jueves, 5 de abril de 2018

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.
Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.
Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.
Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.
Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.
En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.
Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.
A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".
Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.
En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".
¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".
También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.
Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.
Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".
A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.
Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".
Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

  • Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
  • Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.
Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.
Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.
Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.
En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.
Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.
Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.
El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.
De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.
Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.
Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.
No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 
Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 
Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.
En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).
El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 
Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).
Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.
La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.
Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

Cifuentes: dimitir es la salida / Editorial de 'El País'

Cristina Cifuentes se ha parapetado, según todo parece indicar, en una mentira para mantener su puesto al frente de la Comunidad de Madrid. Quizá ella no falseó ninguna firma y ningún documento para demostrar que sí cursó y superó un máster de posgrado en una universidad pública, pero el miércoles, en la Asamblea madrileña y ante los electores, proclamó con altanería que el título que figuraba en su currículo académico era “perfectamente real y legal”. 

Una profesora, la presidenta del supuesto tribunal que la examinó, ha reconocido que no firmó el acta. Hubo, por tanto, un delito de falsificación de documento público que la fiscalía ahora evaluará. Si ella no falsificó nada, Cifuentes tendrá al menos que explicar de dónde sacó el acta que tan orgullosa exhibió y por qué estaba tan segura de su legalidad.

Pero llegados a este punto la palabra de Cifuentes tendrá muy poco valor. Ella misma ha destruido su credibilidad defendiendo que cursó un máster al que no acudió y del que nunca ha sido capaz de explicitar día y hora de presentación en sesión pública su trabajo de fin de máster. 

Este escándalo involucra gravemente a la Universidad Rey Juan Carlos, pero su rector ha tomado la iniciativa para buscar responsabilidades e imponer la pulcritud interna a partir de ahora frente a una líder política arrogante que quizá participó en el amaño y ha basado su defensa en el contrataque y la mentira. Dimitir es su única salida airosa para minimizar los daños que ha infligido a la política en general y a su partido, que mañana inicia una importante convención nacional en Sevilla.

En caso de numantina resistencia, la pelota estaría en el tejado de Ciudadanos, el partido que apoya con sus votos a la líder popular. El pacto de legislatura suscrito con la presidenta madrileña incluye tolerancia cero hacia los políticos involucrados en escándalos de corrupción. Este es el caso. Se ha cometido un presunto delito que solo beneficiaba a la versión de Cifuentes y esta ha demostrado su catadura moral y política.

Puede que a un año de las elecciones autonómicas Ciudadanos sopese razones electorales legítimas, pero conformarse con la situación a la espera de un mejor momento pondrá gravemente en cuestión su ideario reformista de regeneración política. Durante esta legislatura se ha entendido bien con los socialistas y Podemos para poner en marcha diversos proyectos. Ahora, y a pesar de ser el partido menos numeroso en la Asamblea, está obligado a facilitar el relevo.



Cifuentes considera una "buena noticia" que la Fiscalía investigue el caso de su máster

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que es "una buena noticia" que la Fiscalía investigue el caso de su máster. Cristina Cifuentes ha ido incluso más allá: "He sido yo la primera que puso el tema en manos de los tribunales". 

Cifuentes ha hablado a los periodistas en la Asamblea de Madrid después de que se supiera que la Universidad Rey Juan Carlos ha remitido a la Fiscalía la investigación sobre su máster al encontrar "indicios de delito" en su propia indagación. 
Este paso se ha producido después de que la profesora Alicia López de los Mozos haya  confesado que no participó en el tribunal evaluador del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes, como se argumentó desde la universidad en un primer momento. 
El acta de esa supuesta evaluación, en la que dos de las tres firmas son sospechosas de haber sido falsificadas, fue exhibido por la presidenta madrileña como prueba de que había cumplido con los reglamentos académicos.
"No corresponde a ningún alumno determinar qué personas componen los tribunales", se defendió la también presidenta del PP de Madrid. El nombre de la profesora López de los Mozos fue señalada en la rueda de prensa ofrecida por la Universidad cuando estalló el escándalo. 
 Y fue el propio equipo de la presidencia de la Comunidad de Madrid el que distribuyó la supuesta acta de su trabajo fin de máster en el que esta docente aparecía  como presidenta de la comisión evaluadora. 
"El alumno no tiene por qué saber quiénes son los miembros de un tribunal que lo examina", ha insistido. Y se ha escudado en que el acta que envió a los medios de comunicación era "el documento que nos remitió el rectorado".
Finalmente, ha asegurado que las novedades son algo bueno para ella y ha pedido  "que la investigación llegue hasta el final y se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por todo el mundo".
Sobre su futuro político se mostró igualmente segura. Dijo que "en absoluto" piensa dimitir.

La Fiscalía investigará el caso del máster de Cristina Cifuentes

MADRID.- La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Fuentes fiscales han informado que esa Fiscalía asumirá también la información que la propia Universidad ha anunciado que remitirá al apreciar indicios de delito de los que ha tenido conocimiento en su investigación.
Según ha informado la URJC en un comunicado, el rector de la institución, Javier Ramos, ha tomado esta decisión como consecuencia de la investigación interna ordenada el pasado 21 de marzo y ante la aparición de informaciones que "pudieran ser constitutivas de delito".
El propio rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto.

