miércoles, 21 de marzo de 2012

Delegación del Gobierno prohíbe la marcha atea


MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto este miércoles prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, "por su evidente voluntad de provocación" a los católicos, "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución", ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.

   La resolución se basa, entre otros motivos, "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".
   El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea, es "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".
   Se plantean en este escrito tres recorridos alternativos, iniciándose  todos ellos en la calle Santa Isabel y finalizando en la plaza de Lavapiés.
   El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamental en los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de la Policía, y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo "por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad en la zona centro".
   En este sentido, la resolución detalla que en la convocatoria concurren seis datos objetivos. El primero es que la protesta se pretende llevar a cabo un día "de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas como es el Jueves Santo".
   En segundo lugar, la resolución indica que el lugar elegido por los organizadores, como es el barrio de Lavapiés, "si bien es el caracterizado por su propia asociación de vecinos, es también un lugar céntrico de Madrid, en el cual transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores".
   En tercer lugar, la delegación asegura que el horario elegido, a las 20 horas, coincide con el de procesiones católicas que tradicionalmente se desarrollan en la capital y con el de oficios y liturgias que se celebran en las iglesias existentes en este entorno, "a las que acuden gran cantidad de feligreses".
   En cuarto lugar, consideran que la Semana Santa, además de tratarse de una festividad para los que profesan la religión católica, también es un momento en el cual la ciudad recibe múltiples turistas de España o del extranjero, "que visitan Madrid para disfrutar de las procesiones que se desarrollan, no sólo por su carácter cultural, sino también por su valor cultural de patrimonio histórico ya que, con este motivo, se visualizan en el espacio público obras de arte que son admiradas como un atractivo cultural más de la ciudad".
   En quinto lugar, el departamento estatal esgrime que los tres itinerarios propuestos por los convocantes se desarrollan en zonas próximas a las procesiones católicas del Jueves Santo.
   Por último, creen que es "más que probable" que la convocatoria de esta manifestación, una vez que sea conocida por la opinión pública, "dé lugar a la convocatoria de contra-manifestaciones que pueden producir incidentes de orden público".
   "Ya ocurrió así con motivo de la manifestación convocada por este mismo colectivo el día de Jueves Santo del pasado año, que dio lugar a la convocatoria de una concentración de un grupo de ideología antagónica, concentración que fue posteriormente desconvocada al prohibirse la manifestación por resolución de la Delegación del Gobierno", indica la resolución.
   A la vista de estos datos, la resolución estima que en la convocatoria concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año (21 de abril de 2011), entre cuyos convocantes se encontraban los mismos que ahora comunican una nueva manifestación.
   Así, la Delegación del Gobierno ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 267, de 20 de abril de 2011, que declaró la citada prohibición conforme a derecho, tras recurrir los convocantes a la Justicia.
   La legitimidad de la prohibición derivaba de las dos circunstancias que principalmente habían sido invocadas por la Delegación del Gobierno para prohibir la manifestación: la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa y la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, circunstancias ambas apreciables también en la manifestación pretendida en el presente año.
   También hace referencia el acuerdo de la Delegación del Gobierno a otro de los aspectos que tuvo en cuenta la sentencia dictada en 2011, en la que se afirma que "la manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".
   El acuerdo de la Delegación del Gobierno apunta además que "no debe obviarse la fecha, lugar y hora elegidas por los convocantes que, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación.
   Por tanto, la institución que dirige Cristina Cifuentes considera que la marcha atea "supone una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas y la integridad de bienes públicos o privados".
   La prohibición de la manifestación atea se ha producido un cuarto de hora después de que la plataforma por la libertad religiosa 'Más Libres' entregara a la delegación del Gobierno más de 31.000 firmas, recogidas por Internet en tan sólo una semana, pidiendo dicha prohibición.
   El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha declarado que el único ánimo de los convocantes de esta marcha es "injuriar" y que lo que pretenden es celebrar un "aquelarre laicista". Conocida la prohibición de la marcha, la web ha afirmado que se trata de "un éxito cívico en defensa de la libertad".  
   A las puertas de la Delegación del Gobierno, Arsuaga ha argumentado que en la manifestación realizada finalmente en mayo pasado por los que ha denominado "laicistas extremistas y radicales" --tras ser prohibida la 'procesión atea' del Jueves Santo-- se cometieron delitos de calumnias, injurias y ofensas contra los sentimientos religiosos.
   "Hubo insultos inclasificables, que sería muy duro reproducirlos. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la libertad de expresión, pero tiene unos límites", ha añadido.
   Además, el presidente de HazteOir ha recordado que presentaron una querella contra la anterior delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por un supuesto delito de prevaricación por permitir la conocida como 'marcha antipapa' del pasado 17 de agosto en el centro de Madrid, en plena Jornada Mundial de la Juventud.
   No obstante, ha señalado que reciente el tribunal decidió no admitir a trámite dicha querella, decisión que será recurrida, ha especificado Arsuaga.

