martes, 10 de abril de 2012

Las tasas universitarías en Madrid aumentan el precio medio de matrícula en un 5%

MADRID.- Las tasas universitarías en la Comunidad de Madrid aumentaron el precio medio de matrícula en un 5 por ciento, según datos facilitados a Europa Press por la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE).  

   En líneas generales, las tasas en España pueden variar desde los 557,4 euros que cuesta una primera matrícula en Andalucía hasta los 1.726  euros de Galicia. Lo que abonan los estudiantes representa entre el 15 y el 20 por ciento por ciento del coste real de una carrera.
   Después del anuncio del Gobierno de recortes en educación por un valor estimado de 3.000 euros, una de las medidas que se ha barajado y que el ministro de Educación ya trató con los consejeros autonómicos el pasado mes de enero es la subida de tasas universitarias.
   En este sentido, en la actualidad son las comunidades autónomas las que deciden cuánto debe aumentar o disminuir el precio de los créditos cada año, aunque estas modificaciones deben estar dentro de la horquilla que marca el Gobierno central.
   Estos valores se establecen poniendo como mínimo el equivalente al IPC y como máximo dicha cantidad más cuatro puntos. Así, para el curso 2011-2012, el Ejecutivo ha marcado un mínimo del 3,6 por ciento y un máximo del 7,6 por ciento.
   Cataluña ha sido la única autonomía que ha decidido subir el máximo posible, un 7,6 por ciento. Allí, el primer curso de una carrera puede costar entre 900 y 1.400 euros. Le sigue la Comunidad Valenciana, en donde este curso aumentaron las tasas un 7,5 por ciento, elevando el coste de un curso en hasta seis euros mensuales. En este caso, un estudiante de primer año podría pagar entre 720 y 1.089 euros al año.
   Mientras, Asturias y Madrid aumentaron el precio medio de matrícula en un 5 por ciento, seguidas por Castilla y León (4,8 por ciento en primer y segundo ciclo y 6,7 por ciento en grados), Andalucía (4,3 por ciento), Murcia (4,1 por ciento en primer y segundo ciclo y 5 por ciento en grados) y Navarra (4 por ciento).
   De este modo, el primer curso universitario en Madrid tiene unas tasas de entre 843,4 y 1.316 euros por matrícula, según la carrera. En cuanto a las más asequibles, un primer curso en Andalucía oscilará entre los 557,4 y los 606,6 euros. A esta le siguen Murcia, con unas tasas de entre 606,6 y 934,2 euros y Galicia, cuyas matrículas oscilan entre los 562 euros y los 1.726 euros. Por su parte, en el País Vasco, el primer año de carrera tiene un coste de 885 a 1.363 euros.
   Finalmente, según las mismas cifras, los alumnos universitarios españoles pagaron de media 10,71 euros por crédito matriculado por vez primera en la experimentalidad mínima y 16,13 en la máxima en enseñanzas de primer y segundo ciclo; y 12 y 18,58 euros, respectivamente, en las titulaciones de grado.

El 90% de los nuevos locales podrán abrir sin licencia expresa en Madrid

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid modificará la ordenanza de gestión de licencias para que, antes de que acabe el año, "nueve de cada diez" negocios puedan comenzar su actividad sin necesitar la concesión de la licencia al incorporarse al procedimiento de comunicación previa, como ha adelantado este martes en un desayuno informativo el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo.

