jueves, 29 de agosto de 2013

Reactivar y promover nuestra riqueza regional / Ángel Tomás Martín *

La riqueza de un país equivale al conjunto de bienes que posee más el esfuerzo y poder creativo de sus emprendedores. No sólo para la ordenación y desarrollo aplicado a sus propios bienes naturales, sino al impulso de forma inteligente de actividades y servicios económico-empresariales.

En cuanto al desarrollo empresarial de los bienes naturales, no siempre se obtienen los resultados esperados por falta de capacidad e iniciativa, como ocurre en los países que los poseen y no logran su estabilidad económico-financiera ni el bienestar social que merecían.

Otros, como España, no han adoptado aún la decisión de analizar, estructurar, proteger e impulsar sus propios recursos naturales en pro de una economía más sana, independiente y duradera.

La agricultura y su industria derivada, la mineralogía, la pesca y su conservación, el mayor y mejor aprovechamiento de las posibilidades turísticas, y la industria imaginativa y complementaria de mecanización, son otras tantas fuentes de expansión propia a medio desarrollar, olvidadas otras y en ocasiones torpedeadas y perseguidas.

La geografía económica, la que nos muestra las riquezas regionales, es la gran olvidada y a casi nadie le interesa. Las CCAA deberían ser las protagonistas de su aplicación para obtener el máximo crecimiento, el cual sólo será viable si se basa en la explotación de sus propias fuentes naturales, y la experiencia que sobre los mismos tienen sus especialistas y trabajadores.

Sin embargo, en una buena parte de ellas los gestores no quieren o no saben analizar e impulsar lo que tienen al alcance de su mano, su propia y particular economía. Ocuparse sólo de acrecentar y asegurar su dominio político por la vía de las máximas cesiones del Estado cuyo mantenimiento lleva, en algunas ocasiones, a una situación financiera insoportable, y de la promoción y ejecución de obras gigantescas en la mayoría de los casos no rentables ni preferentes, y en otros perjudiciales o carentes de los presupuestos necesarios, suponen un error político-económico que explica de manera diáfana su contribución a la aparición de la crisis que aún soportamos.

Tampoco consiguen el pretendido crecimiento de su poder de gestión y sí un empobrecimiento generalizado. Lamentable que, pudiendo haber sido la creación de las CCAA un acierto, hayan contribuido en gran medida a la recesión y endeudamiento público, por los que llevamos seis años tomando medidas y soportando sacrificios que hagan posible invertir la primera y disminuir el segundo. Ha llegado el momento de aprender y obrar en consecuencia y asumir que los estados poderosos y sobredimensionados se construyen sobre pueblos empobrecidos y economías debilitadas, que son incapaces de crear e innovarse al soportar presiones y regulaciones públicas exageradas, que además entorpecen la competitividad interior y exterior.

Lo expuesto carecería de valor si no exponemos, a modo de ejemplo, las posibilidades no aprovechadas por olvido o negligencia, de un sector económico transcendental que España posee: la agricultura, que tanto ha ayudado a mejorar nuestras exportaciones en el presente ejercicio, y del que podría obtenerse una mayor riqueza nacional y la de algunas Comunidades Autónomas en particular, si se potenciara, se suprimieran trabas y se creara una regulación fiscal cuya presión permitiera no sólo crecer y competir internacionalmente, sino una recaudación progresiva muy positiva, y un apoyo indiscutible a la creación y financiación a la investigación para el desarrollo de los productos derivados, de utilización sanitaria natural y de la industria conservera, como lo fuera en épocas pasadas.

Nuestra agricultura requiere el estudio profundo de sus posibilidades por Comunidades, tanto de los productos típicos y de eficacia demostrada, como del nivel de técnica, estructura y profesionalización. Para ello, expongamos los ocho puntos básicos e imprescindibles que llevan al éxito:

1.- Tipos de cultivos posibles.

2.- Ubicación, dependiente de la composición de tierras, climatología, infraestructuras, especialización y experiencia en el trabajo agrícola.

3.- Capacidad de riego, su infraestructura y canalizaciones existentes o por acometer.

4.- Apertura de líneas de financiación temporales o por cosechas.

5.- Sistema de tratamiento fiscal adaptado a una actividad típica, esencial, imprescindible y generadora de riqueza progresiva hasta llegar al consumidor.

6.- Reformas de calado en la actual estructura de intermediación (posiblemente arcaica, oligárquica y perjudicial, tanto para el agricultor como para el consumidor).

