domingo, 10 de febrero de 2013

Más de 1.000 personas se manifiestan por el retraso en la apertura del hospital de Collado Villalba

COLLADO VILLALBA.- Más de un millar de personas ha acudido este domingo a la manifestación convocada en Collado Villalba para protestar por el retraso en la apertura del nuevo hospital y por su adjudicación a una empresa privada.

   Bajo el lema 'Si lo pagamos tod@s, es detod@s. No a la privatización', la convocatoria ha sido promovida desde la Plataforma por la Defensa de los Derechos Sociales de la Sierra del Guadarrama.
    La manifestación ha contado con tres cabeceras que han partido de Collado Villalba pueblo, Collado Villalba Estación y Alpedrete, para finalizar en los terrenos en los que se está levantando el hospital, donde un portavoz de la organización ha leído un manifiesto. También se ha guardado un minuto de silencio por el último suicidio a causa de un desahucio.
    En el manifiesto, los convocantes han denunciado que el hospital es uno de los cuatro centros con gestión "enteramente privada" que ha promovido el Gobierno regional y que "pese a estar cerrado" cuesta "más de 900.000 euros al mes" en conceptos de "seguridad, desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparaciones, tributos y seguros", entre otras cuestiones.
   "La privatización de los centros supone un aumento del gasto sanitario y pone en peligro a corto plazo el acceso equitativo de los ciudadanos al sistema de salud, considerado uno de los mejores y más baratos de Europa. Estos centros cuestan a los madrileños entre siete y ocho veces más que los de gestión tradicional. El objetivo que se consigue es incrementar el beneficio de las empresas concesionarias", ha indicado el portavoz en su alocución.
    Los asistentes han reclamado la apertura del centro con lemas como 'la sanidad se vende, el paciente se resiente', 'este gobierno perjudica tu salud', 'sanidad pública, no a la privatización', 'más sanidad menos sobres' y 'sanidad pública y de calidad', entre otros.
 Un manifestante ha asegurado sentirse "indignado" por el coste del hospital porque "pese a estar cerrado", cuesta "mucho dinero a los contribuyentes". "La sanidad la estamos pagando todos los días con nuestros impuestos. Esto no es un copago, es un robo", ha añadido otra de las manifestantes.
   "Hemos venido a apoyar esta manifestación porque creemos en la sanidad pública. Creemos que lo que hemos conseguido durante muchos años tiene que seguir. Es una vergüenza y un despilfarro que el centro esté cerrado y tengamos que pagar por él", ha indicado una vecina de la localidad.
   Por su parte, un vecino de Alpedrete ha hecho alusión al centro de salud de la localidad que "también está en obras y sin funcionar". 
"Esto es un despilfarro increíble. En los tiempos que corren despilfarrar de esta manera el dinero no se entiende nada", ha puntualizado.
   "Es incomprensible, hay un juego de intereses que no está muy claro. La empresa adjudicataria del hospital ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Villalba por un tema de terrenos. Aquí se llevan dinero público por todas partes y mientras el hospital, que ya nació con polémica porque está construido sobre unos terrenos que eran un paraje protegido, está cerrado", ha concluido uno de los miembros del 15-M.

Equo insta a la Fiscalía a actuar ya

El coportavoz federal de EQUO, Juan López de Uralde, y la coportavoz de EQUO Madrid, Inés Sabanés, presentarán este lunes en la Fiscalía General del Estado un escrito en el que solicitan que se abra una investigación sobre las "presuntas irregularidades" que, a su juicio, se están produciendo en el proceso de externalización de la sanidad pública madrileña.
   Según ha explicado la formación en un comunicado, estas "irregularidades" también se reflejan en la documentación publicada por los medios de comunicación sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas.
   Se trata de un acto más en contra de la externalización sanitaria de la Comunidad de Madrid, que se produce un día después de que más de un millar de personas acudiesen este domingo a una manifestación convocada en Collado Villalba para protestar por el retraso en la apertura del nuevo hospital y por su adjudicación a una empresa privada.

