viernes, 20 de enero de 2012

Aguirre dice que el Código Penal ya pide responsabilidades a los políticos que malgasten fondos públicos

MADRID.-   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este viernes que a los políticos que malgasten el dinero hay que pedirles responsabilidades, algo que según ha afirmado, ya contempla el Código Penal.

   "Creo que los políticos que malgasten hay que pedirles responsabilidades. Eso ya está en el Código Penal, ya está y por lo tanto a todo aquel que haga un mal uso de los fondos públicos que tiene que administrar, habrá que pedirles responsabilidades , sin ninguna duda", ha afirmado la presidenta durante una visita a Tres Cantos.
   La presidenta ha respondido así a una pregunta sobre la idea del ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la responsabilidad de los políticos en la gestión d ellos fondos públicos.

Ana Botella: 'Mejorar la calidad del aire es "tarea conjunta"

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha pedido este viernes a los madrileños que, siempre que puedan, dejen sus vehículos privados en casa y utilicen el transporte público para reducir la polución y mejorar la calidad del aire, un objetivo que es "tarea conjunta" de ciudadanos y Gobierno municipal.

   "A medida que se tengan menos vehículos privados en la calle y se vaya más en transporte público nuestra calidad del aire mejorará. Es una tarea conjunta de todos los madrileños saber que por vivir en una gran ciudad habrá que reducir el número de viajes en el coche privado", ha dicho durante la presentación de los nuevos catalizadores que se instalarán en 485 autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).
   Y es que, según la primera edil, un autobús produce un 66 por ciento menos de emisiones contaminantes por persona que un coche, por lo que ha insistido en su invitación a los ciudadanos, "que siempre demuestran un interés especial por la calidad del aire en Madrid", a que "dejen el coche en casa".
   Para contribuir con este "compromiso municipal" con la lucha contra la contaminación, la EMT invertirá más de 5 millones de euros en sustituir y mantener durante toda su vida útil 485 catalizadores en otros tantos autobuses, comenzando por los que cubren la línea 149 entre Tribunal y Plaza de Castilla, que ya estará totalmente renovada en la primera quincena de febrero.
   Así, este ejercicio se instalarán un centenar de catalizadores, en 2013 serán otros 285 catalizadores y el proceso se concluirá al año siguiente con otras cien instalaciones. Estos vehículos circularán fundamentalmente por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y los otros 258 vehículos de biodiésel de tecnología Euro III serán remplazados paulatinamente por híbridos y autobuses de Gas Natural Comprimido (GNC).
   Este año ya se adquirirán 23 híbridos que "podrán circular durante ciertos periodos de tiempo en condiciones de tracción eléctrica pura, es decir, con cero emisiones y de forma mucho más silenciosa" y Botella espera que "el 1 de enero de 2015 todos los vehículos de la EMT serán de tecnologías limpias".
   Con los nuevos catalizadores se conseguirá una reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) "equivalente a si desaparecieran de la circulación 4.000 coches o 364 autobuses", según ha afirmado la alcaldesa tras visitar el centro de operaciones de la EMT de Carabanchel, uno de los cinco que la empresa tiene en la capital.
   Por último, Botella también ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con otras tres señas de identidad de la EMT: la accesibilidad, el uso de las nuevas tecnologías y, "de forma muy destacada", el uso de tecnologías y combustibles menos contaminantes.
   "Disfruto de este momento porque he vivido el proceso de los catalizadores desde el principio, y hoy son ya una realidad. El objetivo es que el cien por ciento de los autobuses que ahora dan servicio a la ZBE sean limpios. Ya estamos llenando de contenido e Zona de Bajas Emisiones de la que veníamos hablando un tiempo", ha concluido.
   Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, ha aprovechado este "primer acto oficial" en su nuevo cargo para agradecer a Botella el "papel que ha concedido a este área en la reestructuración municipal" y también la "confianza" depositada en él y en su equipo.
   Así, ha destacado la importancia de las iniciativas de la EMT en materia de sostenibilidad ya que los 4.100 vehículos que tiene suponen el 50 por ciento de toda la flota municipal y ha coincidido con Botella en que "hay que buscar la implicación ciudadana en el uso del transporte público en lugar del vehículo privado".
   En este sentido, ha defendido que el servicio que ofrece la EMT es "atractivo" porque el "97 por ciento de los madrileños tienen alguna para a menos de 300 metros de casa", ya que las 216 líneas actuales cubren 3.900 kilómetros y cuentan con más de 10.000 apeaderos.
   Además, todos los autobuses de la capital son accesibles mediante rampas, piso bajo y mecanismos de inclinación, además de que cuentan con indicadores informativos acústicos y visuales.
   "Hago un llamamiento a los madrileños, sobre todo a los que aún no son usuarios de la EMT, a que usen este servicio que, hoy por hoy, es la mejor opción para la sostenibilidad de la ciudad", ha concluido.

