decenas de agentes ha impedido este martes que los activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevasen a cabo un 'escrache' en la sede nacional del PP de la madrileña calle de Génova.

   El acto había sido convocado a través de las redes sociales para reclamar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso y que solicita la dación en pago.    
   A las siete de la tarde, unas 200 personas se han congregado en la glorieta de Alonso Martínez con la intención de acceder a la calle Génova, cortada al tráfico por la Policía, que además ha controlado el acceso por las vías perpendiculares y por la plaza de Colón. Solo los vecinos, previa identificación, han podido entrar a la zona protegida por la Policía.
   Los participantes en el 'escrache' han evitado permanecer frente a la valla custodiada por los agentes y se han reunido en el cercano bulevar de Alonso Martínez para celebrar una asamblea bajo la vigilancia de los agentes de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios.
   Durante algo más de hora y media, varias personas han intervenido en la improvisada asamblea y, mégafo en mano, han relatado su experiencia al ser desahuciados, muchos de ellos, de origen sudamericano y vinculados a la PAH.
   En las intervenciones, los asistentes, que se han resistido al viento que soplaba en Madrid, han gritado consignas como 'Sí se puede' o 'El pueblo unido jamás será vencido' y portaban pancartas con lemas 'Si me echas de casa dormiré en tu puerta'.
   Sobre las ocho y media y tras anunciar nuevos 'escraches' a lo largo de esta semana, los miembros de la PAH han desconvocado la asamblea. Muchos de los congregados se han marchado en grupo para evitar identificaciones de la Policía, según ha explicado un portavoz de la Plataforma, y demostrar "la voluntad pacífica" de la protesta que ha finalizado sin incidentes.
   Unos minutos después, sobre las nueve de la noche, la Policía ha reabierto el tráfico en la calle Génova. Varios furgones han permanecido estacionados frente a la sede del PP.
   Esta acción se encuadra en el marco de una iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ha convocado 'escarches' ante las sedes del PP de unas 40 ciudades de toda España para reclamar la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios.
   En la convocatoria de los actos, la PAH recuerda que la ILP fue presentada en el Congreso con el respaldo de 1,4 millones de firmas y lamenta las enmiendas que el PP a introducido a la misma y que suponen una "rebaja sustancial" de las propuestas contempladas en la ILP --que recuerda que son propuestas de "mínimos"-- y "perpetúan la condena y el drama en el que se encuentran miles de familias".
   "El PP ahora tiene la obligación de escuchar el clamor popular, está en sus manos aceptar las demandas de la ciudadanía, o continuar perpetuando una situación que condena a miles de personas a una muerte civil", apostilla.
   Asimismo, la PAH critica el "burdo intento" realizado por el PP de "criminalizar la campaña de escraches informativos" a los diputados de esta formación. De hecho, según informaron a Europa Press fuentes 'populares', el PP ha sumado hasta este lunes un total de 15 casos de 'escrache' a sus diputados.

Madrid permitirá la destrucción de yacimientos a proyectos como Eurovegas

MADRID.- La voluntad de la Comunidad de Madrid sigue siendo la de facilitar la destrucción de yacimientos y el expolio arqueológico a megaproyectos como Eurovegas. Pese a las denuncias de los arqueólogos madrileños hace un año, el proyecto de Ley de Patrimonio Histórico sigue abriendo la puerta al destrozo del patrimonio. El Ejecutivo regional, no obstante, siempre ha negado que los cambios en la actual ley, vigente desde 1998, estén relacionados con Eurovegas, el plan para construir en Alcorcón hasta tres campos de golf y seis casinos, con 18.000 tragaperras y un millar de mesas para jugar al póquer, los dados, la ruleta o el blackjack.

