viernes, 11 de noviembre de 2011

Comerciantes del centro de Madrid afirman que sus clientes tienen "miedo" ante la ocupación del Teatro Albéniz

MADRID.- Varios comerciantes de la calle Paz en la que se encuentra el edificio del Teatro Albéniz de Madrid que fue tomado en septiembre por varias personas y donde ahora viven algunas familias, han asegurado esta mañana que la ocupación perjudica a sus ventas porque los clientes tienen "miedo" de acudir a sus establecimientos.

   El dueño de una librería que queda frente al Teatro Albéniz, Esteban, ha asegurado que desde que los indignados tomaron la plaza de la Puerta del Sol el 15 de mayo sus ventas han caído en un "50 por ciento" y ha comentado que con la ocupación de este centro sus clientes habituales tienen "miedo" de ir a su tienda.
   "Aquí la Delegación de Gobierno es quien tiene que actuar y no hace nada", ha reivindicado.
   En este sentido, el director de una academia universitaria contigua al edificio del teatro, Javier González, ha asegurado que se han creado "humedades" en sus instalaciones debido a que los ocupas del edificio están usando el agua y las tuberías del mismo deben de estar en mal estado.
   Así, González, que también participa en la Plataforma de Ayuda al Albéniz, ha indicado que ya han denunciado la situación para que se resuelva el problema cuanto antes.
   Por otro lado, una comerciante de un establecimiento cercano, María, ha negado que haya perdido clientes debido a la ocupación.

Los madrileños gastan en alimentación 1.471 euros al año

MADRID.- Cada madrileño gastó de media el año pasado 1.471,8 euros en alimentación, un 0,8 por ciento más que la media nacional, según un informe de Mercasa. 

   En términos medios, durante el año pasado cada madrileño consumió 131 huevos, 53,5 kilos de carne, 27,7 kilos de pescado, 80,1 litros de leche, 32,7 kilos de derivados lácteos, 29,7 kilos de pan, 12,1 litros de aceite, 18,5 litros de cerveza, 62,5 kilos de hortalizas frescas, 110,3 kilos de frutas frescas, 13,8 kilos de platos preparados, 17,9 litros de agua embotellada y 47,2 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.
   Tomando como referencia la media nacional, en la Comunidad de Madrid se consume per cápita una mayor cantidad de platos preparados (17,1 por ciento), frutas y hortalizas transformadas (10,6 por ciento), frutas frescas (7,9 por ciento), bollería, pastelería, galletas y cereales (7,9 por ciento) y leche (4,3 por ciento) que en el resto del país.
   Por el contrario, el consumo es menor en pan (-18,3 por ciento), aceite (-10,6 por ciento) y derivados lácteos (-6,5 por ciento).
   Según el estudio, el gasto en alimentación realizado por los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social en la Comunidad ascendió a 3.246 millones de euros.
   Destaca el consumo de 75,4 millones de kilos de carne, 32,5 millones de kilos de pescado, 67,4 millones de litros de leche líquida, 26,1 millones de kilos de derivados lácteos, 57,7 millones de kilos de pan, 25,6 millones de kilos de platos preparados, 276,8 millones de litros de cerveza, 26,6 millones de litros de bebidas alcohólicas de alta graduación, 31,4 millones de litros de vino y 206,6 millones de litros de bebidas refrescantes.

El presidente de CEIM bajo sospecha de ser 'consejero en la sombra' de Aguirre

MADRID.- El presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha respondido este viernes a las críticas de quienes dicen que forma parte, en la sombra, del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y ha dicho que son acusaciones que carecen de "fundamento" y que él no ve que esté en "nómina". 

   "Hay gente que piensa que yo soy consejero (del Gobierno regional) pero no me veo que esté en la nómina de la Consejería. Son cosas que dicen algunos políticos pero que no tienen ningún fundamento", ha dicho Fernández después de que el consejero autonómico de Economía, Percival Manglano, se haya desplazado hasta la sede de CEIM para presentar los presupuestos a los empresarios.
   El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, instó este jueves a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a que procediera a "echar de su Gobierno" al presidente de los empresarios madrileños.
   La presidenta, por su parte, puso de ejemplo los empleos que genera Fernández en la región. "Lo que hace falta es empleo productivo como el que crea el señor Arturo Fernández, que va a pagar 4.000 salarios al mes y este mes 8.000 porque tiene que dar paga extra. Me parece que eso es muy admirable", dijo Aguirre.