Casi 430 personas malviven en El Gallinero

MADRID.- En El Gallinero malviven en 96 chabolas hasta 89 familias, lo que suma un total de 430 personas, de las que 185 de ellas son menores de edad -60 de tres a cinco años y 125 de seis a dieciséis años--, según datos aportados este miércoles por el coordinador general de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Martínez Serrano, en la comisión ordinaria del ramo.

   Tanto el PSOE como UPyD han llevado a la comisión la necesidad de poner en marcha un plan de actuación integral para garantizar las condiciones de habitabilidad y salubridad del asentamiento. "Viven entre escombros, con ratas, sin letrinas ni luz ni agua y ustedes (en referencia al equipo de Gobierno) no pueden cobijarse en la titularidad privada de los terrenos y deben garantizar los servicios públicos", ha exigido la concejala de la formación magenta Cristina Chamorro.
   La edil ha añadido que lo que domina en El Gallinero es la "falta de coordinación" entre el IRIS, la Junta de Villa de Vallecas, la Comunidad, Madrid Salud, la Policía Municipal y Nacional, Cruz Roja y Cáritas, sin olvidar "las actuaciones de disciplina urbanística descontrolada" que se materializan en los derribos, como el último, ocurrido el pasado 5 de marzo.
   Por su parte, el socialista Pedro Zerolo ha definido lo que ocurre en El Gallinero como "un drama, un situación límite", lo que le ha dado pie para asegurar que el Gobierno contará con el apoyo de los grupos políticos para poner en marcha ese necesario plan de actuación integral. "Sabemos que se han hecho cosas pero de manera descoordinada y que, por ejemplo, se quita la basura pero no se cumple el compromiso de llevar cubos", ha asegurado.
   Ante esta afirmación, Carlos Martínez Serrano ha negado las palabras de Zerolo asegurando que el asentamiento cuenta con contenedores "tipo bañera" añadiendo que cada vez que se retiran basuras se recogen hasta 1.074 toneladas de residuos.
   Además, el coordinador ha valorado "positivamente" los trabajos realizados por las distintas administraciones en lo que a intervención social se refiere. Así, ha recordado que el convenio firmado con el IRIS cuenta con un montante de 1,3 millones de euros sin olvidar que la población de El Gallinero se caracteriza por su "poco interés por integrarse", lo que dificulta todavía más el objetivo de la integración. "Continuaremos con los esfuerzos continuos para integrar y erradicar una zona poco razonable para que se desarrolle la vida", ha subrayado.

El Teatro Real de Madrid pide a sus empleados que devuelvan parte de su sueldo

MADRID.- El Teatro Real de Madrid, emblema cultural de la capital española, pidió a sus empleados que devuelvan un millón de euros que cobraron de más por no habérseles aplicado una reducción del sueldo de los funcionarios decidida en 2010, denunciaron este miércoles sus trabajadores.

"Debido a la nefasta gestión de la dirección del Teatro Real, a los trabajadores se les pide la devolución de más de un millón de euros", afirmó el Comité de Empresa del teatro en un comunicado.
La devolución exigida, debida a que a los empleados de la ópera no se les aplicó la reducción salarial del 5% decidida en mayo de 2010 por el Gobierno socialista entre otras medidas de austeridad, implicará "entre 3.000 y 6.000 euros para cada trabajador", agregó.
Después de que el Gran Teatro del Liceo de Barcelona viese su temporada lírica amenazada por un cierre de dos meses decidido en febrero -y finalmente anulado- para compensar un déficit de más de 3 millones de euros, el teatro de la ópera de Madrid podría ahora tener que cancelar estrenos. La situación "nos lleva a tomar la decisión de realizar movilizaciones y huelgas que ponen en peligro el estreno de las próximas óperas", afirmó el Comité de Empresa.
El teatro madrileño tiene previsto en abril el estreno de una nueva producción, 'Vida y muerte de Marina Abramovic', creada por Robert Wilson, y en mayo, 'Cyrano de Bergerac', con el tenor español Plácido Domingo en el papel de Cyrano.
"Hay trabajadores del Teatro Real que este mes y el que viene no podrán pagar su hipoteca ni alimentar a sus familias", agregó el Comité de Empresa.
Duramente sacudida por la crisis financiera y el estallido de su burbuja inmobiliaria en 2008, España aplicó en los últimos años sucesivos planes de austeridad para limitar su déficit público, que en 2009 se disparó hasta un 11,1% del PIB. Gran parte de los recortes recayeron en los funcionarios, que vieron sus sueldos recortados, sus jornadas laborales aumentadas y el número de puestos reducido. El objetivo del nuevo Gobierno es reducir el déficit al 5,3% del PIB este año y al 3% en 2013.

La ciudad de Madrid admite conversaciones con Las Vegas Sand

MADRID.- El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha reconocido este miércoles la existencia de conversaciones entre el Ayuntamiento y representantes de Las Vegas Sand, la empresa capitaneada por el magnate Sheldom Adelson, para rechazar, a renglón seguido, que se pudiera llegar a constituir "una isla fiscal en Europa" con este proyecto.