Uno de los grandes agujeros del proyecto de Ley es la ausencia de la arqueología preventiva ante proyectos de construcción. Estas investigaciones científicas llevan a cabo estudios históricos de la zona, sondeos selectivos en el terreno y controlan los movimientos de tierras para descubrir posibles restos arqueológicos, de fauna prehistórica o humanos. Sin la arqueología preventiva, las máquinas pueden arrasar yacimientos desconocidos de incalculable valor. Además, todo lo que se encuentre en una obra puede llegar a ser considerado “hallazgo casual”.
En 2004, por ejemplo, un matrimonio se topó en la orilla del embalse de Barbate (Cádiz) con cuencos, hachas, flechas y otros utensilios, que resultaron pertenecer a una gran necrópolis de la Edad de Bronce en la que se enterró al menos a una decena de personas hace más de 4.000 años. La Ley estatal de Patrimonio Histórico establece un premio en metálico para el descubridor y el propietario del lugar (la mitad del valor tasado legalmente para cada uno), así que la Junta de Andalucía propuso 15.800 euros como recompensa por los materiales hallados. Sin embargo, hace un año, el Tribunal Supremo sentenció que los descubridores tenían derecho a recibir un premio por la totalidad de la necrópolis y no sólo por el puñado de materiales que encontraron.
Lo mismo ocurrió en 1992, casi una década después de que un pastor aburrido empezara a arañar el suelo mientras su ganado pastaba en una finca de Carranque (Toledo). Bajo sus pies apareció un mosaico, que permitió a los expertos desenterrar otra veintena de ellos, pertenecientes a una villa romana del siglo IV. En una sentencia histórica, el Tribunal Supremo obligó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a premiar al pastor con la mitad del valor de la villa romana.
Al eliminar la arqueología preventiva de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, estos hallazgos casuales se pueden multiplicar, según los expertos consultados. En el caso de Alcorcón, donde se establecerá Eurovegas, existe un yacimiento paleolítico en torno al arroyo Butarque. En el periodo romano en Hispania, además, el territorio formaba parte de los dominios de los carpetanos, un pueblo celtíbero prerromano. Si aparece algún resto durante la construcción de los casinos, podría darse el caso de que los españoles tuvieran que pagar al magnate Sheldon Adelson, promotor de Eurovegas y una de las 15 personas más ricas del planeta, la mitad del valor de lo hallado.
La oposición al Gobierno regional presidido por Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, va a intentar frenar el proyecto de Ley en la Asamblea de Madrid. Según las fuentes consultadas, el PSOE, IU y UPyD presentarán mañana enmiendas a la totalidad. “El proyecto de Ley incluye barbaridades en temas arqueológicos y abre la puerta a la destrucción irreversible del patrimonio”, critica María Encarnación Moya, diputada socialista.
El proyecto de Ley, como ya hacía el borrador del anteproyecto hace un año, sostiene en su artículo 31.2 que “los bienes muebles [aquellos que se pueden transportar fácilmente] descubiertos como consecuencia de intervenciones arqueológicas, paleontológicas o remociones de tierra o por azar, tendrán la consideración de bienes de dominio público”. El proyecto de Ley, por lo tanto, deja de nuevo fuera los bienes inmuebles, como pueden ser un poblado de la Edad del Hierro o una villa romana como la de Carranque.
Otro de los puntos negros del texto es el silencio administrativo positivo. En el artículo 15, el proyecto de Ley explica que los promotores públicos o privados de grandes obras, que requieren una evaluación de su impacto ambiental, “podrán elevar consulta previa” al gobierno autonómico para determinar los daños que se podrían producir en el patrimonio histórico. La consulta, por lo tanto, no es obligatoria.
Además, cuando la normativa medioambiental lo exija, el Ejecutivo regional tendrá que emitir un informe por la afección al patrimonio histórico. Pero, según el proyecto de Ley, si el informe no está listo en 30 días hábiles, “se entenderá que es favorable y se podrá continuar el procedimiento”, salvo que se trate de un Bien de Interés Cultural, una figura de protección del patrimonio histórico.
“Utilizar el silencio positivo es ilícito. Sólo se puede emplear con bienes que no sean de dominio público y esto no ocurre con el patrimonio arqueológico. Es una barbaridad”, lamenta María Ángeles Querol, catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, “el proyecto de Ley va en contra de la protección del patrimonio”.
“Cuando se va a llevar a cabo una ampliación urbanística, una carretera o un aeropuerto, la arqueología preventiva estudia el territorio para asegurarse de que no hay yacimientos. Con esta ley no hay nada de eso”, denuncia Querol, que fue subdirectora general de Arqueología del Ministerio de Cultura.

