miércoles, 11 de abril de 2018

Colegios del Opus Dei segregados por sexo en Madrid se benefician de las subvenciones avaladas por el TC

MADRID.- Cerca de cien colegios siguen actualmente en España el modelo de educación diferenciada o segregada por sexos, la mayoría de ellos de inspiración cristiana o directamente pertenecientes a entidades vinculadas a la Iglesia católica, especialmente el Opus Dei.

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar que los colegios que segregan por sexo a sus alumnos puedan percibir subvenciones públicas vuelve a poner de actualidad la controversia sobre este tipo de educación.
Además, pone fin a una polémica judicial que comenzó cuando la Junta de Andalucía decidió retirar las ayudas a varios centros concertados que segregaban por sexo, al entender que este modelo va en contra del principio constitucional de igualdad y no discriminación.
Los datos no oficiales apuntan a que, del centenar de colegios que apuestan por este modelo educativo en España, 67 mantienen conciertos con las administraciones.
Un tercio de los colegios que imparten educación diferenciada pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza, una institución educativa vinculada al Opus Dei, que tiene centros sobre todo en Madrid (7), Comunidad Valenciana (6), además de en Galicia y Andalucía (con 4 en cada una de estas comunidades); Aragón, Navarra, Asturias, Murcia y Castilla y León (2 en cada una) y uno en Cataluña y Cantabria.
También están vinculadas al Opus Dei el grupo Attendis, que cuenta con 21 centros escolares en Andalucía y Extremadura, así como la Institución Familiar de Educación, que tiene 13 colegios en Cataluña y Baleares; Camp Joliu de Tarragona; o el Grupo Educativo COAS, con nueve colegios concertados en el País Vasco y La Rioja.
Los defensores de la educación diferenciada (no usan el término segregada) esgrimen que el modelo está ampliamente extendido en países como Estados Unidos o Reino Unido, y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos de unos y otras, ya que se personaliza su educación en función de sus diferentes ritmos madurativos y de aprendizaje.
Además, consideran que, lejos de lo que consideran prejuicios de sus detractores, este tipo de educación redunda en una mayor igualdad entre sexos, ya que garantiza la igualdad de oportunidades entre niños y niñas partiendo de que las diferencias entre sexos son enriquecedoras y que lo que hay que eliminar son las discriminaciones.
Sin embargo, no todos piensan así y no hay consenso científico sobre la mejora de los resultados académicos, como ha constatado la propia OCDE.
Comunidades como Cantabria, Asturias y, sobre todo Andalucía, fueron las que llevaron más lejos sus objeciones a que este tipo de centros recibieran subvenciones públicas, y en 2012 el Tribunal Supremo se pronunció a su favor, avalando la decisión de la Junta de retirar las ayudas a varios centros andaluces.
No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse ante nuevos recursos de los colegios y en esta ocasión sostuvo, sin esperar a que resolviera el Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la ley, los centros tienen derecho a percibir las subvenciones.
El Constitucional ha ratificado esa doctrina al rechazar el recurso del PSOE contra la LOMCE, al avalar que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

Navantia: cinco corbetas para Arabia Saudí por 2.000 millones


MADRID.- El Gobierno tiene todo preparado para firmar mañana un acuerdo de entendimiento con Arabia Saudí para la construcción y venta, tras dos años de retraso, de cinco corbetas de Navantia. Será el mayor pedido procedente del exterior recibido hasta la fecha por la empresa pública española, según recoge hoy Expansión.

La ocasión la brindará la visita entre hoy y mañana a España del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de gira por Europa tras un viaje de tres semanas por Estados Unidos.
El príncipe tiene previsto reunirse mañana a media mañana con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde se celebrará un almuerzo en su honor. A las 17:00 horas firmará en La Moncloa junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el acuerdo que habilita la celebración del contrato con Navantia.

Almuerzo en La Zarzuela

La agenda de la Casa Real adelanta que, en el encuentro, "se firmarán varios acuerdos bilaterales entre los dos países". Fuentes gubernamentales indicaron a Expansión que entre los acuerdos figura el relacionado con las corbetas de Navantia. Ésta es la previsión del Ejecutivo, que prefiere mantener la cautela hasta el final, ya que el cliente saudí siempre puede cambiar de parecer a última hora.
La dimensión del contrato justifica en buena parte la expectación y las reservas con las que desde el Gobierno se ha acogido la visita de Bin Salman. Está valorado en 2.000 millones de euros y consiste en la construcción de cinco corbetas de tipo Avante 2200, parecidas a las que Navantia construyó para la Armada de Venezuela. El contrato viene acompañado, además, de la construcción de una base en Arabia Saudí y de la prestación de servicios de adiestramiento a los militares del país para la operación de estas embarcaciones.
Este último aspecto ha sido uno de los factores que ha retrasado la firma. Las fuentes consultadas explican que la ubicación de la base y el interés del Gobierno saudí por elevar el protagonismo de sus empresas en este proyecto han contribuido a los retrasos. Se da por hecho que, en las negociaciones entre ambos países, también han incidido otros aspectos como la marcha de las obras del AVE entre Medina y La Meca.
Los barcos serán construidos en las instalaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz, en San Fernando, y supondrán un espaldarazo para la empresa, que se encuentra a la espera de otros importes contratos internacionales de mayor relevancia si cabe, como los de Australia, Canadá, India o Estados Unidos.
Con su gira europea, Bin Salman completará un periplo que le ha llevado a Estados Unidos, donde ha permanecido tres semanas en busca, entre otras cosas, de inversiones para su país y del estrechamiento de alianzas con la Administración Trump.
Bajo el brazo, el príncipe lleva la OPV de la petrolera estatal Aramco, cuya salida a Bolsa ha quedado retrasada hasta 2019. A la compañía se le asigna un valor cercano a los dos billones de dólares, y los planes de Bin Salman pasan por colocar un 5% para reducir la dependencia árabe del petróleo y captar inversiones con las que diversificar la economía del país.
Varias plazas bursátiles europeas se han mostrado interesadas en albergar la OPV de Aramco, sobre lo que el príncipe no ha dado más información. Otra de sus ambiciones, también incluida en la conocida como Vision 2030, es la de conformar el mayor fondo soberano de inversión del mundo.
Estas dos iniciativas ya han sido suficientes para que su viaje a Europa haya generado una gran expectación. Su llegada a España viene precedida por los encuentros entre Bin Salman y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que la defensa y la energía han sido los principales asuntos de la agenda.

Astillero chino

La empresa española naval que sí ha logrado concretar esta semana un pedido ha sido la gallega Gabadi. Ayer anunció la firma de un contrato con el astillero chino Jiangnan por cerca de 34 millones de euros para la construcción de tanques de gas natural licuado.
El contrato lo desarrollará durante el próximo año y medio la filial china de la empresa española, Gabadi Marine Engeneering, que desplazará a 70 trabajadores al país asiático.

