jueves, 24 de marzo de 2011

Firmantes condenando los hechos de la capilla de la UCM piden reunirse con Berzosa


MADRID.- Los firmantes de la Declaración de Somosaguas, un manifiesto impulsado por profesores universitarios que condena la acción reivindicativa en la capilla del dicho campus de la Universidad Complutense de Madrid, ha pedido una reunión con el rector de la institución, Carlos Berzosa.

   En un escrito remitido al rector de la UCM por la exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad, Teresa López, se informa de que el apoyo desde la constitución de esta declaración suma cerca de 3.000 apoyos, con la adhesión de 1.100 catedráticos y profesores universitarios de toda España, de los que más de 500 pertenecen a la propia Complutense.
   Entre los firmantes se cuentan catedráticos de la UCM como Joaquín Abellán García, José Álvarez Junco, César Nombela Cano, Santiago Castillo Alonso, Juan Pablo Fusi de Aizpurua, Octavio Ruiz-Manjón o el vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde Fuertes.
   "La acogida que ha tenido la Declaración de Somosaguas, firmada por personas de sensibilidades políticas y creencias religiosas muy diversas, nos parece un excelente reflejo del amor a las libertades que siempre ha caracterizado a la Universidad", sostiene López en la carta.
   Los firmantes desean entregar "personalmente" a Berzosa estas firmas. "Por ello te rogamos que nos recibas cuando te sea posible. No queremos que esta iniciativa se contamine con interpretaciones tendenciosas asociadas al proceso electoral abierto", prosiguen, por lo que dejan "en manos" del rector "la elección del momento más adecuado" para la reunión.
   Asimismo, la carta concluye recordando que la Declaración de Somosaguas "tiene como único propósito recordar la importancia que tiene el respeto a las libertades de todos y asegurar su libre ejercicio en el ámbito universitario".
   Los firmantes de la Declaración de Somosaguas muestran en su manifiesto su "más firme condena de los hechos reprobables" que sucedieron en la capilla universitaria del campus de Somosaguas el pasado jueves 10 de marzo y su "deseo de que la Universidad sea un espacio de libertad y concordia donde se respeten todos los derechos legítimos que reconoce la Constitución".
   Por ello, solicitan que las autoridades académicas de la Universidad Complutense "adopten las medidas disciplinarias oportunas para que no quede impune lo sucedido ni sea manchado, con ese tipo de comportamientos, el buen nombre y trabajo de esta comunidad universitaria".
   Asimismo, han pedido que "las autoridades públicas competentes adopten las medidas judiciales oportunas", ante lo que consideran que "constituye un atentado contra la libertad de culto que reconoce nuestra Constitución y que protege nuestro Código Penal".

Madrid acepta la propuesta de Fomento para bajar el precio de los transportes

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha decidido poner el pago por compensación como única condición para aceptar los 11 millones de euros del Ministerio de Fomento y hacer efectiva la rebaja del 5 por ciento en el transporte público que integre Cercanías (los billetes de tren y Abono de Transportes).

   Así lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, donde ha señalado que "todavía" no tienen "cerrado" este asunto con el Ministerio que dirige José Blanco porque no les ha llegado el convenio mediante el cual se puede "instrumentalizar".
   Hace una semana, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se comprometía a aceptar la rebaja del 5 por ciento siempre y cuando el Ministerio mandase las condiciones del convenio por escrito, el pago de los 11 millones se hiciera por compensación y se aplicase el descuento a todos los usuarios del transporte público.
  "Nosotros estamos dispuestos lógicamente a aplicar la reducción del 5 por ciento a los títulos de transporte que afecten a Cercanías, que es a lo que se refiere el acuerdo de Fomento, y lo que queremos es la firma de un convenio donde se reconozca el pago por compensación y en eso es en lo que estamos", ha dicho González.
   De esta manera, tal y como han denunciado desde el Ejecutivo de Esperanza Aguirre desde que se conoció la oferta de Fomento, quedarán fuera de este descuento el 40 por ciento de usuarios del transporte público en la Comunidad: aquellos que utilizan el Metrobús o que sólo viajan en Metro, o en autobuses de la EMT o interurbanos.
   En este punto, ha recalcado que esta "exclusión" la ha hecho el Ministerio de Fomento, y no ellos, con una medida que no deja de ser una "ocurrencia que no vale para nada" y que no persigue el objetivo que dice el Gobierno central de "reducir el consumo energético". "No es general y deja fuera al 40 por ciento", ha insistido.
   Así, ahora la única condición que ponen es que se haga el pago por compensación porque es la forma, en su opinión, "más directa, la más rápida y la más fácil".
"Si el Ministerio lo que pretende es que la Comunidad y el Consorcio pague ese 5 por ciento estamos hablando a otra cosa", ha añadido, al tiempo que ha señalado que si lo que busca es pagar "seis años después" o abonarlo mediante "una línea de crédito", que lo diga.
   González ha recordado la consecución de los hechos y ha explicado cómo el Ministerio de Fomento lanzó la idea de abonar una cantidad de dinero para reducir el 5 por ciento el precio del billete de transportes en las regiones que tienen títulos de transporte con Cercanías (Cataluña, Asturias y Comunidad de Madrid)
   "Lo plantea en una reunión y con carácter temporal", ha indicado González, que ha añadido que si lo que quiere el Ejecutivo central es tomar una medida "disuasoria" para que los ciudadanos dejen su coche y "no consuman gasolina", su propuesta "no vale" porque es "parcial y temporal".
    Muy diferente es, en su opinión, la propuesta que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se baje el IVA en el transporte de 8 a 4 puntos, "como ya existe en otros países". "Es estructural, permanente y es general para todo el mundo que lo quiere utilizar", ha concluido.
   El vicepresidente regional ha vuelto a lamentar que desde Fomento "ni valorarán" esta idea, "despachando con tres líneas diciendo que no lo había considerado" en una carta dirigida al consejero de Transportes e Infraestructuras.
   Ha apostillado que si el Ministerio "se empeña" en seguir adelante con su propuesta, ellos la aplicarán pero si se hace con el pago por compensación --la Comunidad deja de pagar distintos conceptos en proporción con el dinero que se le tiene que abonar por parte del Estado--.

