martes, 22 de enero de 2013

UPyD cree "probable" que el PP haya perdido la mayoría absoluta en Madrid

MADRID.- El portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, cree "probable" que el PP haya perdido la mayoría absoluta en Madrid por el conflicto sanitario y por los supuestos casos de corrupción política publicados en los medios de comunicación en los últimos días.

   En un desayuno informativo, De Velasco ha dudado, en cambio, que se adelanten las elecciones en la Comunidad, aunque considera que todo dependerá de la situación económica política e institucional, al tiempo que señala que el caso Bárcenas ha supuesto un "cambio cualitativo importante" y puede suponer un "importante correctivo" para el PP.
   En este sentido, De Velasco ha afirmado que "existe corrupción en la Comunidad y en España" y aunque ellos "no tienen una varita mágica" para acabar con ella, opina que para lograrlo "se necesita voluntad política".
   De Velasco ha indicado que el nombramiento de Manuel Pizarro como 'fiscal anticorrupción' del PP de Madrid "forma parte de las guerras de ese partido" y no está seguro de que en el PP nacional lo aceptará. Asimismo, ha abogado por la realización de auditorías externas mejor que internas en los partidos y ha criticado que los medios de comunicación "den información de los suyos y no de los otros".
   Por su parte, el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, se ha quejado de que la Cámara de Cuentas regional "no sea independiente" para realizar los controles oportunos y ha pedido a los partidos políticos "que no protejan a los suyos".
   Luis de Velasco ha realizado un balance del trabajo parlamentario y de la situación de la Comunidad en los últimos meses. Así, ha señalado que la llegada de Ignacio González a la Presidencia regional no ha supuesto cambios ideológicos importantes porque "es un fiel continuar de las tesis de Esperanza Aguirre del neoliberalismo, de la libertad de elección, aunque luego intervienen por activa y por pasiva en Telemadrid o Caja Madrid".
   Sin embargo, el portavoz de la formación magenta ha apuntado que González tendrá "más dificultades" que Aguirre por el momento económico difícil actual y por el conflicto sanitario "que no sólo les enfrenta con los sindicatos, sino con gente que ha salido a la calle por primera vez como los médicos".
   De Velasco se ha mostrado "sorprendido" por el nivel de bronca que ha alcanzado el debate de la Asamblea en los últimos meses, "que refleja lo que está pasando en la calle".
 "Nos ha parecido que el debate ha tenido demasiadas acusaciones de 'tú más'. Nosotros acostumbramos a no entrar en ese tipo de dialécticas porque a nosotros poco nos tienen que reprochar desde ese punto de vista de la corrupción y del amiguismo. Nos reprochan lo de siempre, que somos demagogos y populistas pero ellos no conocen lo que es ser populista, para empezar", ha esgrimido.
   Ha criticado que la Mesa de la Asamblea no haya aceptado la convocatoria de Plenos este mes de enero, inhábil desde el punto de vista del debate parlamentario, para tratar el conflicto sanitario.
   El portavoz de UPyD también ha arremetido contra los horarios de los Plenos de la Asamblea de los jueves, que muchas veces duran hasta la medioanoche, o por el hecho de que "no hay debate en el que no salga el tranvía de Parla, lo que es ridículo y lo que hace es  desprestigiar a la Asamblea".
   También ha calificado de "absurdo" que en la sesión de control de la Cámara autonómica "haya una serie larguísima de preguntas al Partido Popular" y que el portavoz del PP se dedique "en una gran parte de las veces a atacar a la oposición.
   "Eso es una deformación de la letra del reglamento de la Asamblea y no debería ser así. Es la oposición de la oposición y no nos parece de recibo", ha añadido De Velasco.
   Por último, ha criticado que la Ley de Acompañamiento, en el que se incluían los temas de Eurovegas y de la externalización de la gestión de la Sanidad Pública, "se despachara en 10 minutos" en la Asamblea de Madrid la última semana de diciembre.
   El portavoz de UPyD también ha querido fijar las líneas de la actividad política de su partido para los próximos meses. Así, ha destacado que se centrarán en Sanidad porque consideran que el tema "no está resuelto". 
"Creemos que es un tema que suma ideología al entender que la gestión privada es más eficiente que la pública; y un tema de negocios", ha añadido.
   Asimismo, trabajarán por una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y contra el distrito único en Educación. También abogaran por la desaparición de más organismos públicos y las "duplicidades y triplicidades" en la Administración Pública madrileñas.
   Por último, UPyD presentará una seria de iniciativas para luchar contra la pobreza, la marginalidad y el riesgo de exclusión social que, a su juicio, se ha incrementado con la crisis y el aumento del paro.

