jueves, 24 de enero de 2013

La Justicia estrecha el cerco sobre Ignacio González

MADRID.- La Justicia estrecha el cerco sobre Ignacio González por la trama de espionaje a varios cargos del PP de Madrid. La juez que instruye este caso ha imputado al exsubdirector del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Miguel Castaño. Un departamento que estaba en aquella época controlado por el actual presidente autonómico.

El ‘caso de los espías’ ha vuelto, y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Desde que la Audiencia Nacional ordenara hace unos meses reabrir la investigación sobre los seguimientos a cargos del PP se han sucedido las imputaciones al respecto, seis a día de hoy. La última, la de Castaño, mano derecha del que fuera director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, que también se encuentra imputado por presunta malversación de fondos públicos.
Ambos, tanto Gamón como Castaño, formaban parte de la estructura de la consejería que en su día ostentaba Ignacio González y, según recoge la SER, se les señala como los principales responsables de elaborar los partes de seguimiento a Alfredo Prada y Manuel Cobo, entre otros, que después remitían al mencionado González.
Junto a la imputación, al exsubdirector de Seguridad de la región se le ha citado el próximo 5 de febrero para que declare por esta trama.
Esta decisión se produce apenas una semana después de que El País desvelara que Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes también fueron víctimas de seguimientos. “Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles [fichados como asesores de seguridad] una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, aseguró el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero, según este diario.
Unas noticias a las que el presidente de la Comunidad de Madrid trató de restar credibilidad destacando que este tema “se archivó y ahora cambian las declaraciones”.

La Comunidad paraliza la emisión de un canal iraní en la TDT

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha paralizado, a instancias del Gobierno central, la emisión del canal iraní Hispan TV en la TDT cuyo responsable, Ezzatollah Zarghami, está considerado por la Unión Europea como persona implicada en la violación de derechos humanos, según han informado fuentes del Ejecutivo madrileño.

   En concreto, la Comunidad recibió el pasado 20 de diciembre una carta de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información en la que se le explicaba que el Consejo de la UE, en abril de 2012, había establecido "medidas restrictivas" debido a la situación en Irán.
   En la misiva se explica que estas medidas son "contra personas y entidades responsables en la ejecución de violaciones graves de los derechos humanos" poniendo como ejemplo torturas, la aplicación indiscriminada de la pena de muerte o lapidaciones públicas.
   Según esta decisión, "se inmovilizarán todos los fondos o recursos económicos indirectos e indirectos (activos de todo tipo, sean tangibles o intangibles, muebles o inmuebles) cuya propiedad, control o tenencia corresponda a personas responsables de violaciones de derechos humanos en Irán".
   Junto a esto, se adjuntaba una enumeración de estas personas o entidades consideradas responsables de las violaciones y entre ellos figuraba Ezzatollah Zarghami, encargado de varios canales de televisión como Hispan TV y Press TV.
   El Ministerio explicó entonces a la Comunidad que está prohibido poner directa o indirectamente recursos a estos canales, les advirtió de que puede haber algunos de estos canales que estén emitiendo por la TDT y les pidió que en el supuesto de que estos canales realicen emisiones, se adopten las medidas oportunas "a la mayor brevedad posible".
   Según el Gobierno madrileño, de forma "inmediata", a principios de enero, se pusieron con el asunto y comprobaron que el canal Hispan TV estaba realizando emisiones sin tener licencia administrativa desde el canal 45 de la TDT, en el que figura como responsable la Asociación Cultural Radio Club 47.
   El pasado 14 de enero el secretario general del Consejo de Gobierno, José Luis Martínez-Almeida, envió una carta a la asociación en la que explicaba que el Ministerio había solicitado la erradicación de las emisiones de la televisión iraní y que se había detectado que, precisamente, el canal suyo es por el que se emitía.
    Además, se indicaba a la asociación que el prestar este servicio "supone la colaboración con personas implicadas en la ejecución de violaciones graves de los derechos humanos, lo que contribuye una infracción muy grave". Por todo ello, se le pedía "con carácter inmediato" y para evitar un expediente sancionador, que cesaran la prestación de la emisión.
   La Asociación se dio por enterada y contestó con un burofax el pasado 22 de enero donde explicaban que procedían al cese de la programación de Hispan TV, que desconocían las implicaciones de dicha programación y la posible responsabilidad de sus directivos en la posible violación de derechos humanos. Además, mostraba su "total colaboración con la administración" y explicaba que el cese había tenido lugar el 21 de enero.
   A su vez, la Comunidad de Madrid ya ha informado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de las actuaciones realizadas y de que se ha procedido al cese de las emisiones del canal iraní.
   La plataforma de satélite Hispasat también dejó de emitir aproximadamente hace un mes el canal iraní, que fue oficialmente inaugurado en enero de 2012 por el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadineyad, a petición de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

La última EPA de 2012 registra 665.300 parados en la región madrileña

MADRID.- La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha registrado 665.300  parados en la Comunidad de Madrid, lo que sitúa la tasa de desempleo en la región en un 19,88%.