La Comunidad de Madrid registra un crecimiento cero en 2010

MADRID.- La Comunidad de Madrid es una de las tres autonomías que registraron crecimiento cero en 2010, según la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), que dice que todas las comunidades autónomas crecieron en 2010 por debajo de la media de la UE (1,8%).

   Los datos señalan Navarra (1,2%), País Vasco (0,8%), Castilla y León (0,8%) y Asturias (0,3%) fueron las regiones que lideraron el crecimiento autonómico.
   Además de estas cuatro, otras siete comunidades obtuvieron registros de crecimiento mejores que la media nacional en 2010: Cantabria (0,2%), Cataluña (0,1%) y Galicia (0,1%). Comunidad de Madrid, Extremadura y Ceuta registraron un crecimiento cero y Melilla igualó la tasa nacional (-0,1%).
   Con todo, once comunidades crecieron por encima de la media nacional (-0,1%) y las regiones que obtuvieron los peores registros de crecimiento fueron Andalucía (-0,9%), Castilla-La Mancha (-0,9%) y Canarias (-0,8%).
   El INE destaca que el diferente crecimiento del PIB de las comunidades en 2010 se debe, especialmente, a la evolución de las ramas agrarias y de la industria, ya que, en términos agregados, el resto de las actividades han registrado crecimientos más similares entre los distintos territorios.
   El mayor crecimiento de Navarra (+1,2%) se sustenta en la notable aportación de la industria del sector del automóvil y, en menor medida, en la industria ligada a la metalurgia; factores que también se han dado en País Vasco (+0,8%), pero con una intensidad más moderada.
   En el caso del Principado de Asturias (+0,8), la industria química y la metalurgia han sido las ramas de actividad que más han contribuido al crecimiento de las ramas industriales; mientras que el notable crecimiento de la rama agraria en Castilla y León (+0,3%) ha sido el factor más significativo que ha determinado el comportamiento de la economía en esa comunidad.
   En términos de PIB por habitante, País Vasco encabezó la lista de comunidades en 2010, con 31.314 euros, un 35,8% superior a la media española (23.063 euros) y también muy por encima de la media europea (24.486 euros). Así, la renta per cápita en España se situó en 2010 un 6% por debajo de la media europea.
   Al País Vasco, le siguen Navarra (29.928 euros, un 30% más que la media nacional), Comunidad de Madrid (29.963 euros, un 29,9% más) y Cataluña (27.053 euros, un 17,3% más).
   En el lado opuesto, la lista la cierra Extremadura, con 16.828 euros por habitante, un 27% menos que la media nacional, seguida de Andalucía (17.405 euros, un 24,5% menos) y Castilla-La Mancha (17.621 euros, un 23,5% menos).
   Al igual que en 2009, ocho comunidades autónomas superaron el registro nacional, y con la excepción de Cantabria, las otras siete se situaron por encima de la media europea.
   En cuanto a la variación del PIB entre 2000 y 2010, el INE estima un crecimiento medio anual del 2,06%. Un total de once comunidades superaron o igualaron dicho registro. La lista la encabeza Extremadura, con un crecimiento medio del 2,56%, seguida de Murcia (2,53%), Melilla (2,46%) y Navarra (2,36%).
   Por el contrario, las regiones que mostraron menos crecimiento medio en el periodo fueron Islas Baleares (1,45%), Principado de Asturias (1,83%) y Canarias (1,83%).

Porta cree que la liquidación del presupuesto de 2010 demuestra que Gallardón "despilfarra el dinero de todos"

MADRID.- La número dos de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid, Ruth Porta, ha sostenido este jueves que la liquidación del presupuesto de 2010 demuestra que Gallardón "despilfarra el dinero de todos los madrileños".