   La intención del Consistorio pasa por incorporar más procedimientos a la comunicación previa, que en este momento representa un 72 por ciento del total. El edil estima que los trabajos arrancarán en junio para finalizar antes de que concluya el año.
   La comunicación previa está destinada a actividades sin incidencia ambiental o que no afecten a la seguridad de las personas ya que esas sí requieren un estudio más detallado. Sería, por ejemplo, el caso de una juguetería o una tienda de moda.
   Actualmente, los procedimientos de comunicación previa suponen para el emprendedor un tiempo de espera que está por debajo de los 15 días de media desde que presenta la documentación correcta requerida para cada actividad, tal y como marca la normativa. El tiempo medio estimado, si se tiene en cuenta el momento desde el que el ciudadano se dirige a la Entidad Colaboradora (ECLU), se sitúa de media en los 77 días.
   Los plazos de tramitación para otros procedimientos menos habituales, desde que el ciudadano acude a la entidad colaboradora (ECLU) son de104 días para la implantación o modificación de actividad y 107 días para los procedimientos ordinarios.
   La hoja de ruta marcada por el área que dirige Calvo pasa por un aumento de la agilización en el proceso, lo que se llevará a cabo con la reforma de la ordenanza para que "haya más actividades que en lugar de ir a procedimientos ordinarios o de modificación de actividad pasen a ser comunicaciones previas".
   De este modo se podría iniciar la actividad "sólo con la verificación de la conformidad, en coherencia con la modificación de la Comunidad de Madrid en la Ley del Comercio Minorista, que introduce el modelo de declaración responsable, equiparable al certificado de conformidad". Con la modificación de la ordenanza, unas "veintitantas" actividades -entre un 10 y un 15 por ciento_podrían pasar a ser tramitadas con el sistema de comunicación previa.
   De los casi 8.000 certificados emitidos por las ECLU en los dos primeros años de vida del nuevo sistema, 5.631 han sido comunicaciones previas, esto es, procedimientos en los que el particular puede iniciar la actuación sin necesidad de licencia expresa. En el resto de procedimientos, 1.833 certificados corresponden al de Implantación y Modificación de Actividades (IMA) y 202 al Procedimiento Ordinario abreviado.
   En ambos, el particular puede iniciar las obras con el certificado de conformidad, antes de obtener la licencia definitiva. Los 195 restantes son los referidos a las actuaciones y obras más complejas, que requieren proyecto de edificación, es decir, el procedimiento ordinario común que sí requiere licencia previa al inicio las obras.
   Esto supone, en palabras de Pedro Calvo, que en la ciudad de Madrid el 98 por ciento de las actuaciones en actividades se inician con la obtención del certificado de conformidad en la ECLU, sin esperar a la licencia. También ha comparado el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2011 destacando que los certificados de conformidad se han incrementado un 33,5 por ciento.

El nuevo sistema de licencias reduce la concesión a 77 días

MADRID.- El nuevo sistema de concesión de licencias que el Ayuntamiento de Madrid aprobó ahora hace dos años ha supuesto una reducción en el tiempo de concesión, que ha pasado de un año con el anterior a los 77 días actuales de media en el procedimiento más sencillo y común, el de comunicación previa, al que corresponde el 72 por ciento de las solicitudes, siendo la gran mayoría de las concedidas las destinadas al comercio (40 por ciento).

   Así lo ha detallado este martes el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, en un desayuno informativo en el que ha dado cuenta de la actividad de la Agencia para la Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) en sus dos primeros años de vida.
   El edil ha destacado la reducción de ese plazo temporal, que empieza a contar desde el momento en el que el ciudadano se dirige a la Entidad Colaboradora (ECLU) con la documentación correcta requerida para cada actividad. Los plazos de tramitación para otros procedimientos menos habituales, desde que el ciudadano acude a la ECLU, pasan por los 104 días para la implantación o modificación de actividad y 107 días para los procedimientos ordinarios.
   Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia de Licencias y hasta el pasado 31 de marzo, los ciudadanos presentaron a través de las Entidades Colaboradoras un total de 16.039 solicitudes para distintos tipos de actuaciones en diversas actividades económicas en Madrid. De ellas, han sido concluidas 10.988.
   Por otro lado, el volumen de solicitudes en el primer trimestre de este año llega a las 2.194, una cifra que supera las 1.955 presentadas en el mismo periodo de 2011. Esto ha sido definido por Calvo como un dato "discreto pero positivo" y que sólo se podría interpretar como un signo de recuperación económica "si se consolidara en más trimestres".
   En cuanto a los tipos de actividad, en estos dos años de funcionamiento de la Agencia, la mayoría de los certificados de conformidad o licencias emitidas se corresponde con la actividad comercial (40 por ciento), seguida de hostelería y oficinas, ambas con un 12 por ciento. Después, con un 9, se sitúan las peluquerías y centros de estética y asimilados.
   Además de la celeridad, otro de los aspectos especialmente valorado por Calvo del nuevo sistema ha sido el ahorro para el bolsillo del emprendedor. Y es que con el nuevo sistema se sustituye la tasa anterior por un precio que se abona a las ECLU y que "puede suponer un ahorro de hasta un 20 por ciento". A eso ha unido la simplificación de los procedimientos y una mayor homogeneidad ya que antes había 21 juntas de distritos que podían interpretar la normativa y ahora sólo está la Agencia de Licencias como único interlocutor y con protocolos comunes para las entidades colaboradoras.
   En cuanto a las inspecciones, la Agencia ha realizado 5.108 desde que se puso en marcha y hasta el pasado 31 de marzo, de modo que a la semana se lleva a cabo una media  de 75, de las que la mitad corresponde a denuncias, bien de particulares o bien de otros servicios municipales.
   En el primer trimestre de este año se contabilizan 1.224 inspecciones, lo que supone un incremento de casi un 50 por ciento respecto del mismo periodo de 2011. El Gobierno municipal, como ha señalado Calvo, mantiene el objetivo de inspeccionar de oficio un tercio de las obras o actividades sobre las que se ha emitido un certificado de conformidad.
   En el mismo periodo, los expedientes sancionadores gestionados por la Agencia han sido  de 4.614, con una media de 62 semanales. El delegado ha detallado que se han priorizado las sanciones vinculadas a las actividades sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos al ser las que más quejas ciudadanas suman.
   Por otro lado, Calvo ha subrayado que con el nuevo modelo aumenta la información presencial. Así, la media en 2011 fue de 125 personas atendidas a la semana por cuestiones urbanísticas, un 291 por ciento más que en el ejercicio anterior aunque ese fuera un año incompleto en cuanto a la implantación total del sistema.
   También hay que tener en cuenta el asesoramiento que ofrecen las 27 ECLUS repartidas por 48 oficinas en la ciudad. Las más numerosas se encuentran en Centro, Salamanca, Chamartín, Chamberí y Carabanchel. Los distritos en los que más licencias se han tramitado en estos dos años han sido Salamanca, Ciudad Lineal, Tetuán, Chamartín y Carabanchel.
   El concejal no ha querido concluir su intervención sin destacar el escaso número de reclamaciones presentadas en este tiempo: en el primer trimestre del año se han presentado seis, es decir, "dos de cada mil clientes reclaman ante las ECLUS".

