domingo, 1 de abril de 2018

Carmena reduce en un 40% la deuda de Madrid que heredó de Botella y Gallardón

MADRID.- El equipo económico del Ayuntamiento de Madrid está ganando la guerra a la deuda que heredó del PP. Cuando Manuela Carmena accedió a la alcaldía de la capital en junio de 2015, la ciudad de Madrid debía 5.636 millones de euros; ahora debe 3.424 millones de euros, un 39,26% menos.

Madrid sigue siendo la ciudad más endeudada —cada uno de sus habitantes debe todavía 1.076 euros— pero pese a ese abultado compromiso, también es la ciudad española que más rápido está reduciendo su deuda, tanto en términos relativos como absolutos. Sólo en 2017 la reducción de la deuda alcanzó los 445 millones de euros, un 11,5% respecto al total; ahora debe 2.213 millones de euros de lo que debía al llegar Carmena. 
Esa amplia reducción de la deuda de Madrid ha permitido que en términos generales los llamados ayuntamientos del cambio hayan reducido su deuda un 27,5%. Si no hubiera sido por Madrid, el dato de los municipios del cambio habría crecido en este tiempo en 39,3 millones (un 1,73% más), por el mayor endeudamiento de Barcelona y de Zaragoza.  En Valencia, Joan Ribó ha reducido la deuda desde que tomó la vara de mando en 184,2 millones, un 25.03% menos.
El ritmo de amortización en Madrid es tan sostenido que el objetivo declarado de los gestores económicos del consistorio es tener deuda cero en el año 2030. Además, por primera vez desde 2005 la deuda de Madrid ha caído por debajo de los 3.500 millones de euros. Hay que recordar que la ciudad alcanzó su máximo histórico de deuda en 2012 con 7.733 millones de euros, bajo el mandato de Ana Botella. 
Las perspectivas para el futuro son bastante buenas: el Ayuntamiento de Madrid cerró 2017 con un superávit de 1.120 millones de euros, lo que permite seguir asegurando la reducción de deuda. El año pasado, los ingresos ascendieron a 5.130 millones de euros, un 4,9 % más que en 2016, mientras que los gastos bajaron un 11,1%, hasta los 4.257 millones.
Y todo eso, además  incrementando el gasto social y la inversión por habitante, que en 2017 superó los 128 euros frente a los 84 euros de 2014, cuando gobernaba el PP. La ejecución del gasto social alcanzó los 567 millones de euros, registrando el gasto en programas de educación un crecimiento superior al 20% respecto a 2016.

Las CCAA que crecieron más y menos en 2017

MADRID.- El pasado 1 de marzo se publicó el dato definitivo de crecimiento de la economía española en 2017. Según la Contabilidad Nacional Trimestral, el resultado final del conjunto del año arrojó una expansión del PIB equivalente al 3,1%. No obstante, al aportación de las comunidades autónomas a dicho crecimiento fue muy desigual, recoge www.libremercado.com.

Así lo demuestra la Contabilidad Regional que publica el Instituto Nacional de Estadística y que sirve para desglosar los datos de crecimiento. Dicho informe nos permite constatar el sorprendente desempeño de Aragón y Asturias, que adelantaron a Madrid para convertirse en las dos regiones que más crecieron en 2017.
Para ser precisos, la autonomía aragonesa subió su PIB un 3,6%, una décima por delante del 3,5% que se anotó el principado asturiano. Como explica el INE, "el mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB registrado en Aragón se debió tanto a una evolución de las ramas primarias, sensiblemente más favorable que la observada a nivel nacional, como a un mejor comportamiento de las ramas pertenecientes a la industria".
Madrid, la locomotora de la recuperación económica, se quedó en el tercer puesto de la tabla, con un aumento del PIB equivalente al 3,4%. No obstante, el año 2017 tiene un sabor dulce para la región que gobierna Cristina Cifuentes, puesto que se confirmó el sorpasso a Cataluña en el ranking que mide el tamaño de las economías regionales.
Por encima del promedio nacional se situaron también Murcia (3,3%), Cataluña (3,3%), Cantabria (3,2%), Comunidad Valenciana (3,2%), Galicia (3,1%) y País Vasco (3,1%). Por debajo de dicho umbral, pero por encima del crecimiento medio del 2,4% que se anotó la UE-28, aparecen las economías regionales de Canarias (2,9%), Navarra (2,8%), Baleares (2,7%), Andalucía (2,7%), Castilla-La Mancha (2,5%) y Extremadura (2,4%).
Sorprende, por mediocre, el flojo nivel de crecimiento observado en Baleares, que venía ocupando puestos destacados en los índices anuales de aumento del PIB autonómico. Pero los peores datos de la serie son para Castilla y León (1,9%), La Rioja (1,8%), Melilla (1,7%) y Ceuta (1,6%).

El obispo de Santander reivindica el perdón para los corruptos


VALLADOLID.- El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge pidió perdón para esos científicos que “no saben lo que hacen cuando juegan con la vida humana como si fuera un producto que se puede manipular, transformar, vender o alquilar”; tampoco esos “sabios” que en sus laboratorios que “ya pueden clonar al ser humano privándole de su verdadera naturaleza de hombre libre y de criatura nacida del amor entre un hombre y una mujer”. 

