jueves, 4 de abril de 2013

La APM responde a Ignacio González que los medios ya tienen límites y rechaza cualquier intento de "imponer opacidad"

MADRID.- La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha respondido este jueves al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que la Constitución y el resto de legislación ya impone unos límites "suficientemente claros" a la libertad de expresión y al derecho de información y ha rechazado cualquier intento "de imponer la opacidad" sobre las actividades de los representantes públicos.

   González ha opinado este jueves, en declaraciones a esRadio, que habría que establecer "límites" a determinadas publicaciones en medios de comunicación porque hay que "cuidar" el "daño" que se hace a personas e instituciones, a raíz de la publicación de unas fotografías realizadas a mediados de los 90 en las que se ve al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un yate con el narcotraficante Marcial Dorado.
   La APM ha indicado que, en primer lugar, "para dar una respuesta cabal" a las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid habría que saber "en qué clase de límites a la libertad de expresión y al derecho de información está pensando, fuera de los ya establecidos por la Constitución y la abundante legislación jurídica al respecto".
   En segundo lugar, y por principio, la APM ha rechazado "cualquier intento, venga de donde venga, de limitar los derechos de libertad de expresión y de información que se trate de imponer violando las normas constitucionales y por encima de la ley".
   En este sentido, la asociación considera que los límites a la libertad de expresión y al derecho de información "están suficientemente claros" y no son necesarios "nuevos límites que, sin especificar, suenan a intentos de imponer la opacidad sobre las actividades de los representantes públicos". "Si alguien considera que han sido vulnerados sus derechos al honor, la intimidad y la propia imagen puede acogerse al derecho de rectificación que establece la Constitución y, si así lo desea, puede recurrir a los tribunales", ha recordado la asociación.
   La APM ha subrayado que existe "una abundante legislación constitucional y judicial" que ampara tales derechos siempre y cuando la información sea veraz y de interés público. El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) señala que, sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que sólo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento.
   El Código subraya que los periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos fundamentales.

El PSM ve a González como "ejemplo de la derecha más autoritaria" tras sus declaraciones sobre los medios

MADRID.-   La diputada socialista Amparo Valcarce ha afirmado este jueves que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, "no respeta las libertades públicas" y ha considerado que es un "ejemplo de la derecha más autoritaria".

   "Ignacio González es el ejemplo de la derecha más autoritaria", ha afirmado Valcarce en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid en referencia a las palabras del presidente regional, quien esta mañana dijo que había que establecer "límites" a los medios de comunicación.
   González se expresó de esa manera en relación a la foto publicada sobre Alberto Feijóo con un narcotraficante tomada hace sobre 20 años. Posteriormente, el presidente autonómico quiso matizar explicando que lo que quería es que los medios fueran "cuidadosos para no hacer daño a las personas y a las instituciones".
   En opinión de Valcarce, González "no respeta ni los derechos constitucionales, ni las libertades públicas".
 "Es gravísimo pretender restar nada menos que la libertad de expresión, los derechos que tienen los periodistas y los medios de comunicación", ha criticado Valcarce, quien ha indicado que, no obstante, no les sorprende porque lo ven "todos los días en la Asamblea de Madrid".

Todos los diputados socialistas que intervienen en el pleno preguntan por el ático de González

MADRID.- Todos los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid que han intervenido en el pleno que se ha celebrado este jueves en la Cámara autonómica han preguntado a los miembros del Gobierno a los que les ha tocado interpelar por la actuación de la Abogacía de la Comunidad de Madrid en la petición a un portal inmobiliario on line de retirada del nombre del presidente regional, Ignacio González, de un anuncio de un piso similar al que el presidente tiene en Marbella.

   El pleno de este jueves ha comenzado con la intervención del socialista José Manuel Franco, que en la pasada sesión pidió la palabra al inicio de la sesión para poder incluir en el orden del día una pregunta sobre esta actuación de los abogados de la Comunidad. Franco ha pedido la palabra también en esta ocasión, pero el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, no le ha permitido tomar la palabra.
   Tras él han intentado tomar la palabra sus compañeros de filas Maru Menéndez, Rosa Alcalá, Amparo Valcarce y José Quintana y posteriormente, se ha levantado toda la bancada socialista; pero la sesión ha seguido adelante.
   No obstante, durante la sesión de control todos los socialistas han hecho mención a la decisión de la Asamblea de "no permitir preguntar" por esta cuestión.
   En este sentido, la diputada Amparo Valcarce ha denunciado en los pasillos de la Asamblea de Madrid que no se les permite preguntar "por la adquisición de un ático", ni por las razones por las que "se utilizan los abogados de la Comunidad de Madrid para defender sus asuntos particulares en un portal inmobiliario".
   Valcarce ha denunciado que los socialistas ven "cómo se recortan la libertad de expresión y los derechos de los diputados de la Asamblea" a diario. "No quieren que se publiquen noticias del presidente de Galicia ni del de la Comunidad de Madrid", ha criticado Valcarce, quien ha considerado que "González cree que democracia es dar cada cuatro años y pide a los madrileños que calle y olvide y a los diputados" que no ejerzan su labor de control.