UPyD se opone a que los diputados cobren dos sueldos como cargo público

MADRID.- El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid defenderá en el pleno de la Asamblea de esta semana una Proposición de Ley de modificación del Reglamento de la Asamblea de Madrid para garantizar la transparencia de actividades y patrimonio y establecer un régimen de incompatibilidades salariales de los diputados, de manera que los parlamentarios no puedan cobrar dos sueldos.

    El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha afirmado en un comunicado que "es necesario establecer que ningún diputado pueda percibir remuneración de la Asamblea,si al tiempo recibe otra remuneración por el ejercicio de otro cargo público compatible".
    Luis de Velasco se ha referido a la publicación de las declaraciones de bienes y actividades y ha dicho que "cualquier ciudadano tiene el derecho de conocer la realidad patrimonial de sus diputados, así como de las actividades que han desarrollado antes de adquirir su condición de diputado".
    El diputado de UPyD ha añadido que "el principal objetivo que pretende UPyD con esta medida (registrada en septiembre de 2011) es la transparencia, que es un deber de los políticos".
 "Un deber que sirve al fin de mejorar la democracia eliminando zonas de opacidad y prácticas oscurantistas que favorecen la corrupción", ha sostenido.
   UPyD pide que los diputados publiquen sus bienes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en la página web de la Asamblea de Madrid, en un sitio fácilmente accesible para todos los ciudadanos.

La región madrileña sigue siendo un escenario para el cine

MADRID.-   La región madrileña fue escenario de rodaje el año pasado de 172 proyectos audiovisuales, 127 de ellos españolas, cinco más que en 2011, según datos proporcionados por la fundación Madrid Film Commission.

   Además, el número total de permisos gestionados fue 74, 69 de ellos nacionales. Además, se comunicaron 1.039 actos audiovisuales, 499 correspondientes a proyectos extranjeros.
   Entre otras actividades de Madrid Film Commission destaca la organización de un encuentro de coproducción de la Capital Regions for Cinema (CRC) en el marco de la 62 edición de la Berlinale, la organización de un encuentro de coproducción bilateral entre empresas de producción de Madrid y de Suecia, respectivamente, celebrado en la embajada de Suecia en España.
   Asimismo, participó en la organización de un encuentro de coproducción CRC, durante la celebración de la LXV edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, la AFCI Locations Trade Show 2012 y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. También contribuyó a la organización de un nuevo encuentro de coproducción durante la celebración de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Roma.
   En los últimos meses la fundación ha colaborado ha colaborado con la productora Enrique Cerezo P.C., en la gestión de las localidades y los permisos para el rodaje de 'Las Brujas de Zugarramurdi', la última película de Álex de la Iglesia.
   Asimismo, ha colaborado con la producción de la serie para televisión 'Familia' y el videoclip de una canción de Sergio Dalma, entre otras actividades. Madrid fue escenario también del nuevo spot publicitario de una conocida marca de camisetas indias.
   Madrid Film Commission es una fundación cuyos patronos son la entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), la Sociedad de Comisionados de Filmaciones, Cine y Televisión (Spain Film Commission), la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid y la Concejalía de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
   Tiene como objetivo básicos la captación de producciones audiovisuales a favor de la industria audiovisual de la región tanto nacionales como internacionales. Para ello, se encargará de promover acuerdos y acciones encaminadas a consolidar y facilitar el rodaje.

Colmenar de Oreja será Bien de Interés Cultural

MADRID.- La Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico a la ciudad de Colmenar de Oreja, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