Un voluntario de Foro es agredido durante un reparto de propaganda electoral en Madrid

OVIEDO.- Un voluntario de Foro de Ciudadanos (FAC) que forma parte de los equipos de reparto de propaganda electoral, fue insultado y agredido el pasado jueves cuando distribuía folletos informativos de la campaña 'Más Foro, mejor España' en el Paseo de la Castellana, en Madrid, según ha informado el partido en un comunicado.

   Como secuelas de la agresión, el voluntario fue atendido en el Hospital Gregorio Marañón donde, tras ser diagnosticado y tratado de sus lesiones, recibió el alta médica. Posteriormente interpuso denuncia en la Comisaría de Policía del Distrito de Retiro.
   Mediante los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, acompañados de voluntarios, Foro desarrolla sus acciones informativas en la calle con la entrega de un folleto explicativo de sus propuestas electorales.

Gallardón niega que haya cesado a Autrán

TOLEDO.- El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado que él haya cesado al coordinador de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Autrán, por unos comentarios difundidos en su cuenta de Twitter referidos al Grupo Prisa y a diferentes políticos.

   Preguntado al respecto durante una rueda de prensa en Toledo, junto al cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Arturo García-Tizón, el alcalde madrileño ha respondido: "ha sido una dimisión voluntaria, no un cese".
   Sobre si el cese pudo ser sugerido desde el Ayuntamiento, Gallardón ha apuntado que no hubo ocasión porque "inmediatamente que se conoció los contenidos (Autrán) presentó su dimisión".

La moratoria a los rumanos obliga a 200.000 a trabajar en la economía sumergidai

MADRID.- El presidente de la Federacion de asociaciondes rumanas de Europa (FADERE), Daniel Tecu, ha asegurado que 200.000 rumanos están trabajando en España en la economía sumergida "por culpa" del Gobierno y de su decisión de recuperar la moratoria que restringe el acceso al mercado laboral de los ciudadanos de esta nacionalidad. La asociación ha denunciado al Ministerio de la Presidencia por esta decisión. 

  Tecu ha denunciado que con el restablecimiento de la moratoria, "todos los que no estaban inscritos en ese momento en el INEM, aunque tuvieran documentación desde hacía 20 años, perdieron su permiso de trabajo" y, como la medida se aprobó en verano (22 de julio), muchos se habían vuelto a Rumanía para pasar la temporada sin haberse inscrito primero.
   "Los rumanos suelen darse de baja e irse a Rumanía por tres o cuatro meses. Al regresar, se han encontrado con que no han podido darse de alta de nuevo y como tienen aquí sus casas y sus vidas, no van a quedarse sin comer, así que están trabajando en el mercado negro", ha asegurado.
   Según explica, la cifra es tan elevada porque "para un rumano estar o no inscrito carece de importancia".
"Si ellos no están trabajando se ponen a buscar trabajo, que es su prioridad, pero lo buscan por ahí, la mayoría no busca trabajo inscribiéndose en el Inem", ha apuntado.
   Fadere calcula que hay 200.000 personas afectadas por la restricción y estima que si cotizasen por los trabajos que están desempeñando actualmente, se alcanzaría "una cifra muy alta de ingresos a la Seguridad Social". 
"El Gobierno está perdiendo este dinero y la sociedad española también", ha apostillado.
   Para Tecu, los afectados no son los trabajadores del campo, "un 10 o 15 por ciento de los rumanos que viven en España" y que se concentran en la zona sur del país. "A esos no les ha afectado tanto porque vienen de temporada pero tienen su casa en Rumanía. Los que yo señalo son los que tienen su vivienda en España y la están pagando", ha aclarado.
   El responsable de Fadere ha apuntado que muchas de estas personas se han dirigido a las autoridades para intentar conseguir el permiso de trabajo que ahora necesitan si quieren estar empleados por cuenta ajena, pero hasta hace "unos días" no han comenzado a expedirse. En cualquier caso, afirma, el procedimiento es muy irregular, ya que "hay gente que en tres meses no obtiene respuesta y gente que la recibe en ocho días".
   Por otra parte, Tecu ha explicado que la organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Gobierno que recuperó la moratoria así como las instrucciones y la adenda que la desarrollan, en el que sostiene que la medida "no se ajusta a derecho" y es "gravemente perjudicial para los derechos e intereses del colectivo que representa" Fadere.
   En paralelo, la organización ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el que explica que sus instrucciones están impidiendo trabajar "a aquellos ciudadanos rumanos que estaban trabajando legalmente en España antes del 22 de julio pasado y que por cualquier razón, a esa fecha concreta no figuraban de alta en la Seguridad Social o no constaban como demandantes de empleo en el INEM".
   "Esto vulnera de plano los derechos adquiridos de esas personas que, por cualquier causa, de modo transitorio hayan dejado de encontrarse justo en esa fecha en cualquiera de esas dos situaciones y antes lo hubieran estado durante muchos meses", señala el recurso.
   Según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores y las restricciones laborales para rumanos y búlgaros que todavía se mantienen en una decena de Estados miembros, España es el país de la UE con más parados de estas nacionalidades, con algo más del 60 por ciento del total, seguido de Italia con un 23 por ciento.
   Además, España es el país más beneficiado económicamente por la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros, que han contribuido a un crecimiento del PIB español del 1,7% entre el 2004 y el 2009, frente al 0,3% de media en el conjunto de los Veintisiete y del 0,4% en los 15 antiguos Estados miembros.

