miércoles, 18 de abril de 2012

El Gobierno planea recaudar por entrar al Valle de los Caídos


MADRID.- El Gobierno está decidido a normalizar el acceso al Valle de los Caídos y su basílica para que se pueda visitar y no descarta obtener ingresos por ello, a la vista de la "paradoja" de que haya agencias privadas que sí están cobrando por organizar visitas a ese recinto, dependiente de Patrimonio Nacional. 

   Actualmente, la basílica del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, sólo está abierta al culto pero no se permiten visitas por obras de restauración. El resto del recinto, que incluye las tumbas del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, está abierto al público.
   Según ha explicado el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, los presupuestos de 2012 reservan una partida "pequeña" para culminar las obras con el fin de "normalizar el acceso" a todas las instalaciones "en condiciones de seguridad" para su visita.
   Pero, es más, ha adelantado que el Gobierno, del que depende Patrimonio Nacional, desearía obtener "algún ingreso" por estas visitas y ha llamado la atención sobre la "paradoja" que supone que sean entidades privadas las que estén cobrando por organizar las visitas a un recinto público.
   En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, Pérez Renovales ha justificado también el recorte de la partida reservada para la Memoria Histórica, precisando que su objetivo es preservar "los proyectos de mayor carácter humanitario".
   El Ministerio de Presidencia ha reducido esta partida de 6,2 millones de euros en 2011 a los 2,5 millones previstos para este año. El Gobierno defiende que esa cantidad se dedicará en exclusiva a apoyar tareas de exhumación de restos, pero el PSOE se queja de que, por el camino, se han quitado los fondos para costear "lo que es necesario para llegar a esas exhumaciones", como las investigaciones documentales o la elaboración de censos, ha denunciado el diputado Nacho Sánchez Amor.
   "La partida debería ser suficiente --sostiene el alto cargo de Presidencia--, pero además no todo el presupuesto del año pasado se llegó a ejecutar".

Se abre el plazo de escolarización con nueva baremación

MADRID.-   La Comunidad de Madrid abrió este miércoles el plazo de escolarización de alumnos en los centros públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para el próximo curso escolar 2011-2012 con 12.000 nuevas plazas y nueva baremación.

   Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el próximo curso entrarán en funcionamiento 24 nuevos centros educativos sostenidos con fondos públicos. El periodo de admisión permanecerá abierto hasta el 7 de mayo.
   De estas nuevas infraestructuras para el próximo curso, 20 serán  centros educativos públicos (10 Escuelas Infantiles, siete colegios y  tres Institutos) y cuatro colegios concertados. Además, el Gobierno  regional está trabajando en la ampliación de 30 colegios públicos y 10  institutos.
   Por otra parte, la Comunidad pondrá en marcha en septiembre 21  nuevos colegios públicos bilingües y 16 institutos bilingües, de forma  que el próximo curso 377 centros públicos ofrecerán enseñanza  bilingüe, de los que 297 serán colegios y 80 institutos de secundaria.  Asimismo, otros 29 institutos de la región disponen de una sección  lingüística en inglés, alemán o francés.
   La Comunidad incorpora para este curso modificaciones en el sistema  de zonas de escolarización y en los criterios de admisión de los  centros educativos, para garantizar la libertad de elección.
   Con la entrada en vigor de la nueva baremación, todas las  familias, con independencia de la localidad y zona en la que vivan o   trabajen, sumarán puntos por domicilio en cualquier centro que  soliciten de la región.
   Esta modificación del baremo dará cuatro puntos a todas las   familias que soliciten un centro educativo que esté en la zona de  influencia de su domicilio o lugar de trabajo y dos puntos si eligen  cualquier otro centro de la región.
   Para 2012-2013, la zona única de escolarización, con la cual los  padres podrán elegir libremente el colegio de sus hijos con   independencia de la zona en la que residan, llegará a 164 de los 179   municipios de la Comunidad (el 91,6 por ciento). En el curso 2013/2014   se implantará de forma definitiva en toda la región.
   Asimismo se facilitará que los hermanos estudien juntos en el mismo   centro. Por ello, se eleva hasta ocho los puntos que obtienen los   solicitantes en el caso de que algún hermano ya esté matriculado en el   centro o trabaje en él alguno de los padres.
   También se elimina el punto que sumaban los alumnos celíacos, ya que la Ley de Seguridad Alimentaria que entró en vigor en 2011 contempla para todos los centros la obligatoriedad de contar con menús adaptados para estos alumnos.
   Otra de las novedades es la inclusión de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en los criterios de admisión. A partir de ahora, las familias que reciban RMI sumarán dos puntos a la hora de escoger centro, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades así como evitar el fraude y la concentración de alumnos por nivel de renta.
   Se mantienen los 1,5 puntos que se suman por discapacidad, los 1,5 puntos por familia numerosa general y los 2,5 puntos por familia numerosa especial, así como el punto que otorga la dirección del centro atendiendo a otras circunstancias que sean justificadas con criterios públicos y objetivos.
   La Comunidad ha puesto en marcha una campaña informativa sobre el proceso de escolarización que llegará a más del 90 por ciento de la población y que se compone de cuatro anuncios que presentan a niños en edad de escolarización que sueñan con lo que quieren ser de mayores, unas profesiones a las que podrán acceder porque estudian en inglés.
   Además incluye la dirección a la página web donde se encuentran reflejados los nuevos criterios de escolarización.
   Cada uno de los anuncios de televisión tiene una duración de 20 segundos y podrán verse del 10 de abril al 7 de mayo en diez cadenas de televisión que pondrán alrededor de 1.000 spots. Se emitirán además 2.700 anuncios de 45 segundos en las principales salas de cine, cerca de 3.000 cuñas en 35 emisoras de radio y se realizarán inserciones gráficas en más de 64 medios de prensa escrita.
   La campaña también contará con más de 9.000 carteles en distintos soportes de publicidad exterior repartidos por toda la Comunidad y tendrá una importante presencia en Internet, donde podrán verse 46 millones de anuncios.
   Las instrucciones sobre el proceso de admisión pueden consultarse en el portal '+educación', al que se puede acceder a través de la web 'www.madrid.org/educacion'. Del mismo modo, los centros educativos, las Direcciones de Área Territorial y el teléfono de atención al ciudadano 012 ofrecerán información sobre el proceso de admisión.
   Las familias dispondrán de información sobre las zonas de escolarización, las vacantes en cada centro y la asignación de plaza escolar a cada solicitante.
   La Consejería de Educación y Empleo publicará en cada centro la lista provisional de alumnos admitidos el próximo 22 de mayo. Las familias podrán interponer reclamaciones en un plazo de tres días hábiles después de la publicación de esta lista.
   La relación definitiva de alumnos admitidos será publicada por los centros el 5 de junio. El plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria será del 15 al 28 de junio y en los centros de Educación Secundaria, del 1 al 13 de julio.