Aguirre considera que Rajoy no está preocupado por una posible intervención de España

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que no cree que el jefe del Ejecutivo de la nación, Mariano Rajoy, esté preocupado por la posibilidad de que intervengan España aunque, no obstante, le ha transmitido que si el país debe elegir un modelo a seguir ella escogería Irlanda.

   Aguirre y Rajoy se han reunido hoy en el Palacio de La Moncloa por primera vez desde que el 'popular' llegase a la Presidencia del Gobierno, un encuentro que ha durado una hora y veinte minutos y que ha estado centrado en la política nacional y en la economía.
   En rueda de prensa posterior, Aguirre ha sido preguntada por si cree que el presidente del Gobierno teme la intervención de España, a lo que ha respondido negativamente. "No creo que el Gobierno tenga la preocupación de la intervención, pero es verdad que le he transmitido que de entre los países que tienen problemas mi modelo es Irlanda y no los demás. Mejor una vez colorado que ciento amarillo", ha dicho.

La Comunidad justifica la subida tarifaria en la necesidad de equilibrar las finanzas del transporte colectivo

MADRID.- El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha justificado la propuesta de subida tarifaria que se aprobará este miércoles en el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes en la necesidad de equilibrar las finanzas del transporte colectivo.

   "Necesitamos equilibrar las finanzas del transporte colectivo y tratar de subir la actual cobertura de gastos sobre ingresos, que está en el 40 por ciento. Es decir, en el transporte colectivo, de cada 10 euros de gasto, solamente se ve cubierto por 4 euros de ingresos y necesitamos subir esa cobertura a un 50 por ciento", ha explicado.
   Para subir esa cobertura, Cavero ha señalado que se ha establecido un plan de optimización por parte de los gestores de Metro de Madrid y el resto de Transportes "para mejorar la gestión de los costes y quitar todos los costes superfluos, y en paralelo, implantar medidas para mejorar los ingresos del transporte colectivo".
   El Consorcio va a aprobar esta nueva subida del transporte una vez visto cuál es la inflación del mismo debido a la "fuerte" subida energética --16,85 por ciento del gasóleo y 7,4 por ciento de electricidad--, y una vez conocida la partida destinada al Consorcio en los Presupuestos Generales del Estado, y que se traduce en casi 50 millones de euros menos.
   El transporte colectivo en Madrid cuesta mantenerlo unos 2.500 millones de euros al año, unos costes que en años anteriores se ha estado cubriendo con déficit. De esta cantidad, 980 millones se cubren con los ingresos que generan los billetes de los usuarios y el resto, 1.520 millones, parten de las administraciones (1.200 de la Comunidad, 200 del Ayuntamiento de Madrid y 120 millones del Estado).
   El objetivo marcado es mejorar las finanzas en 270 millones de euros. Para ello, se persigue ahorrar 120 millones de euros en los costes de la red de suministros (proveedores, gastos de limpieza y otros) y obtener 30 millones de euros con nuevos ingresos a través, por ejemplo, de apostar por nuevas formas publicitarias.
   Los 120 millones de euros restantes, para alcanzar los 270 millones de euros de objetivo, se quieren obtener con la modificación de las tarifas, que entrará en vigor el próximo mes de mayo y que supone un incremento del 11 por ciento de media en los títulos del transporte público.
   Desde el Gobierno regional recuerdan que la subida se produce después de 16 meses sin actualizar los precios, a excepción del billete sencillo, que se incrementó en verano un 50 por ciento. Otras ciudades como Barcelona y Bilbao lo hicieron a principios de año, con unas subidas del 8 y 7 por ciento respectivamente.