   Los mismos datos indican que el paro en la Comunidad de Madrid ha aumentado respecto al tercer trimestre de 2012 en 37.100 personas, un 5,91 por ciento más, mientras que la tasa de desempleo ha subido 1,3 puntos frente a dicho periodo.
   El año 2012 cerró con 42.000 desempleados más que al cierre de 2011, lo que implica un aumento interanual de un 6,74 por ciento.
   De esta forma, 2012 se ha convertido en el quinto año consecutivo en el que se incrementa el número de desempleados en la región. En 2008 el paro subió en 135.900 personas, en 2009 en 153.200, en 2010 43.500 y en 2011 en 81.300.  La tasa de paro es la más alta al menos desde 2005.
   La ocupación se situó en 2.682.000 personas, con lo que la tasa de variación trimestral se estableció en un negativo 2,69 por ciento, y la anual en un negativo 2,24 por ciento, una de las menos desfavorables. La Comunidad de Madrid ha sido en la que más descendió la ocupación respecto al tercer trimestre de 2012, con 74.200 ocupados menos. Así, frente al cuarto trimestre de 2011 se destruyeron 61.400 puestos de trabajo.
   Por sexos, de los 665.300 parados de la región, 354.900 son hombres y 310.400 mujeres. La tasa de paro entre los hombre es de un 20,3 por ciento, mientras que entre las mujeres es de un 19,41 por ciento. Por su parte, las 2.682.000 personas ocupadas se dividen entre 1.393.000 hombres y 1.289.000 mujeres.
   Por edad, es destacable que la tasa de paro registrada en la Comunidad de Madrid entre los jóvenes menores de 25 años asciende a un 49, 40.
   A nivel nacional, el número de desempleados se situó en 5.965.400 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española, con 691.700 parados más en 2012 respecto a 2011, un 13,1 por ciento más.
   La tasa de paro nacional escaló hasta el 26,02 por ciento, alcanzando así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001.

Un juez rechaza que el Consorcio asuma deuda del Tranvía de Parla

MADRID.- El juzgado Contencioso Administrativo número 20 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Tranvía de Parla S.A. por la que  pretendía que el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid asumiera parte de su financiación y deuda al considerar que este organismo ni es titular de las obras, ni se le puede exigir responsabilidad solidaria compartida con el Ayuntamiento de Parla.

