viernes, 21 de septiembre de 2012

Los jueces de Madrid piden la dimisión del presidente del CGPJ

MADRID.- La junta general de jueces de Madrid, la más numerosa de toda España, ha acordado por mayoría, en su reunión de este viernes, solicitar la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, por considerar que no defiende sus intereses en el conflicto abierto con el Ministerio de Justicia por el recorte de derechos estatutarios y la falta de inversión en la Justicia. Moliner fue elegido máximo representante del CGPJ el pasado 17 de julio, después de la dimisión de Carlos Dívar, recuerda 'Público'. 

Lo ha explicado a los periodistas el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, al término de la reunión. A la cita han acudido 210 jueces.
Jueces y fiscales de toda España han celebrado juntas este viernes en las que, mayoritariamente, han expresado su malestar con las políticas del Ministerio de Justicia y sus planes de reformas legislativas, así como contra los recortes estatutarios y salariales al colectivo. Reclaman a Justicia que se siente a negociar en el plazo de 15 días ya que, en caso contrario, llevarán a cabo un plan de movilizaciones que no excluye paros parciales o una huelga indefinida. 
En la reunión de este viernes, los jueces de Madrid también han votado pedir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, pero la propuesta no ha prosperado por escaso margen. Asimismo, no descartan ir a la huelga si la negociación con el ministerio, que ha planteado una amplia reforma legislativa –en la que se incluye una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial–, no da sus frutos y no atiende a sus peticiones.
Por unanimidad, todos los jueces de Madrid han aprobado el cumplimiento escrupuloso del horario de audiencia, en el que los jueces atienden al público y a los profesionales, ciñéndolo a las cuatro horas diarias legales, que en la práctica se extendían durante bastante más tiempo. González Armengol señaló que son "tercermundistas" tanto el sueldo de los jueces españoles como la ratio juez-ciudadano en nuestro país, que es de 10 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 20 de media en la UE. Resaltó que en España hay un político por cada 106 habitantes, y un juez por cada 10.000 habitantes.
Los jueces de Badajoz reclamaron también en una reunión celebrada este jueves la dimisión de Moliner, se adhirieron a una futura huelga indefinida y, ellos sí, reprobaron al ministro Alberto Ruiz-Gallardón por su injerencia en la independencia judicial.
En Barcelona, la junta general de jueces lamenta igualmente la "ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España" y tampoco ha descartado medidas de presión como la huelga, si bien han aplazado la decisión a la junta de octubre.
En rueda de prensa, la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha explicado este viernes que en la junta, a la que han asistido 143 jueces de forma presencial o por delegación, se ha ratificado por unanimidad un manifiesto en el que se muestra el "descontento de los jueces por cuestiones endémicas" por falta de inversión, voluntad política, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema judicial y la falta de concreción en la carga de trabajo de cada juzgado. "En la Administración de Justicia, en tiempos de crisis aumenta el trabajo y podemos llegar a una situación de colapso", ha advertido Feliu, a lo que ha añadido que están trabajando por encima de la carga de trabajo prevista. Ha avisado de que ello tiene un límite, deplorando que en épocas de bonanza tampoco se haya invertido en Justicia: "Incluso sanidad ha tenido muchas inversiones como el expediente digital y nosotros no tenemos nada de esto. Aún funcionamos con papel y fotocopias de fax".
Ha detallado que durante la junta se ha abordado la posibilidad de emprender medidas de presión porque algunos jueces piensan "que se ha llegado al límite", entre las que se han barajado la autorregulación y cumplir a rajatabla las horas de audiencia, aunque, por el momento, no han puesto sobre la mesa la convocatoria de una huelga. Para Feliu, la posibilidad de convocar paros en los juzgados la abordarán de cara a la junta de octubre, ya que consideran que tendrá "más eficacia" si se convoca a nivel estatal y no sólo en Barcelona.