Empresarios afirman que la Zona de Protección Acústica en Centro provocará más ruido y paro

MADRID.- Los empresarios de ocio y turismo de Madrid han asegurado este miércoles que la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) para el distrito Centro planteada por el Ayuntamiento sólo persigue acabar con los bares, restaurantes y discotecas de la zona y provocará más ruido y desempleo.

   Así lo han hecho público esta mañana en una rueda de prensa conjunta los representantes de la Asociación de Hosteleros 'La Viña', la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno 'Noche Madrid', la Asociación de Salas de Música en Directo 'La Noche en Vivo', la Asociación de empresarios del Triángulo de Ballesta 'Triball', la Asociación de Empresarios para gays y lesbianas (Aegal) y la Asociación de Hosteleros de Malasaña, con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) y la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio madrileña.
   Precisamente, el presidente de la comisión conjunta de Turismo de CEIM y de la Cámara, Jesús Gatell, ha señalado que las medidas que pretende poner en marcha el Ayuntamiento tienen repercusiones negativas sobre el turismo teniendo en cuenta que Madrid es la primera ciudad de España en turismo y la región recibe 10 millones de turistas al año, la mitad extranjeros, "lo que genera 200.000 puestos de trabajo".
   "El sector turístico es el que mejor comportamiento tiene en este periodo de crisis, con crecimientos del un 6 y 7 por ciento y con un aumento del empleo en el sector de entre un 2 y 3 por ciento", ha sostenido Gatell. Entre otros datos, apuntan que los negocios nocturnos generan el 4,7 por ciento del Producto Interior Bruto de la región.
   Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del texto de aprobación inicial del Ayuntamiento de la capital de la declaración del distrito Centro como ZPAE, los empresarios y comerciantes han querido transmitir su "frustración, impotencia y malestar" por el enfoque y el planteamiento que ha dado el Consistorio a la Zona.
   "Resulta inaudito que en un momento de profundas dificultades económicas y en el que las administraciones dirigen esfuerzos al impulso y dinamización de la actividad empresarial, la ZPAE del centro de Madrid se convierta en una herramienta para limitar y restringir la actividad de las pequeñas y medianas empresas y del sector turístico", ha señalado Pedro Serrano, presidente de 'Noche Madrid'.
   En este contexto, ha explicado que la memoria justificativa de la ZPAE pone de manifiesto una "visión parcial y sesgada" que hace el Consistorio matritense del problema del ruido en la capital. Según el Estudio Psicosocial del Ruido Ambiental de Madrid, la contaminación acústica relacionada con los establecimientos de hostelería ocupa el noveno lugar en el ránking del ruido, "muy por detrás del tráfico, los servicios de limpieza, los atascos y los cláxones, y por detrás también de las aglomeraciones de público provocado por la impunidad y masificación del botellón y los lateros o incluso las molestias provocadas por los propios vecinos"
   Sin embargo, los empresarios del ocio y turismo denuncian que el Ayuntamiento de Madrid centra sus esfuerzos en restringir la actividad empresarial, "que sólo sirve para agudizar los efectos de la crisis, y no para neutralizar las verdaderas causas del ruido".
   En relación con el diagnóstico sobre las causas reales del ruido, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación provocada por la declaración de la ZPAE, la Plataforma Empresarial del sector ocio de Madrid ha creído conveniente elaborar un vídeo reportaje para denunciar las causas reales del ruido en el centro de Madrid.
   En él reflejan la "pasividad" de la Policía Municipal "por falta de recursos materiales y de personal" de la Policía Municipal para atajar el botellón, el tráfico y el fenómeno de los lateros. También aseguran que las terrazas instaladas en algunas plazas "ponen a raya" al botellón, pero en el momento en el que cierran los 'botelloneros' "campan a sus anchas".
   El presidente de 'La Viña', Javier Zamora, ha calificado de "contradictorio y lleno de arbitrariedades y errores" las mediciones acústicas hechas en el centro de Madrid por el Ayuntamiento y la metodología científica utilizada que les ha servido de base para confeccionar la ZPAE.
   Argumenta que las mediciones realizadas en Chueca, Alonso Martínez o Cava Baja para analizar la problemática actual del ruido en el centro de Madrid son del año 2009, "lo que impide conocer la situación actual del ruido nocturno y el importante retroceso que ha vivido la actividad económica y social del ocio como consecuencia del impacto de la crisis, con la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de negocios".
   También se ha quejado de que los mapas de delimitación de la zona ZPAE del Centro ignoran el ruido del tráfico, algo que si recoge el Maga estratégico del ruido. Así, Zamora ha indicado que sólo en la Gran Vía, que no aparece en el mapa de delimitación de la ZPAE, las noches del fin de semana tiene una frecuencia de paso entre 27 y 32 coches al minuto y un cláxon cada 37 segundos, lo que genera un impacto acústico permanente por encima de los 75 decibelios.
   En cuanto al botellón, han apuntado que en el Distrito Centro hay más de 20 enclaves que reúnen a más de 20.000 jóvenes cada fin de semana y que se ven suministrados por cerca de 200 lateros "con total impunidad".
   Estos puntos, que aparecen como categoría de baja contaminación acústica en el mapa de la Zona de Protección Acústica en el centro son las calles Infantas, San Bartolomé, Gravina, Gran Vía, Atocha, Príncipe, Cruz, Huertas, Barceló, Espíritu Santo, La Palma, la Corredera de San Pablo, la Carrera de San Francisco y las plazas de Vázquez de Mella, Santa Ana y Chueca.
   El presidente de la Viña también ha criticado que en estos procedimiento se instalaron medidores acústicos sólo durante tres semanas. "No es riguroso porque no es lo mismo el ruido en abril que en octubre", ha indicado.
   Asimismo, considera que estos métodos también "chirrían" porque hacen simulaciones de ruidos en el entorno de los locales y porque el Ayuntamiento considera como periodo de ocio nocturno de las 0 horas del viernes a la medianoche del domingo. "Es decir, incluyen como ruido nocturno las compras del sábado, los ruidos del Rastro o los que hace la gente cuando sale el domingo de la iglesia de San Ginés", ha apostillado.
   Por otro lado, el presidente de 'La Viña' ha dicho que la medida de restricciones introducidas en la ZPAE a la concesión de licencias impedirá cualquier obra de remodelación o ampliación de los locales, "lo que provocará el deterioro y abandono de los establecimientos, cuando no la simple caducidad de las licencias al impedir su adaptación a cualquier exigencia de la normativa vigente".
   "A partir de 2013, en el que los establecimientos deben renovar sus licencias, la prohibición de obtener estos permisos puede provocar el cierre de 1.500 empresas y el despido de mas de 10.000 trabajadores en el distrito Centro", ha apuntado Zamora, que ha declarado que los locales no generan ruido porque están "perfectamente insonorizados", como así exige la propia normativa local.
   Por todo ello, los dueños de bares, discotecas y restaurantes de la Comunidad han presentado todas estas alegaciones a la Zona de Protección Acústica Especial del Centro. El 10 de mayo finaliza el plazo de alegaciones. Ahora esperan que el Consistorio se reúne con ellos en una mesa de trabajo y se llegue a un acuerdo.
   Además, según ha explicado el secretario de Comunicación de 'Noche Madrid', ha pedido amparo al Defensor del Pueblo y ha solicitado por carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para que endurezca la Ley Antibotellón.