El PSOE registra la moción de censura contra Cifuentes

MADRID.- El PSOE ha registrado esta tarde en la Asamblea de Madrid la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, motivada por las presuntas irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los socialistas tenían previsto registrar la moción mañana pero lo harán adelantarán a esta tarde tras conocer la decisión de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de trasladar a la Fiscalía datos recabados durante su investigación en relación con el máster por si pudieran ser constitutivos de delito.
Al registro, han acudido entre otros el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y el secretario general del grupo parlamentario socialista, Enrique Rico.
La Comisión Ejecutiva del PSOE-M aprobó ayer por unanimidad en una reunión de urgencia la presentación de esta moción tras el visto bueno del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Según el reglamento de la Asamblea de Madrid, la aprobación de una moción de censura requiere de la mayoría absoluta del pleno por lo que sería necesario el respaldo de los tres grupos de la oposición, incluido Ciudadanos.
Por el momento, sólo Podemos ha manifestado su apoyo a la moción.
La Mesa de la Asamblea de Madrid, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados, la admitirá a trámite y dará cuenta de su presentación al presidente de la Comunidad de Madrid y a la Junta de Portavoces.
A continuación, en un plazo de dos días podrán presentarse mociones de censura alternativas.
Transcurrido dicho plazo, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, convocará el pleno para debate y votación de la moción de censura, que no podrá tener lugar antes de cinco días ni después de veinte días desde su presentación.
En función de estos plazos, la moción podría ser debatida y votada antes de que finalice este mes de abril.

La presidenta del tribunal que evaluó el máster de Cifuentes declara que su firma es falsa

MADRID.- Alicia López de los Mozos, la supuesta presidenta del tribunal que evaluó el máster de Cristina Cifuentes, ha declarado que no firmó el acta del tribunal de trabajo de fin de máster (TFM) de la presidenta madrileña, por lo que ha confirmado que la firma que aparece no es la suya.

López De los Mozos lo ha reconocido ante la instructora de la investigación abierta por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre el polémico máster. Se trata de una de las tres docentes que firmaron supuestamente ese acta, que puntuaba con un 7,5 el TFM.
La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fuentes fiscales han informado que esa Fiscalía asumirá también la información que la propia Universidad ha anunciado que remitirá al apreciar indicios de delito de los que ha tenido conocimiento en su investigación.

Un título "adaptado" a la alumna Cristina Cifuentes

MADRID.- Cristina Cifuentes aclaró algunas dudas y dejó sin contestar otras cuantas durante su comparecencia de ayer en la Asamblea regional. Confirmó que no iba a clase y no presentó ni el título del posgrado ni el misterioso Trabajo de Fin de Máster (TFM). Sí exhibió el boletín de notas con todas las asignaturas aprobadas y el impreso de matriculación, dos documentos que ya había mostrado hace unos días aunque ahora tienen el sello oficial que prueba su autenticidad, según El Mundo.

¿Cifuentes iba a clase?

Ella misma admitió ayer que no: "Los estudios de posgrado muchas veces se adaptan a las necesidades del alumno y a sus posibilidades de horarios. Existía esa posibilidad y yo me acogí a ella. Es algo que se acuerda con los profesores y no sólo ha sido en mi caso". Aunque se exige a los alumnos acudir al 80% de las clases, también existe la figura de la dispensa para casos excepcionales. Reconoció también que se matriculó con el curso empezado y que defendió el TFM con materias pendientes.

¿Hizo el TFM?

En un documento con su firma, Cifuentes así lo asegura: "Presenté, a tales efectos, el correspondiente Trabajo Fin de Máster, relativo a El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana". Pero nunca lo ha enseñado. Ni siquiera ayer. Sólo ha mostrado un documento en el que autoriza a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a hacerlo público.

¿Ayer aportó pruebas nuevas?

De los siete documentos presentados, hay dos nuevos. Uno es el texto en el que autoriza a la URJC a hacer público el TFM y otro es una carta escrita hace unos días por el catedrático Pablo Chico (el profesor de la asignatura cuya nota se cambió) en la que se responsabiliza de todo: "Al transcribir las calificaciones a la aplicación informática se cometieron varios errores humanos en las actas, debido a que el sistema llegado cierto tiempo no guarda las calificaciones introducidas quedando en su estado originario". Es verdad que se cometen errores "frecuentes", según fuentes educativas. Cifuentes esgrimió ayer decenas de correos en los que varios profesores solicitan cambios similares.

¿Y el resto de pruebas?

Fueron publicadas el 21 de marzo, aunque los papeles de ayer llevan fecha de 3 de abril (el equipo de Cifuentes los ha vuelto a pedir al campus, esta vez con sello oficial). El primero es la matrícula, que prueba que, efectivamente, se inscribió en las 12 asignaturas del máster. El segundo es el certificado de notas, que evidencia que tiene todo aprobado y que en el TFM sacó un 7,5. Ambos papeles prueban que la presidenta madrileña se matriculó en el posgrado y que lo aprobó todo, pero nada revelan de lo que pasó entre medias. Otros dos papeles esgrimidos ayer ya aportados antes son el certificado en el que consta que Cifuentes ha pagado 176,27 euros por el título (no ha mostrado el título en sí) y el correo electrónico en el que Chico solicita a la funcionaria Amalia Calonge que cambie la nota de su asignatura. Este mail, del 23 de octubre de 2014, sólo prueba que el docente ordenó un cambio de nota, pero no el motivo. Y deja en mal lugar al profesor, porque confunde el nombre del máster en el que da su clase.