La junta ha aprobado por unanimidad adherirse al documento de las asociaciones de jueces suscrito el pasado lunes [descargar aquí] en el que se lamenta la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Este documento ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y no descarta la convocatoria de una huelga.
También han mostrado su malestar con la situación y han apoyado las protestas de las asociaciones los 20 jueces centrales de lo Contencioso y de Instrucción de la Audiencia Nacional, así como la Sala de lo Penal de dicho órgano.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha destacado que el 75 por ciento de los jueces y fiscales españoles han apoyado el comunicado conjunto de las asociaciones contra la política judicial del Gobierno e instando a la negociación al Ministerio.Y no sólo en las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla, sino en los partidos judiciales pequeños.
"Ello demuestra el fuerte malestar existente con la gestión de Ruiz-Gallardón", agregó Bosch, quien cree que el ministro debe abandonar su "prepotencia y sentarse a dialogar de forma constructiva con las asociaciones". Le darán un plazo de 15 días antes de decidir movilizaciones entre las que no excluyen los paros parciales o la huelga.
Respecto a la petición de dimisión de Moliner que plantean algunos de sus compañeros como los de Madrid o Badajoz, Bosch destacó que el próximo lunes las asociaciones se reunirán con el presidente del CGPJ y le pedirán que apoye sus reivindicaciones.
Por su parte, los miembros de las principales fiscalías territoriales también han apoyado el comunicado conjunto de las asociaciones que reclaman una negociación al Ministerio y no descartan medidas de presión como paros parciales o una huelga.
Así lo han hecho los fiscales de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Guadalajara, Navarra, Santander o Santiago de Compostela, según los datos provisionales que manejaba la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En algunas de estas reuniones se ha subrayado el malestar de la profesión, que se siente despreciada por las medidas del Gobierno.
La portavoz de la UPF, María Moreto, considera un éxito ese respaldo máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los fiscales no pertenecen a ninguna asociación.
Esta representante se mostró sorprendida porque Moliner haya citado el lunes para hablar del malestar en el sector judicial únicamente a las asociaciones de jueces, cuando en este conflicto existe una comisión unitaria de todas las asociaciones de jueces y fiscales, y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial afecta a ambos colectivos. En todo caso, subraya que el interlocutor de las asociaciones en este asunto es el Ministerio de Justicia y no Moliner.
Las juntas celebradas en ciudades de todo el país han puesto en evidencia un alto nivel de malestar de los jueces. La mayoría se han adherido al documento presentado por las asociaciones de jueces y fiscales. Los encuentros entre jueces asociados y no asociados se producen días después de que las siete asociaciones, que representan a todas las sensibilidades de la carrera judicial y fiscal hayan alcanzado un acuerdo para cumplir estrictamente las horas de audiencia fijada por la ley, la convocatoria de una concentración y otras medidas de protesta.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró el jueves que los jueces tendrán el "máximo respeto" por parte del Ministerio si deciden ir a la huelga "en su condición de funcionarios públicos" y ha recordado que conforman también un poder del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, mantendrá reuniones con las asociaciones judiciales, jueces no asociados, jueces decanos y presidentes de los tribunales superiores de justicia para conocer su parecer.
El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma del estatuto orgánico de los jueces que limita la actuación de los sustitutos y limita los días de permiso. Eso sí, se ha comprometido a volver a convocar oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial a partir de 2013 y mantenerlas con carácter anual, tras haber mantenido conversaciones con el presidente del órgano de gobierno de los jueces.

