viernes, 20 de abril de 2012

El PSM propondrá que el Café Gijón sea declarado BIC


MADRID.- El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado este viernes que el Grupo Socialista llevará a la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) para que el Café Gijón sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de preservarlo de las imposiciones del "dios Dinero".

   Gómez, acompañado por la directiva del Gijón y por algunos intelectuales que han continuado con la fama de sus tertulias, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "impedir su cierre" ya que el café es "inseparable" de la terraza.
   El mítico Café Gijón, referente de la cultura madrileña y española, podría bajar las persianas en breve tras más de cien años de tradición dado que una de sus principales señas de identidad, su terraza, podría cambiar de dueño.
   Los problemas surgieron cuando el Ayuntamiento de Madrid comunicó que la concesión de la explotación de la terraza ya no se haría por subasta, como hasta ahora, sino a sobre cerrado. "Las ofertas que hay son temerarias para nosotros, es un disparate", ha explicado uno de los miembros de la directiva, José Manuel Escamilla.
   El Ayuntamiento ofreció a los responsables del Gijón la opción de solicitar la concesión de una terraza equivalente a la que explotan actualmente en un espacio contiguo para que "siga aportando su labor cultural", como señaló el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva.
   Sin embargo, esta propuesta no es del agrado de los propietarios ya que, en palabras de Escamilla, "no son las condiciones". "Gracias pero tenemos nuestra terraza", ha remachado.
   El Café Gijón, como ha recordado uno de sus habituales, el pintor Antonio Granados, de 95 años, "forma parte de la identidad de la ciudad". Y lo dice alguien que ha compartido tertulia con poetas y artistas como José María Cela, Federico García Lorca, Gerardo Diego y Fernando Fernán Gómez, entre otros.
   Y es que el Gijón, como recuerda un miembro de la dirección, José Bárcenas, está estrechamente ligado a la Generación del 98, a la creatividad, al patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
   Por todo ello, el socialista Tomás Gómez ha asegurado que defender la continuidad del Café Gijón "está más allá de los partidos", por lo que confía que la PNL salga adelante con el respaldo de todas las formaciones. "Será apoyada por las personas de bien", ha rematado.
   De lo que se trata es de declararlo BIC para, en palabras de Gómez, "salvaguardarlo del interés económico del dios Dinero", que acabaría convirtiendo el espacio "en un supermercado o en una superficie comercial".

Aguirre: "Creo que vamos a pasar a la insumisión"

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha conocido este viernes que en los centros privados tampoco se pueden contratar a profesores nativos, una reivindicación suya desde que se puso en marcha la red de colegios públicos bilingües, y ha señalado con una sonrisa que va a tener que pasar "a la insumisión".

   "La verdad es que creo que vamos a pasar a la insumisión, es que no puede ser", ha dicho la presidenta bajo el aplauso de los asistentes al Congreso Mundial de Educación organizado por ACADE, en el que ha participado este viernes junto a la consejera del ramo en Madrid, Lucía Figar.
   La dirigente madrileña ha explicado que en Madrid se encuentran con "resistencias" a sus políticas educativas, y ha puesto, por ejemplo, los "impedimentos" que les "siguen poniendo para contratar profesores nativos". En este punto, ha indicado que este "impedimento" no lo tienen los colegios privados, unas declaraciones que han recibido la respuesta negativa de los docentes.
   Los asistentes encabezados por el presidente de ACADE, Jesús Núñez, le han explicado a la presidenta que ellos tampoco pueden contratar a profesores nativos a excepción del Colegio Británico que se rige por otro sistema. Aguirre se ha quedado unos segundos boquiabierta para añadir a continuación: "Me he quedado sin habla". Núñez le ha indicado que está "a punto" de esta insumisión, a lo que Aguirre le ha contestado: "Empieza tú".
   La jefa del Ejecutivo madrileño ha explicado que ha escrito una carta al ministro de Educación, José Ignacio Wert, diciéndole que si España está en la Unión Europea, no comprende "por qué los profesores titulados y acreditados en Irlanda y Reino Unido no pueden venir a dar clase aquí".
   "Me parece alucinante, esto no ocurre en ningún país", ha añadido a continuación, al tiempo que ha apuntado: "¿No se supone que la Unión Europea garantiza la libre circulación de trabajadores por los países de la Unión?".
   Aguirre ha añadido que desde el Ministerio ya le han contestado a su misiva, que según fuentes educativas, responde al exdirector general de mejora de la calidad, Xavier Gisbert. Según Aguirre, esta persona, a la que no se ha referido en su discurso, "ha preparado la contestación" y es "alguien" que cuando trabajaba en la Comunidad de Madrid "ya ponía pegas" a esta cuestión. "Por eso, salió (de la Comunidad de Madrid)", ha concluido. Gisbert es ahora director general de Evaluación y Cooperación Territorial en el Ministerio.