7.- Organización y apoyo legislativo a nuevos sistemas de intermediación y distribución para el mercado Nacional e Internacional, y

8.- Apoyo desarrollo de los productos derivados, de utilización sanitaria natural y de la industria conservera.

La importancia del sector que nos ocupa merece, para su desarrollo, un amplio espacio del que no disponemos, pero no queremos olvidar algunos comentarios sobre los apartados 3, 5 y 6 expuestos anteriormente:

• Al 3: España no es deficitaria de agua. Sin embargo, hay zonas agrícolas que sí lo son, y por tanto su expansión resulta imposible, en el mejor de los casos cubren con dificultad sus actuales explotaciones. Sobre el Plan Nacional Hidráulico llevamos muchas décadas hablando e incluyéndolo en los programas políticos una y otra vez. Los intereses partidistas de determinadas Comunidades, injustos y faltos de solidaridad Nacional, siempre lo han impedido. Han preferido que los caudales sobrantes se pierdan en el mar, pretendiendo apropiarse de unos derechos sobre ríos que no les pertenecen y que son de interés y propiedad de todos los españoles. Han intentado compensar el daño causado con la construcción de lo que en el mundo entero se está suprimiendo, las desalinizadoras (California y Oriente Medio, por ejemplo), por ser inasumible su coste de tratamiento por metro cúbico y por resultar nocivas al no haber conseguido eliminar ni el boro ni el sodio, componentes que deterioran el suelo transformándolo en inservible, y destruyen el árbol en menos de tres años. Por tanto, la inversión es desproporcionada y condenada al abandono.

• Al 5: La actividad agrícola necesita de un tratamiento fiscal personalizado y equiparable al aplicado en los países de nuestro entorno. Más impuestos resultan inasumibles en los costos de explotación, provocan menos recaudación e incitan a la evasión y a la paralización empresarial.

• Al 6: La mayoría de los tradicionales sistemas de intermediación comercial presionan los precios de compra en origen, en muchos casos se fijan mediante acuerdo previo, lo que ocasiona perjuicios insoportables sobre los rendimientos del agricultor, abandonando en algunos casos su duro trabajo y restando estímulos a la sucesión generacional. La diferencia entre los precios en origen y los del consumidor final pueden calificarse de disparatados, y sólo se reajustarán si se suprime el intervencionismo y se legisla para hacer posible un libre mercado para todo el sector.

Sin rapidez en la toma de decisiones haremos un flaco favor al crecimiento de nuestra economía.

(*) Economista y empresario

Los profesores interinos de Madrid siguen sin saber si tendrán trabajo a cinco días del inicio del curso

MADRID.- Lucía Figar parece haber hecho oídos sordos a las reclamaciones de los sindicatos docentes madrileños. Hace unos días estas organizaciones se quejaron del retraso de la Consejería de Educación al publicar las listas de interinos que se incorporarán a los centros públicos este curso, que se debían haber conocido en julio y de las que todavía no había noticia, según www.elboletin.com

Pero la situación ha empeorado. Estaba previsto que la relación de maestros con los que cuenta la Comunidad de Madrid se conociese ayer, pero estas listas todavía no se han publicado y los profesores están “desesperados porque no saben si van a trabajar o no” a cinco días de que comience el curso.

Así lo han indicado fuentes de la Federación de Enseñanza de UGT Madrid. Desde el sindicato han remarcado que las listas no se han publicado aún y que tras llamar a Recursos Humanos de la Consejería de Educación les han dicho que “saldrán a lo largo del día” de hoy. El problema, insisten estas fuentes, es que el plazo de reclamación acaba mañana, y que los profesores apenas van a tener tiempo de solicitar una revisión si no están de acuerdo.

“La gente está desesperada, no saben si van a trabajar o no” a cinco días de que empiece el curso, cuyo arranque se ha fijado para el 2 de septiembre. Ese día todavía no hay clase, pero los profesores deben incorporarse para preparar los horarios y las clases.

Según UGT, esta situación debía haberse resuelto en julio, o principios de agosto como muy tarde, pero este año la Consejería de Educación se está retrasando más de lo normal. El sindicato ha indicado que, según el calendario proporcionado por el departamento que dirige Figar, el 27 agosto se iban a publicar las listas provisionales de interinos que se incorporarán a los centros públicos este curso, mientras que el 28 y 29 agosto sería el plazo de reclamaciones a la resolución provisional. Una semana después, el 3 septiembre y con el curso ya empezado, se conocerían las listas definitivas, y el día 4 se asignaría el centro de destino.