   En la sentencia, el juez entiende que del pliego de cláusulas administrativas particulares, se desprende cuáles son las competencias de cada administración y que en "ningún caso el Consorcio Regional de Transportes financiará las inversiones de las obras, de las instalaciones o de la primera adquisición de material móvil".
   Por tanto, "no cabría reconocer la obligación de pago por el Consorcio de cantidades en concepto de aportaciones inicial y adicional, canon inicial (la subvención de capital para financiar inversiones), los gastos de demora en el pago de facturas o los intereses legales de demora y billetes entregados", todo ello, "sin perjuicio de que sea vía reequilibrio o no, pues lo básico es su naturaleza de inversión".
   La sentencia recuerda que el convenio suscrito en 2004 entre el Ayuntamiento de Parla y el Consorcio para regular las condiciones de financiación de este servicio especifica la cantidad que este organismo debe aportar, que se limita a un porcentaje de los ingresos por tarifas y otros conceptos comerciales y recuerda que se halla al corriente de todas sus obligaciones.
   Así, señala que este convenio sobre las condiciones de financiación de los gastos de explotación del Tranvía de Parla "expresamente refleja" que la financiación de los desequilibrios derivados de los gastos de explotación y los ingresos por tarifas, se ha de repartir en cada ejercicio las aportaciones al 50 por ciento entre Ayuntamiento y Consorcio.
   Por lo que entiende que sí habría una "responsabilidad del Consorcio" referida "exclusivamente" a tal equilibrio de gastos de explotación, pero añade que no es en "virtud de este convenio y título" en lo que se soporta la demanda.
   Además, la sentencia recalca que existe "cierta incompatibilidad jurídica" al tratar de justificar como deuda del Consorcio la que ya ha sido asumida como propia de ese Ayuntamiento que, tras años sin abonar lo que le correspondía, ha podido hacer frente a parte de su deuda.
   Asimismo, insiste en que considerar al Consorcio como responsable de financiar las inversiones "supondría una vulneración de la ley del contrato" y recuerda que el acuerdo alcanzado especifica que "en ningún caso el Consorcio Regional de Transportes financiará las inversiones de las obras, de las instalaciones o de la primera adquisición del material móvil", añadiendo la sentencia que "de la claridad de tales términos no se puede dudar".
   En cuanto a la existencia de responsabilidad solidaria entre el Consorcio y el Ayuntamiento que plantea la parte recurrente, entiende que aunque en este supuesto, las administraciones han formalizado "instrumentos de colaboración para desarrollar sus competencias", esto no implica que el uso de estos instrumentos "conlleve necesariamente la consecuencia de una obligación solidaria respecto a todas las obligaciones asumidas por cada administración".
   Contra esta sentencia, que desestima el recurso contencioso administrativo que interpuso Tranvía de Parla S.A. contra la resolución del director gerente del Consorcio que en 2010 ya desestimaba un recurso de reposición interpuesto contra otra resolución, cabe presentar un recurso de apelación.
   El Tranvía de Parla, que supuso una inversión para la empresa concesionaria de 130 millones de euros, comunica el casco urbano de la localidad con los nuevos desarrollos urbanísticos de Parla Este, un consorcio urbanístico compuesto por la Comunidad de Madrid (55 por ciento) y el Ayuntamiento de Parla (45 por ciento) donde se levantan 12.000 viviendas, de las que el 83 por ciento son protegidas.
   Procedentes de los beneficios derivados de los desarrollos de suelo para la construcción de la línea de tranvía, el Ayuntamiento de Parla, dirigido entonces por el actual secretario del PSM, Tomás Gómez, se comprometió a abonar los 88 millones de euros restantes hasta 2037, así como una compensación por explotación en concepto de tranvía/kilómetro durante los cinco primeros años.

El Ayuntamiento de Madrid subraya que el proyecto de Cañada Real "no es de fácil solución"

MADRID.- El portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Enrique Núñez, ha afirmado este jueves que el proyecto para la Cañada Real es "complejo, no es de fácil solución" y que se aplicará "lo mejor y más coherente", después de apuntar que tanto el área de Urbanismo como el de Familia y Asuntos Sociales están trabajando con la documentación remitida por la Comunidad.

   Núñez ha confirmado en la que ha sido su primera rueda de prensa en solitario tras la Junta de Gobierno que tuvieron conocimiento de la propuesta regional primero a través de los medios de comunicación pero que posteriormente ese documento ha sido remitido formalmente al Ayuntamiento.
   "Lo estamos estudiando", ha declarado, con el fin de presentar aportaciones en la reunión que el martes mantendrá el Consistorio con la Comunidad.
   La delegada de Urbanismo, Paz González, señaló el martes -cuando tenía que haberse realizado el encuentro, suspendido a petición del Ayuntamiento-- que no podía valorar la propuesta regional ya que no tenían todos los datos en su poder. La idea regional pasa por vender el suelo a las personas que viven en la Cañada.
   "Nos faltan datos sobre la solución para el Sector 6", apostilló después de recordar que este ámbito es el más conflictivo para el Ayuntamiento de Madrid. Allí hay cerca de "3.000 personas a realojar en la zona", colindante a Valdemingómez. "Es la única de Cañada donde no se podría consolidar a las familias", subrayó la titular municipal de Urbanismo.