   Villanueva ha reconocido en la comisión de Urbanismo que Las Vegas Sand que se han mantenido "varias reuniones de trabajo" con equipos de Vicealcaldía, Hacienda, Urbanismo y Medio Ambiente, en las que la empresa ha solicitado información sobre "disponibilidad del suelo y su catalogación" así como impuestos propios del Consistorio, como el de Construcción e Instalaciones, Bienes Inmuebles, Actividades Económicas o el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
   Después de recordar que la empresa anunciará "antes del verano" su decisión sobre la ubicación de su macroproyecto, el vicealcalde ha insistido en que el Gobierno municipal "está abierto a escuchar cualquier propuesta", sobre todo teniendo en cuenta cifras como una inversión acumulada de entre 15.000 y 18.000 millones de euros entre los años 2012 y 2022, que incluiría la construcción de hoteles, casinos, spas, espacios para convenciones, gimnasios, piscinas, campos de golf, etc.
   Y es que la voluntad del Ayuntamiento, en palabras de Villanueva, es "atraer inversión, capital y empleo" pero "en ningún caso supondrá crear una isla fiscal" ya que "las leyes son iguales para todos".
   A eso ha añadido que el Ayuntamiento sólo apoyará el proyecto "si hay una decisión unánime y coordinada de todas las administraciones implicadas", esto es, Consistorio, Comunidad y Estado matizando que le corresponde al Ejecutivo de la Nación "marcar el paso".
   Por otro lado, Villanueva ha pedido ser "extremadamente prudente" con este proyecto, del que ha dicho que "no será tan malo" cuando el ex ministro socialista Miguel Sebastián "lo cuidó, mimó y atendió con todos los desvelos", lo mismo que hizo el tripartito de la Generalitat y ahora el Gobierno de CiU. También ha recordado la posición a favor de este proyecto mostrada por gobernantes socialistas del entorno de Barcelona.

Una treintena de activistas se concentran en Madrid contra las redadas racistas

MADRID.- Una treintena de activistas se han concentrado este jueves en la madrileña plaza de Lavapiés para pedir que cesen las identificaciones policiales basadas en criterios raciales, una practica que, aseguran, "altera la vida de los ciudadanos" y "criminaliza a la inmigración". 

   Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Cristina Manzanedo, del área jurídica de Pueblos Unidos, entidad firmante junto a Amnistía Internacional, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, SOS Racismo y Women's Link Worldwide de un manifiesto contra estas detenciones en el Día Mundial contra el racismo.
   Para Manzanedo, aunque es "un avance" que el Ministerio del Interior haya afirmado que "se irá hacia una política de detenciones más sensata", el hecho es que "pese a estas declaraciones esta práctica se sigue produciendo hoy en día" y para erradicarla, "no basta con instrucciones verbales".
   En este sentido, los convocantes de la protesta reclaman la modificación de la circular 1/2010 sobre detenciones, el documento "en el que se apoya la policía" para dar el alto a ciudadanos basándose en su apariencia física.
   Además, reclaman que se reforme el sistema de medición de objetivos que utilizan las comisarías y que relacionan el número de detenciones con el grado de eficacia policial, un método que, conforme ha señalado Manzanedo, provoca las 'redadas racistas' al ser los inmigrantes los más fáciles de identificar.
   "El año pasado se hicieron más de siete millones de detenciones y seguro que un altísimo porcentaje tenían que ver con extranjería", ha lamentado, para incidir en que esta "práctica indiscriminada" deriva en que "muchísimos" extranjeros son trasladados a centros de internamiento aunque no hayan cometido un delito, sino la falta administrativa de no tener la documentación en regla.
   Durante la concentración, en la que los activistas han hecho sonar silbatos y han gritado proclamas como 'No son delincuentes, son nuestras vecinas', la responsable de Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, ha exigido a la Policía el cese de esta práctica que no sólo afecta a los inmigrantes, ya que "muchas personas sólo por su apariencia, tienen que demostrar cada día que no son extranjeros o que no se encuentran en situación irregular".
   Entre los manifestantes se encontraban distintas personas de origen extranjero que han prestado su testimonio sobre la "persecución", a la que afirman, se ven sometidos por las fuerzas del orden. Es el caso del maliense de 38 años de edad S., quien ha declarado a Europa Press que pese a los ocho años que lleva residiendo en España, no hay semana en que no se tope con un control policial.
   "A veces han parado a otra gente cuando tú estás llegando y los ves venir. No van de uniforme. Te paran, te preguntan. Sobre todo en el metro, pasa siempre", ha asegurado.
   El manifiesto recuerda que esta práctica es discriminatoria, como ya han hecho saber a España distintos organismos internacionales, que "alimenta los prejuicios contra las minorías" y que tiene "graves consecuencias en la vida diaria de las personas, pues afectan a su libertad de circulación provocando en ocasiones que lleguen tarde al trabajo o que tengan miedo de salir a la calle".