martes, 27 de febrero de 2018

Draghi, gé­lido con Guindos / Carlos Segovia *

La relación entre el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el que será su vicepresidente en la recta final de su mandato, Luis de Guindos, no va a ser fácil. El italiano habló con el ministro muy amablemente en privado cuando éste fue nombrado por el Eurogrupo, pero se cuida muy mucho de elogiarlo en público.

De hecho, ayer se produjo la primera fricción. El italiano no hizo la más mínima mención a la cualificación de Guindos para ser vicepresidente del BCE y, al contrario, dejó claro implícitamente que no le parece bien que un ministro del Eurogrupo desembarque en su institución por aquello de que debe ser independiente del poder político.

Aprovechó una pregunta de la socialista francesa Pervenche Berès en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo sobre el aterrizaje del español en Fráncfort para proclamar que "la independencia del BCE está asegurada en el tratado y que será protegida por el tratado más allá de cualquier perfil personal". En vez de decir que conoce a Guindos y que está seguro de que defenderá la independencia del banco, soltó ese argumento defensivo.

Su frialdad coincide con la actitud del Gobierno italiano, que fue el último en dar su visto bueno al nombramiento del español. Es un reflejo del malestar que existe en la cúpula del BCE con la candidatura de Guindos, como ya publicó este diario durante la reunión de Davos el pasado enero. 

En la trastienda está que Draghi maneja el comité ejecutivo del BCE a su antojo ante la falta de vocales con personalidad. Ni el actual vicepresidente, el portugués Vitor Constancio, ni miembros como el belga Peter Praet o el francés Benoît Coeuré tosen al italiano. Guindos, de fuerte personalidad, sí puede replicar a Draghi en el último año de mandato de éste.

El ministro español ya apuntó durante su discurso ante la misma instancia parlamentaria que lo que él podía aportar al BCE es "visión de conjunto", como si Draghi y el resto de tecnócratas del comité ejecutivo carecieran de ella. Guindos argumentó que la política monetaria del BCE "no es todopoderosa" y remarcó que no habría tenido éxito si los ministros del Eurogrupo no hubieran diseñado la Unión Económica y Monetaria.

El español también se revolvió cuando el eurodiputado Ernest Urtasun le sacó el tema de la independencia del BCE. Dijo que defenderla no estaba reservada a Draghi y compañía, sino a todos los europeístas que creen en ella, ya sean eurodiputados o ministros. 

Una de las grandes paradojas del nombramiento de Guindos es que la izquierda española, con tal de atacarlo, dice ahora que los políticos no deben ir al BCE, cuando es lo que han defendido tradicionalmente como bien recuerdan estos días los ex ministros socialistas José Borrell o Valeriano Gómez. 

También tiene su ironía para ex ministros del PP como Elvira Rodríguez que Guindos defienda pasar del Gobierno a órganos reguladores cuando fue reacio en el caso de ella en la CNMV.

Pero el problema de Guindos no es el Parlamento Europeo. Tampoco la opinión del BCE que, aunque no será entusiasta, no le será negativa. Además, no es vinculante. Lo importante es su función futura en Fráncfort y su capacidad de adaptación. Draghi mostró ayer que no se lo va a poner fácil.


(*) Periodista



http://www.elmundo.es/economia/2018/02/27/5a94656ce2704ee6638b4631.html

Podemos e IU coinciden en despegarse de la marca Unidos Podemos para las autonómicas

MADRID.- Podemos e IU llevan semanas manteniendo contactos informales para negociar la confluencia con la que competirán en las elecciones de 2019 y, aunque aún no han bajado aún al detalle de nombres o candidaturas, coinciden en el objetivo de buscar una marca “que sume” e identifique a todos.

La decisión va a corresponder a los inscritos en cada uno de los territorios, según recuerdan fuentes de la formación morada, que niegan que IU les haya trasladado que la “marca Podemos” pueda ser un lastre en las próximas citas electorales.
Insisten en que, a día de hoy, la marca y las candidaturas no son un asunto que esté sobre la mesa, aunque son conscientes de que hay voces en la formación de izquierdas que apuestan por despegarse del nombre de Unidos Podemos, con el que concurrieron a las generales del 26J.
Aquella fue únicamente una alianza nacional, ya que en los comicios municipales de 2015 el partido de Pablo Iglesias no concurrió con su propia marca, sino con otras formaciones en candidaturas de unidad popular; y en las autonómicas, IU y Podemos se presentaron por separado.
De tal forma que ahora, de cara a las municipales, autonómicas y europeas de 2019, lo tienen todo por explorar, y eso ha acrecentado el debate sobre la marca que imprimirán en las papeletas, asunto que la dirección morada recalca que no ha empezado ni a plantearse.
IU ya alertó a principios de año del “desgaste” preocupante de Podemos en los sondeos y urgió al partido de Pablo Iglesias a redefinir antes de Semana Santa los términos de su confluencia para diseñar una alianza en la que Alberto Garzón pide más visibilidad.