El PSM denuncia que se "está secuestrando la democracia" en la Asamblea

MADRID.-   El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha denunciado este jueves que el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría está "secuestrando la democracia" cuando ha impedido a cinco diputados socialistas tomar la palabra al inicio del pleno como sucedió en la anterior sesión de la semana pasada.

   Esta situación ha tenido lugar al inicio del pleno que se celebra en una jornada 'polémica' en el Parlamento madrileño debido a un informe de la Secretaría General de la Asamblea en el que se acotan las variaciones en el orden del día y se impide que se introduzca un nuevo punto en el orden del día de una sesión cuando no ha tenido el visto bueno de la Junta de Portavoces.
   Esta situación ha motivado que toda la bancada socialista se haya levantado al inicio de la sesión en defensa de su compañero de filas José Manuel Franco, que ha criticado que se está "secuestrando la democracia", y de Maru Menéndez, José Quintana, Amparo Valcarce y Rosa Alcalá, que también han tratado de tomar la palabra al inicio de la sesión.
   Estos hechos tienen lugar tras lo sucedido al inicio del pasado pleno cuando el Grupo Socialista, echando mano del artículo 106.3 del Reglamento de la Asamblea, pidió introducir en el orden del día de esa misma sesión una pregunta sobre el ático de Marbella del presidente regional, Ignacio González, que la Mesa había admitido a trámite pero la Junta de Portavoces no había incluido en el orden del día de la sesión.
   En aquel momento se votó su posible inclusión con resultado negativo y también se negó al PSOE explicar su posición de voto, pero en el informe jurídico realizado posteriormente por los letrados de la Asamblea se expone que el orden del día del pleno "lo fija el presidente de acuerdo con la Junta de Portavoces" y "la Junta ha de ser oída en su fijación sin que se pueda hurtar su criterio".
   El PSM ha dicho esta mañana que no está de acuerdo y que recurrirá el informe de la Secretaría General.

La decana de los abogados madrileños, imputada por revelación de secretos

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha revocado el sobreseimiento de la causa y procede a iniciar diligencias y seguir tramitando la posible comisión de un delito de descubrimiento o revelación de secretos imputado a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y 13 miembros de su equipo por los hechos ocurridos el día de las elecciones al Decanato de dicho Colegio.

   Esta decisión se produce después de que se impugnara el sobreseimiento ante el propio juez a través de un recurso de reforma, impulsado por las partes personadas en el procedimiento penal.
   Los hechos denunciados se refieren a la propia noche electoral del 18 al 19 de diciembre, cuando algunos de los presentes llamaron a la Policía después de que supuestamente unos individuos trataran de sacar unos ordenadores con datos de participación recopiladores de los interventores al cierre de las urnas con el objetivo de comprobar quiénes habían ejercido su derecho al voto y quiénes no.
   La misma noche electoral, celebrada el pasado 18 de diciembre, varios miembros de la Comisión electoral interpusieron denuncias por este motivo y por otras presuntas irregularidades que atribuyen a la candidatura de Sonia Gumper, que fue la ganadora de las elecciones. La denuncia fue sobreseída el 21 de diciembre.
   Ahora, el juez considera en un auto notificado hoy jueves que "de ningún modo puede compartirse que procediera el sobreseimiento libre de la causa, por cuanto, siquiera de forma sumamente esquemática, la denuncia inicial ya puso de manifiesto la existencia de un posible hecho con relevancia penal, atinente al manejo o apoderamiento de datos de carácter personal de los votantes que podrían obrar en poder de la candidatura de una de las imputadas".
   Además, critica el sobreseimiento de la causa porque "no aborda en absoluto los indicios que se contienen en la denuncia inicial, contrastados bajo la mención de los documentos que aportan junto con la misma".
   El juez esgrime que según los recurrentes, los propios imputados "habrían reconocido extremos atinentes a tal debida utilización de datos reservados bajo un fin eminentemente desviado, revelándose un aspecto secreto o reservado del voto durante el proceso electoral relacionado con el derecho a no ejercer el voto (abstención)".
   Además, en el auto destaca el acuerdo de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados, donde se evidencia que la información relativa a los abogados votantes o no votantes "constituye un dato personal, razonándode en tal acuerdo que tales datos se instrumentaron, trataron o movilizaron desviadamente".
   El magistrado alude también al atestado policial, que recoge que una de las personas imputadas se negó a poner a disposición de la Comisión Electoral el contenido de los ordenadores intervenidos en la presente causa, "lo que hubiera despejado, muy fácil e indubitadamente toda sospecha o indicio incriminador de entre los que recaen en la presente causa".

