Admiten la denuncia contra una monja en el caso de los niños robados

MADRID.- El juez de Instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tomará el próximo 3 de abril declaración a una madre que denunció ante la Fiscalía de Madrid a la religiosa Sor María G.V., una monja implicada en el caso de los niños robados en la Comunidad de Madrid por un delito de detención ilegal permanente relacionado en esta denuncia  con la desaparición de su hija en marzo de 1982, han informado fuentes jurídicas.

   La Fiscalía de Madrid remitió hace unos días la denuncia presentada por esta madre al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid para esclarecer los hechos, recayendo la investigación en el Juzgado nº 47 de Madrid. Ahora, el juez ha admitido a trámite la denuncia y ha acordado citar a declarar a la denunciante para ratificar los hechos sobre la desaparición de su hija, que ahora tiene 29 años.

   A partir de ahí, el magistrado decidirá sobre la supuesta prescripción del delito y sobre la naturaleza del mismo para llamar a declarar a la monja vinculada a esta red e imputarla de forma formal. Esta religiosa trabajó en la maternidad de Santa Cristina de Madrid y se la vincula con el doctor Eduardo Vela, relacionado también a la trama que investiga en toda España los casos de bebés robados.

   En concreto, la denuncia que investiga Carretero es el caso de una madre que dio a luz a su hija en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Sobre la mesa, el juez tiene pruebas de ADN que confirman la relación biológica materna entre la madre y la hija, algo fundamental que ha propiciado que siga adelante la investigación.

    Por estos hechos, se imputa a la religiosa un delito de detención ilegal. No obstante, este delito podría pasar a uno de sustracción de menores, ya que este tipo penal no tiene carácter permanente como sería el de detención ilegal, según han indicado las mismas fuentes.

   En cuanto a las diligencias por parte del Ministerio Público, la Fiscalía está a la espera de los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de La Almudena para comprobar las posibles irregularidades de la partida de detención.

   En uno de los casos, la Policía Judicial encontró huesos, que ahora se cotejarán con las muestras de la madre para averiguar si coincide el ADN.

Absuelto el alcalde de Coslada acusado de prevaricación y malversación

MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una sentencia por la que  absuelve al alcalde de Coslada, Raúl López, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso contra el exjefe de la Policía Local, Ginés López.

   En la sentencia, el tribunal declara las costas de oficio y detalla también que contra el presente fallo se puede interponer un recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo.

   Cabe recordar que la acusación particular había solicitado para el alcalde de la localidad una condena de nueve años de inhabilitación y cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos.

   La Fiscalía también solicitaba una condena de prevaricación al entender que Raúl López había favorecido al exjefe de Policía de la localidad eximiéndole de cumplir una suspensión de nueve meses de empleo y sueldo.

   En su declaración durante el juicio oral, López negó haber cometido prevaricación y aseguró que, cuando fue elegido en 2003, desconocía que el entonces jefe de la Policía Local -acusado después de corrupción en la operación Bloque- tuviera pendiente la ejecución de una sanción desde el año 2001. No fue hasta 2008, recalcó, cuando el PSOE le denunció en medio de la investigación por presunta corrupción entre los agentes locales, cuando conoció los hechos.

   La sentencia expone que en el juicio no ha quedado acreditado que el acusado tuviera conocimiento del estado en el que se encontraba el expediente disciplinario y la sanción impuesta contra Ginés López.

   "Pues incluso los denunciantes pertenecientes al grupo entonces en la oposición nunca refieren que fuera interpelado en momento alguno para la ejecución del expediente", recalca el fallo de la Audiencia Provincial.

   Por otro lado, el tribunal explica que en el juicio hubo testimonios en los que se constató que el anterior equipo de Gobierno municipal tuvo problemas para ejecutar la sanción disciplinaria ni que el alcalde tuviera conocimiento de que la sanción debiera ejecutarse.

   "Lo que tampoco permite inferir sin más que el acusado tuviera necesariamente que conocer que dicha sanción se encontraba pendiente de ejecutar, piénsese que en aquella época el expedientado era un funcionario más, por mucho que ostentara la jefatura de la policía local, sin que hubiera alcanzado las cotas de triste popularidad que adquiere años más tarde", apostilla la sentencia.