   Fuentes del departamento que dirige Ana Isabel Mariño han explicado que hace unos días el Gobierno regional ha incoado el expediente correspondiente, que abre un proceso administrativo que presumiblemente finalizará en unos meses con la declaración BIC.
   La Consejería de Empleo, Turismo y Cultura considera que el casco urbano de Colmenar de Oreja tiene "sobrados" valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos, etnográficos y arqueológicos que le hacen merecedor de la máxima protección que contempla la legislación sobre patrimonio histórico.
   En concreto, ha valorado que Colmenar de Oreja es uno de los núcleos de población históricamente más importantes del territorio que actualmente constituye la Comunidad de Madrid. Fue durante la Edad Media el principal núcleo de la Encomienda de Oreja; más tarde, con rango de villa, sede del Señorío y Condado de Colmenar, y tiene concedido rango de ciudad desde 1922.
   Además, ha sido desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XIX el tercer núcleo más poblado de la región, tras Madrid y Alcalá de Henares. "Fruto de ello es un importante conjunto de edificios centenarios que han conservado en buena medida su fisonomía original", destacan.
   Junto con un número significativo de edificios y obras públicas de carácter monumental, existe un importante conjunto de grandes casas de labor de los siglos XVII, XVIII y XIX que incorporan a su arquitectura, de elevado interés tipológico, otros elementos del patrimonio etnográfico e industrial, como cuevas y bodegas.
   Existen también construcciones autónomas de carácter industrial no vinculadas a casas de labor, entre ellas diversas fábricas, talleres, almazaras, hornos de tinajas y hornos de cal. El resto del casco urbano protegido por la declaración está constituido por viviendas de proporciones más modestas, con volumetría y composición de huecos característica, que aportan interés ambiental al conjunto.
   También es destacable, según la Comunidad, el patrimonio arqueológico, cuyo alcance e importancia está por determinar, que debe aportar las claves para el conocimiento histórico de los orígenes y desarrollo de la ciudad, objeto de controversia hasta el día de hoy.
   La Plaza Mayor, elemento del máximo interés arquitectónico y urbanístico, es un amplio espacio porticado rectangular que responde a la tipología de plaza castellana tradicional, resultado de una cuidadosa planificación a lo largo de dos siglos.
   Se trata de un conjunto de edificaciones homogéneas de sabor popular, con soportales y galerías en todo el perímetro, que incorporan elementos propios de arquitecturas cultas, como pilares y columnas de estilo toscano. Las piezas más significativas de la plaza son el Pósito, terminado en 1792 y el Ayuntamiento preexistente reformado en 1798. Bajo el suelo del conjunto, cruza el túnel del Zacatín, construido entre los siglos XVII y XVIII.
   La Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor es el gran edificio religioso de Colmenar, y tiene incoado expediente para su declaración BIC desde 1982. Es una construcción gótica y renacentista realizada entre 1515 y 1615.
   El Convento de la Encarnación de Agustinas Recoletas, es otro gran edificio religioso del conjunto histórico. Comenzado en 1639 con trazas de Fray Lorenzo de San Nicolás, es uno de los más importantes conjuntos conventuales que se conservan de este arquitecto.
   La Ermita del Santo Cristo del Humilladero es el tercer gran edificio religioso de la ciudad, obra del siglo XVI ampliada en el siglo XVIII mientras que los restos del Convento Franciscano de San Bernardino de Siena, construido a finales del siglo XVI, ocupan una manzana completa en el sector noroeste de la ciudad.
   Desamortizado en 1825, actualmente la parcela está ocupada por viviendas, bodegas y otras industrias. Se conserva parte de la arquitectura primitiva, naves del siglo XIX y hornos de tinajas.
   La Ermita de San Roque fue construida entre los siglos XVII y XVIII. Muy dañada en la Guerra Civil, fue reconstruida en 1957; y el Cementerio Parroquial fue creado en 1834 y ampliado en 1907. De planta rectangular, incorpora una galería porticada de nichos con esbeltas columnas de fundición.
   Por su parte, el Cementerio de Santa Catalina, creado en 1860 y ampliado en 1922, es municipal desde 1987 y tiene estructura de doble claustro porticado. También destaca el Teatro Municipal Diéguez, el edificio civil más importante de la ciudad.
   Construido sobre un antiguo hospital, sufrió sucesivas transformaciones para adecuarlo al uso teatral. La configuración de la sala y el escenario datan de 1901 y 1908, respectivamente. El escenario conserva la tramoya de madera, una de las más antiguas de la Comunidad de Madrid.
   El Mercado de Abastos es un edificio construido en 1872, según el modelo tipológico en boga en esos años y ha sido recientemente convertido en hospedería, mientras que la Fábrica de crémor tártaro es una interesante construcción industrial de finales del siglo XIX, incluida en el Inventario del Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid.
   La Fuente del Barranco es una construcción que recoge las aguas que nacen en el barranco del Zacatín. Tiene un pilón cubierto por estructura abovedada de piedra caliza con escudos de la familia Cárdenas. Las partes fundamentales pueden fecharse en 1779.
   Por otro lado, está la Fuente de los Huertos es una construcción con galerías de captación de comienzos del siglo XVII, pilón cubierto por estructura abovedada de piedra caliza de finales del siglo XVIII y lavaderos del siglo XIX. El conjunto es de singular belleza.
   Los Hornos de Tinajas son construcciones del mayor interés que forman parte del patrimonio etnográfico-industrial. Se conservan seis, recogidos en el Inventario del Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid. Su volumen exterior es un cubo con remate semiesférico.
   El Puente del Pilarejo es una construcción de piedra del siglo XVIII de un solo arco que salva la vaguada que separa el casco urbano del cerro de Santa Catalina.
   La arquitectura residencial de Colmenar de Oreja tiene gran interés. Se trata de una arquitectura sobria, ordenada y perfectamente adaptada a las condiciones del entorno, alejada del pintoresquismo y de la ostentación.
   Se conservan numerosas casas de labor de los siglos XVII al XX, con tipología perfectamente identificable que incorpora variantes sobre otros ejemplos de su área geográfica. Las puertas suelen tener un cuidadoso tratamiento del zócalo, jambas y dintel, donde se combina la piedra y la madera.
   La composición exterior de las fachadas es siempre ordenada y de uniformidad inusual, a pesar de no haber existido ordenanzas. Los patios principales suelen tener soportales en uno o varios lados con columnas de piedra, madera o fundición, y solanas o galerías de madera. Bajo las casas, es habitual la existencia de cuevas-bodega de dimensiones generosas.
   Desde el punto de vista paisajístico, la ciudad ofrece una interesante silueta, en especial en sus bordes meridionales hacia el valle del Tajo, contando con magníficas vistas desde el Cristo del Humilladero y cerro de Santa Catalina.

