jueves, 30 de junio de 2011

Felipe González insiste en la supresión de ayuntamientos y diputaciones

MADRID.- Felipe González ha insistido hoy en su reclamación de que se supriman las diputaciones --ya que los servicios que prestan pueden asumirlos las delegaciones de Gobierno-- y se fusionen ayuntamientos. Según González, reabsorbiendo a los funcionarios y reorganizando servicios en tres niveles (Gobierno central, autonómicos y ayuntamientos), además del europeo, se lograría un ahorro de casi un punto del PIB.

   "No podemos soportar 8.300 municipios, y en algunos de 700 habitantes, polideportivos como si tuvieran 10.000. Y como no vamos a poder hay que acabar con la fiesta y decir a los ciudadanos 'lo que tenemos que hacer es esto', y seguro que lo van a entender", ha manifestado.
   En este sentido, González ha dejado claro que él está a favor de la descentralización, pero no de la "centrifugación". 
"El problema no es cuanta descentralización se hace sino cuánta centrifugación se evita. Descentralizar es bueno, centrifugar es un desastre", ha advertido.
   A su juicio, lo que no se puede es romper la "unidad" de España --no una unidad "sagrada", sino la unidad de "espacio público"-- en el mercado y en la igualdad a la hora de prestar servicios. "Hay que descentralizar y coordinar aunque hay gente que se resiste a ser coordinada", ha añadido.

El Congreso rechaza que el Tesoro gestione las emisiones de las CCAA

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PSOE y PP una propuesta de resolución de CiU al Debate sobre el estado de la Nación que pretendía que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas.

   Esta fue una de las principales propuestas que el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, presentó al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su debate del martes, si bien el jefe del Ejecutivo descartó a entonces esta posibilidad.
   También se ha descartado que el Estado pague a las comunidades autónomas el adelanto de 2011 del denominado fondo de competitividad, si bien en este punto los 'populares' sí han dado su apoyo a los nacionalistas catalanes.
    En terreno laboral, la Cámara Baja no ha aceptado la idea que CiU presenta por segundo año consecutivo en el Debate de una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.

El Congreso pide por unanimidad incentivar la 'dación en pago'

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación pactada por PSOE, PP y CiU para incentivar que la banca ofrezca la constitución de hipotecas denominadas de responsabilidad limitada, en las que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre la vivienda, en la única modalidad de "dación en pago" que reconoce la actual legislación hipotecaria.

   También urge a analizar y supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios, a fin de evitar "cláusulas abusivas", con "especial atención" a las que limiten la variación mínima de los intereses variables en función de la evolución de los tipos.
   La resolución recoge la idea del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevará a un 50% sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el límite no embargable del salario en proceso de ejecución hipotecaria y un 30% adicional por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios.
   De esta forma, la cuantía medía pasará de 641 euros a 961 euros para personas sin familiares a cargo y podría alcanzar los 1.350 euros para quien tenga a cargo dos familiares sin ingresos.
   Asimismo, se estudiará elevar el "exiguo" porcentaje de valoración del inmueble por el que el banco puede adjudicárselo en caso de ejecución hipotecaria, si la subasta queda desierta. Actualmente está fijado en el 50% por la Ley de enjuiciamiento civil.
   El objetivo es mantener el valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malabaratamiento de los bienes". Por ello también se propone que se acelere la introducción de las subastas judiciales electrónicas, para elevar el número de posibles postores.
   Estos acuerdo, que será elevado a la subcomisión parlamentaria contra los abusos hipotecarios, no incluye sin embargo la petición de otros grupos como ERC, IU-ICV y BNG, que pedían que la entrega de la vivienda pudiera saldar el préstamo también en caso de hipotecas ya vigentes en el caso de "deudores de buena fe", si bien esas formaciones han aceptado la transacción.
   Como complemento a estas ideas, y en colaboración con agentes sociales, económicos y financieros, se desarrollarán de sistemas de información, mediación y resolución de conflictos que permitan a las familias afrontar "con mayor seguridad" sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario.
   Además, se redefinirá la línea ICO moratoria de hipotecas, impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.
   Además, se impulsarán acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.

El retorno de los inmigrantes en paro a sus países es limitado

MADRID.- Una investigación del Real Instituto Elcano sobre la migración temporal entre Marruecos y España concluye que el retorno de los extranjeros que se han quedado en el paro a sus países de origen sería mayor si las normas españolas y europeas no fueran tan estrictas, ya que imponen que quienes se marchen, no podrán regresar en al menos tres años. 

