miércoles, 4 de abril de 2018

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.
Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).
En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.
En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).
Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).
Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.
Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.
Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.
De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 
Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.
Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.
Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.
Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.
La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 
Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.
El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 
Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 
En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 
Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".
Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.
El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.
Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.
Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.
Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

“Fuera paraísos fiscales”, una jornada contra “el robo” a la educación o las pensiones

MADRID.- Los paraísos fiscales parecen no estar entre las preocupaciones más inmediatas a la ciudadanía. El nombre suena exótico y la estafa parece ocurrir en países lejanos. Pero esta imagen poco se asemeja a la realidad. Oxfam Intermón denuncia que la contribución de las empresas multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor, así que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo. Además, los destinos favoritos del IBEX-35 son lugares como Delaware, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, países cercanos que España no contempla en su lista negra de paraísos fiscales, pero que tienen prácticas fiscales agresivas, según recoge Cuarto Poder.

Este 3 de abril era el aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes del mundo en la creación de sociedades offshore
La publicación de esta información supuso un escándalo mundial y, por esto, el Foro Social Mundial eligió esta fecha para proclamar el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales, una iniciativa que parte de España y a la que se han sumado varios países. 
La Plataforma por la Justicia Fiscal, conformada por sindicados y organizaciones como ATTAC u Oxfam Intermón organiza una concentración en Callao. Participarán “los afectados”: el colectivo de pensionistas, mareas de la sanidad y la educación, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros.
“Los medios de comunicación más favorables a las políticas neoliberales repiten que no hay dinero para subir las pensiones, que hay que recortar, que hay que hacer frente a un déficit que nos está forzando la UE etc., pero en ningún momento hablan de la gran cantidad de dinero que deja de ingresar el Estado por evasión fiscal”, explica Ricardo García, miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. 
Todas las empresas del Ibex-35 utilizan paraísos fiscales y su presencia casi alcanza las 1.000 filiales en estos territorios, según ha contabilizado Oxfam Intermón.
Los paraísos fiscales rompen con el modelo de sociedad de Europa para garantizar el llamado estado de bienestar. “Si quienes tienen mayor capacidad para contribuir no pagan, somos nosotros, la mayoría, los que estamos pagando”, plantea la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, también portavoz de la Plataforma, Susana Ruiz. 
La experta explica que las grandes fortunas y las grandes empresas utilizan los sistemas tributarios desiguales en los distintos países, muchas veces contrarios entre sí, para ir encontrando “vacíos”. 
Esto les permite, por ejemplo, crear sociedades que tengan la matriz en un lugar, mientras la marca o la propiedad intelectual se encuentra en determinados paraísos fiscales, de forma que “fugan” de una forma artificial sus beneficios.
Es un problema global, que requiere de soluciones a nivel internacional. Cada vez se suman más escándalos y filtraciones periodísticas sobre los paraísos fiscales – Paradise Papers, Bahamas leaks, Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks…– y la opinión se muestra más crítica con el fraude fiscal, de forma que algunas empresas están empezando a cambiar sus malos hábitos. 
Sin embargo, es importante la presión, remarcan las organizaciones implicadas, que creen que aun queda mucho camino por recorrer. En concreto, la inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2009 y 2016 alcanzando los 9.544 millones de euros, mientras que la mitad de la inversión que llega al país lo hace a través de un paraíso fiscal, según recogió Oxfam Intermón en un informe.

La lista negra y otras medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal
El primer paso sería que el Ministerio de Hacienda elaborara una lista completa de paraísos fiscales, según las organizaciones. Esto permitiría, por ejemplo, presionar al Estado o a los Ayuntamientos para que solo contraten a empresas que se encuentren fuera de dicho listado. El Gobierno actualmente trabaja en una lista de paraísos fiscales que sustituirá  a la de de 1991 para adaptar el ordenamiento jurídico español al acuerdo alcanzado en el Ecofin el pasado mes de diciembre
En la línea de los planteado por la OCDE, se había ido dejando fuera a cada vez más paraísos fiscales y esta es una oportunidad para revertir la situación. Desde 2003 han ido desapareciendo de la lista paraísos fiscales como el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Barbados, Panamá o Singapur.
La UE tiene una lista negra, que actualmente conforman nueve países, y una lista gris, en la que se incluyen más de 60 países que son paraísos fiscales o tienen prácticas fiscales agresivas, pero que han mostrado un firme compromiso de acabar con la situación. 
“Se va por una por buena dirección, ya que al menos los criterios ya no son los del G-20 y la OCDE, que tenían en cuenta únicamente la transparencia, y contemplan otras causas como que tengan prácticas nocivas o sean agresivos con otros países”, explica Ruiz. 
Sin embargo, la lista europea parte de la exigencia de no incluir a países europeos, como Luxemburgo e Irlanda, mientras que no se ha publicitado cuales son los compromisos concretos adquiridos por parte de los países de la lista gris, denuncia la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Además de vigilar el proceso de la elaboración de la lista por parte del Gobierno, la Plataforma por la Justicia Fiscal también exige medidas como la protección de los periodistas que cubren las informaciones relativas a la evasión fiscal –denuncian que sufren una enorme presión y que incluso pueden ver como su vida corre peligro– o el refuerzo de la vigilancia contra el fraude. 
“En España es imprescindible el incremento de la dotación de recursos públicos de la Agencia Tributaria para así poder incorporar los avances de la agenda internacional e ir cerrando agujeros”, explica Ruiz.
“Hay que recordar que la presión ciudadana provocó las dimisiones del ministro (José Manuel) Soria y el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix”, indica García. Ambos se retiraron después de aparecer vinculados a sociedades offshore en los Papeles de Panamá. “Se ha creado un sentimiento y una sensibilidad ciudadana. En el momento en el que alguien tiene una sociedad offshore se le invalida políticamente y eso es positivo”, señala. Hay que seguir luchando para que la ciudadanía sea consciente de que “nos están robando”, añade.