Muere en Madrid el economista español José Luis Sampedro, a los 96 años

 
MADRID.- El escritor y humanista español José Luis Sampedro falleció hacia las 1.30 horas de la madrugada del lunes en su casa de la calle Cea Bermúdez de Madrid, a los 96 años de edad, y estaba "sereno y tranquilo" porque "no tenía miedo a la muerte", según ha relatado su viuda, Olga Lucas.
"Nos dijo que quería beberse un Campari, así que le hicimos un granizado de Campari. Me miró y me dijo: 'Ahora empiezo a sentirme mejor. Muchas gracias a todos'. Se durmió y al cabo de un rato se murió", ha relatado su viuda.
El Premio Nacional de las Letras en 2011, que ha sido incinerado este martes en el cementerio de La Almudena, ha muerto feliz y "como ha vivido: con sencillez y falta de publicidad", algo que era un deseo expreso que había dejado escrito.
Según ha señalado su viuda, a Sampedro "le daba pavor el circo mediático en torno a la muerte de los famosos" y por eso dejó escrito que solo debían anunciar su muerte "cuando ya estuviera incinerado".
Olga Lucas ha explicado que el escritor había asumido con naturalidad la muerte, "dentro de que no le apetecía morirse".
 "Decía que tenía miedo a fallar, a no saber hacerlo con dignidad, pero no tenía miedo a morirse", ha añadido.
Para su viuda, vivir al lado de Sampredro ha sido "vivir al lado de una nube de cariño". 
"Ha sido un privilegio estar a su lado", ha concluido.
El autor prolífico recibió en 2011 el Premio Nacional de las Letras Españolas, y en 2010 el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por su "sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo".
Además de una decena de obras económicas, publicó las exitosas novelas 'El río que nos lleva' (1961), que fue llevada al cine; 'El amante lesbiano (2000)', y su último libro fue 'Reacciona' (2011).

Madrid estudia "reformas legislativas" a la imagen de la ley del suelo valenciana para simplificar trámites

MADRID.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, ha adelantado este martes que el Gobierno regional está estudiando "reformas legislativas" de la Ley del Suelo para simplificar y agilizar los trámites administrativos, a la imagen del proceso de modificación de la Ley Urbanística valenciana, que ha calificado como "un ejemplo" y "un modelo a seguir" por otras regiones.

   "Estamos estudiando reformas legislativas que pueden ayudar a simplificar los trámites administrativos en el ámbito urbanístico y en el ámbito del medio ambiente. Estoy convencido de que la ley que nos ha anunciado la consellera de Medio Ambiente e Infraestructuras, Isabel Bonig, será un ejemplo y un modelo a seguir por otras comunidades", ha apuntado Sarasola, tras reunirse en Madrid con su homóloga valenciana en la Comisión Ejecutiva de Conexus.
   En concreto, el consejero madrileño ha adelantado que las reformas legislativas de la actual ley del suelo pretende hacer que "los ciudadanos vean en sus leyes del suelo y en sus leyes ambientales, leyes ágiles y rápidas". "Madrid ha liberalizado sus horarios comerciales y ésta no va a ser una excepción. Buscamos toda la simplificación y agilidad administrativa posible", ha agregado.
   De esta forma, ambos consejeros han coincidido en la necesidad de que las administraciones ofrezcan, en palabras de Sarasola, "la máxima colaboración y la máxima facilidad" administrativa para que los ciudadanos que deciden transformar su suelo o los empresarios que deciden instalarse en la región lo logren "en el menor tiempo posible".
   Por su parte, Bonig ha presentado a los empresarios valencianos congregados en la reunión la modificación de la ley urbanística que se está llevando a cabo en la región valenciana, la que ha denominado como "plan estrella" de la Comunitat Valenciana, y para la que ha resaltado haber obtenido "muy buena acogida" por parte de empresarios y también por la Comunidad de Madrid.
   Asimismo, la consellera ha destacado la "importancia" de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE), que ha puesto en marcha la Comunitat, y que, a su juicio, añaden "valor, riqueza y un plus de innovación" a la región, y que contarán con "un proceso administrativo express", de forma que el proceso administrativo para su puesta en marcha se reducirá de cuatro, a un año y medio.
   Según ha destacado Bonig, ya hay cuatro actuaciones declaradas en la región, que contarán con 2.700 millones de inversión y una generación de empleo directo e indirecto de 14.000 puestos. Por todo ello, según ha asegurado, todos los empresarios "han alabado la agilización de los trámites y la puesta en marcha de estas infraestructuras".
   Los cuatro proyectos son 'Valencia dinamiza', con el antiguo y nuevo Mestalla; el de Yátova, que se va a desarrollar en "breve", y que pone el acento sobre el turismo del interior de la región; el puerto Ademuz, que será una zona comercial en la zona de Paterna, y que "no será un centro comercial al uso, sino de prestigio"; y por último 'Alcoinnova', un proyecto de alta tecnología.
   Por último, Bonig ha destacado que la Comunitat será la sede en mayo de una cumbre urbanística, a la que estarán invitados todos los consejeros de la rama de ámbito territorial y administrativo de territoriales, tanto a nivel técnico y político y dónde se discutirán las perspectivas del nuevo urbanismo.