Al principio de esta semana el sindicato ya auguraba un inicio de curso caótico debido al retraso en la publicación de las listas, pero ahora la situación es peor, según las fuentes consultadas. “Salvo que se publique un nuevo calendario, los plazos son estos, y si ya eran justos, sin haberse publicado las listas lo son más”. Mientras tanto, los equipos directivos siguen sin saber con cuántos profesores contarán.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación se han limitado a señalar que, en todo caso, las listas están a punto de conocerse y que su publicación llegará en las mismas fechas que otros años.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Las Vegas Sands pagará más de 35 millones por evitar un juicio por presunto blanqueo

NUEVA YORK.- Las Vegas Sands Corporation, la empresa promotora del proyecto Eurovegas y propiedad del magnate Sheldon Adelson, habría llegado a un acuerdo con Oficina Fiscal de Los Ángeles para pagar 47 millones de dólares (35,2 millones de euros) y evitar así ir a juicio en la investigación abierta contra el gigante de los casinos por presunto blanqueo de dinero.

   Según publica el diario 'The Wall Street Journal', que tuvo acceso al acuerdo alcanzado el martes, las autoridades federales pondrían fin a la investigación abierta, hace ahora dos años, por el Departamento de Justicia, tras confirmar que la empresa no informó de las "actividades sospechosas de uno de sus clientes" y previo pago de una sanción millonaria.
   Como parte del acuerdo, abonará dicha cantidad a las arcas estadounidenses, equivalente a lo defraudado por Zhenli Ye Gon, uno de los mayores jugadores con dinero en efectivo, que posteriormente fue acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero.
   Zhenli Ye Gon, un ciudadano chino que tenía una fábrica de productos farmacéuticos de México, fue acusado en 2007 por los fiscales federales de narcotráfico, caso que fue desestimado en EE.UU. pendiente de su extradición a México para responder por acusaciones similares.
   Las Vegas Sands tendrá que abonar además cheques de caja por valor de alrededor de 13 millones de dólares (9,75 millones de euros), depósitos que fueron transferidos por Ye Gon a Las Vegas Sands entre 2006 y 2007 y calificadas de "sospechosas" por los fiscales.
   "La compañía cooperó plenamente en la investigación y ese esfuerzo ha sido reconocido por el Gobierno", señaló al respecto un portavoz de Las Vegas Sands al citado diario.
   Como parte del acuerdo, Las Vegas Sands tendrá que llevar a cabo durante los próximos dos años una revisión de sus políticas para evitar el 'blaqueo de dinero' y presentar informes periódicos.
   "Todas las empresas, especialmente los casinos, están sobre aviso de que las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, que se aplican a todas las personas y a todas las empresas, incluso si el riesgo es que la empresa pierda sus clientes más rentables", dijo el procurador EE.UU. André Birotte en un comunicado.
   El proyecto de Eurovegas en España, en la localidad madrileña de Alcorcón, que prevé la instalación de 12 hoteles y 36.000 habitaciones, multiplicará hasta por seis la superficie hotelera y la oferta de alojamiento que suman todas las instalaciones que el magnate Sheldon Adelson posee en Las Vegas, con los populares hoteles Venetian, Palazzo y Venezia.

La Comunidad Madrid se convierte en un 'paraíso fiscal' para los ricos españoles

MADRID.- La Comunidad de Madrid, que mantiene el tipo impositivo del IRPF más bajo de España y es la única región que no aplica el impuesto del patrimonio, se ha convertido en una suerte de paraíso fiscal: la mitad de las rentas altas del país hacen la declaración en esta autonomía.

Según publica Cinco Días, que se basa en los últimos datos de Hacienda, 5.612 contribuyentes declararon por IRPF más de 600.000 euros en 2011. De estos, el 48,6% tributó como residente en la Comunidad de Madrid. La proporción es muy elevada si se tiene en cuenta que el conjunto de contribuyentes madrileños representan solo el 16% del total. Cataluña aglutina el 18% de declarantes en España y concentra el 22,4% de las rentas altas, menos de la mitad que Madrid.