La Semana Santa deja temblando la aconfesionalidad del Estado español

MADRID.- Semana Santa es época de fervor, de tradiciones, de celebraciones religiosas en toda España, especialmente en algunas comunidades autónomas como Andalucía. En el artículo 16, nuestra Constitución relaciona “la libertad religiosa” con que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, tal como recuerda Cuarto Poder

Queda así remarcada la aconfesionalidad del Estado y, en consecuencia, el papel de las instituciones. Pero en la práctica, este es el segundo año que el Gobierno, que representa a todo el Estado, ha decidido izar la bandera a media asta en los cuarteles y en el Ministerio de Defensa por “la muerte de Cristo” y los ministros Juan Ignacio Zoido, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá e Íñigo Méndez de Vigo incluyeron directamente los actos religiosos en sus agendas oficiales.
El Gobierno realizó un amplio despliegue en Málaga para asistir al desembarco de la Legión y a la ceremonia de traslado del Cristo de la Buena Muerte. Los cuatro ministros, de Interior, Defensa, Justicia y el portavoz del Gobierno no dudaron en acudir a los tradicionales actos matinales de Jueves Santo que constituyen una de las imágenes más populares de la Semana Santa malagueña. 
En ese momento, diversas autoridades civiles, militares y religiosas, como es tradición, se congregaron para asistir al acto, donde la fuerza militar entonó la tradicional letra de ‘El novio de la muerte’ mientras llevaba a hombros el conocido Cristo de Mena, se leyó una oración por los caídos en las misiones militares del Ejército español y se hizo entrega del estandarte del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Los representantes del Ejecutivo también participaron en otros actos en Málaga. Catalá asistió al indulto del preso –el Gobierno ha concedido este año cinco perdones a reos que han solicitado las hermandades–, Cospedal, con la Brigada Paracaidista como escolta, ha acudido a la procesión de la Hermandad Sacramental, mientras que Zoido ha recibido la condecoración de la Hermandad de Jesús el Rico y la Hermandad de la Expiación de Málaga.
“Hay una confusión entre el Estado y la sociedad civil”, explica a cuartopoder.es Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, una asociación estatal que persigue la separación del Estado de las religiones. “Cuando llega la Semana Santa el Ejército se pone al servicio de las procesiones, al igual que la Guardia Civil o incluso los Bomberos, en algunos lugares más que en otros. No entendemos que el catolicismo, que debería ser de la sociedad, sea la simbología oficial”, indica.

La bandera a media asta
Los causas por las que se iza la bandera a media asta están regladas. La exministra de Defensa Carme Chacón impulsó el Real Decreto 648/2010, que establece esta medida para cuando se decreten días de luto nacional, fallezca el titular de la Corona, el presidente del Gobierno o hayan muerto militares en actos de servicio. 
 El año pasado Cospedal ya entró en conflicto con el reglamento y decidió añadir “la muerte de Cristo” a la lista de motivos.”No se ha querido sacar partido de nada, es solo una cuestión que forma parte de nuestra cultura, religiosa o no religiosa”, explicó la ministra el año pasado en el Pleno del Senado.
Este año Defensa ha justificado la decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional, que dictaminó que “cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos”. 
También han aludido a la cuarta disposición del Real Decreto que impulsó Chacón y por el que se autorizan “comisiones escoltas o piquetes para asistir a celebraciones de carácter religioso con tradicional participación castrense”, y donde también se recoge el “respeto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, la asistencia y participación de actos que tendrán carácter voluntario”.
“Chacón dio pasos importantes en el respeto institucional”, indica el secretario de Laicidad del PSOE José Manuel Rodríguez Uribes. 
“Hay quien no lo tiene claro, como la ministra de Defensa, pero el hecho de que no exista una religión oficial implica una serie de obligaciones para los poderes públicos, que deben mantener una escrupulosa neutralidad, por respeto a quienes profesan otras religiones y a los no creyentes”, esgrime. 
Los socialistas pedirán explicaciones a Cospedal sobre su decisión de izar a media asta las banderas de España. El presidente de Europa Laica apunta que, precisamente, el punto del Real Decreto de Chacón, que se refiere a la participación “voluntaria” de los militares en los actos religiosos, se incluyó porque “se habían producido denuncias a la Policía Militar de personas que no querían asistir a actos religiosos”.
Igualmente, la participación de los representantes políticos en la simbología religiosa o en la celebración no atiende a colores políticos. La asociación Europa Laica denunció la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor, aunque la Justicia desestimó su recurso. 
Esta misma asociación también ha recurrido la concesión de la medalla de la ciudad de Cádiz a la Virgen del Rosario que avaló su alcalde, José María González ‘Kichi’ (Podemos). La organización que lucha por el laicismo también apunta que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís), realizó una ofrenda a la virgen estas últimas Fallas.

