viernes, 3 de febrero de 2012

El Ayuntamiento de Parla acusa a la Comunidad de no conocer con exactitud la deuda que mantiene con este municipio

PARLA.- El Ayuntamiento de Parla ha criticado a la Comunidad de Madrid por "no conocer con exactitud la deuda que mantienen" Gobierno regional y Consistorio, después de que la Comunidad declarase ayer que Parla le debe convenios que ya están liquidados y compensados.

   "La Comunidad de Madrid sigue empeñada en mirar para otro lado evitando así hacer frente a sus responsabilidades con los municipios de esta región, entre ellos con Parla", han señalado fuentes consistoriales.
   Según ha informado el Ayuntamiento de Parla mediante un comunicado, así se extrae de los datos facilitados por el Gobierno regional sobre las deudas que mantiene con esta ciudad, y que según las declaraciones realizadas ayer por la Consejería de Economía, distan mucho de la realidad.
   Para el alcalde de Parla, José María Fraile, estás declaraciones reflejan que la Comunidad no tiene claras las cifras. "Creo que realmente la Comunidad no sabe lo que Parla le debe a la Comunidad y lo que la Comunidad le debe a Parla", ha señalado el regidor. "Están refiriéndose a convenios que ya están compensados y liquidados", ha añadido.
   Según la Consejería de Economía, Parla debe a la Comunidad cantidades "que incluso ya se han compensado como ocurre con los 521.000 euros relativos al Transporte urbano, que tal y como señala el alcalde, ya están abonados, y así se reconoció en el último convenio suscrito entre las dos administraciones".
   Para el Ayuntamiento, estas declaraciones parecen responder a "un intento por ocultar el déficit, ya que según han confirmado fuentes de la propia Tesorería de la Comunidad de Madrid a Parla, a día de hoy estarían sin contabilizar más de siete millones de euros correspondientes al año 2011, que entre otras cuestiones, corresponden a impuestos municipales o a la aportación del PRISMA 2011".
   El regidor ha mostrado su malestar por esta situación. "Creo que el descontrol y la mala gestión que pueda existir en el Departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid no pueden pagarla los ciudadanos de Parla. Hemos comenzado el año 2012 como acabamos 2011, sin contabilizar programas y proyectos que se adeudan a este Ayuntamiento", ha expresado.
   Según datos del Ayuntamiento, a día de hoy la Comunidad de Madrid debe a esta ciudad cerca de 14,5 millones de euros, "cantidad que va aumentando según transcurre el tiempo ya que el Gobierno Regional aún no ha abonado ni siquiera la mensualidad de enero de 2012 del Convenio de la BESCAM, que suma 221.000 euros".
   Además, ha señalado que tampoco se han pagado las cantidades relativas al convenio de Servicios Sociales firmado con la Comunidad, que asciende a 537.000 euros, ni las aportaciones relativas al Centro Ocupacional.
   Por este motivo, el alcalde de Parla pide a la Comunidad de Madrid que "cumpla con su obligación y responda ante Parla y ante el resto de municipios de la Comunidad a los que está desatendiendo". El regidor ha cuestionado que si el Gobierno regional está pidiendo aplazamientos al Estado, por qué los ayuntamientos no pueden hacer lo mismo.
   Igualmente, Fraile ha reclamado a la Comunidad que explique a los ayuntamientos qué va a ocurrir con la tasa de Bomberos que los consistorios deben abonar obligatoriamente al Gobierno regional y que en estos momentos se ha solicitado compensar.
   Por último, el regidor ha trasladado al Gobierno regional la necesidad de establecer una colaboración entre administraciones. "Vuelvo a tender mi mano para firmar y cerrar los acuerdos que hemos propuesto hace ya más de dos meses", ha concluido Fraile.

Delegación del Gobierno activa la alerta social ante la "ola de frío"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este viernes que está coordinando con la Comunidad y los ayuntamientos medidas preventivas en las carreteras pero también sociales para evitar que "la mayor ola de frío de los últimos 30 años" cause riegos a las personas indigentes y sin hogar.