Uno de los motivos que explican este hecho es que la mayoría de las empresas cotizadas tienen su sede en la capital de España, por que los altos directivos –con sueldos muy elevados- residen allí. Sin embargo, el diario del grupo Prisa también apunta a que los asesores fiscales han detectado en los últimos años “deslocalizaciones de personas físicas”, es decir, cambios de residencia, reales o simulados, por motivos fiscales.

Todas las comunidades autónomas han recuperado el impuesto de patrimonio salvo Madrid. En este caso las convicciones siguen pesando más que las necesidades recaudatorias. El Gobierno de Ignacio González sigue sin querer oír hablar del tema, pese a pesar de que la Comunidad ha salido perjudicada un año más con el sistema de financiación autonómico.

Esta región sería, y con diferencia, la autonomía que más recursos captaría si aplicara este impuesto, conocido como el gravamen de los ricos. En el último ejercicio en que recaudó este tributo, el de 2008, ingresó 632 millones de euros, el 30% de los 2.112 millones recabados en el conjunto de España aportados por cerca de un millón de declarantes.

Ahora la capacidad recaudatoria sería mucho menor, porque el Ejecutivo de Zapatero amplió el mínimo que estaba exento. Los contribuyentes que deben pagar el impuesto sobre el patrimonio son los que poseen una riqueza neta superior a los 700.000 euros (los primeros 300.000 euros de la primera vivienda están libres de esta carga tributaria) frente a los 108.182 euros vigentes en el ejercicio 2008.

En este sentido, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula Madrid podría recaudar 323 millones de euros si implantara este gravamen a las 27.629 fortunas que residen en la autonomía.

El capricho faraónico de Tomás Gómez en Parla le lleva al Supremo

MADRID.- Parla vuelve a aparecérsele a Tomás Gómez como una pesadilla. Las alfombras -o más bien lo que hay debajo- del municipio que el Tribunal de Cuentas llegó a declarar al borde de la quiebra al cierre del ejercicio 2010 no han dejado de darle quebraderos de cabeza al líder del PSM.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, presentó este miércoles una denuncia ante el Tribunal Supremo contra Gómez por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El origen es un supuesto "pufo" de 42 millones de euros que dejó durante su gestión como alcalde de Parla (lo fue una década).

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede judicial, Victoria explicó que de ellos 36 millones corresponden al "sobrecoste en obras adjudicadas a dedo" para la construcción del tranvía. En buena medida culpables de que hoy en día la localidad sea una de las más endeudadas de la Comunidad, según él.

La denuncia también se dirige contra el actual alcalde de Parla, José María Fraile, y los concejales socialistas que participaron en la Juntas que aprobaron las obras, entre ellos la actual diputada regional Rosa Alcalá o el ahora asesor jurídico del PSM, Wilfredo Jurado.

miércoles, 14 de agosto de 2013

Crecimiento sin auténticas reformas básicas, una falacia / Ángel Tomás *

El hombre y, en especial los dirigentes políticos, tienen una inclinación irrefrenable a comunicar insistentemente que las tendencias económicas adversas han alcanzado su punto de inflexión, que la recesión ha terminado y que el crecimiento será una realidad al alcance de la mano. Puede haber hechos positivos que respalden el posible cese de la  recesión, incluso una ligera disminución del desempleo, pero asegurar que el crecimiento se ha iniciado aunque su recuperación será lenta, puede ser una falacia. 

Políticamente es  histórico el empeño en alentar, mediante previsiones optimistas, a los ciudadanos y en especial al empresariado, con el objeto de transformar el pesimismo en ilusión. Es una filosofía casi unánime de los líderes políticos para procurarse estabilidad, sin que en la mayoría de los casos hayan instaurado las reformas y estímulos imprescindibles para que la inversión y el crecimiento sean una realidad. Olvidan que generar ilusión y optimismo sin signos evidentes de crecimiento y sin que se cumplan las previsiones puede convertirse en un fracaso irreparable.

Sufrimos desde hace seis años una crisis que ha detenido la inversión y reducido progresivamente la demanda. Sin que se inicie la primera y crezca la segunda, no debe aventurarse y mucho menos asegurar que el crecimiento empieza a ser una realidad.

En economía no hay posibilidad de bonanza y bienestar sin que se consiga "el equilibrio inversión-demanda". Para conseguirlo, no se han establecido los siguientes pilares básicos: 

1.- Saneamiento real y definitivo del sistema financiero. 
2.- Determinar los sectores económicos propios que España posee con posibilidad probada de rentabilidad, a la que la inversión debe dirigirse, y establecer los estímulos imprescindibles. 
3.- Reformas fiscales homologables con los países de nuestro entorno, y estimulantes al emprendimiento real y al crecimiento empresarial de las consolidadas, sin olvidar también impulsar la exportación, y 
4.- Potenciar la investigación, la innovación y la competitividad.

