sábado, 12 de enero de 2013

Tomás Gómez: "Es muy importante la defensa del sistema sanitario porque si cae Madrid, cae España"

MADRID.- El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha indicado este sábado que continuar con la defensa en Madrid del Sistema Nacional de Salud es "muy importante" al considerar que "si cae Madrid, cae España".

   En declaraciones a los periodistas a la entrada del Comité Federal que el PSOE celebra en su sede de la calle Ferraz, Gómez ha hecho así referencia a la decisión del partido de recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta madrileño y ha indicado que acude a la reunión para "agradecer a los compañeros del PSOE el apoyo" en ese sentido.
   Así las cosas, ha agradecido el respaldo de los socialistas, que finalmente se ha materializado en el recurso ante el Constitucional, y ha defendido que ésta es una "batalla esencial para defender la sanidad pública".
   Por otro lado, el responsable madrileño ha eludido responder a una pregunta sobre el momento en el que deberían celebrarse elecciones primarias en el partido, y ha dicho que "todo el mundo sabe" cuál es su opinión.

Las exportaciones aeronáuticas madrileñas decrecen un 1,5% hasta octubre

MADRID.-   Las exportaciones de la Comunidad de Madrid en el sector aeronáutico en el acumulado del año hasta octubre han decrecido un 1,5 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando los 1.221,9 millones, según los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

   Este aumento de las exportaciones en la región fue inferior al registrado a nivel nacional, donde se experimenta un aumento del 4,1 por ciento con respecto al ejercicio anterior, hasta los 2.653 millones de euros en el mismo periodo.
   Por su parte, las exportaciones de Andalucía --segunda comunidad por volumen de exportaciones-- han aumentado un 7,5 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando los 839,4 millones. A distancia, se sitúa Baleares, con 262,0 millones (+15,9 por ciento) y País Vasco, con 155,6 millones (17,9 por ciento).

UPyD reclama medidas al Ayuntamiento de Madrid para frenar los 'pisos patada'

MADRID.- El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, ha reclamado medidas al Gobierno municipal para poner freno a los 'pisos patada' y los problemas que genera la ocupación ilegal.

   Ortega ha conocido este problema en la calle Gallur, en el distrito de Latina. Lo ha hecho después de reunirse con vecinos de la zona, que le detallaron los problemas provocados por los ocupantes ilegales de los números 93 y 95 de dicha calle.
   "Se da una patada en la puerta y a ocupar la vivienda. En muchos casos lo hace una mafia y luego alquila un piso que no es suyo. Evidentemente en esas situaciones el Ayuntamiento de Madrid tiene que actuar policialmente y perseguir al que se salta la ley y quiebra la convivencia pacífica de los vecinos", ha declarado Ortega.
   UPyD defiende que el enfoque de este problema debe de ser social. "No podemos obviar que hay familias desesperadas porque tras un desahucio se quedan sin algo tan básico como un techo. Frente a esta realidad, los Servicios Sociales del Ayuntamiento deben ofrecer alternativas: la gente no se puede quedar en la calle, no podemos dejar que, ante la desesperación, les tiente la posibilidad de ocupar un piso, infringiendo la ley y, en muchos casos, pagando a una mafia", ha defendido el portavoz municipal.
   Las últimas estadísticas cifran en 1.200 las ejecuciones hipotecarias mensuales en la ciudad. En este sentido, Ortega ha recordado que UPyD presentó en el Pleno del pasado noviembre una iniciativa en la que pedía al Ayuntamiento la creación de un servicio de apoyo integral a las familias en riesgo de desahucio para asesorar y ofrecer alternativas a las personas que se encuentren en riesgo de perder sus casas.
   La formación magenta insistió además en la necesidad de asegurar el crédito presupuestario necesario para las partidas de ayudas económicas de especial necesidad y emergencia social, la última red para evitar que ciudadanos con graves problemas económicos se queden sin techo y caigan en la exclusión social.

