sábado, 13 de agosto de 2011

El transporte público madrileño es "el más caro de España"

MADRID.- El colectivo Ecomovilidad.net ha denunciado que el precio "real" del transporte público madrileño es "el más caro de España", sólo siendo superado en términos "absolutos" por Tenerife, "si bien en esta isla hay un sistema tarifario integrado que permite amortizar más cada billete". 

   Esta es la principal conclusión a la que han llegado los responsables de este colectivo después de elaborar un estudio comparativo en el que han tomado como referencia el medio de transporte más representativo de cada ciudad, "en el caso de las que tienen Metro con las tarifas vigentes y en caso de no tenerlo, con los autobuses urbanos".
   En su estudio, han tomado como base asimismo el billete de 10 viajes o, en caso de no existir, el precio del mismo número de desplazamientos y lo han aplicado a las "quince mayores" zonas urbanas de España, "que suman más de 22 millones de habitantes".
   De este modo, Ecomovilidad.net pone de manifiesto que el billete de Metrobús cuesta en Madrid 9,30 euros y resalta el hecho de que sea un billete "no integrado", que supone que "hay que cancelar un nuevo viaje cada vez que se transborda de un medio a otro e incluso de un autobús a otro dentro de la EMT".
   Con estas mismas pautas, explican que en Barcelona el precio de diez viajes en Barcelona es de 7,85 euros siendo además éste integrado, lo que permite cambiar de un tipo de transporte a otro sin necesidad de volver a 'picar'.
   El seguimiento sigue por Valencia (7,45 euros e integrado), Sevilla (diez viajes por 8 euros con un título "semi integrado"), Bilbao (6,90 euros por la decena de movimientos también "semi integrados"), Málaga (siete euros e integrado) o Asturias (7,50 euros e integrado con hasta cuatro transbordos).
   También analizan Alicante (6,75 euros e integrado), Murcia (26 viajes por 15 euros y, como en Madrid, no integrado), Las Palmas (6,5 euros y sin integrar), Zaragoza (diez viajes por seis euros e integrado durante una hora), Tenerife (9,50 euros ero integrado durante la hora siguiente a la cancelación), Vigo (diez viajes que, usando la tarjeta recargable valen ocho euros sin transbordos), Cádiz (diez viajes por 6,35 euros sin transbordos) y Palma de Mallorca (ocho euros y título no integrado).
   "Madrid tiene desde el pasado 1 de enero el sistema de transportes más caro de España en términos reales, sólo superado por Tenerife en términos absolutos. No obstante, a efectos reales, la isla es más económica que la capital de España al poder optimizar más el viaje al ser un título integrado", argumentan.
   Por último, desde Ecomovilidad.net denuncian que el transporte público madrileño "no sólo es el más caro de España sino que tampoco es el más barato de Europa". "En Lisboa podemos hacer diez viajes semi integrados por 7,90 euros; en Milán, que tiene más poder adquisitivo que Madrid, cuesta 9,20 euros y en Roma el abono mensual vale 30 euros", denuncian.

Italia suprimirá las provincias de menos de 3.000 kilómetros cuadrados

ROMA.- El ministro de Reformas Institucionales italiano, Roberto Calderoli, dijo hoy que el Gobierno aprobó "la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie", y que para ello se elaborará un censo en otoño de 2011.