   El estudio, firmado por la investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales de la institución, Carmen González, explica que "en este momento muchos de los inmigrantes desempleados, el 50% de los marroquíes, volverían a su país si las normas les permitieran retornar legalmente a España cuando aparecieran nuevas oportunidades laborales".
   "El plan de retorno actual, incorporado al nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, exige un período mínimo de estancia fuera demasiado largo, tres años, lo que obliga al migrante a hacer una apuesta incierta a largo plazo", señala la autora.
   Además, indica que "muchos" inmigrantes "optarían por volver a su país, donde la vida es más barata, si no fuera porque arriesgan perder su permiso de estancia en España si a lo largo de un año pasan más de seis meses fuera del país" y recuerda que incluso quienes tienen un permiso de larga duración se enfrentan a este problema, porque "las normas europeas les impiden pasar más de 12 meses seguidos fuera del espacio de la UE".
   "Hay indicios de que puede estar produciéndose una salida de esa migración desempleada hacia otros países europeos del espacio Schengen, en los que la ausencia de controles fronterizos permitiría a los migrantes pasar tiempo fuera sin que se detectase en España", afirma el estudio.
   El estudio critica que entre Marruecos y España no se producen flujos de ida y vuelta porque "las normas españolas lo dificultan", ya que, en general, "no favorecen que los inmigrantes puedan circular entre origen y destino de forma flexible de acuerdo con las oportunidades laborales o las necesidades vitales".
   En esta línea, la autora destaca que sólo existe un tipo de inmigración circular entre Marruecos y España, la estacional agraria regulada a nivel estatal, por el progresivo endurecimiento de las condiciones para entrar y permanecer legalmente en el país que se han ido imponiendo a los extranjeros.
   A juicio de la autora, esta es una de las razones por las que "el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España es el más bajo" de entre los que se han afincado en Europa, "incluyendo países donde esta migración es reciente, como Italia", ya que quienes se desplazan al país son en su mayoría trabajadores del campo, mientras los licenciados, técnicos y emprendedores prefieren destinos como Francia.
   "Es difícil encontrar en España empresarios o profesionales marroquíes, lo que tiene un efecto negativo sobre la imagen de este colectivo y, por extensión, de Marruecos en España", explica el estudio, donde se señala además, que "la política de concesión de permisos de residencia para estudiantes no ha facilitado la presencia de universitarios marroquíes en España".
   Asimismo, critica "la discrecionalidad en la concesión de permisos de residencia a los que desean emprender alguna actividad económica por su cuenta en España", porque a juicio de la experta, "ha reducido a la nimiedad la entrada de inmigrantes por esa vía".
   La experta, que asegura que la comunidad marroquí es, de entre todas las nacionalidades extracomunitarias procedentes de países pobres, la que tiene menores porcentajes de irregularidad, apuesta por medidas como incentivar la inmigración de marroquíes cualificados, una política de becas para que ciudadanos del reino alauí puedan estudiar carreras con salida en el mercado de trabajo y abrir el sector turístico a la inmigración de temporada.
   "Se trata de utilizar la migración como un instrumento de avance en las relaciones hispano marroquíes y de cooperación al desarrollo, atraer una inmigración cualificada evitando a la vez la fuga de cerebros en Marruecos y permitir a los inmigrantes en paro el retorno a su país con la posibilidad de volver a España, aunque hayan pasado fuera más de seis meses al año, cuando encuentren oportunidades laborales", concluye.

Los indignados madrileños llevan su protesta a la Embajada de Grecia en apoyo de los compañeros griegos

MADRID.- Centenares de indignados que se encontraban congregados en la Puerta del Sol han trasladado la noche de este miércoles su protesta hasta la Embajada de Grecia en España en apoyo a sus compañeros griegos que desde el martes protestan en la plaza Syntagma de Atenas, donde se encuentra el Parlamento griego, contra los nuevos recortes.

Tras un 'Debate Popular sobre el Estado de la Nación' organizado por la Asamblea del barrio de Arganzuela, centenares de indignados han decidido abandonar la Puerta del Sol y dirigirse hasta la Embajada de Grecia en España, ubicada en el número 24 de la avenida del Doctor Arce.
Esta marcha espontánea partió de Sol para dirigirse hasta la calle Alcalá, donde los 'indignados' han invadido la calzada cortando el tráfico, hasta desembocar en la plaza de Cibeles. "Vuestra crisis no la pagamos", han gritado los asistentes al paso por la sede del Banco de España.
Con consignas tales como 'No es rescate, es un atraco' o 'Grecia escucha, estamos en tu lucha', los manifestantes se han encaminado hacia el Paseo de la Castellana hasta llegar a la calle Serrano. Frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, los 'indignados' se han encontrado con varios vehículos policiales que custodiaban este edificio, aunque la marcha ha continuado con tranquilidad.
Los manifestantes han llegado finalmente a la Embajada griega en Madrid con gritos de 'Grecia aguanta, Madrid se levanta' y, una vez frente al edificio, han protagonizado uno de sus tradicionales gritos silenciosos con los brazos en alto en solidaridad con sus compañeros griegos.
Los 'indignados' han realizado una sentada frente al edificio, al tiempo que un portavoz leía un manifiesto de condena de la violencia contra los manifestantes griegos. Mientras, un dispositivo de la Policía Nacional, con al menos media decena de lecheras, así como agentes de la Policía Local permanecía en el lugar de manera preventiva por si fuera necesaria su intervención

miércoles, 29 de junio de 2011

López Carbajo espera la "máxima colaboración" de las CC.AA. en el próximo Consejo de Política Fiscal

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que espera la "máxima colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará el Gobierno a finales del mes de julio.