   El Ayuntamiento de Madrid liquidará su presupuesto de 2010 con un déficit de 754 millones de euros de acuerdo con el sistema de contabilidad nacional, ha informado el delegado de Hacienda, Juan Bravo, añadiendo que considera "casi seguro" que deberá presentar un Plan Económico Financiero al Gobierno de la Nación.
   Ante esto, la socialista considera que las cuentas que acaba de presentar el Ayuntamiento son un "escándalo" y demuestran que el equipo del primer edil "ha sido pertinaz en la mentira".
"Gallardón dijo que iba a cerrar con un superávit de 123 millones y se nos presenta hoy con un déficit de 754 millones de euros. Ha incumplido todas sus previsiones, ha incumplido todos sus planes. Desconoce lo que son las palabras ahorro, saneamiento o austeridad", ha señalado.
   Es por eso por lo que no considera extraño que el Gobierno de España "le haya negado todo crédito". "Las promesas se han derrumbado con un castillo de naipes y, al final, lo que queda claro es que el paso de Gallardón por el Ayuntamiento de Madrid sólo tiene un resultado, el de los madrileños asfixiados por los impuestos y unas cuentas en la ruina".

El Ayuntamiento de Madrid tuvo 754 millones de déficit en 2010

MADRID.-  El Ayuntamiento de Madrid liquidará su presupuesto de 2010 con un déficit de 754 millones de euros de acuerdo con el sistema de contabilidad nacional, ha informado el delegado de Hacienda, Juan Bravo, añadiendo que considera "casi seguro" que deberá presentar un Plan Económico Financiero al Gobierno de la Nación.

   Tras informar a los miembros de la Junta de Gobierno de los datos de la liquidación, Bravo ha señalado que según el sistema de contabilidad nacional --que incluye como ingresos sólo los efectivamente ejecutados mientras que como gastos refleja todos los previstos aunque no se hayan abonado--, la capital ha cerrado el pasado ejercicio con 754 millones de euros de déficit.
   Esta situación se deriva por tanto del retraso en el pago de algunas partidas que debería haber recibido el Consistorio a lo largo del pasado año, como por ejemplo los 225 millones de euros que el Canal de Isabel II debería haber pagado por un convenio que tenía que firmarse antes del 31 de diciembre, pero que finalmente se retrasó.
   Además, entre la Comunidad de Madrid y el Estado suman una deuda con la capital de 210,4 millones de euros. "Si ambas administraciones hubiesen cumplido sus obligaciones, el Ayuntamiento vería mejorado su  resultado en ese mismo importe", ha añadido Bravo.
   En dicha deuda se incluyen los 64 millones de los convenios asociados a la Ley de Dependencia que la Comunidad adeuda a la ciudad. "Al no haber contabilizado ésta sus obligaciones, su resultado presupuestario se ve mejorado en 64 millones y el del Ayuntamiento empeora en idéntico importe", ha apostillado el delegado.
    Por otra parte, el ajuste de la Intervención General del Estado debe registrar el importe íntegro de la devolución del exceso de las aportaciones percibidas en 2008, que fueron 128 millones de euros, a pesar de que el Ejecutivo central decidió fraccionar en cinco años su pago para evitar generar un grave impacto en los presupuestos municipales.
   Asimismo, también ha tenido su efecto la negativa del Gobierno central a permitir a las corporaciones locales que refinanciaran la deuda que vencía el pasado ejercicio.
   En cualquier caso, Bravo ha subrayado que, si sólo se mira la contabilidad presupuestaria, la cifra de déficit municipal de la capital se reduce hasta los 362 millones de euros, y eso teniendo en cuenta que el año pasado se redujo la deuda en 309 millones de euros.
   Ante estos datos, el edil ha asegurado que este déficit es completamente "asumible" para la capital, y ha recordado que "todas las administraciones públicas --el Estado, las 17 comunidades autónomas y los ayuntamientos más importantes como Madrid, Barcelona o Valencia--" se encontrarán en la misma situación al hacer su liquidación presupuestaria.
   Y es que el déficit de la capital supone el 0,58 por ciento del PIB de la capital (según cálculos propios del Ayuntamiento, ya que el Banco de España no calcula oficialmente el Producto Interior Bruto de los ayuntamientos), lo que se sitúa por debajo del compromiso máximo de déficit de las corporaciones locales (0,6 por ciento del PIB) acordado por España y la UE.
   "Es decir, que nuestro déficit no perjudica al objetivo de cumplimiento del techo de estabilidad acordado por España con la Unión Europea", ha insistido Bravo.
   Esto significa que las necesidades de financiación del Consistorio se sitúan en 754,38 millones de euros, el 0,58 por ciento de su PIB, que asciende a 129.843 millones y supone el 12 por ciento del PIB nacional. La previsión de déficit para el conjunto de los ayuntamientos está en 0,64 por ciento, por encima del techo previsto.
   Sin embargo, a pesar de no superar el límite de déficit fijado, Bravo ve "casi seguro" la posibilidad de tener que presentar un Plan Económico y Financiero ante el Gobierno central, ya que en los últimos ejercicios se ha fijado en aproximadamente la mitad del objetivo (en este caso, en el 0,25 o 0,3 por ciento del PIB) el límite para tener que presentar este documento.
   Así, hacia el mes de abril el Consejo Nacional de Financiación Local, en el que están tanto el Ministerio de Hacienda como la FEMP, deberían establecer el límite por encima del cual es necesario hacer un Plan Económico Financiero, para lo cual el Consistorio tendrá tres meses a partir de la aprobación de la liquidación, que ha tenido lugar este jueves.