¿Hay una acta falsificada?

Según El Confidencial, dos de las tres firmas que figuran en el acta de presentación del TFM fueron falsificadas después de que estallara el escándalo. Esa acta era el documento que más validez tenía de todos los presentados el día 21, porque suponía el aval de tres profesoras. Nada de todo esto se aclaró durante la sesión de ayer y Cifuentes eludió presentar este documento.

¿Por qué hay direcciones distintas?

Una de las dudas disipadas ayer fue por qué figuraba la dirección de la Delegación del Gobierno (calle Miguel Ángel 25) en la matrícula presentada el día 21, si Cifuentes aún no había sido elegida delegada. El motivo es que la matrícula se emitió a posteriori y se quedó grabada la última dirección, que no han actualizado desde entonces. En la matrícula original, con sello de 28 de diciembre de 2011, aparece la dirección personal de Cifuentes. Y aquí surge una nueva duda: ¿cómo ha podido recuperar la universidad un documento de 2011 y, a cambio, no encuentra ningún examen, ni ningún trabajo de clase, ni ningún correo entre la alumna y sus profesores?

Las 14 mentiras y cuatro medias verdades de Cifuentes en una comparecencia sin documentos

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha desaprovechado la ocasión de presentar los documentos que probarían que la obtención de su máster en la URJC se hizo de manera legal. Por ejemplo, las actas de cambio de nota o el papel del registro del Trabajo Fin de Máster, según le recuerda eldiario.es.

Además de presentarse como víctima de ataques por su lucha contra la corrupción ha hecho un relato que no despeja ninguna duda sobre la presunta falsificación de notas, cómo pudo aprobar sin ir clase ni a los exámenes, dónde está el trabajo, por qué pagó para presentarlo en noviembre de 2012 si ya lo había aprobado en julio, o por qué dijo a eldiario.es que no se presentó y al día siguiente que sí se presentó. Estas son los argumentos y falsedades a los que se ha aferrado en su intervención. 

FALSO. Es una operación política que se produce  el mismo día que comparecía en el Congreso porque "había un plan B para desestabilizar al gobierno"

eldiario.es decide publicar el día 21 de marzo, el día siguiente a su comparecencia, porque es una exclusiva de la que algunas personas empiezan a saber en el ámbito político. Ante el riesgo de que fuera destapado por otros medios, el lunes 19 de marzo decidimos que el martes haremos todas las llamadas de comprobación, recogeremos todas las versiones y publicaremos el miércoles, lo antes posible, para que el asunto se conozca antes de Semana Santa (que era la semana siguiente). Nada que ver con el calendario político que sugiere. 

CIERTO, A MEDIAS. "El título de máster que figura es perfectamente real y legal, es un título oficial"

El título en sí es real y oficial, pero ha sido obtenido de manera presuntamente fraudulenta, gracias a la modificación de notas que hace la funcionaria Amalia Calonge en 2014, fuera de todo proceso de legal. 

FALSO. Las calificaciones no han sido "falseadas ni falsificadas". 
Los dos cambios de nota de "no presentado" a "notable" se hacen fuera de la norma. Cuando las actas están cerradas, la única manera de cambiar notas regularmente es con la solicitud de apertura de actas, en un proceso que implica a profesores, directores e incluso al decanato. El cambio en este caso se hace por un atajo absolutamente irregular. 

CIERTO, A MEDIAS. El título del máster "no me aportó ningún nivel académico que no tuviera. Mi licenciatura en Derecho ya se correspondía con el nivel de máster".  
Cuando Cifuentes se licencia, antes del Espacio Europeo de Educación, no existe el máster. Pero sí necesitaba ese máster de investigación para poder hacer la tesis que supuestamente ha iniciado, requisito indispensable para ser profesora universitaria. Los máster oficiales de investigación como el de Cifuentes tienen un mínimo de 60 créditos y son los que abren la puerta de hacer un doctorado. 

FALSO. Sobre la "constancia documental" que ha dicho que acredita que todo fue legal. 
Los documentos de que se matriculó y pagó el curso y que abonó las tasas para la retirada del título son válidos y nunca eldiario.es los ha puesto en duda. Sobre la "constancia documental para que la URJC haga público el trabajo pese a su carácter interno", no se ha hecho público ningún documento, sino la declaración de que daba su permiso, pero nunca ha aportado papeles relativos a eso. El trabajo no tiene carácter interno, de hecho se expone en público, aunque es verdad que el alumno tiene que dar su permiso para que se dé a conocer.