   En declaraciones a los medios tras su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, López Carbajo ha aseverado que hay una "mayor sensibilidad y compromiso" en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit. "En un año y pico ha cambiado mucho la percepción", ha subrayado.  
   De la misma forma, ha adelantado que algunos de los planes de reequilibrio que quedaron pendientes de aprobación en la anterior reunión del CPFF están "prácticamente debatidos y aprobados", como es el caso de Andalucía, aunque otros, como el Cataluña o Andalucía, no están tan cerca.
   Sobre cómo se comportarán los impuestos en el futuro, López Carbajo ha admitido que la recaudación de IVA se moderará a partir de julio por la desaparición del 'efecto escalón' que proporcionaba la subida de tipos, aunque mejorarán otras cosas como el turismo.
   El Impuesto de Sociedades, por su parte, mejorará gracias al impulso que quiere dar el Ministerio a la gestión de este tributo, con la que esperan que el impuesto funcione mejor en las grandes empresas.
   Durante su intervención en la Comisión, Carbajo ha confiado en que los ingresos cierren el año mejor de lo previsto y ha recordado que el año pasado acertaron a pesar de que se les acusó de hacer previsiones "exageradas".
   "Se cumplieron (las previsiones)", ha señalado al diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte, que ha advertido al nuevo secretario de Estado que tiene una "dificilísima tarea" por delante par consolidar las cuentas.
   López Carbajo ha asegurado que el Estado va "bien" en el proceso de consolidación fiscal porque ha hecho "un gran esfuerzo", aunque ha rechazado las críticas de los que acusan al Gobierno de culpar a las comunidades del déficit. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, tras asegurar que se considera a sí mismo "poco sospechoso" de una acusación de ese tipo.
   En esta misma línea ha contestado al portavoz de CiU, Pere Macías, que ha criticado el "mal comienzo" de López Carbajo como secretario de Estado al intentar dar lecciones a las autonomías. "No se lo vamos a admitir, de ninguna de las maneras", ha espetado Macías a López Carbajo.
   "Ni cogiendo el rábano por las hojas se puede llegar a esa conclusión", ha respondido el 'número dos' del Ministerio de Economía, quien ha explicado que sólo ha dicho que el esfuerzo lo tienen que hacer todas las administraciones, cada una asumiendo la responsabilidad que le corresponde.
   En este sentido, López Carbajo ha reiterado que todos tienen que hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit público al 6% este año, una tarea "nada sencilla" que exige un "sacrificio conjunto".
   Por otro lado, López Carbajo ha rechazado que haya sido el Estado el que ha elevado el saldo negativo de las comunidades con algunas decisiones, ya que también ha tomado otras medidas que han permitido a las regiones reducir sus gastos, como la rebaja salarial de los funcionarios, una medida que ha beneficiado, en sus dos terceras partes, a las comunidades.
   Sobre si las regiones aún tienen margen para contener el gasto, López Carbajo se ha limitado a recordar que el gasto en educación, sanidad y servicios sociales ronda el 60%, por lo que queda un 30% que se puede revisar.  
   "Las reglas de gasto son buenas en estos momentos", ha indicado, tras rechazar una vez más la posibilidad de que el Gobierno plantee una nueva subida de impuestos para mejorar los ingresos, tal y como dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, el pasado viernes. "Es la política del Gobierno", ha añadido.

Rato, Olivas y Verdú percibirán una remuneración anual máxima de 10,15 millones de Bankia

MADRID.- Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia, recibirán una remuneración anual total de un máximo de 10,15 millones de euros, según consta en el folleto de la oferta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   De esta remuneración total para el presidente, el vicepresidente y el consejero delegado de la futura cotizada, la parte fija ascenderá a 4,08 millones de euros y la parte variable hasta un máximo de 6,076 millones de euros.
   La remuneración total para los 32 directivos de la sociedad, incluyendo a los consejeros ejecutivos y al resto de altos directos y directivos, ascenderá a un máximo de 24,19 millones de euros, compuesta de una parte fija de 13,49 millones de euros y de una parte variable total de hasta un máximo de 10,69 millones de euros.
   En lo que respecta a la remuneración anual estimada de los consejeros de Bankia por su pertenencia al consejo, asciende a un total de 1,78 millones de euros. De este importe, la remuneración correspondiente a Rodrigo Rato asciende a 196.000 euros y la de Olivas a 156.000 euros, mientras que la de Verdú es de 36.000 euros.
   Además, los consejeros tendrán derecho a percibir una retribución complementaria por un importe equivalente al 20% del total global que le corresponda en acciones de Bankia.
   Los consejeros ejecutivos y el resto de altos directivos y directivos tendrán también un derecho contractual a recibir derechos pasivos, esencialmente planes de pensiones o instrumentos de ahorro ligados al retiro o jubilación, por un importe total de 2,9 millones de euros, de los que 1,265 millones de euros corresponden al presidente, al vicepresidente y al consejero delegado.

Bankia debutará en Bolsa el 20 de julio

MADRID.- Bankia debutará en Bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según el folleto de la oferta de venta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Esta horquilla de precios para la salida en Bolsa de Bankia, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran  Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.
   Bankia ofrece un total de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opcion de compra ('green shoe'), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros.
   La oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe', lo que permite a las cajas fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada.
La oferta se dirige en un 40% a inversores institucionales y en un 60% a particulares.
   De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14.

Un grupo de acampados se niega a abandonar la plaza Cataluña de Barcelona

MADRID.- Un grupo de acampados ha asegurado que se niega a abandonar la plaza Cataluña de Barcelona y que desmiente "categóricamente la supuesta negociación legítima" con representantes del Ayuntamiento.

   Este grupo ha leído un comunicado ante los medios en el que se afirma que la propuesta de desmontar el campamento a cambio de un módulo de 4x2 metros no responde "a las necesidades de lucha actividades y comunicación de la plaza y del movimiento 15M".
   Han explicado que el comunicado está colgado en la página web del movimiento, aunque la dirección no se corresponde a la de 'acampadabcn' donde se colgaba la información de los 'indignados' desde el primer momento.
   Tras el comunicado, uno de los acampados ha subido al camión de la limpieza donde otros acampados habían depositado basuras y resto de infraestructura para descargarlos.
   Otro grupo ha vuelto a subir al convoy parte de lo descargado en una muestra de las diferencias de opiniones que se viven en la plaza.