Los quioscos podrán traspasarse

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid dará vía libre para que la concesión de los quioscos pueda ser traspasada y no solamente heredada de padres a hijos como ocurre hasta el momento, ha explicado este jueves el delegado de Hacienda, Juan Bravo, después de que se votara en la comisión del ramo la propuesta para aprobar la ordenanza ómnibus, por la que se adapta la transposición de la Directiva europea de servicios.

   Bravo ha expuesto en un corrillo con periodistas que esta medida es incorporada por el Grupo Popular a petición de la asociación de empresarios del ramo. A partir de su aprobación, prevista para el Pleno de la próxima semana, se abre esta posibilidad a partir del quinto año de la concesión.
   El Consistorio pondrá límites temporales dado que ese traspaso deberá estar incluido en el periodo de 30 años de duración de la concesión (inicial de 15 años prorrogables a otros 15).
   "Tienen que pasar cinco años (desde el inicio de la concesión) y luego tienen plena capacidad para poder traspasarlo con un límite temporal, que es la vigencia inicial de la concesión de 15 años más otros 15, hasta un máximo de 30 años", ha detallado el edil.
   De este modo, como ha argumentado Bravo, se garantiza por parte del empresario una inversión permanente en el negocio "ya que sabe que tarde o temprano podrá traspasarlo y obtener un ingreso para su jubilación".

España ocupa el octavo puesto en la clasificación de integración de inmigrantes

MADRID.- Un estudio comparativo de políticas de integración de inmigrantes en 31 países de Europa y América del Norte, sitúa a España en el octavo mejor puesto en la clasificación general, aunque falla en educación y en facilidades para lograr la ciudadanía. 

Por contra, España encabeza la clasificación en asuntos como integración económica y acceso a la vida familiar, han destacado hoy los responsables del III Índice de Políticas de Integración de los Migrantes (MIPEX, por sus siglas en inglés).
Elaborado por el British Council y el Migration Policy Group, el informe analiza si los gobiernos conceden los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades a todos los residentes, siguiendo las normas internacionales acordadas entre los estados miembros de la UE.
El informe presentado hoy, elaborado con datos de 2009, destaca que España es el mayor receptor de inmigración en Europa con 3.376.810 nacionales de terceros países y que se encuentra a la cabeza de los nuevos países de inmigración en integración económica y acceso a la vida familiar.
Así, España se encuentra en el octavo mejor puesto gracias a que "todos los residentes, independientemente de su nacionalidad, tienen las mismas oportunidades legales para conseguir un empleo, y mayores garantías y derechos laborales asociados a éste", afirma el informe.
No obstante, apunta que "como en la mayoría de los países, sólo ha abordado parcialmente el desproporcionado impacto de la crisis en los residentes extranjeros".
Así, en una escala del 1 al cien, España obtiene 85 puntos por las facilidades que otorga a la reagrupación familiar, y 84 en materia de movilidad en el mercado laboral.
También las medidas en favor de los extranjeros residentes de larga duración obtienen una puntuación alta (78).
Más baja, pero aún por encima de la media, es la puntuación española en cuanto a facilitar la participación política de los extranjeros, una categoría en la que España obtiene 56 puntos.
En el otro extremo de los parámetros analizados se encuentran los de medidas para evitar la discriminación (49) "debido a la falta de fortaleza de organismos encargados de este tema" y facilidades de acceso a la nacionalidad (39) que el estudio considera que son "la peor vía de obtención de la ciudadanía de los recién llegados y de sus descendientes".
España también suspende en una categoría que el informe incluye este año por primera vez, el de la educación, donde obtiene 49 puntos y se sitúa en décimo tercer lugar, aunque también reconoce "nuevas fortalezas en el acceso a centros escolares y en educación para la ciudadanía".
En el acto de presentación, también ha participado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, quien ha reconocido que "hay que mejorar" en muchos aspectos, pero también ha subrayado la inmigración en España es un fenómeno relativamente nuevo y súbito, al que ha habido que adaptarse en muy poco tiempo.
A ello se suma la complejidad que supone el tener que pactar la mayoría de estas políticas con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Terrón ha argumentado también que el informe se basa sólo en las normas vigentes y que no atiende al contexto y modo en que se aplican.
Así, ha planteado que pese a que la ley establece 10 años de residencia para conseguir la residencia, lo cierto es que los inmigrantes latinoamericanos la puede obtener en tan solo dos.
En cuanto a la educación, la secretaria de Estado ha planteado la oportunidad de juzgar a España por los niveles de la segunda generación de inmigrantes, puesto que la primera generación llega al país en la edad adulta y para trabajar, y son sus hijos los que se benefician de los derechos educativos.