FALSO. Hay "constancia documental de que la calificación de no presentado se debió a un error de transcripción". 
No hay ninguna constancia documental, solo la palabra del rector ( que se desdijo horas después y abrió una investigación), la declaración de los dos profesores que comparecieron y de la propia Cifuentes. Ni siquiera el mail de  Pablo Chico de la Cámara dice nada de error o fallo de transcripción. Su nueva prueba aportada es una carta al rector del profesor Chico en la que él da testimonio personal de que se produjo un error de transcripción. Nada oficial ni constrastado. 

FALSO. "La carta explica que no me afectó a mí solo, afectó a más alumnos y se ha silenciado"
 Una vez más se basa en el testimonio de Chico (del otro profesor no ha hecho mención en toda la comparecencia). eldiario.es ha hablado con una decena de la veintena de compañeros de clase de Cristina Cifuentes, y lo único que declaran en su mayoría es que no la vieron en clase ni tampoco en los exámenes, escritos y presenciales. No se ha presentado ninguna prueba de que ese error hubiera sido común en ese curso y ningún otro alumno con los que ha hablado este medio ha relatado esa fatalidad en la transcripción.

FALSO. "Por la utilización de datos protegidos, es por lo que la universidad ha abierto una investigación, para evitar en lo sucesivo que los alumnos se puedan ver afectados". 
La investigación se ha abierto, literalmente  "para esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir". A quienes se está llamado a declarar es a su tutor de trabajo (este mismo miércoles), las profesoras que aparecen en el acta con firmas falsificadas (mañana jueves) y funcionarios que intervinieron en el proceso de obtención del máster de Cristina Cifuentes para dilucidar sobre la legalidad del proceso, no por los datos protegidos.

FALSO. Los mails de profesores que supuestamente muestran que es el sistema habitual de cambiar notas. 
Además de las dudas sobre cómo ha conseguido esa pila de supuestos correos de profesores, no es el sistema de cambiar las notas en absoluto. Además, en el caso de la presidenta, entre la nota "no presentado" de 2011 y el cambio de nota a "notable" pasan 3 años. Eso requiere reabrir actas y pasar todo un proceso que implica incluso al decanato, como han confirmado numerosos profesores unánimemente ha publicado eldiario.es

FALSO. "Ya he interpuesto una querella criminal contra dos personas que han utilizado datos protegidos
He solicitado un acto de conciliación previo a la presentación de otra querella añadida de delitos contra el honor".  En eldiario.es no se ha recibido de momento ninguna notificación de querella que dice Cifuentes que ya ha sido interpuesta contra Ignacio Escolar y esta periodista. 

FALSO. "Mi expediente no fue manipulado de manera irregular, es un hecho demostrado con documentos. Yo realicé y concluí el máster en 2012". 
Los documentos que acreditarían que cursó el máster no han sido aportados. Ni las actas, ni el trabajo, ni el registro del trabajo, ni siquiera el testimonio de ningún profesor en su defensa, ni un alumno. Su propio tutor de máster se ha desentendido este mismo miércoles del asunto: "Pregúntenle a ella". 

FALSO. "Desde mi primera declaración, la noche del 21, siempre he dicho lo mismo, que fue un error de transcripción"
El martes 20, cuando eldiario.es llama a fuentes de su gabinete para recabar su versión, dicen literalmente: "Lo que sí me dice la jefa es que ella se dejó varias asignaturas a las que no se presentó en primera instancia". Es a partir del día siguiente cuando cambia su versión.

CIERTO, A MEDIAS. "Me pude matricular porque muchas universidades aceptan alumnos una vez empezado el curso en posgrado". 
Es cierto que hay cierta manga ancha en los máster por la falta de alumnos, como es cierto que no es habitual matricularse tres meses después en un máster presencial, con el curso ya muy avanzado, más aún con su incapacidad para recuperar el tiempo perdido teniendo en cuenta que era delegada de Gobierno. 

FALSO. "En los estudios de posgrado se adaptan a los horarios de los alumnos que trabajan. Había esa posibilidad y yo me acogí a ella"
Lógicamente son los alumnos los que se adaptan al horario como norma general. Muy excepcionalmente puede haber un acuerdo por alguna situación puntual y requiere de la llamada "dispensa académica", que es un documento por el cual la universidad autoriza a ese alumno concreto a faltar. Su máster era presencial, lo que supone una asistencia del 80% aproximadamente y no se puede llegar a acuerdos verbales en el caso de faltas continuadas. Como dijo su propio gabinete: fue a clase "cuando pudo". 

FALSO. "Cuestionan que pudiera defender el trabajo con una asignatura pendiente, que es una práctica común. Se presenta el trabajo y se guarda la nota"
No es posible, y así lo recoge la normativa de máster de la URJC, es imposible presentar el trabajo sin haber presentado un justificante de que se han aprobado todas las asignaturas. 

FALSO. Sobre su defensa de trabajo el 2 de julio de 2012, día de la Eurocopa. "Los dispositivos no se seguían desde la delegación de gobierno, sino de la jefatura de policía. El seguimiento no me correspondía a mí". 
 Sin embargo,  una nota de prensa de ese 2 de julio de 2012 del Ministerio de la Presidencia informa de que era la Delegación de Gobierno en la región la que ponía en funcionamiento un operativo formado por "450 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía" que garantizase la seguridad de las miles de personas.