Un total de 9.327 autónomos del comercio madrileño cesaron su actividad en los últimos cinco años

MADRID.- Un total de 9.327 comerciantes autónomos de Madrid han tenido que cesar en su actividad en los últimos cinco años por la actual crisis económica, según informa la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

   A nivel nacional, han sido más de 95.000 comerciantes autónomos los que han tenido que cesar en su actividad en los últimos cinco años por la actual crisis económica.  
   La disminución del consumo, la restricción del crédito y la pérdida adquisitiva de los salarios son las principales causas que han obligado a los autónomos a dejar su actividad laboral.  
   En el primer mes de 2008, el número de trabajadores autónomos del comercio fue de 879.076, mientras que el mismo mes de 2013 la cifra sólo llegaba a 783.298, perdiendo un total de 95.778.
   El secretario ejecutivo de política sectorial de UPTA España, César García, asegura que los "ajustes presupuestarios y la mal entendida austeridad" produjeron una restricción fuerte del consumo de las familias de la que el comercio, "uno de los sectores básicos de la economía y creador hasta ahora de empleo neto, ha salido especialmente dañado".  
   Respecto a su impacto en las comunidades autónomas, Cataluña es la más afectada, ya que en este periodo se han perdido 20.264 comerciantes autónomos, casi un 3 por ciento más que en el resto de los territorios, pasando de 147.549 a 127.285 en este periodo. Andalucía, que pierde 13.018 autónomos, se sitúa en segundo lugar, seguido por Valencia (10.901 comerciantes) y Madrid, que llega a la cifra de 9.327.
   Sin embargo, desde enero de 2012 a enero de 2013, hay algunos cambios de tendencia, ya que Madrid (+205), Andalucía (+700) o Canarias (+231) comienzan a tener resultados positivos, pero Cataluña (-1.781) o Valencia (-806) continúan su tendencia negativa en el comercio autónomo y familiar.

Cifuentes quiere que en los partidos se trabaje "gratis"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha propuesto este martes que las personas que ocupan cargos en los partidos políticos deberían hacerlo "gratis", "sin cobrar" de forma que "con sus aportaciones y sus cuotas" contribuyeran a sostener la estructura de la organización política.

   Así lo ha expresado Cifuentes en una entrevista en esRadio, en la que la delegada del Gobierno en Madrid ha abogado por que los partidos políticos reduzcan su estructura al considerar que tienen una "burocracia excesiva". Así, a juicio de Cifuentes, se conseguiría una mayor transparencia.
   "Las personas que estamos en política y no solo las personas que tenemos un cargo público, todos si trabajamos para nuestro partido mi opinión es que hay que hacerlo gratis, sin cobrar", ha afirmado la delegada del Gobierno, quien ha detallado que esta forma de trabajar debería extenderse a las personas que ocupan cargos dentro de los partidos.
   "La clave es la transparencia y es verdad que no ha sido así", ha reconocido Cifuentes, que ha considerado que esta circunstancia ha favorecido que los ciudadanos se planteen dudas sobre la financiación de los partidos y "si viene de comisiones o no". De esta forma, "lo primero" para la delegada del Gobierno es "saber de dónde se percibe el dinero por parte de los partidos políticos.
   Asimismo, la delegada del Gobierno en Madrid ha pedido que salga a la luz cualquier información relativa "a la corrupción del señor Bárcenas o de cualquier otra persona que tenga que ver o haya tenido que ver" con ello. "Yo lo que quiero como militante del PP es que salga todo a la luz, es lo que queremos todos los ciudadanos y más los militantes del PP, a los que nos afecta directamente", ha señalado.
   Además, Cifuentes ha negado que se esté limitando la capacidad de actuación de la Policía en Madrid. "No se está limitando en absoluto como sabe la Jefatura Superior de Policía, que tiene libertad absoluta para hacer cualquier tipo de investigación", ha indicado.
   De esta forma, la delegada del Gobierno ha tildado de "eficacísima" la lucha contra la corrupción que hace la Policía, a pesar de la opinión que pueda tener algunos de los sindicatos policiales. "En España se han podido conocer muchas cosas gracias a informes e investigaciones de Policía", ha concluido.