   Sobre el delito de malversación, la Audiencia Provincial tampoco ve pruebas de que ordenara la devolución del aval, en consecuencia con que tampoco tuviera conocimiento del expediente sancionador. En este sentido, el PSOE, que llevó a los tribunales a López, entendía que el primer edil desistió de la devolución de unos 24.000 euros a las arcas municipales por el sueldo ilegalmente cobrado mientras Ginés López estaba suspendido.

Fernández-Lasquetty aboga por que el Estado recupere competencias en Educación

MADRID.- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado este martes que el Estado debería recuperar competencias en materia de Educación pero no en Sanidad, donde las reglas "son las mismas" para todas las comunidades autónomas. 

   Preguntado por la devolución de competencias al Estado en una entrevista el El Círculo de Telemadrid, Lasquetty ha señalado que la "opinión es muy libre" y que, él, concretamente, no es un "ferviente partidario de la centrifugación de España".

   "Creo en España como Nación, y creo que tiene que tener poderes importantes pero así como en el caso de la Justicia tiene mucho más sentido, o en el caso de Educación creo que en buena medida debería recuperar competencias el Estado, sobre todo, en vista de lo que CCAA gobernadas por partidos nacionalistas han hecho con el uso de ese poder, en Sanidad no lo veo tan claro", ha indicado.

   Según ha apuntado, en sanidad, las reglas por las que se rigen todas las comunidades autónomas "son las mismas" y son fijadas por el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales. "Son leyes naciones las que dicen qué hace la sanidad y las comunidades autónomas las desarrollamos y las gestionamos", ha explicado Lasquetty, quien ha considerado que no se ganaría nada con la devolución de competencias.

   Por otro lado, el consejero madrileño se ha referido a la última medida impuesta en Cataluña relativa al cobro de un euro por cada medicamento que recete, y Lasquetty ha asegurado que en la Comunidad de Madrid no trabajan "en ningún tipo de iniciativa en esa misma línea".

   "Pero no voy a demonizar al consejero de Sanidad de Cataluña por lo que ha hecho teniendo en cuenta que Cataluña parte de que (aunque) hay otros gastos de los que se puede prescindir como las embajadas, ha padecido ocho años de gobierno simultáneo de Zapatero y de tripartito socialista y eso no es impune", ha considerado.  

  Sobre la posibilidad de que la calidad de la sanidad decaiga con la crisis, Lasquetty ha asegurado que el sistema sanitario en España "es de máximo nivel" y dentro, el de Madrid, "según los indicadores, es claramente el mejor de España". 

"Tenemos que trabajar todos y buscar entre todos las soluciones para que esto siga siendo así y no tengamos problemas de solvencia", ha añadido.

Fomento contempla rescatar autopistas en quiebra, como las radiales de Madrid

MADRID.- El Ministerio de Fomento contempla quedarse con alguna de las autopistas actualmente en riesgo de quiebra en caso de que sus cuentas no logren reequilibrarse con las medidas que este Departamento prevé tener listas en "un máximo de seis meses", entre las que figura la promoción de fusiones entre estas vías, según anunció la ministra, Ana Pastor.

   El rescate de las autopistas se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) y en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante estas concesiones, según detalló Pastor durante su intervención en el Nueva Economía Forum.

   Seittsa es un ente público dependiente del Ministerio de Fomento, que hasta ahora contrata determinadas obras de carreteras y ferrocarriles.

   Fomento se ha fijado así el rescate como medida de último recurso al que acudirá para el caso de que no funcione ninguna de las que el Ministerio prevé tener listas en "un plazo máximo de seis meses" para evitar la quiebra de una decena de autopistas.

   Entre estas iniciativas figura la ampliación de los periodos de explotación de la vía que se otorga a las empresas concesionarias, fomentar las fusiones entre autopistas y la concesión de créditos participativos.

   En la actualidad, nueve autopistas están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, como consecuencia del sobrecoste que sufrieron en las expropiaciones y la caída de los tráficos por la crisis. Entre ellas, figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.

   Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son Acciona, Abertis, Globalvía (FCC y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL.

   La ministra de Fomento avanzó que además de solventar el problema de estas vías abordará un "profundo cambio en la legislación sobre concesiones", cuyo eje principal será determinar la asunción de los riesgos de la infraestructura. Además, busca que permita abrir la financiación de obra pública a los fondos de pensiones.