CiU propone que el Tesoro avale y gestione las emisiones de deuda de las comunidades autónomas

MADRID.- El grupo parlamentario CiU ha propuesto al Gobierno que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas, autorizadas en función del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y los límites de endeudamiento que se establecen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Como el Tesoro lo pagamos todos, queremos que avale las emisiones", ha señalado portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que "no es de justicia" que los ciudadanos paguen los diferenciales.
   En materia laboral, el grupo catalán también insta al Gobierno a introducir nuevos incentivos para la generación de empleo como una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.
   En esta misma línea, propone aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año y para su primer asalariado, al tiempo que se inclina por extender las bonificaciones para el mantenimiento de la ocupación a los trabajadores mayores de 55 años.
   Por otro lado, invita a revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial para conseguir más flexibilidad en la organización de la jornada, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.
   En el ámbito de la negociación colectiva, CiU pide facilitar una mayor vinculación entre sueldos y productividad, mejorar las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas, la mejora de las herramientas para combatir el absentismo y la reformulación de las mutuas.
    De la misma forma, resalta la necesidad de clarificar la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales, así como las partes que continúan vigentes en la fase de ultraactividad, al tiempo que apuesta por revisar los plazos de prórroga de los convenios en situaciones excepcionales y por facilitar el descuelgue de las pymes que así lo requieran.

El ayuntamiento de Madrid propone integrar el IBI en el IRPF para tener en cuenta la renta

MADRID.- El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha avanzado este miércoles durante el Pleno municipal que su Grupo presentará una propuesta para integrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que tenga en cuenta la capacidad de renta de cada contribuyente sin perjudicar a la recaudación.

   Según el edil, la idea sería adjudicar a cada inmueble una renta teórica, adicional a la que hoy se aplica exclusivamente en IRPF a los inmuebles no arrendados y que no sea la vivienda habitual. Cada ayuntamiento podría después aplicar un gravamen a los inmuebles (fijando una horquilla de mínimo y máximo), y el importe sería retenido de forma mensual con el IRPF.
   "Esta renta teórica de cada inmueble podría ser gravada, por ejemplo, al tipo medio del IRPF del contribuyente y el importe resultante iría destinado en su integridad al municipio correspondiente; o, si se prefiere, podría gravarse con una tarifa especial", ha puntualizado Bravo.
    Así, se tendría en cuenta la capacidad económica, nivel de ingresos y circunstancias personales y familiares de los contribuyentes, sin perder capacidad de recaudación, ya que las personas jurídicas quedarían fuera de esta modificación, con lo que los cobros del IBI a grandes empresas no se vería alterado.
   Además, la medida permitiría ahorrar costes de gestión, se integraría el IBI en "un tributo que tiene en cuenta la capacidad económica y circunstancias personales y familiares" de cada contribuyente, y se mejoraría la tesorería mensual de los municipios, además de disminuirse la presión fiscal indirecta. Asimismo, se facilitaría el pago al ciudadano, al hacerse vía retención.
   "No hay nada más justo que esto", ha zanjado Bravo, que ha manifestado su satisfacción con la buena acogida que esta propuesta ha tenido en las filas de IU, cuyo portavoz en materia de Hacienda, Jorge García Castaño, ha aplaudido la posibilidad de estudiar esta línea de trabajo que podría permitir "recaudar más y más justamente".
   Por otra parte, Bravo también ha anunciado que el Ejecutivo municipal estudiará "la posibilidad de articular, vía gasto, una línea de subvenciones para compensar un porcentaje de los casos de capacidad económica más baja que son poseedores de una vivienda".
   "La Agencia Tributaria trabaja en un sistema que compense, vía subvenciones y con una dinámica similar a la de la Tasa de Basuras, el IBI a partir del año próximo. No será con bonificaciones porque no se pueden articular en la ordenanza, dado que no están previstas en la Ley de Haciendas Locales. Es un parche, pero es lo único que podemos hacer", ha puntualizado.
   Por otra parte, Bravo también ha tenido que defender la subida del IBI a través del incremento del valor catastral que se verificará en la capital a partir del próximo ejercicio. Así, ha recordado que tras diez años desde la entrada en vigor de la última ponencia de valores, es "obligatorio" para todos los consistorios acometer la revisión, y ha señalado que el incumplimiento de esta obligación por parte de otras corporaciones, "con la pasividad de la Dirección General del Catastro, no es problema de este Ayuntamiento".
   A renglón seguido, el concejal también ha recordado que ayuntamientos socialistas como Parla, Getafe, Fuenlabrada o Collado Villalba también han reclamado la revisión de los valores catastrales entre 2009 y 2010, criticando así al "doble vara de medir" del PSOE según en qué institución se encuentre.
   Finalmente, con respecto a este punto, Bravo ha explicado que si la Dirección General de Catastro no está cumpliendo con su obligación e iniciando de oficio las revisiones castastrales es porque "no tiene recursos para hacerlo en los más de 8.000 ayuntamientos de España".
   Por otra parte, el delegado ha señalado que el PP ha pedido en reiteradas ocasiones una modificación del marco legal de gestión de los impuestos como el IBI para dar a los consistorios capacidad y autonomía para crear un IBI social que "introduzca la posibilidad de hacer tipos progresivos en función del valor catastral, tener en cuenta la capacidad económica según la Declaración de la Renta y hacer bonificaciones". "Pero no hemos conseguido que el Gobierno asuma esa reforma legal", ha reprochado.
   Por ello, el Ejecutivo local se ve obligado a "aplicar la ley" y ha rechazado propuestas como la planteada por UPyD de que se reduzca el tipo impositivo (sobre el que sí puede actuar) para amortiguar el efecto de la revisión catastral en el importe que deben abonar los madrileños.
   Y es que, según Bravo, una vez llegados al suelo mínimo de tipo impositivo que permite la ley, el Ayuntamiento se quedaría sin posibilidad de acción en este punto y además habría perdido 50 millones de euros tan solo en el primer año.
   Sin embargo, los tres grupos de la oposición se han manifestado en contra de la subida del IBI. Así, la portavoz socialista en la materia, Noelia Martínez, ha pedido la "paralización" de la revisión de valores y ha exigido a Bravo que asuma su "responsabilidad" con respecto a la "elevada presión impositiva a los madrileños", ya que "es potestad del Ayuntamiento solicitar tras diez años" la revisión de los valores.
   Por su parte, Castaño ha considerado que "congelar el IBI supone menguar los recursos para el Ayuntamiento, beneficiando más a quienes más tienen, que dejarían de pagar tanto", por lo que ha reclamado "bonificaciones durante los tres primeros años de la reforma", así como "subvenciones directas para las rentas más bajas y los sectores más vulnerables, compensando los ingresos mediante un incremento del tipo para otros usos no residenciales".
   "Se trata de buscar fórmulas que intenten que el impacto de la subida lo sufran menos los sectores más vulnerables mientras sube la recaudación para el Ayuntamiento", ha insistido.
   Por último, el portavoz de UPyD, David Ortega, ha considerado que "no es aceptable" que el IBI se haya "multiplicado por cinco" y la presión fiscal que sufren los madrileños haya crecido un "500%", por lo que ha propuesto la "congelación del IBI" mediante la congelación o reducción del tipo impositivo.
   Como los socialistas, Ortega también ha recordado la "responsabilidad" en la aprobación del incremento catastral que tiene el Gobierno municipal, que "debe dar un informe favorable" a la ponencia de valores, y ha defendido que "la congelación del IBI se puede llevar a cabo con políticas de contención y ahorro en otras partidas".