José Blanco: 'España cumplirá en 2011 con el déficit si las CC AA cumplen'

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que el conjunto de la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas "va por buen camino" para cumplir sus objetivos de déficit en 2011, pero si hay que adoptar medidas "en 2012 o 2013" la decisión corresponderá al Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre. 

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Blanco ha respondido de esta forma al ser preguntado por las previsiones de la Comisión Europea de que España cerrará 2011 con un déficit público del 6,6%, frente al 6% previsto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
   Blanco ha recalcado que ahora es "prioritario" que las comunidades "asuman sus compromisos y cumplan" con las medidas contenidas en los planes de reequilibrio remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
"Si cumplen con los planes de reequilibrio al final de año, cumpliremos con los objetivos de déficit", ha asegurado.

Aprobados los consejos rectores de los aeropuertos de Barajas y El Prat

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de sendas sociedades que actuarán como consejos rectores de los aeropuertos de Madrid-Barajas, que estará integrado por nueve miembros, y de Barcelona-El Prat, con otros nueve, completando así el desarrollo del nuevo modelo de gestión aeroportuario. 

   El consejo de administración del consejo rector del aeropuerto de Madrid-Barajas estará integrado por nueve miembros: dos vocales a iniciativa de la Comunidad de Madrid; un vocal nombrado a iniciativa de Madrid; otro a iniciativa de las administraciones locales del ámbito de la concesión de Barajas --Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos del Jarama y San Fernando de Henares-- con carácter rotatorio y cuatro vocales a propuesta de Aena Aeropuertos.
   Además, se completará con un vocal elegido entre personas de reconocido prestigio, después de haber oído las propuestas realizadas por los principales agentes económicos, sociales, empresariales e institucionales de la Comunidad de Madrid.
   En ambos casos, el consejo elegirá en su seno un presidente a propuesta del Ministerio de Fomento, exigiéndose para ello el voto favorable de dos tercios de los componentes del Consejo en cada caso.
   La efectiva constitución de estos consejos rectores se producirá en el momento de la incorporación del nuevo socio a la sociedad concesionaria.
   Estas sociedades, al 100% de Aena Aeropuertos, serán responsables del seguimiento del desarrollo del contrato de concesión, "un paso más" en el proceso de modernización del sistema aeroportuario que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha en los últimos dos años.
   Además, ejercerán aquellas funciones relativas al citado contrato de concesión, que le correspondan a Aena Aeropuertos y ésta les atribuya.
   Los gobiernos autonómicos de Cataluña y Madrid, las Administraciones locales y otros agentes económicos y sociales estarán presentes en el Consejo de Administración.
   Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de dos tercios del número de miembros del Consejo y en algunos casos se exigirá el voto cualificado de las tres cuartas partes de los miembros.
   Para ello, según informó Fomento, se hará "necesario el diálogo y el consenso para tomar decisiones" y dará "una posición determinante a los representantes de las instituciones catalanas y madrileñas, lo que supondrá una mayor relación de ambos aeropuertos con las necesidades y aspiraciones de sus respectivos entornos".
   Los consejos se encargarán de autorizar los préstamos participativos u otros medios de financiación a largo plazo de la sociedad concesionaria (emisión de obligaciones, etc.) que se consideren necesarios para su adecuada explotación.
   Además de aprobar la liquidación del canon a abonar por la sociedad concesionaria, supervisar la adecuada conservación de la infraestructura y supervisar la calidad de la actividad de la concesionaria como gestor aeroportuario.
   También colaborarán con ella y, en su caso, con las Administraciones públicas competentes, en la definición de la estrategia a desarrollar en los aeropuertos concesionados en particular, en el ámbito comercial, tomando en consideración su contexto territorial y competitivo.
   Así, participarán en la definición de las líneas estratégicas de cada aeropuerto, en particular de su Plan Director y en emitir su parecer sobre las modificaciones tarifarias  que la sociedad concesionaria pretenda aplicar y su adecuación al contenido del contrato de concesión, de acuerdo con la norma vigente.
   Asimismo, autorizarán al concedente a acordar con el concesionario las modificaciones del contrato de concesión o las adaptaciones de su régimen económico-financiero y las resoluciones que pueda dictar el concedente ante las reclamaciones de reequilibrio económico del contrato de concesión que puedan ser necesarias.
   Supervisarán el desarrollo y cumplimiento por la sociedad concesionaria de sus obligaciones de conformidad con las previsiones del contrato de concesión, recibirán, tramitarán y resolverán, cuando proceda, los escritos que dirija sobre las incidencias que surjan en el desarrollo del contrato de concesión y supervisarán el control económico financiero de la concesión.
   Finalmente, se encargarán también de autorizar las decisiones de secuestro y reversión de la concesión o la resolución, de la imposición de multas coercitivas, según lo establecido en los contratos de concesión, de recabar datos de la sociedad concesionaria y trasladar a la administración competente las propuestas de servidumbres aeronáuticas y acústicas necesarias.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra / Javier Gil Sanz