Trabajadores de Roca realizan una marcha en Madrid para protestar por el cierre de las factorías

MADRID.- Trabajadores de la fabrica de Roca en Alcalá de Henares y Alcalá de Guadaira (Sevilla) han realizado una marcha esta mañana en Madrid en protesta por la decisión de la empresa de extinguir la actividad de estos centros, que podría conllevar el despido de 486 empleados.

   El recorrido de la marcha partió a las 10.00 horas desde la Asamblea de Madrid hasta el edificio Roca Gallery, ubicado en la calle José Abascal. Paralelamente la Federación de Industria de Madrid de CC.OO. ha mantenido reuniones con la Dirección General de Trabajo de la Comunidad para recabar su apoyo en contra de la medida anunciada, que afecta también el centro sevillano.
   Algunos trabajadores han explicado que pretenden que la empresa "eche para atrás" el ERE de extinción de empleo que ha presentado en las dos factorías. Además, ha reconocido que los trabajadores están poniendo "todo de su parte" para que sigan funcionando y que Roca no deslocalice la producción.
   A su vez, ha añadido que se han propuesto alternativas como recolocaciones en otros centros, prejubilaciones dignas para mayores de 50 años y traer producción extranjera a las factorías españolas. "Estamos en los últimos días de negociación con la empresa y a raíz de ahí, habrá que seguir manifestándose y diciendo lo que están haciendo" ha finalizado Juan Antonio.

El médico-forense del caso Morente asegura que la actuación médica ofrecida fue "adecuada"

MADRID.- El médico-forense Julio Lorenzo, encargado de elaborar el informe pericial sobre la muerte del cantaor Enrique Morente, ha determinado que el diagnóstico, tratamiento y atención médica recibida en la Clínica La Luz de Madrid fue "adecuada" hasta el momento del fallecimiento.

   Así lo asegura en las conclusiones del informe elaborado por este experto a instancias del Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid que lleva que lleva el caso, en el que detalla que toda la actuación médica recibida "se ajustó a la 'lex artis' por parte de todo el personal facultativo que intervino".
   En el informe se ha analizado la historia clínica del paciente y todas las actuaciones que se llevaron a cabo desde que Morente ingresó en la clínica el 2 de diciembre de 2010 hasta su fallecimiento 11 días más tarde.
   De este modo, el médico-forense entiende que el diagnóstico inicial del carcinoma de esófago que padecía el cantaor y el tratamiento suministrado en ese primer momento fue el "adecuado", detallando además el resultado "totalmente satisfactorio" de la primera intervención quirúrgica realizada, "tanto desde el punto de vista anestésico como quirúrgico".
   No obstante, 30 horas después de la intervención se produjo un "brusco empeoramiento" mientras Morente estaba en la UCI del centro, causado por una hemorragia intrabdominal que "no fue posible detectar por signos externos, directos ni indirectos antes de que se produjese", según el informe.
   Ante este "imprevisible" suceso, el médico-forense defiende la actuación médica desempeñada por el intensivista que estaba de guardia en ese momento, "adecuada en todos los sentidos tanto desde el punto de vista estrictamente clínico como en la decisión de llamar al cirujano en el mismo momento en que sospechó la posibilidad de un sangrado interno".
   En este punto, el informe constata que los tiempos de actuación fueron "adecuados" y "fue materialmente imposible que la intervención quirúrgica de urgencia se hubiera realizado antes", ya que el cirujano de guardia del centro no está físicamente presente en el centro los sábados por la noche.
   Además, y aunque sí estaba localizado, el médico-forense entiende que el cirujano "preferible" para realizar la revisión era el que previamente había realizado la intervención, el doctor Moreno, a quien se llamó telefónicamente y finalmente acudió al centro.
   "Aunque habría sido preferible, no es posible afirmar cuál hubiera sido el resultado de una intervención un poco más precoz y, repito, fue prácticamente imposible actuar con mayor celeridad con la que se actuó", reza el informe.
   El documento elaborado por el médico-forense también hace referencia a la segunda intervención quirúrgica realizada a Morente, y explica que se realizó "a plena satisfacción puesto que se localizó el punto sangrante y se consiguió detener el origen de la hemorragia", lo que no evitó la posterior muerte como consecuencia de una fibrilación ventricular y la consiguiente falta de oxigenación del cerebro, cuyas causas "no es posible conocer con exactitud".
   En el informe, el médico-forense ha reflejado "cierta falta de rigor documental", aunque admite que esto no tiene "repercusión alguna, ni siquiera mínima" en el conocimiento de la evolución del paciente para los facultativos y, por tanto, tampoco "en el buen tratamiento suministrado al enfermo".
   Asimismo, también descara que haya habido manipulación de ningún elemento que impida llegar al conocimiento de lo realmente sucedido".
   Por otro lado, también defiende que los documentos de consentimiento informado de anestesia y cirugía son "adecuados" y la información contenida en ellos es "suficiente para la comprensión del tratamiento a suministrar, dando la opción libremente al paciente respecto al tratamiento propuesto".
   De hecho, ambos "contemplan como posibles complicaciones las que surgieron", hemorragia en el de la cirugía y fibrilación ventricular en el de anestesia, bajo el término de "alteraciones cardiorrespiratorias de diversa índole".
   Por último, el médico-forense interpreta que se ha producido un "malentendido" en la familia, provocado por "descoordinación" de los profesionales a la hora de informar, que a su juicio ha sido el "origen de la denuncia que originó el procedimiento".
   "Con las debidas reservas, pues pertenece al campo hipotético y no contrastado, tengo la impresión que se ha podido producir una descoordinación entre quienes facilitaban la información a familiares durante las primeras fases del periodo postoperatorio de la segunda intervención", apunta el informe.
   No obstante, añade, "sin que ello necesariamente haya significado falta alguna a la verdad sobre la realidad del paciente en ninguna de las partes que facilitaron la información".