Hasta el reparto de butano las está pasando canutas

MADRID.-  Los distribuidores de butano se suman a las quejas de los operadores del sector y dicen encontrarse "al borde del colapso" económico debido a la "falta de liquidez" del negocio, por lo que piden al Ministerio de Industria que les aplique un régimen adecuado de actividad, indicó el presidente de la Asociación Española de Distribuidores de Gas (Andigás), Manuel Trujillo.
 
   Esta asociación, que agrupa a las empresas distribuidoras de Cepsa, explica que las empresas del sector se encuentran "en jaque" debido a las condiciones de un mercado "intervenido" y recuerda que las empresas deben servir el producto en un plazo de 48 horas sin capacidad para establecer su remuneración.
   En una nota, Trujillo dice que las "pérdidas son insostenibles" y que hay "miles de puestos de trabajo en juego", y lamenta que las autoridades hayan "desoído" las quejas del sector, a pesar de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) publicó un informe en 2008 en el que corroboraba que esta actividad se encuentra "en la más absoluta de las ruinas".
   "Las empresas distribuidoras soportamos unos costes en vertiginoso incremento, mientras que en las revisiones de nuestra remuneración que hace el Ministerio apenas se tiene en cuenta el IPC", explica Trujillo, antes de recordar que las revisiones de precios sí afectan al gasóleo con el que funcionan los camiones de reparto.
   Si bien Industria argumenta que esta política mejora "la defensa del consumidor", Andigás considera que la mejor manera de proteger al usuario es "garantizar la supervivencia de la red de reparto de butano y evitar con ello problemas de abastecimiento".
   Por este motivo, la asociación exige "una revisión urgente del sector y una regulización de la remuneración de las empresas de reparto acorde con los costes reales" para evitar "un colapso de la distribución".

La Audiencia Nacional eleva al Constitucional la rebaja del 5% de los sueldos del Canal de Isabel II

MADRID.- La Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Constitucional la bajada salarial del 5% aplicada a todos los empleados públicos de la Administración, al resolver la demanda de conflicto colectivo planteada por los trabajadores del Canal de Isabel II de Madrid, según informa el sindicato C.S.I.T. Unión Profesional en un comunicado.

   El Constitucional deberá decidir si el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes (4/2010) emitido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid quebranta el derecho a la libertad sindical al dejar sin efecto el incremento salarial pactado en el XVIII Convenio Colectivo del Canal de Isabel II.
   El auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuestiona  la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley 4/2010, puesto que éstos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical (art. 7 y 28.1 de la CE) y la negociación colectiva.  
   Por su parte, C.S.I.T. Unión Profesional denunció el empeño del Gobierno de Madrid de "imponer su carácter antisocial, extralimitándose en sus competencias  legislativas y vulnerando la Carta Magna, amparándose en un supuesto ahorro de presupuestos".

UGT propone alternativas a los desahucios y embargos derivados de ejecuciones hipotecarias

MADRID.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Blanco, con algunas propuestas para evitar los desahucios y embargos que se derivan de las ejecuciones hipotecarias.

   El documento 'Medidas para reducir los riesgos de desahucios y embargos en las ejecuciones hipotecarias' solicita la creación de un grupo de trabajo para buscar estas alternativas y "paliar en medida de lo posible y cuanto antes" los efectos que está teniendo esta crisis sobre la vivienda de los ciudadanos.
   En este sentido, UGT exige a los poderes públicos que cumplan el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias y el establecimiento de normas que "eviten la pérdida del derecho a la vivienda y las situaciones de exclusión social que esa pérdida puedan generar".
   Además, entre las medidas que propone se encuentra la ampliación de los límites de embargabilidad y la reducción de la cuota hipotecaria temporal, para facilitar el pago de los créditos hipotecarios y evitar su judicialización.
   No obstante, en caso de llegar a un proceso judicial, el sindicato pide que se amplíen los límites de inembargabilidad para reducir las situaciones de exclusión social y que se estudie la modificación del artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje.

Moody's no deja mal parada a Caja Madrid

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado entre uno y cuatro escalones el 'rating' de una treintena de bancos y cajas españolas, al tiempo que ha confirmado las calificaciones de BBVA, Santander y La Caixa, anunció este jueves la agencia de calificación crediticia. 