Aplazados otros tres desahucios en Vallecas, Aluche y Carabanchel

MADRID.- Tres desahucios programados en Vallecas, Aluche y Carabanchel para este miércoles han sido aplazados esta mañana, tras convocarse sendas concentraciones del movimiento 'antidesahucios' convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y asambleas de los barrios.

   Según han informado activistas presentes en estas actuaciones, el primero de los desahucios suspendidos ha sido el de una vivienda de Entrevías (Vallecas), localizada en el número 34 de la calle Doctor Sánchez.
   En esta vivienda habita una madre de unos 35 años junto a su hija de 12. El desahucio, relacionado con la presunta estafa de los avales encadenados cuya denuncia respaldaba la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), ha sido aplazado un mes y medio sin determinar una fecha.
   También a primera hora se ha aplazado otro desahucio, este en el distrito de Aluche, en el número 104 de la calle Maqueda. Para este caso, el desalojo de sus habitantes se ha trasladado hasta el próximo 27 de junio.
   Por último, un septuagenario vecino de Carabanchel ha conseguido prorrogar su estancia en su vivienda, localizada en el número 41 de la calle Zaida hasta el día 3 de mayo. El hombre era propietario de la vivienda, con la cual había avalado el piso de su hijo, que tras no haber podido hacer frente a los pagos de la hipoteca, fue desahuciado el pasado año.
   Según ha señalado un portavoz de la PAH, este vecino no ha podido estar presente en la concentración de activistas frente a su piso, ya que permanecía en la cama al estar convaleciente de una operación del corazón.
   En este caso, la comisión judicial ha solicitado la presencia de un médico forense que certifique las dolencias de esta persona la próxima vez que se personen. Asimismo, en las actas referidas a los casos de Carabanchel y Vallecas, los responsables de la comisión han solicitado un refuerzo policial para poder llevar a cabo la ejecución del desahucio.
   Junto a estos tres casos de desahucios aplazados, para este miércoles también había convocado un cuarto desalojo, pero no se ha llegado a convocar una concentración debido a que, según ha informado la PAH, las negociaciones con la entidad financiera culminaron con un acuerdo para aplazar su ejecución.

Hacienda asegura el pago a proveedores de ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha garantizado el pago a los proveedores de las facturas pendientes de cobro que tienen los ayuntamientos, hasta el punto de que descontará a los municipios con deudas su financiación proveniente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en caso de ser necesario.

   Así lo ha asegurado el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Osorio, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha insistido en que "los proveedores cobrarán" y que "no se van a enterar" si el dinero que se les debe procede de los créditos que pidan los municipios para pagar las facturas pendientes o de la retención de la PIE.
   Osorio ha indicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene hasta el próximo 30 de abril para comunicar a las corporaciones locales si los planes de ajuste que debían presentar para acogerse al mecanismo de pago a proveedores han sido aprobados.
   En caso de que un municipio haya solicitado adherirse al mecanismo, pero no haya remitido su plan de ajuste o éste no sea aprobado por Hacienda, el departamento que dirige Cristóbal Montoro procederá a retener sus ingresos procedentes de la PIE para poder pagar a los proveedores.
   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya adelantó esta idea la semana pasada, cuando dijo que de los más de 4.000 ayuntamientos que se habían sumado al plan de pago a proveedores, unos 2.000 no han presentado el plan de ajuste que se les exige, lo cual calificó de "intolerable" y anunció la retención de sus participaciones en los ingresos del Estado.
   El secretario general de Coordinación Autonómica y Local también ha augurado en el Congreso que los proveedores, principalmente pymes y autónomos, comenzarán a cobrar hacia mediados o finales de mayo, un poco más tarde de lo anunciado en un principio, ya que cuando se aprobó el plan de pago se hablaba de principios de ese mes.
   Al igual que el propio secretario de Estado en la misma Comisión de Presupuestos, Osorio ha defendido las condiciones establecidas para que los municipios puedan pedir los préstamos ante las críticas de la diputada socialista Meritxell Batet.
   La parlamentaria ha censurado sobre todo el tipo de interés del 5 por ciento que tendrán los créditos, una cifra que considera muy alta para las corporaciones locales. Además, ha advertido de que el tipo real podría subir hasta el 7,45 por ciento por las condiciones del mercado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) presta al 1 por ciento a las entidades financieras.
   Según Osorio, las condiciones que se les da a los municipios no son las mismas, ya que, a diferencia de los bancos, que han de devolver los préstamos en tres años, los ayuntamientos lo podrán hacer en diez años con dos de carencia. Por tanto, a su juicio, "se ha conseguido un tipo muy bueno".