Vuelta a su destino

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este viernes que cuando deje la Presidencia del Gobierno regional volverá a sus orígenes relacionados con el turismo, pues es Técnico de Información y Turismo del Estado.
   "Mi profesión antes de la política es el turismo, soy técnico de Información y Turismo del Estado y cuando deje esta Presidencia volveré a mis destinos en turismo", ha dicho la dirigente madrileña en la presentación de una red de información turística.
   Muchas son las voces que han puesto el destino de la presidenta madrileña en la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones. Aguirre lleva desde noviembre de 2003 en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, después de haber sido presidenta del Senado, ministra de Educación y concejala en el Consistorio de la capital, entre otras cosas.

Un docente inglés puede tardar más de un año en homologar el título en España

MADRID.- El Ministerio de Educación exige a todo docente que quiera ejercer en el país, ya sea en el sistema público o en el privado, que disponga de un título oficial expedido en España o que homologue al sistema nacional la titulación obtenida en el extranjero, un procedimiento que puede llegar a tardar más de un año, según ha explicado el presidente de la Asociación de Enseñanza Privada (ACADE), Jesús Núñez. 

   Este es el motivo por el que una comunidad autónoma no puede 'importar' profesores nativos de inglés para incorporarlos a su sistema educativo, como aspira a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya que para ello hace falta que el docente curse los trámites de homologación previstos en la ley.
   ACADE denuncia que este es un procedimiento muy largo que puede prolongarse más allá de un año, ya que "como los planes de estudios son distintos en cada universidad" es posible que a un docente titulado en Inglaterra le falten asignaturas para obtener el título en España y tenga que cursarlas si quiere ejercer en el país.
   Esperanza Aguirre ha solicitado al Ministerio de Educación que se levanten estas barreras a la contratación de profesores nativos de inglés, aunque según ella misma ha denunciado, ha recibido un no por respuesta. "Me parece alucinante, esto no ocurre en ningún país. ¿No se supone que la UE garantiza la libre circulación de trabajadores por los países de la Unión?", ha apuntado.
   De hecho, en la Unión Europea sólo ciertas profesiones sanitarias están facultadas para ejercer en los distintos Estados sin necesidad de homologar previamente la titulación, según ha explicado Núñez, quien ha incidido que el llamado 'Proceso de Bolonia' para la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior "tampoco ayuda" en este sentido, pues unifica los títulos, pero sin facultar a los profesionales para ejercerlos en todo el territorio común.
   "Cuando termine el proceso de Bolonia, tendrán los gobiernos europeos armonizar el tema, porque hay muchísimos títulos que no están aclarados ni definidos con las competencias profesionales correspondientes. Como hay tantos grados en las universidades, tendrán que ver qué grado facultan para el ejercicio de la enseñanza", ha apuntado.

Los universitarios anuncian movilizaciones contra la "brutal" subida de tasas

MADRID.- Los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) han avisado este viernes de que se van a movilizar para protestar contra la "brutal" subida de las tasas universitarias --hasta un 60 por ciento-- que podrán aplicar las comunidades autónomas el curso que viene, tras acordarlo con el Ministerio de Educación en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada este jueves.