Sin abordar y regular con urgencia los cuatro puntos anteriormente expuestos, no será realidad  el crecimiento  que se asegura, ni saldremos de la crítica situación económica en la que nos encontramos, ni será posible hacer frente puntualmente al endeudamiento público contraído, que está subiendo de forma descontrolada y que supera con holgura  nuestro producto interior bruto.

Cuestión clave para detener la recesión y propiciar el crecimiento de forma urgente, es el punto tercero del párrafo anterior, la reordenación legislativa del sistema tributario que  haga posible la inversión hacia el crecimiento. Es indudable la obligatoriedad que todos tenemos de contribuir al presupuesto de ingresos del Estado, es un principio aceptado mundialmente, pero otra cuestión es que el legislador olvide también el principio de igualdad y progresividad sin rebasar la línea confiscatoria, como establece nuestra Constitución, y el reconocimiento a la propiedad privada contenido en su artículo 33. Es también un hecho probado que la continua subida de impuestos no consigue aumentar la recaudación, y sí la deslocalización de empresas y la minoración de la riqueza.

Sabido es que una economía en continuo crecimiento y sin control, como la que hemos vivido hasta el 2007, nos ha llevado, no sólo a la crisis, sino a un endeudamiento público desproporcionado y de difícil amortización, producto todo ello de haber sufrido una evidente ausencia de control presupuestario y una ignorancia supina en la dirección y administración de la economía política. Los impuestos serán imprescindibles para nivelar el endeudamiento, pero sin una planificación de la deuda a muy largo plazo y módico interés, y sin una disminución de la presión tributaria que haga posible el crecimiento y como consecuencia el de la recaudación, no conseguiremos el equilibrio inversióndemanda-rendimiento.

El crecimiento impositivo continuo, puede ser producto de carencia de ideas y de recursos para impulsar el tejido empresarial como única solución, porque del emprendimiento privado y el crecimiento de las pymes consolidadas dependerá el desarrollo de España y de la propia Europa. La Autoridad Económica no debe olvidar que el empresario español dedica no menos del 40% de su actividad a cubrir sus impuestos, que sus gravámenes medios, tanto del impuesto de sociedades como de las rentas del trabajo, superan la media de la Unión Europea, de la propia Alemania, y de países cuyo éxito de crecimiento se debió, en gran parte, a la reducción de su presión fiscal, tales como Canadá, Austria y Países Bajos.

Necesariamente el esfuerzo fiscal privado debe ir acompañado de un proyecto efectivo y urgente de austeridad  colectiva estatal y corporativa. Para que el crecimiento de la Europa Comunitaria sea colectivo, debería propiciarse la debilidad del euro contra el dólar, hecho que ayudaría a la exportación y a la balanza exterior, salvo que la fortaleza y solidez del dólar haga imposible esa menor valoración, lo  cual, por otra parte, pondría en evidencia una Europa paralizada débil y carente de liderazgo.

(*) Economista y empresario

jueves, 8 de agosto de 2013

Aena suaviza el incremento de tarifas a las aerolíneas hasta 2018 para facilitar la actividad aeroportuaria

MADRID.-   Aena Aeropuertos suavizará el incremento máximo de las tarifas que las aerolíneas le pagan por prestaciones patrimoniales de carácter público entre los años 2014 y 2018, con el objetivo de "facilitar el desarrollo de unas condiciones de actividad más adecuadas para las empresas" sin por ello perder "solvencia económica y financiera" para poder afrontar sus funciones.