Sanidad y CCAA acuerdan el copago farmacéutico de 8 a 18 euros al mes para jubilados

MADRID.- No habrá copago sanitario pero sí habrá copago farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además, Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

   Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
   A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
   En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
   Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
   Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
   Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
   Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
   Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
   Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
   "Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
   De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
   Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
   Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
   Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
   Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
   Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
   Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
   Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
   También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
   En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
   Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
   Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.  
   La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas.
   Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la cultura del gratis total", en referencia al debate del copago farmacéutico.
   Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en la sostenibilidad".

Los comerciantes "no podrían soportar" los efectos de una liberalización horaria

MADRID.- La Confederación Española de Comercio (CEC) ha advertido al Gobierno de que, dada la "dramática" situación en la que se encuentra el sector por la crisis de consumo, "no es el momento idóneo" para abordar una liberalización de horarios comerciales, cuyos efectos "no podría soportar" el pequeño y mediano comercio.

   El presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, dijo desconocer los detalles del anuncio realizado el martes en el Congreso por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien avanzó que el Gobierno trabaja para ampliar la libertad de apertura de establecimientos comerciales en toda España.
   Según García-Izquierdo, una liberalización de horarios comerciales como la puesta en marcha por la Comunidad de Madrid "agravaría" la crisis del pequeño comercio, que acumula cinco años de retroceso de ventas.
   El presidente de la CEC manifestó además que un cambio de régimen de horarios comerciales favorecería a las grandes empresas y grandes cadenas de distribución, frente a los pequeños negocios.
   No obstante, García-Izquierdo subrayó que la Confederación mantiene con la Secretaría de Estado de Comercio un diálogo "muy fluido" y afirmó que tiene "la firme promesa de que cualquier movimiento será consensuado y se comunicará al sector".

El Centro de Acogida Carmen Sacristán atenderá a 60 personas sin hogar en Madrid

MADRID.- El Centro de Acogida Carmen Sacristán atenderá a 60 personas sin hogar en un terreno ubicado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo cedido por el Ayuntamiento de la capital, dentro de un proyecto llevado a cabo por la Fundación RAIS y la Obra Social Caja Madrid.

   La fundación de la entidad financiera que preside Rodrigo Rato, presente junto a la alcaldesa de Madrid Ana Botella en la inauguración de este centro, ha aportado el 65 por ciento de la inversión necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones, cerca de dos millones de euros.
   Se trata del cuarto 'Centro Singular' de los diez que está previsto que se inauguren hasta 2012, dentro del programa 'Suelo Solidario', que cuenta con una dotación de 22 millones de euros, y a través del cual el Consistorio de la capital cede terreno municipal para la construcción de centros de atención a personas que serán gestionados por distintas entidades sociales.
   Asimismo, estos centros, que contarán con 2.314 plazas, formarán parte de la Red de Centros de las Administraciones Públicas. Según han apuntado las dos entidades, las instalaciones servirán para la atención a personas sin hogar, drogodependientes, o con daño cerebral, autismo, Párkinson, o Síndrome de Down.
   Se estima que estos centros, localizados en los distritos de Arganzuela, Barajas, Fuencarral (Las Tablas), Retiro, Hortaleza y Vicálvaro (San Blas), atiendan a unas 4.000 personas. El objetivo, según han apuntado los responsables de esta iniciativa, es mejorar la calidad de estas personas facilitando la plena integración de las mismas social y laboralmente.
   Otras de las características de los centros de este programa es la búsqueda de la sostenibilidad  y la eficiencia energética en sus instalaciones. La alcaldesa de la capital ha destacado el "carácter innovador" del mismo "en el modo de dar solución a las necesidades de estas personas, por el modo en que busca integrarse en el entorno en el que se ubica, por su flexibilidad, y por su búsqueda de eficiencia en la gestión de los recursos, de colaboración entre sectores y de lazos de unión entre todos".
   El Centro de Acogida Carmen Sacristán está dividido en seis casas, con entradas independientes a cada una de ellas, y con cocinas, salones y baños independientes en los módulos, con el fin de evitar las estancias comunes. El techado en forma de casa o el hecho de que cada residente tenga su llave de la estancia trata de acercar, según estas entidades, "al concepto universal de casa y huir del tradicional concepto de recurso social".
   En total, 30 profesionales se encargan de ofrecer a estas personas un servicio continuado las 24 horas de cada día del año. Entre ellas, la de prestar atención a aquellas personas sin hogar que, tras padecer una enfermedad, necesitan durante su convalecencia una estancia en la que recuperarse.

El Gobierno rebaja los sueldos de sus expresidentes tan solo un 5,6%

MADRID.- La dotación anual prevista para cada uno de los expresidentes del Gobierno se verá reducida este año en 4.400 euros, aunque la partida presupuestaria se ha incrementado por la incorporación al 'club' de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del Gobierno hasta el pasado mes de diciembre. 