Carmena entrega a Pedro Almodóvar y Raphael sus títulos de Hijos Adoptivos de Madrid

MADRID.- El cineasta Pedro Almodóvar y el cantante Raphael han sido nombrados este miércoles Hijos Adoptivos de Madrid por sus extraordinarias trayectorias artísticas en una sesión plenaria presidida por la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha considerado una honra para los madrileños tener como vecinos a los condecorados.

Arropados en el salón de Plenos del la Plaza de la Villa por personalidades del mundo de la cultura, entre ellos las actrices Penélope Cruz y Elena Anaya, Almodóvar y Raphael han agradecido el reconocimiento y han firmado el libro de honor del Ayuntamiento de la capital.
Carmena “ha intentado” trasladar el sentimiento unánime de todos los grupos políticos municipales, que en el Pleno del pasado mes de febrero acordaron “adoptar” a los dos artistas por su trayectoria artística y su vinculación a Madrid, pese a las dudas mostradas por el PP inicialmente sobre la idoneidad de Almodóvar para recibir esta condecoración.
“Gracias Pedro, por no hacerte un cineasta francés y no irte a vivir a Manhattan. Madrid se rinde ante tu talento y por medio de este Ayuntamiento queremos entregarte este título. Nos honra tener entre nuestros vecinos a un personaje tan ilustre”, ha ensalzado la alcaldesa.
“Tanto yo como mis personajes seguirán viviendo aquí”, ha asegurado el cineasta manchego, que se mudó a Madrid para “salir del pueblo” y “urbanizarse un poco” con la intención de ir después a otro lugar y desde entonces sin darse cuenta -ha dicho- “han pasado casi 50 años”. Madrid le “adoptó desde el principio”, ha reconocido Almodóvar (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1949) y “para bien o para mal” Madrid “seguirá siendo” su casa.
“Ser hijo adoptivo, una vez que ya tienes esa relación, es como si tu madre atravesara un día sensible y estuviese un poco blandita, y decidiera darte un abrazo y decirte que te quiere”, ha confesado el cineasta de cintas como “Julieta” o “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”.
“Madrid le debe no uno, sino mil agradecimientos”, ha apuntado la alcaldesa en este acto en el que a los dos nuevos Hijos Adoptivos han sido galardonados con sendas medallas y diplomas.
Raphael (Linares, Jaén, 1943) ha recordado que llegó a Madrid a los nueve meses de edad, y que llevaba deseando desde hace “muchísimos años” este reconocimiento de la ciudad a la que le debe “todas las oportunidades de su carrera”.
“Una vez más, compruebo que los sueños pueden hacerse realidad. Hoy se ha hecho real el que yo sea hijo adoptivo de Madrid. No voy a negar que tengo mucha suerte, que sido premiado por numerosos países en numerosas ocasiones”, ha reconocido el cantante.
“Pero este de hoy -ha continuado en el Salón de Plenos de la Casa de la Villa- es un premio muy especial y muy deseado por mí desde hace mucho tiempo”, ha dicho el artista “andaluz, español, europeo y, ahora, hijo adoptivo de Madrid”.
“Si Raphael deseaba ser hijo adoptivo, más lo deseábamos en este Ayuntamiento”, ha recalcado Carmena sobre “el risueñor de Linares”, cuyas canciones “forman parte del ADN cultural y sentimental de millones de personas de todo el mundo”.
Penélope Cruz, Marisa Paredes, Carmen Machi, Elena Anaya, Javier Cámara, Raúl Arévalo, Alaska, Mario Vaquerizo y Topacio Fresh, entre otros, han acudido al acto, junto a políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Con estos dos nombramientos, acordados por unanimidad, ya son 22 las personas que han recibido desde 1980 esta distinción, entre ellas el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Josep Tarradellas, Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa.

La regulación de los precios de los alquileres llega este jueves al Congreso

MADRID.- El Pleno del Congreso debate este jueves una moción a propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la que exige la regulación de los precios de los alquileres con el fin de asegurar unas rentas asequibles.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por la portavoz de En Comú, Lucía Martín, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado mes de marzo, y se produce justo una semana después de que la formación catalana llevara al Congreso una ley para abordar esta cuestión.
De esta forma, el debate servirá al grupo confederal para medir las fuerzas en el Pleno del Congreso de cara al debate de admisión a trámite de su proposición de ley. En todo caso, aún está pendiente si el Gobierno, como en otras ocasiones, presenta un veto a la iniciativa, aunque tal y como aseguraba Martín en su presentación, la ley no modifica los Presupuestos de modo alguno.
En el texto de la iniciativa que se someterá a votación este jueves, la formación catalana demanda al Gobierno regular los precios de los alquileres “como medida revisable en áreas urbanas con incrementos de precios abusivos contrastables” con el fin de “asegurar unas rentas asequibles”.
Asimismo, pide impulsar las reformas legislativas para volver a los cinco años de duración mínima de los contratos del alquiler y mejorar la protección de las personas inquilinas.
En Comú también se refiere al contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, exigiendo al Gobierno aumentar su dotación en los próximos Presupuestos Generales del Estado “para que ninguna persona con necesidad residencial quede excluida de los programas de ayudas públicas”.
Durante la exposición de motivos de su moción, Martín reclama líneas de financiación en el citado plan para que las comunidades autónomas pudieran ampliar su parque público de alquiler mediante la compra de vivienda ya construida o la cesión de edificios por parte de grandes propietarios.
“Ambas medidas pueden llegar a ser más económicas que el fomento de la nueva construcción, y a la vez permitirían hacer frente a las operaciones especulativas en las que fondos de inversión compran edificios enteros a la espera de la rápida finalización de los contratos de los inquilinos”, asevera.

El heredero al trono de Arabia Saudí visita Madrid con un séquito de 600 personas


MADRID.- El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, ha llegado este miércoles a Madrid para una visita de trabajo que incluirá, este jueves, un almuerzo en su honor ofrecido por los Reyes en el Palacio Real, y un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para firmar acuerdos entre los dos Gobiernos, según distintas fuentes implicadas en la organización de la visita.

Bin Salman viaja a España después de una gira internacional que le ha llevado a estar tres semanas en Estados Unidos y dos días en París. Además de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, el heredero saudí posó para una foto junto al primer ministro libanés, Saad Hariri, y al Rey de Marruecos, Mohamed VI.
En Madrid, se alojará en el Palacio del Pardo, una muestra de la deferencia que Gobierno y Casa Real quieren tener con su invitado, aunque no se trata de una visita de Estado.
Más problemas ha tenido para alojarse en hoteles de la capital la excelsa delegación que le acompaña con cerca de 600 personas, según informa el diario Expansión
De hecho, tendrán que repartirse en varios hoteles madrileños, entre ellos, el Eurostars o el Villa Magna. Este último se ha visto obligado a cerrar estos días para poder alojar a parte del séquito del príncipe saudí. 
 “Una delegación de Estado ha cerrado el hotel entre los días 10 y 12 de abril”, han informado en el hotel a los clientes que tratan de hacer una reserva estos días.