   Tras una reunión mantenida con los sindicatos, Cifuentes ha concretado que se están coordinando recursos en albergues, y se está haciendo acopio de mantas, alimentos, bebidas calientes, etcétera. No obstante, la delegada ha confirmado que el Metro no abrirá por la noche para acoger a personas sin hogar, "ya que hay suficientes plazas en los albergues".
   "Estamos en una situación de alerta con unas temperaturas muy bajas y con una sensación térmica todavía más baja por el viento y porque es una ola de frío seca. Volvemos a reiterar los consejos de precaución para que las personas mayores y con problemas respiratorios eviten estar mucho en la calle", ha agregado.

Asambleas del movimiento ciudadano 15-M crean un periódico gratuito sin director ni editorial

MADRID.- Diversas asambleas del movimiento ciudadano 15-M han creado el periódico gratuito 'Madrid 15M', que tendrá una tirada inicial de 20.000 ejemplares, financiados por el propio colectivo, y que prescindirá de la figura director, así como del editorial. Este sábado 4 de febrero, a las 12.00 horas, se presentará oficialmente el número cero en el centro autogestionado El Eko, en la calle Algorta de Madrid.

   Este rotativo, que nace a partir de un proyecto presentado en la Asamblea Popular de Villaverde y que, por el momento, ha sido aprobado por once asambleas del movimiento madrileño, pretende "difundir una imagen real del mismo entre la ciudadanía, a la par que sirve como herramienta de información y cohesión dentro del conocido como 'Movimiento 15M', según han adelantado los responsables de la iniciativa en un comunicado publicado en la página web www.madrid.tomalosbarrios.net.
   El periódico no tendrá director ni editorial, por considerar que "nadie puede hablar por el movimiento excepto el propio 15M a través de sus asambleas". Por este motivo, y según apunta la misma fuente, "el grupo de trabajo encargado de su realización será rotativo, no pudiendo pertenecer a él ningún cargo de responsabilidad en partidos políticos, sindicatos o medios de comunicación comerciales".
   La financiación correrá a cargo del propio movimiento, canalizada a través de sus asambleas, y será pública. El rotativo será de difusión gratuita y tendrá por el momento 16 páginas a color, en formato tabloide. Así, el objetivo principal de 'Madrid 15M' será "presentar un reflejo fiel del movimiento madrileño, alejado de la imagen estereotipada que ofrecen los medios de comunicación convencionales".
   Entre los contenidos ofrecidos en este número cero, el comunicado adelanta la publicación de varios textos sobre los recortes y la reforma laboral que se avecina; información de la actividad de las asambleas en los barrios; reportajes sobre las Brigadas de Observación de Derechos Humanos; el desmantelamiento de la sanidad pública en Cataluña; los desahucios; una entrevista con miembros de la Oficina de Vivienda de Madrid; y artículos de opinión de Carlos Taibo y Félix Rodrigo Mora.

La Cámara de Cuentas fiscalizará las cuentas del Ayuntamiento de Parla

PARLA.- La Cámara de Cuentas de Madrid va a fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento de Parla, así como las de sus empresas y organismos autónomos del municipio, pertenecientes al ejercicio económico de 2010.