   En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, esta partida presupuestaria del Ministerio de la Presidencia se incrementa hasta los 298.320 euros, ya que ahora hay un cuarto perceptor, José Luis Rodríguez Zapatero, que se une a sus antecesores el 'popular' José María Aznar, el socialista Felipe González --ambos con cargos en Endesa y Gas Natural, respectivamente-- y Adolfo Suárez (UCD). El otro presidente de la democracia es el fallecido Leopoldo Calvo Sotelo.
   Según ha explicado ante el Congreso el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, este incremento se "compensa" con una rebaja de la dotación anual de cada uno de ellos, que se rebaja en un 5,6%. Cada uno de ellos pasará de 79.000 a 74.580 euros anuales.  
   Se trata de la tercera rebaja consecutiva que sufre la dotación de cada expresidente del Gobierno, pues en 2010 llegaron a contar con un apoyo económico de 90.000 euros.
   En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, el subsecretario de Presidencia fue preguntado por el PSOE por el incremento de la partida de asesores. Para el socialista Ignacio Pérez Amor, 26 asesores más en el gabinete del presidente es un aumento "difícilmente justificable", aunque, bromeó, "a la vista del malgobierno, necesitaría aún más asesores".
   Lo que quiso denunciar es el contraste entre el discurso del PP en la oposición y en el Gobierno en este tema. Según recordó, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba en agosto de 2011 que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero contaba con 600 asesores, y en cambio ahora el Gobierno del PP sube un 50 por ciento la partida ara asesores, lo que, siguiendo con la doctrina Cospedal, supondría atribuir a Mariano Rajoy entre 700 y 900 asesores.
   "¿Eran realmente quinientos entonces o se habían considerado asesores hasta los jardineros de La Moncloa?", ironizó, reseñando que el Ministerio de Presidencia sólo habla ahora de 80 asesores, 26 más que antes.
   Pérez Renovales, que fue director de Gabinete de Rodrigo Rato, achacó el aumento de la partida de asesores a una cuestión administrativa, asegurando que el Gobierno del PSOE cataloga a trabajadores eventuales como funcionarios y ahora el PP los "regulariza" vía Presupuestos situándolos en su ubicación real.
   Tanto el subsecretario como el portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, subrayaron que en ningún caso ha habido incremento de plantilla en Presidencia. Es más, el subsecretaria ha dicho que el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ha dado preeminencia a los funcionarios frente a personal de otro origen profesional y ha subrayado que los gastos de personal se han rebajado en cerca de medio millón de euros y que se han reducido las retribuciones un 2% a todo el personal (laborales, funcionarios y eventuales).

Contar y compartir el 15M / Daniel Jiménez

15M.cc es el nombre de un proyecto que trata de difundir el movimiento 15M y profundizar en el mismo a través de la creación de un libro, un documental y una página web de forma colaborativa y con licencia copyleft Creative Commons. La iniciativa se puso en marcha en agosto del pasado año, poco después del nacimiento del movimiento ciudadano, gracias al impulso inicial de tres personas muy ligadas al mundo de la comunicación, las nuevas tecnologías y la cultura libre.

Estas tres personas son el empresario Pablo Soto, considerado como uno de los padres del P2P y activista de la cultura libre; el cineasta Stéphane M. Grueso, conocido por dirigir el célebre documental “¡Copiad Malditos!”, que fue la primera coproducción con licencia Creative Commons de una televisión en España; y la periodista y diseñadora Patricia Horrillo, que cuenta con una dilatada experiencia en medios de comunicación como Público, El País, Diagonal y el digital ZonaRetiro.es.

“Pablo convenció a Stéphane para que hiciera un documental, y Stéphane a su vez convenció a Pablo para que este último escribiera un libro. Después me llamaron a mí para que coordinara el proyecto, que luego se expandió para desarrollar una web de contenidos”, explica Horrillo a Noticias Positivas.

A este equipo inicial fueron incorporándose más personas que se organizaron a través de la creación de grupos de trabajo. Actualmente, hay diez grupos de trabajo, totalmente abiertos, y dedicados a cuestiones tan variadas como el documental, el libro, la programación de la web, los grafismos, la traducción o los textos legales.

Esta división de tareas no impidió que surgieran las primeras dificultades, debido a la complejidad y diversidad de temas susceptibles de ser relatados a través de esta iniciativa. “Habíamos abarcado contenidos de forma muy generalista y el proyecto no dejaba de crecer, ya que el propio 15M es un movimiento muy grande” destaca Horrillo.

La solución al problema llegó tras conocerse que en Málaga se había puesto en marcha su propia versión de 15M.cc, llamada 15MMálaga.cc. “Entonces vimos que lo ideal sería no que se hiciera solo un proyecto con una web, un documental y un libro, sino que hubiera varios proyectos similares con licencia Creative Commons y que nosotros los albergáramos”, señala la periodista.

De esta manera,15M.cc acaba de “bajar un escalón”, como dicen sus promotores, para convertirse en Madrid.15M.cc. Por su parte, el planteamiento original de 15M.cc ha evolucionado para pasar a ser un “paraguas de proyectos” que solo deben cumplir dos requisitos para ser aceptados: que traten o se relacionen con el 15M y que tengan una licencia Creative Commons.

“Aunque vamos a llamarnos Madrid.15M.cc, hay que aclarar que la ubicación geográfica no delimitará el ámbito de trabajo. Nosotros nos centraremos sobre todo en Madrid porque es lo que más conocemos, pero pueden surgir proyectos de todo tipo, y no tienen por qué corresponder a una ciudad en concreto. Lo único que pedimos es que sean iniciativas del 15M en el sentido más amplio del término y que todo se haga con una licencia Creative Commons”, insiste Horrillo, que en esta nueva fase del proyecto ha pasado a coordinar la edición del libro.

El siguiente paso en este camino tendrá lugar el próximo mes de mayo, momento previsto para el lanzamiento de una nueva página web (distinta de la informativa del proyecto), que servirá de “banco de ideas”. A ella se podrán subir todo tipo de fotos, vídeos, audios y textos relacionados con el 15M. Por su parte, la web genérica de 15M.cc pasará a albergar los proyectos realizados bajo ese “paraguas común”, como 15MMálaga.cc y Madrid.15M.cc, y tendrá además un enlace a este “banco de ideas”.

15M.cc pretende ser un alegato a favor de la cultura libre no solo en el campo de la creación, sino también en el de la financiación. En este sentido, se emplearán fórmulas como las donaciones o el crowdfunding, pero solo cuando se pueda ver el resultado del proyecto, aclara Horrillo: “como esta fue una iniciativa que surgió entre nosotros tres, hemos decidido que vamos a financiarla nosotros mismos. Por eso no hemos querido pedir financiación hasta que estén las obras”.

Por tanto, solo tras la aparición del documental y del libro será el momento para pedir donaciones o poner en marcha otro tipo de iniciativas de financiación colectiva. “Una posibilidad es iniciar campañas de crowdfunding para traducir el libro al inglés, o para editar 1.000 unidades del mismo, por ejemplo”, añade Horrillo.

El presupuesto definitivo de 15M.cc será publicado íntegramente, así como los posibles ingresos que se vayan consiguiendo a través de las donaciones y el crowdfunding. En caso de que se logre más dinero del necesario para cubrir dicho presupuesto, la cantidad sobrante se destinará a conseguir una mayor difusión de las obras.