Desestimada la demanda de derecho al honor contra Cospedal

MADRID.- El juez ha desestimado la demanda por derecho al honor presentado por Detectives Almirante contra la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Coslada ha resuelto la denuncia que la empresa presentó por las declaraciones que los tres acusados realizaron, entre los meses de enero y febrero de 2011, sobre presuntos casos de espionaje a varios miembros del PP realizados por esta empresa. La decisión del juez no es firme y, por tanto, aún recurrible a instancias superiores.
   La demanda, por ejemplo, se refería a declaraciones de Cospedal en las que aseguró que fueron "investigados por una agencia de detectives" y que la misma "es propiedad o está dirigida por un destacado militante socialista que fue candidato por el PSOE en un ayuntamiento de Castilla-La Mancha", y que después habían "sacado a un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real diciendo que lo había encargado él".
   Por éstas y otras declaraciones, el juez considera, tras analizar todas las declaraciones --algunas que se han podido constatar como ciertas y otras que no, o no de manera absoluta--, que "no nos hallamos ante un ataque al honor que deba ser objeto de tutela".
   Para el juez, se trata de "declaraciones y manifestaciones que se sitúan en el ámbito de la crítica de la manifestación pública de unas fundadas sospechas, por lo que no se incardinan en el ámbito de protección interesado".

   De hecho, considera que "la vaguedad y la imprecisión de los testimonios de demandante y testigo" conocedores de los informes de la empresa de detectives y del devenir de la investigación, "la militancia --reconocida-- del Sr. García González", y la "proximidad" de las elecciones municipales y autonómicas "constituyen elementos más que suficientes para, al menos, poder sospechar que la investigación realizada por la agencia de detectives no tenía como verdadera finalidad la de ser utilizada por una demanda por acoso laboral", tal y como sostenían los demandantes.
   Explica la sentencia que, en concreto, la supuesta demanda por acoso laboral finalmente "no se aportó" y, por tanto, se puede "entender que las afirmaciones de los demandados podían tener algún indicio de veracidad".

   Específicamente sobre la comparación realizada por Cospedal de la agencia con un "tebeo de Mortadelo y Filemón" y con los calificativos de "muy chusca", el juez considera que "ninguna de dichas expresiones puede considerarse que sobrepase el terreno de la crítica".
   Entiende la sentencia que esta crítica "puede ser dura y desabrida sin que por ello exceda del límite constitucional de la libertad de expresión".
   En concreto sobre la comparación con el tebeo, dice que "no es más que una forma metafórica de criticar" su actuación, "pudiendo entenderse que con dicha comparación se está calificando la actuación de la agencia demandante como burda y poco sutil, pues dichos tebeos son sobradamente conocidos por las constantes pifias de sus personajes protagonistas". Esto vendría, explica, a decir "lo mismo que si se calificase de muy chusca".

   Además, el juez remarca también el contexto electoral en que fueron vertidas: "si todas las anteriores expresiones se contextualizan en el marco político en el que se produjeron, a escasos tres meses de unas elecciones" y se les suma "indicios de que podía tener una intención también política" hacen que dichas opiniones queden "igualmente cubiertas por el derecho a la libertad de expresión".
   "Desde este punto de vista, por consiguiente, el peso de la libertad de expresión frente al derecho al honor es en el caso examinado de una importancia muy elevada y las expresiones mencionadas no puedes considerarse aisladamente ofensivas".

Equo pide a CE que investigue Eurovegas para que no se convierta "en paraíso fiscal donde se blanquee dinero"

MADRID.- La formación política Equo ha pedido a la Comisión Europea (CE) que investigue, a través de una ampliación de la denuncia presentada el pasado mes de abril, cómo se va a articular la futura instalación de Eurovegas en la Comunidad de Madrid para evitar que se convierta en "un paraíso fiscal" favorable al blanqueo de dinero y capitales.