Los trabajadores de Telemadrid reciben por burofax los despidos

MADRID.- Los trabajadores de Telemadrid han comenzado a recibir desde primera hora de esta mañana en sus domicilios el burofax en el que se les anuncia su despido, y a las nueve y media ya eran alrededor de una treintena los empleados a los que se les había comunicado oficialmente su salida de la empresa. 

Así lo ha explicado la presidenta del Comité de Empresa, Teresa García, que se encuentra encerrada junto con un grupo de compañeros en la cafetería de la sede de la televisión autonómica, en Pozuelo de Alarcón, desde anoche.
García ha especificado que a primera hora de la mañana unos 25 ó 30 empleados se han puesto en contacto con el comité de empresa para anunciarles que habían recibido en sus domicilios un burofax en el que se les comunicaba el despido, lo que hace pensar a los sindicatos que el envío de estas comunicaciones será hoy "masivo, si no total".
En total, serán 861 los empleados que abandonarán el ente público madrileño de acuerdo con el ERE aprobado por el Consejo de Administración de Telemadrid.
Según el comité de empresa, la dirección del canal autonómico habría entregado ayer a Correos 829 burofax de despidos, para ser distribuidos hoy sábado.
Los aproximadamente 300 trabajadores que han pasado la noche encerrados en Telemadrid han empezado a abandonar la sede de la cadena a las 12 horas coincidiendo con la llegada de los primeros burofaxes en los que se comunican los 860 despidos previstos, según han indicado fuentes del Ente público y de los trabajadores.
Ahora, "se seguirá con los plazos del procedimiento" de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "que está en marcha", han detallado las fuentes de Telemadrid, que continúa este sábado con su programación habitual.
Fuentes del comité de empresa han adelantado que se verán con la dirección "en los tribunales".
 "Han sido muchos años juntos, más de 25. Hemos creado esta empresa pero ellos han venido, la han destrozado y nos han echado", han aseverado.
Las mismas fuentes han destacado que "unos 400 trabajadores más" esperaban a los encerrados en las inmediaciones de Telemadrid ya que se ha "impedido" el acceso a la cadena durante la noche.
Ayer concluyó la huelga indefinida que se mantenía desde el 20 de diciembre -fecha desde la que la televisión estaba 'en negro'-, y se retomó a emisión, aunque los trabajadores mantendrán paros parciales a la hora de los informativos, en protesta por el despido colectivo.