Gómez: "Por encima de acuerdos y desacuerdos justo es reconocer honestidad, generosidad y entrega de Zapatero"

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha considerado este viernes que por encima de "acuerdos y desacuerdos" es "justo" reconocer la "honestidad, generosidad y entrega" del todavía secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

   "Creo interpretar el sentir de la inmensa mayoría de los delegados si expreso desde aquí mi reconocimiento y gratitud a nuestro secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Porque por encima de acuerdos y desacuerdos justo es reconocer honestidad, generosidad y entrega del compañero José Luis Rodríguez Zapatero", ha afirmado Gómez durante su intervención en la apertura del 'congresillo' que los socialistas madrileños celebran este fin de semana para escoger a sus 79 delegados para el Congreso Federal.
   Gómez, que antes de decir estas palabras ha señalado que el punto sobre el debate de la gestión de los órganos federales ha sido "muy polémico en muchas agrupaciones", ha defendido al socialismo español, que "afronta una encrucijada en un momento difícil".
   De hecho, ha afirmado que se está viviendo un "momento clave" en la vida del país y del PSOE, ya que el país vive "la mayor crisis económica" conocida y el PSOE, "la mayor derrota electoral desde la recuperación de la democracia". 
"Son tiempos difíciles para España pero también tiempos duros y difíciles para los socialistas", ha remarcado.
   Por eso, ha considerado que ahora los socialistas tienen dos retos: "marcar el camino para sacar a España de la crisis en una salida por la izquierda y recuperar al tiempo la fuerza para el PSOE. "Yo quiero expresar mi confianza en el que el PSOE se va a recuperar", ha exclamado Gómez.
   Asimismo, ha considerado que el futuro de PSOE depende de que se acierte en el periodo congresual y de que los socialistas sean capaces de hacer un diagnóstico correcto de qué es lo que ha pasado y les ha pasado. "Nuestro futuro depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad y decisiones", ha remachado.

Votan un centenar de militantes socialistas de Móstoles y dan tres delegados a Rubalcaba

MÓSTOLES.- Un centenar de militantes socialistas de Móstoles se ha acercado este viernes a la agrupación de la localidad para elegir a sus delegados de cara al Congreso Federal del PSOE dando como resultado tres delegados que apoyan la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba y dos que forman parte de la lista afín al secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez.