Los políticos se suman a la Semana Santa
Los ejemplos son innumerables. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha realizado este año la tradicional ofrenda floral a María Santísima de las Penas. El alcalde del PSOE de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Rodríguez Palacios, ha participado en la procesión del Cristo de los Desamparados y la Virgen de las Angustias. La hermandad de El Prendimiento en Orihuela, Alicante, ha tenido este año al Rey Felipe VI como Hermano de Honor. 
También hay excepciones: el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Anova), quien desde que tomó el poder rechazó asistir a actos o ceremonias religiosas. “Recibe multitud de presiones, hasta de la Casa Real, pero es un ejemplo para nosotros del papel de los representantes que están en las instituciones”, sostienen desde Europa Laica.
Otros entienden que la participación de los políticos o de los miembros vinculados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los eventos religiosos no es algo necesariamente negativo. 
“Es cierto que hay algún tipo de explicación en la tradición, una justificación histórica. Es verdad que hay matices y elementos que no están del todo claros”, indica Rodríguez Uribes, quien sí considera que debe continuarse el camino hacia la desvinculación de las instituciones con la religión.
La religión en las escuelas públicas es otro de los puntos calientes para los firmes defensores de la laicismo del Estado. En Semana Santa también aparecen algunos de los ejemplos más claros de la penetración del catolicismo en las aulas. 
La asociación Andalucía Laica recoge quejas de los padres y denuncia ante la Consejería de Educación y las Inspecciones provinciales de Cádiz y Sevilla las diversas actividades religiosas, confección de pasos procesionales, exposiciones de simbología cofrade y celebración de desfiles procesionales por parte del alumnado en colegios públicos.

El PSOE anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes

MADRID.- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado hoy que su grupo propondrá ante el Comité Federal del PSOE la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes después de que la presidenta no haya contado "toda la verdad" sobre su máster.

En declaraciones a los periodistas tras el pleno extraordinario en el que Cifuentes ha comparecido, Gabilondo ha anunciado esta medida que se tomará "con toda celeridad" ante la "alarma" creada por las supuestas irregularidades en el título obtenido por la dirigente autonómica en la Universidad Rey Juan Carlos.

El PSOE, a Cristina Cifuentes: "Dé una versión verdadera de lo ocurrido"

MADRID.- El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a "asumir su responsabilidad con todas las consecuencias".

Durante su comparecencia en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid, Gabilondo ha señalado que "en las democracias avanzadas, falsear el propio currículum por quienes desempeñan puestos públicos conlleva serias consecuencias" y ha agregado que "lo que se penaliza es el engaño".
El portavoz socialista ha instado a Cifuentes a asumir su responsabilidad "con una versión verdadera de lo ocurrido o con las consecuencias de no hacerlo".
Gabilondo ha estimado que la intervención de Cifuentes "no ha despejado las dudas razonables sobre este asunto" y la confianza de los madrileños en la presidenta regional "se queda seriamente afectada".
Desde su punto de vista, los cambios en la versión de lo sucedido por parte de Cristina Cifuentes o personas de su entorno han dado como resultado que "cada vez la cosa se oscurece más".
"La falta de una adecuada explicación dañará aún más a las instituciones, y eso es ya un perjuicio democrático que entre todos estamos en la obligación de evitar", ha resaltado Gabilondo, quien le ha trasladado a Cifuentes que si no ofrece explicaciones "su currículum sería mera apariencia de lo sucedido" y "así no se puede ser presidenta"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que su partido va a impulsar una Comisión de Investigación en la Cámara Regional para "aclarar toda la verdad y dirimir todas las responsabilidades" en el caso de la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes.
En su intervención en el pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, ha mostrado su deseo de contar con el apoyo del PSOE y Podemos en la creación de la comisión de investigación y ha confiado en que estos grupos no estén preocupados por repartirse los sillones de la Puerta del Sol.
Aguado ha señalado que "a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes, como ya ha demostrado en Murcia o Andalucía".
"Las informaciones publicadas apuntan a la posible comisión de un delito muy grave, castigado incluso con penas de cárcel, como es la falsificación de un documento público", ha recordado Aguado.
A su juicio, "el prestigio de la universidad está en juego", por lo que "si la comisión confirma los hechos, a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes, como ya hemos demostrado en Murcia o Andalucía".
El portavoz de Ciudadanos ha reiterado que "frente a la actitud de la señora Cifuentes, que ha decidido esconderse en la Puerta del Sol durante quince días", Ciudadanos va a hacer "un ejercicio de responsabilidad para conocer la verdad, interrogando a los implicados y sacando a la luz las pruebas sobre lo que ha ocurrido".
Aguado ha adelantado que "Ciudadanos llamará a declarar a esta comisión al supuesto director del máster, a las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta, al rector de la Universidad Rey Juan Carlos y al personal de la casa que participó en la modificación de las notas de Cifuentes", así como "a cualquier persona que tuviera conocimiento directo o indirecto de corrupción universitaria".
Además, ha manifestado que "la estabilidad de la Comunidad y el futuro de siete millones de madrileños merecen que actuemos de forma responsable y que sepamos la verdad antes de tomar decisiones".

