domingo, 8 de junio de 2014

Un abogado demanda al rey Juan Carlos por su 'participación' en el 23-F

MADRID.- El partido Soberanía ha ampliado en la Audiencia Nacional la querella que interpuso contra el Rey Juan Carlos acusándole de haber participado en la denominada 'trama civil' del 23-F para solicitar a este órgano judicial que tenga en cuenta que ha perdido la inviolabilidad desde el momento de la abdicación.
 
Según publica DiarioCrítico, el abogado querellante, José Luis Mazón, ha ampliado el recurso que interpuso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez Santiago Pedraz, que rechazó la demanda que presentó contra el Rey y contra el expresidente del Gobierno Felipe González por haber participado, a su juicio, en esta trama sustentándose en el libro de la escritora Pilar Urbano 'La gran desmemoria'.
En su escrito, el partido destaca que Don Juan Carlos abdicó de la Jefatura del Estado este lunes y, por lo tanto, "perdió" la inviolabilidad derivada de este cargo, debiendo ser investigado por un presunto delito de rebelión. Además, amplía la querella para investigar la relación del exdiputado socialista Enrique Múgica y del antiguo político del PCE Ramón Tamames en el "golpe blando".
La Audiencia Nacional ya rechazó la querella por la 'inviolabilidad' del Rey
El magistrado Santiago Pedraz rechazó a principios de mayo esta querella al negar que los hechos recogidos en el libro fueran constitutivos de un delito de rebelión y recordó que la figura del Rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 apuntó que la Constitución "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".
En relación con el exjefe del Ejecutivo, su auto señaló que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añadió "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".
La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".

La riqueza regional, base de lanzamiento económico / Ángel Tomás Martín *

Elaborar una política económica nacional estableciendo normativas legales con el objetivo de maximizar la tasa de crecimiento de la renta nacional estimulando la actividad empresarial, ha sido la pretensión continuada de todos los gobiernos de numerosas naciones, entre ellas España. 

Es indudable que el esfuerzo legislativo ha tenido su base solo en criterios personales y sanas voluntades, pero no es menos cierto que no han pasado de ser generalidades con pretensiones de optimizar resultados positivos del crecimiento económico y del empleo. Para alcanzarlos es imprescindible una decidida inversión de capitales creadora de puestos de trabajo, capaces de estimular expectativas e ilusión en la relación capital-producto. 

La inversión solo se promueve sobre medios de probada eficacia y la combinación óptima de los factores productivos. El aumento de la relación capital-trabajo-rendimiento debe contemplarse desde una perspectiva macroeconómica, y directamente relacionada con la riqueza regional natural y su valor añadido por sectores. Solo así la economía real será de calidad y de larga duración.

Dirigir la política económica legislando en exceso y creando normas basadas solo en razones coyunturales carentes de previsión de futuro y no estructurales relacionadas con las fuentes de riqueza regionales, es un error imperdonable. Lo que la economía tiene que proponer a los políticos son auténticos conocimientos y conclusiones basados en análisis técnicos de la riqueza nacional y su adecuada interacción empírica, unido a esquemas reales precisos por regiones y sectores. 

El valor total es el resultado de inventariar y valorar con la máxima precisión todas las unidades de bienes de forma homogeneizada, a partir de lo cual, la política económica será con toda probabilidad acertada, y útil para el imprescindible emprendimiento empresarial y la interdependencia entre los diversos sectores industriales, agrícolas, comerciales y de servicios.

La investigación específica de los valores económicos capaces de ofrecer rentabilidad y su ubicación geográfica, es la base imprescindible para saber elaborar una política de inversiones que lleve al crecimiento e incorpore los valores ociosos (empleo), sin olvidar que dicha política ha de ser selectiva debido a las grandes diferencias interregionales e inter-empresariales en las relaciones capital-producto y capital-trabajo.

Tampoco todos los sectores tienen las mismas economías de escala, pues los hay en los que las pequeñas y medianas empresas obtienen mayor productividad y rentabilidad que las grandes y viceversa. Por tanto, no han de olvidarse los valores productivos y su repercusión sobre los precios, o dicho de otra forma "maximizar la productividad para minimizar los costes", imprescindible objetivo para el crecimiento de las exportaciones y de una balanza de pagos positiva. Al ejercicio de la política económica, la sociedad le exige la elaboración de un sólido plan de inversiones y una previsión de las tendencias futuras.

Reconocer que la ciencia económica ha progresado de manera creciente en nuestro país es evidente, pero es igualmente cierto que nuestras estructuras son vulnerables como ha quedado demostrado en los seis años ya transcurridos de la actual crisis. Los responsables de la política económica han trabajado poniendo esfuerzo, sacrificio y voluntad, pero en la mayoría de los casos con ausencia de conocimientos empíricos de los sectores como polos de desarrollo y de información de rentas, necesarios para fijar objetivos y seleccionar e impulsar opciones y medidas económicas más completas, seguras y duraderas. 

Nuestras estructuras acusan algunas debilidades y defectos de implantación al no querer asumir riesgo, problema latente en la toma de decisiones macroeconómicas.

Para plantear una política de inversiones adecuada es imprescindible profundos estudios de la riqueza tradicional renovable por zonas geográficas que abarque: industria, agricultura, pesca, sector servicios, etc., o dicho de otro modo "inventariar la estructura de nuestra riqueza y capitalizar sus rendimientos" de forma que sean concordantes internacionalmente. Los resultados serían decisivos para la economía en general y para un desarrollo más armónico del país. Los estudios deben tener en cuenta los elementos específicos productivos, como instalaciones, materias primas..., unidos a los valores indirectos o recursos naturales, considerando también las condiciones geográficas, clima y red de comunicaciones. En suma, un verdadero balance nacional. 

Un ejemplo de lo expuesto fue acometido y valorado en EEUU por J.W. Kendrick, con el que se sentaron las bases en cuanto a forma conceptual y me0todológica, cuyos resultados de crecimiento y rendimiento económico quedaron patentes e imitados por otros países.

En España sólo existían estos análisis incompletos y poco eficaces hasta que el Legislador apreció su importancia y se promulgó la Orden Ministerial de 25 de abril de1944, constituyéndose una comisión a tal efecto. Sin embargo, fue en el año 1968 con objeto de la conmemoración del cincuenta aniversario de la fundación de la universidad comercial de Deusto, y la colaboración de fundaciones, entidades financieras y empresas, cuando se constituyó una alta Dirección Ejecutiva del más alto nivel, integrada por eminentes catedráticos, doctores en ciencias económicas, derecho, ingenieros y profesores universitarios, especialistas en los sectores agrario, industrial, servicios y metodología, cuya Dirección Técnica la asumió el catedrático de Estructura Económica Juan Velarde Fuertes, cuyo cálculo abarcó a más de quince países de las economías más avanzadas. 

Las estimaciones de la riqueza española fueron dirigidas directamente por el profesor Velarde, utilizando como la aplicación más importante "la estimación de la función de producción de Cobb Douglas", que aseguraba una mayor veracidad y una mejor previsión del futuro.

Una racional política económica necesita para el empleo de modelos econométricos, las cifras de Capital Nacional congruentes con los mercados reales. Sólo así alcanzaremos el éxito.

 (*) Economista y empresario