   En concreto, la lista que encabeza Roberto Sánchez, hombre fuerte del portavoz municipal, David Lucas, se ha hecho con 55 votos, por lo que  tanto él como Pilar Fernández serán los dos delegados de este sector. Por otro lado, la candidatura de apoyo a Rubalcaba la encabezaba María Luisa Ruiz, que será delegada junto con Beatriz Oliva y Noelia Posse.  
   Fuentes socialistas locales han asegurado que hay un recurso presentado porque "el número de delegados se tiene que basar en el censo y no en el número de personas que voten" (han tenido que pagar 36 euros para poder hacerlo).
   En ese sentido, las mismas fuentes han indicado que, en caso de prosperar ese recurso, corresponderían ocho delegados a la lista que apoya a Rubalcaba y seis a la que encabeza Roberto Sánchez.
    Esta misma semana, Ferraz remitió una carta al PSM con las directrices a seguir para que se pudieran llevar a cabo las votaciones en Móstoles. Entre ellas se encontraba la obligatoriedad de presentar el DNI y abonar 36 euros.
   También se precisaba el censo (273 personas) y se establecía que el número de delegados se fijaría en función del número de personas que votaran y estuvieran al corriente de pago, por lo que finalmente este número se ha reducido de los 14 esperados a 5.
   Esta votación ha tenido lugar escasas horas antes del 'congresillo' que los socialistas madrileños celebran entre hoy y mañana para designar los 79 delegados que finalmente representarán a Madrid en el Congreso de Sevilla.

El tranvía de Parla crece un 3,6% a pesar de la polémica que le rodea

PARLA.- Los usuarios del tranvía de Parla crecieron un 3,6 por ciento durante el año 2011, según los datos difundidos este viernes por el Ayuntamiento de la localidad, que ha situado el número de usuarios por encima de los cinco millones. 

   El concejal de Movilidad, José Luis Isabel, satisfecho, ha manifestado no obstante que el año 2011 "no ha sido fácil" pero "la voluntad y la valentía ante la injusticia han hecho posible que el tranvía siga funcionando cada vez con mejores datos".
   El edil ha apuntado también que el servicio de autobuses urbanos de la ciudad también ha registrado en 2011 un aumento de usuarios. En total, 1.326.728 viajeros utilizaron las cuatro líneas urbanas que recorren las calles de la ciudad durante el pasado año, lo que representa un 0,4 por ciento más que en el ejercicio anterior.
   Según los datos aportados por la Concejalía, la línea más utilizada por los usuarios en la ciudad es la línea circular C2, que conecta el hospital con el centro de la localidad, que registró más de 500.000 trayectos en el año 2011. La segunda línea más utilizada por los viajeros de autobús urbano es la otra circular, la C1, que también cuenta con parada en el hospital.

Bankia cumple seis meses en Bolsa con una caída del 5,3%

MADRID.- Bankia ha sellado en 3,550 euros sus seis primeros meses cotizando en Bolsa, con lo que se ha anotado una caída del 5,3% respecto a la cotización de 3,75 euros por acción que marcó en su debut en el parqué el pasado 20 de julio de 2011. 

   Eso sí, desde que Rodrigo Rato tocara la campana en la madrileña Plaza de la Lealtad, la entidad se ha comportado mejor que el Ibex 35 (-12%), índice al que pertenece desde el pasado 3 de octubre. Sin embargo, en la sesión de este viernes Bankia se dejó un 1,53%, frente al descenso del 0,49% del Ibex.
   En concreto, Bankia se ha dejado un 1,5% desde su pertenencia al selectivo, después de iniciar su andadura en el índice con un precio por título de 3,604 euros, que a su vez era un 4% inferior a la cotización de su salida a Bolsa. En este mismo periodo, el selectivo español se ha revalorizado un 2,5%, desde los 8.353 enteros.
   Las acciones del banco liderado por Caja Madrid y Bancaja se han visto influenciadas por las dudas derivadas de la todavía pendiente resolución a la crisis de deuda pública que azota a la zona euro. En los últimos días, los inversores han cotizado el auge en los rumores de mercado que apuntan a una posible fusión entre Bankia y Caixabank para afrontar los cambios que se deparan en el sector. No obstante, el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, se encargó el pasado miércoles de desmentir dicha operación.
   Bankia sustituyó en el Ibex a Iberdrola Renovables, absorbida por su matriz, tras poco más de dos en el parqué. Con una capitalización de más de 6.400 millones de euros, Bankia se sitúa como la cuarta entidad financiera española por capitalización y la decimocuarta compañía cotizada.