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido a Cifuentes que dimita porque "ya nadie la cree" y su continuidad en el cargo "daña a lo público" por las supuestas irregularidades en la obtención de su máster.
"Usted no presentó nunca ni defendió un Trabajo Fin de Máster", ha aseverado la portavoz de la formación morada, que ha asegurado que los documentos sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos presentados hoy por la presidenta regional en el pleno extraordinario "no prueban absolutamente nada".

"¿Dónde está su TFM señora Cifuentes, dónde está?", se ha preguntado Ruiz-Huerta, que cree que la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos se puede hacer, pero para ello "no hace falta" seguir manteniendo a Cifuentes como presidenta.
"Ya nadie la cree señora Cifuentes, su carrera política ha terminado, ahorre el desprestigio que hace a las instituciones que usted permanezca en el cargo ni un minuto más".
Ruiz-Huerta ha asegurado que el máster de Cifuentes muestra la naturaleza del PP, de la que ha dicho que es un partido "corrupto hasta la médula" donde "no hay regeneración ni mirlos blancos".

Cristina Cifuentes admite que no necesitó ir a clase para sacar su máster

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles que en su máster de derecho autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos podía no acudir a clase porque el horario se adaptaba en el caso de los estudiantes que trabajan, opción a la que se acogió.

En su comparecencia en la Asamblea de Madrid a petición de PSOE y Podemos para explicar las supuestas irregularidades en la obtención de este título, Cifuentes ha detallado que se matriculó en el máster tres meses después de que se iniciasen porque existían plazas vacantes.
Ambas son prácticas "habituales", como también lo es según Cifuentes que los profesores pidan modificar las calificaciones en cuando se producen errores de transcripción, como ocurrió en el caso de la presidenta autonómica, según mantiene la dirigente.
Además, Cifuentes ha mostrado su matrícula donde figura la dirección del inmueble en el que residía en Malasaña y ha explicado que si en otros documentos aparecen las señas de la Delegación del Gobierno es porque se modificaron posteriormente sus datos.
"Mi expediente académico no fue manipulado de manera irregular, esto es un hecho demostrado (...) Yo realicé y concluí mi máster en el año 2012, demostrado. Lo he demostrado con documentos y lo ha confirmado la propia universidad", ha afirmado Cifuentes en el Parlamento madrileño.
Respecto a la defensa del TFM, que se produjo el 2 de julio de 2012 cuando se jugaba un partido de fútbol de alto riesgo, Cifuentes ha defendido que "a veces se evalúa el trabajo y se guarda la nota" y ha añadido que "esos dispositivos de seguridad se seguían desde la Jefatura Superior de Policía, no desde la Delegación del Gobierno".
Cifuentes ha defendido asimismo que el acta que evalúa este trabajo y que supuestamente contiene dos firmas falsificadas según El Confidencial le fue remitido por el Rectorado de la URJC y ha añadido que "si hay algún problema en esa documentación" ella "como alumna" no lo puede "aclarar".
La dirigente autonómica ha criticado, por "antirreglamentaria", la comparecencia pedida por la oposición y ha criticado al resto de partidos por verter acusaciones en su contra solo mediante "palabrerías" y no con "pruebas".
"Algo no funciona bien cuando aquellos que somos acusados sin pruebas tenemos que demostrar nuestra inocencia", ha dicho Cifuentes, que cree que "los que han cambiado la versión de los hechos" son quienes le acusan "sin pruebas".
La presidenta de los 'populares' madrileños ha acusado a la oposición de ir con sus intervenciones ya escritas y ha añadido, entre aplausos de su grupo, que seguirá ejerciendo su vocación de servicio público.
Posteriormente, en una rueda de prensa, Cifuentes ha asegurado que no se ha planteado jamás dimitir de su cargo por las supuestas irregularidades de su máster, y ha subrayado que seguirá en su cargo mientras tenga la "confianza" de su partido y de los madrileños.
"No me he planteado jamás dimitir, ¿por qué iba a dimitir si he actuado de manera correcta?", ha dicho tras su comparecencia en el pleno extraordinario.
Cifuentes ha insistido en que no tiene "ningún motivo" para renunciar a su cargo de presidenta y ha indicado que seguirá ejerciéndolo "mientras siga teniendo la confianza" de su partido y de los madrileños.

Cristina Cifuentes: "Mi máster es perfectamente real y legal"

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido en la Asamblea regional que su máster es "perfectamente real y legal". Cifuentes ha denunciado que la polémica suscitada por su título es una "operación política" para "desestabilizar" su Gobierno.