   Así consta en la memoria de impacto del decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto y que deberá ser convalidado antes de 30 días por el Pleno del Congreso.
   En el texto, el Ejecutivo explica su decisión de ampliar al periodo 2014-2018 el acuerdo sobre actualización de tarifas, de tal manera que se "proporcione estabilidad y se establezcan topes máximos de subida que, al ser conocidos anticipadamente por las compañías aéreas, faciliten sus decisiones estratégicas y de programación de actividad en los aeropuertos españoles".
   "Los nuevos incrementos proporcionan a las compañías aéreas unas condiciones más favorables en el contexto actual de dificultades financieras, a la espera de que con la recuperación económica se produzca un crecimiento en la demanda, lo que contribuirá a precios más asequibles a futuro", insiste el Gobierno.
   Asimismo, subraya que esta decisión beneficiará al sector turístico en general a pesar de que el peso de estas tarifas sobre el billete "no es muy significativo" ya que la modulación de los incrementos tarifarios podría "favorecer que las compañías aéreas apuesten por los aeropuertos españoles".
   En concreto, la nueva regulación prevé que el incremento máximo de tarifas el año próximo sea del 2,5%, alcanzando el 4,5% en el ejercicio 2015 y limitándose al 5,5% en el trienio siguiente. Antes de esta modificación, la Ley de Seguridad Aérea preveía que el máximo para los años 2013 a 2015 fuera del IPC interanual más 5 puntos.
   Asimismo, se prevé que a lo largo de estos cinco años se pueda recuperar el "posible déficit producido", y no únicamente en tres ejercicios como hasta ahora, incluyendo el que eventualmente se registre este año como consecuencia del incremento real que llegara a aplicarse. "El déficit acumulado será capitalizado, desde el momento de su generación hasta el de su cobro efectivo, a una tasa equivalente al coste medio ponderado de capital antes de impuestos de Aena Aeropuertos", se apostilla.
   El decreto también precisa que si entre 2014 y 2018 la fórmula prevista para calcular los incrementos arrojara porcentajes inferiores a los mencionados "podrán aplicarse tales máximos" para que AENA pueda compensar déficit anteriores.
   En cualquier caso, en la memoria de impacto se reconoce que esta decisión provocará una "disminución de ingresos" para Aena Aeropuertos durante el lustro afectado, si bien el Gobierno confía en "su recuperación a partir del siguiente periodo de cinco años".
   En concreto, la previsión con estos topes es que el gestor aeroportuario ingrese en concepto de tarifas 2.033,3 millones este año, 2.065,7 millones el próximo, 2.195,3 millones en 2015, 2.364,8 millones en 2016, 2.538,9 millones en 2017 y 2.733,6 millones en el último ejercicio del periodo, lo que conllevaría un incremento sostenido.
   A estas cantidades habría que sumarles además los ingresos esperados por la actividad comercial, así como tener en cuenta la "importante disminución" de 240 millones de euros en gastos de explotación además de las menores inversiones, por lo que el Ministerio de Fomento cree que Aena contará con flujos de caja suficientes para hacer frente a sus necesidades financieras y al servicio de la deuda.
   "Por tanto, y al igual que ha ocurrido durante toda su trayectoria, Aena Aeropuertos continuará gozando de autosuficiencia financiera, sin tener que recurrir en ningún momento a los Presupuestos Generales del Estado, contribuyendo a su vez al desarrollo en mejores condiciones de la actividad de las compañías aéreas en un contexto de dificultades financieras y de demanda por la debilidad económica a nivel nacional e internacional", zanja la memoria.