El Abono Transporte subirá en mayo un 7,8% y el Metrobús costará 12 euros

MADRID.- Los títulos del Abono Transporte subirán el próximo mes de mayo en la Comunidad de Madrid un 7,87 por ciento mientras que el Metrobús, que ahora cuesta 9,30 euros, experimentará una subida del 29 por ciento, hasta situarse en los 12 euros, según ha adelantado el consejero de Transportes e Infraestructuras madrileño, Pablo Cavero.

   En concreto, esta será la propuesta que el consejero lleve este miércoles al Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, que preside, y donde se contempla dentro del orden del día la modificación tarifaria, después de que a finales de año, como suele darse, no se produjera ningún incremento en los títulos.
   La revisión que se aprobará este miércoles implica un incremento medio del precio de los títulos de transporte del 11 por ciento, una medida que, según el consejero, es "necesaria" por razones de "equilibrio presupuestario" después de la reducción en un 25 por ciento de la aportación del Estado al Consorcio.
   Además, recuerdan que no se ha actualizado el precio del billete, a excepción del sencillo, desde hace 16 meses, y que se hace necesario ahora tras la subida en el último año del 16,85 por ciento del gasóleo y de un 7,4 por ciento de la luz, energías imprescindibles para el funcionamiento del transporte.
   De todos los títulos, los abonos transporte son los que experimentan una menor subida, en concreto, del 7,8 por ciento. De este modo, el título para zona A costará 51,30 euros, zona B1 (59,80 euros), zona B2 (67,60 euros), B3 (77 euros), C1 (84 euros), C2 (93,20 euros), E1 (103,80 euros), E2 (123,80 euros).
   Dentro de los abonos transporte, usados por un 62 por ciento de los viajeros, los que menos suben son los de la tercera edad y la tarjeta azul, entre un 5,4 y un 6,4 por ciento. En concreto, el primero pasará a costar a partir del próximo mes 11,60 euros y el segundo, 5,80 euros.
   Por su parte, el Abono Joven en zona A pasará a 32,90 euros; zona B1 (37,30 euros), zona B2 (42,30 euros), B3 (48,40 euros), C1 (52,80 euros), C2 (58,10 euros), E1 (73,50 euros), E2 (91,50 euros). Este abono, a partir de junio, pasará a tener una validez de 30 días naturales que no tendrán que coincidir con el mes natural.
   Una de las novedades es la desaparición del billete sencillo de Metro como tal y la implantación de uno nuevo por estaciones. Así, si el usuario quiere recorrer un máximo de cinco estaciones, el precio del título se mantiene como hasta ahora, en 1,5 euros, después de la subida del 50 por ciento experimentada en verano del año pasado.
   Según el Gobierno regional, las cinco estaciones es la distancia que recorre el 45 por ciento de los usuarios de este tipo de billete. Estas estaciones pueden pertenecer a una misma línea o a varias, puesto que el usuario podrá seguir realizando el mismo billetes para los transbordos que necesite.
   Si en cambio, el viajero va a utilizar entre cinco y diez estaciones, el precio se le incrementará diez céntimos por cada estación adicional hasta un máximo de dos euros por billete para quienes recorran diez estaciones o más, una distancia que solo superan el 20 por ciento de los usuarios de el billete sencillo.
   Para adquirir este billete, los usuarios deberán especificar su estación de destino al realizar la compra del billete y la máquina expendedora realizará el cálculo directamente a través de un nuevo software que se está desarrollando. Los controles a las salidas se intensificarán para una adecuada aplicación del nuevo billete, que estará en funcionamiento el próximo 1 de junio.
   Por otro lado, el billete sencillo de EMT, por su parte, se mantiene como en la actualidad y seguirá costando 1,5 euros. También se mantienen como hasta ahora el billete sencillo de Metrosur, Metronorte, Metro Este, Metros Ligeros, TFM y Tranvía de Parla, todos a 1,5 euros.
   El billete sencillo combinado, que permite realizar trayectos en más de una red de Metro, es decir, Metro de Madrid, Metrosur, MetroEste, Metronorte, Metros Ligeros y Tranvía de Parla, también se mantiene y pasará a costar tres euros.
   El Consorcio Regional de Transportes pondrá también en marcha un título de 10 viajes para la EMT con transbordo, que permitirá hacer un cambio de línea de autobús en los primeros 60 minutos del trayecto con el mismo billete, es decir, sin necesidad de picar de nuevo como ocurre actualmente.
   Este nuevo título costará 18 euros y supondrá un ahorro del 25 por ciento respecto a la adquisición de dos metrobuses normales (que pasarían a costar doce euros cada uno). No obstante, el título de metrobús como tal, de diez viajes, seguirá, válido tanto para la EMT, como para Metro y Metro Ligero.
   También se mantienen los títulos de 10 viajes para MetroNorte, Metrosur, MetroEste, que pasarán a costar 11 euros, y el título de 10 viajes combinado para Metro de la capital, MetroNorte, Metrosur, MetroEste, TFM y Metros Ligeros, que costará 18 euros.
   El suplemento al Aeropuerto también se modifica. Así, el precio del billete del Servicio Express de la EMT al Aeropuerto pasará a costar 5 euros. Equiparando esta tarifa al servicio de Metro, el suplemento al aeropuerto tendrá un coste de 3 euros, al que se sumará el precio del billete sencillo, es decir, entre 1,5 y 2 euros, según el número de estaciones.
   Por ejemplo, si uno viaja de Barajas Pueblo a la T4, el precio del título le saldrá por 4,5 euros (3 euros de suplemento más 1,5 euros del billete sencillo con una estación de recorrido). No obstante, los usuarios de abono transporte (dos tercios de los usuarios del transporte público de Madrid) y todos los trabajadores del aeropuerto seguirán exentos de pagar este suplemento.
   Por último, los precios de los autobuses interurbanos también se modifican. El billete sencillo en A-B1, B1-B2, B2-B3, B3-C1, C1-C2 pasará a costar 2 euros y el de 10 viajes, 12 euros; el billete sencillo del A-B2, B1-B3, B2-C1, B3-C2 será 2,60 euros frente a los 15,8 del abono de 10; y el A-B3, B1-C1, B2-C2, 3,6 euros frente al 22,6 euros del billete de 10 viajes.
   El billete sencillo del A-C1 y el B1-C2 será 4,20 euros mientras que el Abono de 10, 29,15 euros; el A-C2, 5,10 euros (sencillo) y 36,7 euros (10 viajes); y los billetes B1, B2, B3, C1 y C2, 1,30 euros el sencillos frente a los 8,40 euros.