   La rebaja de la nota del sistema financiero español se produce como consecuencia de la decisión de Moody's de degradar el 'rating' de España el pasado 10 de marzo hasta 'Aa2' desde 'Aa1' con perspectiva 'negativa', así como por la mayor presión sobre la deuda soberana española y las entidades financieras "más débiles", la pérdida de importancia sistémica de varias cajas de ahorros por la consolidación del sector y un previsible entorno de menor apoyo al sector en el futuro.
   En concreto, la calificadora de riesgos ha rebajado en un peldaño la nota de solvencia de una decena de entidades, mientras que quince han visto recortado su 'rating' en dos escalones y el resto, en tres o cuatro niveles.
   De este modo, Santander, BBVA y La Caixa mantienen su calificación 'Aa2', que implica una calidad "superior" de su deuda, aunque la agencia sitúa esta valoración en perspectiva 'negativa', lo que abre la posibilidad de recortes de 'rating' a medio plazo.
   Por el contrario, Banco Pastor, Catalunya Caixa y Banco de Valencia han visto rebajada la calidad de su deuda hasta 'Ba1', dentro del llamado grado especulativo o 'bono basura'. En concreto, las dos primeras entidades han sufrido una rebaja de cuatro peldaños, la más acusada entre las entidades analizadas, mientras el recorte en el caso de la nota de Banco de Valencia ha sido de tres escalones.
   Asimismo, la nota de solvencia de otras nueve entidades (Cajamar, Novacaixagalicia, BBK, Caja España, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Caja de Ahorros de Avila, Caja de Ahorros de Segovia, Ahorro Corporacion Financiera y Lico Leasing) queda fijada en 'Baa3', al borde del 'bono basura'. 
   Entre las entidades que han sufrido una rebaja de sólo un escalón se encuentran Unicaja y la CECA, cuyos 'ratings' pasan a 'A1' desde 'Aa3' con perspectiva 'negativa, Bankinter, que pasa a 'A2' con perspectiva 'negativa', Caja Vital, Caja Rural de Navarra y Banco Sabadell, cuyas notas se sitúan en 'A3' con perspectiva 'negativa', así como Caja Rural de Granada, Caja de Ahorros de la Rioja y Bancaja, cuyos 'ratings' bajan a 'Baa1'.
   Por su parte, Banco Popular y Banesto han visto rebajada su nota de solvencia en dos escalones, desde 'Aaa3' a 'A2' con perspectiva 'negativa', así como Banca March, Ibercaja y Santandaer Consumer Finance, cuyos 'ratings' han bajado a 'Baa1' desde 'A2' con perspectiva 'negativa'.
   En el caso de las notas de Caja Laboral, Cajastur, CAM y Caja Cantabria, el recorte también ha sido de dos peldaños, hasta situarse en 'Baa2' desde 'A3'.
   Por su parte, Caja Madrid sufre una rebaja de tres escalones en su 'rating', que pasa a situarse en 'Baa1' desde 'A1' con perspectiva bajo revisión, lo que implica una calidad "aceptable".
   La prima de riesgo española respecto a los bonos alemanes a diez años resistía el impacto de la rebaja de Moody's y de la crisis política en Portugal por debajo de la cota de los 200 puntos básicos, con un rendimiento del 5,183%.
   En plazos de vencimiento más cortos, la rentabilidad de la deuda española se situaba en el 4,181% en el caso de los bonos a cinco años y en el 3,218% en el de los bonos a tres años, mientras que el rendimiento de la deuda a dos años se situaba en el 2,893%.     

Anticorrupción pide facturas a Merino

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al exdiputado del PP Jesús Merino que aporte facturas y medios de pago de operaciones sospechosas realizadas con sus sociedades, como Serrano 50 Global Consulting, así como documentación sobre el asesoramiento para el grupo empresarial Ros Roca.


   Así consta en un escrito presentado por la Fiscalía ante el magistrado Antonio Pedreira, en el que se reclama a la Agencia Tributaria información sobre el exportavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso que complemente al informe de junio de 2009.
   De este modo, las fiscales adscritas a la causa piden que se oficie a la AEAT para que aporte información sobre la participación societaria, actividad, trabajadores y autorizados en cuentas bancarias de la sociedad Everland S.L.
   Asimismo, pide datos sobre si en los años 2006 y 2007 estaba Merino como autorizado en alguna de las cuentas bancarias de Everland, información relativa a las salidas por invisibles que esta sociedad tuvo en 2006 y 2007 por importe de 356.000 y 337.560 euros.
   Además, reclama a Merino que aporte documentación diferente a la que ya entregó el pasado 11 de marzo durante su declaración. Así, le pide datos sobre el asesoramiento de sus sociedades para el grupo empresarial Ros Roca.
   También pide que aporte facturas y medios de pago de operaciones sospechosas realizadas con sus sociedades, como Serrano 50 Global Consulting. Según Hacienda, esta sociedad abonó en 2007 un total de 43.300 euros al ex tesorero y senador 'popular' Luis Bárcenas por sus servicios profesionales.
   En dicho informe, se detalla que entre los gastos de la sociedad Serrano 50 Global Consulting S.L., una de las siete de las que Merino o su esposa figuran como administradores, se incluyen 43.300 euros de servicios recibidos en 2007 por Bárcenas.

Almunia, partidario de que las CC.AA. fijen por ley techos de gasto

MADRID.- El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se ha mostrado partidario de que las comunidades autónomas fijen por ley techos de gasto en sus presupuestos igual que lo hace la Administración Central.