Botella dice a FCC que tiene que mantener a todos los trabajadores de limpieza

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha dirigido a la concesionaria FCC para decirle que su responsabilidad pasa por mantener el número de trabajadores del servicio de recogida de basura, en virtud del contrato firmado con el Consistorio, igual que hizo el Ayuntamiento cuando el decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 estableció una rebaja de entre un 10 y un 15 por ciento en los contratos adjudicados.

   "En ningún caso se puede disminuir el número de trabajadores estando vigente el contrato", ha destacado la alcaldesa este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que ayer se conociera que los empleados del servicio de recogida de basura irán a la huelga indefinida a partir del 15 de abril si la concesionaria FCC mantiene el ERE para 146 de ellos.
   En este punto, la primera edil ha recordado que, como consecuencia del decreto firmado por Zapatero en 2010, el Ayuntamiento "procedió a disminuir los contratos entre un 10 y un 15 por ciento pero eso no supuso disminuir el personal", por lo que ahora la "responsabilidad" de FCC pasa por "mantener el número de trabajadores que consta en el pliego de condiciones".

La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado luz verde este jueves al contrato integral de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes, que unifica en uno solo lo que hasta el momento se encuentra disperso en 39 contratos, con la idea de ahorrar un 10 por ciento con respecto a la situación actual, lo que supone un mínimo de 32 millones de euros al año.
   Botella ha destacado que con contratos integrales de este tipo el Ayuntamiento avanza en "la racionalización y reducción del gasto" mediante "una mayor eficiencia en la contratación", a las sinergias y gracias a la "economía de escala". También ha subrayado que con el integral no puede producirse una disminución de la calidad en el servicio prestado, a pesar de la caída del precio, porque se basa en la agrupación de los 39 contratos actualmente existentes.
   Al responder a un enfoque global, integra las actividades y prestaciones complementarias que se realizaban en contratos independientes: la limpieza urbana de los espacios públicos y de sus elementos constituyentes, así como la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de titularidad municipal; de juegos infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales situados en parques y espacios públicos, mobiliario urbano, y sistemas de riego y abastecimiento de agua, además de los hidrantes de propiedad municipal.
   El importe global del contrato integral para los próximos 8 años, prorrogable por otros dos, es de 2.317 millones, IVA incluido, y se estima que el ahorro mínimo para ese periodo alcance los 256 millones de euros como mínimo, en función de las bajadas económicas presentadas por los licitadores. El nuevo modelo de contratación de los servicios públicos determina que el pago no está vinculado a los recursos de las concesionarias sino a los resultados, es decir, que estará determinado por el cumplimiento de unos objetivos definidos.
   En caso de que las empresas no cumplieran con los objetivos de calidad marcados, el Ayuntamiento podría aprobar una detracción de hasta el 20 por ciento de la certificación mensual, como ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, José Antonio Gómez-Angulo.
   Los criterios de adjudicación son todos objetivos, valorables en cifras o porcentajes, representando la baja económica un peso de 80 puntos sobre un total de 100. El Ayuntamiento realizará un seguimiento del cumplimiento del acuerdo y de los resultados en la calidad de los servicios prestados.
   Para ello, además de las inspecciones periódicas, ha establecido 68 indicadores para determinar la detracción con cargo al precio final que tiene que abonar la Administración municipal, en caso de no cumplir las empresas los objetivos de calidad marcados.
   La alcaldesa, Ana Botella, ha subrayado que "todos los criterios de adjudicación son objetivos".
 "No queda nada subjetivo y aumentamos también las garantías de solvencia económica y técnica" exigidas a las empresas, ha señalado. Se garantiza así "una mayor apertura y concurrencia" y se ejemplifica con la publicación del concurso en el Diario Oficial de la UE.
   El nuevo contrato divide a la capital en seis zonas y cada empresa que concurra a la licitación podrá optar a un máximo de tres. La ciudad queda distribuida en lote 1 (Centro, Chamberí, Tetuán, el barrio de Argüelles y el bulevar de la Castellana, compartida con el 2), lote 2 (Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín), 3 (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina), lote 4 (Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas), 5 (Puente y Villa de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro) y lote 6 (Usera, Villaverde y Carabanchel).
   La mayor parte de las prestaciones arrancarán el 1 de agosto con este sistema integral y las demás se irán sumando paulatinamente, a medida que vayan finalizando los contratos en vigor.
   También incorpora un conjunto de novedades tecnológicas relacionadas con la gestión eficiente y la transferencia de información que permitirá disponer de un conocimiento en tiempo real de la realización de las prestaciones. 
Asimismo, está previsto que Informática Ayuntamiento de Madrid (IAM) licite próximamente un contrato para el desarrollo de una plataforma informática de gestión de la información que permita el control y el seguimiento global no sólo de éste sino del resto de contratos integrales que se licitarán en fechas posteriores.
   En lo referido al empleo, Gómez-Angulo ha explicado que los licitadores que se hagan con los lotes podrán subrogar a los actuales trabajadores, en la medida que sus convenios colectivos lo permitan, por lo que ha apuntado que este nuevo sistema "no tiene porqué derivar en pérdida de puestos de trabajo" ya que "no se sustituyen servicios sino que se integran para conseguir un ahorro". 
"La bajada de costes no es directamente proporcional a la bajada de personal", ha declarado después de poner como ejemplo que se puede ahorrar en maquinaria.

