domingo, 29 de julio de 2012

El Estado espera ingresar más de un millón de euros anuales con el cobro de entrada al Valle de los Caídos

MADRID.- La decisión de Patrimonio Nacional de cobrar cinco euros a los visitantes del Valle de los Caídos, reabierto al público después de 33 meses cerrado, permitirá al Estado ingresar más de dos millones de euros anuales gracias a los alrededor de 500.000 visitantes que acuden cada año al lugar.

   El recinto del Valle de los Caídos fue reabierto al público pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa tras llevar casi tres años cerrado por obras de restauración de la basílica y su entorno, según argumentaba el Gobierno socialista.
   Además, desde el pasado 1 de junio los visitantes deben pagar una entrada de cinco euros que permitirá a Patrimonio Nacional --órgano que gestiona el lugar-- ingresar alrededor de un millón de euros anuales.
   Esta idea ya fue adelantada el pasado mes de abril por el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, en el Congreso de los Diputados, donde abogó por normalizar el acceso al Valle de los Caídos y su basílica y no descartó que se pudieran obtener ingresos por ello, dado que existen agencias privadas que cobran por organizar estas visitas.
   El Valle ha estado cerrado al público desde diciembre de 2009 y también fue restrigido durante unos meses el acceso a la basílica benedictina por las obras de restauración del conjunto, obra del escultor Juan de Ávalos. Actualmente sólo permanece cerrada la base de la cruz por el estudio que se está llevando a cabo en sus esculturas.
   Para el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, las obras de restauración del recinto fueron sólo "una excusa" que utilizó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para justificar su cierre.
   El pasado mes de noviembre, la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos encargada por el anterior Gobierno propuso, aunque sin el consenso de todos sus miembros, que los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados y trasladados a otro lugar, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera sean reubicados dentro de la Basílica para estar en igualdad de condiciones con los demás enterrados en el recinto.
   La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría emplazó al senador del PNV Iñaki Anasagasti a buscar un acuerdo con el Valle de los Caídos y no sumar más diferencias "con la que está cayendo" en este momento con la crisis económica.




Madrid se plantea que los alumnos de los centros escolares puedan comer de 'tupper'

MADRID.- La Comunidad de Madrid se está planteando que los alumnos que acudan a los centros escolares públicos de la región puedan usar el próximo curso el comedor escolar con comida traída de casa, según se desprende del borrador de la Orden de la Consejería de Educación por la que se regulan los comedores colectivos escolares.

   En el texto se modifica el artículo 5 de la Orden 917/2002 de 14 de marzo, y en el punto 2 se establece que "los alumnos podrán hacer uso del servicio de comedor llevando la comida elaborada en su casa".
   En este sentido, destaca que será el Consejo Escolar de cada centro el que determine las condiciones y características relativas a la organización y utilización del comedor escolar mediante la comida aportada por la familia, en el marco de la Ley 17/2011 de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición.
   De momento, el borrador ha contado esta semana con el visto bueno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y a lo largo de los próximos días el Gobierno regional elaborará la Orden en la que se explicarán las condiciones y los pasos a seguir para poner en marcha esta nueva medida.
   La situación actual de crisis ha obligado a muchas familias a tener que hacer uso del típico 'tupper' con comida elaborada en casa para ahorrarse el gasto del comedor. Es el caso de Cataluña, donde este año ya han ido niños al colegio con la comida de casa o el de la Comunidad Valenciana, que el curso que viene también permitirá hacerlo.

Economía confirma que Bankia recibirá "una importante inyección de capital"

MADRID.- El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha confirmado que Bankia recibirá "una importante inyección de capital" en los próximos días procedente del primer tramo del rescate europeo para el sistema financiero español, que ascenderá a unos 30.000 millones de euros.

   Jiménez Latorre recordó que el Banco de España está trabajando con la Comisión Europea para evaluar las necesidades de capital de las entidades financieras españolas y que ya estaba previsto que las primeras en recibir ayudas serían las intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   Respecto a las comparecencias en el Congreso sobre el sector financiero, el secretario de Estado de Economía destacó que se tratan de "un buen ejercicio de transparencia".

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.
   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.
   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".
   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.
   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".
   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".
 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.
   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.
    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".
 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".
   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

En libertad con cargos las cinco personas detenidas en la manifestación de taxistas

MADRID.- La Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos a las cinco personas detenidas en los altercados registrados durante la marcha organizada el viernes por varias asociaciones de taxistas en protesta por la ley de Ordenación del Transporte Terrestre, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

   Los detenidos fueron liberados a lo largo de la tarde de este viernes, según las mismas fuentes, y a algunos de ellos se les imputan cargos por desórdenes públicos y a otros por daños.  
   Durante la protesta se produjeron varios incidentes entre participantes de la marcha y taxistas que decidieron no secundarla y estaban prestando servicio, con pasajeros incluidos.
   Uno de los momentos más tensos tuvo lugar en el puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde, donde varios grupos de personas cortaron el paso a los taxistas que iban con sus vehículos y con piedras y bates les rompieron lunas y retrovisores. En este punto, a uno de ellos le rociaron el coche con gasolina.

Los pensionistas madrileños no tendrán que adelantar el pago de medicamentos

MADRID.- El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado este sábado que, a partir del 1 de septiembre, la Comunidad de Madrid establecerá un sistema inicial de pago automático para que los pensionistas cuando tengan que adquirir un medicamento recetado por su médico de cabecera en la farmacia no tengan que pagar por adelantado una vez llegado a su tope.

   Para ello, ha explicado el responsable de Sanidad, se entregará al pensionista una tarjeta donde el farmacéutico marcará la cuantía de los medicamentos que vaya consumiendo. Una vez que haya llegado a su importe máximo, el farmacéutico le dispensará los medicamentos que necesiten sin coste alguno.
   Con esta medida, lo que se pretender es garantizar y dar seguridad al paciente para que no tenga que desembolsar nada más de lo que realmente se le ha establecido con la puesta en marcha del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril. A pesar de que el Real Decreto Ley 16/2012 establece que se pueden hacer devoluciones de las cuantías semestralmente, la Comunidad de Madrid no quiere que los pensionistas tarden tanto tiempo en recuperar su dinero.
   El decreto establece que los pensionistas aporten un 10 por ciento del coste del medicamento, con un tope máximo de 8 euros mensuales, cuando tengan ingresos anuales inferiores a 18.000, y con un máximo de 18 euros, si se superan los 18.000 euros de ingresos anuales.
   Por su parte, los pensionistas con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros, aportarán el 60 por ciento del precio de la receta, con un límite máximo de 60 euros al mes.
   Con este sistema de tope automático de la aportación a la farmacia de los pensionistas a la Comunidad de Madrid se quiere que los pensionistas aporten cada mes "lo que la ley dice que deben aportar según sus ingresos", ha destacado el consejero.
   En los siguientes meses a la puesta en funcionamiento de dicho formato se cambiará a otro que estará informatizado, con el que se continuará dando la garantía en todo momento al ciudadano para que no tenga que pagar más de lo técnicamente establecido por su categoría.
   El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid también ha anunciado que a todos aquellos pensionistas que durante los meses de julio y agosto hayan pagado o paguen más de la cantidad asignada se les devolverá "a través de cuenta corriente" de manera automática a partir del mes de septiembre, "a pesar de que la normativa nacional permitiría acumular esos excesos y devolvérselos al pensionista con un periodo de tiempo semestral", ha apuntado el consejero.
   Con esta medida, el Gobierno regional quiere garantizar que ningún madrileño tenga que hacer frente a un sobre coste durante un período de tiempo largo.