   "Si se lo impone (por ley) el Estado, ¿por qué no se lo van a imponer las comunidades autónomas?", se preguntó Almunia, durante su participación en los desayunos 'Perspectivas KPMG'.
   Almunia, que rechazó la idea de que la España autonómica esté suponiendo un lastre para la economía, sí defendió la necesidad de que en la medida en que la economía española está inmersa en un proceso de consolidación presupuestaria, es preciso establecer "mecanismos necesarios" para que las admnistraciones territoriales adopten decisiones de gasto "razonables y sensatas".
   En cuanto a la evolución económica, el comisario europeo destacó que existe una "tendencia clara de recuperación" de la economía europea, no así en el mercado de trabajo que tardará más en mostrar signos evidentes de recuperación, y resaltó la necesidad de ir absorbiendo "de forma tenaz y continua" los altos niveles de endeudamiento generados por la crisis.
   En cuanto al efecto de la crisis de Libia o de Japón en la incipiente recuperación económica, indicó que puede tener "cierto impacto de alguna décima en algún país", pero que no será "excesivamente significativo".
   Por último, mostró sus dudas sobre si el Banco Central Europeo prepara una inminente subida de tipos y añadió que a su presidente, Jean-Claude Trichet "hay que entenderlo" cuando habla.

CC OO apuesta por fomentar la legalización del empleo sumergido con un periodo de gracia

MADRID.- El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha apostado por fomentar mediante un periodo de gracia el afloramiento del empleo sumergido, evitando así los castigos durante un tiempo, para después endurecer los mecanismos de control y las sanciones.

   "El cumplimiento de la normativa en materia de contratación está bastante relajada en España de siempre, y en la crisis se ha acentuado, por lo que creo que se podría plantear una especie de amnistía en contratación para que aflore el empleo real que está sumergido", ha destacado.
   En declaraciones a TVE, Toxo ha recalcado que no debería haber sanciones durante un determinado periodo de tiempo, pero ha insistido en que pasado dicho plazo se tendrían que endurecer los mecanismos de control y los castigos.
   Preguntado por los datos del paro en marzo, el dirigente sindical ha señalado que volverá a ser negativo y ha criticado las medidas de ajuste llevadas a cabo por el Ejecutivo, pues a su parecer incrementan la desconfianza de los empresarios y los ciudadanos.
   Toxo ha confiado en que la reforma de la negociación colectiva concluya antes de Semana Santa. "Sería posible", ha destacado. Asimismo, ha celebrado el acercamiento entre patronal y sindicatos, "hemos atravesado la barrera de compartir los objetivos, las medidas aun no están en sintonía pero compartir los objetivos es fundamental", ha concluido.

El cardenal Rouco destaca las "dificultades" en la relación entre universidades públicas, privadas y católicas


MADRID.- El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, ha apuntado que en España la relación entre las universidades públicas, privadas y católicas es un campo lleno de "dificultades".

   En este sentido, el cardenal Rouco ha explicado, durante la clausura del acto de celebración de San Raimundo de Peñafort en la Facultad de Derecho Canónico 'San Dámaso', que esta problemática que se produce en la educación universitaria española quizá no sea "tan difícil" en EEUU que tiene "la ventaja" de que casi todas las universidades son estatales.
   En cualquier caso, ha admitido que esta situación "se va superando con la gracia Dios y la ayuda de amigos y hermanos de la Curia romana y del Santo Padre Benedicto XVI" y ha asegurado que la conferencia pronunciada por el prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el cardenal Raymond Leo Burke, sobre 'La colaboración de la Signatura Apostólica y de la Rota Romana para la Recta Administración de la Justicia', estimulará a los profesores de la universidad y a los tribunales españoles.
   Asimismo, el cardenal confía en que también influirá en la juventud canonística que empieza a emerger en la Iglesia "con un cierto vigor", teniendo en cuenta, según ha indicado, que "las vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada no florecen como hace sesenta años". No obstante, ha apuntado que, al menos en Madrid no se pueden quejar.

CC.OO. pide a la Comunidad que "deje de atacar" a la UCM y respete su "autonomía"

MADRID.- El secretario de Política Institucional de CC.OO de Madrid, Jaime Cedrún, ha exigido al Gobierno regional que "deje de atacar a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ponga fin a las ingerencias institucionales y respete la autonomía universitaria para resolver los conflictos que se producen en el campus como el de la capilla".

   Cedrún ha manifestado que la actitud del Gobierno y de las consejerías afectadas "debería ser de colaboración y de no hacer leña a los incidentes", por lo que ha considerado que "deberían ser comprensivos con las dificultades de la Universidad Complutense".
   "Lamentamos que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, peque de ignorancia y ataque a la UCM, y que ni siquiera se lea los informes de la universidad como por ejemplo los informes del consejo Económico y Social", ha indicado el sindicalista.
   En cuanto al incidente de la capilla de Somosaguas, Cedrún ha considerado que "se debe parar la guerra desatada, tomando las medidas disciplinadas, pero no magnificándolas".
"Creemos que la Complutense debe abrir un debate en los órganos de gobierno sobre los convenios con la iglesia y la presencia de capillas abiertas al público en el seno de las facultades", ha indicado.