La bases del PSOE apuestan por Madina como próximo candidato a presidente del Gobierno

MADRID.- Las bases del PSOE han dejado claras sus preferencias acerca del candidato que debe encabezar las listas del partido en las próximas elecciones generales. Y ese no es otro que Eduardo Madina. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso cuenta con el respaldo del 21% de los encuestados y detrás de él se sitúan, con un 20%, Carme Chacón y Tomás Gómez y con un 18% Patxi López, según se desprende del II Barómetro de Bases

De esta segunda encuesta, realizada a 1162 militantes sin responsabilidades destacadas del Partido Socialista Obrero Español, también cabe destacar que entre los miembros de la Ejecutiva Federal mejor valorados también se sitúan el propio Eduardo Madina y el lehendakari Patxi López. Mientras que entre los peor valorados se encuentran el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, o el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky.
El lehendakari Patxi López, el presidente de Asturias, Javier Fernández, el de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, todos ellos secretarios generales de sus respectivas federaciones, así como el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, son los secretarios regionales que reciben mayor apoyo entre los encuestados. 
Siete meses después del 38º Congreso Federal del partido, celebrado en Sevilla, y según revela el sondeo, las bases del PSOE no han modificado sustancialmente su percepción sobre el partido, del que reclaman más democracia interna y mayor participación en la toma de decisiones. Precisamente, con respecto al cónclave del que resultó elegido Alfredo Pérez Rubalcaba como líder de los socialistas, la mayoría de los encuestados están en desacuerdo tanto con el resultado de la elección, como con el posicionamiento ideológico que se adoptó y las conclusiones para reformar la democracia interna. 
Los militantes de base también se muestran muy distanciados con la labor que actualmente desempeña la Comisión Ejecutiva Federal, ya que consideran que debería reducir su tamaño y ven poco acertadas y poco democráticas sus decisiones. Y creen que en esta se encuentran poco representadas las distintas sensibilidades del partido y se tiene poco en cuenta el sentimiento de las bases.
Hasta un 55% de los encuestados tachan de malo o muy malo el funcionamiento de la Ejecutiva y del resto de órganos del partido tan solo salen bien paradas las fundaciones (Pablo Iglesias, Jaime Vera, IDEAS, Ramón Rubial y Sistema, en ese orden). Todas las estructuras de la dirección suspenden; la Comisión Ejecutiva Federal recibe una media de 2,3 y el Comité Federal un 2,4. Las mejor valoradas son las agrupaciones, en las que las bases suelen desarrollar su militancia, que reciben una media de 2,6.
Pero sin duda, las bases muestran un especial rechazo hacia la actual labor de oposición que está ejerciendo el partido en el Parlamento al Gobierno de Mariano Rajoy. Un 78% de los preguntados la consideran mala o muy mala, y sólo un 7% buena o muy buena. Lo mismo ocurre con la comunicación mediática del partido, que es suspendida por el 81%. Y también observan que el partido se halla poco cohesionado y alejado de los sentimientos de los ciudadanos.
Por eso, los participantes en el sondeo reclaman una mayor presencia del PSOE en las movilizaciones ciudadanas, le piden que incluso realice convocatorias propias y un 66% considera que no están defendiendo debidamente los intereses de los ciudadanos. Pero además, los militantes no consideran que esta situación vaya a mejorar de aquí a un año.
También existe una destacada diferencia de criterios respecto a las formas de acceso a los puestos de responsabilidad del partido, cargos públicos y candidaturas. Los encuestados reclaman que los cargos del partido se designen por el voto directo de los militantes y no por delegados. Reclaman mayores mecanismos de transparencia dentro del partido, que los cargos orgánicos y públicos sean incompatibles y mayor participación de las bases, que observan que su trabajo es poco reconocido e infravalorado.

La reforma educativa quita a las CCAA capacidad de decisión

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy viernes el primer borrador que detalla la reforma de la ley educativa con la que el Gobierno del Partido Popular quiere reducir la elevada tasa de abandono y fracaso escolar y mejorar el rendimiento de los estudiantes españoles, y para conseguirlo exigirá una mínima calidad en todas las Comunidades Autónomas.