Las CC.AA. informarán a Hacienda de las cuentas pendientes con proveedores cada tres meses

MADRID.- Las comunidades autónomas tendrán que remitir trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información de la evolución de la tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, así como información de la ejecución de los planes de reestructuración del sector público, según lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así consta en el informe que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, el primero tras la reunión del CPFF en la que las comunidades autónomas dieron el visto bueno a las líneas generales que planteó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y los cambios de la Ley de Transparencia.  
   Las comunidades también tendrán que remitir puntualmente la información que resulte necesaria para dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y acompañarán sus presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.
   Además, los presupuestos recogerán información sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados y obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.
   Estas son algunas de las novedades que incluirá el Ejecutivo en la Ley de Transparencia, con el objetivo de mejorar la información que recibe el Estado de las comunidades y determinar así si pueden acogerse a las diversas medidas que implementará el Gobierno para mejorar la liquidez de los territorios.

La Fiscalía Anticorrupción pide mantener a Correa en prisión por "riesgo de fuga"

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantenga en prisión al cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, cuya defensa ha solicitado su puesta en libertad provisional.

   Durante la celebración de una vista oral prevista al efecto y celebrada esta mañana, la representante del Ministerio Público ha puesto de manifiesto su oposición a la salida de la cárcel de Correa y ha recordado que existe un elevado riesgo de fuga del procesado.
   Por su parte, el abogado defensor de Correa, José Antonio Choclán, ha defendido que su cliente ha cumplido ya casi tres años en prisión provisional y recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid --que se encargaba hasta hace un mes de la causa-- ordenó en un inicio la puesta en libertad del cabecilla de la 'Gürtel', sujeta, eso sí, a la imposición de medias de prevención de la fuga, a través de una pulsera electrónica.
   El que fuera juez instructor de la causa, Antonio Pedreira, rechazó no obstante en último término la puesta en libertad provisional de Correa. La decisión final depende ahora de la Sección Cuarta, que anunciará su fallo en los próximo días, han informado fuentes jurídicas.
    La citada Sección, presidida por la magistrada Ángela Murillo, es la encargada de revisar los recursos de apelación interpuestos en el denominado 'caso Gürtel', después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), remitiera la causa a la Audiencia Nacional.
   Francisco Correa, se encuentra en prisión provisional desde febrero de 2009 imputado de la comisión de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita.
   En su primer auto dictado en el marco del 'caso Gürtel', el nuevo instructor Pablo Ruz informó a la Fiscalía y al resto de partes personadas de su decisión con objeto de tramitar la petición de Correa "de forma preferente" ya que afectaba "a la situación actual de privación de libertad del imputado". El magistrado dio así "por recibidas" las actuaciones en cumplimiento de lo dispuesto por el TSJ madrileño.
   Además, hizo referencia a los recursos de reforma y apelación que dejó por resolver el anterior instructor, Antonio Pedreira, y pidió al Ministerio Público que le informara sobre la conveniencia de que éstos fueran resueltos por el tribunal madrileño, o bien, por la Audiencia Nacional.
   Un camión cargado con una parte de los 50.000 folios que integran el 'caso Gürtel', en el que se investiga una trama de corrupción en varios municipios de Madrid, trasladó el pasado diciembre a la Audiencia Nacional 129 cajas con el sumario del caso.
   Tras 33 meses de instrucción de una causa que llegó a tener 117 imputados y en la que se han presentado 230 recursos de reforma y apelación, el tribunal madrileño envió 671 tomos con la totalidad de lo actuado hasta el momento.
   El magistrado deberá decidir si hace suya la instrucción de Pedreira, ya concluida, o si vuelve a iniciar la investigación. En el caso de que asuma lo instruido por su predecesor, Ruz deberá dictar en breve el auto de procesamiento en el que confirme a las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados.

Rajoy obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial

MADRID.-  El PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Esta es una de las condiciones que se incluyen en la "carta de compromisos" que tendrán que firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP, tal y como consta en la Ponencia de Estatutos que los populares llevarán al XVII Congreso Nacional del partido que tendrá lugar a mediados de febrero en Sevilla.