Recibido por Cospedal

El joven mandatario, de 32 años, ha llegado a las 14.30 horas en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ha sido recibido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Con ella mantendrá además una reunión de trabajo el jueves por la mañana en el Cuartel General del Ejército de Tierra.
Aunque no han dado detalles de los temas previsto a tratar en el encuentro, Arabia Saudí y España tienen pendiente desde hace dos años la firma de la venta de cinco corbetas que construirá la española Navantia en los astilleros de Ferrol y Cádiz. La operación está valorada en unos 2.000 millones de euros y las autoridades españolas esperan que quede formalizada en la visita del heredero saudí.
La agenda oficial de Bin Salman en Madrid comenzará el jueves a las 11.30, cuando será recibido en audiencia por el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Después se desplazará al encuentro con Cospedal y acto seguido al Palacio Real.
Al almuerzo, donde no habrá discursos ni del príncipe saudí ni del Rey de España, está prevista la asistencia del presidente del Gobierno y de cuatro ministros: Alfonso Dastis (Exteriores), María Dolores de Cospedal (Defensa), Íñigo de la Serna (Fomento) y Álvaro Nadal (Energía).
También tienen previsto acudir los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, y representantes empresariales, entre ellos el vicepresidente de la CEOE y presidente de Fomento del Trabajo, Joaquín Gay de Montellá.
A las 17.00 horas ha sido la reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que culminará con una firma de acuerdos entre los dos Gobiernos.

Podemos precipita las primarias para que Errejón sea candidato en mayo

MADRID.- Podemos Comunidad de Madrid celebrará "lo antes posible", muy probablemente en mayo, primarias para nombrar el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y luego en otro proceso distinto, se elegirá también por primarias abiertas la lista a la Asamblea de Madrid para las elecciones del año que viene.

Así lo ha indicado esta tarde el secretario regional de Podemos, Ramón Espinar, tras el Consejo Ciudadano autonómico celebrado de forma excepcional esta tarde, donde se han aprobado estas decisiones que habrán de ser remitidas al Consejo de Coordinación, que es el órgano que en los próximos días fijará un reglamento de primarias, que tendrán que ser revalidado por el Consejo ciudadano.
De esta forma, Podemos quiere elegir de forma urgente a su candidato, proceso que se ha acelerado debido a la crisis generada en el PP y en el Gobierno regional por el caso del máster de la presidenta, Cristina Cifuentes. 
Por tanto, primero se elegirá al candidato y luego, ya en el verano, se configurará la lista, teniendo en cuenta a las posibles confluencias con IU, Equo y otros actores políticos de izquierdas, han indicado hoy fuentes de la formación morada.

El 'caso máster' y la desvergüenza de los señores rectores / José Oneto *

Si el Partido Popular confiaba como,  ha venido declarando el coordinador general del Partido Popular,  Fernando Martínez Maíllo, en que el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas ( CRUE) le ayudase a resolver el  caso del Máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el informe que tenía que hacer público este miércoles, habrá comprobado que este caso tiene tantas ramificaciones y vericuetos que, gran parte de los implicados lo único que quieren es salvar la cara, aún con el riesgo, de hacer el más sonoro de los ridículos.

Y esto es lo que ha hecho las CRUE, después de anunciar a bombo y platillo una investigación con observadores de otras Universidades, con un informe en el que se quitan de en medio, alegando que no les  había llegado parte de la documentación y que varios de los que tenían que comparecer pata prestar testimonio, no habían comparecido. Entre ellos, el director del Máster, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arias Conde, el genio que confesó a Carlos Alsina en Onda Cero, que reconstruyó el Acta del polémico Máster, intentando ocultar que en realidad lo que hizo fue una falsificación.

Ante esa situación, los ilustres miembros de la Comisión investigadora,  en vez de anunciar públicamente que desistían de elaborar ningún tipo de informe, y que disolvían la Comisión que había adquirido ese compromiso investigados, ha esperado hasta el final del plazo y ante la expectación de toda la comunidad educativa y de la opinión pública, ha convocado una rueda de prensa para enseñar unos comunicados en los que se ponen de perfil sobre el tema, se lavan las manos, y salen en defensa de la Universidad en su conjunto, como si la Universidad no tuviese nada que ver en el escándalo. Una defensa corporativa que es lo peor que podían hacer después de  pronunciarse, en varias ocasiones sobre la gravedad de lo que ha ocurrido en la Juan Carlos I  y los hechos irregulares que han concurrido en este caso.

En medio de sucesivas noticias que están saliendo en la prensa y, en los medios que han seguido el “affaire”, en  un verdadero trabajo de investigación, y que constituyen un auténtico culebrón en el que hay de todo (venganza, lucha por el poder, amaños políticos, celos, y hasta sexo) las piezas han empezado a encajar ya que todo el escándalo gira ante un sorprendente Instituyo de Derecho Público que teóricamente está ligado a la Universidad Juan Carlos I, pero que depende exclusivamente del catedrático Arias Conde, uno de los que se negó a comparecer ante la Comisión de la CRUE. 

Arias Conde catedrático de Derecho Constitucional desde el año 1999, ha sido decano de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares  y está ligado al Partido Popular desde hace años. Fue director general de Administración cuando Mariano Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas (1996-1999). Tras su cese monta su chiringuito de Derecho Público, que nunca ha publicado las cuentas de ingresos y gastos (es ahora cuando el Rector de la Juan Carlos I  le ha exigido una relación de esas actividades económicas).

A través de ese chiringuito que ha recibido subvenciones de entidades más o menos cercanas al Partido Popular, superior al medio millón de euros, el señor Arias Conde el de la “reconstrucción” para lo que quería utilizar a sus “discípulas” a las que amenazó (y está grabado) si no firmaban, es como el catedrático que consiguió una cátedra para su compañera sentimental, formando parte del Jurado (algo totalmente ilegal) es como ha hecho todo tipo de tráfico de influencias, repartiendo máster y presionando a todos.

Ahora lo único que hay que esperar es el informe de la Fiscalía que sigue su trabajo, después de que el tema se haya judicializado por denuncia de alumnos de la propia Universidad y por el propio Rector, que desde el principio  y desbordado por los acontecimientos, no ha actuado con la energía necesaria  sabiendo, además, con quienes estaba tratando. Esto desde el punto de vista académico. 

Desde el punto de vista político hasta la semana que viene,  probablemente no habrá novedades a la espera de una reunión de la Presidenta de la Comunidad madrileña  con el Presidente del partido y del Gobierno que regresa este jueves de Argentina. En su  forma de actuar el señor Rajoy que ya ha empezado a poner tierra de por medio, está a punto de declarar la célebre y clásica  frase de  “esa señora a la que usted se refiere…”.



(*) Periodista y economista 



Cifuentes en el “fuego lento” de Rajoy / Fernando G. Urbaneja *

Cristina Cifuentes apareció en el acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para escuchar aplausos. Había anunciado que no asistiría, que la representaría su escudero, pero no pudo resistir la tentación de hacerse ver en territorio amable y escuchar parabienes y aplausos; muchos de ellos más corteses/falsos que las monedas de madera, sonrisas coyunturales de muy corta duración ya que la clave de que a “rey muerto rey puesto” tiene plena vigencia. 