En concreto, el Ministerio de Educación aumentará en un 10% su capacidad de decisión sobre los contenidos de las materias comunes en todo el Estado, un giro criticado el País Vasco y Cataluña por "retrógrado y recentralizador" en un nuevo frente de batalla con el Gobierno central.
"El (Gobierno) pasará a fijar los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas, que requerirán el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para las que no la tengan", dijo el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros.
Actualmente la LOE, vigente desde 2006, establece unos contenidos comunes mínimos del 55% y 65%, respectivamente.
"No es una recentralizacion, es simplemente una serie de disposiciones que se orientan a dar mayor equidad (...) Hay un mayor margen a la diferencia e incluso una competivividad sana entre las Comunidades Autónomas en el plano educativo", dijo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.
El ministro calificó la actual situación de los contenidos escolares de "dispersión inmanejable".
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima reforma de la democracia que afecta a todos los niveles a excepción del universitario, introducirá exámenes nacionales unificados (reválidas): dos en Primaria - en 3º y 6º pero sin efectos académicos -, uno al terminar la ESO y otro al final del Bachillerato, que sí deberán aprobarse para obtener el título.
Además se suprime la Selectividad y se refuerza las horas de clase en las materias de matemáticas, lengua, ciencias e inglés.
Wert afirmó que con esta reforma se trata de que los alumnos españoles puedan competir "con el chico o la chica que está estudiando en Singapur, Estados Unidos o Letonia".
"No es una reforma ideológica", dijo.
El Gobierno busca poner remedio a las debilidades del sistema educativo español que se refleja en un fracaso escolar del 26,4 por ciento - el doble que la media europea -; un desempleo juvenil del 52 por ciento, y un 23,6 por ciento de "ni-nis", jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.
"Los dos principales objetivos de la reforma son fortalecer la formación integral de los ciudadanos y conseguir un sistema educativo que sea una plataforma para lograr un empleo. Es decir, conectar las aulas con el empleo", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Las autoridades españoles también justifican la necesidad de reforma en el gran desfase que existe actualmente entre el gasto público por alumno - un 21% más que en los países de la OCDE y la UE, según datos del "Panorama de la educación en España 2012" realizado por la OCDE - y la falta de resultados académicos que arrojan evaluaciones internaciones como PISA, que en su informe 2009 situó a España 12 puntos por debajo de la media de la OCDE y ocupa el puesto 18 entre los 25 países evaluados de la Unión Europea.
Uno de los objetivos de la reforma es mejorar en 16 puntos los resultados de PISA, lo que situaría a España por encima de países como Francia, Reino Unido e Italia, y la igualaría con Alemania, dijo el Ministerio.
El texto articulado, que inicia ahora su tramitación por los distintos órganos y consejos consultivos, establece un adelanto en la elección de los alumnos hacia la Formación Profesional desde 3º de la ESO, creando un nuevo ciclo de FP dentro de la enseñanza obligatoria (FP Básica).
En la Formación Profesional de Grado Medio se incluirán materias instrumentales adaptadas al campo o sector profesional correspondiente y, mediante asignaturas optativas, se facilitará la continuidad a la de Grado Superior.
A los centros escolares se les otorgará un mayor grado de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, con capacidad para contratar y determinar la retribución del personal docente, entre otros.
Finalmente, la nueva norma permitirá la concertación con centros de educación diferenciada por sexos, siempre que cumplan con los requisitos relativos a la lucha contra la discriminación, dijo el Gobierno.
La nueva reforma de la Educación llega después de que el Gobierno anunciase en mayo recortes por importe de 3.000 millones de euros en el sector, que incluyen desde el aumento del número de alumnos por aula a la reducción de personal docente o la subida de la matrícula universitaria.
El inicio del curso en la Universidad vivió hoy algunas protestas de profesores y alumnos por la subida de tasas y los recortes en campus de Valencia, Murcia y Cáceres, siguiendo la estela de manifestaciones en toda la enseñanza ante un otoño que se prevé caliente en el sector.

Eurovegas, otra multinacional subvencionada / Ignacio Muro Benayas *

Ni el seguro de paro ni los fondos de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) para la formación, gestionados por sindicatos y empresarios, son subvenciones. Son recursos que surgen de los propios trabajadores, cantidades previamente detraídas de sus cotizaciones. No importa, seguirá oyendo cómo les llaman subvenciones. Se trata de insertar en la cabeza de la gente la idea de que todo lo que se asocia al derecho del trabajo es un mundo declinante, antiguo, mientras que los empresarios crean futuro y riqueza, compiten sanamente, sin ayudas. 

No se deje engañar. Si quiere conocer donde se irán nuestros próximos dineros apunte a Eurovegas, el mejor ejemplo de cómo un gran empresario puede conseguir rendimientos del 20% sobre una inversión, sin arriesgar recursos propios. 