Calderoli compareció hoy en rueda de prensa junto con los ministros de Economía, Guilio Tremonti, y de Trabajo y Políticas Sociales, Maurizio Sacconi, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros.
El Gobierno italiano aprobó ayer un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
Según cálculos realizados por los medios de comunicación a partir de los datos ofrecidos por Calderoli, entre 29 a 35 provincias italianas pueden desaparecer.
En cuanto a los 8.094 ayuntamientos existentes en Italia, hay 1.970 con menos de 1.000 habitantes por lo que para ellos será obligatorio la fusión municipal, dijo el ministro.
Calderoli prevé además una reducción de alrededor de 54.000 cargos y asesores a finales de la legislatura sobre los 140.000 actuales.
Por su parte, Tremonti, dijo que la llamada "contribución de solidaridad" penaliza con un 5 % los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 % a los que excedan los 150.000, todos ellos deducibles de la renta.
La "contribución de solidaridad" tendrá una duración de tres años computables a partir de 2011.
El ministro de Economía ratificó que el decreto ley no necesita una cuestión de confianza en el Parlamento, porque es suficientemente "serio y comprometido" para implicar a la clase política en aras del interés general.
En su intervención, el ministro de Trabajo y Políticas Sociales anunció que, en consonancia con los solicitado por el Banco Central Europeo (BCE), el decreto ley contempla la flexibilidad del mercado de trabajo para impulsar la contratación a nivel empresarial, pero también el despido del personal.
Comentó que la jubilación de hombres y mujeres (que hasta ahora se jubilaban a los 65 y 60 años respectivamente) pasará a los 67 años en los próximos cinco años y que en 2050 podría elevarse a los 70.
El gobierno italiano prometió que su nuevo programa de austeridad reducirá la abultada burocracia del país mediante la eliminación gradual de miles de empleos a medida que se reorganiza la administración de las provincias.
El primer ministro Silvio Berlusconi consideró las reducciones como "excesivas", pero reconoció que no hubo otro remedio debido al descontento generalizado de los ciudadanos ante los privilegios de la clase política italiana.
Ante las presiones del Banco Central Europeo, el gobierno aprobó el viernes un plan adicional de austeridad de 45.500 millones de euros en los próximos dos años para equilibrar el presupuesto del 2013.
El plan —una mezcla de reducción del gasto y aumento de los impuestos, incluyendo una "tasa de solidaridad" para los salarios más cuantiosos— intenta apaciguar los temores de los mercados y asegurar que Italia no acabe pidiendo un plan de rescate para evitar la bancarrota.
Roma había aprobado ya el mes pasado un recorte del gasto público de 70.000 millones de euros, pero el gobierno sostuvo que la situación financiera se ha deteriorado de forma palpable desde entonces.
El ministro del gabinete Roberto Calderoli dijo el sábado que el número de legisladores nacionales —unos 1.000 en la actualidad— será reducido en un 50%, aunque será necesario un largo proceso constitucional.
Agregó que las administraciones provinciales menores a 3.000 kilómetros cuadrados (1.160 millas cuadradas) o con poblaciones de menos de 300.000 habitantes serán abolidas. Muchos consideran que esas administraciones —una figura que se encuentra entre las municipalidades y las regiones — son una costosa duplicación.
Aunque el número preciso será determinado por un censo en el cuarto trimestre, la medida seguramente afectará a entre 29 y 365 gobiernos provinciales, dijo Calderoli. El diario La Repubblica indicó que entre ellas figuran Siena, Trieste y Prato, un importante centro de negocios en las afueras de Florencia.
Las poblaciones con menos de 1.000 residentes serán consolidadas con otras mayores, cambio que afecta a unas 1.970 municipalidades de 8.094 en todo el país, según el gobierno.
Esas reducciones significan que unos 5.000 cargos elegidos serán eliminados, así como varios miles de empleos relacionados, dijo Calderoli. Esas medidas entrarán en vigor en las próximas elecciones municipales.
El tema de la excesiva burocracia ha figurado desde hace años en el debate entre los partidos italianos. Pero, la indignación ciudadana alcanzó recientemente nuevos niveles al quedar exenta la clase política de las reducciones.

Los municipios españoles enfrentan una profunda crisis

MADRID.- Las 8.115 municipalidades españolas están afectadas por las deudas que contrajeron después de dos décadas de vacas gordas que supuso el auge de la construcción antes de estallar la burbuja en el 2008.

