jueves, 26 de enero de 2012

El aumento del IBI en 2012 y 2013 supondrá 35 millones más para las arcas madrileñas

MADRID.- El aumento con "carácter temporal" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) este año y el que viene en virtud del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre, supondrá para las arcas del Ayuntamiento de Madrid "unos ingresos adicionales de 35,4 millones de euros en 2012 y en 2013", según las estimaciones del equipo de Gobierno, y un crecimiento del tipo del 4 por ciento.

   Así lo ha expuesto la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, en la comisión ordinaria del ramo, donde ha detallada que el incremento del tipo del 4 por ciento significa pasar del 0,581 por ciento en el tipo general al 0,604.
   La edil también ha matizado que ese incremento de tipos no se aplicará "al 50 por ciento de las viviendas con menor valor catastral". Concretamente no se verán afectadas las viviendas con un valor catastral inferior a los 89.237 euros, lo que se traduce en un total de 716.176 hogares.
   Pero ese Real Decreto para la corrección del déficit tendrá otras consecuencias en el Ayuntamiento madrileño, "aplicables a todo el sector público y que son de obligado cumplimiento", como ha recordado Dancausa. Entre ellas se encuentran la congelación retributiva para los trabajadores del Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas públicas y la imposibilidad desde este año de hacer aportaciones municipales a los planes de pensiones.
   También se incluye la prohibición de incorporar nuevo personal menos en los casos de anteriores ofertas de empleo público así como la de contratar a nuevo personal temporal o nombramientos de interinos salvo "en casos excepcionales o para cubrir necesidades urgentes e inaplazables o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos".
   Lo que está a la espera de un informe ministerial es la cuestión de las horas de trabajo de los empleados públicos (no inferior a 37 horas y 30 minutos semanales en el Ayuntamiento) ya que el Ayuntamiento entiende que el Real Decreto no afecta al conjunto de corporaciones locales.
   Tras la intervención de la delegada, el portavoz de Hacienda de UPyD, Mariano Palacios, ha definido de "bendita injerencia" la del Gobierno central en los asuntos de los ayuntamientos. "Es un favor del Gobierno de la Nación al equipo de Gobierno por el coste político que podría tener (esta medida) para solucionar el problema del impago a los proveedores", ha argumentado.
   Una de las intervenciones más críticas ha sido la del portavoz de Hacienda de IU, Jorge García Castaño, que ha cargado contra los más que previsibles "recortes" que se esperan para el mes de marzo, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
   "Será una nueva ronda de recortes y, si hay suerte, la hará el Gobierno de Mariano Rajoy", ha expuesto el edil, que ha destacado la situación de muchos trabajadores que "tienen que hacer las maletas y buscar vuelos en (la compañía de bajo coste) Ryanair" en busca de un empleo. A su vez, la socialista Noelia Martínez ha puesto el acento en la necesidad de seguir adelgazando la administración municipal pero mediante recortes en altos cargos.

La Asamblea rechaza celebrar un pleno extraordinario sobre la posible rebaja del IRPF

MADRID.- La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid ha rechazado celebrar un pleno extraordinario sobre la posible rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Madrid. 

   El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Ramón Marcos, ha asegurado que su postura ha sido votar a favor este pleno por dos razones destacadas, siendo la primera de ellas que "no parece razonable que enero y julio no sean periodos de trabajo".
"Enero debería estar habilitado como periodo ordinario de sesiones", ha insistido.
   Marcos ha explicado en segundo lugar que su grupo está a favor del aumento de la jornada laboral pero ha mostrado su "preocupación" por "la forma en que se ejecuta". "Deberían dar explicaciones", ha indicado.
   Por último, el diputado de la formación magenta ha explicado que "parecen desafortunadas las declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que podría bajar el tramo autonómico del IRPF" porque, en el momento en que las hizo, pudieron generar "una incertidumbre terrible".
   El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha denunciado que "el Partido Popular ha utilizado su mayoría en la Cámara para evitar la celebración de un Pleno extraordinario (puesto que el mes de enero es inhábil) donde se aborde la posible rebaja del tramo del IRPF en la Comunidad de Madrid".
   En su intervención en la Diputación Permanente, Gordo ha recordado que el Grupo de IU registró el pasado 10 de enero una petición para reunir la citada diputación y aprobar la celebración del Pleno, pero ésta se ha pospuesto hasta el día 26 de enero.
   El diputado ha acusado al PP de intentar silenciar las medidas que toman y les ha reprochado que no apliquen la misma celeridad para celebrar la Diputación Permanente que para incumplir su programa electoral.
   Finalmente, ha lamentado que la subida de impuestos y los recortes a los trabajadores no sean motivo de debate en la Asamblea de Madrid y ha insistido en "el absoluto desprecio del Partido Popular hacia la Cámara y hacia los madrileños, utilizando tretas parlamentarias para que se conozcan lo menos posible sus intenciones".
   Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha criticado que la presidenta, Esperanza Aguirre, "trate de escaparse con una cortina de humo sobre lo verdaderamente grave, que es que Rajoy ha decidido que cada madrileño pague 500 euros más de impuestos".
   Menéndez ha lamentado la tardanza del Partido Popular en tramitar la Diputación Permanente de esta mañana, en la que también se ha debatido la modificación en las condiciones laborales de los empleados públicos.
   "No tiene ningún sentido que se esté procediendo a recortar derechos tan importantes para los trabajadores y que no podamos tener un debate en el Parlamento cuando en la calle se están produciendo manifestaciones y protestas en defensa de los derechos de los trabajadores afectados", ha denunciado.
   Fuentes del Partido Popular han explicado que IU presentó su solicitud el pasado 10 de enero y que, desde unos días más tarde, la Consejería se encuentra en pleno proceso de "negociación y explicación" de la medida a los sindicatos.
   Así, las mismas fuentes han indicado que las reuniones y los encuentros continúan y que "lo lógico ahora es que sea en febrero cuando se debata en la Cámara". Además, han añadido que "este mismo jueves hay una comparecencia" de la consejera de Presidencia, Regina Plañiol, "para dar cuenta de esta medida y cuáles han sido las negociaciones".
   "No se entiende esta petición teniendo en cuenta que hay conversaciones con los sindicatos", han indicado desde el Partido Popular, que ha criticado la "postura caprichosa por parte de Izquierda Unida".
   En cuanto a la bajada del IRPF en su tramo autonómico, los 'populares' han señalado que se trata de una "reflexión política ajena a cualquier actuación" que, por tanto, no puede ser objeto de un debate extraordinario", por lo que han calificado esta propuesta de "disparate".