El TSJM no fuerza a readmitir a los trabajadores del ERE de Telemadrid

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Telemadrid no forzando a readmitir a los trabajadores despedidos, aunque especifica que las cuantías deben ser consideradas improcedentes, según la sentencia dada a conocer hoy y que tiene 60 páginas.

   La sentencia, por tanto, repercute en las indemnizaciones que los trabajadores del Ente tendrían que recibir, superando a los previstos en el documento del ERE y cuya diferencia los sindicatos cifran en desde 30 y hasta 100 millones de euros.
   De esta manera, el TSJM estima parcialmente la demanda y considera que "procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva adoptada por las demandadas a no haberse acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva", aunque desestima la "causa de nulidad" presentada.
   Se basa para rechazar declarar los despidos nulos básicamente en que el Ente no ostenta consideración de Administración pública y que, por tanto, la prioridad de permanencia del personal laboral fijo es "aplicable a los procedimientos de despido en las Administraciones Publicas".
   En este sentido, rechaza tomar como referencia en favor de los demandantes una sentencia del Tribunal Supremo del 3 de abril de 2009, recaída en el recurso 773/2007, que realiza "una asimilación entre indefinidos no fijos de los trabajadores que acceden de forma irregular a una administración pública y a una sociedad pública", ya que "esa asimilación no resulta extrapolable al problema concreto" en Telemadrid porque "no implica" el grado de "fijeza" de los trabajadores.
   "En conclusión, hemos de desestimar esta causa de nulidad, por las razones expuestas y además porque, con independencia de los procedimientos individuales que los afectados pudieran ejercitar de conformidad con el art. 124.11 de la LRJS, en la presente resolución no puede abordarse esta cuestión relativa a un posible incumplimiento empresarial de las reglas de prioridad previstas legal o convencionalmente, ya que no se ha establecido reglas al respecto en el inexistente Acuerdo de finalización del periodo de consultas", concluye en este aspecto.
   El proceso judicial comenzó el pasado 1 de marzo y en él se dilucidaba la validez del ERE que ha supuesto el despido de más de 900 personas de la corporación de radio televisión pública madrileña.
   Ante esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que se tendría que presentar ante esta Sala dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia.
   El TSJM considera "probado" los hechos expuestos por Telemadrid respecto a la reducción de la actividad y la presupuestaria y asegura  que éstas tienen "consistencia". "Pero resulta evidente que una situación económica negativa, cualquiera y por si misma no basta para justificar los despidos de 925 trabajadores de una plantilla total de 1161", explican.
   Para la sala "la respuesta que se arbitra" de hacer una "revisión general de toda la contabilidad y cambiar el sistema de producción" es "factible" cómo "decisión empresarial, no constituye una causa de extinción de despido colectivo para así eludir las consecuencias legales que de dicha decisión se derivan".
   "Entendemos que las gestión de las 'otras fuentes de ingresos' (publicidad, productos propios, gestión de la imagen) y sobre todo el necesario "control y adecuación del gasto", concurrente, con un sistema de financiación inadecuado, no han sido eficaces tal y como se desprende de la documentación aportada en cumplimiento de las previsiones del art. 4 del Real Decreto 1483/2012", continúan.
   Para el Tribunal, en cambio, "es necesario acreditar algo mas, que esa situación, que no es nueva, actúe sobre la plantilla de la empresa creando la necesidad de reducir los números de puestos de trabajo propuestos o provocando un cese total de la actividad, y que las medidas extintivas respondan a esa necesidad".
   La sentencia explica que "no se ha podido llegar a probar por la empresa y alcanzar la convicción de esta Sala de que las medidas extintivas adoptadas responden plenamente a la necesidad que invocan", ya que "el número de despedidos y la afectación de la medida es tan extenso que afecta mayoritariamente al sector de los contratos sometidos al convenio colectivo, dejando fuera, con la nueva estructura propuesta, prácticamente los contratos de alto valor en el gasto 'de personal'".
   "Desde esta premisa puede llegarse a la conclusión de que el recurso al despido masivo no está justificado porque la causa no está bien ponderada y el resultado no es razonable a la causa económica alegada. En la propuesta de la empresa no se ha acreditado que la reducción de plantilla adecuada a la situación negativa, sea la que se ha propuesto y que lleva al resultado que ahora examinamos. Por último, no es suficiente para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción en el presupuesto, que es insuficiente y congénito a un servicio público, por lo que se ha podido constatar, una reducción presupuestaria, entre un 5 por ciento a 10 por ciento, no parece pueda justificar la idoneidad de la medida extintiva", razona el texto.