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".
   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".
   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.
   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

Valeriano Gómez: nada impide invertir la 'hucha de las pensiones' en deuda autonómica

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en deuda autonómica, si bien ha apuntado que "no le consta" que el consejo rector de la 'hucha de las pensiones' esté estudiando esta posibilidad en estos momentos.

   El ministro se ha referido en estos términos a la reclamación planteada por CiU aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones para hacer explícita esta posibilidad, así como para dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación del Fondo, algo que Gómez considera que "es más difícil".
   Dicha Comisión está compuesta actualmente por el secretario de Estado de la Seguridad Social y representantes del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, de los distintos sindicatos y cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
   CiU, que presentó su propuesta en una enmienda al proyecto de Ley de reforma de las pensiones, la retiró en la votación en Comisión del pasado lunes tras pactar un paquete de medio centenar de enmiendas con el PSOE entre las que destacan varias que permiten la entrada de las mutuas de las comunidades y el traspaso a éstas de los centros sanitarios que gestionan, aunque seguían siendo patrimonio de la Seguridad Social.
   En cualquier caso, Gómez ha recordado que la inversión del Fondo ya se destina a deuda pública y que el único cambio en la ley que regula el Fondo sería necesario en el caso de invertir en deuda privada, una idea que el Ejecutivo barajó hace años pero que abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  
   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.
   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.
   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.
   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  
   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.
   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.
   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.
   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.
   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".
   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

Salgado: "Creo que lo que tienen que hacer las comunidades es cumplir"

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en este momento es cumplir con el límite de déficit que se ha fijado, situado en el 1,3% del PIB.

   Así lo ha señalado Salgado en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación al ser preguntada por la última advertencia de la agencia de calificación crediticia Moody's sobre la posibilidad de rebajar el rating a algunas comunidades autónomas.
   Moody's ha asegurado que si las comunidades no dan nuevos pasos para lograr una mejora sostenible en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones.
   La agencia considera probable que varios gobiernos regionales superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al excesivo optimismo de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.
   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  
   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".

El ICO pagará la deuda de los ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo durante el debate del estado de la nación.

El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendiente y la morosidad.

martes, 28 de junio de 2011

Portugal suspende el AVE Lisboa-Madrid


LISBOA.- El nuevo Gobierno portugués de Pedro Passos Coelho ha decidido suspender el proyecto ferroviario de alta velocidad que iba a unir Lisboa y Madrid con el fin de ahorrar costes, aunque añade que podría estar sujeto a reconsideración, según informó el Ejecutivo en su programa de Gobierno remitido al Congreso. 

   Pese a la suspensión del proyecto, el Gobierno luso añade que podría ser reconsiderado, incluido su contenido y calendario, en función de las nuevas condiciones.
   En este sentido, el Ejecutivo añade que esta reconsideración debe tener en cuenta la situación jurídica de los contratos ya firmados y aclara que una eventual renegociación sólo puede proceder de una evaluación en este sentido.
   Esta es una de las numerosas medidas de austeridad que el Gobierno luso se compromete a llevar a cabo en su programa de Gobierno y que van más allá incluso del plan de ajuste acordado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate de 78.000 millones de euros.
   El Gobierno defiende que es necesario regresar "lo más pronto posible" a una trayectoria sostenible en las finanzas públicas que permita una economía "próspera y que cree empleo en el medio plazo".
   Asimismo, el Ejecutivo ha calificado este programa de "frugal y realista", que busca poner fin a la situación de emergencia financiera, económica y social que vive la economía. "El programa que presentamos acredita la energía y la iniciativa de todos y cada uno para que, con confianza, responsabilidad y transparencia, Portugal no falle", añade.
   Entre otras medidas, el Gobierno anuncia su intención de vender parte de su participación en empresas como Energias de Portugal y el operador REN este año y, más adelante, la compañía aérea TAP y la gestora aeroportuaria ANA. Además, reestructura el negocio del banco estatal CGD y privatizará algunos centros de salud y uno de los canales de la RTP.
   Asimismo, elevará el IVA en algunos productos, reducirá las contribuciones de las empresas a la seguridad social, modificará las fechas de algunos festivos y limitará las retribuciones de los gestores públicos.