Fitch advierte de los problemas de las CCAA para financiar su deuda

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha advertido de las dificultades a las que podrían enfrentarse las comunidades autónomas para obtener financiación para su deuda debido a la situación del sector bancario y a la incertidumbre en torno a su desempeño financiero. 

   En un informe, la agencia destaca que el entorno operativo actual es probable que siga siendo complicado en 2012 a medida que los gobiernos de la eurozona implementen medidas de austeridad para recortar sus déficits y las perspectivas en torno al crecimiento económico sigan siendo débiles.
   "Una mayor incertidumbre en torno al comportamiento financiero y el desapalancamiento de los bancos podría hacer más difícil para algunos gobiernos territoriales, especialmente en España, obtener financiación para de su deuda nueva o existentes", señaló.
   En este sentido, añadió que estas tensiones financieras serán "más evidentes" en países que están experimentando una mayor incertidumbre en torno al éxito de las medidas de los gobiernos nacionales para reducir deuda, como Italia, Portugal o España.
   Fitch recuerda que un gran número de ratings de gobiernos territoriales tienen perspectiva 'negativa' o están en revisión para una posible rebaja después de los recortes de las calificaciones de Italia, Portugal o España en la segunda mitad de 2011. En algunos casos, incluyen además las perspectivas de un menor crecimiento económico, el deterioro de la generación de ingresos o los posibles recortes en la financiación de los gobiernos nacionales.
    Por otro lado, señala que la intensificación de la crisis de la eurozona en la segunda mitad de 2011 ha provocado un aumento general en el número de ratings con perspectiva 'negativa' asignados por la agencia, después de años de estabilidad en los ratings globales.
   "Los tentáculos de la crisis de la eurozona se han expandido a lo largo y a lo ancho, ahogando la solvencia de una gran número de sectores en todo el mundo", incide.
   En concreto, la proporción de ratings con perspectiva negativa aumentó globalmente hasta el 9,3% a finales del año 2011, por encima del mínimo del 6,8% registrado tras la quiebra de Lehman BrotHers. Sin embargo, este aumento sigue estando por debajo del 18,3% visto en el tercer trimestre de 2009.
   En concreto, la agencia destaca que el sector en el que más han aumentado las perspectivas 'negativas' es el de los bancos, donde pasaron del 8,5% de finales de la primera mitad del año hasta el 11,5%.
   En este contexto, Fitch subraya que el fin de la crisis de la eurozona, algo que no contempla en el corto plazo, se traduciría en una estabilización de las perspectivas 'negativas' más que en medidas positivas de rating, y apunta que incluso sus previsiones más conservadoras esperan nuevas rebajas en este escenario.
   La agencia mantiene desde el pasado mes de diciembre en vigilancia negativa las calificaciones de España, Italia, Chipre, Bélgica, Eslovenia e Irlanda y prevé tomar una decisión, que en la mayor parte de los casos será una rebaja, antes de finales de enero.

Cifuentes pide al 15M que notifique sus asambleas

MADRID.- La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha emplazado a los activistas del Movimiento 15M a notificar sus asambleas a la Delegación para que no haya "ningún problema".