UPyD pide a Aguirre una reunión con todos los grupos de la Asamblea tras la crisis fiscal

MADRID.- El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha reclamado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se reúna con los Grupos Parlamentarios en la Cámara autonómica para explicar la situación en la que queda la Comunidad de Madrid tras los anuncios de caídas de ingresos.

   "Es una buena oportunidad para la presidenta de la Comunidad de Madrid de reunir a los grupos parlamentarios de la Asamblea y explicar cuál es la situación de la Comunidad de Madrid", ha afirmado Luis de Velasco, que ha citado la minoración de 1.000 millones de euros en la recaudación y las "medidas que ha adoptado el Gobierno de la Nación y que repercuten en temas que son competencia de las comunidades, como son Sanidad y Educación".
   De Velasco quiere que Aguirre "explique la situación" en la que queda la región a la vista de estos cambios a los grupos parlamentarios y que estos decidan si apoyan o no las medidas a nivel autonómico, que él considera que se van a plantear.
   Y es que el portavoz de la formación magenta ha considerado que "ampliar el recorte en 10.000 millones de euros no es gobernar", sino un "bandazo", que puede llevar al "decrecimiento", que genere un aumento de la "conflictividad y malestar social".
   Así, ha opinado que "es necesario ir recortando el déficit público", aunque "el problema de la economía española es el de la deuda total y el del crecimiento".
 "Nos hubiera gustado un recorte mucho más suave pero hay lo que hay", ha apuntado y ha reclamado que el "recorte" no se haga sólo vía gasto público, sino que también hay que contemplar la "vertiente de los ingresos presupuestarios".
   Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha sostenido que los 'populares' están "destrozando el sistema sanitario y educativo en este país" cuando "han perdonado a los defraudadores y han premiado a los que se han reído de España".
   Gómez, que ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "injustos e ineficaces", ha destacado que el hecho de que en Madrid caigan las inversiones "significa que se van a perder puestos de trabajo". Además, ha criticado que se vaya a hacer una reducción de 7.000 millones en Sanidad y de 3.000 en educación y  "no se han tocado los recursos que tiene la Iglesia Católica".
   "Un Gobierno sensato lo que haría en este momento es no tocar Sanidad y Educación", ha aseverado Gómez, quien ha destacado que si la Iglesia pagara el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, "como todos", supondría una recaudación de 3.000 millones, que es la "reducción en Educación que se quiere hacer". 
"¿Cómo es posible que Senado sí pague el IBI y la Catedral de la Almudena esté exenta?", se ha preguntado.
   Desde IU, el portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Gregorio Gordo, ha considerado que el anuncio de los recortes en Educación y Sanidad sigue la "lógica de los recortes de la Comunidad de Madrid", y ha criticado que "mientras a los que han defraudado a hacienda se les hace una amnistía fiscal al conjunto de los ciudadanos se les sube el transporte  y la luz".
   En su opinión, "más allá de originales ideas", si lo que quieren es que paguen más los ricos, se "debe hacer una reforma fiscal".
   Por último, preguntado por si habría que cambiar los presupuestos regionales en función de la bajada de recursos para Sanidad y Educación, el portavoz del PP en la Cámara, Íñigo Henríquez de Luna, ha afirmado que no, porque las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid cuentan con un Fondo de Contingencia, que actúa como "fondo de maniobra ante posibles desajustes que se puedan producir".
   Henríquez de Luna ha considerado que "salir de esta situación donde nos ha metido el gobierno socialista es muy complicado",  y ha opinado que al Gobierno socialista "habría que pedirle responsabilidades por esa desviación de 2,5 puntos del déficit" que son 25.000 millones de euros.