(En la imagen, el Lusitania Express, actual tren Madrid-Lisboa)

Los madrileños, pese a la crisis, no renuncian a unos días de playa

MADRID.- Un 53,8 por ciento de los hogares madrileños sí irá de vacaciones y lo hará a la playa, pero organizándoselo por su cuenta y con un gasto igual o menor que el que llevaron a cabo en 2010, ha informado el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.

   En rueda de prensa para presentar el Avance del Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid, Villanueva ha indicado que de este informe, realizado entre el 15 de mayo y 16 de junio, se desprende que la mayoría de los madrileños pasará dos semanas fuera y que se recorta el número de días que se permanecerán fuera de casa estas vacaciones.
   En concreto, un 53,8 por ciento de las familias madrileñas se irá de vacaciones, frente al 55,1 por ciento de 2010. Un 23 por ciento, lo hará a otra localidad de la región; un 46,1 por ciento, a otra comunidad autónoma; y un 5,1 por ciento, a otro país. Tan solo el 34,4 por ciento se quedará en casa.
   Según ha explicado Villanueva, las razones que alegan la mayoría de los madrileños para actuar así son las económicas (28,7 por ciento), seguidas de las que en el momento en que se les realizó la encuesta no las tenía preparadas (28,3); el 15,6 por ciento que alega otros motivos; el 13,2 por ciento que no suele viajar y el 5,9 por ciento que no tiene tiempo libre. En concreto, de los que viajan normalmente un 37,1 por ciento alega cuestiones económicas para no viajar este año.
   En cuanto a la duración, la mayoría de los madrileños viajará entre 8 y 15 días (52,6 por ciento), seguidos de los que viajarán entre 16 y 30 días (29,1 por ciento) y el 10,4 por ciento que viajará 7 días o menos.
   Un 69,2 por ciento de los madrileños organizará sus vacaciones por cuenta propia frente al 20,8 por ciento que lo hará mediante otros medios. Aumentan los viajes gestionados por Internet y disminuye el uso de las agencias de viajes. Además, un 54 por ciento elegirá como destino la playa, el sol; seguido por un 18,7 por ciento, que irá al campo y el 18,3 por ciento que irá a ver a la familia.
   Otro de los puntos llamativos es que un 54,7 por ciento tendrá alojamiento "coste cero", ya que acudirá o bien a una segunda vivienda o a casa de familiares o amigos.
   Por otra parte, el 8,9 por ciento de los madrileños reducirá sus gastos, sobre todo en la duración (48,9 por ciento). Un 23,4 por ciento ahorrará en la organización de gastos diarios y en el lugar elegido para las vacaciones.
   El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño se ha situado en 30,7 puntos, registrando una moderada recuperación de 2,6 puntos respecto al año anterior, pero manteniéndose a lo largo de los últimos doce meses en una situación de relativa estabilidad en torno a la barrera de los 30 puntos sobre 100.
   La evolución de las expectativas sobre la economía familiar sigue, prácticamente, en el mismo nivel que hace un año, habiendo alcanzado en este segundo cuatrimestre los 39,2 puntos (1,4 puntos más que hace un año), y manteniendo a lo largo del año el mismo perfil, sin síntomas de recuperación.
   Por otro lado, se ha producido una recuperación de las expectativas sobre la economía nacional después de la fuerte caída registrada hace un año (cuando este subíndice alcanzó niveles mínimos de la serie, 12,5 puntos), situándose en la actualidad en 36,1 puntos.
   Sin embargo la evolución registrada tampoco permite augurar una recuperación, pues la tendencia a lo largo del año, muestra una percepción de progresivo debilitamiento.
   Por último, una gran parte de los hogares madrileños (53,3 por ciento) opina que todavía es un mal momento para hacer grandes compras (10 puntos más que hace un año), mientras que el 29,1 por ciento se muestra indiferente y un 14,5 por ciento opina que si es un buen momento para realizar compras importantes.

Madrid ingresará de 20 a 30 millones por el Orgullo Gay

MADRID.- La ciudad de Madrid ingresará en torno a 20 ó 30 millones de euros como consecuencia de la celebración de las fiestas del Orgullo Gay, ha afirmado este martes el coordinador general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Javier Oyarzabal.

   En rueda de prensa para presentar el avance del Barómetro de Consumo de la ciudad de Madrid, Oyarzabal ha explicado que los organizadores del Orgullo estiman que vendrán a disfrutar del MADO cerca de un millón de personas, pero ha matizado que las previsiones del Ayuntamiento son más "prudentes" y "moderadas".
  "Nosotros utilizamos previsiones un poco más prudentes de esas cifra No podemos contabilizar si exactamente van a ser un millón", ha remarcado.
   El delegado de Economía, Empleo y Participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha afirmado que el Orgullo es "una de las actividades que a lo largo del año más turistas puede aportar a la ciudad de Madrid".
   Villanueva ha querido diferenciar la "concentración que se produce con motivo de la manifestación" con los que permanecen toda la semana. Además, ha destacado que hay visitantes pero también "muchos madrileños" que acuden a disfrutar de esa fiesta.
   Asimismo, ha recalcado que desde que el MADO se celebra en el mes de julio y no en junio ha "experimentado un crecimiento en la evolución de turistas nacionales pero muy especialmente de turistas extranjeros".
   Asimismo, ha apuntado que su perspectiva de turistas que llegará a la ciudad de Madrid en julio será "positiva" si se sigue la misma pauta de comportamiento de los seis primeros meses del año cuando el turismo en la capital "ha evolucionado positivamente".