   En una entrevista en ABC Punto Radio Cifuentes ha asegurado que "si quieren beneficiarse de la legislación vigente en cuanto al derecho de reunión que lo cumplan íntegramente". "Si lo comunican y lo notifican no habrá ningún problema", ha dicho.
   Asimismo, la delegada ha indicado que "hay que compatibilizar el derecho de reunión con el derecho de los ciudadanos a transitar por las calles. "Voy a tratar de compatibilizar ambos", ha añadido la delegada.
   "No queremos prohibir el derecho de reunión porque es un derecho constitucional, pero es obligatorio que se autorice para que lo protejamos. El problema es que no se comunica. Por ello, les pido que se notifique y que cumplan la Ley", ha reseñado.

La conflictividad laboral en diciembre se representó en Madrid con 18 huelgas

MADRID.- La conflictividad laboral de diciembre incidió especialmente en la provincia de Madrid, con 18 huelgas, seguida de Barcelona, con 12; Cádiz y La Coruña, con cinco; y Álava, Almería, Córdoba, Guipúzcoa y Vizcaya, con tres, según el último informe de la CEOE sobre conflictividad laboral.

   Atendiendo a los trabajadores que participaron en las huelgas, destacan Barcelona, con 1.096 huelguistas; Madrid, con 895, y Cádiz, con 202. Desde la perspectiva de las horas no trabajadas también sobresale Barcelona, con 101.928 horas perdidas, seguida de Madrid, con 72.280 horas.
   En general, las horas de trabajo perdidas por huelga superaron los 14 millones en 2011, lo que supone un 60,1 por ciento menos que en 2010, pese a que el número de huelgas fue mayor que en el año precedente.
   En concreto, se contabilizaron 1.168 huelgas en el año, con un incremento del 5 por ciento respecto a 2010, en las que se vieron directamente implicados 613.514 trabajadores, casi un 77 por ciento menos que en el ejercicio inmediatamente precedente.
   De las 1.168 huelgas registradas el año pasado, 856 fueron conflictos estrictamente laborales --descontando las huelgas de funcionarios y extralaborales--, con 450.862 trabajadores implicados y 8,7 millones de horas perdidas, un 11,4 por ciento menos.
   En el último mes del año se registraron 88 huelgas, un 38 por ciento menos que en igual mes de 2010, en las que participaron 11.821 trabajadores (-59 por ciento) y que supusieron la pérdida de 637.544 horas de trabajo, un 68,1 por ciento menos que en diciembre de 2010.
   De las 88 huelgas registradas en diciembre, 61 fueron conflictos estrictamente laborales, con 4.056 trabajadores implicados y 243.624 horas perdidas, un 83,6 por ciento menos.
   Los sectores de actividad económica más afectados por las huelgas de diciembre fueron los de metal, transportes y comunicaciones, actividades sanitarias, pesca y agricultura, educación y otros servicios.
   Además, de las 88 huelgas iniciadas en diciembre, 20 afectaron a empresas o servicios de carácter público, que fueron secundadas por 7.313 trabajadores y ocasionaron la pérdida de 382.264 horas, el 59,9 por ciento del total.
   En cuanto a las causas de la conflictividad laboral, 28 huelgas de diciembre se convocaron por la tramitación de expedientes de regulación de empleo, con 1.331 trabajadores implicados y 59.104 horas perdidas, el 9,27 por ciento del total de diciembre.
   Además, se registraron otras 10 huelgas para lograr el abono de salarios atrasados, con 243 participantes directos y 49.656 horas de trabajo perdidas.
   Otras 18 huelgas se produjeron para demandar diversas mejoras con independencia del convenio, secundadas por 1.365 trabajadores, que perdieron 103.248 horas de trabajo. Asimismo, otras cuatro huelgas respondieron a otras motivaciones, con 2.076 trabajadores implicados y 262.192 de horas perdidas.

El SER recaudó 76,5 millones en 2011 y espera ingresar 1,2 más con el incremento de tarifas

MADRID.- El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid recaudó el pasado año 76,5 millones de euros --de los que 69,8 fueron ingresos por tickets de parquímetros y 6,6 millones procedieron de tarjetas de residentes, vehículos comerciales y talleres de reparación de automóviles--, mientras que el Ayuntamiento de Madrid espera recaudar 1,2 millones de euros sólo con la ampliación, desde el segundo semestre de este 2012, de una hora en el servicio y el incremento de un 10 por ciento en las tarifas de la Zona de Bajas Emisiones.

   Así lo ha detallado la directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Rosa Ana Navarro, en la comisión ordinaria de Hacienda, donde ha explicado que los gastos externos que el Ayuntamiento abonó en 2011 a las concesionarias fue de 73,8 millones, a falta de tener los datos definitivos del ejercicio anterior.
   Navarro ha insistido en que esta tasa no tiene finalidad recaudatoria sino que forma parte de una estrategia de movilidad para mejorar la oferta del transporte público y disuadir del uso del vehículo privado.
   Estas palabras han sido rechazadas por el portavoz de Hacienda de UPyD, Mariano Palacios, que ha asegurado que esta tasa es vista por los madrileños como "un aumento de la carga fiscal", que además "no parece lo más eficaz viendo la evolución del uso del coche privado".
   "La medida estrella del Plan de Calidad del Aire será un aumento en el ahogo de los madrileños en lo que a pago de tributos se refiere", ha afirmado.