Existe una creciente preocupación en España de que las municipalidades y los gobiernos regionales corran el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones. Esta semana, en La Mancha, Castilla, tres de cada cuatro farmacias cerraron en una "huelga" para protestar por la demora en el pago de 125 millones de euros que les debe el gobierno regional por las recetas farmacéuticas que los ciudadanos reciben del sistema nacional de salud.
Los gobiernos locales y regionales asumieron grandes obligaciones durante los años de bonanza, pero ahora sus arcas se han vaciado.
Muchos pueblos contrataban a numerosos empleados a medida que los municipios recaudaban las tarifas de los permisos de construcción y las licencias de negocios, además de mayores impuestos a la propiedad. Las autoridades se lanzaron a construir carreteras, escuelas, guarderías, atracciones turísticas y centros para retirados.
La crisis financiera del 2008 redujo los fondos y convirtió el auge en un desastre. Ahora la construcción está paralizada y los negocios están cerrando mientras España lidia con un desempleo de casi el 21%, récord para la eurozona. Muchos municipios casi no pueden pagar a sus empleados, no pueden despedir trabajadores debido a las reglas sobre el servicio público, están pagando con demora al sistema de salud, y tratan de aplazar o reestructurar las deudas que asumieron con los costosos proyectos de infraestructura.
La nación podría ser la próxima en necesitar un rescate financiero después de Grecia, Irlanda y Portugal, y hay quienes dicen que el ejemplo de su municipio demuestra que España necesitará la ayuda de la Unión Europea, pese a las promesas de las autoridades centrales de que la nación no la precisará.
La deuda de los gobiernos locales ascendía a 35.000 millones de dólares a fines del 2010, un 11% más que en el 2008, y se pronostica que podría aumentar este año a medida que siguen declinando los ingresos de las municipalidades.
"El panorama es negativo, y si no enfrentamos los problemas de los municipios tendremos más ejemplos como Moratalla, en la Región de Murcia", advirtió Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la comisión de finanzas de la asociación que representa los municipios y provincias de España.
"Se trata de aumentar impuestos o reducir servicios. No existe una máquina para fabricar dinero".
Arahuetes dijo que el gobierno central español debe considerar una reforma controvertida para disponer la fusión de pequeñas comunidades a fin de que ahorren costos, al menos para los pueblos de no más de 400 habitantes que tengan sus propios municipios.
"La distribución territorial de los pueblos en España es totalmente insostenible y alguien tiene que encarar este problema seriamente", agregó.
Grecia lo hizo el año pasado, cuando redujo sus 1.034 municipalidades a 325 para dinamizar los servicios y reducir costos y desperdicios. En Italia, el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi emitió el viernes un decreto de emergencia para abolir la administración provincial de las ciudades con menos de 300.000 personas, mientras que los pueblos pequeños con menos de mil residentes se fusionarán con comunidades más extensas.

Rouco Varela defiende que para financiar la JMJ se ha recurrido al "método habitual" para cualquier evento

MADRID.- El cardenal arzobispo de la archidiócesis de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha defendido que para financiar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que comienza la próxima semana en la capital, la organización del encuentro ha recurrido al "método habitual" que utiliza "cualquier iniciativa artística, cultural o deportiva".

   "A la hora de pedir patrocinios, hemos seguido el método habitual de cualquier iniciativa artística, cultural o deportiva que se hace en esta ciudad, y si encima podemos hacer el bien a través de esos contactos y esas fórmulas, estamos encantados de poder hacerlo", ha explicado en declaraciones a TVE.
   Para el cardenal, "no hay que exagerar" con respecto al coste de este encuentro que inauguró Juan Pablo II en 1985, al tiempo que ha recordado que parte de la labor de organización la harán los voluntarios. Según ha señalado, los grupos de voluntarios que se han ido formando en las parroquias de la ciudad "se cuentan por miles" y "esa es la realidad de la Iglesia en Madrid".
   Sobre los mensajes que lanzará el Papa durante su visita a Madrid, Rouco no ha comentado el posible contenido, si bien ha dicho que Benedicto XVI ejercerá "su libertad como pastor de la Iglesia universal con claridad y respeto".
   Según el cardenal, el Santo Padre "no tiene ninguna pretensión de crear conflictos, pero tampoco se va a sentir limitado a la hora de expresar con libertad lo que quiera decir a los jóvenes reunidos en Madrid".
   En cuanto a la alta participación que se prevé durante toda la semana que dura la JMJ, Rouco ha afirmado que Juan Pablo II imitó "a los rockeros del mundo y sus éxitos" creando este encuentro.
"Si se quieren tomar las cosas así, pues muy bien, pero de hecho él consiguió, y no difícilmente, que los jóvenes se le agrupasen multitudinariamente y que el encuentro con él, y también con el Papa actual, fuera un acto de una expresividad humana, espiritual y de fiesta como pocas veces se encuentra", ha destacado.