La industria farmacéutica trabaja con Gobierno y CCAA para que la deuda "no vaya a más"

MADRID.- El presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, ha anunciado este martes que están trabajando con el Gobierno central y las comunidades autónomas para "buscar una solución" a la deuda que éstas últimas mantienen con la industria farmacéutica en España, que asciende a más de 5.200 millones de euros, y "evitar que vaya a más".

   Según ha reconocido el presidente de la patronal de la industria farmacéutica en España tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria, "hay que dar salida a un problema que está enquistado y conlleva una gran gravedad, porque hay algunas compañías que están sufriendo mucho el no cobro de las comunidades", que tardan una media de 400 días en pagar.
   Para ello, están trabajando "intensamente" con el Gobierno, las comunidades autónomas "y alguna empresa independiente que proporciona distintas posibilidades" para solventar el problema, si bien reconoce que  "no se sabe cuál va a ser el límite".
   Y es que, como apunta Ramentol, la progresiva subida de los tipos de interés hará que la deuda aumente, "no sólo por el coste sino por los intereses de la misma".
   "Esto no es aceptable", ha lamentado el presidente de Farmaindustria, sobre todo para aquellas compañías pequeñas o medianas que "no tienen músculo financiero" y, por tanto, no pueden hacer frente al retraso en los pagos de muchas comunidades, ya que en algunos casos asciende a más de 700 u 800 días.
   Ramentol se ha mostrado comprensivo con las comunidades y entiende que estén "desesperadas" porque "el sistema sanitario está infrapresupuestado", pero reconoce que "si no se aborda conjuntamente el problema" se corre el "riesgo de perder mucha calidad y se acabe haciendo una medicina social, pero de menor nivel del que teníamos".
   "Si sólo actuamos reduciendo, al final lo que vamos a gestionar es la pobreza", apunta, pidiendo a los políticos que encuentren "la fórmula, no sólo de reducir costes, sino de aumentar ingresos". "Y eso significa que las empresas prosperen, se creen puestos de trabajo y se puedan financiar los servicios sociales", asegura.
   Asimismo, apunta que ya se está viendo "una merma importante de la calidad" en todos los ámbitos, en el de la prestación de servicios y en la introducción de innovaciones terapéuticas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
   "Si queremos solucionar el problema del paro en su conjunto, hay que apostar por el tejido productivo y la innovación, y si hay un sector donde se apuesta por ello es en el sector farmacéutico", apunta, recordando que "es una falacia decir que con menos vamos a mantener la calidad".

El PP mantiene a Manuel Soriano en el Consejo de Administración de Telemadrid

MADRID.- El PP mantendrá al ex director general de Radio Televisión Madrid (RTVM) Manuel Soriano como miembro del Consejo de Administración del ente público, y también a los consejeros 'populares' Arturo Moreno Garcerán, Rafael Rodríguez-Ponga, Jorge Rábago, Pilar Marcos y Cristina Losada. 
 
Según fuentes parlamentarias, de los diez miembros que le corresponden al PP esta legislatura en el Consejo de RTVM, esos seis repiten y otros cuatro se incorporarán por primera vez: Miguel Ángel López del Pozo, Tomás Cuesta Franco, Elena Cerezo y Covadonga Fernández González.
El periodista Manuel Soriano fue director general de Radio Televisión Madrid (RTVM) desde 2003 a 2007, año en que dimitió y fue sustituido por Isabel Linares, aunque fue nombrado presidente del Consejo de Administración.
El pleno de la Asamblea de Madrid tiene previsto aprobar mañana el nombramiento de estos 10 representantes del PP en el Consejo de RTVM, y también de los 5 del PSOE: Eduardo Sotillos (repite), Roberto Tornamira (nuevo), Nicolás Rodríguez (nuevo), Dolores Agudo (nueva) y Silvia Gómez (nueva), y de los dos de IU: Luis María González (repite) y Borja Goñi (repite).
También el pleno de mañana elegirá a los siete senadores que corresponde designar al Parlamento madrileño esta legislatura, cinco del PP y dos del PSOE.
Los senadores del PP son Francisco Granados, Gádor Ongil, Beatriz Elorriaga, Elvira Rodríguez y Luis Peral, mientras que los nuevos senadores socialistas serán Tomás Gómez y Maru Menéndez.
El Consejo Asesor de Radio Televisión Española (RTVE), cuyos miembros renovará también mañana el pleno de la Cámara, estará formado por diez representantes del PP, cinco del PSOE y dos de IU.
Los representantes del PP son: José Gabriel Astudillo, Federico Jiménez de Parga, Jesús Fermosel, María Luz Bajo, Luis Molina, Rafael Pradillo, Cándida O'Shea, José Nieto (nuevo), José Luis Blanco (nuevo) y Luis Asúa (nuevo), ha informado el grupo parlamentario popular.
Los socialistas son: Juan Carlos Vállega, Ramón Caravaca, Ángeles Villacastín (nueva), Ana Sánchez Valera (nueva) y Ana Manzano Peral (nueva), mientras que en representación de IU se mantendrán Gerardo del Val y Lidia Fernández.
Por su parte, UPyD ya anunció ayer que renuncia al representante que le corresponde en el Consejo de Administración de RTVM y al del Consejo Asesor de RTVE.
El pleno de mañana designará asimismo a los miembros de la Diputación Permanente y en él tomará posesión un nuevo diputado del PP, José Luis Fernández-Quejo del Pozo, en sustitución por renuncia, de Regino García-Badell, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

Moody´s amenaza con rebajas de ´rating´ a las CCAA

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que si las comunidades autónomas no dan nuevos pasos para lograr una "mejora sostenible" en sus posiciones fiscales y reducen sus déficit, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones, según recoge en un comunicado.