La Comunidad de Madrid lanza un plan para que los vecinos de la Cañada puedan comprar el suelo

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha lanzado una propuesta para que el máximo número posible de vecinos que ahora habita en la Cañada Real Galiana puedan quedarse en sus casas accediendo a la compra del suelo en el que se asientan, siempre y cuando dichas viviendas cumplan con los permisos y las normativas municipales.

   Sin embargo, las infraviviendas y aquellas que se dediquen a fines delictivos no serán legalizadas. Esta propuesta se enmarca dentro de un diseño urbanístico "sostenible y armónico" para la Cañada Real Galiana similar al barrio madrileño de 'Rosa de Luxemburgo' con zonas verdes, espacios públicos y viviendas unifamiliares que no superen las dos alturas.
   Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria y Jesús Fermosel, respectivamente, que han insistido en que el proyecto regional desea mantener el máximo número de vecinos censados en la zona.
   Victoria ha recalcado que la Comunidad "no quiere hacer negocio de ningún tipo" con la Cañada y que el objetivo es el saldo cero, es decir, que el gasto en el diseño urbanístico provenga del dinero recaudado por la compra de la propiedad del suelo. El precio se fijará en acuerdo con los ayuntamientos y habrá ayuda para financiar esta compra.
   Para poner en marcha este modelo urbanístico se abrirán los censos elaborados por los ayuntamientos, y ya cerrados para evitar un 'efecto llamada' y luego vendrá la elaboración de Planes Urbanísticos, planes parciales y comisiones técnicas, que tardarán entre un año y año y medio en ponerse en marcha. También se creará una especia de Junta de Compensación de la que formarán parte todas las administraciones.
   El borrador de este proyecto será presentado esta misma semana a las asociaciones de vecinos, los tres ayuntamientos afectados y a la Delegación del Gobierno.
   Tras estudiar el diseño de diversas áreas de la región, los técnicos regionales consideran que el modelo del barrio de 'Rosa Luxemburgo' es el que mejor se adapta a las necesidades de la zona. "Es un modelo que no exige hacer expropiaciones y permite un urbanismo agradable para los vecinos, que no altera su espíritu de vecindario", ha añadido Victoria.
   La Comunidad contempla la adaptación gradual de este modelo urbanístico en función de las diferentes zonas. Así, en la parte de Coslada (sector I) se tendrá como prioridad el acceso de los vecinos a la propiedad y que puedan pagar sus impuestos derivados de los servicios que ya disfrutan (recogida de basura, IBI, etc). Las calles están asfaltadas, por lo que la inversión en infraestructuras sería nula.
   Según el consejero de Asuntos Sociales, en los sectores I y II no se necesita intervención social porque sus ciudadanos están "integrados" y la acción pasa por legalizar la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran al no tener la propiedad del suelo de sus casas.
   En Madrid y Rivas (del sector II al V) se llevará a cabo una adaptación gradual al diseño que se propone debido a la disposición de las edificaciones ya construidas. Así, se trabajará, según esta propuesta, en la iluminación, soterramiento, electricidad y canalización. Según Victoria, se acometería una "mínima urbanización" de la zona ya que, "cuanto más barato sean los gastos de urbanismo, más barato será el suelo para que pueda acceder el mayor número de personas".
   Paralelamente, en la zona más problemática de la Cañada (sector VI), se pondrá en marcha un Plan de Intervención Social Especial con un plazo de ejecución de dos años. Desde el punto de vista urbanístico, se apuesta por un uso terciario, con la creación de un parque empresarial e industrial, aprovechando que ya hay muchas naves en la zona. Además, no habrá viviendas al lado de la incineradora de Valdemingómez.