El hombre de partido / Ramón Cotarelo *

España es una partidocracia ya que el poder político lo ostentan los partidos. Que sean dos o sean más; que lo sean en todo el territorio o unas partes u otras son asuntos importantes pero secundarios. El anatema al bipartidismo no cuestiona la base del poder de partidos sino el hecho de que solo dos partan el bacalao. Quieren ser más. Más partidos. Quizá se esgrima aquí la teoría del mercado de que, siendo más partidos, habrá menos monopolios. Pero el monopolio de la representación y acción políticas seguirá siendo de los partidos.
Esta posición dominante le ha venido otorgada a los partidos, en especial en Europa, a partir de la segunda guerra mundial. La experiencia de las dictaduras anteriores -todas con partido único- que suprimieron la libertad de partidos, hizo coincidir estos con la idea misma de democracia y por ello se los reconoció en las Constituciones, se les atribuyeron funciones importantes en la marcha de las instituciones, se garantizó su financiación pública. En definitiva, se consagró un régimen partidocrático. Nada extraño pues las otras democracias liberales, anglosajonas, que no padecieron dictaduras, ya lo tenían de antes. Y encima regímenes con tendencia al bipartidismo.
En su acción de gobierno, los partidos se convierten en lo que se conoce como "asociaciones de buscadores de rentas". Ganadas unas elecciones, proceden a ocupar los aparatos del Estado y la administración pública, quitan a los que pueden y los substituyen por los suyos. El famoso spoils system gringo solo es famoso por ser los gringos quienes lo bautizaron, pues practicarlo, se practica por doquier. Y, si no se hace más es porque la Administración ha impuesto un sistema de provisión de plazas por funcionarios inamovibles precisamente para evitar que cada partido colonice la administración a su antojo cada cuatro años, consiguiendo que no funcione nada en medio de la corrupción más generalizada.
Los partidos son Estados dentro del Estado y tienden a coparlo, controlando todos sus poderes. Se organizan como gobiernos o como gobiernos en la sombra, pero no pierden nunca de vista el ejercicio del poder, del que se consideran prácticamente propietarios. El primer acto del poder es el reparto de prebendas, algo por lo que se ha luchado antes, para obtener rentas. Además, gracias al sistema de financiación pública y su acceso a fuentes ilegales de financiación privada (aunque esto no pueda darse por seguro por razones evidentes) los partidos están en situación de sobrevivir en una relativa abundancia en los periodos en que están fuera del poder.
Los partidos son los lugares en donde se hacen las carreras políticas. Actúan como mecanismos de selección de elites gobernantes entre sus militantes y dirigentes y, como es lógico, priman la antigüedad de forma que están poblados por gentes que acumulan trienios de pertenencia y militancia, saltando de unos cargos a otros, de unos puestos a otros: en la primera fila, senadores, ministros, embajadores, diputados; en la segunda fila, secretarios de Estado, directores generales, delegados del gobierno y así hasta la fila "n", asesores de libre designación y mamandurrias diversas. Ingresar en un partido en una buena posición es iniciar una carrera para toda la vida.
La doctrina al uso no gusta de los políticos profesionales porque son un desdoro para la democracia. Pero lo que hay en las democracias liberales es precisamente políticos profesionales. Son los hombres de los partidos. Lo que sucede es que no son lo mismo en todos los partidos.
El PP es un partido de políticos profesionales. Y cobran por ello. Teniéndose todos en alta estima, cobran en consonancia por lo que, a los sueldos oficiales que la administración prevé y las retribuciones que por razón del cargo tengan otorguen los partidos, añaden unos pagos graciosos en forma de sobresueldos que, según los papeles de Bárcenas, son ilegales por su procedencia. En todo caso, son biografías muy similares: gentes con toda su vida militando en el partido o defendiendo sus posiciones ámbitos distintos (los medios) de la sociedad civil pero generalmente también a sueldo del partido. Es un partido concebido como una empresa dedicada a la recaudación de fondos para articular política y jurídicamente los intereses de los empresarios, que son quienes pagan. Los políticos cumplen el mandato de los empresarios, no del electorado, y obtienen así unas rentas notables que se coronan con la seguridad de un puesto bien remunerado en algún consejo de administración. Ser dirigente del PP, militante, es un chollo. Así se explica esa unidad pétrea del partido en donde nadie discrepa, salvo casos excepcionales y con consecuencias limitadas al foro del propio partido, cuya acción unitaria nadie discute. El hombre de partido en el PP no tiene opinión ni discurso propios. Por eso se les reparten todos los días unos argumentarios en los que la organización dice lo que hay que decir en cada caso. Nada de discrepancias ni contradicciones. El hombre de partido sabe que le va la paga en ello.
El PSOE también ha evolucionado en el inevitable sentido oligárquico. Está literalmente repleto de políticos profesionales, gentes con muchos trienios también en la mochila de servicios al partido. La tasa es menor que en el PP. Pero es. La inmensa mayoría de los delegados en los congresos son cargos públicos. Suelen decir los socialistas que el suyo es "un partido de gobierno". No hay duda. Se nota en estas cosas. Rodríguez Zapatero quien, a su vez, era un oscuro pero contumaz diputado por León que había hecho la carrera en el partido, impuso un cambio demasiado brusco en el reparto de rentas e hizo de lado a un sector de históricos que se sintieron agraviados. Y tenían cierta razón, aunque no la que ellos pensaban porque, en realidad, los nuevos zapaterianos o zapateristas no eran mejores que los veteranos. También en el PSOE hay oportunidades de retiro dorado para los gobernantes y ministros que hayan favorecido de algún modo los intereses empresariales. De nuevo menos que en el PP. El hecho de ser también en parte una asociación de reparto de rentas hace que las carreras individuales configuren hombres de partido bastante disciplinados. Dos factores van en contra de esa disciplina aunque, de momento, son de importancia menor: uno es que las oportunidades son menos al haberse privatizado prácticamente todo el sector público que es donde los políticos profesionales socialdemócratas orientaban su carrera, lo que va en detrimento de la lealtad y obliga a buscarse la vida por otros pagos. El segundo es que los retazos de la antigua ideología a veces se manifiestan y surge alguna cuestión doctrinal, pero suelen ser de escasa monta. Hay una izquierda socialista dentro del mismo PSOE, reconocida, con un valor testimonial. El último retazo ideológico es el nacionalista y ese sí parece tener algo más de mordiente en la consideración del partido como máquina útil de reparto de rentas.
 