   El concejal de Hacienda, Fernando Jiménez, ha asegurado que ya se ha producido la primera toma de contacto entre el Ayuntamiento y la Cámara de Cuentas para facilitar la liquidación correspondiente al presupuesto de 2010, "del que ya se dio cuenta vía telemática en septiembre de 2011", ha recordado el edil.
   Jiménez ha matizado que dichos presupuestos "se presentaron en tiempo y forma y muestra de ello es que a este Ayuntamiento no se le ha retirado la posibilidad de recibir los tributos del Estado y de acogerse a créditos ICO, al contrario que otros municipios que no los presentaron".
   El edil ha recordado que esta práctica forma parte de las funciones de la Cámara y supone "una práctica habitual y necesaria para controlar las cuentas y entra dentro de la más absoluta normalidad de los procedimientos".  
   En este sentido, Fernando Jiménez ha destacado la colaboración del Consistorio con la Cámara, a la que "se aportará toda la información que soliciten para poder hacer su trabajo".
   Junto a ello, ha matizado que, además de Parla, "hay otros grandes Ayuntamientos como el de Alcorcón, Arganda del Rey o Alcalá de Henares, cuyas cuentas también están siendo fiscalizadas por la Cámara de Cuentas". "Esto no sólo ocurre en nuestra ciudad", ha proseguido.
   Desde el grupo municipal de UPyD, han recordado que llevarán al próximo pleno municipal "exigir el control de las cuentas municipales por aquellos organismo competentes que garanticen la transparencia en la gestión del dinero público".
   El portavoz de la formación, Juan Carlos Machuca, ha considerado necesaria la fiscalización de la cuentas "cuando los responsables de la gestión pública municipal del Ayuntamiento de Parla se niegan sistemáticamente, año tras año, a brindar a los ciudadanos los datos de la gestión de su dinero".
   En este sentido, ha mostrado su deseo de que con esta medida "se depuren las responsabilidades jurídicas, administrativas y penales necesarias de aquellos responsables que han ocultado los datos de su gestión".

La deuda de las administraciones públicas madrileñas con las empresas proveedoras triplica la morosidad financiera

MADRID.- La deuda de las administraciones públicas en la Comunidad de Madrid con las empresas proveedoras de servicios externalizados supone el triple de la tasa de la morosidad financiera, según estimaciones de la Federación Regional de Servicios de UGT en Madrid (FeS UGT Madrid).