   Respecto al poblado chabolista del Gallinero, Fermosel ha recalcado que aunque no está dentro de la Cañada Real Galiana y se asienta sobre suelo privado, existe un "compromiso" para que se le de una solución en paralelo al proyecto para la vía pecuaria y en colaboración con el Consistorio madrileño.
   La Comunidad ha llegado a este modelo de desarrollo para la Cañada tras la aprobación de una ley específica en la Asamblea de Madrid el 15 de marzo de 2011 que estableció un marco jurídico en el fin de alcanzar un acuerdo en la zona.
   Además, fijó un plazo de dos años para que en caso de que los ayuntamientos no ejercieran su opción preferente, la Comunidad podría enajenar los terrenos a terceros. El consejero de Justicia ha aclarado que esta no es una fecha límite y que se podrá hablar con los vecinos y administraciones el tiempo necesario.
   Con esta Ley los ayuntamientos tuvieron que elaborar un censo de fincas y ocupantes de las zonas comprendidas dentro de sus correspondientes términos municipales. Además, se han realizado 94 reuniones con las partes implicadas (asociaciones de vecinos y administraciones públicas). De hecho, Victoria, como anterior consejero de Asuntos Sociales, se reunió en 67 ocasiones con todos los implicados, la mayoría con vecinos, "cuya demanda era acceder a la propiedad del suelo".
   Continuando esta vía de diálogo, el actual consejero del ramo ha mantenido en estos tres últimos meses 27 encuentros más con los representantes designados de la Delegación del Gobierno u otras consejerías, con los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid y con las asociaciones de vecinos y entidades sociales que trabajan en la zona.
   En las reuniones se han analizado de manera minuciosa las necesidades de la zona para poder realizar ahora informes específicos sobre los aspectos sociales y equipamientos básicos, aspectos de seguridad ciudadana, aspectos jurídico-civiles y urbanísticos y de infraestructuras básicas (agua, gas, luz, correos, residuos, telefonía, entre otras) que permitan concretar las actuaciones futuras.
   Según ha revelado Fermosel, los protocolos que conforman el Acuerdo Marco Social para la Cañada se encuentran ya en una fase de elaboración "muy avanzada". Así, el protocolo de Seguridad está prácticamente ultimado y será firmado en breve con la Delegación del Gobierno.
   De la misma forma, los aspectos jurídico, urbanístico y social se están terminando de perfilar para que puedan ser presentados y debatidos por todos sus aspectos con las administraciones y demás entidades y asociaciones de vecinos. Habrá, por tanto, una Mesa con las administraciones, otra mesa con los vecinos y otra final conjunta.
   Ahora, esta antigua vía pecuaria, de 30 metros de ancho de media, ocupa 107 hectáreas y más de 14 kilómetros de longitud que atraviesa, de norte a sur, los municipios de Madrid --distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro--, Coslada y Rivas-Vaciamadrid.
   Según los censos de los ayuntamientos, en la Cañada Real Galiana viven 7.725 vecinos. De ellos, 1.132 en Rivas, 927 en Coslada y 5.666 en Madrid, lo que supone un 80 por ciento menos que las primeras estimaciones que hablaban de 40.000 habitantes cuando no existía ningún dato oficial.
  Asimismo, según ha señalado Fermosel, existen 2.445 construcciones, de los cuales 2.272 son viviendas (316 en Coslada, 249 en Rivas y 1.707 en Madrid) y 183 son naves e industriales, algunas de gran actividad económica.
   Los habitantes de los sectores I y II son de origen mayoritariamente español; en el III son en su mayoría españoles, el 21 por ciento de etnia gitana; en el sector IV el 39 por ciento de la población es de etnia gitana y el 28 por ciento extranjera (el 15 por ciento de ella de origen magrebí); en el sector V el 68 por ciento de los habitantes son extranjeros, la mitad de origen magrebí); y en el sector VI el 52 por ciento son españoles de etnia gitana y el 25 por ciento magrebíes.