Citó, igualmente, a los que trafican con los seres humanos, incluso con los niños, “que tampoco saben lo que hacen cuando los arrojan en miserables pateras al mar, expuestos a todos los peligros con la única esperanza de dejar atrás un pasado de hambre, de violencia y de muerte; muchos de ellos, demasiados, acabarán en el fondo del mar, convertido así en el más cruel de todos los cementerios”.
Y por último, añadió, “no saben lo que hacen esos políticos corruptos que anteponen su codicia a la búsqueda del bien común; los que halagan los más bajos instintos con la demagogia y el populismo olvidándose de que la verdad no puede ser ni tergiversada ni camuflada; los que sólo buscan el poder para servirse de él y no para servir al pueblo del que provienen”.
Sánchez Monge, natural de Fuentes de Nava (Palencia) recordó en la Primera Palabra, ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’, fue el mitrado más reivindicativo que en el resto. “Jesús no pide a Dios, juez supremo, que haga justicia ante la injusta muerte de un inocente como es él. Clavado en la cruz se dirige a Dios para pedirle que otorgue su perdón a quienes le han crucificado”, explicó el obispo de Santander. A su juicio, Jesucristo perdona “nuestros muchos y graves pecados porque también los hombres y mujeres de hoy no sabemos lo que hacemos”.
Sánchez Monge se refirió a la segunda palabra, ‘Y Jesús le dijo (al buen ladrón): en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso’. “Jesús no promete un paraíso virtual, promete el paraíso a quien pasa por la cruz, a quien asume con fe y humildad la fragilidad de la vida y la verdad de la propia existencia”, sostuvo. Por eso, la cruz, “instrumento de tortura y lugar de sufrimiento, es puerta del paraíso y promesa de salvación”. La respuesta de Jesús al “buen ladrón es aliento de vida en el momento último de la muerte”.
 “Es vida prometida al pecador arrepentido”, argumentó, según la Cadena SER.

Cosas que no se pueden olvidar al hacer la declaración de la Renta

MADRID.- El miércoles 4 de abril es un día importante para marcar en el calendario: empieza oficialmente la Campaña de Renta y llega la hora de hacer cuentas con el fisco. Muchos ciudadanos esperan ansiosos este momento porque confían en que su declaración salga a devolver y en recibir un buen pellizco de Hacienda. Aún no se conocen las estimaciones oficiales, pero cada año se suelen presentar unos 20 millones de declaraciones y, normalmente, alrededor del 70% sale a devolver, según www.vozpopuli.com.