CIERTO, A MEDIAS. Sobre el acta con dos firmas falsificadas: "Yo he remitido lo que me ha remitido la universidad"
Es cierto que ese acta falsificada fue remitida por Enrique Álvarez Conde a la Universidad. Luego, es el rectorado de la URJC el que envía a Cifuentes el documento. Sin embargo, tal y como ha publicado eldiario.es,  una emisaria y amiga de Cifuentes interviene en todo el proceso de construcción del relato desde primera hora y presionó a Álvarez Conde para que le aportara esa documentación.

FALSO. "Me resulta difícil recordar a qué corresponde una tasa así, de 6,11 euros". 
Una de las claves del caso es precisamente esa pequeña cantidad de dinero. Se ve claramente en el pantallazo de secretaría (abajo) que Cifuentes pagó en concepto "Trabajo Fin de Máster", para defenderlo en el curso 2012-2013 porque, contra lo que ha dicho, lo tenía pendiente.

Las mentiras de Cristina Cifuentes frase a frase

 
“Se ha querido vender como una cosa excepcional [que no fuera a clase y se matriculara tres meses después]. El tratamiento que se me dio a mí es algo que se hace con cierta frecuencia a aquellos alumnos de postgrado que están trabajando”
Falso, salvo que se refiera a otros alumnos a los que se les regale el título. Cifuentes no fue vista nunca en el aula por sus compañeros, tampoco fue a exámenes y se matriculó un trimestre más tarde de que empezaran las clases, tal y como afirmó eldiario.es y ayer la presidenta admitió. Como sabe cualquier otro estudiante, esto no es un tratamiento habitual, por mucho que estés trabajando.
"Los profesores se adaptaron a mis propias circunstancias. Eso (los exámenes) se sustituye por presentación de trabajos, tutorías y actividades complementarias. Lo acordé de esa manera con la dirección del máster y con el profesorado".
Ni la dirección del máster ni los profesores individualmente pueden saltarse las normas a las que obliga la ANECA, dependiente del Ministerio de Educación, para aprobar este título oficial. El máster era presencial, y era obligado asistir al menos al 80% de las clases. Cifuentes no cumplió ni con esto ni con los exámenes, y los profesores legalmente no pueden regalar el título con otras reglas, de la misma manera que no te pueden dar el carné de conducir pactando con el examinador una fórmula distinta a la que sigue cualquier ciudadano normal.
Para que se produzca un trato así de favorable, no basta con el permiso del profesor o del director del máster. Es necesaria una dispensa académica: un permiso muy excepcional que tiene que autorizar la propia Universidad. Esa dispensa académica tampoco existió.
“Sí, defendí (mi trabajo de fin de máster) de forma presencial en el campus de la Universidad de Vicálvaro”.
Falso. Según publica hoy El Confidencial, el tribunal que supuestamente la examinó nunca se reunió.
“No hubo ningún dispositivo de seguridad (el 2 de julio de 2011, el día que supuestamente presentó su trabajo) porque no era necesario”
Falso. Sí hubo un dispositivo de seguridad el día en que se celebró la victoria de España en la Eurocopa de fútbol, como demuestra esta nota de prensa que la delegación de Gobierno –con Cifuentes a la cabeza– envió en ese momento.
“Lo que yo he aportado es la documentación que de verdad acredita que todo lo que he dicho es rigurosamente cierto”
Falso. Cifuentes no enseñó ningún documento nuevo que acredite su versión. Las notas con sus cinco sobresaliente ya se conocían. El problema es otro: cómo las consiguió.
La matrícula que aportó solo confirma lo que ya sabíamos: que se matriculó fuera de todo plazo legal, tres meses después de que empezaran las clases.
Y la carta del catedrático Pablo Chico avalando su versión también tiene un problema: que no concuerda con lo que Cifuentes explicó. Ese documento está firmado y redactado durante la mañana del 21 de marzo: antes de que ese profesor –muy relacionado con el PP y con  un exdiputado de Cifuentes imputado por corrupción en la Púnica– asegurase que no sabía quién era Cifuentes. Chico puso ese día por escrito que “corrigió personalmente” el examen de Cifuentes. Pero Cifuentes ahora admite que no se presentó a los exámenes, así que estamos ante otra mentira más.
“La universidad no puede de propia iniciativa dar a conocer un documento (el trabajo de fin de máster) si no tiene permiso del alumno”.
Falso. La razón por la que la URJC no muestra el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes no es “la ley de protección de datos”, como aseguró el supuesto director de su máster, Enrique Álvarez Conde. Es porque no lo encuentra por ningún sitio. Porque no hay registro oficial de él, salvo el notable que colocó Amalia Calonge en su expediente dos años después de terminar el curso. Porque el único documento que afirma que ese TFM realmente existe es  esa acta con dos firmas falsas que se fabricó el mismo día en que eldiario.es publicó su primera información sobre este caso.