¿También El Rastro?

El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha pedido este domingo que el Rastro de Madrid sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que no sólo "dejaría constancia" de que este lugar funciona en la capital desde el siglo XVII, sino que además daría seguridad para que "no se pueda tocar".
   Lissavetzky, que se ha reunido con diferentes asociaciones de vecinos y de comerciantes, ha anunciado que el grupo socialista desarrollará iniciativas en el Ayuntamiento para "atender sus peticiones", especialmente en lo referente a la ocupación de los puestos que en la actualidad se encuentran vacíos con "criterios de transparencia" y atendiendo a la "situación social" de los solicitantes.
   Acompañado por los ediles del PSOE Marisa de Ybarra, Gabriel Calles y Marcos Sanz, responsables del distrito Centro que llevan temas de Economía y de Urbanismo, respectivamente, el portavoz socialista también ha señalado que el reconocimiento como BIC debería ser la "antesala" para solicitar a la UNESCO que El Rastro sea declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.
   De este modo, Lissavetzky ha indicado que El Rastro "merece esta distinción internacional" por formar parte de la "historia y tradición" de la ciudad, y que con ella se contribuiría a su "protección y conocimiento".
   Asimismo, el concejal del PSOE ha propuesto que su visita se incluya dentro de los itinerarios culturales y turísticos del Ayuntamiento.

Europa Laica condena la colocación del explosivo de La Almudena

MADRID.- La junta directiva de Europa Laica ha manifestado su rechazo por la colocación este jueves de un artefacto explosivo en la catedral de La Almudena, al tiempo que se ha reafirmado en su defensa de los principios laicistas de "libertad de conciencia", ha informado en un comunicado.

   "El uso de la violencia contra un espacio de público acceso no tiene ninguna justificación y atenta contra los principios básicos laicistas de respeto a los derechos y libertades de todas las personas sin distinción, por razón de creencias e ideología", ha indicado esta organización en un comunicado.