En Madrid se celebraron 2.486 manifestaciones desde la llegada de Rajoy hasta el 26 de octubre

MADRID.- El primer año de Gobierno de Mariano Rajoy se saldó con más de 36.000 manifestaciones y concentraciones en toda España, sin contar las celebradas en el País Vasco, lo que supone una media diaria de casi 120 protestas.

   Según los datos que ha recopilado el Ejecutivo hasta el 26 de octubre, en respuesta al portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Ricardo Sixto, la comunidad autónoma con más manifestaciones o concentraciones organizadas, fuera o no comunicadas oficialmente, fue Andalucía, con 7.141 movilizaciones registradas.
   En esa clasificación autonómica, en segundo lugar figura Castilla y León (4.435), seguida de la Comunidad Valenciana (3.147), Cataluña (3.116), Islas Baleares (3.112), Navarra (2.842), Madrid (2.846) y Galicia (2.213).
   Según el texto, a la cola se encuentran, debido a su reducida población, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han contabilizado 26 y 45 protestas, respectivamente. Le siguen las uniprovinciales La Rioja (270), Asturias (335), Murcia (460) y Cantabria (717).  
   Ahora bien, al analizar los datos por provincias destaca el caso de Madrid, donde está asentada la capital, que encabeza la tabla con 2.846 protestas, casi diez cada día. Y eso que los datos sólo abarcan hasta el 26 de octubre del pasado año, por lo que no se han contabilizado, por ejemplo, las movilizaciones protagonizadas por los sanitarios madrileños contra la voluntad del Ejecutivo regional de privatizar la gestión de este servicio público.
   Otras provincias con altos índices de protestas callejeras han sido Sevilla, con 2.842 manifestaciones o concentraciones, seguida de  Cádiz, con 1.543, Valencia, con 1.485, y Valladolid, con 1.338.
   No obstante, en este listado no se ha contado el número de movilizaciones que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo en el País Vasco, comunidad que ha declinado facilitar esos datos alegando que esa competencia está transferida, conforme al artículo 27 del Estatuto vasco. Y Cataluña, que también cuenta con esa competencia, sólo ha ofrecido datos de la comnunidad, no provinciales, y por los Mossos d'Esquadra hasta el 29 de noviembre.
   El responsable de que se hayan conocido estos datos, el diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto, subraya que, con estas cifras en la mano, queda acreditado "el malestar social" ante la "terrible" crisis que padece el país y que, a su juicio, no parece tener visos de solución.
   Y es que, según ha apuntado, el hecho de que en 2012 casi se haya duplicado el número de manifestaciones respecto del año inmediatamente anterior se debe a que los ciudadanos, incluidos votantes del PP "decepcionados", han querido salir a la calle a protestar contra la política económica aplicada durante este primer año de gobierno de Rajoy y contra el incumplimiento del programa con el que concurrió a las elecciones.
   Dicho esto, Sixto ha informado de que IU está estudiando trasladar a otras circunscripciones la querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por imponer de manera "injustificada" multas a algunos participantes de las manifestaciones celebradas en la capital.
   Sanciones, ha puntualizado, que no sólo en Madrid sino en otras comunidades se han puesto "por el simple hecho" de que una convocatoria de manifestación no se ha comunicado previamente a las autoridades, no porque los participantes hayan causado daño alguno al mobiliario urbano o a terceras personas.
   "Si bien la ley obliga a que se haga esa comunicación previa, lo que hay tener en cuenta es que es que manifestarse es un derecho constitucional, y si se hace sin producir perjuicio alguno, no tiene ningún sentido que las delegaciones de Gobierno se dediquen a imponer multas", ha resumido.