Algo semejante ocurrió en la Convención de Sevilla, contaminada por la presencia de Cifuentes que acaparó todos los titulares y forzó ese fatal abrazo con los dirigentes del partido que solo presagiaba el punto final de una carrera política de éxito. Y todo por una fruslería que se complica por las puñeteras mentiras.

De momento Cifuentes se cuece a fuego lento, como la parábola de la rana en agua tibia que se va calentando poco a poco, que se siente acogida, confortable, que se relaja y que cuando siente que se abrasa ya no puede escapar de un desenlace irreversible. La dirigente popular, la veteranísima militante que para algunos era una esperanza de futuro, está en agua tibia a punto de alcanzar el punto crítico, esa tibieza en la que Rajoy envuelve a los compañeros extraviados y a los que no quiere ni enderezar ni despedir, simplemente les deja que se vayan.

De momento desde el círculo de Cifuentes apuntan que solo dimitirá si el presidente se lo pide, lo cual es una señal inequívoca de debilidad, un error de lectura de la clave Rajoy. Lo más probable es que Mariano no dirá nada, tomará distancia, dejará que suba la temperatura del agua y aguardará que ocurra lo inevitable sin que nadie pueda achacarle responsabilidad alguna. Rajoy no hace prisioneros, ni ejecuta (políticamente), simplemente les deja ir por la fuerza de la gravedad.

Por el camino hay daños evidentes, mermas en las expectativas de voto, portavoces que tratan de hacer méritos (que suelen ser deméritos) mientras dura el “calentamiento”, de ganar tiempo con la idea de que es la mejor medicina para curar, lo cual solo ocurre… a veces, pocas veces. Cifuentes ha tratado de endosar las malas prácticas a la Universidad. Y no le falta razón, pero no la exculpa, ni la alivia, porque la arrastra entre las primeras víctimas.

Desde Moncloa filtran encuestas favorables que pretenden que los dos partidos tradicionales, los que algunos llaman de turno, siguen siendo los primeros, los indispensables, pero son sondeos sin padre ni madre, que van contra las evidencias. 

Desde Cataluña los partidarios del “procés”, tan fracasado como el Barça en Roma, escriben en sus medios que España tiene un problema, que España salvará el proceso por sus errores, que España ha fracasado… sin darse cuenta que confundir España con el PP supone un grave error de juicio, una apreciación muy equivocada. 

Entre otras razones porque España es algo mucho más complejo y resistente de lo que imaginan, ni España es Madrid, ni Madrid es Madrid, entre otras razones porque Madrid carece de identidad, no es sujeto, ni objeto, solo una potente mancha en la meseta, ni siquiera un sentimiento. Eso si en ese Madrid inexistente se practica el fuego lento.


(*) Periodista y politólogo



Políticos del PP y cargos de confianza del Gobierno aprobaron asignaturas del máster con actas falsas

MADRID.- Los 21 inscritos en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos del curso 2011-2012, entre los que estaba la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, fueron tratados por el centro de forma totalmente distinta, sin conocerse todavía las razones oficiales de ello. 

Según informa este miércoles ‘eldiario.es’, estaban por un lado los alumnos que acudían a clase regularmente y realizaban todos los trabajos y por otro los que recibieron aprobados generales en varias materias gracias a convalidaciones que se hicieron a través de actas falsas, con firmas falsificadas. Las convalidaciones  eximen de cursar y abonar la mayoría de las tasas de esos créditos.
Y es que, Cifuentes no fue la única que recibió un trato de favor. Además de la presidenta regional, por entonces delegada del Gobierno en Madrid, el nombre más conocido entre los aprobados por convalidación en materias (que siempre son tres) es el de Pedro Calvo, entonces teniente de alcalde de Madrid y número tres de Alberto Ruiz-Gallardón.
Cifuentes y Calvo se conocen desde hace muchos años y compartieron grupo parlamentario durante tres legislaturas. Calvo dimitió tras la tragedia del Madrid Arena y ya no tiene responsabilidades políticas.
En la lista de nombres que aprobaron tres asignaturas sin esfuerzo figura el nombre de Dionisio Ramos, amigo personal de Cifuentes que durante muchos años fue la mano derecha de Gustavo Villapalos, el rector de la Universidad Complutense al que Gallardón después nombró consejero de Educación.  Ramos presidió casualmente en 2001 el tribunal de oposición donde Cifuentes aprobó su actual plaza como funcionaria.
En las actas falsificadas también aparece el nombre de José Ignacio Sanz Cerezuela, exgerente entre 2012 y 2014 de la Agencia EFE, una empresa pública en la que fue nombrado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su llegada al poder.
Otra de las alumnas, Inmaculada González de Molina Martínez, es responsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, y también fue nombrada en 2012 por Rajoy.
Hay más alumnos implicados que siempre tienen algo que ver con el PP o el Gobierno, pero los citados son los más destacados. Algunos guardan silencio y otros aseguran que no terminaron el curso e incluso afirman que ni fueron al máster ni tienen el título. Sin embargo, a todos les fueron convalidadas tres asignaturas con actas falsas.

El PP dice que no acepta ultimátums de C’s y niega que esté buscando alternativas a Cifuentes

MADRID.- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado este miércoles que su partido no acepta "ultimátums" ni "fechas límites" por parte de Ciudadanos en torno a la crisis abierta en la Comunidad de Madrid y ha negado que estén buscando nombres alternativos a la presidenta, Cristina Cifuentes, tras la polémica sobre su máster. "No estamos en esa fase", ha dicho.

En los pasillos del Congreso, Martínez-Maíllo ha señalado que en las últimas horas “no ha habido ningún tipo de avance y contacto” con el partido naranja, que ha emplazado a Mariano Rajoy a buscar un presidente interino en Madrid para agotar la legislatura autonómica. Si no, habrá cambio de Gobierno, ha avisado Albert Rivera.
Según ha apuntado, en estos momentos lo que hay es una moción de censura contra Cristina Cifuentes que Ciudadanos debe “aclarar” si va a apoyar o no, no ya para respaldar al PSOE, muñidor de la misma, sino a Podemos, “un partido extremista y radical” y del que se ha conocido, según ha indicado, que entre sus listas estaba una de las integrantes de la “kale borroka” en Cataluña, en referencia a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).
“Esto es lo que tiene que aclarar Ciudadanos. A partir de ahí nosotros no aceptamos ni ultimátums ni fechas límites”, ha insistido el dirigente ‘popular’, para añadir que las únicas fechas límites que hay son las de la propia presidenta de la Asamblea de Madrid cuando fije ese Pleno para debatir la moción.
En todo caso, Maíllo ha remarcado a los de Albert Rivera que los teléfonos “siguen abiertos” y que la disponibilidad de su partido, “como siempre”, es buscar una solución para “garantizar la estabilidad” en la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes ni presentó ni defendió su trabajo de fin de master, afirma una de las docentes

MADRID.- Cristina Cifuentes no presentó ni defendió ningún Trabajo de Fin de Máster (TFM) ante el tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así se lo ha dicho a la Policía la profesora Alicia Pérez de los Mozos, dentro de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Móstoles sobre el polémico postgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, informa El Mundo.