La red de Gürtel recibió el pliego de Fitur 2005 antes de convocarse el concurso

VALENCIA.- Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.

   Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012 y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PPCV dentro del conocido como 'caso Gürtel'. En esta misma documentación la Policía sostiene que 'El Príncipe' es Felipe Almenar, presidente del grupo empresarial Cyes.
   Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.
   Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán --e imputada en esta causa-- y que le fue remitido por Down Town Consulting --entidad que luego se convirtió en Easy Concept S.L.--. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe.
   Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja 'B' del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los stands de Fitur 2005 o congresos valencianos.
   Por otro lado, y respecto a la misma persona, el informe recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.
   Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.
   Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como 'El Príncipe', que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market S.L., es Felipe Almenar.
   Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación. En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales.
   El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz S.L., que participó en el diseño del stand de la Comunidad Valenciana para Fitur 2009, adjudicado a Orange Market, de la cual era proveedor. La Policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.
   Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, ex director de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Comunitat.
   La Policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PPCV, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market.
   En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat valenciana tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.
   Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de 'Pedro García', ex director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.
   De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarrolladas para el PPCV y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre 'Deuda Final RC', integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la 'Deuda VR', construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.
   Respecto a las siglas 'RC' y 'VR', la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para la formación del PPCV. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, y las segundas con Vicente Rambla.
   Otro apartado del informe se dedica a aportar información registral de la sociedad Down Town Consulting S.L., que en la actualidad se corresponde con la denominada Easy Concept Comunicación S.L. De la misma fue administradora única Isabel Jordán entre marzo de 2005 y octubre de 2007.

Interior desvela que la Policía investigó "ilegalmente" a Ignacio González

MADRID.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desvelado este martes en la sesión de control al Gobierno del Senado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue investigado "ilegalmente" por la Policía entre julio y agosto del año pasado y que al no hallarse indicios de delito se archivó el caso a principios de este año. Afirma que sabe quiénes desarrollaron esa investigación irregular y que tiene "por escrito" el nombre de los responsables.