   Todo ello con el fin último de que el capital privado juegue un importante papel en la financiación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el que ya trabaja el Ministerio para presentarlo el próximo mes de julio.

   Por contra, Pastor descarta lograr financiación con medidas como la implantación de la Euoviñeta (peaje que se cobra a camiones que circulan por las autovías) o la imposición de tasas en carreteras, como acaba de anunciar Reino Unido.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".

   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".

 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.

   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".

   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".

   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.

   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".

 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".

 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.

   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.

   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.

   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".

Los ayuntamientos deberán detallar si piensan recortar personal

MADRID.- Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el 'Modelo de Plan de Ajuste' publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

   En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.

   Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

   El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.

   Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

   También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

   Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.

Proyecto europeo estudia cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables

VALENCIA.- Un consorcio de centros de investigación, consultoras, gestores de transporte y compañías de prestigio como Procter & Gamble lideran el proyecto europeo 'Conceptos de colaboración para la Co-modalidad (CO3)", en el que España está representada a través de Itene y ZLC en el que se estudiará cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables, según ha informado Itene en un comunicado.

   El proyecto CO3, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea, trabaja en el desarrollo de un modelo que supere los obstáculos a la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores. El próximo 11 de mayo de 2012 celebrará un taller en Valencia.

   Esta iniciativa se ha llevado a cabo porque la capacidad del sistema de transporte europeo está siendo infrautilizada, ya que según reflejan las estadísticas, un cuarto del total de camiones viajan vacíos y el resto solo están cargados al 57 por ciento de su capacidad máxima en promedio.

   En este contexto ha surgido el concepto de 'colaboración horizontal' o combinación inteligente de flujos de mercancías de diferentes empresas, que ofrece una "potente e innovadora" solución para afrontar este problema.

   Las empresas que colaboren e integren sus flujos logísticos pueden alcanzar "importantes" beneficios a nivel económico, social y ambiental, ya que comparten gastos de transporte, lo que a su vez genera menos emisiones. Sin embargo, los cargadores dispuestos a llevarlo a cabo han encontrado frecuentemente una serie de obstáculos y dificultades.

   Uno de los objetivos del proyecto se basa en eliminar dichos obstáculos. CO3 está financiado por el Séptimo Programa Marco de la EU, y su misión estimular la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores, para fomentar una "mayor competitividad y sostenibilidad" de la logística Europea.

   Para alcanzar este objetivo, se desarrollarán una serie de casos de estudio basados en la agrupación horizontal de flujos y en diferentes escenarios comodales diseñados para ser adaptados o modificados a la realidad de cualquier compañía.

   Los cargadores que deseen transportar sus mercancías por Europa de una forma más eficiente y sostenible, tienen una buena oportunidad de participar en CO3 para identificar potenciales empresas colaboradoras y establecer pruebas piloto. Para lograr esto, CO3 proporcionará a las entidades participantes las herramientas operativas necesarias y ofrecerá formación activa durante la implementación de la colaboración horizontal.

   El consorcio desarrollará en paralelo un marco legal para garantizar la neutralidad de los agentes de consolidación e intermediación administrativa/legal, quienes aparecen como nuevos actores esenciales en la creación de la colaboración horizontal. Adicionalmente, se desarrollarán y validarán conceptos innovadores de "beneficios compartidos" que permitan estandarizar contratos de transporte multilaterales.

   Los primeros casos de estudio y seminarios de CO3 están ya en fase de preparación. Las empresas españolas que deseen participar en algún caso de estudio o que deseen aprender más sobre colaboración horizontal, tienen la opción de participar en un taller gratuito que se celebra en las instalaciones de Itene en Valencia el próximo 11 de mayo de 2012.

   Contará con la participación de expertos europeos en el ámbito de la colaboración horizontal como Sven Verstrepen y Kurt Jacobs, de la empresa TRI-VIZOR, que presentarán casos reales en la implantación de este modelo con éxito entre entidades europeas.

   El proyecto CO3, cuyos trabajos concluirán en 2014, cuenta con un consorcio de 18 entidades. Sus resultados estarán continuamente monitorizados por una junta de alto nivel industrial formada por más de 35 empresas europeas de diferentes sectores.