Lo primero que hay que tener claro es el calendario. Este año la Campaña empieza oficialmente el 4 de abril y se extenderá hasta el 2 de julio, un poco más de lo habitual. Desde el pasado 15 de marzo se puede descargar la nueva aplicación que permitirá hacer la declaración en un solo 'clic' a casi cinco millones de contribuyentes. Puedes consultar en este enlace cómo funciona la aplicación y en este otro las fechas clave de la declaración de este año.
Durante estos días toca empezar a recabar todos los datos importantes para hacer la declaración e informarse de las novedades y las particularidades de la comunidad autónoma en la que reside cada uno. No hay que olvidar que hay muchas diferencias en materias que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos, como el alquiler, la compra de vivienda y los gastos de guardería, por ejemplo.
De hecho, los técnicos de Hacienda, creen que los contribuyentes podrían maximizar su declaración y beneficiarse aún más de ciertas ventajas fiscales, por lo que han elaborado un decálogo de los 10 olvidos más frecuentes de los ciudadanos para que tomen buena nota estos días e incluyan en su declaración toda la información. Estas son las cosas que no se pueden olvidar:
  • Rendimientos de trabajo. Hay algunos gastos deducibles que pueden incluirse en los rendimientos de trabajo como las cuotas sindicales o las de los colegios profesionales, siempre que la colegiación sea obligatoria para trabajar y con un límite de 500 euros al año. También se pueden incluir los gastos en abogados si se ha ido a juicio con una empresa (límite de 300 euros anuales) o los gastos que supone la movilidad geográfica de un parado que acepte un empleo que le obligue a cambiar de residencia. Además, los trabajadores con discapacidad pueden desgravarse entre 3.500 euros y 7.750 euros si están en activo. 
  • Titularidad de los inmuebles. Sobre todo las viviendas y locales vacíos que se imputan como rentas inmobiliarias. Hay que revisar que no incluyan viviendas que ya no son de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o habitadas por el ex cónyuge.  
  • Ganancias patrimoniales. Es importante revisar este tipo de ganancias en la transmisión de inmuebles y otros bienes y tener en cuenta las exenciones que existen para mayores de 65 o personas en situación de dependencia severa. También hay otra exención en la transmisión de vivienda habitual si las ganancias se reinvierten en una nueva compra o rehabilitación de otra vivienda en menos de dos años. 
  • Cambios en la situación familiar. Es muy importante reflejar los nacimientos, defunciones y cambios del estado civil en la declaración de la renta. Todas estas variables afectan al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares. También hay que tener en cuenta las situaciones de discapacidad, tanto personales como familiares, especialmente las sobrevenidas o agravadas durante 2017.
  • Impuestos negativos. Hay ayudas familiares que se implementan a través de los conocidos 'impuestos negativos, como la ayuda a familias numerosas, la de descendientes o ascendientes con discapacidad, las familias monoparentales con dos hijos sin anualidades por alimentos o las madres trabajadores con hijos menores de 3 años.   
  • Deducciones autonómicas. Es importante dedicar un poco de tiempo a repasar las deducciones autonómicas, ya que, aunque sean desconocidas por el contribuyente, pueden suponer importantes beneficios fiscales por gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda y otras muchas cosas. En este punto, los técnicos de Hacienda recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, leer el índice y repasar los apartados que interese a cada persona.
  • Alquileres. La deducción estatal ha desaparecido, pero se mantiene vigente para los contratos firmados antes del 1 de enero de 2015. Así, los inquilinos con contratos anteriores a esa fecha pueden seguir deduciéndose el 10,05% de las cuotas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales. Ademas, algunas comunidades tienen sus deducciones propias como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.
  • Compra de vivienda. La deducción estatal también ha desaparecido, pero se sigue aplicando a los que compraron o hicieron pagos para su construcción antes del 1 de enero de 2013. Estos contribuyentes mantienen el derecho a la desgravación siempre que se hayan deducido por esa vivienda en 2012 o en años anteriores. Pueden deducirse hasta un 15% de las cantidades invertidas con un límite de 9.040 euros. Además, los que hayan realizado algún gasto en obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, también deben revisar a fondo el borrador. Igual que los contribuyentes que se han gastado dinero en adecuar sus viviendas a las personas con discapacidad antes de 2013 y si las obras han acabado antes de 2017. 
  • Aportaciones a partidos políticos y donativos. Las aportaciones a partidos dan derecho a una deducción del 20% de las cuotas de afiliación. La base máxima de esta deducción será de 600 euros anuales. Además, la última reforma fiscal introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos siempre que hayan sido certificadas por la entidad beneficiaria.
  • Planes de pensiones. A pesar de que el borrador tiene incluidas las aportaciones a planes de pensiones, conviene revisar todos los datos antes de validar el documento. Y es que estas aportaciones permiten rebajar considerablemente la base imponible del IRPF. También se pueden reducir las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimientos del trabajo o de actividades económicas inferiores a los 8.000 euros al año.   
  • Cláusulas suelo. Y finalmente no hay que olvidarse de las cantidades devueltas procedentes de las cláusulas suelo de las hipotecas. Según Gestha, el dinero que se pagó al banco y que este devolverá después es el reintegro de un pago indebido, por lo que no constituye renta. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses que tienen la finalidad de indemnizar y que están relacionados con las cláusulas suelo. Aunque hay una excepción cuando estos intereses se cobran en metálico y han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las comunidades. En esos casos hay que regularizar dichas deducciones indebidas de los cuatro ejercicios no prescritos de 2013 a 2016.

Demoledor informe de la UE contra la injerencia privada en el sector público

MADRID.- El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada. En un reciente informe que acaba de publicar el principal órgano de control financiero de la Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.

Además, recomienda que ni la UE ni sus Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.
En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos "no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas".
En un análisis devastador, añade que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto "insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes", donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.
El informe asevera que los proyectos público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses. 
Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales”.
Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. 
Según revela el informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.

Sombras de corrupción

La sospecha de la corrupción política sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación de contratos públicos tradicional”.
En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.
Las auditorias revelan que en el caso de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el socio público. 
En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158 millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este informe.

Próximo negocio, el agua

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo se conocen tras el anuncio de los rescates de las autopistas de peaje por parte del Gobierno central, lo que supone un nuevo varapalo a los modelos de participación público privados. 
Sin embargo, las grandes constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un sector agotado financieramente; sino que se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.
“El agua es un servicio público que se presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”, asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS).
En efecto, según datos del Tribunal de Cuentas, los servicios ya privatizados (sea como empresas que se han hecho con la concesión del servicio de aguas o empresas mixtas público-privadas) presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o del 71% en limpieza viaria (que se suelen abonar en el recibo del agua). Sobrecostes que además llevan añadidos una prestación del servicio de menor calidad y una infrainversión, según estas mismas fuentes.
En una situación de emergencia social, y de duras críticas sobre este modelo público-privado o directamente privatizador, la patronal del agua AEAS-AGA, que agrupa a las tres principales multinacionales del agua -FCC Aqualia, Grupo Suez y Acciona- y sorprendentemente a algún operador público, ha mandado recientemente una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para incluir los mecanismos de contratación público-privados como una prioridad dentro del denominado Pacto Nacional del Agua en el que trabaja el Ejecutivo: una vuelta de tuerca a un modelo que busca hacer negocio a partir de los servicios públicos que requiere de la connivencia de los representantes políticos.