   La morosidad del sector público se sitúa "como mínimo" en el 21 por ciento, algo "sencillamente inadmisible" para el secretario general de esta federación, Roberto Tornamira, quien ha criticado también que se esté destruyendo empleo desde las propias administraciones y que se plantee, como lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una bajada de los impuestos.
   "¿Cómo se puede hablar de bajar impuestos en Madrid cuando se les debe cientos de miles de euros a empresarios pequeños y medianos que lo que están haciendo para paliar el problema es destruir empleo, no pagar las nóminas y llevar a los trabajadores a una situación insostenible?", se ha preguntado.
   El sindicato calcula que las demoras de los pagos a las empresas --lo que posteriormente repercute en el abono de nóminas o destrucción de empleo ante la obligación de ajustar gastos-- se sitúa en unos once meses. "Las propias patronales hablan de un 23 por ciento, y recuerdo que los bancos soportan una morosidad del 7,5 por ciento. Y se les está dando dinero público para que la hagan frente", ha apostillado Tornamira.
   Frente a esta situación, el sindicato ha elaborado un dossier con empresas que mantienen deudas con trabajadores y ha instado a estas a hacer frente a las administraciones, con la "sorpresa" en ocasiones de que "los empresarios no colaboren en la defensa de su propia empresa".
   Tornamira ha dicho haber comunicado a patrones y asociaciones empresariales estar dispuesto a "ir de la mano" en estas reivindicaciones, y que estos, "por miedo a enfadar a su cliente, no hacen nada". "Y no se dan cuenta que les están llevando de cabeza a la situación de proceso concursal", ha lamentado.
   "Tenemos que defender a las empresas para defender los empleos y que paguen las nóminas. Lo que no admitimos es que las empresas nos tome de rehenes y que el empresario pretenda lanzarnos contra las administraciones públicas para que los trabajadores vayan a la huelga, encima nos cuesta el salario, el riesgo de despido, el conflicto", y todo ello "para motivar al cliente a que pague", ha dicho.
   Además, ha denunciado que muchas empresas que se presentan a los concursos públicos son conscientes de que no podrán asumir los plazos de pago con sus trabajadores y que "tiran los precios". Es decir, ofrecen sus servicios por un precio muy bajo para ser elegida en el concurso público.
   Un ejemplo, según ha dicho el sindicato, es Esabe, adjudicataria de servicios en dependencias públicas --Juzgados, Tesorerías de la Seguridad Social, Consejería de Sanidad, Centros de Salud de las áreas 2, 3, 4 y 5, Delegaciones de Hacienda y la Universidad Autónoma, según UGT--.
   "Esta empresa entra a prestar el servicio porque ninguna otra se presenta a los concursos, 'tira' los precios, es sabedora de que no va a poder cumplir con la normativa vigente ni con las condiciones del convenio, pero aun así la señora Esperanza Aguirre le sigue dando servicios", ha criticado.
   A trabajadoras de esta empresa se le han abonado en febrero las nóminas de diciembre. "Están trabajando con 60 días de financiación de la empresa. Y los trabajadores no somos bancos, no somos entidades financieras. Nosotros no tenemos un FROB. A nosotros la Administración central no nos da dinero del erario público para pagar las necesidades básicas de nuestras familias", ha señalado.
   A otros, como las encargadas de limpiar el Conservatorio de Música, se les adeuda parte de las nóminas de enero, febrero y marzo de 2011, y las de los pasados meses de noviembre y diciembre, así como la paga de navidad, han sido abonadas a principios de mes.
   Estos son ejemplos que forman parte de trece casos denunciados por el sindicato este viernes para advertir de un problema que afecta sobre todo a adjudicatarias de limpieza y seguridad. En este sentido, FeS UGT Madrid ha lamentado que a la hora de elaborar este informe no hayan tenido acceso a las deudas de las administraciones.
   Únicamente una empresa, Sasegur, ha proporcionado datos de unas deudas de la Administración pública que superan los 5 millones de euros entre la Consejería de Cultura y Deporte (1,24 millones de deuda), Metro de Madrid (625.000 euros) y el Ayuntamiento de la capital (491.000 euros). Los impagos con los distintos hospitales donde prestan servicios se sitúan cerca de los cuatro millones de euros (3,8 millones de euros).
   Muchos de los impagos o retrasos en las nóminas de los trabajadores se dan en empresas que realizan servicios en dependencias sanitarias de la Comunidad. Además de Sosegur y Esabe, están los casos de Provinen Seguridad (Hospital Clínico, Príncipe de Asturias y Torrejón), y Alerta y Control del Grupo PJC (Hospital 12 de octubre, Ramón y Cajal y Antiguo Hospital Puerta de Hierro).
   Otros casos son los de las deudas con ayuntamientos, donde, según ha querido matizar Tornamira, no se trata de "un problema de color político". Dos de los ejemplos significativos son los de los ayuntamientos de Parla y Alcorcón. Precisamente, el sindicato ha anunciado que presentará una denuncia al alcalde de este municipio, el popular David Pérez.
   En el municipio, hay convocada una huelga indefinida en varias empresas que operan en dependencias públicas. "El alcalde dice que no se están cumpliendo los servicios mínimos. Lo que no hay es una plantilla mínima", ya que, según ha sostenido "no llega a las necesidades del servicio.
   Ante todo, esto, desde el sindicato han remitido una treintena de alcaldes, gerentes de hospitales para que encuentren soluciones a estos impagos, y a los directores generales de las empresas implicadas para que "se alíen" y "se autoayuden en la defensa de su empresa". Además, han convocado junto con CC.OO. una concentración frene a la sede de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) el próximo 23 de febrero.
   "Creo que es hora de que la señora Aguirre deje de esgrimir una situación económica idílica, pero que es falsa. Dice que es de las comunidades menos endeudadas, pero claro, si no apunta las deudas que tiene, el balance arroja un número, pero que es falso", ha aseverado.

Aguirre dice que la crisis "no se combate con más regulaciones" sino con "más libertad"

ARGANDA DEL REY.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este viernes que la crisis "no se combate con más regulaciones" sino con "más libertad y responsabilidad" y que la Ley de Dinamización del Comercio, que se está tramitando en la Asamblea de Madrid, persigue esa dirección.

   Durante la inauguración en Arganda del Rey de la sede de Iberext, compañía líder en protección contra incendios y la seguridad, la presidenta madrileña ha puesto como ejemplo la actuación de esta empresa y ha señalado que las administraciones públicas están para ayudar a los emprendedores.
   Por eso, ha indicado que hay que quitar toda esa cantidad de "entorpecimientos burocráticos" con los que se encuentran. "Son los empresarios, los autónomos quienes con sus ideas, talento y dinero, que invierten o piden prestado, los que van a sacar a España de la crisis", ha subrayado.
   En su opinión, "eliminando las trabas, las barreras y los trámites burocráticos" la Comunidad cumplirá "con la obligación" que tienen con ellos, y ha puesto como ejemplo la nueva normativa para "que en el comercio no se tenga que esperar a que le den la licencia" pues con una declaración responsable, el informe de un técnico (en caso de obra) y la autoliquidación de las tasas municipales se podrá poner en marcha el negocio.
   "Hoy desgraciadamente son más de dos años lo que se tarda en obtener una licencia", ha recordado la presidenta madrileña, quien ha explicado que con la nueva Ley van a permitir que los comerciantes "que quieran puedan abrir cuando ellos quieran" y crean "que es mejor para ellos". "No les vamos a dar por orden ministerial o decreto los horarios, pueden abrir cuando quieran o no hacerlo", ha insistido.
   Y es que Aguirre está convencida de que "la crisis no se combate con más regulaciones sino con más libertad y responsabilidad". 
"Los que mejor conocen sus negocios tienen que tener plena libertad para tomar las decisiones que mejor benefician a sus empresas, a su juicio", ha considerado.
   La dirigente del Gobierno madrileño quiere que los empresarios "tengan éxito para que creen empleo, que es lo que más necesita España", para poder frenar "esa sangría social y económica que son los 5,3 millones de parados". En este punto, Aguirre ha dicho que "no todos los países están igual" y que mientras España tiene un 23 por ciento de paro, Italia, está en el 8 por ciento; y Grecia y Portugal en el 11 y el 12 por ciento.
   Según Aguirre, tienen que "arrimar todos el hombro", "arremangarse" y "trabajar más". 
"Las administraciones públicas tenemos que hacer más por menos, porque vamos a recaudar menos porque lógicamente la economía va a peor, y seguir garantizando los servicios públicos que los ciudadanos nos han encargado a nosotros como la educación, la sanidad, los servicios sociales y el transporte", ha añadido.
   A su juicio, las políticas que se están tomando en la Comunidad de Madrid van en por el buen camino porque "cuando los gobiernos favorecen la iniciativa empresarial, a pesar de la crisis, se mejora".
"Llevamos dos años de crecimiento positivo mientras que el conjunto de España continúa estancada y cuatro puntos menos de paro por debajo de la media", ha señalado.
   Y todo, pese a que Madrid no es "una isla" y está sometida "desgraciadamente a la alergia a las reformas que han tenido los anteriores gobernantes que no han querido hacer la reforma laboral, la energética y la educativa que España necesita". En este sentido, ha confiado en que el actual gobierno le haga en breve.
   Aguirre ha reconocido el "esfuerzo" de Iberext para ampliar el negocio e inaugurar la sede. "Su ejemplo demuestra que para garantizar el empleo este es el camino, el de la innovación, formación y vanguardia", ha concluido la presidenta madrileña, que ha visitado las instalaciones y ha comprobado los últimos avances en los sistemas de prevención de incendios.  
   Uno de los que más le han llamado la atención a la presidenta ha sido uno que rebaja el nivel de oxígeno de la sala, a través de la inyección de nitrógeno, para que tarde mucho más tiempo en extenderse un fuego. Es idóneo para museos y bibliotecas con el fin de proteger los cuadros y los libros.

El fiscal de Nueva York demanda a varios bancos de EEUU por fraude

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, ha presentado una demanda contra varios de los mayores bancos del país, a los que acusa de proporcionar información "falsa y engañosa" para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias "fraudulentas", según informó en un comunicado. 

   En concreto, Schneiderman menciona en su demanda a JPMorgan Chase Bank, Bank of America y Wells Fargo Bank, así como a Merscorp y sui subsidiaria Mortgage Electronic Registration Systems.
   El fiscal señala que la creación del uso de un sistema de registro electrónico de hipotecas privadas nacionales, conocido como MERS, se ha traducido en una amplia serie de ejecuciones hipotecarias "fradulentas y engañosas", perjudicando a los propietarios y socavando la integridad del proceso judicial de ejecuciones.
   La demanda afirma que los empleados y agentes de Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, que actuaron como "agentes certificados por el MERS", presentaron en repetidas ocasiones documentos en los juzgados que contenían información falsa y engañosa que hacían parecer que existía permiso para el embargo cuando no era así.
   Schneiderman apunta que los bancos crearon el sistema MERS en 1995 con el fin de ser un sistema de registro de la propiedad que facilitará una rápida titulización y venta de hipoteas. Sin embargo, luego presentaron demandas de ejecución hipotecaria "en masa" basadas en información fraudulentwa y engañosa, que buscaba echar de sus casas a la gente "con poro respecto a los requisitos legales básicos".

Artur Mas cree que Cataluña tiene opciones de acoger EuroVegas

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, considera que Cataluña tiene "alguna" opción para que el proyecto EuroVegas se acabe ubicando en ella.

   Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Radio, recalcando que de la evolución de las negociaciones entre el promotor hablará "muy poco porque son proyectos que requieren de mucho trabajo y discreción".
   Además de Cataluña, también la Comunidad de Madrid, ha expresado su voluntad de acoger este proyecto, un complejo temático basado en el juego y la diversión.

Madrid podrá emitir deuda y tomar préstamos en el exterior por 1,5 millones

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a tomar préstamos en el exterior y realizar emisiones de deuda pública, hasta un importe máximo de 1.530,99 millones de euros.

   Asimismo, prorroga hasta el 31 de marzo de 2012 las autorizaciones de endeudamiento autorizadas en 2011 que no fueron utilizadas en su totalidad por la Comunidad de Madrid debido a la situación de los mercados financieros por el importe pendiente de formalizar hasta un máximo de 308,5 millones de euros.
   La vigencia de las autorizaciones de endeudamiento es el año natural, por lo que la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2011 requiere Acuerdo de Consejo de Ministros.
   Esta operación se tramita por un procedimiento de urgencia con objeto de cumplir con la petición formulada por la Comunidad de Madrid, que ha manifestado la necesidad de disponer de las mismas lo más rápidamente posible para aprovechar la situación de los mercados financieros y obtener los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de pago.

El Ejecutivo dota de 10.000 millones la línea ICO para comunidades autónomas

MADRID.- El Gobierno ha acordado dotar con 10.000 millones de euros a la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda. La dotación de la línea se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