Cifuentes ha dicho que el pleno de este miércoles es "irregular" y "antirreglamentario" y que está compareciendo para defender su "honor político, personal y profesional" respecto a las informaciones del máster.
"Acudo a esta Cámara con firme voluntad de ofrecer todo tipo de explicaciones y defender mi honor no sólo político, sino personal y profesional", ha dicho al inicio de su comparecencia.
En su intervención Cifuentes ha subrayado: "Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación. Estamos hablando de mi título que a mí no me aportó ningún nivel académico que no tuviera previamente antes de su realización".
En su opinión, "resulta difícil" saber si lo que ha calificado como una "operación de descrédito" contra su persona "obedece exclusivamente a una operación política de la izquierda y de sus socios" o si es el "precio a pagar" por "haber hecho cosas como combatir la corrupción en todo momento".
De cualquier forma, considera que en este "burdo intento van a fracasar" porque hay "constancia documental" de su máster.
En su comparecencia, ha mostrado un certificado académico "oficial" emitido por el vicerrectorado del máster, "con papel timbrado y sello oficial" y que contiene las doce asignaturas y el trabajo de fin de máster, según han explicado fuentes del Gobierno regional.
Cifuentes ha asegurado haber pagado la matrícula del máster por un importe de 1.586,39 euros, ha explicado que obtuvo un 7,5 en su trabajo de fin de máster y ha informado de que ha autorizado "formalmente" a la Universidad Rey Juan Carlos para hacerlo público.
Asimismo, ha afirmado que su título académico fue emitido el 23 de octubre de 2014 y pagó para su expedición 176,27 euros el 4 de noviembre del mismo año.
Sobre las calificaciones de no presentado en dos asignaturas, ha señalado que fue un "error de transcripción" que se detectó "cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título".
Según Cifuentes, el catedrático de Derecho financiero y tributario, Pablo Chico, mandó una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos indicando que este "error" también "afectó a otros alumnos".
"Es un hecho que a sabiendas se ha silenciado y se ha manipulado convenientemente para tratar de echar por tierra mi reputación", ha añadido Cifuentes, que cree que con esto "queda acreditada la falsedad de un posible trato de favor en el procedimiento de corrección de las notas" de su máster.
Por otro lado, Cifuentes ha anunciado que ya ha interpuesto la querella criminal contra los periodistas que han informado sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos por "difundir una versión que nada tiene que ver con la realidad".
"Han utilizado para ello datos protegidos a los que han accedido en flagrante violación de la ley de protección de datos", ha dicho en referencia a los dos periodistas de elDiario.es.
Además, Cifuentes ha informado de que de forma simultánea ha solicitado "un acto de conciliación previo a la presentación de otra querella añadida por delitos contra el honor".
"Estoy tranquila. Fíjense hasta qué punto estoy tranquila, que he puesto este asunto en manos de los tribunales", ha apuntado.
Cifuentes se ha reafirmado en su "vocación de servicio público" y ha asegurado que "frente a los ataques y las maniobras" su respuesta y la de su Gobierno "va a ser la misma de siempre: trabajar por Madrid".

Ciudadanos pide una comisión de investigación


Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que su partido va a impulsar una Comisión de Investigación en la Cámara Regional para "aclarar toda la verdad y dirimir todas las responsabilidades" en el caso de la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes.
En su intervención en el pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, ha mostrado su deseo de contar con el apoyo del PSOE y Podemos en la creación de la comisión de investigación y ha confiado en que estos grupos no estén preocupados por repartirse los sillones de la Puerta del Sol.
Aguado ha señalado que "a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes, como ya ha demostrado en Murcia o Andalucía".
"Las informaciones publicadas apuntan a la posible comisión de un delito muy grave, castigado incluso con penas de cárcel, como es la falsificación de un documento público", ha recordado Aguado.
A su juicio, "el prestigio de la universidad está en juego", por lo que "si la comisión confirma los hechos, a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes, como ya hemos demostrado en Murcia o Andalucía".
El portavoz de Ciudadanos ha reiterado que "frente a la actitud de la señora Cifuentes, que ha decidido esconderse en la Puerta del Sol durante quince días", Ciudadanos va a hacer "un ejercicio de responsabilidad para conocer la verdad, interrogando a los implicados y sacando a la luz las pruebas sobre lo que ha ocurrido".
Aguado ha adelantado que "Ciudadanos llamará a declarar a esta comisión al supuesto director del máster, a las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta, al rector de la Universidad Rey Juan Carlos y al personal de la casa que participó en la modificación de las notas de Cifuentes", así como "a cualquier persona que tuviera conocimiento directo o indirecto de corrupción universitaria".
Además, ha manifestado que "la estabilidad de la Comunidad y el futuro de siete millones de madrileños merecen que actuemos de forma responsable y que sepamos la verdad antes de tomar decisiones".

Podemos: "¿Dónde está su TFM señora Cifuentes, dónde está?"