“Esto ocurrió hace seis años y he realizado tres o cuatro mudanzas (...). A mí no se me puede exigir que ese trabajo aparezca. A lo mejor aparece, aún tengo muchas cajas por abrir. He estado abriendo cajas esta Semana Santa”.
Cierto. Lo mismo este trabajo aparece en unos días, pero es falso que eso pueda suceder porque lo encuentre milagrosamente en una caja; es una versión imposible de creer. Cifuentes vive en un piso en el centro de Madrid, no en un hangar. ¿Cuántas cajas de mudanzas caben allí? ¿De verdad en dos semanas sin apenas agenda pública aún no las ha podido revisar? ¿Tampoco encuentra una copia digital en ningún ordenador o en su correo electrónico ni ella ni nadie de la Universidad? ¿Acaso lo hizo a mano o con una máquina de escribir?
“Espero y confío en que la Universidad lo pueda mostrar antes”
Falso. Cifuentes sabe perfectamente que la Universidad no lo va a encontrar, salvo que ella lo vuelva a entregar bajo mano a alguno de los profesores que se están jugando en esta historia una sanción administrativa o incluso un proceso penal.
"Por la utilización de datos protegidos, es por lo que la universidad ha abierto una investigación, para evitar en lo sucesivo que los alumnos se puedan ver afectados".
Falso. La Universidad Rey Juan Carlos está investigando cómo pudo sacar Cristina Cifuentes un título oficial sin ir a clase, sin hacer los exámenes y matriculándose fuera de plazo. También investiga cómo pudo una funcionaria ajena a ese procedimiento y sin cumplir con los requisitos legales modificar dos notas dos años más tarde de terminar el curso. O si realmente existió ese tribunal que supuestamente examinó el trabajo de fin de máster de Cifuentes, del que tampoco hay más registro oficial que un acta falsificada. Por eso está citando al director del máster y a las profesoras del supuesto tribunal a testificar.
El título del máster "no me aportó ningún nivel académico que no tuviera. Mi licenciatura en Derecho ya se correspondía con el nivel de máster".
Falso. Cifuentes hizo ese máster porque lo necesitaba para presentar la tesis doctoral. Ella misma, en su curriculum de 2012, cuando fue nombrada delegada del Gobierno, aseguraba: “Actualmente curso el Doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos". Necesitaba ese máster para ser doctora, que era lo que estaba haciendo, lo que le permitiría regresar más adelante a la Universidad y desarrollar una carrera como docente, no como personal de administración y servicios, que es la plaza que tiene hoy.
“Me ha sorprendido la repercusión mediática que ha tenido este caso, es algo verdaderamente sorprendente, lo digo de corazón”.
Falso. Cifuentes sabe perfectamente que en cualquier país del mundo es noticia que a una de las políticas más poderosas del país le hayan regalado un título universitario oficial sin asistir a clase, sin ir a los exámenes y con notas falsificadas dos años después. ¿Se imaginan qué estaría diciendo Cifuentes si esto le hubiera ocurrido a cualquiera de los líderes de la oposición?
“Yo no tengo que ver con ese documento (el acta con las firmas falsificadas) y yo no puedo ni dar validez ni desmentirlo. Eso es algo que depende de la universidad.
Falso. Cifuentes hoy no le da validez, pero hace dos semanas sí se la dio, y mucha: se escudó tras ese papel para acusar a eldiario.es de mentir. Ese documento era la única prueba que existía para demostrar que había presentado su trabajo de fin de máster. Hoy sabemos que fue fabricado con firmas falsas el mismo día en que publicamos nuestra primera información, horas después de que una asesora del Gobierno de Cifuentes se pasara por el rectorado de la URJC para presionar. ¿De verdad Cifuentes no tiene nada que ver con ese papel falsificado?
“Ha sido un ataque absolutamente desmedido, absolutamente personal y absolutamente dañino para mí, para mi familia, para todo mi entorno, para mi reputación y mi trabajo”.
Falso. No ha sido ningún ataque personal. Ha sido periodismo. Y el daño a su reputación no lo ha hecho eldiario.es, sino la propia Cristina CIfuentes con sus mentiras y con la forma en que se sacó ese título oficial.
“Yo creo en la democracia, profundamente”
Falso. La democracia no es solo que gobierne el más votado. Es también asumir las responsabilidades políticas. ¿Cómo de democrático es pedir cárcel para dos periodistas por informar?
“Yo no me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir?
Por mentir.