Los embalses madrileños superan ya el 90% de su capacidad

MADRID.- Los embalses de la Comunidad de Madrid acumulan este martes un total de 788 hectómetros cúbicos y se encuentran al 90,56 por ciento de su capacidad total, según datos facilitados por el Canal de Isabel II.

   De hecho, la cantidad de agua acumulada ha obligado a desembalsarla en numerosos pantanos en las últimas semanas. De hecho, actualmente el embalse de El Villar está al 102 por ciento y La Aceña está al 100 por cien.
   El incremento se debe a las abundantes precipitaciones de agua y nieve que han caído durante este invierno e inicio de la primavera en la región, que han sido superiores a las del año pasado.
   Estos datos contrastan con los anotados a finales del otoño, cuando los embalses acumulaban poco más del 50 por ciento de su capacidad hídrica, o con los anotados hace 40 días, que se encontraban al 65 por ciento.
   Por embalses, los más llenos son el Atazar, con 380,97 hectómetros y el 89,6 por ciento; Valmayor, con 109,87 hectómetros y el 88,3 por ciento de su capacidad; y Santillana, que almacena 88,35 hectómetros y está al 96,8 por ciento de su capacidad.
   Por el contrario, los que almacenan menos cantidad de agua son el de Navalmedio, con 0,517 y 72,8 por ciento de su capacidad; el de Los Morales, que sólo cuenta con el 52,5 por ciento de su capacidad gracias a sus 1,22 hectómetros cúbicos; y La Jarosa, que tiene 6,50 hectómetros cúbicos y se encuentra al 90,6 por ciento.
   Asimismo, el embalse de La Pinilla tiene 35,9 hectómetros cúbicos y está al 94,4 por ciento de su capacidad; Riosequillo, con 46,88 hectómetros y al 93,8 por ciento; Puentesviejas, con 48,9 hectómetros y el 92,4 por ciento de su capacidad; El Villar, con 23,016, que está al 102 por ciento de su capacidad; El Vado, con 48,9 hectómetros y el 87,8 por ciento; Navacerrada, con 9,52 hectómetros y el 86,2 por ciento; La Jarosa, con 6,41 hectómetros cúbicos y el 89,3 por ciento; y la Aceña, que tiene 21,9 hectómetros cúbicos y está al 92,4 por ciento.

FCC retira el ERE en la recogida de basura

MADRID.- FCC retirará el expediente de regulación de empleo (ERE) que había planteado para un total de 146 trabajadores del servicio de recogida de basuras de Madrid, el 9,7% del total de 1.500 empleados con que la empresa cuenta en esta área, según informaron fuentes de la compañía.