La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido a Cifuentes que dimita porque "ya nadie la cree" y su continuidad en el cargo "daña a lo público" por las supuestas irregularidades en la obtención de su máster.
"Usted no presentó nunca ni defendió un Trabajo Fin de Máster", ha aseverado la portavoz de la formación morada, que ha asegurado que los documentos sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos presentados hoy por la presidenta regional en el pleno extraordinario "no prueban absolutamente nada".
"¿Dónde está su TFM señora Cifuentes, dónde está?", se ha preguntado Ruiz-Huerta, que cree que la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos se puede hacer, pero para ello "no hace falta" seguir manteniendo a Cifuentes como presidenta.
"Ya nadie la cree señora Cifuentes, su carrera política ha terminado, ahorre el desprestigio que hace a las instituciones que usted permanezca en el cargo ni un minuto más".
Ruiz-Huerta ha asegurado que el máster de Cifuentes muestra la naturaleza del PP, de la que ha dicho que es un partido "corrupto hasta la médula" donde "no hay regeneración ni mirlos blancos". 

Previamente, la presidenta de Madrid había recibido el apoyo explícito de su partido. La dirección nacional del PP mantiene su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y cree que esta tarde dará "suficientes explicaciones" sobre su título de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y espera que este asunto quede "cerrado" tras su comparecencia en la Asamblea.
Así lo había apuntado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo en un encuentro con periodistas, en el que también ha señalado que el partido no va a cambiar ahora su postura de apoyar a Cifuentes, que ayer mostró también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Y sobre las nuevas informaciones sobre este asunto, como la que publica hoy El Confidencial, según la cual el acta del máster que exhibió Cifuentes tiene al menos dos firmas falsificadas, Maíllo no ha querido pronunciarse y ha pedido "esperar" a la comparecencia, en la que supone que la presidenta autonómica "reiterará" o "ampliará" las explicaciones dadas.
El 'número tres' del PP no ha querido aventurar lo que dirá Cifuentes ni cuál será la posición de la dirección nacional tras su comparecencia. "Lo que va a pasar lo sabremos esta tarde en su integridad", ha dicho.
Ha asegurado que "lógicamente" ha habido contactos entre la dirección nacional y la del PP de Madrid sobre este asunto, pero no ha querido dar detalle de la información que Cifuentes le ha trasladado estos días a Génova.
Y ha señalado que "al fin y al cabo es ella la que comparece y la que tiene que contestar" sobre este asunto.
Maíllo ha insistido en que el PP mantiene su apoyo a Cifuentes por una "cuestión de confianza" hacia la dirigente autonómica. La misma confianza que llevó al partido a elegirla como candidata a la Presidencia de Madrid que ahora ocupa, ha dicho.
Por eso ha insistido en que es "lógico y normal" que ahora tenga Cifuentes la "oportunidad" de dar las explicaciones que tenga que dar.
"No vamos a cambiar nuestra postura de apoyo, la mantuvo el presidente ayer, la mantiene la dirección del partido", ha reiterado Maíllo, quien ha insistido en "esperar" a la comparecencia de esta tarde para hacer más valoraciones.
Y ha añadido: "Nosotros lo que va a pasar evidentemente lo sabremos esta tarde en su integridad".

La historia completa y al detalle del máster de Cristina Cifuentes , según eldiario.es



22 de septiembre de 2011. Arrancan las clases del máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de un título oficial del Ministerio de Educación, necesario para presentar el doctorado. Es un máster presencial de 60 créditos: unas 1.500 horas entre clases, estudio, trabajos y presentaciones académicas. Las clases eran entre 12 y 15 horas semanales: jueves por la tarde, viernes por la tarde y sábados por la mañana.
20 de noviembre de 2011. Mariano Rajoy gana las elecciones con mayoría absoluta.