Aumenta un 4,6% el abono mensual y congelan billete sencillo y metrobús

MADRID.- El consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes una subida media del 3 por ciento para el transporte público, aumentando en un 4,6 por ciento el abono mensual y congelando el precio del billete sencillo y el metrobús, según han informado fuentes de la Consejería de Transportes.

   Por otro lado y en virtud de este incremento del 3 por ciento en línea con la inflación con la que se cerró el IPC en 2012, el Abono Normal en la Zona A (el título más utilizado entre los usuarios), aumentará 2,4 euros al mes. Con ello, su coste alcanzará los 54,6 euros para los colectivos sin bonificaciones.
   Por otro lado, otro el Consorcio Regional de Transportes ha aprobado proceder al estudio sobre la posibilidad de crear un título de transporte trimestral, con el objetivo de beneficiar al usuario habitual y fomentar el uso del transporte público.

Aguirre asiste con Carromero a un homenaje a Gregorio Ordóñez

MADRID.- La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asistido al homenaje anual que se celebra en memoria de Gregorio Ordóñez, dirigente 'popular' asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, un político que, en palabras de su viuda, Ana Iríbar, "hoy sentiría vergüenza al ver la corrupción y a Bildu gobernando".

   Iríbar, que es presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez, ha criticado que "ETA esté legalizada" y actualmente "gobierne el mismo ayuntamiento" en el que trabajó su marido, a quien ha recordado por su servicio público. "Él no entró en política ni por comodidad ni por ambición", ha dicho.
   Como es habitual, el acto se celebró en los Jardines Gregorio Ordóñez de la capital madrileña, donde se ha realizado una ofrenda floral a los pies de un roble plantado en recuerdo del exdiputado en el Parlamento vasco.
   Aguirre llegó a los jardines junto con Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones que se encuentra en España tras ser condenado a cuatro años de prisión por el homicidio imprudente de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harol Cepero.
   Carromero, que ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación, ha recibido muestras de cariño de los asistentes al acto en homenaje a Gregorio Ordóñez.
   En un breve discurso, Esperanza Aguirre ha elogiado la figura de Gregorio Ordóñez, "un ejemplo de lo más limpio de la política". Según la expresidenta de la Comunidad de Madrid, olvidar su figura sería una "traición" para el PP. "Siempre sentiremos una tristeza infinita y orgullo", ha concluido Aguirre en referencia a Ordóñez.  
   El acto, que se celebra todos los años, ha concluido con el rezo de un Padre Nuestro y con el Himno Nacional. A continuación, el portavoz de la Asamblea del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha invitado a los presentes, entre los que se encontraba Marimar Blanco o la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, a asistir a la misa en memoria del político vasco.

El TSJM obliga a Madrid a pagar a funcionarios de un organismo parte de la extra

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a abonar a su personal asalariado los días devengados de la paga extraordinaria de Navidad, o cantidades equivalentes, entre el comienzo del año y la entrada en vigor --en julio-- del Real Decreto por el que se suprimieron estas pagas.