Pérez de los Mozos, una de las tres docentes que presuntamente examinaron a Cifuentes, ya dijo la semana pasada a la inspección que ha abierto la URJC que la firma que aparecía en el acta que mostró la presidenta madrileña no era la suya, sino que estaba falsificada.
Cifuentes siempre ha asegurado que defendió su TFM de forma presencial el 2 de julio de 2012.
Sin embargo,  Cecilia Rosado, la coordinadora del máster, remitió un correo electrónico el 6 de noviembre de 2012 a los alumnos que no habían presentado ni defendido el trabajo, en el que les informaba de que tenían que pagar una tasa de 6,11 euros para poder realizarlo, según informa la Cadena SER.
Precisamente, la presidenta madrileña hizo un ingreso por esta cantidad el mismo día del mail.
El correo electrónico indica, según la SER, que esos alumnos tenían que "volver a matricularse de esa asignatura", del TFM, para poder realizar y defender este trabajo. Cifuentes emite el pago el mismo 6 de noviembre.
En otro mail, este remitido el 28 de noviembre, Rosado señala que "algunos ya habéis hecho el trámite" y recuerda "que este año para poder aprobar el TFM es necesario matricularse de nuevo".

La semana pasada, en la Asamblea de Madrid, Cifuentes insistió en que que su máster es "perfectamente real y legal".
En su intervención subrayó: "Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación. Estamos hablando de mi título que a mí no me aportó ningún nivel académico que no tuviera previamente antes de su realización".
Cifuentes afirmó haber pagado la matrícula del máster por un importe de 1.586,39 euros, ha explicado que obtuvo un 7,5 en su TFM e informó de que había autorizado "formalmente" a la Universidad Rey Juan Carlos para hacerlo público.
Asimismo, aseguró que su título académico fue emitido el 23 de octubre de 2014 y pagó para su expedición 176,27 euros el 4 de noviembre del mismo año.
Sobre las calificaciones de no presentado en dos asignaturas, señaló que fue un "error de transcripción" que se detectó "cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título.

Los españoles prefieren los productos frescos en tienda

MADRID.- El 50 % de los consumidores españoles que compran a través de Internet cualquier tipo de producto también ha adquirido alguna vez alimentos vía "online", lo que supone un crecimiento de 10 puntos respecto al año anterior, según un estudio sobre comercio electrónico publicado hoy.

El informe anual elaborado por el Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación, en el que participan la Universidad Complutense y la patronal de supermercados Asedas, apunta a que los frescos -carne, fruta, pan, pescado y verdura- siguen siendo un freno al aumento de este tipo de ventas.
De hecho, sólo un 2 % de los usuarios afirma utilizar únicamente Internet para realizar sus compras de alimentación, frente al 48 % que siempre acude a establecimientos físicos. "Se observa que hay más compra 'online', pero sin dejar de acudir físicamente a las tiendas, sobre todo para los frescos", ha defendido la directora del proyecto y profesora de la Universidad Complutense, María Puelles.
Su trabajo -en base a una encuesta realizada a medio millar de personas que afirman hacer compras por Internet- apunta a que los productos voluminosos y de carga son los más demandados por esta vía.
De hecho, de acuerdo con los autores del informe, apenas el 1 % de los encuestados utiliza únicamente plataformas puramente digitales -como Ulabox, Tudespensa, Lola Market o Deliberry- para hacer sus pedidos, y la mayoría recurre a las web de las cadenas físicas o compatibiliza ambas opciones.
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha destacado la amplia red de mercados, tiendas de barrio, supermercados e hipermercados que presenta España y ha recordado que el 85 % de sus compradores acude a estos establecimientos a pie.
Puelles, por su parte, ha augurado que la venta a través de la red seguirá incrementando su peso, y ha destacado la importancia que pueden tener en su desarrollo nuevas tecnologías como la realidad virtual para mejorar la experiencia.

Así crece el comercio 'online'

  • El perfil de quien compra productos de gran consumo -categoría que engloba alimentación, higiene personal y limpieza del hogar- por Internet es de una persona de entre 30 y 50 años, mayormente mujer, con ingresos mensuales de entre mil y 3.000 euros, con educación universitaria y un cargo medio en su empresa.
  • Según el estudio, la mayoría de los consumidores dedica entre 15 y 30 minutos a completar su cesta "online" frente a los 20-45 minutos de media que uno tarda en la tienda física, lo que supone un ahorro de hasta media hora que puede ser superior si se incluye el traslado hasta el punto de venta.
  • Los pedidos se suelen realizar durante la jornada laboral para "tener más tiempo de ocio" y tres de cada cuatro se completan desde el ordenador, aunque las tablets (16 %) y los móviles (8 %) crecen con fuerza. La confianza en el pago y en la cadena donde se realiza la compra, así como la rapidez en la entrega, son los criterios más valorados por el consumidor.

Madrid hace un 'remake' de la crisis en el Gobierno de Murcia

MADRID.- Un político que comete presuntas irregularidades, se declara inocente, se niega a dimitir, su partido le apoya y habla de acoso, su principal aliado primero le advierte y luego pide que se vaya, la oposición presenta moción de censura, su partido le deja caer para salvar el gobierno, el político finalmente dimite...