21 de diciembre de 2011. Cristina Cifuentes se matricula en el máster, a pesar de que el plazo oficial de matriculación había terminado hace más de tres meses: el 18 de septiembre de 2011. El pago de la matrícula es el día de los santos inocentes: el 28 de diciembre de 2011. Para entonces, el resto de sus compañeros de curso ya llevan un trimestre completo, que Cifuentes se saltó. No fue a las clases ni antes de la matrícula ni tampoco después, como aseguran todos los alumnos de ese curso con los que ha hablado eldiario.es
12 de enero de 2012. Cristina Cifuentes es nombrada delegada del Gobierno en Madrid por Mariano Rajoy. Sigue sin ir a las clases.
Junio de 2012. Los compañeros del máster de Cifuentes se examinan. El máster tenía 12 asignaturas más el trabajo de fin de máster. La mayoría de los profesores exigían a los alumnos dos requisitos para aprobar: un trabajo específico por cada asignatura y un examen en el aula, que se realiza con todos los estudiantes al mismo tiempo. Nadie ve en esos exámenes a Cifuentes, a pesar de que entonces era ya una política bastante conocida.
Pese a no pisar las clases y de no acudir a los exámenes, Cifuentes consigue cinco sobresalientes. En su expediente, le queda por aprobar solo una asignatura: “La financiación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales”, que impartía el profesor Pablo Chico. Le pone un “no presentado”.
2 de julio de 2012. Cifuentes defiende su trabajo de fin de máster ante un tribunal ese día y saca un 7,5  –según su versión posterior–, aunque en su expediente este notable no aparece hasta dos años después. Es una fecha un tanto extraña por varios motivos. Porque legalmente no podía defender su trabajo de fin de máster si antes no tenía aprobadas todas las asignaturas –y le quedaba la de Pablo Chico por aprobar–. Porque ese mismo día, la delegada del Gobierno en Madrid coordinaba un amplio dispositivo policial por la celebración de la Eurocopa que acababa de ganar la selección española de fútbol. Y porque en ese dos de julio, todo el departamento que supuestamente la examinó estaba en Aranjuez, a 50 kilómetros de distancia, inaugurando los cursos de verano de la Universidad.
20 de noviembre de 2012. A pesar de que, en teoría, tenía todo aprobado –según su versión posterior– Cifuentes paga las tasas administrativas del curso 2012-2013 para volver a presentar su trabajo de fin de máster, que en ese momento aparecía en su expediente como “no presentado”.
12 de junio de 2013. El PP nombra al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Le sustituye Fernando Suárez al frente de la URJC: el famoso rector plagiador.
Mayo de 2014. Cristina Cifuentes empieza a sonar en las quinielas como posible candidata del PP en las elecciones municipales o autonómicas de 2015. Su equipo trabaja con ese horizonte desde mucho antes.
23 de octubre de 2014. Una funcionaria a la que Cristina Cifuentes conoce desde hace años, Amalia Calonge, entra en el sistema informático de la Universidad Rey Juan Carlos y cambia los dos no presentados que figuran en el expediente de Cifuentes –el de la asignatura pendiente y el del trabajo fin de máster– por sendos notables. Calonge incumple el protocolo oficial para modificar una nota, que obliga a completar una serie de trámites que no se realizaron. Tampoco era ella la persona que debería haber realizado esa gestión.
6 de noviembre de 2014. Cristina Cifuentes paga las tasas para retirar su título
6 de marzo de 2015. Mariano Rajoy descarta a Ignacio González y nombra a Cristina Cifuentes candidata por el PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
27 de mayo de 2015. Cifuentes gana las elecciones autonómicas y, con el apoyo de Ciudadanos, se convierte en la nueva presidenta de Madrid.
Septiembre de 2016. El rector de la URJC, Fernando Suárez, contrata a la hermana de Cristina Cifuentes de manera ilegal. El propio rector también dirigió la tesis doctoral de Margarita Cifuentes, que fue fichada como “profesora visitante” sin cumplir los requisitos para un puesto así.
16 de noviembre de 2016. eldiario.es comienza a publicar una serie de reportajes de investigación de nuestra compañera Raquel Ejerique sobre el rector de la URJC, Fernando Suárez, y sus numerosos plagios académicos.
12 de diciembre de 2016. Cifuentes se desentiende de los plagios del rector Suárez: “Respeto lo que la Universidad decida”.
5 de enero de 2017. El escándalo de los plagios fuerza la salida del rector Suárez. Tras su caída, gana las elecciones Javier Ramos, el actual rector.
3 de marzo de 2017. Javier Ramos toma posesión como rector de la URJC en un acto oficial al que acude Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid. Ese día, la funcionaria Amalia Calonge –la misma que modificó sus dos notas–, prepara para Cifuentes el resguardo para la retirada de su título de máster. Cifuentes lo firma y se lo entrega a Calonge para que retire el título en su nombre.
Posteriormente, Amalia Calonge intenta retirar el título para evitar a la presidenta de Madrid la incómoda gestión. No lo consigue porque los funcionarios exigen que se presente Cifuentes en persona y, si no acude ella misma, que firme un poder notarial.
16 de noviembre de 2017. Cristina Cifuentes se ve obligada a pasar en persona por la secretaría de la Universidad. La funcionaria Calonge acompaña a la presidenta de Madrid también con esta gestión. Se hacen un selfie juntas, que Calonge mantiene hasta que salta el escándalo como foto de perfil de su WhatsApp
20 de marzo de 2018. Tras varias semanas de investigación, eldiario.es se pone en contacto con la Universidad Rey Juan Carlos, con Amalia Calonge y con el equipo de Cristina Cifuentes para recabar su versión sobre estos hechos antes de publicar. La URJC da unas respuesta confusas e inverosímiles. El equipo de Cifuentes asegura que “la jefa” les ha dicho que se había dejado dos asignaturas para después. Calonge responde que, si cambió las notas, fue porque algún profesor se lo diría por mail. Calonge se niega a contestar si es amiga de Cifuentes. Del lado de Cifuentes, nos responden sobre Calonge que “la jefa no tiene ni idea de quién es”.