DATOS DE CONTACTO
http://www.15m.cc/

Renfe pide subir un 10,9% el billete de Cercanías

MADRID.- Renfe ha solicitado al Gobierno subir una media del 10,9% el precio del billete del tren de Cercanías a partir del próximo 1 de mayo, según informaron hoy fuentes del sector.

   La operadora también pide elevar un 10,9% el precio medio de los viajes en trenes de Media Distancia. Estos son los dos transportes con carácter de servicio público que presta Renfe.
   Se trata en ambos casos de una subida histórica, dado que es el mayor incremento que estos trenes registran en al menos los últimos cinco años, que además casi multiplica por seis al IPC actual (1,9%).
   En concreto, entre 2007 y 2011 las subidas del precio del billete de Cercanías oscilaron entre un 3,1% y un 6,28%, mientras que, de su lado, las correspondientes a Media Distancia variaron entre el 3,1%  y el 5% en este mismo periodo.
   El servicio de Cercanías, que Renfe presta en un total de doce núcleos de población, y el de Media Distancia son los que más viajeros transportan.
   Cercanías transportó 412,6 millones de pasajeros en 2011, un 3% más que en 2010, según datos de la operadora, mientras que Media Distancia prestó servicio a 32,5 millones de usuarios, los mismos que en año anterior. En ambos casos superan a los casi 23 millones de pasajeros del AVE.
   En concreto, a partir de mayo el billete sencillo de Cercanías sube un 11,69%, mientras que el abono multiviaje lo hace en un 9,39%, lo que sitúa el incremento medio en un 10,9%.
   En el caso de la Media Distancia, el encarecimiento del billete sencillo es del 12,85%, y el que permite realizar varios trayectos, del 5,74%.
   Los incrementos de tarifa fueron analizados este miércoles en una reunión de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, con el fin de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decida en su reunión de mañana jueves sobre esta demanda de subida de precios de estos servicios de Renfe.
   Las tarifas de los trenes de Cercanías y Media Distancia convencional dependen del Gobierno por tratarse de servicios de carácter público.
   Por contra, los correspondientes al AVE Larga Distancia son decisión de Renfe. En este caso, la operadora espera a que el Ejecutivo decida sobre los otros servicios antes de sopesar una subida, según indicó el presidente de la compañía ferroviaria, Julio Gómez-Pomar, ayer martes tras comparecer en el Congreso.
   Renfe no efectuó a comienzos de año la habitual revisión de precios de todos sus servicios, por coincidir con la transición en la dirección tanto de la empresa como en el Ministerio de Fomento consecuencia del cambio del Gobierno.
   Por ello, la subida se aplicaría a partir del 1 de mayo. Según dichas fuentes del sector próximas a Renfe, en caso de extender el efecto del incremento a todo el ejercicio, el porcentaje de encarecimiento se reduce al 6,5%.
   Las mismas fuentes enmarcan las subidas en la voluntad de la compañía ferroviaria de dejar de depender de las aportaciones estatales y de ahorrar unos 288 millones de euros en costes de explotación.
   Por contra, otras fuentes también ferroviarias señalaron que la compañía ha tenido que repercutir en el precio de los billetes el hecho de que el Gobierno no incluya en los Presupuestos de 2012 el importe que tiene que pagar a Renfe por su encomienda de prestar servicios públicos en nombre del Estado.
   En el caso del billete de Cercanías de Madrid, la subida del 1 de mayo coincide con la entrada en vigor del encarecimiento aprobado para el transporte público de la capital.

Beteta: El Gobierno tiene "serias discrepancias" con varios planes de ajuste de CCAA

MADRID.- El Gobierno tiene "serias discrepancias" con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no dudará" en intervenir aquellas comunidades que no puedan "cumplir sus obligaciones financieras", si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.

   Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
   "A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha señalado.
   Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente "capacidad" para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
   Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, "se hará", y ha hecho hincapié en que "no va a mirar el color político" de quien gobierne esa región, sino únicamente "la necesidad de que se cumpla la ley".
   Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están "conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones", si bien con otros existen "serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
   No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán "públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado".
   Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas "discrepancias" con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y "empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno", lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
   Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse "sorprendido" por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra "intervención", la cual, a su juicio, "no genera demasiada seguridad".
   En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen "mecanismos" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para "llegar a acuerdos conjuntamente" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
   En su opinión, las palabras de Beteta son "una bravuconada más como otras que ha hecho", por lo que le ha pedido que explique "mucho mejor" a qué se refiere con intervención. "¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad", ha indicado.
   Además, la diputada socialista ha señalado que sería "importante" que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria --CiU, UPyD, Foro y UPN-- "sepan que el Gobierno está pensando en una intervención".
   Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
   Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
   La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
   Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las "condiciones" impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
   Por lo tanto, en su opinión se trata de un "instrumento muy caro", al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán "abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos", entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
   Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que "no puede ser más barato" porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
   En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá "libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos".
 "Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar", ha explicado.

Bruselas pide la "rápida aplicación" de la Ley de Estabilidad presupuestaria a las CC AA

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha pedido este miércoles la "rápida aplicación" a las comunidades autónomas de la recién aprobada ley de estabilidad presupuestaria. Una "gestión sólida" de las cuentas públicas de las regiones, ha resaltado Bruselas, es un "elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España".

   No obstante, el Ejecutivo comunitario ha eludido valorar si el copago farmacéutico propuesto por el Gobierno es una medida adecuada para recortar el déficit alegando que "la elección de las medidas es responsabilidad exclusiva de las autoridades españolas".
 "Nuestro papel es examinar las medidas propuestas y su impacto presupuestario, si son adecuadas para cumplir los objetivos", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
   "Esperamos una rápida aplicación de la ley de estabilidad que se aprobó recientemente por parte de todas las regiones en España. La dimensión regional de las finanzas públicas en España es particularmente importante. Una gestión sólida de las cuentas públicas en las comunidades autónomas es un elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España", ha resaltado el portavoz.
   La Comisión todavía no tiene fecha para publicar su evaluación sobre los presupuestos de España para 2012, pero celebra "el claro compromiso y la determinación mostrados por el Gobierno español para cumplir su objetivo de déficit para 2012 y también para 2013.
   El portavoz ha subrayado que los presupuestos de 2012 "confirman el objetivo de déficit de un máximo del 5,3% del PIB este año como se acordó en el Eurogrupo" y se basan "en un escenario macroeconómico prudente".
   El Ejecutivo comunitario espera recibir "antes de final de mes" un programa de estabilidad "completo y sólido para 2013 y 2014" y un plan que contenga "reformas estructurales convincentes que impulsen el crecimiento y el empleo". 
"Todas estas acciones y su aplicación reforzarán gradualmente la confianza del mercado en la economía española y darán mejores perspectivas para los ciudadanos españoles", ha concluido el portavoz.