   La citada ponencia incluye esta medida junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes.
   Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.
   En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico".
"La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.
   La citada Carta, que deberá renovarse cada dos años establece cinco compromisos claros. El más destacado de ellos es el de "comunicar" a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse "indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
   En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.
   En la Carta se recordará a los dirigentes populares que, en el caso de ser cargos electos, están sujetos al régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, cuyo incumplimiento lleva parejas sanciones administrativas y también las que se deriven del Reglamento disciplinario del partido.
   También se comprometerán a actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez además de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías, cuando este lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón de cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente.
   En el caso de no estar obligado a depositar esta declaración por razón de cargo público, deberán presentar si se les requiere, una declaración formal de bienes y actividades que incluya: los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las empresas en las que tengan intereses personalmente y las sociedades participadas.
   Finalmente, en la citada "Carta" está recogido el compromiso de separar claramente la actuación pública de la privada y de las del partido.
  Este nuevo Capítulo Primero establece también unos principios generales que deben observar todos los cargos públicos y dirigentes populares. Entre ellos, está la obligación de demostrar la "máxima ejemplaridad, rigor y exigencia" en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y absteniéndose siempre de cualquier conducta que, "aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".
   También deben actuar de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad y se abstendrán de "toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de su función". En este punto, el PP deja claro que sus cargos "no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja".
   Además, establece que "no influirán" en la "agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social". Tampoco podrán dedicarse a actividades recogidas en el régimen de incompatibilidades ni por sí mismos, ni por persona interpuesta.
  Los populares también modifican en la ponencia de Estatutos la parte referida a la apertura de los expedientes disciplinarios. Añaden un nuevo punto en el que establece que se abrirá expediente disciplinario en el momento en el que el partido tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción" en el ejercicio de cargo público o que realice conductas que estén tipificadas como un "delito doloso" que, "por su naturaleza o por las circunstancias" en las que se haya cometido se considere "incompatible con las obligaciones y deberes éticos" a los que están sujetos los afiliados del PP.
   Una vez que se haya incoado el expediente, el Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, algo que acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.
   La duración del citado expediente se extenderá hasta que transcurran dos meses de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que ponga fin al proceso penal correspondiente y, en caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, aunque no sean firmes, se revocará inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse y el partido reparará al afiliado, con los medios a su alcance, los "perjuicios" que hubiera podido sufrir.
   Además, los Comités de Derechos y Garantías pueden acordar la apertura de una información reservada, que podrá dar lugar a un expediente disciplinario, cuando tengan conocimiento "por cualquier medio" de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del PP.
   El PP también dos comportamientos que considera como infracciones muy graves. Se trata de la realización de conductas que estén tipificadas como delito doloso que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los Estatutos.
   También añade como falta grave la "deslealtad manifiesta al Partido, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP".
   En este capítulo precisa mejor la pena de expulsión del partido, dejando claro que se podrá imponer "en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración".
  No obstante, en otro apartado, deja claro que el Comité Nacional de Derechos y Garantías podrá "suspender el cumplimiento de la sanción firme, impuesta a un afiliado, siempre que se den circunstancias especiales".
   En el preámbulo de la ponencia explican que los Estatutos son "algo más que un Código de funcionamiento interno" y para ello incorporan el Código de Buenas Prácticas, con el fin de que sea norma de obligado cumplimiento.