En el caso de IU, al ser una federación de partidos y personas, la figura del hombre de partido presenta caracteres distintos. Añádase que la funcionalidad de la organización para el reparto de rentas es muy limitada pues no se trata de un partido de gobierno, salvo a escala municipal y no muy relevante y de coalición en algún gobierno autonómico. No hay más rentas de las que puedan derivarse de la financiación pública. (Por eso es tan injusto que el gobierno del PP reduzca las asignaciones a los partidos, sabiendo que los otros no disponen de sus fuentes de financiación, incluidas las presuntamente ilegales). Nada de nombramientos de embajador, magistrado de esto y aquello y hasta simple asesor, cargo que en el PP está al alcance de Carromero. En IU las carreras suelen iniciarse por motivos ideológicos y no por intereses. Pero justamente la ideología es muy quisquillosa, especialmente manejada por intelectuales que abundan más en IU que en la academia platónica. Si añadimos su fuerte narcisismo vamos dando con la razón de ser de esa miriada de frentes, foros, movimientos, todos animados por una idea que sus dirigentes han formulado. Aquí el hombre de partido es más hombre de idea. Profesa su lealtad a un concepto que es incapaz de definir: el de izquierda. Por supuesto, también hay en IU hombres de partido a la vieja usanza, de los de carrera política al servicio de la organización. Pero estos tienden a ser los de la vieja escuela del PCE, allí donde ser hombre de partido era considerado timbre de gloria. 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

domingo, 4 de agosto de 2013

La Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan más de la mitad del parque de viviendas de España

MADRID.- Cuatro comunidades autónomas --la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Madrid--  acaparan más de la mitad, el 56,5 por ciento, del total de parque de viviendas de todo el país, según datos del Ministerio de Fomento.

   El parque de viviendas de España se situó en 25,382 millones de unidades al cierre del ejercicio 2012, lo que supone un avance el 0,5 por ciento en comparación al ejercicio anterior, el menor crecimiento anual de la última década.
   El 71,3 por ciento del parque de viviendas corresponde a residencias principales, que suman así 18,11 millones de unidades, aunque apenas supone un aumento del 0,11 por ciento respecto a 2011. Un mayor incremento, del 1,7 por ciento, experimentó el parque de segundas residencias, que concluyó el ejercicio 2012 con un total de 7,27 millones de unidades, con lo que constituye el 28,7 por ciento del total.
   Desde que en 2008 se inició la crisis y hasta el cierre de 2012, España incorporó 1,35 millones de unidades a su parque de viviendas, la mitad en comparación con los 2,55 millones de casas que se sumaron en los cinco ejercicios precedentes, los que coincidieron con el 'boom' del sector.
   Durante estos años, el 'stock' total de pisos del país creció a tasas interanuales de hasta el 2,5 por ciento, lo que contrasta con los aumentos de entre el 0,5 por ciento y el 1,3 por ciento que experimenta desde que estalló la crisis.
   En el conjunto de la última década (2002-2012), el 'stock' de pisos ha sumado un total de 4,35 unidades, de forma que ha evolucionado desde los 21,03 millones de casas que se contabilizaban a cierre de 2001, hasta los 25,38 millones de la conclusión de 2012.
   Cuatro comunidades autónomas --Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid-- acaparan más de la mitad, el 56,5 por ciento, del total de parque de viviendas de todo el país.
   Así, Andalucía cuenta con 4,4 millones de viviendas, mientras que Cataluña cuenta con un total de 3,88 millones de residencias, la Comunidad Valenciana, con 3,15 millones, y la Comunidad de Madrid, con 2,9 millones de pisos.
   En el lado opuesto, las regiones con el 'stock' total de pisos más reducido son La Rioja, con 200.183 viviendas al cierre de 2012, Navarra (312.305 pisos) y Cantabria, que contaba con 360.627 residencias a la conclusión del pasado año.