El Gobierno "no dudará" en intervenir CCAA que no cumplan sus obligaciones

MADRID.- El Gobierno tiene "serias discrepancias" con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no dudará" en intervenir aquellas comunidades que no puedan "cumplir sus obligaciones financieras", si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.

   Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
   "A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha señalado.
   Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente "capacidad" para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
   Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, "se hará", y ha hecho hincapié en que "no va a mirar el color político" de quien gobierne esa región, sino únicamente "la necesidad de que se cumpla la ley".
   Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están "conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones", si bien con otros existen "serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
   No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán "públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado".
   Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas "discrepancias" con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y "empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno", lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
   Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse "sorprendido" por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra "intervención", la cual, a su juicio, "no genera demasiada seguridad".
   En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen "mecanismos" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para "llegar a acuerdos conjuntamente" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
   En su opinión, las palabras de Beteta son "una bravuconada más como otras que ha hecho", por lo que le ha pedido que explique "mucho mejor" a qué se refiere con intervención. "¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad", ha indicado.
   Además, la diputada socialista ha señalado que sería "importante" que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria --CiU, UPyD, Foro y UPN-- "sepan que el Gobierno está pensando en una intervención".
   Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
   Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
   La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
   Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las "condiciones" impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
   Por lo tanto, en su opinión se trata de un "instrumento muy caro", al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán "abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos", entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
   Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que "no puede ser más barato" porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
   En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá "libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos".
 "Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar", ha explicado.

Un juez de Madrid consulta al Constitucional sobre la reforma laboral

MADRID.- El juez José Ángel Folguera Crespo, adscrito al Juzgado de lo Social número 30 de Madrid, ha elevado cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP a raíz del caso de tres trabajadores que fueron despedidos de su empresa por causas disciplinarias y que recurrieron a los tribunales por entender que sus despidos eran improcedentes.

   En el auto, Folguera duda de que esté justificado el vehículo elegido para aprobar la reforma, un Decreto Ley, para el que se exigen razones de extraordinaria y urgente necesidad (artículo 86.1 de la Constitución).
   El juez también argumenta su cuestión de inconstitucionalidad en la posible vulneración de la tutela judicial del trabajador frente al despido (artículo 24 de la Carta Magna), del derecho a la igualdad (artículo 14) y del derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales, especialmente en desempleo (artículo 41).
   Las dudas del juez sobre la constitucionalidad de esta norma surgen, sobre todo, a raíz de la nueva regulación que da la reforma a los salarios de tramitación (aquellos dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia judicial), que sólo son abonables en los casos en los que, tras declararse improcedente el despido, el empresario opta por readmitir al trabajador.
   Si, por el contrario, opta por indemnizarle en lugar de readmitirle, el trabajador no tiene derecho a percibir los salarios de tramitación, pero, si ha acumulado derechos suficientes, podrá acceder a las prestaciones por desempleo, "sin responsabilidad empresarial alguna" sobre el periodo transcurrido desde el despido hasta la emisión del fallo judicial.
   "Es la transferencia al empresario de la opción de abonar o no salarios de tramitación y los términos de tal atribución lo que constituye el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad", expone el juez.
   Antes de la reforma laboral, cuando un despido era declarado improcedente, el empresario podía elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarle y en ambos casos se tenía derecho a cobrar los llamados salarios de tramitación. Con la reforma, el abono de los salarios de tramitación sólo es posible en las dos opciones anteriores si el despedido es un representante de los trabajadores.
   El juez alega también que aunque el trabajador despedido tuviera derecho a cobrar el desempleo (caso de dos de los tres demandantes antes mencionados), la protección que recibe el trabajador en sustitución de los salarios perdidos "no sólo no es homogénea", sino que además es "manifiestamente inferior", pues la cuantía de las prestaciones por desempleo se determina en función de porcentajes sobre la base reguladora previa, sin compensar "en su integridad" el salario dejado de percibir.
   Folguera entiende además que se "minora irremisiblemente" la duración de las prestaciones por desempleo a percibir por el trabajador, pues ésta depende de los periodos cotizados previamente. Así, durante el tiempo que dure el proceso judicial se va consumiendo la prestación, sin que ésta pueda recuperarse con los salarios de tramitación.
   De este modo, el juez denuncia que son los trabajadores los que asumen el periodo de espera del proceso judicial con cargo a sus prestaciones por desempleo, mientras que el empresario queda eximido de costes.
   Asimismo, entiende que con ello se remite también definitivamente al trabajador al desempleo, "cuyo importe se ahorra lista y llanamente el empresario", "que no tiene que devolver" al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem), encargado de gestionar las prestaciones, el importe de lo que ha sido abonado a los trabajadores.
   "Ello constituye no sólo un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo, sino que se ven minorados esencialmente los derechos constitucionales de los trabajadores a la protección frente al desempleo", expone Folguera que, de este modo, justifica su visión de que la reforma podría vulnerar el derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales.
   El juez defiende que ante el proceso de precarización "de muy diversas condiciones laborales y de favorecimiento de la flexibilidad y de las facultades empresariales" resulta "más importante la protección ante el despido".
   "Sin salarios de tramitación, por lógica, la indemnización real se reducirá desde los 33 días nominalmente previstos a una cifra que estará, por esa misma lógica, entre los 20 y los 25, pero mucho más cerca de los 20 días por año, porque si el trabajador no acepta, el empresario sólo tiene que esperar a que tres o cuatro meses, si es que el juzgado no tiene retrasos, su propuesta y aun otra inferior sea finalmente bienvenida", indica Folguera.
   En cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad en la reforma laboral, el juez entiende que no existe el mismo trato entre los trabajadores con derecho a paro y los que carecen de él en el caso de que el despido sea declarado improcedente y el empresario opte por la indemnización. 