   "En un momento de intensa crisis económica, una subida de estas características condena a muchos estudiantes a abandonar sus estudios", aseguran en un comunicado, en el que recuerdan que el porcentaje de estudiantes en segundas y terceras matrículas "supera al de nuevo ingreso" por lo que, a su juicio, no podrán pagar la matrícula. "No lo vamos a tolerar" advierten.
   Los representantes de estudiantes insisten, además, en que no han sido "ni informados ni consultados" sobre esta medida ni sobre ninguna otra de las que se han tomado en materia universitaria. Critican también la "falta de consideración" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el diseño del Comité de Expertos anunciado la semana pasada, así como que dicha comisión no incorpore entre sus miembros a ningún estudiante universitario. "Somos la razón de ser de las universidades y tienen que contar con nuestra participación", recuerdan.
   Los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) suscriben también las afirmaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de que los resultados son "proporcionalmente muy superiores" al esfuerzo público realizado.
   Asimismo, muestran su "preocupación" por el panorama universitario que muestra el Gobierno, "intencionadamente pesimista, minusvalorando el trabajo de todos los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes".
   La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) ha propuesto una huelga de la enseñanza el próximo 10 de mayo y el Sindicato de Estudiantes (SE) una jornada estatal de "lucha estudiantil" para protestar contra las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros este viernes.
   Desde FAEST señalan que la subida de las tasas universitarias anunciada ha sido "la gota que colma el vaso" tras los "numerosos recortes" anunciados por el ministro José Ignacio Wert. "La situación es límite y ha llegado el momento de que los estudiantes se movilicen masivamente  por sus derechos", han asegurado.
   Para el presidente de esta organización, Fidel González, Gobierno no les ha dejado "elección" con estas medidas y añade que la huelga demostrará que los estudiantes "plantarán cara" a este "ataque" a sus derechos. Igualmente, desde el Sindicato de Estudiantes, advierten de que las iniciativas anunciadas para todos los niveles educativos suponen un "golpe brutal" a la enseñanza pública.
   Desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), aseguran que aumentar las tasas sin mejorar la cobertura del sistema de becas afecta a la igualdad de oportunidades y recuerda que España invierte en esta materia un 0,1 por ciento del PIB frente al 0,2 por ciento de la media de los países de la OCDE.
   También critican que en un contexto de crisis en el que la economía familiar se ve resentida, subir los precios es "cargar injustamente sobre estudiantes y familias los problemas de financiación del sistema universitario, más aún si esta subida se aplica sin criterios de progresividad".
   La asunción del 25 por ciento del coste real de un puesto escolar que se abre como posibilidad es, en la práctica, un incremento superior al 50 por ciento de las tasas universitarias, algo que, según advierten estos estudiantes "supondrá en muchas ocasiones un esfuerzo inasumible para las familias".
   Además, alertan de que subir indiscriminadamente el coste de las segundas matrículas "tiene riesgos", en el caso de materias de especial dificultad o con altos niveles de suspenso, "sobre todo si no se controla la mala praxis docente con políticas de calidad". En ese sentido, plantean debatir también sobre los incentivos a la calidad en la docencia, "ausentes en nuestro sistema universitario".
   Lo más grave, señala la organización, es que todas estas reformas "exprés" se tomen "sin el menor diálogo con la Comunidad Universitaria, al no haberse reunido todavía el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) ni haber sido consultado al respecto el Consejo de Universidades --integrado por los rectores--, ni siquiera el Observatorio de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico, "órgano creado para estas cuestiones".

Las huelgas convocadas en enero y febrero han provocado la pérdida de 192.272 horas

MADRID.- Las huelgas convocadas en enero y febrero de este año provocaron la pérdida de 192.272 horas en la Comunidad y participaron 6.457 huelguistas, según el último informe de la CEOE sobre conflictividad laboral.