La Comunidad, partidaria de acumular la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- La Comunidad de Madrid, Andalucía y País Vasco, entre otras comunidades autónomas, se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no se van a convocar plazas para evitar así el 'efecto llamada'.
  
   Así lo ha manifestado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta, en muchos casos, antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.
   El ministro ha explicado que, dentro del criterio de reposición del profesorado establecido por el Gobierno para este año --una tasa del 10 por ciento--, muchas autonomías han optado por acumular la oferta de este año y la del siguiente con el objetivo de que supere la "masa crítica necesaria para que el coste (de la convocatoria) no fuera excesivo".
   A este motivo se une, según Wert, el de aprovechar la coyuntura para "reflexionar" este año sobre el sistema actual de formación inicial y selección del profesorado. "Hay quienes piensan que hay que aprovechar esta inesperada oportunidad para hacer una revisión de la formación y selección del profesorado. Todos estamos preocupados por la excelencia", ha aseverado.
   El titular de Educación ha señalado que desde su departamento no se ha impuesto nada, sino sólo se ha explicado el límite establecido por el Gobierno y cada comunidad puede darle el "uso" que considere oportuno.
   Asimismo, ha reiterado que en esta Conferencia Sectorial se ha intentado la "convergencia" de todas las comunidades sobre la posibilidad de acumular convocatorias con el objetivo de que no se produzcan "desequilibrios tectónicos" y se evite el denominado 'efecto llamada'.
   En cuanto al cambio de la estructura del sistema educativo, que contempla la ampliación del ciclo de Bachillerato de dos a tres años, el ministro no ha querido entrar en detalles, sólo ha advertido de que no se pretende rebajar la edad de la educación obligatoria, que actualmente se establece en los 16 años.
   "De ninguna manera ello supone rebajar, para quienes no sigan la vía del Bachillerato, la condición obligatoria de la enseñanza hasta los 16 años. No voy a entrar en el tecnicismo de la forma de resolverlo, pero el reparto en la Secundaria será de tres años de ESO y tres de Bachillerato", ha explicado.
   Wert ha indicado que para esta reforma es necesario el "mayor consenso posible" y ha destacado que en la reunión con los consejeros se ha solicitado al ministerio una evaluación del impacto y costes que supone la nueva estructura. No obstante, ha dicho que su intención es que esta medida se apruebe este año.
   "La ley no se va a llevar al Consejo de Ministros de mañana, pero sí probablemente (se apruebe) este año. Queremos que la reforma venga rodeada del máximo consenso y, conseguir esto, lleva tiempo. La determinación queremos hacerla compatible con la paciencia", ha añadido.
   El ministro y los consejeros han compartido la "preocupación" por la tensión financiera que atraviesan la mayoría de las comunidades autónomas y la voluntad para hacer frente a las tasas de abandono temprano del sistema educativo. En este sentido, ha insistido en el "reto exigente" de reducir la tasa de abandono del 28 por ciento al 10 en 2020.
   Asimismo, el ministro ha celebrado el "amplio acuerdo" de la Conferencia Sectorial para dar respuesta al paro juvenil que asciende al 47 por ciento y "conectarlo" con algunas facetas de sistema educativo, mediante la "revisión profunda" tanto de la Formación Profesional reglada como de la formación ocupacional.
   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Sindicatos acuerdan con el presidente de la CRUMA aplazar los recortes

MADRID.- Los sindicatos han acordado este jueves con el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y rector de la Carlos III, Daniel Peña, aplazar de momento la aplicación de las medidas que contempla la Ley de Acompañamiento de Gobierno regional en cuanto a la jornada laboral y que se extiende a los trabajadores de los centros universitarios.

   Tras el encuentro que ha durado aproximadamente una hora en dependencias de la Universidad Carlos III después de que Peña convocase de manera urgente esta mañana a los sindicatos a las 18 horas, el presidente de la CRUMA se ha comprometido a trasladar al resto de rectores los planteamientos de los representantes de los trabajadores y aplazar hasta próximo encuentro la aplicación de los "recortes".
   El secretario general de CC.OO. Enseñanza Madrid, Paco García, ha señalado a Europa Press que se ha planteado la constitución de una mesa de Universidades donde "no solo abordar si se aplican los recortes" que contempla la Ley de Acompañamiento sino de forma más general tratar "los recortes en la universidad pública en los últimos años" que son "preocupantes e intensos".
   El responsable de Universidades de FETE UGT Madrid, Marcelino Prado, ha explicado a Europa Press que desde su sindicato le han trasladado que las formas que han tenido los Rectorados a la hora de explicar la aplicación de la normativa "no ha sido la correcta" y que el "intentar aplicar" las mismas "sin negociar" es lo que ha hecho que las plantillas "se levanten".
   Así, ha explicado que Peña se ha comprometido a hablar con el resto de rectores entre el lunes y el martes y que se ha acordado posponer la aplicación de estas medidas hasta próximo encuentro. No obstante, las asambleas de trabajadores y el único encierro que permanece, en la Universidad de Alcalá de Henares, se va a mantener.
   Decenas de delegados sindicales iniciaron el martes una ronda de asambleas y encierros en todas las universidades públicas madrileñas para tratar y protestar por los recortes del Gobierno de Esperanza Aguirre que, según estiman, afectan a 16.000 empleados públicos universitarios.
   Son muchos los trabajadores los que durante estos días han pasado por las universidades públicas presenciales de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey Juan Carlos, Carlos III y Alcalá) para informarse de qué manera les afecta la Ley de Acompañamiento que aprobó la Comunidad de Madrid en diciembre y que supone ampliación de jornada y reducción del salario durante las bajas.