La observadores del 'caso Cifuentes' «ya están en contacto» con la 'Rey Juan Carlos'»

MADRID.- Los dos observadores de la Conferencia de Rectores CRUE designados para apoyar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en la investigación del máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, «ya están en contacto y colaborando» con el equipo de Inspección de este centro universitario.

Lo aseguró este jueves en un comunicado la propia CRUE en un comunicado, en el que explicó que los dos observadores externos están colaborando con la URJC «a través de los medios tecnológicos disponibles».
Además, recordó que la responsabilidad del procedimiento de «Información Reservada» abierto por la citada universidad le corresponde «exclusivamente» a la misma, aunque la CRUE haya aceptado la solicitud de su rector para designar a observadores externos en base al principio de colaboración entre administraciones públicas.
El hecho de que se le denomine «reservado» obedece a la necesidad de que los responsables de la inspección trabajen «con la mayor discreción posible para evitar injerencias, manipulaciones o cualquier otro tipo de acciones que pudiesen desvirtuar la recopilación de datos», señalarom los rectores de esta institución.
Es «esencial» dejar que los profesionales designados como observadores, y por supuesto el equipo de Inspección de Servicios de la URJC, puedan hacer su trabajo «sin interferencias de ningún tipo», argumentó.
Por ello, la CRUE manifestó que no hará ningún tipo de declaración o valoración hasta que el procedimiento haya concluido.
«La misión de las dos personas que ejercen como observadores consiste en actuar de garantes de que todo el proceso y la recogida de pruebas se ha llevado a cabo siguiendo escrupulosamente lo que la normativa de la propia universidad prevé para estas situaciones», explicó.
La CRUE ha emitido este comunicado después de que fuentes del entorno de Carmen Ruiz, jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia y una de las dos personas designadas (junto a José Angel Contreras, de la Universidad de Burgos), informaran de que hasta el momento no hay fecha prevista para que se inicien los trabajos de investigación.
En ese momento, explicaron las fuentes, se designará a un instructor del expediente de investigación y a un secretario de esa comisión, que ordenarán la práctica de diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se aprobó ese título a la presidenta madrileña.
Entre otros procedimientos, se reclamará a la Universidad Rey Juan Carlos toda la documentación relativa al máster y se llamará a comparecer a los profesores que participaron en ese título y a quienes lo dieron por aprobado.
Carmen Ruiz y José Ángel Contreras, según la CRUE, supervisarán el procedimiento de información reservada abierto por la Universidad Rey Juan Carlos con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso administrativo relacionado con el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
José Ángel Contreras (Urretxu, Guipúzcoa 1967) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y graduado en Derecho por la UNED y, tras entrar en el Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos en 2010, fue nombrado en 2012 director del mismo.
Es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales y, desde julio de 2016, además es vicegerente de la Universidad de Burgos, agrega el comunicado de la CRUE.
Carmen Ruiz (Murcia, 1952), por su parte, es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia. Desde 1998, forma parte de la asesoría jurídica de la Universidad de Murcia y actualmente es jefa del Área de Inspección de Servicios de esta institución.
Además, es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales.

Génova zanja el 'caso Cifuentes' y la oposición aviva su acoso

MADRID.- El empeño del PP en convertir la Convención Nacional de Sevilla en un "revulsivo", un "impulso" para el partido, se estrelló este miércoles contra el máster de Cristina Cifuentes. Otra vez una polémica, un asunto controvertido, les persigue cuando intenta recuperarse de los golpes. Hace unos años los constantes casos de corrupción. Ahora el avance electoral de su socio, Ciudadanos

En los próximos días, la dirección del PP y, sobre todo Mariano Rajoy, tiene ante sí la titánica tarea de convencer a los cuadros medios del partido, a los dirigentes a los que militantes de base se les acercan para decirles que van a votar a Cs, de que no se desanimen, de que no hay nada aún perdido. Da igual lo que están apuntando las encuestas. Los populares son un partido sólido, una garantía frente a la materia líquida que es Ciudadanos y Albert Rivera. Marianismo para profanos. Para desfallecidos, califica El Mundo.
El PP en el centro de todo. El único y verdadero protagonista. Hasta que las dudas sobre el máster de Cifuentes han desviado la atención. Génova intentó de nuevo apagar el incendio político que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid dando apoyo a las explicaciones que este miércoles ofreció en la Asamblea. La posición oficial del partido fue que éstas habían sido "suficientes", que había aportado "nueva documentación" y que ella se había mostrado "contundente, convincente y sólida en su intervención".
El día había sido muy complicado para el PP, que arrastra desde hace dos semanas el peso de la polémica de Cifuentes. El Confidencial publicó este miércoles que dos firmas del acta estaban falsificadas y el PP se quedó mudo a "la espera" de que resolviera todas las dudas que han surgido. "Esperamos que hoy (por el miércoles) quede completamente zanjado el tema", aseguró en un encuentro con periodistas el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.
Como sucedió cuando eldiario.es informó de que la presidenta madrileña había aprobado de manera irregular un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, Génova dejó únicamente en manos de Cifuentes la resolución del conflicto. Primero silencio y después, una vez aportó los documentos, apoyo. 
La operativa de este miércoles fue idéntica, con la única diferencia de que el tema ha crecido demasiado y de que el PP afronta este fin de semana la relevante cita de la Convención Nacional. Génova sostuvo a Cifuentes para que todo el partido la sostenga. Porque dejarla sola en estos momentos sería acabar con ella. Pero la preocupación por la evolución de este asunto invade a todos los ámbitos del partido. 
Sobre todo porque hay derivadas abiertas: la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y la denuncia de las organizaciones estudiantiles ante la Fiscalía. Fuentes populares admitían y se dolían del problema que genera de manera inmediata su presencia en la Convención Nacional. 
"Ahora, la atención se centrará en el entusiasmo con que la saluda Rajoy, en con quién habla o no o si se le aplaude más o menos que a otros. Con lo fácil que habría sido el primer día presentar el Trabajo de Fin de Máster", señalan.
Con el aval claro de Génova, al menos por el momento y desde luego durante este fin de semana, la crisis política en Madrid abrirá en los próximos días un nuevo capítulo con el anuncio del PSOE de que presentará la moción de censura
Ahora, asumen en el PP, toda la presión está sobre Ciudadanos. Sin votarla a favor o abstenerse no puede salir adelante. El aval de Génova a Cifuentes fue muy importante aunque tal vez, incluso más, el hecho de que Ciudadanos no pidiera su dimisión y se limitara a reclamar una comisión de investigación.
Set ganado por la presidenta madrileña y paso a la siguiente ronda a la espera del final del partido.