   A nivel nacional, las jornadas de huelga han generado la pérdida de 2.753.740 horas, un 41,7% menos que en los mismos meses de 2011. En concreto, se contabilizaron 226 huelgas en los dos primeros meses del año, un 4,6% menos, en las que se vieron directamente implicados 88.764 trabajadores, un 78,6% menos que hace un año.
   De las huelgas registradas, 164 fueron conflictos estrictamente laborales --descontando las huelgas de funcionarios y extralaborales--, con 41.345 trabajadores implicados y 1.564.800 horas perdidas, un 62,4% menos.
   Por provincias, la conflictividad laboral de febrero incidió especialmente en la provincia de Barcelona, con 18 huelgas; seguida de Madrid, con diez; Valencia, con siete; Cádiz, Asturias y Sevilla, con cinco; Álava, Granada y Pontevedra, con cuatro y Alicante, Córdoba, Guipúzcoa, Huelva, Santa Cruz de Tenerife y Vizcaya, con tres.
   Atendiendo a los trabajadores que participaron en las huelgas, destaca Madrid, con 6.457 huelguistas; Barcelona, con 4.986; Valencia, con 1.152; Sevilla, con 263; Asturias, con 216; Álava, con 201; Cádiz, con 187; Huelva, con 171; Alicante, con 140; y Vizcaya, con 125.
   Desde la perspectiva de las horas no trabajadas también sobresale Barcelona, con 258.376 horas perdidas; seguida de Madrid, con 192.272 horas; Valencia, con 20.144; Álava, con 17.272; Guipúzcoa, con 15.264; Sevilla, con 10.684; Vizcaya, con 8.248 y Huelva, con 7.856.
   Los sectores de actividad económica más afectados por las huelgas de noviembre fueron la educación, las actividades sanitarias, el metal, transportes y comunicaciones y el de alimentación, bebida y tabaco.
   Además, de las 121 huelgas iniciadas en febrero, 28 afectaron a empresas o servicios de carácter público, que fueron secundadas por 17.106 trabajadores y ocasionaron la pérdida de 786.960 horas, el 42,9% del total.
   En cuanto a las causas de la conflictividad laboral, 35 huelgas se convocaron por la tramitación de expedientes de regulación de empleo, con 8.042 trabajadores implicados y 724.328 horas perdidas, el 39,5% del total de febrero.
   Por esta misma causa, de meses anteriores permanecían abiertas otras cuatro huelgas, con 2.451 participantes y 82.312 horas de trabajo perdidas.
   Además, se registraron otras 17 huelgas para lograr el abono de salarios atrasados, con 456 participantes directos y 37.504 horas de trabajo perdidas.
   Otras 16 huelgas se convocaron para reivindicar diversas mejoras, independientemente del convenio, que fueron protagonizadas por 1.112 trabajadores y originaron la pérdida de 132.532 horas de trabajo, el 7,2% del total.
   Por otro lado, 16 huelgas respondieron a otras motivaciones y originaron la pérdida de 770.696 horas de trabajo, el 42%, mientras que se produjeron otras 15 huelgas de solidaridad y otras seis por causas extralaborales.

HTWFC plantará 150 árboles en la Casa de Campo para celebrar el Día de la Tierra

MADRID.- La organización Heal The World for Children Spain (HTWFC) plantará este sábado 150 árboles en la Casa de Campo, en la zona cercana al Lago y la Faisanera, para celebrar el Día de la Tierra, que se conmemora cada año el 22 de abril.