   La empresa ha comunicado esta decisión a los sindicatos en la reunión que ha mantenido con los representantes de los trabajadores en la mañana de este martes.
   Con esta medida, FCC pretende realizar una muestra de "buena voluntad" ante los trabajadores, según detallaron las mimas fuentes. El grupo prevé retirar "en las próximas horas" el expediente que ya había presentado ante las autoridades laborales.

El 60% de los compra-venta de oro no cumplen con la normativa

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este martes que el 60 por ciento de los establecimientos de compra-venta de oro no cumplen con la normativa vigente relacionada con las balanzas que utilizan.

   A este respecto, Ossorio ha explicado que, como consecuencia de una campaña de control en materia de metrología llevada a cabo por la Dirección General de Industria, se realizaron comprobaciones en 29 establecimientos y 37 balanzas, de los cuales el 60 por ciento, en ambos casos, no reunían los requisitos exigidos.
   Tales requisitos son, según ha enumerado, someter las balanzas a una comprobación inicial y revisarlas cada dos años, así como en caso de que sufran una reparación. "Eso es lo que garantiza a los ciudadanos que venden oro que el pesaje del producto que venden está sometido a las normas", ha señalado el consejero madrileño, quien ha constatado que en la venta de oro "un pequeño margen de error significa mucho dinero".
   Asimismo, Ossorio ha indicado que ayuntamientos como los de Parla y Leganés han llevado a cabo inspecciones en este tipo de establecimientos (el primero en once y el segundos en dos) y han encontrado irregularidades.
   Por ello, "desde la Consejería se va a seguir con esta campaña de comprobación y desde la Dirección General de Consumo se van a hacer actuaciones con el Ayuntamiento de Madrid y cualquier otro interesado para controlar este tipo de negocios  desde el punto de vista de consumo", ha declarado.
   En este sentido, ha señalado que en el Portal del Consumidor se va a publicar el formato de la etiqueta que tienen que tener esas balanzas, que tiene que demostrar que ha pasado los controles de metrología.

Un juzgado reconoce el derecho de los docentes interinos a cobrar los sexenios

MADRID.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 23 de Madrid ha reconocido el derecho que tienen los docentes interinos a cobrar el complemento de formación (sexenio) tras estimar el recurso presentado por una interina madrileña, que ha sido representada legalmente por FETE-UGT.

   En la sentencia, con fecha del 27 de febrero, el juez recurre a distintas doctrinas de tribunales comunitarios que se han pronunciado sobre el tratamiento retributivo del personal que no ostenta la condición de personal fijo en las correspondientes administraciones públicas.
   Así hace referencia a una sentencia del 22 de diciembre de 2010 de un juzgado de Mérida que, aludiendo a la directiva 1999/70/CE, establece que en las condiciones de trabajo no puede haber diferencia entre personal fijo y los interinos.
   "No podrá tratarse a los trabajadores con contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparable por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas", señala.
   También hace referencia a un auto del Tribunal de Justicia de la UE de 9 de febrero de 2012, donde se establece que "los funcionarios interinos se hayan en situación comparable a los de carrera" pues no se encuentran "diferencias en la cualificación académica y en la experiencia".
   En este sentido también hace referencia al Acuerdo Marco donde se establece que "no se permite justificar una diferencia en el trato entre un contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que esto esté previsto por una norma general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo".
   Así, declara que la desigualdad de trato "sólo sería admisible si respondiera a elementos precisos y concretos que caracterizan la comisión de trabajo y sean de carácter objetivo y transparente, como los debidos a la especial naturaleza de las tareas a realizar en virtud de un contrato temporal y en sus características inherentes".
   Con todo ello no se encuentra "ninguna justificación por razones objetivas" por la que exista "el derecho a percibir el complemento retributivo por formación permanente únicamente a los profesionales funcionarios de carrera, excluyendo a interinos". Y es que el tribunal encuentra que ambas categorías de trabajadores se hayan en situaciones "comparables".
   Basándose en estos argumentos, el juzgado madrileño estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución de 2011 de la viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.
   En dicha resolución se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la interina demandante contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de esta profesora, que pedía que se le reconociese el derecho al cobro de sexenios desde el 4 de febrero de 2007.
   La sentencia es firme, por lo que no cabe recurso.