   "A finales de julio y principios de agosto se ordenó irregularmente a una autoridad policial que investigara de manera discreta a González. Esa investigación se cerró a principios de este año al no haber indicios de delito. Lo que vamos a investigar ahora es quién ordenó esa investigación ilegal", ha dicho Fernández, según el cual, esa investigación ilegal se llevó a cabo sin que conste en los archivos de la Institución.
   Posteriormente, al ser preguntado acerca de esta cuestión por los medios de comunicación, el ministro ha detallado que "la Dirección General de la Policía abrió un expediente que no se ha concluido, pero ya se sabe claramente y está oficializado que se ordenó, al margen de registros y protocolos de intervención establecidos en la Policía, una investigación sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid".
   "Es evidente que al haberse iniciado una investigación no ordenada por la autoridad judicial y al margen de los protocolos establecidos legalmente hace que se pueda denominar a esa investigación como ilegal o irregular", ha añadido el ministro, según el cual, "cuando se finalice el expediente, se exigirán responsabilidades a las personas que actuaron de esa manera irregular".
   Preguntado acerca de si conoce la identidad de los policías responsables, ha asegurado que sí y que los tiene "por escrito".
 "Si sé quiénes son pero en este momento como no se ha terminado el expediente no puedo decirlo. Claro que lo sé y lo tengo por escrito", ha desvelado al tiempo que no ha descartado exigir responsabilidades penales si bien ha dicho que eso es competencia de los tribunales. "Si lo he dicho es porque lo tengo documentado", ha zanjado.
   Asimismo, el ministro ha reconocido que el actual comisario general de Información de la Policía, Enrique Barón --que anteriormente desempeñaba un cargo en la Comunidad de Madrid-- viajó a Colombia, si bien ha aclarado que ese viaje no tenía nada que ver con la investigación sobre González, sino con materias de seguridad como la relación entre ETA y las FARC y otras cuestiones que no voy a hacer públicas.
   "Ese viaje lo conocía yo y el secretario de Estado, si ese viaje hubiese tenido que ver con investigaciones relacionadas con Ignacio González, si estuviera involucrado, no sería Comisario General de Información en estos momentos", ha zanjado.
   Fernández Díaz ha asegurado que su intención no era hacer pública esta información, pero ha matizado que se ha visto obligado a ello después de la intervención del senador socialista Enrique Cascallana, quien ha calificado como un "escándalo" el hecho de que "la mano derecha de Aguirre acudiese directamente al director general de la Policía para pedir amparo y se le contestase que no estaba sujeto a ningún tipo de investigación".
 "Otro ciudadano no podría tener acceso al director de la Policía para saber si le están investigando", ha denunciado.

Aguirre aboga por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abogado este martes por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, "si España lo necesita", del mismo modo que opta por dejar en manos de los ayuntamientos los Transportes y los Servicios Sociales, todo ello para conseguir adelgazar la Administración y ahorrar de 48.000 millones de euros, según sus cálculos.

   "Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la Educación y la Justicia, pueden devolverse al Estado, y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos", ha asegurado en rueda de prensa posterior a la primera reunión que ha mantenido con Mariano Rajoy desde que es presidente del Gobierno.
   Según sus cálculos, con estas modificaciones se conseguiría un ahorro de unos 48.000 millones de euros. "Nos quedaríamos sin empleo los políticos, pero ya buscaríamos", ha apostillado.
   Desde su punto de vista, la Justicia "es un poder del Estado" que no tienen por qué compartirlo las comunidades autónomas. "Si todo lo que hacemos las comunidades autónomas, unas competencias fueran para arriba y otras para abajo, se podría prescindir de altos cargos, parlamentos regionales, conductores, asesores, jefes de protocolo, edificios, alquileres...", ha enumerado.
   La jefa del Ejecutivo autonómico ha transmitido al presidente del Gobierno que es "vitalmente necesario adelgazar el Estado".
 "Tenemos que cortar radicalmente con las duplicaciones y triplicaciones de funciones que se producen en este momento. Hay que acabar con todo lo que sea superfluo para poder conservar y mejorar lo que es imprescindible", ha manifestado.
   Entiende que hay que revisar "de raíz" el Estado autonómico porque "no ha servido para aquello para lo que se creó", que era "integrar a los partidos nacionales de Cataluña y el País Vasco".
 "Justamente, catalanes y vascos, cuando llegó el café para todos, se sintieron menos integrados", ha añadido. A su parecer, el modelo ha servido para "complicar y encarecer el funcionamiento de las autonomías".
   En este ámbito, ha recordado que la crisis española está siendo seguida por analistas de todo el mundo que ponen de manifiesto "el gasto excesivo que representan las 17 comunidades autónomas o miniestados". 
 "Hay muchos de ellos que dicen que España no puede permitirse el lujo de mantener estos 17 entramados autonómicos", ha zanjado.
   Para emprender esta reforma, considera que es "imprescindible" la colaboración con el PSOE y llegar a consensos de Estado para "rectificar los errores" que, a su entender, han conducido a España a la situación "tan grave" por la que pasa en estos momentos. "Siempre y cuando el PSOE vuelva a la senda de la socialdemocracia moderada europea y no sea el aliado constante de los más radicales comunistas", ha precisado.
   Aguirre ha indicado que hay que ser "responsables los unos con los otros" y que no es "momento de quejarse para conseguir una posición preferente dentro de España".
 "Tenemos que comportarnos -- ha dicho-- como una gran familia que está en un mal momento económico. Es el momento de pensar en España. Como la unión hace la fuerza, creo que la unión será la causa de la pujanza, la garantía de que saldremos de esta haciendo las reformas que España necesita en profundidad", ha sostenido.
   La reunión, que ha durado cerca de una hora y 20 minutos y que fue solicitada por Aguirre a través de una misiva, ha estado centrada en la política nacional debido a la "difícil situación política y económica nacional" y porque, a juicio de la dirigente regional, no es tiempo de perderse en "cuestiones localistas ni de campanario".
   En este contexto, Aguirre le ha explicado a Rajoy que entiende que no se pueda salir de la crisis ni equilibrar las cuentas si no se reduce "drásticamente el déficit" y se toman medidas "verdaderamente profundas", y ha opinado que los tiempos de crisis son buenos para acometer este tipo de cambios porque hay más comprensión "que en tiempos de bonanza".
   Así, ha aseverado que hay que "dejar de sostener a todos los que pueden y deben sostenerse solos", como los partidos políticos, las patronales o los sindicatos, así como las rentas altas. "Por muy duro que sea, hay que comprender y aceptar que hay cosas que ya no se pueden subvencionar", ha matizado.