   Según ha informado la coordinadora de la organización, Laura Serrano, cerca de una treintena de voluntarios, entre niños y adultos, participarán en esta actividad que permitirá además conocer en profundidad el Parque Forestal de la Casa de Campo y lo que supone para la ciudad de Madrid.
   Ésta es la segunda vez que HTWFC celebra el Día de la Tierra en España, un evento que ha tenido antecedentes en Los Ángeles, Nueva York, Reino Unido, México, Italia, Rumanía y Francia, que ya acogen su tercera edición, y que tendrá su primera celebración en Holanda, país en que la organización acaba de establecer un nuevo equipo de trabajo.
   Además de la plantación de árboles, todo aquél que se acerque hasta la Casa de Campo podrá participar en un taller organizado por cuatro voluntarias que estará centrado en el agua. "Cada voluntaria va a tratar y exponer un aspecto sobre este recurso natural, que está presente cada día para todos nosotros, pero del que aunque parezca mentira, desconocemos muchas cosas", señala Serrano.
   "Un mayor conocimiento de sus peculiaridades y de cómo mejorar su uso, cotidiano, industrial o de consumo, ayudarán a valorar y a aprovechar más el agua del que disponemos", ha añadido.
   Formada por seguidores de Michael Jackson de todo el mundo, los integrantes de HTWFC adquirieron el compromiso de continuar con su trabajo y esfuerzo humanitario.
   Con apenas un año de vida en España, esta organización ha desarrollado una prolija actividad con un balance "muy positivo" en cuanto al apoyo y colaboración de los voluntarios se refiere, llevando a cabo acciones enfocadas al entretenimiento de niños y al cuidado de la naturaleza.
   En este tiempo ha puesto en marcha tres actividades fundamentales: la celebración del Día de la Tierra; el Festival de los Niños, que tiene lugar el 29 de agosto --fecha que coincide con el nacimiento de Michael Jackson--, y el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre.
   Entre sus principales actividades también se encuentra la recogida de juguetes, la organización de talleres de baile y otros muchos eventos que poco a poco toman forma gracias al trabajo de su equipo y de sus voluntarios.
   "Con las actividades del Día de la Tierra se pretende reforzar la relación que mantenemos con el planeta, sentirlo nuestro, propio, preocuparnos por él, protegerlo, mejorarlo", asegura Serrano, quien recuerda el comienzo del poema 'Planet Earth' escrito por Jackson: "Planeta Tierra, mi casa, mi lugar..."
   "Los mensajes a este respecto en las canciones, vídeos y poemas de Michael Jackson fueron siempre muy claros. Puede que haya muchas cosas que no vayan como deberían hoy en día. Sólo hay que mirar alrededor y abrir los ojos, los oídos, los sentidos, ante la llamada de auxilio de los más débiles, de los que no tienen voz, de nuestro planeta", apunta la coordinadora.
   Sin embargo, Serrano insiste en que "siempre hay algo" que se puede hacer porque "cada gesto cuenta".
 "Ahora plantamos 150 árboles, que serán una parte de nosotros, que veremos crecer y cuidaremos hasta el año que viene. Entonces tal vez sumemos otros 150, 200 nuevos árboles. Así se enriquece un área verde, en este caso, el pulmón de Madrid", explica.
   De este modo, HTWFC pretende conseguir que "los más pequeños respeten y cuiden los parques" y que los mayores estén "a la altura" de lo que sus hijos, sobrinos o primos pequeños esperan de ellos porque esos pequeños cambios "están al alcance de todos".
   "Como el propio Michael Jackson cantaba en 'Man In The Mirror', si queremos hacer de este mundo un lugar mejor, échate un vistazo a ti mismo, y entonces, haz un cambio. Cambia lo que ves, mejora lo que ves, ofrece lo mejor de ti", concluye la coordinadora, quien recuerda que en esta actividad se podrán obtener artículos de la organización a cambio de donaciones simbólicas para recaudar fondos para un proyecto de cooperación en Sierra Leona.

El juez del 'caso Guateque', expedientado por falta grave

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente disciplinario al juez de Instrucción Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', a instancias de Manos Limpias por la posible comisión de una falta grave ante "el retraso injustificado" de la instrucción de la causa que investiga desde hace cinco años una supuesta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid.

   En la resolución, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acuerda incoar expediente contra Torres por una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave".
   O, de forma alternativa, por la presunta falta leve del artículo 419.3 de dicha Ley Orgánica: "el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado".
   Asimismo, se ha nombrado instructor delegado a Francisco Javier Canabal, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La instrucción la llevará a cabo en el plazo de tres meses.
   En la queja remitida al Poder Judicial, Manos Limpias solicitó que  se "promuevan las actuaciones necesarias para dar el impulso necesario al procedimiento concretando las posibles imputaciones, así como que se depuren las responsabilidades en las que haya podido incurrir el instructor del procedimiento".
   En la exposición de los hechos, el documento explica que el pasado mes de marzo se cumplieron cinco años del inicio de las actuaciones, sin que "en los dos últimos años se haya venido desarrollando actividad de instrucción o investigación de ninguna clase, no existiendo ni tan siquiera un funcionario a cargo del sumario en el Juzgado".
   "Desde hace muchos meses el Magistrado no provee, ni contesta a los recursos, lo que supone una grave dejación de sus funciones", señala el escrito, que recalca acto seguido que "esta situación está ocasionando una extrema indefensión para los imputados".
   Además, reseña que "a pesar de que el año pasado fue creado un Juzgado Bis de apoyo, para disminuir la carga de trabajo de Juzgado de Instrucción nº 32, el procedimiento de diligencias previas referido no ha sufrido el más mínimo impulso".  
   "Existen más de 100 personas inculpadas con imputaciones de tipo general, no estando la mayor parte de los hechos comprobados, y parte de la instrucción no se ha completado De seguir así este procedimiento, los imputados culpables podrán alegar dilaciones indebidas, e incluso prescripción de algunos", agrega.
   Recientemente, el juez dicto diversos autos en los que concretaba algunas de las imputaciones. Por ejemplo, levantó la imputación que pesaba sobre el viceconsejero de Presidencia e Interior y exviceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
   En cambio, desestimó en otro auto la petición de sobreseimiento de Joaquín Fernández de Castro, ya que los indicios de delito que le implican en la causa "no han quedado desvirtuados y siguen subsistiendo".