   Europa Laica ha señalado que apuesta por la "resolución pacífica y dialogada de los conflictos, sin imposiciones ni privilegios", por lo que ha condenado este intento de atentado.

   Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de la Policía Nacional desactivaron este jueves un artefacto explosivo colocado junto a uno de los confesionarios de la catedral de La Almudena de Madrid sin provocar daños ni personales ni materiales.
   Como señala el comunicado, Europa Laica seguirá actuando por la consecución del "Estado laico" que garantice la "libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de sus creencias".

El Congreso pone en marcha la declaración de los toros como bien cultural

MADRID.- La tramitación parlamentaria de la iniciativa ciudadana para declarar las corridas de toros como un bien de interés cultural, a salvo de normativas autonómicas, arrancará el próximo martes en el Pleno del Congreso con el único apoyo garantizado del PP, mientras que los socialistas han optado por desmarcarse. 

   La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros que fue decretada por el Parlamento catalán en 2010 y puesta en marcha en 2012. Cuenta con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) pero necesita el apoyo de los grupos parlamentarios para continuar adelante.
   El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y diputado del PP, Juan Manuel Albendea, uno de los firmantes de la propuesta, ha asegurado que la iniciativa ciudadana saldrá adelante con el apoyo de los 'populares' --que cuentan con mayoría absoluta-- y con ello calcula que la normativa podrá estar en vigor a finales de verano.
   De esta manera, augura que se podrán volver a celebrar corridas de toros en Cataluña en el próximo mes de septiembre, en su tradicional Feria de la Mercé, sorteando así la prohibición decretada por la Generalitat desde enero de 2012.
   El diputado explica así que, una vez sea admitida a trámite la iniciativa ciudadana, pasa a ser trabajada en la Comisión de Cultura, donde los grupos parlamentarios tienen opción de realizar sus aportaciones.
   Posteriormente, las enmiendas presentadas se discuten y votan, para que, con competencia legislativa plena, la futura normativa pase a debatirse en el Senado, donde se pueden introducir nuevas enmiendas que ya pasarían finalmente al Pleno del Congreso, donde se dará luz verde a la normativa de forma definitiva.
   "Más o menos entraría en vigor la normativa en junio o en septiembre, en función de la rapidez del trámite legislativo", indica el presidente de la Comisión de Cultura, al tiempo que avanza que, al tratarse de una normativa de carácter estatal, donde las competencias ya no son autonómicas sino del Estado, se derogaría la ley catalana que prohíbe los toros en Cataluña.
   Sin embargo, desde el PSOE han decidido no respaldar el próximo martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, según adelantó en 'Twitter' el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina.
   Cuando en julio de 2010 el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, los diputados del PSC tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto y tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, mientras que otros tres se abstuvieron, al mismo tiempo que los 31 restantes rechazaron la prohibición.
   En aquella ocasión, PP y Ciutadan's fueron las únicas formaciones que apoyaron la continuidad de las corridas de toros en Cataluña, mientras que los representantes de CiU, al igual que el PSC, tuvieron libertad de voto.
   Los nacionalistas catalanes liderados por Artur Mas y Oriol Pujol, concedieron hasta 32 votos a favor de la prohibición de las corridas taurinas; otros seis, entre los que figuraba la consejera de Educación Irene Rigau, se abstuvieron; mientras que otros siete respaldaron la continuidad de los toros.
   En el caso de ERC e ICV-EUiA votaron para que no prosiguieran los festejos taurinos en Cataluña. Para esta ocasión, el diputado republicano Joan Tardà ha solicitado que en la votación del próximo martes de cada diputado sea individual y en voz alta.
   La iniciativa ciudadana fue registrada en la Cámara Baja en marzo de 2012, en medio de una recepción institucional en el Congreso de los Diputados que fue encabezada por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y Juan Manuel Albendea, ambos del PP, que recibieron solemnemente a toreros, ganaderos y empresarios taurinos, a quienes también se espera en el debate del próximo martes.  
   En aquel acto, Posada no ocultó su "satisfacción" por ver registrada la iniciativa, subrayando que no es una petición minoritaria sino una reclamación "suprapartidaria" a la que auguró "una trayectoria positiva".
   Además del respaldo de Posada y Albendea, la iniciativa popular cuenta con la firma del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, el cantante Joaquín Sabina y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre.