La agencia cree que varios gobiernos regionales españoles es probable que superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al "excesivo optimismo" de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Asimismo, este incumplimiento del objetivo de déficit también estará motivado por las dificultades a las que se enfrentan para controlar el rígido gasto en sanidad y educación y a la falta de voluntad de algunas regiones para adoptar medidas de consolidación fiscal antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.

Por ello, Moody's considera que si las autonomías no adoptan nuevas medidas el déficit global de las comunidades se desviará un 0,75% adicional del PIB respecto a la estimación inicial del 1,3%.

Asimismo, señala que el retraso en los pagos en el sector de la sanidad, un problema que viene desde hace tiempo, y la necesidad de aliviar las tensiones de liquidez en el entorno actual de financiación se han traducido en un incremento de las cantidades a pagar en muchas regiones, algo negativo desde un punto de vista crediticio.

Como el año pasado, Moody's espera que las autonomías que califica sigan dividiéndose en dos grupos. Por un lado, aquellas con un rating 'A', como Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, que ya se desviaron del objetivo de déficit el pasado año y que probablemente vuelvan a enfrentarse a dificultades significativas a la hora de controlar la trayectoria de su déficit en 2011.

Por otra parte, estarían aquellas con calificación 'Aa', como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, que cumplieron con los objetivos de déficit el pasado año, o registraron sólo una ligera desviación, y que se encuentra en una posición "razonable" para alcanzar las estimaciones previstas para este ejercicio.

Sin embargo, Moody's también espera que algunas regiones de este último grupo experimenten unas posiciones de liquidez más complicadas y una creciente deuda comercial, lo que también añade presión a sus calificaciones crediticias.

Güemes destaca la contribución del Modelo Alzira a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

VALENCIA.- El presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora IE Business School y ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha pronunciado este martes en el Hospital Universitario de La Ribera, de Alzira la conferencia Sostenibilidad del Sistema Sanitario y los nuevos modelos de gestión sanitaria, en la que ha destacado la contribución del Modelo Alzira a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 

   Güemes ha estado acompañado del director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Manuel Marín, y del director general del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa. Cerca de un centenar de expertos de la alta gestión sanitaria procedentes de diferentes centros hospitalarios de toda la Comunidad Valenciana y de la administración pública han asistido a la charla.
   El presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora, se ha mostrado "encantado" de estar por primera vez en el Hospital Universitario de La Ribera, cuyo modelo de gestión de concesión administrativa "marcó un hito en la gestión sanitaria en España".
   En este sentido, Juan José Güemes ha afirmado que el Modelo Alzira "ha introducido muchísima eficiencia en el sistema sanitario, cuesta menos al contribuyente y le da un servicio cada vez de mayor calidad".
   El exconsejero de la Sanidad madrileña ha afirmado que "el Hospital de Alzira que, cuando abrió sus puertas en 1999, representaba una gran promesa, ahora representa una referencia para muchos países que se encuentran actualmente construyendo sus sistemas sanitarios y que encuentran en la colaboración público-privada una manera de acercar la prestación sanitaria a muchas personas que todavía carecen de ella".
   Güemes ha insistido en que la colaboración público-privada de este hospital, "fuertemente enraizada en la tradición española y a la que recurren todos los gobiernos autónomos de distinto signo para prestar el servicio sanitario", está basada en aspectos como el hecho de que en el Modelo Alzira la colaboración público-privada no se circunscribe a un solo servicio sino que afecta a toda una área de salud; a que pone a disposición de los pacientes de la Sanidad pública la posibilidad de disfrutar de habitaciones individuales, y a que la empresa gestora asume un riesgo financiero que da mayor certidumbre a la administración y que "contribuye a la sostenibilidad de los presupuestos públicos", ha agregado.
   De esta forma, Juan José Güemes se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la colaboración público-privada, y en este contexto, el Modelo del Hospital de la Ribera, es "necesaria para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional Sanitario".
   Para Juan José Güemes "tenemos un buen Sistema Nacional de Salud, que ofrece una cobertura y unos resultados superiores a los de la mayor parte de los países de nuestro entorno, aunque es un sistema frágil, que necesita de un fuerte compromiso de todos (responsables públicos, profesionales, pacientes e industria) para mantenerlo y fortalecerlo".
   El presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora ha señalado no obstante que el Sistema Nacional de Salud "debe afrontar una serie de viejos desafíos, que ya se apuntaban en el llamado Informe Abril, con el fin de garantizar su sostenibilidad en los próximos treinta años".
   En este sentido, Güemes, ha mencionado la necesidad de cohesionar la Sanidad, "actualmente gestionada por 17 entes autonómicos diferentes; el hecho de que la situación financiera de la Sanidad pública es extraordinariamente difícil y solo podemos esperar que se complique aún más si no se lleva a cabo una profunda reforma y el extraordinario impacto que, sobre la Sanidad, está teniendo el progresivo envejecimiento de la población".
   El exconsejero madrileño también ha criticado que en el actual sistema sanitario "la retribución a los profesionales es la misma con independencia de su desempeño y esto es injusto hacia una mayoría de profesionales que desempeñan con total profesionalidad el trabajo que tienen encomendado".
   Por contra, Juan José Güemes ha manifestado que los incentivos a los profesionales que mejor realizan su trabajo "es otro de los aspectos que diferencian a los hospitales gestionados bajo el Modelo Alzira".
   Así, Güemes ha reiterado que los modelos de colaboración-público privada y el Modelo Alzira "están contribuyendo a atenuar muchos de estos viejos desafíos del Sistema Nacional de Salud".