La oposición fuerza un Pleno monográfico sobre la contaminación en Madrid

MADRID.-   La oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha forzado la celebración de un Pleno extraordinario centrado en la situación de la contaminación atmosférica en la ciudad y que, en palabras del equipo de Gobierno, podría celebrarse el 10 de mayo.

Los grupos de la oposición han exigido un pacto por la calidad del aire que contemple una serie de medidas, como la reducción del volumen de tráfico, la puesta en marcha de un plan de movilidad sostenible, acometer nuevas peatonalizaciones y mejorar los sistemas de medición.
   Así consta en el escrito de solicitud para la celebración del Pleno extraordinario que han registrado este viernes el portavoz del grupo municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, el portavoz de UPyD, David Ortega, y la concejala de Izquierda Unida (IU), Milagros Hernández,
   Lissavetzky ha explicado que esta petición debe cumplirse de forma obligatoria puesto que, tal y como está diseñado el reglamento actual en virtud de los expuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Pleno extraordinario se tendrá que celebrar cuando así lo solicite la cuarta parte de los miembros de la corporación.
   El portavoz socialista ha remarcado que los grupos ya han presentado sus alegaciones al Plan de Calidad del Aire del equipo municipal, si bien ha subrayado que no se ha producido el suficiente debate sobre las medidas que pueden articularse para solucionar el problema de la contaminación en Madrid.
   "Queremos consensuar un Plan de Calidad del Aire de verdad", ha enfatizado Lissavetzky quien ha marcado que la contaminación está basada de dióxido de nitrógeno y en las partículas en suspensión que están estrechamente relacionadas con el tráfico rodado, por lo que ha abogado por emprender actuaciones concretas en determinadas zonas de Madrid para regular la circulación de vehículos que "exigen coraje político".
   También ha afeado que el PP utilice su mayoría absoluta como "un rodillo" para no abordar las propuestas de la oposición y espera que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tenga "la inteligencia política" de tener en cuenta las propuestas del resto de partidos, que en materia de lucha contra la contaminación son "sensatas" y sin apenas coste para el erario público.
   Mientras, Milagros Hernández ha destacado el valor de la propuesta conjunta de la oposición puesto que, cada vez que se ha celebrado un Pleno extraordinario, se han acometido luego medidas para mejorar la situación.
   Sobre la propuesta, la concejala de IU ha destacado como relevantes la sugerencia de cortar el tráfico rodado en las zonas con mayor densidad de contaminación y potenciar los sistema de medición para lograr un diagnóstico "real" de los niveles de gases y partículas, dado que considera "un escándalo" que se ubiquen estaciones en zonas que no son relevantes para el control de la contaminación.
   Por su parte, David Ortega ha remarcado que esta iniciativa es ejemplo de labor de oposición "responsable" y ha criticado que la subida del precio del billete de Metro es una medida contraproducente para combatir la contaminación al ir en detrimento del uso del transporte público.
   El portavoz de UPyD también considera que no se ha dado el debate suficiente sobre una actuación tan relevante para los madrileños como el Plan de Calidad del Aire por su repercusión en la salud de los madrileños y, en especial, de los menores y las personas mayores. "Tenemos una obligación política y también ética de afrontar esta cuestión", ha apostillado luego.
   Entre las propuestas que se incluyen en la comparecencia, la oposición reclama el impulso del uso de la bicicleta, campañas de información a la ciudadanía sobre los efectos de la contaminación, el fomento del uso de vehículos no contaminantes, la reconversión de las flotas de vehículos municipales y taxis con combustibles limpios, al igual que la regulación de aparcamientos de vehículos privados en zonas con altos niveles de contaminación y reducción de plazas de aparcamiento de rotación en la almendra central.
  El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha remarcado este viernes que se celebrará un debate monográfico en Pleno sobre la calidad del aire, que concretamente versará sobre el Plan municipal de Calidad del Aire, y ha apuntado que la fecha para su celebración tendrá lugar presumiblemente el 10 de mayo.
   Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras conocerse el registro de la solicitud de celebración de un Pleno extraordinario centrado en el medio ambiente, para destacar que la ciudad tendrá un debate sobre la cuestión de la calidad del aire, que es un aspecto fundamental para los ciudadanos madrileños.
   En este sentido, ha remarcado que contrastarán las diferentes opiniones sobre la situación de la contaminación en la capital y ha agregado que la calidad del aire en Madrid es "mejorable" y que eso precisamente persigue el Plan municipal.
   El portavoz 'popular' también ha dicho que en los últimos años se ha constatado una mejora en la calidad del aire de la ciudad gracias a medidas impulsadas por los equipos de gobierno del PP, como es el caso de una "apuesta por el transporte público sin comparación en Europa" o las reformas en los sistemas de calefacción para utilizar combustibles más limpios.
   "En los próximos diez años se comprobará una mejora en la calidad", ha remarcado Calvo, quien ha subrayado que parte de las propuestas de la oposición "son copias" de medidas que se están haciendo desde hace años, citando al respecto el impulso efectuado en la peatonalización de la zona centro o restringir el uso de vehículo privado mediante el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).
   Además, el portavoz 'popular' ha afeado a la oposición que haya un "componente demagógico" en su actitud respecto al medio ambiente puesto que cuando se han acometido medidas para reducir tráfico en la ciudad, como la subida del SER, han sido criticadas por estos grupos como "recaudatoria" cuando es un instrumento útil para disuadir a prescindir del coche y usar más el transporte publico.
   Sobre la subida de las tarifas del transporte, Calvo ha comentado que era necesario buscar la recuperación del "equilibrio" en la estructura de costes y lograr que el sistema fuera viable, aspecto que a su juicio se ha hecho con "acierto" por parte del Gobierno regional.
   "El momento económico obliga a hacer un esfuerzo en el mantenimiento de muchos servicios públicos mayor del que habíamos hecho hasta ahora", ha remarcado el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento.