El Gobierno fijará "obligaciones legales"

  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que el Ejecutivo quiere "fijar con precisión" un conjunto de "obligaciones legales" que deberán cumplir gestores públicos y altos cargos de la Administración en materia económica y después revisará el sistema sancionador para "intensificar y fortalecer" la respuesta penal a los casos "más graves".
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno ha explicado que en el control de la responsabilidad de los gestores públicos lo primero es "determinar" por ley las obligaciones legales de exigido cumplimiento. Esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una ley de transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno en la que se está trabajando y que es competencia del Ministerio de la Presidencia.
   En esta segunda ley, ha precisado, se va a "concretar una serie de obligaciones legales que tienen en materia de buen gobierno los gestores públicos" en lo que se refiere a "la gestión económica que tienen encomendada".
   Además, la ley también determinará qué incumplimientos deben ser objeto de "un reproche administrativo o contable" y cuáles otros "por su gravedad" tienen que ser objeto de una sanción penal. Entre estos últimos, ha dicho, "indudablemente" estarán los incumplimientos "más graves y que además puedan tener un carácter doloso, de ocultación". Sáenz de Santamaría ha recordado que ya "existe" un reproche penal ante determinados comportamientos de gestores públicos, pero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "trabajando para intensificar y fortalecer" esta respuesta.
   Por ello, según ha explicado, una vez se establezca la "base amplia" de obligaciones legales, se va a "revisar" el régimen de sanciones e infracciones ya existente. El objetivo, ha dicho, es "establecer, para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa" una respuesta penal, mediante las reformas correspondientes, que, en el caso del Código Penal, necesitarán de una ley orgánica, ha recordado.
   Dicho esto, la vicepresidenta también ha puntualizado que esta reacción penal no debe identificarse automáticamente con la cárcel, ya que "hay gran variedad de penas", entre ellas "algunas muy adecuadas" para este tipo de delitos, como es la inhabilitación para el desempeño de un cargo público, ha indicado.
   Además, también ha descartado que las nuevas sanciones que se establezcan se puedan aplicar con carácter "retroactivo", como había planteado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. En cualquier caso, ha incidido en que lo primero es fijar el "conjunto de obligaciones legales", 'porque "no se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores".

El Gobierno buscará un pacto por la austeridad para evitar duplicidades

MADRID.- El Gobierno trabajará para sacar adelante un "pacto por la austeridad" entre todas las administraciones públicas para revisar las competencias con el fin de evitar duplicidades determinando a qué administración corresponde más la gestión.

   Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que por otro lado se está procediendo a la simplificación de estructuras tanto del Estado como de las comunidades autónomas.
   "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público.
   Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanicera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público.
   En este sentido, Sáenz de Santamaría ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados en el CPFF, los primeros "grandes acuerdos" del Gobierno, que incluyen además la implementación de medidas para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de déficit, los planes de saneamiento y las reformas estructurales.
   De hecho, ha resaltado el "apoyo total" que ofrecieron las comunidades durante la reunión a las bases que presentó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que se aprobará en los próximas semanas. "Sale un compromiso firme y unánime con la estabilidad presupuestaria", ha dicho.
   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la "voluntad y determinación" del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y reducir el déficit al 4,4% comprometido con Bruselas.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra.
   Sáenz de Santamaría ha recordado que la reducción del déficit es una medida "clave e imprescindible" para volver a crear empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", ha dicho.
   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar "más y con más reformas". "Lo vamos a hacer", ha señalado la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará "consejo tras consejo" cumplir objetivos y luchar contra los "malos datos" con más "rigor y esfuerzo".
   Esta labor, según Sáenz de Santamaría, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, "fundamentales" para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo. En este sentido, ha recordado que en los Consejos de Ministros de las próximas semanas se aprobarán la reforma del sistema bancario y la del sistema laboral.
   Con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es trabajar para no defraudar la confianza de los españoles, para lo que el propio Rajoy está cumpliendo en "plazos y calendario" las reformas que planteó en el Debate de Investidura.   

Con las previsiones de la CE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que al margen de la previsión de crecimiento para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, el Ejecutivo atenderá "especialmente" las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, "de acuerdo con ellas", establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año.
   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría apuntó que aunque el Gobierno está "atento" a las distintas previsiones que realizan los diferentes organismos, los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.
   No obstante, añadió que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España.
   "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarios", reiteró la portavoz del Gobierno.