A la espera de conocer el desenlace, el guión de la crisis de gobierno en Murcia que se desarrolló entre el 2 de febrero y el 4 de abril de 2017 parece estarse repitiendo un año después en Madrid, con la principal diferencia de que Cristina Cifuentes no está investigada por ningún delito, pero con muchas similitudes en la gestión política del caso.
Dos meses transcurrieron entre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) de investigar al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio (2 de febrero de 2017) y su dimisión (4 de abril de 2017), y en ese tiempo se hicieron muchas declaraciones y se dieron muchos pasos políticos que ahora se están repitiendo casi milimétricamente en Madrid.
El origen de la crisis es distinto, ya que la posible imputación de Sánchez por el caso Auditorio -y posteriormente por el caso Púnica- estaba en el ambiente político desde hacía tiempo, mientras que las presuntas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes se conocieron a través de una información de eldiario.es.
En el caso murciano, Sánchez reaccionó defendiendo su inocencia y el PP también, mientras que la oposición de PSOE y Podemos pedía la dimisión y Ciudadanos consideraba que había que esperar a una imputación formal.
En Madrid, las reacciones de los partidos políticos han sido idénticas, pero los pasos se han dado más rápido:
La oposición tardó cincuenta días en presentar una moción de censura en Murcia, mientras que en Madrid el PSOE la registró el 5 de abril, solo dos semanas después de la primera información de eldiario.es el 21 de marzo.
Si en el caso murciano fueron los plazos judiciales los que iban condicionando el desarrollo de la crisis, en Madrid han sido las sucesivas revelaciones periodísticas y la marcha de la investigación interna en la Universidad Rey Juan Carlos lo que marcaba el paso a los políticos.
Ciudadanos no se pronunció sobre el futuro de Pedro Antonio Sánchez hasta que el 20 de febrero fue citado a declarar como investigado; habían transcurrido dieciocho días desde la primera decisión del TSJM y fue entonces cuando el partido de Albert Rivera pidió la dimisión del presidente murciano.
En Madrid, después de apoyar la convocatoria de un pleno extraordinario de la Asamblea al que Cifuentes acudió para dar explicaciones y negar las irregularidades, Ciudadanos apostó por una comisión de investigación.
El 9 de abril, tras la sucesión de informaciones periodísticas y de testimonios de profesores de la universidad admitiendo irregularidades, Ciudadanos pidió la dimisión de Cifuentes. Igual que en Murcia, habían transcurrido dieciocho días.
Por ahora, el PP mantiene la misma actitud que hace un año: confía en la inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, le expresa todo su apoyo, descarta públicamente presentar un candidato alternativo como le pide Ciudadanos, aunque la dirección nacional acaba por encargarse formalmente de negociar con C's y de tomar la decisión definitiva.
En cuanto a la oposición, salvo el hecho de que la moción de censura se ha presentado con mucha más rapidez, el discurso es el mismo: el PSOE presenta candidato alternativo, Podemos le apoya, y ambos tratan de convencer a Ciudadanos de que no basta con cambiar a la persona que dirige el Gobierno de Madrid sino que hay que evitar que el PP siga gobernando.
Casi todo parece un "remake" acelerado de lo que ocurrió hace poco más de un año en Murcia; aquel caso duró dos meses y en este han transcurrido 21 días hasta ahora. Está por ver si el futuro político de Cristina Cifuentes es el mismo que el de Pedro Antonio Sánchez o a alguien se le ocurre un final alternativo.

Un correo electrónico pone en duda que Cristina Cifuentes defendiera su TFM

MADRID.- Cecilia Rosado, la coordinadora del polémico máster de Cristina Cifuentes, remitió un correo electrónico el 6 de noviembre de 2012 a los alumnos que no habían presentado ni defendido el trabajo fin de máster (TFM), en el que les informaba de que tenían que pagar una tasa de 6,11 euros para poder realizarlo, según informa la Cadena SER. Precisamente, la presidenta madrileña hizo un ingreso por esta cantidad el mismo día del mail.

Se da la circunstancia de que Cifuentes, según su versión, ya había había defendido el trabajo cuando ese correo fue remitido, concretamente el 2 de julio de ese mismo año. Por tanto, ese mail y el ingreso realizado ponen en duda que la presidenta de la Comunidad de Madrid defendiera su TFM.
El correo electrónico indica, según la SER, que esos alumnos tenían que "volver a matricularse de esa asignatura", del TFM, para poder realizar y defender este trabajo. Cifuentes emite el pago el mismo 6 de noviembre.
En otro mail, este remitido el 28 de noviembre, Rosado señala que "algunos ya habéis hecho el trámite" y recuerda "que este año para poder aprobar el TFM es necesario matricularse de nuevo".
Cecilia Rosado firmó el acta del TFM de Cifuentes como secretaria. Su firma es la única verdadera, ya que las de las docentes Alicia López de los Mozos y Clara Souto fueron falsificadas, tal y como han reconocido ellas mismas.

Cristina Cifuentes sólo dimitirá si se lo pide Rajoy

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no dimitirá 'motu proprio' y solo lo hará si así se lo pide el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, ya que está convencida de que no cometió ninguna irregularidad con el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), según han trasladado hoy fuentes cercanas a la dirigente tras el acto de Premios de la AVT celebrado esta mañana en la Puerta del Sol.

De esta forma, Cifuentes y su equipo quieren mantenerse fuertes ante las presiones para que renuncie al cargo llegadas en los últimos días desde los partidos de la oposición y de algunos miembros de su propio partido.

Así, las mismas fuentes consideran que los nombres que han salido como posibles sustitutos al frente de la Presidencia regional responden a estrategia de partido "a futuro", en el hipotético caso de la que situación empeore y no quede otra salida que la dimisión.

Y es que insisten que la última palabra le corresponde al presidente del PP, Mariano Rajoy, y no al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se encuentran en negociaciones con miembros de la dirección nacional del PP para reconducir esta situación. Por tanto, apuestan por "resistir" en la Presidencia y que Cs, si llega el caso, "se retrate" en la moción de censura presentada por el PSOE.

Cristina Cifuentes sigue contando con el apoyo del Partido Popular de Madrid, que en la misma línea que su equipo, criticó ayer a través de un hilo de Twitter que se haya tantísima relevancia al caso de su máster cuando otros políticos de otros partidos supuestamente han falseado su currículum.

Del tomate comunista al marxismo neoliberal


BRUSELAS.- Un fantasma rojo recorre Europa, el fantasma del kétchup de origen desconocido, de padre con nombre italiano y madre comunista china. Me despierto aterrado, acabo de leer un excelente ensayo escrito por el periodista francés Jean-Baptiste Malet titulado El Imperio del oro rojo y tengo pesadillas cada noche, barriles de tomate concentrado explotan y dejan todo rojo, pringoso y pestilente. Necesito tocar y comer un tomate de aquí, fresco, maduro, real. Voy a ello antes de narrar el rojo apocalipsis de mi sueño:

Plano uno. Almería. No somos ceniza ni polvo sino agua. El agua que vino de los confines del Universo en millones de meteoritos de hielo cuando la tierra era un erial caliente y vacío. Eso eres tú y yo y ese cesto de tomates tan rojos que acabas de coger. Agua fósil que llegó de muy lejos y luego se filtró por las entrañas de la tierra hasta acabar salobre en el mar, luego en la nube, después en el río, más tarde en este tomate y dentro de ti. Trituro un kilo de tomates maduros junto a dos buenas ramas de albahaca y cuelo muy despacio el puré resultante con dos trapos finos de muselina de seda. 

Aliño luego este agua casi transparente con tres gotas de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal marina. Al fondo de ese agua dejo caer tres berberechos recién abiertos al vapor, dos dados de tomate limpio y unos brotes de corujas picantes. Todo aquello apenas es agua, pero en el corazón de su sabor esta todo lo bueno de la tierra y del mar de aquí al lado.