21 de marzo de 2018. eldiario.es publica la primera exclusiva sobre el caso:  Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Tras nuestra información, la presidenta de Madrid y su equipo enmudecen, y desaparecen sin dar una respuesta a los medios durante la mayor parte del día.
21 de marzo de 2018, 13.30. El rector de la URJC, Javier Ramos, el catedrático Enrique Álvarez Conde –que se presenta como director del máster de Cifuentes– y el profesor Pablo Chico comparecen en rueda de prensa. Dan una versión de los hechos que contradice la que explicó el equipo de Cifuentes en su nombre el día antes. Achacan a un error administrativo que las notas estuviesen mal durante dos años, y defienden que Cifuentes aprobó todo a la primera y que presentó el trabajo de fin de máster en julio de 2012. ¿Dónde está ese trabajo?, preguntan los periodistas. “No lo podemos enseñar por la ley de protección de datos”, responde Álvarez Conde. También afirma que no hay ninguna irregularidad y que no hubo ningún trato especial para Cifuentes. “Fue tratada como cualquier otra alumna de esta Universidad” Chico afirma también que en aquel momento no sabía ni quién era Cifuentes.
Un periodista pregunta a los tres de la rueda de prensa. “El director de eldiario.es asegura que están ustedes mintiendo y que lo puede demostrar”. El rector enmudece por unos segundos.
21 de marzo de 2018, 14:00. Tras la rueda de prensa, el rector Javier Ramos descubre algo que hasta entonces no sabía: que el que trabajo fin de máster no está por ningún sitio, un dato determinante que Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico le habían ocultado antes de su comparecencia. Ni lo encuentra Cifuentes  –su entorno dice que lo perdió porque ha hecho tres mudanzas– ni lo encuentra el tutor de ese trabajo, Enrique Álvarez, ni tampoco lo encuentran las tres profesores que supuestamente lo evaluaron: Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado.
21 de marzo de 2018, 14:02. eldiario.es publica que el profesor Pablo Chico, uno de los que avala a Cristina Cifuentes, fue colocado por el PP en el Ayuntamiento de Pozuelo y el de Móstoles. Es el mismo que aseguró que no sabía quién era Cifuentes.
21 de marzo de 2018, 15:17. eldiario.es publica que el catedrático Enrique Álvarez Conde fue alto cargo de Mariano Rajoy en el primer Gobierno de José María Aznar. Es el que dice que Cifuentes fue una alumna más.
21 de marzo de 2018, 17:55. El rector Javier Ramos se da cuenta de que está metido en un lío y pone en marcha una investigación interna en la Universidad. No lo hace público en ese momento. La Universidad lo anuncia al día siguiente, por la mañana.
21 de marzo de 2018, por la tarde. El equipo de la presidenta de Madrid entra en pánico. Una asesora del consejero de Educación, amiga personal de Cristina Cifuentes y también profesora de la URJC,  Maite Feito, presiona a la Universidad para que proporcione una coartada a la presidenta que le permita responder a las informaciones de eldiario.es. Poco después, Álvarez Conde hace llegar a la Universidad una acta falsa de la evaluación del trabajo de fin de máster. El falso documento es redactado ese mismo día. Alguien firma en nombre de dos de las profesoras –Clara Souto y Cecilia Rosado– y envía el documento a la Universidad, que se lo hace llegar a la presidenta de Madrid.
21 de marzo de 2018, 22:00. Cristina Cifuentes, tras todo el día desaparecida, aparece al fin y da dos entrevistas: primero en Onda Cero y después en 13TV. También envía un comunicado donde acusa a eldiario.es de mentir y muestra ese acta falsa de la defensa de su trabajo de fin de máster, el 2 de julio de 2011. No tiene sello alguno ni fecha de entrada en el registro de la Universidad.
21 de marzo de 2018, 22:11. eldiario.es publica una nueva exclusiva, que demuestra que Cifuentes se volvió a matricular en noviembre, cuando en teoría ya había aprobado su trabajo de fin de máster cuatro meses antes, según su versión.
22 de marzo, 01:38. Cristina Cifuentes cuelga un vídeo en redes sociales mostrando el acta falsificada de su trabajo fin de máster como prueba de que es eldiario.es quien miente.
22 de marzo de 2018, 13:04. Asociaciones universitarias denuncian ante la Fiscalía la falsificación del máster de Cifuentes.
22 de marzo de 2018, 14:21. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pide a la Fiscalía que abra una investigación. Ningún partido de la oposición cree en la explicación que ha dado la presidenta de Madrid.
23 de marzo de 2018, 22:01. eldiario.es se pone en contacto con una cuarta parte de los alumnos del mismo máster que cursó Cifuentes. Confirman que no la vieron por clase ni un solo día.  
26 de marzo de 2018, 13:00. Cristina Cifuentes desde un plasma anuncia una “querella criminal” contra eldiario.es. Después cancela el consejo de Gobierno. No ha vuelto a hacer declaraciones públicas hasta este miércoles.
28 de marzo de 2018. La Universidad Rey Juan Carlos eleva el caso Cifuentes a la Conferencia de Rectores y pide un inspector externo.
2 de abril de 2018. eldiario.es desvela que Cifuentes se matriculó cuando las clases llevaban tres meses en marcha.
3 de abril de 2018. Los alumnos del máster de Cifuentes aseguran a eldiario.es que tampoco la vieron en los exámenes.
4 de abril de 2018, 5:00.   El Confidencial desvela que el acta del trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes se fabricó pocas horas después de la primera información de eldiario.es y tiene dos firmas falsificadas.
4 de abril de 2018. Dos semanas después de la primera información de eldiario.es, tras 13 días escondiéndose, Cristina Cifuentes al fin comparece ante la Asamblea de Madrid. Su trabajo de fin de máster sigue sin aparecer. Tal vez aparezca por fin este miércoles. A estas alturas de la historia, ya da absolutamente igual. Cifuentes no ha parado de mentir y la única duda que queda es si seguirá mintiendo hoy o si al fin dimitirá con lo poco que le quede de dignidad.

(Continuará)