La Consejería de Educación de Madrid responde que los carteles son una "muestra de respeto"

MADRID.- La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha respondido este sábado a las críticas sobre la colocación de carteles religiosos en su sede que éstos forman parte del mensaje de "bienvenida" al Papa, lo cual califica como una "muestra de respeto".

   El Partido Socialista de Madrid (PSM) e Izquierda Unida (IU) han denunciado esta tarde que en los carteles colgados en la Consejería se pueden leer frases como 'Todos estamos llamados a la santidad', 'Abrid vuestro corazón a Dios', o 'Arraigados en Cristo, podréis vivir en la plenitud lo que sois', algo que, a su juicio, supone una "instrumentalización" de los recursos públicos, por lo que han exigido su retirada.
   Según ha explicado un portavoz de la Consejería, los carteles no han sido colgados por el departamento que dirige Lucía Figar, sino que éste sólo "ha dado permiso para que los responsables de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) lo hicieran".
   "Nos parece bien que se dé la bienvenida al Papa, ya que es una muestra de respeto y amabilidad hacia un jefe de Estado y hacia los cientos de miles de personas que vienen a Madrid desde todas partes del mundo" para participar en la JMJ, ha añadido el portavoz.
   Además, ha destacado que la Consejería opina que este mensaje de bienvenida "redunda en la fama de buena acogida" de la que disfruta, según ha subrayado, la ciudad de Madrid.

IU exige a la Consejería de Educación que retire de su fachada las pancartas con motivos religiosos

MADRID.- Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid ha exigido este sábado a la consejera de Educación, Lucía Figar, que "retire las pancartas con llamamientos religiosos se pueden ver estos días en la fachada de la Consejería".

   'Todos estamos llamados a la santidad', 'Abrid vuestro corazón a Dios', o 'Arraigados en Cristo podréis vivir en la plenitud lo que sois', son los lemas que pueden verse en el edificio público.
   Izquierda Unida ha denunciado a través de un comunicado "esta instrumentalización de los recursos públicos para convocar una iniciativa privada como es la visita de Benedicto XVI".
   IU considera que l"as instituciones públicas deben mantener un exquisito respeto a las convicciones de todos sus ciudadanos y ciudadanas y no sólo de una parte de ellos". El uso confesional de una institución pública es, en opinión de IU-CM, "un abuso de poder intolerable en una democracia".

El PSM denuncia la colocación de carteles religiosos en la fachada de la Consejería de Educación

MADRID.- El Partido Socialista de Madrid ha denunciado este sábado la colocación de un cartel de la JMJ en la fachada de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid. 

   En este edificio público se pueden leer frases como 'Todos estamos llamados a la santidad', 'Abrid vuestro corazón a Dios', o 'Arraigados en Cristo, podréis vivir en la plenitud lo que sois'.
   El diputado socialista José Cepeda ha manifestado que lo que demuestra este tipo de actos es que en la Comunidad de Madrid "no saben diferenciar lo que son las instituciones públicas de las creencias particulares de algunos de sus dirigentes".
   "(La consejera) Lucía Figar y algunos miembros (del Gobierno regional) se piensan que eso es su casa o su capilla, cuando es una institución pública. Hay que llamarles al orden", ha asegurado Cepeda, que ha hecho hincapié, en cualquier caso, en su "respeto" a las Jornadas Mundiales de la Juventud.

El Gobierno urge a las CCAA a que "aceleren" la aprobación de la regla de gasto antes del plazo

MADRID.- El vicesecretario general del PSOE, ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, José Blanco, exige a las comunidades autónomas "un compromiso mayor" con lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que aceleren el establecimiento de una regla de gasto público y ha hecho un llamamiento al PP, que gobierna en la mayoría de ellas, a que "se comprometa de verdad" con la reducción del déficit y de "gastos innecesarios que a veces se producen en determinadas comunidades" y les anima también a revisar su política de "ingresos".