Las televisiones autonómicas deberán evitar el déficit si se las quedan los gobiernos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios de televisión".
La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es "ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos servicios de "mayor eficacia y eficiencia".
La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.
En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma" deciden prestar el servicio público de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que 'de facto' ya aplicaban algunas comunidades.
En cualquier caso, la Comunidades Autónomas que decidan quedarse con las televisiones autonómicas tendrán que cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha subrayado.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

El juez Ruz vuelve a imputar a la mujer de Bárcenas por un posible delito fiscal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a imputar a la mujer del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, por un posible delito contra la Hacienda pública en la causa en la que investiga las actividades de la trama de corrupción desarticulada en la 'operación Gürtel'. 

   En un auto hecho público este viernes, el magistrado señala que, según un informe realizado por la Agencia Tributaria (AEAT) en junio de 2011, Iglesias Villar "habría podido defraudar" una cuota de 222.112,58 euros en el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio de 2006.
   El juez, que cita a la mujer de Bárcenas a declarar como imputada el próximo día 17 de mayo de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha adoptado esta decisión al haber aparecido en la instrucción "nuevos datos de los que indiciariamente se podría derivar su responsabilidad penal" y poder prescribir los delitos que se le atribuyen el próximo 30 de junio.
   La resolución judicial detalla que la supuesta defraudación se habría procido "al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de 558.196,97 euros, como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido el 15 de mayo de 1987, la cual estaría exenta de tributación".
   Tras la denuncia, Iglesias Villar presentó diversa documentación para acreditar la transacción investigada y tanto su representación como la del Partido Popular (PP) rechazaron en sendos escritos la reapertura de la causa. La Abogacía del Estado, por su parte, pidió su imputación en octubre de 2011.
   El instructor acuerda reabrir la causa contra la mujer de Bárcenas por la necesidad de realizar "la práctica de determinadas diligencias" a fin de "depurar y corroborar la existencia o ausencia de tales indicios" y la "conexión" que estos hechos pudieran tener con los que se atribuyen a su marido, "actualmente también imputado en el presente procedimiento".
   De igual modo, el juez explica que las diligencias contra la imputada deben llevarse a cabo con independencia de la tramitación del incidente de nulidad que la defensa de Bárcenas presentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto de marzo de 2012 por el que se acordaba la reapertura de la causa contra él.
   La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 15 de marzo la reapertura de la investigación contra Bárcenas, el exdiputado 'popular' Jesús Merino y el exconcejal de esta formación en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. A Bárcenas se le imputan los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.
   Además, el juez Ruz ha citado a declarar también el día 17 a otras cinco personas, en este caso como testigos. Entre ellas figura el exsenador 'popular' por Cuenca Francisco Utrera, que aparecía identificado en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como mediador para obtener la concesión de créditos de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para proyectos en República Dominicana, Mozambique o Colombia. Los trabajos fueron desarrollados por la empresa Ros Roca, relacionada con la 'trama Gürtel'.
   La policía considera que Utrera, que ocupó entre 2002 y 2003 el cargo de secretario general de Comercio Exterior y entre 2003 y 2004 el de secretario de Estado de Comercio y Turismo, coincide con una persona identificada en documentación incautada a la trama como 'Señor U', que "actuaba como contacto a nivel político al que se señalaban gestiones a realizar para facilitar la concesión de los créditos".
 "En base al conjunto de documentación analizada se infiere que el nombre 'Señor U' corresponde a Francisco Utrera Mora", decía la UDEF.