Plano dos. La pesadilla tomatera. El tomate chino es recogido a destajo en los campos de Sichuán, dos toneladas al día por persona, diez horas de trabajo, 20 € de salario medio al día. Tomates cultivados sin muchos miramientos en cuanto a polvitos venenosos. Los tomates en China se cultivan en miles de pequeñas parcelas y los agricultores pulverizan generosamente el pesticida que también utilizan para el algodón, el arroz o el girasol que cultivan al lado. Después todos esos tomates se mezclan en la gran fábrica de procesado así que su trazabilidad es complicada. La empresa transformadora que convierte la fruta en concentrado se llama Cofco Tunhe (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), es la principal compañía procesadora y pertenece al Estado. Transforma 8 millones de toneladas y produce 250.000 toneladas / año de concentrado de tomate que luego vende a Kraft, Unilever, Heinz, Nestlé, Campbell, DelMonte, Pepsico, Ducros

La segundona es la compañía Chalkis, que produce 160.000 toneladas de tomate concentrado. Este grupo agroalimentario pertenece al Bingtuan, que es el conglomerado empresarial del ejército chino, y ha comprado empresas procesadoras de tomate francesas para luego cerrarlas y vender con esa marca tomate concentrado chino. Por ejemplo la antes prestigiosa marca francesa de tomates provenzal Le Cabanon o la prestigiosa y tradicional marca italiana Giaguaro reciben los barriles de triple concentrado de tomate chino, añaden agua y las reenvasan en latitas en las que pone made in Italy para un montón de marcas distintas. Además esas exportaciones de triple concentrado chino no pagan aranceles.

La cosa o el truco es así: si tú compras materia prima fuera orientada a su reexportación una vez procesada, la Unión Europea te perdona los impuestos porque se supone que eso mejora la competitividad de las industrias transformadoras europeas. El concepto legal se llama “régimen de perfeccionamiento activo”. Aunque esa práctica también está fastidiando a quienes producen esas materias primas dentro de la UE. ¡Tomateros de Badajoz, meleros de La Alcarria, a joderse, esto se llama globalización!. Se supone que ese producto cuya materia prima procede de China y es procesado en Europa, tiene como destino venderse fuera, pero: ¿de verdad no se vende dentro de la UE? 

Lo cierto es que sale de las fábricas europeas con un made in Italy o made in France ¿o made in Spain?, China no aparece por ningún lado pero la banderita italiana o francesa sí está en la lata. Lo alucinante es que esta práctica tramposa no es ilegal porque ha habido un “procesamiento de la materia prima”; tú coges un barril de triple concentrado de tomate, añades agua, lo envasas con tu marca y ya has “procesado” el producto originario. Además, los grandes procesadores-envasadores fabrican para las marcas más famosas de la gran distribución europea. Aparentemente, los consumidores podemos elegir entre una enorme variedad de marcas pero en realidad, dentro de la lata, lo que hay es el mismo producto; eso sí, las etiquetas de fuera son de lo más variado y colorista. Viva el capitalismo canalla.

¿Te gusta el kétchup? Dentro de un rato dejará de gustarte. La salsa kétchup se hace a base de tomate procesado y concentrado. Los principales fabricantes de concentrado son Estados Unidos, China e Italia (y muy por detrás van España y Turquía). Con el concentrado se comercia, se trafica, se especula en todo el mundo: va envasado en unos barriles azules de tamaño similar a los barriles de petróleo. El tomate concentrado está en toda nuestra comida: pizza, kétchup, salsas, platos preparados, platos congelados, sopas, conservas de todo tipo… de la paella a los garbanzos, de las albóndigas de lata al zumo de todos los aviones. El concentrado de tomate es uno de los ingredientes culinarios que puede decirse que es universal y se consume en todos los países y continentes sin excepción. Claro que los barriles de concentrado no son como el petróleo y caducan, el tomate se pone “viejo” o se estropea o se pudre y… lo ha adivinado Usted, entonces ese tomate se procesa y se envía a África donde nadie suele quejarse de que sea producto caducado o que apenas haya en la lata un 30% de tomate y que el resto sean féculas, soja, fibra u otras sustancias baratas. 

A este tomate de la peor calidad se le denomina Black Ink, tinta negra, porque hasta ha perdido su color rojo y es marrón oscuro tirando a pardo, así que se le añade colorante sintético rojo en cantidad y listo. Además en África la venta de salsa de tomate se suele hacer a granel, a cucharadas, la mayoría de la gente es pobre y no tiene ni para comprarse una latita. En Túnez, Libia, Ghana o Nigeria se han detectado partidas de miles de toneladas de este tomate adulterado, tomate basura. Y el que no se ha detectado se vende por ahí, en todos los mercados.

El neoliberalismo era esto. La mitad del kétchup de este mundo procede de triple concentrado de tomate chino, pero no puedes saber cuál sí y cuál no, para elegir con libertad soberana. Mucho del tomate que se vende como made in U.E no lo es y no lo pone en la etiqueta, ni tiene porqué, debido a esas fantasmagóricas leyes de la U.E. que convierten una materia prima exógena en otra cosa super autóctona con el sólo milagro de añadir agua del grifo. El oro rojo es una estupenda metáfora de la economía global en el siglo XXI. 

Por otra parte, y en paralelo, las más avanzadas escuelas de pensamiento neoliberal plagian las recetas marxistas y neomarxistas de la economía china como soluciones para flexibilizar o precarizar el mercado laboral o retrasar el apocalipsis ecológico y económico, y para evitar que la especie de los consumidores se extingan de la faz de la tierra, ya que la subespecie de los trabajadores se está extinguiendo sin remedio.

De nuevo la comida es política, el tomate de lata y sus circunstancias nos puede llevar a los gulag chinos en los que trabajan gratis cuatro millones de personas. Cada vez que hagas una pizza, unos espagueti o eches un chorro de kétchup en tu hamburguesa se muere un gatito. Cada vez que leas aquel capítulo de El Capital que habla de la plusvalía, un robot de la industria estará quitando el curro a uno de los tuyos, o a mil. Es lo que hay. 

La alimentación es negocio, la industria agroalimentaria mueve 3,2 billones de euros, y los que fabrican alimentos ya no son los míticos empresarios que comenzaron a hacer kétchup en 1890 como Henry John Heinz. Su compañía, ahora, fusionada con Kraft, pertenece a grises grupos de inversión especulativa como 3G Capital y Belkshire Hathaway pertenecientes a Warren Baffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y que ahora fabrica el 59% de todo el kétchup del mundo. Su objetivo es ganar más pasta, no fabricar mejor kétchup.

Plano tres. Badajoz. Extremadura es una de las zonas de cultivo de tomate para industria más importante de España y suministra tomates cultivados según normativa de seguridad alimentaria europea con una trazabilidad total. Las marcas españolas que fabrican concentrado de tomate y salsas de tomate a partir de esa materia prima ofrecen a los consumidores productos seguros y de calidad. No se trata de decir que todos los alimentos cultivados y procesados en China son “malos” sino de tener la libertad como consumidores informados de elegir realmente un kétchup fabricado aquí con tomates de aquí o elegir cualquier otro. ¿No era la libertad de elección la base del capitalismo? 