No hubo tribunal: las profesoras nunca se reunieron para evaluar el TFM de Cifuentes

MADRID.- El tribunal que evaluó el trabajo fin de máster (TFM) de Cristina Cifuentes no existió. Las tres profesoras que en teoría se encargaron de poner nota al proyecto fin de curso de la presidenta madrileña nunca se reunieron para examinarla. Ni el 2 de julio de 2012, como figura en el acta de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que difundió en un primer momento Cifuentes, ni ningún otro día. 
 Según han confirmado a El Confidencial fuentes del Instituto de Derecho Público (IDP) del centro universitario, responsable de la titulación, alguna de estas profesoras ni siquiera ha examinado nunca a la dirigente del PP. Ni en el TFM ni en otras asignaturas. El acta de presentación del trabajo fue fabricada por completo el pasado 21 de marzo, solo unas horas después de que 'eldiario.es' publicara la primera información sobre este escándalo.  
El Confidencial ya reveló este miércoles que las firmas de dos de las tres profesoras que, según el documento, formaron parte del tribunal que examinó a la presidenta regional en 2012 habían sido falsificadas. Se trata de las rúbricas de la profesora Alicia López de los Mozos, presidenta del jurado según el acta, y de la también docente Clara Souto, supuesta vocal. La firma de la tercera componente del tribunal, la profesora Cecilia Rosado, a la que se atribuye el rol de secretaria, se está investigando.
Sin embargo, el documento no solo fue elaborado casi seis años después de la fecha que pretende reflejar, sino que además reconstruye un acto administrativo que no llegó a producirse. Según han confirmado a este diario fuentes del máster, las tres profesoras nunca formaron parte de ningún tribunal de evaluación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y menos aún se coordinaron para aprobar su TFM, un paso imprescindible para que la dirigente pudiera completar el curso y obtener así su título de máster en Derecho Público del Estado Autonómico.
Un portavoz del Gobierno madrileño desvinculó a la presidenta de la falsificación del acta y aseguró que el pasado 21 de marzo se limitó a mostrar los documentos que le envió la universidad para tratar de acreditar que terminó el máster en 2012 sin ningún tipo de irregularidad y no en 2014, tras convertir presuntamente dos calificaciones de no presentado en notable. 
La propia Cifuentes optó este miércoles por desmarcarse del acta del TFM tanto en su comparecencia en la Asamblea regional como en la rueda de prensa que ofreció después, ante las informaciones de este diario sobre la falsedad de las firmas. Cifuentes ha asegurado que presentó y defendió el TFM la tarde del 2 de julio de 2012.
Este medio ha tratado insistentemente de recabar la versión de las tres docentes que aparecen en el acta y del profesor que ejerció como tutor de la presidenta, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, director también del máster y del Instituto de Derecho Público. Sin embargo, ninguno de los cuatro ha contestado a llamadas ni a mensajes de texto.
Todos ellos tendrán que comparecer ante la información reservada que ha abierto el rector de la URJC, Javier Ramos, para tratar de aclarar este episodio. El centro ha solicitado apoyo a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para garantizar la independencia del proceso. 
Dos funcionarios de las universidades de Murcia y Burgos actuarán como observadores externos de la investigación. Álvarez Conde tenía que haber declarado este miércoles, pero ha logrado posponer su comparecencia hasta el viernes para ser el último en someterse al interrogatorio. Este jueves por la mañana es el turno de las profesoras. Están convocadas a partir de las 10:00 en el campus de Móstoles de la universidad.
El martes por la tarde, el tutor de Cifuentes y las tres profesoras improvisaron una reunión de urgencia para intentar pactar una versión común sobre el acta y la propia formación del tribunal. A esa cita asistió un amigo de Álvarez Conde, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Mestre —miembro también del Consejo Académico del IDP—, que está actuando como asesor del grupo para minimizar las eventuales responsabilidades a las que se enfrentan por la presunta falsificación del acta. 
Otros dos letrados acudieron también a la reunión para ofrecer consejo. Acordaron argumentar que el TFM no puede ser presentado porque fue destruido en 2016, cuatro años después de su supuesta presentación, y que el acta carece de sello porque se envió a secretaría por correo ordinario y se debió traspapelar. También cerraron otros detalles, como el color de la ropa con la que se habría presentado Cifuentes para defender su trabajo el 2 de julio de 2012.
En estos momentos, el mayor temor de estos funcionarios es que este episodio salte del ámbito administrativo al de los tribunales y terminen imputados por un delito de falsedad documental. La Fiscalía ya está estudiando las querellas interpuestas por asociaciones de estudiantes. Sus declaraciones ante la información reservada de la universidad podrían ser remitidas a la jurisdicción ordinaria ante un hipotético proceso.