   Las gestiones desplegadas por el exsenador se centraron en la realización de proyectos medioambientales en República Dominicana, Colombia y Mozambique. "Tuvieron éxito al menos para la concesión de un tramo de los créditos para República Dominicana", donde Ros Roca obtuvo financiación por un importe superior a 11 millones de dólares. La organización cobró a la empresa por las gestiones realizadas una comisión de un 1 por ciento de la financiación obtenida, añadía el informe de la UDEF.
   Además del exsenador, prestarán declaración ante el instructor el exdirector general de Comercio e Inversiones Manuel Enrique Alejo, el que fuera consejero de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón José Luis Rois, y el exdirector general de Red Eléctrica Española Victoriano Casajus.
   El magistrado ordena, además, a la Agencia Tributaria que le remita un cheque cobrado en junio de 2002 por importe de 1.058 euros y un ingreso de 6.000 efectuado en Caja Madrid en diciembre de 2003 "para el pago de facturas" del exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.

El Gobierno cambia la Ley para evitar que los extranjeros vengan a España a recibir asistencia sanitaria

MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

   En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".
   Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
  "Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".
   Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
   Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".
   Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
   Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
   La directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.
   El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
   A su juicio, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".
  Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".
   El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
   Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.
   El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
    De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.

Hacienda dice que cualquier CCAA puede ser intervenida de forma "inmediata"

MADRID.- La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra.

   Así lo ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la estabilidad presupuestaria organizada por la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano, donde no ha querido precisar si el Gobierno tiene ya en mente a algún territorio concreto.
   La secretaria de Estado ha explicado que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará en la primera quincena de mayo, el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.
   En este sentido, ha confiado en que la Ley ya esté plenamente en vigor en ese momento, tras su paso por el Senado la semana que viene, de forma que se puedan aplicar "todos y cada uno" de los mecanismos para proceder "contundentemente" en esta materia.
   Currás ha admitido que el Gobierno puede haber rechazado ya algunos de los planes de reequilibrio presentados por las comunidades, aunque no ha querido especificar cuáles y se ha limitado a explicar que no se trata de un rechazo en sí, sino que forma parte del procedimiento para consensuar dichos planes.
   En cualquier caso, ha afirmado que todas las comunidades autónomas están recibiendo sugerencias y recomendaciones, que además suelen ser bien recibidas por los diferentes territorios. "Cualquier recomendación de la Secretaría de Estado de Hacienda es bien aceptada por las comunidades", ha dicho.
   Durante su participación en las jornadas, Currás ha repasado las líneas principales de la Ley de Estabilidad, que no puede ser otra cosa que "la hoja de ruta" que debe guiar a todas las administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.
   A su parecer, la norma permitirá a las administraciones cumplir "sin fisuras y devaneos", y ayudará así a superar la crisis que atraviesa la economía española y a recuperar la confianza, algo necesario, aunque suponga asumir algunos "sacrificios" a corto plazo. "Vale la pena", ha dicho.
   Según Currás, el Gobierno aspira a que la Ley de Estabilidad imponga "comportamiento constante" en todas las administraciones, ya que se basa en la estabilidad, la plurianualidad, la transparencia, la eficiencia en la asignación de recursos, la responsabilidad y la corresponsabilidad. "El Gobierno tiene el firme compromiso de cumplir (la ley)", ha aseverado.