Lo que nos enseña la historia reciente
Una de las leyes no escritas de la globalización es que un elemento determinante para decidir el asentamiento de las grandes inversiones es el tamaño de las ayudas públicas que reciben. En palabras de Robert Reich, el que fuera ministro de Trabajo de EE UU con Bill Clinton, incluidas en su libro El Trabajo de las Naciones:
"Los políticos que gestionan los estados, las ciudades y las naciones compiten entre sí por captar grandes inversiones, especialmente en momentos de recesión económica. La posibilidad de una nueva fábrica en la región desata una feroz competencia (...) y una serie de apasionadas rondas de negociación (...) que deriva en una carrera por ofrecer las mejores condiciones (y las mayores subvenciones)".
Robert Reich
Despues de analizar multitud de casos, el autor perfila las pautas comunes, ocultas tras una montaña de opacidad, que comparten esas inversiones de relumbrón. Pocas veces se conocen los detalles. La verdad solo trasluce en aquellos casos en los que algún periodista (valiente) lo revela o alguna empresa perjudicada lo denuncia a los Tribunales de la Competencia. Un ejemplo típico fue el caso Daewo en el País Vasco en 1997, cuyas subvenciones fueron declaradas ilegales por los tribunales europeos en contestación a una demanda presentada por los fabricantes de electrodomesticos competidores (Siemens y Electrolux).

La comunicación, soporte de la estrategia empresarial

Lo cierto es que las estrategias de estas operaciones se han hecho cada vez más sofisticadas, cuidadosamente preparadas por profesionales del management y la comunicacción en un mix que demuestra que esta, la comunicación, es en el mundo moderno, cada vez más, un factor de plusvalía. Mientras se ultima lo principal, los dineros, lo cuantitativo, la batalla de la opinión pública es decisiva para contrarrestar los rechazos, con múltiples "noticias", preparadas por gabinetes, dispuestas a resaltar las ventajas cualitativas que la inversión aporta a la localidad elegida, a la que inyecta un know how de primer nivel y oportunidades innovadoras para su industria (turística, en este caso). Un torrente informativo ocultará sus efectos negativos (cualquier contaminación física o moral, cualquier coste externo indirecto), neutralizando las alusiones a prostitutas o al juego.

El juego del gato y el ratón

Pero la batalla decisiva se juega en la capacidad del inversor para trasladar costes y riesgos a las instituciones publicas. ¿Cómo lo consiguen? Si quiere profundizar en los números de Eurovegas husmee en este completo informe económico y fiscal; si quiere comprender cómo funcionan estas operaciones siga leyendo.
  1. En primer lugar, es esencial inflar el tamaño del proyecto con un doble propósito: de un lado, alimentar el ego y las expectativas de los políticos y la imaginación de los comerciantes, empresarios y ciudadanos locales; de otro, justificar la sobretasación oficial, es decir, aumentar la base sobre la que se calcularán las subvenciones y las aportaciones de "los otros". Requiere airear (filtrar a los medios), como ha hecho LVS la gestora de Eurovegas, cifras desorbitadas y crecientes sobre el total de la inversión (entre 17.000 millones de euros según LVS y 26.000 según el Gobierno regional), o sobre la creación estimada de empleo directo e indirecto (260.000 empleos), o el número de edificios (12 complejos hoteleros) y del numero de habitaciones (36.000 nuevas plazas). Y por supuesto, exagerar los metros cuadrados que precisarán (12 millones de m2 ofrece el municipio de Alcorcón).
  2. El segundo es encontrar dos competidores que se encelen con el proyecto, con políticos en apuros (hay muchos) dispuestos a otorgar un "interés público" a la operación. Conseguido esto, es fácil elevar la puja con una campaña adecuada de comunicación, aireando cada mejora ofrecida por uno para presionar al otro. Pronto debe quedar claro que están igualados, y que se llevará el proyecto el que haya comprometido más dinero público, bien en forma de crédito fiscal, en terrenos o financiación directa. En definitiva, que no hay otro criterio de mayor peso.
  3. Decidida la candidatura ganadora, con los políticos públicamente comprometidos y exhultantes... empieza la verdadera negociación sobre la financiación. Si el proyecto está suficientemente hinchado y se ha cumplido el objetivo de sobretasación, es posible que cuando consiga comprometer la financiación ajena que precisa (el 65% de la primera fase en este caso), haya conseguido realmente mucho más, alrededor de un 90% de lo que realmente necesita. 
  4. ¿Aportará el resto de los fondos LVS? No lo asegure. Lo normal es que cuando le pidan que concrete su aportación (que después de la manipulación de cifras representará alrededor del 10% del valor real) manifieste que su aportación es el diseño del proyecto o su know how como gestor. O solicite, como ha hecho, que el Estado le avale un credito de 25 millones al Banco Europeo de Inversiones.
Muchos años después...
Las cifras del caso Daewo aportan algo de luz. Sumando el crédito fiscal por exenciones y bonificacioones de impuestos durante los primeros años, (el 45 % de la inversión estimada), más una concesión de derechos de uso sobre suelo en condiciones muy ventajosas, (500.000 m2, cinco veces más de lo que después se demostró que necesitaba) y el efecto de la sobretasación, se alcanzaba cerca del 100% de la inversión efectiva, según los demandantes. Cuando, 14 años despues, el Tribunal de Estrasburgo obligó a devolver el exceso cobrado Daewo respondió con el cierre de las instalaciones en 2011