   "Es verdad que la mayor preocupación que manifiestan los mercados en relación con la situación de la economía de nuestro país, es la preocupación por el endeudamiento y el gasto de las comunidades. En este sentido es exigible un compromiso mayor a todas", afirma Blanco.
   El dirigente socialista insiste en que esa regla de gasto transmitirá "seguridad y confianza", que es lo que pide el PP, ha dicho, para acusar al líder de este partido, Mariano Rajoy, de "contribuir sin embargo todos los días a la desconfianza".
"Por cierto, un líder que no es capaz de generar confianza cuando está en la oposición no será capaz de generar confianza cuando está en el gobierno", ha añadido.
   José Blanco entiende que las comunidades deben aplicar esta fórmula porque nadie se opuso a ella en el Consejo de Política Fiscal, aunque las comunidades del PP se abstuvieran, no votaran en contra.
   "Un compromiso es un compromiso y nos parece que quien ha venido pidiendo que las comunidades cumplieran con su deber y no gastaran más de lo que está previsto, no haga ahora lo contrario. Entendemos, insisto, que el valor de la coherencia es un valor importante que el PP tiene que ir demostrando para ser creíble", ha exigido el portavoz del Gobierno, que no ha planteado un plazo para aprobar esa regla de gasto. "Cuanto antes, mejor para todos", ha zanjado.
   Blanco recuerda también a las comunidades que pueden revisar sus ingresos además de reestructurar su deuda, "plantearse si es necesaria una política de ingresos mayor".
"Plantearse los ajustes que crea convenientes, pero tienen que cumplir con su objetivo", afirma, para aclarar sin embargo que no quiere indicar a las autonomías cómo adecuar gastos e ingresos. 
"Para eso tienen autonomía, pero precisamente en el ejercicio de su autonomía tienen que tomar sus decisiones", asegura.
   El dirigente socialista explica al respecto que las comunidades no se pueden "instalar en la reivindicación permanente" al Gobierno de más recursos para gestionar las competencias. "No se puede estar planteando sistemáticamente que hay que rebajar impuestos y luego reclamar al Estado que nos compense. Los gastos y los ingresos tienen que cuadrar y como hay que cumplir con los objetivos de déficit, cada comunidad debe adecuar sus gastos a sus ingresos. Y yo no voy a decirles, Dios me libre, cómo tienen que hacerlo", insiste.
   En esta misma línea, Blanco exige claridad sobre el copago, a propósito del debate suscitado en la Comunidad Valenciana para establecerlo en la Justicia, después de plantearlo también para la Sanidad y la Educación, aunque nunca se ha llegado a pedir abiertamente.
   "Ya he escuchado a tres presidentes autonómicos del PP, a tres, hablar del copago sanitario, que la gente pague por ir al médico;  del copago educativo, que la gente pague por ir al colegio; y del copago en materia de justicia, que la gente pague por resolver los litigios", afirma. "Que de verdad abran el debate, que lo digan si lo quieren hacer, pero que no anden siempre sí pero no, sí pero no, a ver si cuela", exige.
   Blanco también se pronuncia sobre otros de los asuntos planteados desde algunas comunidades gobernadas por el PP, la posibilidad de devolver una competencia al Estado si el gobierno regional no quiere gestionar esa materia.
   El portavoz del Gobierno advierte de que esta no esa una decisión unilateral, puesto que el traspaso tampoco lo es: lo acuerdan el Estado y la autonomía. El asunto, en su opinión, deja traslucir la "la incapacidad para gestionar las competencias" en una situación difícil como la actual.
   "Cuando escucho a algún presidente de Comunidad Autónoma del PP hablar de esto me pregunto qué poca memoria tiene, porque las transferencias las hizo el Gobierno del PP en materia de sanidad y educación para la mayor parte de las autonomías. Las hizo el Gobierno de Aznar", explica.