   En rueda de prensa, la co-portavoz en Madrid de Equo, Inés Sabanés, ha explicado que ya habían formulado una primera queja dirigida a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) el pasado 3 de abril, "cuando se estaban negociando las condiciones de este proyecto a espaldas de la ciudadanía, con una absoluta falta de transparencia, ya que se estaban vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos".
   En el escrito presentado por Equo se incidía especialmente en la "oscuridad y opacidad en la negociación, ya que nadie conocía qué se estaba negociando exactamente y cuáles eran los compromisos adquiridos por las distintas administraciones".
   Así, el pasado 12 de noviembre la Comisión de Peticiones decidió solicitar a la Comisión Europea una investigación preliminar "sobre los diferentes aspectos del problema". Ahora, Sabanés ha anunciado que realizarán una ampliación de la denuncia para que las instituciones europeas "investiguen a los promotores de Eurovegas y al Gobierno regional".
   Asimismo, el diputado verde español Raul Romeva ha formulado hoy mismo a la Comisión Europea preguntas relacionadas con el posible incumplimiento de las directivas de blanqueo de capitales y de los derechos de información.
   "Los antecedentes de la Comunidad son pésimos por la política de hechos consumados con las resoluciones europeas desfavorables con los casos de la M-30 o la M-501, o el reciente caso del Tribunal Supremo, que ha reconocido que con el campo de golf de Chamberí [es un centro de entrenamiento y tiro] se han vulnerado normativas legales. Queremos que no pase lo de siempre y por eso estamos denunciado que desde el principio están incumpliendo la normativa", ha agregado Sabanés.
   Este nuevo requerimiento se basa, según ha explicado la co-portavoz de la formación 'verde' en Madrid en los cambios que se han producido en este tiempo, sobre todo los que han tenido lugar tras la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de acompañamiento, recientemente aprobada en la Asamblea de Madrid.
   Así, se ha referido a que esta ley crea una nueva figura con el nombre los Centros Integrales de Desarrollo (CID) en el que se incluiría Eurovegas, dentro de los Proyectos de Alcance Regional, que a su vez significan una nueva modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
   "Los proyectos de alcance regional y con ello el desarrollo de los CID, se sitúan por encima de las normas urbanísticas de la Comunidad de Madrid, en caso de conflicto, e incluso de las de los Ayuntamientos, y persiguen agilizar la urbanización", ha añadido.  
   Para Sabanés en la citada ley de acompañamiento, y usando esta figura de los CID, se introducen tres elementos "preocupantes" que, a su juicio deben ser conocidos por las instancias europeas, para determinar si incumplen las normativas comunitarias.
   En primer lugar, se ha referido a la "exención casi absoluta" en el pago de tributos, "lo que constituye de facto "un paraíso fiscal" en territorio de la Unión Europa "y la falta de control para impedir el blanqueo de dinero". Equo ha señalado que el sector del juego "es una actividad potencialmente peligrosa en materia de blanqueo de capitales, máxime cuando se hace una ley que de forma consciente rebaja el control de esta práctica delictiva, como ha ocurrido en Madrid".
   En este sentido, la coportavoz de Equo en Madrid ha esgrimido que, según la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada el pasado 28 de diciembre permite a los operadores de casinos "conceder créditos a jugadores e implementar nuevos juegos". Además, se ha quejado de que no se concreta la función de los 'intermediarios de juego'.
   Por otra parte, Sabanés ha denunciado que la instalación del complejo Eurovegas en Madrid "está vulnerando los derechos a una buena administración y la transparencia" reconocidos y garantizados por las instituciones europeas.
   Igualmente, ha criticado que la Ley de Acompañamiento también permita la entrada a menores en estos centros de juego, aunque sea acompañados, y entiende que "podría vulnerar normativas de protección de menores".
   Sabanés se ha referido al punto c) del artículo 23 de Regulación específica de los casinos en Centros Integrados de Desarrollo, que reza que los menores no podrán practicar ningún juego de suerte, envite o azar, usar máquinas de juego con premio ni participar en ningún género de apuesta de los desarrollados en los CID, cuando circulen por las salas de juego, debiendo ir siempre acompañados de un mayor de edad, que serán responsables de que los menores no permanezcan indebidamente en las zonas de casino o juego".
   Por su parte, el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde, ha criticado el modelo ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente que se va a aplicar en Eurovegas, ya que es "insostenible desde el punto de vista económico y ambiental" y permite "la inmediata ejecución" de estos macrocomplejos incluso cuando no sean compatibles con la ordenación urbanística municipal".
   Además, considera que Eurovegas es una prueba evidente de que el Gobierno del PP "apuesta por el mismo modelo económico que nos ha llevado a la crisis actual: el ladrillismo".
 "En ningún caso Eurovegas va a suponer una respuesta al desempleo en Madrid", ha añadido. De hecho, cree que este proyecto supondrá "impactos negativos" para los comerciantes de la zona ya que, en su análisis, el polo de atracción de Eurovegas hará perder clientes a los comercios de los municipios donde se instale.
   Uralde también ha insistido en que "no queda claro de dónde va a venir la financiación para Eurovegas, ya que parece ser que el magnate norteamericano pretende que venga en su mayoría de los bancos españoles, los mismos que estamos rescatando con tanto sacrificio entre todos los ciudadanos".
   Contra el desempleo, el coportavoz federal de Equo prefiere apostar por sectores como las energías renovables, la rehabilitación de edificios, agricultura ecológica o movilidad sostenible, "sectores que podrían generar millones de empleos y que ya se están poniendo en marcha en otros países".