La conflictividad en el TC entre Estado-CCAA crece con respecto a la etapa Zapatero

MADRID.- La conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas por la defensa de sus respectivas competencias creció el año pasado en relación a los años de José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a la etapa más convulsa de José María Aznar. Ambas partes se denunciaron ante el Tribunal Constitucional el año pasado en 44 ocasiones, frente a las 105 veces de toda la legislatura anterior y las 76 de la primera de Zapatero.

   El Estado planteó 18 impugnaciones: cinco contra Cataluña, cuatro contra Andalucía, tres contra el País Vasco y otras tres contra Navarra, dos contra Madrid y una contra Asturias.
   Y las comunidades presentaron 26: Navarra y Canarias, cinco impugnaciones cada una; Cataluña, cuatro; Andalucía, tres; Extremadura, Asturias y País Vasco, dos cada una; y Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana una cada una.
   La mayoría de los casos son recursos de inconstitucionalidad (46 entre ambas partes, frente a nueve conflictos de competencia).
   El primer año de legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno es por el momento más conflictivo que los años del socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. De mantenerse este ritmo, se volvería a cifras de la época de José María Aznar: de 1996 a 2000, estas administraciones llevaron al Tribunal Constitucional sus diferencias en 141 ocasiones (35 impugnaciones de media al año) y en los cuatro años siguientes, de 2000 a 2004, en 217 casos (54 de media al año).
   Los años más conflictivos fueron los primeros del Estado autonómico actual. Así, entre 1982 y 1986, las impugnaciones fueron 382: 134 por parte del Estado y 248, de las autonomías. En la legislatura siguiente, hasta 1989, se presentaron 284 casos ante el Constitucional.
   Así figura en el informe sobre conflictividad elaborado por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas sobre el primer año de la actual legislatura. En él se recoge también que el Constitucional dictó además 66 sentencias, el año con más resoluciones desde que se inició esta contabilidad (1981). Dio la razón casi a partes iguales al Estado y las autonomías.
   Entre los asuntos que han denunciado el Estado se encuentran las prestaciones farmacéuticas, las sanitarias, la convocatoria de plazas para profesores o la paga extraordinaria para los funcionarios, medidas aprobadas por distintas autonomías en contra de las restricciones impuestas por el Gobierno.
   En el caso de las autonomías, y además de los conocidos conflictos en materia sanitaria o educativa, recurrieron normativa de muy diversos contenidos: agua, agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda, energía, función pública o comercio. En todos los casos, consideran que el Estado vulnera competencias autonómicas.
   El Estado y las comunidades autónomas tienen cauces para tratar de evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Comparten comisiones mixtas y bilaterales en las que negociar directamente y cuentan además con departamentos encargados de revisar la cuestión competencial de las leyes antes de que se aprueben.
   En el caso del Estado, es la dirección general de Coordinación de Competencias la encargada de revisar que los proyectos se ajusten a la Constitución. Los propios y los de las autonomías, ya que estos son remitidos a los ministerios correspondientes para que los estudien.
   Si se encuentra algún "vicio de inconstitucionalidad", se le envía a la autonomía una carta de cooperación explicando el problema. El año pasado, se enviaron 28 de estas cartas, a todas las autonomías salvo Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Además, una vez aprobadas las leyes autonómicas y para lograr "un correcto desarrollo legislativo", el Estado les envió otras 54 cartas de cooperación.
   Y las comunidades autónomas hacen lo propio, revisan los proyectos del Estado y envían cartas de cooperación cuando encuentran "observaciones competenciales", según se explica en este informe. Estas dudas son remitidas al ministerio en cuestión.