La Comunidad de Madrid tiene una deuda con los proveedores de 1.279 millones de euros

MADRID.- La Comunidad de Madrid tiene una deuda pendiente de pago con los proveedores de 1.279 millones de euros, el 80 por ciento (1.080 millones) en facturas del Área de Sanidad, según han informado fuentes regionales.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado que las facturas pendientes de pago que han presentado las comunidades autónomas para que se finiquiten a través del plan de pago a proveedores ascienden a 17.255 millones de euros.
   En declaraciones a los medios tras participar en la Junta Directiva de la CEOE, Montoro ha explicado que las cifras son provisionales ya que el plazo para que las comunidades presentaran estas facturas finalizó este domingo, pero los proveedores aún pueden revisar las listas y reclamar su inclusión en las mismas.
   Al sumar esta cifra a la que había presentado los ayuntamientos (unos 10.000 millones), se entiende que el plan de proveedores se hará cargo de facturas por valor de 27.000 millones "largos", según Montoro.
   El ministro ha dicho que la cifra supone una "inyección de liquidez muy importante" que llegará a autónomos, pymes y grandes empresas. "Es una operación de la mayor importancia", ha dicho.
   Además, ha asegurado que es "compatible" con los planes de estabilidad que tienen que presentar ayuntamientos y comunidades para evitar que se repitan situaciones de este tipo.  "Es una inyección directa, ya lo está siendo", ha añadido.
   El titular de la cartera de Hacienda ha dicho que todas las comunidades que se han acogido al plan "serán atendidas" y que todos los proveedores serán "pagados".
   A cambio, el Gobierno exigirá a las comunidades planes económicos que hagan viable la recuperación del crédito. Dichos planes serán enviados al Ministerio antes de que acabe el mes de abril.
   Posteriormente, en la primera quincena de mayo se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que servirá para examinar la ejecución de los presupuestos autonómicos de 2012 y evitar posibles desvíos.
   A partir de esa información, el Gobierno podrá aplicar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad (prevención, sanción e intervención)  y poner en marcha "con diligencia" los mecanismos que incluye la ley.

Reabren en Madrid un caso de niños robados

MADRID.- Un juez de Instrucción de Madrid ha reabierto una de las denuncias que habían sido archivadas relativa al entramado de robo de niños en hospitales españoles entre 1960 y 1990 ante la aparición de posibles indicios de delito.

   La denuncia había sido presentada ante la Fiscalía de Madrid por Paloma M.G., de 62 años. Tras la reapertura del caso, la afectada ampliará la denuncia después de que haya reconocido a Sor María Gómez Valbuena como la monja que le arrebató a su hija de las manos tras ponerla una inyección.
   El reconocimiento ha tenido lugar tras la aparición de la monja en varios medios de comunicación por su declaración como imputada ante el juez Adolfo Carretero en el marco de la denuncia de Maria Luisa Torres, la primera madre que se ha reencontrado con su hija desaparecida.
   Según su testimonio, Paloma dio a luz a su segundo hijo, una niña, el 9 de agosto de 1980 en la clínica de maternidad de O'Donnell. "La niña estuvo en mis brazos hasta que llegó Sor María. La he reconocido en los medios. nunca se me olvidaría su cara", ha relatado Paloma.
   "Me quitó a la niña y me dijo que se la llevaba a hacer un reconocimiento. Luego vino con una inyección y me la puso, a pesar de mi negativa. Entre sueños, escuché que se llevaba a la niña a la incubadora", ha recordado.
   Poco después, la religiosa comentó a Paloma que su hija había nacido con síndrome de Down. Tras ello, la madre decidió ir a verla a la sala donde aguardaba, pero la monja se lo impidió.
   Sor María le comentó que su pequeña había muerto a las seis de la mañana del 13 de agosto y que ellos se encargarían de todo. "Fuimos al tanatorio, pero no quise verla para recordarla bonita. Sin embargo, mi marido me dijo que no se parecía en nada. Que era un monstruo", ha narrado.
   Tras ello, Paloma se desplazó a la clínica para solicitar un informe clínico del fallecimiento, un documento que se lo entregaron un año y medio después sin que "cuadraran ni las fechas ni los datos", según ha comentado.

FELGTB y COGAM denuncian al obispo de Alcalá

MADRID.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) han presentado este martes una denuncia ante el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, contra el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, por homofobia en relación a un delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación.

   El presidente de COGAM, Agustín López, ha indicado que la denuncia pretende penalizar las palabras pronunciadas por el obispo durante su homilía del Viernes Santo en las que arremetió contra los homosexuales y el aborto.
   "Sus palabras fueron un ataque brutal contra los derechos y la dignidad de las lesbianas, gayas, transexuales y bisexuales. Nos relacionó con la corrupción, con la prostitución y con el abuso a menores. Creemos que comete un claro delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación", ha aseverado López.
   Asimismo, ha recalcado que la pretensión de sendos colectivos es que la Fiscalía de Madrid depure responsabilidades penales. "Son gravísimas las palabras porque estigmatizan a la población sexual y no son de recibo", ha reseñado.
   Además, el presidente de COGAM ha criticado las manifestaciones del obispo acerca de que la homosexualidad se cura con terapia. "¡Qué deje de insultar! Siendo un Estado democrático, desgraciadamente la libertad de expresión se sobrepasa", ha indicado López en alusión a algunos colectivos que han salido en defensa del obispo de Alcalá.
   En concreto, Reig Pla ha defendido recientemente que muchos casos de personas que sienten atracción hacia otras del mismo sexo "pueden ser resueltos positivamente, con una terapia apropiada, especialmente si la práctica de actos homosexuales no se han enraizado".
   En una entrevista a 'Religión en Libertad', la primera que concede tras la polémica homilía de Viernes Santo, Reig Pla ha respondido positivamente a la posibilidad de cambio en las personas gays.
   "Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente", ha recalcado.
   Debido a estas nuevas manifestaciones, la Confederación Española de Asociaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (COLEGAS) ha pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo ante las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares.