MADRID.- El Tribunal de Cuentas Europeo es
contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o
servicios públicos con participación privada. En un reciente informe
que acaba de publicar el principal órgano de control financiero de la
Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución
critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer
infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias
generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”,
“retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.
Además, recomienda que ni la UE ni sus
Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se
resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial
Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.
En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España
en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la
información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros
de financiación europea. Y concluye que la participación privada en
estos proyectos "no puede considerarse una opción económicamente viable
para el suministro de infraestructuras públicas".
En un análisis devastador, añade que la
entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha
supuesto "insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con
gastos ineficaces e ineficientes", donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas,
en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis
inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.
El informe asevera que los proyectos
público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en
forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los
costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes
de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que
oscilaron entre dos y 52 meses.
Además,
fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de
fondos públicos para completar las cinco autopistas
auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor
del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El
Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera
ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios
potenciales”.
Los proyectos financiados bajo el modelo
público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que
habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que
indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que
las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero
público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados
por un valor total de 336.000 millones de euros.
Según revela el
informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del
transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo
el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.
Sombras de corrupción
La
sospecha de la corrupción política
sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría
de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación
público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones
alternativas,
como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo
tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación
calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad
de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación
de contratos públicos tradicional”.
En
este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en
España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se
renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la
contratación se había gestionado debidamente”.
Las auditorias revelan que en el caso de las
autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la
contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el
socio público.
En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158
millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la autopista
C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones
de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y
retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este
informe.
Próximo negocio, el agua
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo se conocen tras el anuncio de los
rescates de las autopistas de
peaje por parte del Gobierno central, lo que supone un nuevo varapalo a
los modelos de participación público privados.
Sin embargo, las grandes
constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en
infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un
sector agotado financieramente; sino que
se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.
“El agua es un servicio público que se
presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión
mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer
de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios,
ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios.
Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”,
asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de
Agua Pública (AEOPAS).
En efecto, según datos del Tribunal de
Cuentas, los servicios ya privatizados (sea como empresas que se han
hecho con la concesión del servicio de aguas o empresas mixtas
público-privadas) presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%,
respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos
medios del 27% en recogida de basuras o del 71% en limpieza viaria (que
se suelen abonar en el recibo del agua). Sobrecostes que además llevan
añadidos una prestación del servicio de menor calidad y una
infrainversión, según estas mismas fuentes.
En una situación de emergencia social, y de
duras críticas sobre este modelo público-privado o directamente
privatizador, la patronal del agua AEAS-AGA, que agrupa a las tres
principales multinacionales del agua -FCC Aqualia, Grupo Suez y Acciona-
y sorprendentemente a algún operador público, ha mandado recientemente
una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados
para incluir los mecanismos de contratación público-privados como una
prioridad dentro del denominado Pacto Nacional del Agua en el que
trabaja el Ejecutivo: una vuelta de tuerca a un modelo que busca hacer
negocio a partir de los servicios públicos que requiere de la
connivencia de los representantes políticos.