   En la sentencia fechada el pasado 11 de enero, la Sala de lo Social del Tribunal madrileño estima parcialmente la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. contra la supresión de la paga extraordinaria o cantidades equivalentes en las retribuciones anuales del personal del ICM.
   Esta demanda se interpuso contra la Agencia el pasado 24 de octubre de 2012 por parte de CC.OO. y siendo parte interesada la Federación de Servicios Públicos de Madrid de UGT y los sindicatos CSIT-UP, CSIF, USO y S.I.T.I.
   En concreto, el tribunal madrileño condena a la Agencia madrileña al abono a los trabajadores afectados por este conflicto colectivo de la suma del importe de los 14 días del mes de julio ya devengados a la entrada en vigor del Real Decreto, que tuvo lugar el pasado 15 de julio del año 2012.
   Mencionando doctrina del Tribunal Supremo, destaca que las pagas extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido, "se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, no constituyendo meras expectativas".
   Por lo que entiende que los trabajadores demandantes "tienen derecho a su percepción, no pudiendo tener la norma efecto retroactivo", y procede a estimar parcialmente la demanda presentada por la organización sindical.
   Por otro lado, el TSJM desestima la pretensión general en relación con la totalidad de la paga suprimida. Entiende que el Real Decreto citado recoge la supresión de la paga extra de diciembre y de la paga adicional de complemento específico, constando en el mismo la excepción de la negociación colectiva y que su aplicación "se impone por jerarquía normativa", sin que sea "contrario a derecho".
   En un comunicado, la FSC-CC.OO. asegura que el contenido del fallo debe hacerse extensivo a la totalidad del personal público asalariado y se debe trasladar a los cerca de tres millones de personas que desarrollan su actividad laboral en el sector público del Estado y las administraciones autonómicas y locales. Por ello, el sindicato reclama al Gobierno el reconocimiento legal de este derecho para evitar la proliferación de demandas colectivas que están impulsando las organizaciones sindicales y las personas afectadas a título individual.
   CC.OO. indica que hasta que se produzca el reconocimiento general de este derecho, deberán mantenerse activas las reclamaciones y demandas interpuestas, evitando que las pretensiones de las mismas adquieran la condición de "acto consentido y firme".
   Por su parte, la Plataforma Sindical de Empleados Públicos ha asegurado que "se inicia un nuevo periodo" tras esta sentencia. En rueda de prensa tras la última reunión de la Plataforma, el representante de CC.OO., Francisco Cabezos, ha recalcado que se trata de una sentencia que "abre las puertas a la aplicación de esta decisión en todas las administraciones públicas", lo que supondría, según cálculos del sindicato, un desembolso de unos 33 de millones de euros para el Estado.
   "Con esta sentencia se acaba el absolutismo del Gobierno", ha apostillado, antes de instar al Ejecutivo a que "deje de meter en las costillas de los trabajadores públicos sus arreglos económicos".
   En la misma línea, el representante de CSI-F en la Plataforma, Eliseo Moreno, ha indicado que los sindicatos se encuentran "moderadamente optimistas" ante esta sentencia, por cuanto "abre vías" para que los empleados de lo público puedan ver restituida, sino toda, al menos una parte de su paga de Navidad.
   Para la Plataforma de los Empleados Públicos esta decisión judicial es el punto de inflexión que marca además un cambio de fase en sus reclamaciones y protestas.
    Así, tras una primera etapa en la que se han presentado recursos contra la supresión de la paga extra de los funcionarios adscritos a la Administración Central (ministerios y Agencia Estatal de la Agencia Tributaria), los sindicatos se embarcarán ahora en una segunda fase que afectará a su personal laboral.
   Según han concretado los portavoces de la Plataforma, se presentarán ahora nueve conflictos colectivos que afectarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia Tributaria, AENA, Patrimonio del Estado, Museo del Prado, Boletín Oficial del Estado (BOE) y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
   Además, la plataforma estudia ya una tercera fase en la que se podrían presentar recursos en todas las comunidades autónomas y en la administración local, así como a través de "otras vías judiciales".
   Sobre este punto, los representantes sindicales han explicado que consistiría en el recurso, por parte de los sindicatos, del acto administrativo por el que no se paga la extra a los funcionarios públicos, en tanto que para éstos es costoso recurrir sus nóminas a título personal tras la reforma de la Ley de tasas.
   La Plataforma es consciente de que los procesos judiciales son largos, por lo que, en paralelo, tratarán de mantener vivo el espíritu de la protesta con nuevas movilizaciones en poco más de un mes.
   El secretario de Acción Sindical de USO, Leonardo Barreda, ha avanzado que los sindicatos de la función pública están estudiando desarrollar una serie de acciones de protesta a nivel provincial "a primeros de marzo", en las que pretenden involucrar a los funcionarios de todas las administraciones públicas.
   Así, las concentraciones de los empleados públicos podrían coincidir con la jornada de acción sindical que las centrales sindicales preparan para ese mismo mes en coordinación con otros países europeos, para protestar contra la política económica del Gobierno, como ocurrió el pasado 14 de noviembre.
   Por último, Barreda ha aprovechado la ocasión para denunciar que el personal de las Cortes sí ha cobrado la paga extra de Navidad, lo que demuestra, a su juicio, la "total incompetencia" del Gobierno para hacer cumplir las normas de igual forma en todas las administraciones públicas. "Es una auténtica vergüenza", ha asegurado.