Desestiman una querella contra Cifuentes por multar a manifestantes el 27-O

MADRID.- El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha desestimado una querella de IU contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "por no ser constitutivo de infracción penal" interponer multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas oficialmente como la del pasado 27 de octubre.

   La delegada del Gobierno en Madrid ha mostrado este jueves en una rueda de prensa su "satisfacción" por el archivo de las actuaciones. "La querella, a mi modo de ver, era política porque yo, como delegada, me limito a cumplir la ley con mayor o menor acierto. Nunca ha estado de acuerdo en querer judicializar la vida política", ha añadido.
   Además, Cifuentes ha señalado que el hecho de que la presentaran dos diputados de Izquierda Unida de fuera de Madrid es "una cosa bastante exótica".
   Concretamente, el diputado por Valencia, Ricardo Sixto y por Málaga, Alberto Garzón esgrimieron como base legal de dicha querella que la Delegación del Gobierno había cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada", alegando además que no se produjo ni desorden ni daño alguno.
   Le imputaba también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).
   Sin embargo, en el fallo, el juez considera "indiscutible" que la manifestación del 27 de octubre, que discurrió por el centro de Madrid, produjo "una seria alteración o perturbación del orden público, impidiendo la normal utilización de las vías y espacios públicos".
   Y así argumenta que es función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana y mantener las condiciones adecuadas al efecto.
   El juez asegura que aunque los querellantes afirmaron que se iniciaron múltiples expedientes sancionadores a raíz de la intervención policial, sólo se identifica uno, la multa aplicado al propio diputado Garzón, "que se incorporó a la manifestación pese a estar advertido de que no había sido ni comunicado ni autorizada".
   En esta sentido, indica que "no hay indicios de dicha identificación caprichosa o indiscriminada" ni que la Policía hubiera recibido una orden semejante de Cifuentes.
   Y frente al argumento de los parlamentarios de IU de que "ninguna manifestación es ilegal", en virtud del artículo 3 de la Ley Orgániza 9/83, que establece que ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa, el magistrado recuerda que otro punto de dicha normativa indica que "si se desarrolla en lugares de tránsito público, deberá ser comunicada por escrito a una autoridad gubernativa, que podrá prohibirla".
   El magistrado esgrime además que el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/92 considera infracción grave la celebración de manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público, así como originar desórdenes graves en las vías o espacios públicos.
   Por otro lado, de la documentación obrante en autos "no se desprende indicio alguno de que se haya faltado a la verdad en la narración de los hechos en el expediente sancionador ni tampoco de que se haya supuesto la intervención de personas ajenas a la manifestación o se hayan hecho constar manifestaciones distintas de las efectivamente realizadas".
   Por último, el magistrado indica que las identificaciones realizadas por la Policía ese día "no equivalen en modo alguno a una declaración de ideología o creencias por parte del manifestante".