Salto en el tiempo. Mediados de agosto, con diez o doce años, siesta obligada de la que siempre nos escapamos para ir al río a pescar y a bañarnos hasta casi las nueve. Somos niños salvajes requemados por el sol que volvemos con un hambre caníbal. Olor a tierra caliente y mojada bajo la parra. Avispas peleando contra niños, chicharras enloquecidas, brisa con olor a tabaco en flor. Una rebanada de pan y un tomate maduro y perfecto cortado por la mitad por mi abuelo, un chorro de aceite y sal. Nada más. Una delicia. Tal vez de verdad el sabor del paraíso, el maná, el fruto aquel del árbol de la ciencia, el origen de todos los pecados deliciosos de este mundo. Para los otros pecados, los amargos, vuelva al plano dos.

Merece la pena meterse en el rojo y pestilente universo alimentario mundial del estupendo trabajo de investigación de Jean-Baptiste Malet El imperio del oro rojo. Ed. Península 2018.


BBVA alimenta el optimismo: España rozará los 20 millones de ocupados en 2019

MADRID.- España vuelve a repetir el escenario de los últimos años: llega abril y las casas de análisis reconocen que la desaceleración de la economía va mucho más lento de lo que esperaban. Ahora es el turno del BBVA Research, que ha revisado en cuatro décimas al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,9%, publica El Confidencial

De este modo, la entidad se sitúa entre las firmas más optimistas respecto al ritmo de crecimiento de España este año. Para 2019 también ha revisado al alza su estimación hasta el 2,5%, dos décimas más. La relajación de la incertidumbre en Cataluña, el crecimiento de la demanda externa, el impulso fiscal de los Presupuestos y la caída de los tipos de interés de largo plazo están alentando un crecimiento económico más rápido de lo esperado.
Estos indicadores permiten a BBVA anticipar que la economía española mantendrá el ritmo alto de creación de empleo. La entidad anticipa que se incrementará el número de ocupados en 940.000 trabajadores en términos de EPA, lo que permitirá a España superar los 19,9 millones de trabajadores al final de 2019. 
Si se cumple esta previsión significará que España alcanzará el objetivo de los 20 millones de ocupados un año antes de lo esperado por el Gobierno. Las ganancias de productividad unidas a los estímulos cíclicos que benefician a España sostienen este buen desempeño del mercado laboral. En cualquier caso, todavía no se alcanzarían los niveles de empleo logrados antes de la crisis, ya que en el año 2007 se superaron los 20,7 millones de ocupados.
En concreto, el número de ocupados aumentará un 2,6% en 2018, la misma tasa que en 2017, y que en 2019 se moderará hasta el 2,3%, lo que supone una revisión al alza de la previsión en cuatro décimas. Este incremento del empleo permitirá rebajar la tasa de paro en el país hasta el 13,7% en 2019, su nivel más bajo desde el año 2008. 
Esto significa que en apenas dos años el desempleo caerá en tres puntos y medio, un proceso de corrección del paro muy intenso que llevará a la economía española por debajo de su tasa estructural histórica de desempleo, que tradicionalmente se ha situado en el entorno del 15%.
BBVA Research advierte que para mantener este ritmo de crecimiento del empleo será fundamental que los salarios no se disparen en los próximos trimestres. Hasta el momento, la subida salarial pactada por convenio se mantiene por encima del IPC pero muy lejos del crecimiento real del PIB (en el entorno del 1,5%), lo que permite anticipar un comportamiento moderado de los salarios. 
Para Rafael Doménech, responsable de Economías Desarrolladas de la entidad, "el incremento de la remuneración por asalariado no debería superar el entorno del 2% anual para que la tasa de paro se modere en línea con las previsiones presentadas".
Hace apenas siete meses, la mayor parte de las casas de análisis estimaba una ralentización inminente del crecimiento de la economía española, sin embargo, los datos publicados han contradicho este escenario. El PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre del año, la misma tasa que en el anterior. Ahora BBVA estima que el ritmo de avance en el segundo trimestre podría alcanzar el 0,8%, una décima más.
Este optimismo se sustenta principalmente en tres factores. El primero es la solidez de la demanda externa, que tira de las exportaciones y que contribuye a minimizar cualquier posible desaceleración de la demanda interna. El segundo es la caída de los tipos de interés de largo plazo en el mercado, que permite elevar la inversión y el consumo de las empresas y las familias. 
Y, por último, la política fiscal expansiva adoptada por el Gobierno, que eleva su contribución al PIB en detrimento de una corrección más rápida del PIB y la deuda. A falta del desarrollo definitivo de los Presupuestos Generales del Estado, BBVA Research anticipa que el déficit público cerrará el año en el 2,4%, dos décimas por encima del objetivo pactado con Bruselas. Además, el proyecto de PGE incluye medidas fiscales expansivas, lo que puede dificultar más el objetivo.

La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.
Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios
Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.
En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".
La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".
No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.
Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".
Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.
En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.
Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.
Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".
Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".
En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.
La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.

El largo camino de El Corte Inglés: Amazon factura seis veces más en España

BARCELONA.- Los temores de El Corte Inglés en su guerra online contra los gigantes se justifica. El ranking elaborado anualmente por la revista de eShow Barcelona y Netquest revela que la cadena de grandes almacenes factura 683,8 millones a través de las ventas por internet, mientras que Amazon y Aliexpress facturaron 4.241 millones de euros y 1.234 millones de euros millones, respectivamente.  

En el resto de clasificación aparece eBay, en tercer lugar, con 678,3 millones de euros y Pc Componentes, con 314 millones. Completan el top 10 Decathlon, Zalando, Gearbest, Zara y Privalia.
Por número de pedidos, Amazon, Aliexpress y eBay vuelven a copar el podio, mientras que El Corte Inglés queda otra vez en el cuarto lugar.
El gigante de Jeff Bezos recibió en 2017 un total de 53 millones de pedidos, Aliexpress con 16 millones de pedidos y eBay con 13,5 millones de pedidos. La web del gigante de la distribución española, por su parte, se situó cuarta con 3,7 millones de pedidos.
Los datos del estudio contrastan con lo que la compañía americana pagó a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades. Los últimos datos disponibles en el registro mercantil afloran una tributación por valor de 864.000 euros, cifra muy exigua si se compara con el volumen de negocio que revela el estudio.
¿Por qué? Al igual que la mayoría de gigantes digitales o empresas emergentes, su entramado societario le permite implantarse en España con una filial en la que justifica únicamente pagos por marketing y servicios de publicidad. Dicho de otro modo, lo que se compra en la web se factura fuera de España, lo que le permite adelgazar su factura fiscal cada año.
Precisamente, este aspecto fue el que criticó el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, en su última comparecencia. Gimeno abogó por crear un marco normativo europeo que implante "como mínimo la igualdad fiscal" sin "ningún tipo de proteccionismo caduco”.
Además, reiteró que, en ese sentido, busca “únicamente la igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

MADRID.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió?, se pregunta elconfidencial.com

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.
Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta. 
La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. 
Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.
La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.
-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.
La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.
Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).
No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.
Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.
Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). 
La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.
-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? 
Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.
Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.
-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 
Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.
No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. 
Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.
En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.
Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.