El Colegio de Médicos pide custodia policial en centros de salud más conflictivos

MADRID.- El Colegio de Médicos de Madrid ha pedido a la Administración Pública que aumente la seguridad en los centros de salud más conflictivos para proteger tanto al personal sanitario como administrativo en los centros de salud más conflictivos ante los "crecientes" episodios de violencia, según ha informado el Colegio en un comunicado.

   El colectivo de médicos ha celebrado una Asamblea con motivo del Día Nacional de las Agresiones en el ámbito sanitario, donde se ha debatido la problemática de las agresiones a médicos.
   El vicepresidente del Colegio, el doctor Miguel García Alarrilla, ha detallado que "es fundamental en primer lugar que todos los centros con más riesgo de sufrir conflictos dispongan cuanto antes de custodia policial y que en un segundo momento, se realicen las modificaciones arquitectónicas necesarias en cada uno de ellos como habitaciones del pánico, cámaras de seguridad en los pasillos, etc."
   Además, ha propuesto la ejecución de las medidas incluidas en el protocolo de actuación ante situaciones conflictivas que puso en marcha la Comunidad de Madrid en 2004 (previa aprobación en el parlamento autonómico) y en cuya creación participó el Colegio de Médicos de Madrid.
   Por su parte, el vocal de Médicos Titulares y Rurales del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Alberto López Rocha, ha comentado que este protocolo "se puso en marcha en su momento, pero que no se está ejecutando".
   En este reglamento se incluyen medidas como carteles en los centros de salud de atención primaria y hospitales sobre los derechos y obligaciones de los paciente, dotar de infraestructuras a las consultas para que el médico pueda protegerse ante una agresión, GPS o incluso la posibilidad de ser acompañado por la policía en las asistencias domiciliarias.
   "Este protocolo debe aplicarse sobre un mapa" de los centros más conflictivos que a día de hoy sigue sin existir", ha comentado López Rocha y que en 2004 también se acordó realizar.
   Por todo ello, el doctor Miguel García Alarilla ha señalado "desde el Colegio de Médicos de Madrid se están haciendo grandes esfuerzos por erradicar esta situación y se lleva muchos años concienciado de esta problemática pero ahora es el momento de actuar con medidas concretas".

Lissavetzky tiene un Plan C para barrios con carencias

MADRID.- El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha propuesto un Plan C para al capital en el que participen tanto el Estado y la Comunidad de Madrid como el propio Ayuntamiento de la capital, destinado a los barrios que han sufrido "carencias" durante esta legislatura y que se base en el desarrollo de la Ley de Capitalidad.

   Durante un acto en Madrid Río, Lissavetzky ha explicado que su objetivo es lograr, mediante el "diálogo", que las tres administraciones "hagan un plan especial para Madrid (para solventar) las carencias generadas por la falta de inversiones durante los últimos años".
   Así, este Plan C o Plan Capital, como lo ha nombrado, se centraría en la creación de empleo, los programas sociales y el reequilibrio territorial, para "recuperar el tiempo perdido, sobre todo en inversiones, por culpa de las grandes obras".
   "No es momento de grandes obras, que llevan a una gran deuda e incluso la ruina o la hipoteca de las arcas municipales. Hay que apostar por las pequeñas soluciones para rescatar a los barrios del abandono", se ha justificado.
   Este plan, que a su juicio debería ser "plurianual", se basaría en el "esfuerzo conjunto" y el "acuerdo" de las tres administraciones, apoyándose para ello en la Ley de Capitalidad, que "tiene mecanismos que no se han puesto en marcha pero que son una buena herramienta" para este tipo de iniciativas.
   Sin embargo, una de las grandes carencias de esta ley, como ha reconocido el propio Lissavetzky, es que no establece ninguna financiación especial para la ciudad por sus especiales necesidades como capital del Reino.
   "Una cosa son las leyes y otra, las políticas. El espíritu de esta ley puede aprovecharse para que se sienten las tres administraciones y tomen una serie de decisiones porque creo que no se ha explotado suficientemente (la ley). Es cierto que venía sin financiación, y así la aceptó (Alberto Ruiz) Gallardón, pero aquí el hecho es que bajo ese paraguas, ese espíritu o filosofía y dada la situación en la que estamos, sería razonable que las tres administraciones no sentáramos, dejando a un lado ideologías, y que nos pongamos de acuerdo para ver cuáles son realmente las carencias de Madrid", ha subrayado.
   Así, ha rechazado que sea necesario cambiar la Ley para hacer un plan más efectivo, y ha señalado que "no ha habido que cambiarla para que haya habido Plan E".
"Si gobierno convocaré a las otras administraciones, leeré el espíritu y la filosofía de esta ley y diré, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, invertimos los tres aquí en Madrid, que al ser la capital de España merece un trato especial?", ha zanjado.