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.
enrique ortega
Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.
Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.
Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.
Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).
No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  
Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.
Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

Cascos avisa de que Rajoy no sabe lo que va a hacer con el "futuro de España"

MADRID.- El presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró anoche que el líder del PP, Mariano Rajoy, no quiere explicar sus propuestas porque sencillamente "no sabe lo que va a hacer a partir del 21 de noviembre con el futuro de España".

Durante un acto electoral en Madrid, el líder de Foro Ciudadanos ha criticado la actitud de Rajoy y también la del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que no tiene "ninguna credibilidad" y que aunque en su programa llevara "milagros" no le votarán los ciudadanos porque ya no le creen al haber situado el PSOE a España en este "punto dramático".
Álvarez-Cascos ha lamentado la actitud de los candidatos de los partido mayoritarios en el debate de pasado lunes y ha defendido que su fuerza concurre a estos comicios como el "único contrapeso" para que se apoye el Gobierno ante las "tensiones nacionalistas".
"No somos antinacionalistas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que su formación lo que quiere es "más España, mejor España" frente al discurso de los nacionalistas de "pedir menos España".
Para Álvarez-Cascos, Foro es el "tensor" que puede neutralizar "los vientos dominantes" de los nacionalistas para que el Gobierno no tenga que ceder y sea fuerte en la defensa de los intereses del Estado.
Por ello, ha incidido en la necesidad de que su partido consiga grupo parlamentario propio en las Cortes Generales para que su programa no se quede en un ejercicio "teórico", pueda estar donde se toman las grande decisiones y contribuya a una España "mejor en los próximos cuatro años".
En este sentido, ha resaltado que su formación es la alternativa al bipartidismo y que surge para "romper la falta de credibilidad de unos y la falta de programa de otros".
Tras denunciar la situación económica de España, el presidente asturiano ha insistido en que lo más "urgente" es un política de recortes del gasto público, un asunto sobre el que hay "muchas diferencias" según los partidos.
En su comunidad no van a hacer ajustes en "servicios esenciales" como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha añadido Álvarez-Cascos, que prefiere "recortar" en las televisiones autonómicas y no cerrar ambulatorios como Cataluña o dejar de pagar medicamentos como ocurre en otras autonomías.
"Estamos recortando sin tocar las prestaciones esenciales que los ciudadanos consideran prioritarias en el Estado del Bienestar", ha agregado.
Ha detallado una serie de propuestas de su formación, como la de contribuir a que las empresas españolas ganen "competencia", una nueva reforma laboral, reordenar el sistema fiscal y que los empresarios no tengan que pagar el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas.
También ha abogado por reducir burocracia, bajar el impuesto de Sociedades y que las empresas que se creen estén exentas de tributos durante el primer año y del cincuenta por ciento en el segundo.
"Hay que hacer muchas reformas estructurales", ha continuado Álvarez-Cascos, que además ha apostado por reducir el coste energético y ayudar al sector de la gran industria, que tiene un "gravísimo problema de competitividad".
Además, dedicó parte de su mitin a la política internacional e instado a hacer una diplomacia "comercial" para ayudar a abrir mercados a las empresas en vez de una política exterior que haga "amistades ideológicas en función de intereses políticos".
Álvarez-Cascos ha subrayado que es necesario un Gobierno "serio" que no tenga que "estar de rodillas ante la UE escribiendo al dictado".