MADRID.- La Justicia estrecha el cerco sobre Ignacio González por la trama de
espionaje a varios cargos del PP de Madrid. La juez que instruye este
caso ha imputado al exsubdirector del Área de Seguridad de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Miguel Castaño. Un
departamento que estaba en aquella época controlado por el actual
presidente autonómico.
El ‘caso de los espías’ ha vuelto, y lo ha
hecho con más fuerza que nunca. Desde que la Audiencia Nacional ordenara
hace unos meses reabrir la investigación sobre los seguimientos a
cargos del PP se han sucedido las imputaciones al respecto, seis a día
de hoy. La última, la de Castaño, mano derecha del que fuera director de
Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, que también se encuentra
imputado por presunta malversación de fondos públicos.
Ambos,
tanto Gamón como Castaño, formaban parte de la estructura de la
consejería que en su día ostentaba Ignacio González y, según recoge la
SER, se les señala como los principales responsables de elaborar los
partes de seguimiento a Alfredo Prada y Manuel Cobo, entre otros, que
después remitían al mencionado González.
Junto a la imputación, al
exsubdirector de Seguridad de la región se le ha citado el próximo 5 de
febrero para que declare por esta trama.
Esta decisión se produce
apenas una semana después de que El País desvelara que Alberto Ruiz
Gallardón y Cristina Cifuentes también fueron víctimas de seguimientos.
“Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos
trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías
como a los tres guardias civiles [fichados como asesores de seguridad]
una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el
vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene
especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, aseguró el
guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González
Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero, según este diario.
Unas
noticias a las que el presidente de la Comunidad de Madrid trató de
restar credibilidad destacando que este tema “se archivó y ahora cambian
las declaraciones”.
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