La experiencia del Parque Warner, Terra Mítica, Isla Mágica, que siguen compensando pérdidas con subvenciones, o los ajustes de plantilla realizados por los casinos de Torrelodones y Aranjuez, después de constatar descensos del 45% en sus ingresos, muy dependientes de la alegría consumista, avanza un futuro inquietante. Eso sí, es posible que tardemos muchos años en descubrir el tamaño de la estafa politica y económica de la que hemos sido objeto.

(*) Economista, profesor de periodismo en la univ. Carlos III y editor de www.poli-Tic.net

Equo tilda de "burla" que Madrid sea premiada por su sostenibilidad

MADRID.- Equo Madrid ha tildado de "burla a los madrileños" que la capital haya sido declarada este viernes la ciudad española más sostenible, según Siemens, y ha criticado "la drástica reducción" que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid en la retirada de residuos, señalando que "la recogida del cubo amarillo sólo se realizará 3 días a la semana".

   En un comunicado, el partido ha considerado "vergonzoso" que la ciudad encabece el "ranking en reducción de emisiones de CO2 y gestión de residuos", cuando el Ayuntamiento de Madrid "está siendo investigado, a petición de Equo, en el Parlamento Europeo por superar los niveles de contaminación permitidos".
   Asimismo, Equo ha señalado que la reducción de recogida de plástico ya ha comenzado en algunas zonas de Madrid, donde los vecinos se han encontrado, "casi con nocturnidad y alevosía" con una notificación pegada en sus portales, en la que se indica que la retirada del cubo amarillo "sólo se realizará 3 días a la semana".
   En opinión del partido, esta medida supone "un paso atrás muy importante" en el reciclaje que "pone en peligro" el trabajo de concienciación realizado durante muchos años. Además, Equo advierte de que la falta de recogida de plásticos provocará que "muchas personas acaben tirando los envases al cubo de los residuos orgánicos, con el consecuente daño medioambiental".
   Además, el partido ha señalado que este cambio de políticas en la recogida de residuos denota "la evidente falta de interés" en los problemas medioambientales del equipo de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuyo "único objetivo es reducir la faraónica deuda que dejó el anterior alcalde Alberto Ruiz Gallardón".
   Por último, Equo ha hecho referencia al 'Sistema de Depósito, Devolución y Retorno' (SDDR), implantado en 35 países y "con un porcentaje de eficiencia cercano al 100 por cien". A juicio del partido, este sistema es "más sostenible para la gestión de los envases de bebidas" y "acercaría al país a sociedades más avanzadas en el respeto al medio ambiente".