González acusa a IU de justificar a los que ponen "una diana" en políticos

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha acusado a IU de intentar justificar la actitud de algunos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a los que ha acusado de "poner una diana con 'Se Busca'" en algunos políticos.

   En el pleno de la Asamblea de Madrid, preguntado por el portavoz de IU, Gregorio Gordo, por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes que vinculó a algunos de los miembros de la PAH con movimientos proetarras.
   En concreto, ha considerado que lo que hace IU es "poner una diana con 'Se Busca' reproduciendo la actitud de los movimientos etarras con algunos militantes de nuestros partidos en el País Vasco", lo que a su juicio es "inmoral" y le "deslegitima" para defender a las personas que están sufriendo los desahucios.
   El presidente ha explicado que están de acuerdo en ayudar a los afectados que no pueden pagar la hipoteca, pero también ha indicado que es cierto que hay algunos miembros de la PAH  que "han apoyado y realizado acciones violentas y de intimidación". 
"Es una realidad que no se puede ocultar", ha remarcado.
   Mientras, Gordo le ha reclamado que "deje de hacer escrache a la mayoría social" de la Comunidad de Madrid y que empatice con las familias desahuciadas en la Comunidad de Madrid.
   En este sentido, ha indicado que el escrache "debe de ser hasta legal porque es el método de trabajo de empresas como 'El Cobrador del Frac' y ha considerado que hacer escrache es "imputar públicamente a la marea verde de delitos inexistentes y acosar y calumniar a los sindicatos cuando convocan legalmente una movilización".
   Además, ha tildado de escrache "dar órdenes a la policía para que actúe con extremada e injustificada violencia en actos públicos y manifestaciones y detenga arbitrariamente", como, a su juicio, también lo es "detener a Alfon" cuando ejercía su derecho a la huelga, a lo que González ha respondido diciendo que éste fue detenido "por llevar un cóctel molotov".
   El presidente ha espetado a Gordo que no le ha oído rechazar los escraches y le ha preguntado dónde estaban el año pasado cuando el Gobierno del PSOE estaba abriendo diez juzgados para agilizar los desahucios.

Ignacio González, partidario de fijar "limites" en los medios

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado este jueves que hay que establecer "límites" a la hora de las publicaciones de los medios de comunicación porque hay que "cuidar" el "daño" que se hace a personas e instituciones.

   Así se ha manifestado preguntado por qué le parecen las fotografías aparecidas en el diario 'El País' del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, realizadas a mediados de los 90, en las que aparece en un yate con el narcotraficante Marcial Dorado.
   "Estamos en una situación en la que vale todo a efectos de publicación en los medios de comunicación", se ha quejado González, en declaraciones a esRadio, y en este caso, ha dicho, el "daño ya está hecho".
   Para González, el hecho de que Feijóo hace 20 años tuviera una relación con una persona que luego resultó estar implicada "en operaciones de narcotráfico no aporta nada desde el punto de vista de la legalidad y su actividad política".
   Sin embargo, ha añadido que "le está produciendo un daño social en medio de la opinión pública" que, en su opinión, "no tiene que ver con sus responsabilidades políticas". 
"No es aceptable ni admisible, tiene que haber un límite", ha insistido.
   Y es que, a su juicio, quien ve ahora esos titulares y las fotografías publicadas piensa que Feijóo ha tenido una relación ahora. "Deberíamos establecer un límite porque el daño que eso produce a las personas y a la institución se tendría que cuidar", ha dicho.

Botella: las facturas por las clases de golf "no se corresponden con la realidad"

MADRID.-   La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha sido tajante asegurando que las facturas por las clases de golf "no se corresponden con la realidad" y que se ha decidido por parte de su familiar abonar la totalidad de las sesiones facturadas por Club de Campo con independencia de la investigación anunciada y a pesar de que las facturas fueran presentadas por "alguien" que "utilizó" el nombre de su familia.

   "Hemos decidido pagar el importe total de esas facturas porque hubo un desembolso en el Club de Campo por alguien que utilizó nuestro nombre y por eso hemos compensado (a la empresa mixta), con independencia de la investigación que se abra", ha señalado este jueves la primera edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
   'El Mundo' informó ayer de que la entidad municipal habría pagado 203 clases de golf en 2001 de las 285,5 facturadas. Club de Campo aclaró en un comunicado que esas horas no se corresponden con la agenda de los Aznar-Botella, idea en la que ha insistido la alcaldesa, que ha puntualizado que su familia aceptó las clases "como un detalle" pero que el número facturado "nunca se correspondió con la realidad".
 "Las facturas no se corresponden  con la realidad", ha asegurado.