El ex rector Berzosa se defiende de quienes le acusan de la actual deuda de la Universidad Complutense

MADRID.- El exrector de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Berzosa ha utilizado uno de sus últimos artículos publicado en 'Nueva Tribuna' para defenderse de quienes le acusan de ser el responsable de la actual deuda que tiene la universidad y que ha sido denunciada en distintas ocasiones por el actual rector, José Carrillo.

   Tras destacar que se ha mencionado "reiteradamente" la deuda que tenía la Universidad de 150 millones en el último periodo de su mandato, un dato que, por otra parte, según ha señalado, fue dado a conocer por él, y, pese a ello, "se ha llegado incluso a decir sin ningún conocimiento de causa" que ha sido él quien ha arruinado a la universidad.
   Berzosa destaca, en este sentido, que la situación de partida "no era nada buena" y que cuando su equipo tomó posesión, la Complutense tenía una deuda de más de 100 millones de euros, que se concretaba en cifras redondas en más de 40 millones a proveedores y en algo más de 60 millones a la banca con motivo de tener un crédito de ese monto con dos instituciones financieras.
   Además, el exrector hace mención a un informe que el gerente del centro expuso ante el Consejo de Gobierno y el Claustro al final de su mandato, sobre el estado de la situación económica y donde se señalaba que "en términos absolutos" se podía afirmar que la UCM no había incrementado "sustancialmente" el endeudamiento en el periodo 2004-2011 debido a que había pasado de una deuda total (financiera y comercial) de 136 millones en 2004 a 150 millones al final del mandato.
   "Hay que tener en cuenta que en este periodo el presupuesto aumentó, por lo que el porcentaje de endeudamiento se mantuvo", dice Berzosa, quien señala que, en estos años, además, se produjeron "sensibles mejoras para el personal docente, de administración y servicios, y becarios, tanto económicas, como de estabilidad en el empleo, así como en promoción".
   "Las propias cuentas de la Universidad a cierre de 2002 ya muestran un endeudamiento total superior a los 100 millones de euros si consideramos, además de las deudas con proveedores las derivadas del crédito financiero, y mi mandato se inició en junio de 2003", manifiesta.
   Berzosa también hace referencia a una auditoría que fue encargada por el anterior rector Rafael Puyol y cuyos resultados señalaban que la Complutense padecía "una situación financiera delicada". "No hay, en consecuencia, ninguna prueba para señalar, como se ha hecho en repetidas ocasiones con mala fe o por desconocimiento, el que se pasara de una economía saneada a otra endeudada", apunta.
   Estas palabras vienes después de que el Tribunal Supremo haya condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 43 millones de euros a la Complutense, una de las demandas judiciales que presentó "en solitario" con motivo de los "recortes" que llevó a cabo el Gobierno regional en septiembre de 2008 "sin informar previamente a las universidades y sin que hubiera posteriormente una actitud negociadora".
   Berzosa ha celebrado esta decisión judicial puesto que considera que pone "las cosas en su sitio" para la Universidad, "al tiempo que dejan al descubierto la actitud tan negativa que ha tenido la Comunidad de Madrid contra las universidades públicas madrileñas", y concluye señalando que la situación financiera globalmente considerada no ha empeorado cuantitativamente, "aunque sí que había aspectos preocupantes que venían dados por los recortes".
   Precisamente, esta semana el actual rector de la Universidad, José Carrillo, ha señalado que es "posible" que el saldo del presupuesto del centro no sea positivo el 1 de marzo, tal y como requiere la Ley 4/2012, lo que implicaría que la Comunidad de Madrid podría adoptar "las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria" de la Universidad.
   Esta intervención la fija el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
   "La ley 4/2012 que se publicó en abril nos obliga a tener un remanente de caja no negativo a 1 de marzo, si no pasaría el negativo al presupuesto de 2013", explicó Carrillo, que reconoció que "lo más probable es que no sea positivo".
   El rector atribuyó esta posibilidad a la "situación gravísima" en la que se ha sumergido el centro por la deuda de 150 millones de euros. Así, Carrillo valoró positivamente que la deuda se mantenga "a pesar" de los recortes de presupuestos que ha sufrido el centro.