MADRID.- El juez de Instrucción nº 4 de Madrid,
Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve
personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan
José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación
para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la
Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos,
en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz). Declararán en calidad
de imputados el próximo dos de octubre.
La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de
Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención
Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el
representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la
Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el
presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de
Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
En un auto fechado ayer, el
magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29
de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria
del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública,
falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de
causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados
del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.
Tras incluir el pasado 3 de junio las diligencias de
investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del
próximo 13 de septiembre. Las declaraciones en calidad de imputados
concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y
Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados
de un abogado, ya que declararán como imputados.
Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios
testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del
Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital
Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.
En la resolución, el juez expone que la querella denuncia
supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia
sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de
excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o
participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del
gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a
traves del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de
los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la
Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".
Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de
la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la
que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y
falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria
con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la
cartera sanitaria pública".
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado
que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de
forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la
primera externalización, pues se desarrolló con "todos los
procedimientos legalmente establecidos".
Por tanto entienden que esta querella es una "maniobra política
del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con
gestión externalizada no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy
alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de
hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy
alta entre los pacientes.
En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la
empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la
unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del
Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era
consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la
sociedad en la que trabaja".
De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre
2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la
mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre
la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera
Salud", la adjudicataria.
"La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros
y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz. Después de cerrar el
Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los
hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.
Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta
empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que
originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad,
adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso
que, además, Unilabs perdió.
En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y
aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de
Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales
de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel.
Prosigue explicando que para los hospitales construidos
posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles,
Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del
servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo
de duración de los contratos es también de treinta años. Estos
hospitales son conocidos como hospitales con colaboración
público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.
En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la
administración pública un canon anual que se paga por adelantado
mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de
atender las necesidades asistenciales de su población.
Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación
está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas
irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal
respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes
de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño".
Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del
precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no
reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda
haber perjudicado a la Hacienda Publica".
También se investigará "la denunciada falsedad o no de la
facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los
convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con
accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las
empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la
supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de
los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de estas".