Ordóñez dice que el crédito no mejorará hasta que culminen las reformas económicas

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que el crédito no mejorará solo con la reestructuración financiera y que será necesario culminar las demás reformas económicas como la laboral o la reducción del déficit público, entre otras.

   "Hay que hacer la reestructuración bancaria, que es una condición absolutamente necesaria", afirmó Ordóñez, quien añadió que ésta "no será suficiente por sí sola para que el crédito vuelva a fluir" durante su intervención en el XIX Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc.
   Al respecto, el gobernador del Banco de España señaló que el crédito "no mejorará mientras no aumente la demanda solvente", por lo que consideró "importante acometer otras reformas económicas que den confianza a los consumidores e inversores".
   Entre estos cambios, Ordóñez mencionó la reciente reforma del mercado de trabajo y la reducción del déficit público que, aseguró, "si se usan adecuadamente, generarán ganancias de competitividad que aumentarán el crecimiento potencial de la economía":
   El gobernador del Banco de España declaró que todas estas políticas son "imprescindibles" para generar una demanda "solvente de crédito y para que un sistema bancario sólido pueda responder a esa demanda".
   En este sentido, Ordóñez explicó que habrá que "seguir ensayando" nuevos instrumentos para aumentar el crédito a las pymes, que "deberían transformarse en algún momento en decisiones políticas".
   Por otro lado, el gobernador del Banco de España afirmó que "no es probable que se vea pronto una fuerte recuperación de la economía española", ya que la salida de las crisis derivadas de un exceso de endeudamiento o de pérdida de competitividad dentro de una unión monetaria "son muy lentas y justamente por eso no se puede caer en la complacencia",
   Respecto a la reestructuración bancaria, Ordóñez consideró que "aún quedan muchas cosas por hacer" para dotar de un marco de actuación al sector que permita "afrontar con garantías las crisis del futuro".
   Ordóñez indicó que España debe seguir mejorando su competitividad para generar superávits corrientes durante "bastantes años" y poder así reducir su posición neta de deudora internacional. "Esto es imperioso mientras persista la peor consecuencia de la crisis del euro, que es la fragmentación de los mercados financieros", aseguró.
   Por último, Ordóñez alabó la Ley de Reforma de las Pensiones por haber introducido cambios "de calado histórico", que si se aplican de forma sostenible, permitirán que "no solo nosotros, sino también nuestros hijos puedan cobrar sus pensiones sin problemas".

El precio de la vivienda acumula un ajuste del 28,6% desde 2007

MADRID.- El precio medio de la vivienda cerró el pasado mes de marzo con un descenso del 11,5% respecto al mismo mes de 2011, con lo que acumula un ajuste del 28,6% desde 2007, ejercicio previo a la crisis, según la firma de tasaciones inmobiliarias Tinsa.

   Las caída más acusada se localiza en la costa mediterránea, donde el precio de los pisos se ha desplomado un 34,9% desde que estalló el 'boom' inmobiliario. Sólo en el último año disminuyó un 10,8%.
   Después se sitúan las capitales y las grandes ciudades, donde la vivienda se abarató un 12,6% el pasado año, con lo que el descenso acumulado desde 2007 alcanza el 30,8%.
   En el resto de áreas metropolitanas, el precio de los pisos se contrajo un 9,8% en los últimos doce meses, con lo que ya suman un ajuste del 29,4% desde el comienzo de la crisis, mientras que en el resto de municipios la contracción alcanza el 24,9%, un 12% en el último ejercicio.
   En cuanto a Baleares y Canarias, las viviendas redujeron su precio una media del 9,8% entre marzo de 2011 y el mismo mes de este año, de forma que ya se han abaratado en un 25% desde 2007.