   Así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que el acceso a esta línea estará condicionado al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria.
   Así, las comunidades podrán usar los créditos de esta línea para pagar los contratos de suministro de obras y servicios suscritos antes del 1 de enero de 2012 previamente contabilizados como déficit, y para cumplir las obligaciones de deuda financiera contraída antes del 1 de enero de 2012 que venzan a mediados de este año.
   Según la portavoz, la medida trata de reducir la morosidad de las administraciones y hacer frente a los aplazamientos en el pago de deudas a las pequeñas y medianas empresas de forma que se pueda dinamizar su actividad.
   El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado las características de la nueva línea ICO, que contará con dos tramos, uno para dotar de financiación transitoria a las comunidades para pagar los vencimientos y otro para financiar las deudas pendientes de pago.
   En el primer tramo, el ICO realizará pagos directos a los acreedores de las comunidades autónomas con la mediación, en su caso, de los respectivos agentes de pago en la fecha de vencimiento de dichas obligaciones de pago.
   Los préstamos para financiar deuda vencerán en un máximo de tres años y contarán con una amortización "anual, lineal y constante". El tipo de interés, en este caso, será el de referencia del ICO más 225 puntos básicos.
   En el segundo tramo, el ICO realizará directamente los pagos a los proveedores a través de una entidad financiera y los gastos derivados de los pagos correrán a cuenta del cliente. En este caso, los préstamos tendrán un vencimiento único de 11 meses y el tipo de interés será el de referencia ICO más 175 más puntos básicos.
   De Guindos ha explicado que el Gobierno creará esta línea ante las dificultades de las comunidades para afrontar los vencimientos de deudas pasadas que han madurado en los últimos meses y para pagar a proveedores, situación que a su vez afecta "muy negativamente" a las pymes y los autónomos e influye en la destrucción de tejido empresarial en España.
   El ministro ha asegurado el Gobierno es muy consciente de los problemas que atraviesan las comunidades como consecuencia de los desequilibrios presupuestarios, aunque también ha dicho que el acceso a la línea se supeditará al cumplimiento de "condiciones muy estrictas".
   Así, los préstamos tendrán una "condicionalidad fiscal" por la que las comunidades y el Ministerio de Hacienda acordarán un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. Además, las comunidades tendrán que aceptar condiciones particulares de seguimiento y adoptar medidas de ajuste para alcanzar los objetivos marcados, límites de endeudamiento y obligaciones de pago a proveedores.
   En este caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de evaluar trimestralmente a las comunidades y si detecta incumplimiento podrá ampliar el tipo de interés de los préstamos en 25 puntos básicos.
   Además, la línea tendrá una "condicionalidad financiera", por la que las comunidades tendrán que remitir al Ministerio de Economía y Competitividad un informe de las operaciones realizadas. Además, una vez solicitada la línea, tendrán que obtener la autorización de este Departamento para plantear nuevas operaciones de endeudamiento.
   Si el Ministerio detecta nuevas operaciones de endeudamiento o un incumplimiento de naturaleza financiera podrá exigir anticipadamente las operaciones de préstamos realizadas con cargo a esta línea. Además, los intereses y la comisión de la financiación estarán cubiertos con las retenciones a efectuar a favor del ICO del 25% de los recursos del sistema de financiación.

El Gobierno limita a 300.000 euros el sueldo en entidades intervenidas

MADRID.- El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

   El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.
   Han recibido apoyo público a través de créditos ('FROB 1') Bankia, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público ('FROB 2') por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.
   En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.
   Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.
   En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
   Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.
   Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".
   De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".
   El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era "medio o bajo".
   De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.
   Se trata de una decisión que en este contexto "parece lógica", que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones devengadas con anterioridad.
   El Gobierno está convencido de que "su misión no es fijar los sueldos del sector privado", pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

El Ejecutivo reduce los órganos de gobierno de las cajas

MADRID.- El Gobierno ha decidido simplificar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro que hayan cedido su actividad de crédito, que sólo podrán contar con consejeros en asambleas generales y en los consejos de administración. 

   Según anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, esta limitación se incluye en el decreto ley que ha aprobado la reforma financiera.
   El ministro además concretó que se obligará a las cajas que ya no ejercen como entidades de crédito a destinar el 90% de sus ingresos a la obra social, al tiempo que se simplifica el funcionamiento y la forma de convocatoria de los consejos.
   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareció junto a De Guindos, agregó que la intención del Ejecutivo persigue rebajar los costes de las cajas.
   El ministro también avanzó que el decreto ley de la reforma financiera rebaja del 50% actual al 25% el umbral de capital a partir del cual las cajas deberán convertirse en fundaciones.
   Y aseguró que se retirarán ciertas exigencias, tales como auditorías y actividades de riesgo, precisamente por ceder su actividad bancaria a los bancos de los que son accionistas. "No tiene mucho sentido", apuntó.