Dancausa asegura que "por iniciativa propia" el Ayuntamiento de Madrid no subirá los impuestos

MADRID.- La delegada de Hacienda en Madrid, Concepción Dancausa, ha asegurado este jueves en la comisión ordinaria del ramo que, "por iniciativa propia", el Ayuntamiento de la capital no subirá los impuestos que le corresponden.

   "Por iniciativa propia, el Ayuntamiento no hará una elevación de los impuestos locales", ha subrayado la edil, después de afirmar que "la senda del ajuste emprendida en 2008 permite afrontar la totalidad de los gastos municipales sin necesidad de acometer incremento impositivo alguno".
   Es uno de los cinco compromisos que ha adquirido la 'popular' en la presentación de lo que serán las claves de su gestión al frente de Hacienda, junto con el lugar destacado que ocupa el pago a proveedores. Y es que, en palabras de la edil, "todas las mejoras presupuestarias que puedan producirse serán destinadas en exclusiva al pago a proveedores".
   En este punto, Dancausa ha aprovechado para arremeter contra el anterior Ejecutivo nacional, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por "imponer a las entidades locales la inexplicable prohibición de refinanciar su deuda a diferencia de lo que les permitió tanto a comunidades autónomas como al mismo Estado". El objetivo es eliminar en 2016 la deuda comercial con los proveedores.
   Ante esto, la portavoz socialista de Hacienda, Noelia Martínez, ha respondido que no sólo deben agradecer la "paciencia" de los proveedores sino también los fondos ICO que aprobó el anterior Gobierno para reducir los plazos de pago.
   La deuda es otro de los compromisos de la titular de la Hacienda madrileña. Su objetivo es "reducir a la mitad" la deuda del Ayuntamiento indicando que desde 2009 y hasta 2011 "se ha reducido en más de 414 millones de euros mientras que el Estado la aumentó en más de 47.000 millones".
   A todo eso ha unido que desde la reciente aprobación del PEF 2012-2016 en Pleno, la situación económica ha "empeorado drásticamente" al "aflorar la magnitud real del déficit de las administraciones españolas", lo que ha llevado al equipo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "anunciar una fuerte reducción del gasto público para el próximo ejercicio".
   Además, ha incorporado las estimaciones de distintas instituciones, como el Banco de España, que auguran una caída del 1,5 por ciento del PIB. Por todo ello, Dancausa ha anunciado el diseño de un Plan de Contención del Gasto para garantizar la estabilidad presupuestaria y por estar decidida a "ejecutar el PEF incluso en los escenarios más adversos".
   Otro pilar de la gestión de Dancausa será la modernización de la Administración, con iniciativas a futuro como la eliminación de duplicidades -a la espera del dictamen de la comisión de la Asamblea, previsto para el día 22--, la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración y hasta una decena de Cartas de Servicios.
   Mención aparte ha hecho en lo referido a la reducción de cargas burocráticas, con el compromiso de la alcaldesa, Ana Botella, de eliminar las licencias necesarias para iniciar un negocio, siempre y cuando no necesiten Declaración de Impacto Ambiental. También se profundizará en la atención al ciudadano, con la futura posibilidad de realizar reclamaciones o sugerencias desde sus teléfonos móviles al tiempo que se potencia el uso de las redes sociales.
   En cuanto a la administración electrónica, la delegada ha avanzado que se impulsarán 25 nuevos proyectos, como la firma de empleado público, que será utilizada en todas las aplicaciones, y se incorporará a la tarjeta corporativa, o la Carpeta del Ciudadano y la Empresa. Sobre la política de personal, Dancausa ha afirmado que el diálogo social "seguirá siendo seña de identidad" de la organización municipal.
   Lo que primará durante su gestión será la "austeridad, la continuidad y la contención del gasto" mediante premisas como el plan de contención del gasto, que los ingresos corrientes ordinarios puedan financiar desde 2015 la totalidad de los gastos, reducir la deuda a la mitad o no incrementar los impuestos. Todas ellas están recogidas en el Plan Económico y Financiero 20012-2016.

CCOO denuncia la avalancha de recortes en la educación pública de la mayoría de las comunidades autónomas

MADRID.- La Federación de Enseñanza de CC.OO. exige al Gobierno central y a los de las comunidades autónomas que frenen los recortes que está sufriendo la educación pública y los profesionales de la enseñanza. 

   Estos recortes afectan a las plantillas de los centros, a las retribuciones, a la jornada laboral lectiva y de obligada permanencia en el centro y total y a los complementos retributivos que percibe el personal de la Seguridad Social en situación de baja por enfermedad y el personal de Muface.
   En algunas comunidades los recortes afectan a servicios esenciales. Así, por ejemplo, en Castilla-La Mancha los profesores cotizantes a la seguridad Social perderán los tres primeros días de su salario cada vez que tengan una baja laboral.  En Cataluña el complemento salarial llamado sexenio, se endurece de tal manera que pasa de los seis años actuales a nueve.
   En concreto, en la Comunidad de Madrid se aumenta a veinte horas el horario lectivo del profesorado de Secundaria y de Formación Profesional. En la Comunidad Valenciana se recorta el 50% del complemento de formación permanente. Al mismo tiempo se aumenta la carga lectiva del profesorado.
   En Baleares se suspende el Programa de Refuerzo y Orientación al Alumnado (PROA) con dificultades y en Navarra desaparecen 200 plazas de profesorado para el próximo curso y aumenta la carga lectiva de los docentes.
   En Galicia este curso hay 980 profesores menos en los centros públicos que el curso anterior. Además aumentan las horas lectivas tanto para el profesorado de Primaria como para el de Secundaria.
   En algunas comunidades sólo se cubrirán las bajas por enfermedad estrictamente imprescindibles, denuncia el sindicato en comunicado de prensa.
   A estas situaciones añade la paralización de las ofertas de empleo público docente tanto para 2012 como para los años siguientes. La decisión de no convocar oposiciones se ha convertido en un subterfugio para empeorar las condiciones laborales del profesorado.
   Por ello CCOO rechaza enérgicamente esta medida y exige ofertas de empleo en todas las comunidades autónomas, que sirvan al menos para compensar las jubilaciones que se están produciendo.
   Ante estos ataques "sin precedentes" a la calidad educativa, a la igualdad de oportunidades y al empleo en el sector, CCOO comunica que seguirá movilizándose e insistiendo en la necesidad urgente de frenar esta política de recortes.
   Y es que, indicó José Campos, secretario general de FECCOO, "hemos manifestado en reiteradas ocasiones que los recortes no han servido ni para combatir el desempleo ni para transformar el modelo productivo, sino para desprestigiar un servicio publico educativo, que debe ser de calidad, porque la educación es la mejor política económica y la mejor inversión de un país, así como la mejor política social y el instrumento más idóneo para impulsar la igualdad de oportunidades, por lo que no dejaremos de movilizarnos para seguir rechazando estos recortes".

El presidente del TSJM, a favor de las medidas de Gallardón

MADRID.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha respaldado este jueves las medidas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, si bien ha considerado que sería necesario que la futura reforma afectase a la segunda instancia en los procesos penales, donde podrían abordarse medidas diferentes al establecimiento de una tasa".

    Vieira se ha mostrado de acuerdo con las reformas que propone el ministro de Justicia. "Desde hace mucho tiempo, y en diferentes foros, he reclamado medidas que reduzcan la litigiosidad, y una de las posibilidades más eficaces es precisamente la que Ruiz Gallardón ha anunciado respecto a la segunda instancia y que tiene por objeto evitar el abuso en los recursos", ha dicho.
   Asimismo, ha considerado "crucial" el enjuiciamiento conjunto de mayores y menores implicados "en los mismos hechos para evitar resoluciones contradictorias y la mayor complejidad de los procesos".
   Además, se ha mostrado a favor de la prisión permanente revisable, ya que a su juicio "potenciará el esfuerzo rehabilitador efectivo de los delincuentes y evitará sensaciones de impunidad".
   "También veo imprescindible una reforma urgente y en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se potencie la intervención del fiscal en la investigación del delito", ha señalado.
   En cambio, el presidente del TSJM discrepa de la propuesta de habilitar el mes de agosto, ya que en su opinión "debe mantenerse en los términos actuales".
   En esta línea, ha estimado que "los esfuerzos en la optimización de recursos en este aspecto se deben concentrar en el régimen de licencias y permisos de jueces y funcionarios, haciéndolos coincidir en mayor medida con las fiestas naturales y los periodos en los que disminuye la actividad judicial".
   Sobre el nombramiento de los vocales del Poder Judicial, ha asegurado que cree que la designación de "procedencia judicial por jueces y magistrados da satisfacción a una antigua reivindicación de muchas personas vinculadas a la justicia, al objeto de recuperar la separación de poderes que diseña la Constitución".

Los inversores, atentos a los edificios de oficinas embargados que liquidarán los bancos

MADRID.- Los inversores inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras liquiden los activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en balance, muchas de ellas en Madrid, según indica un estudio de mercado de Jones Lang LaSalle.

   Esta consultora inmobiliaria estima que este tipo de inmuebles comenzarán a salir al mercado en el segundo trimestre de este año.
   "Las instituciones financieras todavía no están dispuestas a aceptar los ajustes de precio necesarios y además se encuentran limitados por el hecho de que algunos de estos activos forman parte de préstamos sindicatos firmados con otras entidades", indica la  firma para explicar la demora en la venta de estos activos.
   Por el momento, en 2011 la inversión en edificios de oficinas de Madrid fue de menos de la mitad respecto al total de 2010. El pasado año se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes.
   En este importe no se incluye la operación por la que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, adquirió la Torre Picasso de Madrid a FCC por 400 millones de euros, una transacción que "se espera que concluya en el primer trimestre" de este año.
   No obstante, para Jones Lang LaSalle, esta operación "confirma" que se mantiene el interés de los inversores inmobiliarios nacionales "en buenos productos".
   En este sentido, el estudio de mercado de la firma destaca que las rentabilidades para edificios de oficinas en inversión ha alcanzado el 6% por vez primera desde 2009, equiparando así esta tasa a las que presentan Barcelona y Bruselas.
   Respecto al mercado de alquiler de oficinas en la capital, la consultora constata un descenso en las rentas de alrededor del 1% durante el pasado año, como consecuencia de la menor oferta y la alta tasa de disponibilidad.
   Según sus datos, a cierre del pasado mes de año casi el 11% de la superficie del parque total de oficinas de Madrid estaba vacío, porcentaje superior al de 2010 "a causa de desocupaciones graduales".

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.
   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.
   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.
   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".
   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.
   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.
   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.
   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".
   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.
   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.
   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".
   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".
"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".
   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.
   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".
   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.
   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".
   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.
   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.
   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.
   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".
   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".
   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".
   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

Pablo Cavero ya es consejero de Transportes e Infraestructuras

MADRID.- La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presidió la toma de posesión de Pablo Cavero como nuevo Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad. Transcurrido un mes tras la marcha de Antonio Beteta como consejero de dicha Consejería, Pablo Cavero retoma las riendas.

El hasta ahora director de Planificación Estratégica para Europa Occidental de Barclays Bank, afirma que tratará de “cumplir al máximo con el programa de Aguirre y los compromisos con los madrileños dentro del contexto de crisis” tras esas ‘cien horas de rigor’ que le permitirán ponerse al día.
Consciente del equilibrio que deberá alcanzar entre la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras y los transportes en la Comunidad de Madrid, Cavero afirma que viene con el compromiso de “servir” y “escuchar” a todos los madrileños.
Por otra parte, Luis Asúa se suma al desfile de concejales 'populares' que abandonan el Ayuntamiento de Madrid menos de un año después de las elecciones municipales, en su caso para ser viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, tras la marcha de su anterior titular, Federico Ramos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
   Quien en los últimos nueve meses ha sido concejal del distrito de Chamberí abandonará el Consistorio, lo que podría ocurrir ya en el próximo Pleno, el 31 de enero, y será sustituido por el siguiente en la lista electoral, Pedro Corral.
   Asúa (Madrid, 1962) es licenciado en Derecho y ejerció la abogacía hasta 1999, cuando fue elegido concejal en la capital. En el Ayuntamiento madrileño ha desempeñado los cargos de concejal-presidente de los distritos de Chamberí y Tetuán (1999-2003), Centro y Chamberí (2003-2007) y Retiro (2007-2011).
   En la actual legislatura volvió al distrito de Chamberí y, además, ha ejercido de representante 'popular' en las comisiones de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, y de Vigilancia de las Contrataciones.
   Ahora, sustituirá la vacante que dejó el anterior viceconsejero, Federico Ramos de Armas, cuando saltó al Ejecutivo nacional el pasado 30 de diciembre en calidad de secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
   Asúa es el quinto edil 'popular' que abandona el Grupo Municipal Popular en esta legislatura, después de que hayan seguido el mismo camino Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Juan Bravo y Pilar Martínez, además de Alicia Moreno, si bien esta última no tenía acta de concejal.

Hacienda no cree que Madrid quiera hacer un paraíso fiscal con su proyecto de Las Vegas

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no cree que la Comunidad de Madrid pretenda crear un paraíso fiscal a través del proyecto conocido como Las Vegas Madrid, que planea construirse en la capital o en Alcorcón. 

   Así lo ha dicho Montoro, quien ha recordado que España tiene unas normas fiscales claras que hay que cumplir.
   Esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que tenía intención de dar todas las "facilidades" a los inversores que proyectan construir el macrocomplejo de hoteles, casinos y centros de convenciones conocido, aunque aseguró que "se respetará siempre la ley".
   Aguirre justificó la construcción del proyecto y la implicación de todas las administraciones públicas porque, según la presidenta regional, consiguiría crear unos 200.000 empleos definitivos.
Por otra parte, el conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, viajó a Las Vegas (Estados Unidos) en noviembre para intentar que el macrocomplejo de ocio que Las Vegas Sands Corporation quiere ubicar en Europa se construya en Catalunya.
   Fuentes de la Conselleria han explicado que, en un viaje relámpago --de apenas 72 horas-- el conseller se reunió con el presidente de la empresa estadounidense, el promotor multimillonario Adelson Sheldon.
   Según la Conselleria, Mas-Colell viajó para conocer las intenciones de la empresa de primera mano, y constató que "Cataluña y Barcelona siguen siendo destinos atractivos para el proyecto", a la vez que se interesó especialmente por la vertiente de captación de congresos del complejo, además de la de ocio.
   Los contactos y las negociaciones se mantienen, pero el proyecto es grande y se tiene que estudiar "lentamente", han señalado las citadas fuentes, que no han querido concretar cuáles son los terrenos que interesan al empresario americano, aunque ya están localizados.
    La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que a la región le ha salido un "competidor" para atraer esta inversión, que según sus cálculos generaría 200.000 puestos de trabajo en los diez años que duraría la construcción.

Dos concejales abandonan el Ayuntamiento de Madrid para ocupar viceconsejerías

MADRID.- La concejala presidenta del distrito de Fuencarral-El Pardo, Elena González Moñux, y el concejal de Chamberí Luis Asúa abandonarán el Ayuntamiento de Madrid para ocupar la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas y la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid respectivamente, según han informado fuentes cercanas a los nombramientos.

   Se trata de algunos de los nombramientos que faltaban por conocerse después de que los anteriores viceconsejeros dejaran el Gobierno. En concreto, Alfonso Cuenca solicitó la semana pasada al Consejo de Gobierno su cese a petición propia para irse de letrado a las Cortes tras estar desde 2003 en este cargo de la Consejería de Presidencia y Justicia.
    En el caso de Asúa, que se suma al desfile de concejales 'populares' que abandonan el Ayuntamiento de Madrid menos de un año después de las elecciones municipales, sustituirá a Federico Ramos que se ha marchado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
   González Moñux, que en los últimos nueve meses ha sido concejal presidente del distrito de Fuencarral-El Pardo abandonará el Consistorio, lo que podría ocurrir ya en el próximo Pleno, el 31 de enero, y será sustituida por el siguiente en la lista electoral que el PP presentó en las pasadas municipales, José A. González Rosa. Asúa, por su parte, será por sustituido por Pedro Corral.
    Es la sexta edil 'popular' que abandona el Grupo Municipal Popular en esta legislatura, después de que hayan seguido el mismo camino Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Juan Bravo y Pilar Martínez, además de Alicia Moreno, si bien esta última no tenía acta de concejal.
      González Moñux, que nació en Madrid en 1962, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado en diferentes empresas del sector privado como responsable de los departamentos de recursos humanos y de asesoría jurídica.
   En el año 1995 fue nombrada gerente regional del Partido Popular de Madrid y ha sido diputada en la Asamblea de Madrid durante la V legislatura (1999-2003) y portavoz en la Comisión de la Mujer. Además, de noviembre a mayo de 2003 ejerció como secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
   En junio de 2003 tomó posesión como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido concejala presidenta del Distrito de Retiro (2003-2007) y del Distrito de Fuencarral-El Pardo (2007-2011) además de representante del Grupo Municipal del Partido Popular en las Comisiones del Pleno de Hacienda y Administración Pública.

Empleados públicos se concentrarán todos los jueves contra los "recortes"

MADRID.- Trabajadores públicos se concentrarán todos los jueves de 11 a 11.30 horas a partir de hoy, 26 de enero, ante la sede del suprimido Servicio Regional de Empleo para "protestar contra los recortes aplicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a los empleados públicos".

   Según ha informado UGT en un comunicado, las concentraciones también servirán para protestar "contra el descrédito que Aguirre pretende instaurar en toda la sociedad contra sus empleados para tener una justificación a la externalización de los servicios públicos, es decir, para privatizarlos".
   "Estamos viviendo una tomadura de pelo in situ: mientras nos recortan el sueldo, el derecho a cobrar nuestro salario cuando tenemos bajas médicas, nos aumentan la jornada, no tenemos folios para trabajar... en este edificio están reformando la quinta planta para acoger al viceconsejero de Empleo y Direcciones Generales", ha reprochado el sindicato.
   Esto, "unido a la más absoluta descoordinación y al cambio continuo de opiniones y modelos de gestión", obliga a los trabajadores públicos, dice UGT, a "salir a la calle para intentar frenar este despilfarro económico del dinero de todos los madrileños en tiempos de crisis".

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.
   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.
   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.
   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.
   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.
   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.
   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.
   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.
   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".
   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".
   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".
   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".
   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".
   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.