Podemos cae en Andalucía e IU sube

El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía conocido este lunes, en el que Podemos cae en esa comunidad 6 puntos y medio hasta el 10’5 por ciento, mientras que IU sube 2’6 hasta el 8,3, ha reforzado a quienes creen que hay sectores de la izquierda “desmovilizados”, y ese debe ser el objetivo en los próximos meses.
De momento, los contactos que Podemos ha mantenido con sus aliados de IU y otras fuerzas como Equo se han centrado en poner en común y pensar juntos cómo afrontar una “operación de alta complejidad”, que implicará a más de ocho mil municipios, además de coincidir con las elecciones autonómicas y europeas.
Lo único que tienen totalmente claro en ambos lados es “la voluntad política” de confluir y pueden quedar meses para que empiecen a hablar de nombres y candidatos.
A esto hay que sumar que en último término serán los inscritos en cada territorio los que tomen esa decisión, y eso puede dar lugar a que no en todas las localidades se presenten con el mismo nombre, que en algunas decidan apostar por otra marca, como ya hicieron en otras convocatorias, o que incluso haya pueblos o ciudades donde no descarten concurrir como Unidos Podemos. Y luego están las particularidades de las confluencias en cada territorio.
No es lo mismo la relación que mantienen en Andalucía la alianza entre la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, y el líder de IU, Antonio Maillo, que las confluencias que pueda construir en Madrid el potencial candidato de la formación morada, Íñigo Errejón.
Errejón no ha oficializado aún su candidatura, pero tiene claro el beneficio de formar tándem desde la Asamblea de Madrid con Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital.
Hay otras incógnitas por resolver, como si se repetirá la alianza con Compromìs en la Comunidad Valencia, que no parece que tenga ya tantos partidarios; o qué pasará en Baleares, donde fuentes de la dirección de Podemos reconocen que un buen perfil como candidato puede ser el del juez y diputado Juan Pedro Yllanes.
Para la formación morada, además, será la primera vez que se enfrente al reto de unas elecciones municipales y eso les hace querer atar las cosas bien y despacio, porque queda más de un año para los comicios.
Aunque Iglesias recientemente insistía en que el nombre no va a ser el problema: “A mí la cuestión de los nombres me parece secundario. Si hay que cambiar las cosas, se cambian, eso no va a ser ningún problema“, decía el 9 de febrero en una entrevista en TVE.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

La FEMP "vigilará" a Montoro para que cumpla su compromiso sobre el superávit


MADRID.- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha dicho hoy que la cesión del Gobierno para que los ayuntamientos usen su superávit se debe a la unidad del movimiento municipalista, y ha indicado al ministro Cristóbal Montoro que estarán vigilantes y en 20 días "revisarán" que esté aprobado el decreto comprometido.

En rueda de prensa al término de la cumbre local que ha reunido en Madrid a cerca de 300 alcaldes, presidentes de Diputación y cargos electos, Caballero ha insistido en que los alcaldes "se creen" la palabra del ministro pero "por si las moscas" van a estar muy atentos para que se garantice su cumplimiento.
Caballero ha asegurado que esta es la primera vez que se hace una reunión de estas características en la FEMP, "y la primera vez que habrá un decreto ley de forma exclusiva para necesidades de ciudadanos de los 8.125 ayuntamientos de España".
El presidente de la FEMP se ha mostrado convencido de que la cesión del Gobierno de España se debió a que eran conscientes de "la fortaleza" de la cumbre, que reunió a cientos de alcaldes y electos, pero también al hecho de que los ayuntamientos son la única administración que lleva "cinco años con superávit estructural".
Caballero también ha informado de que en la cumbre se ha acordado remitir hoy al Ministerio de Hacienda el listado de las actividades que los ayuntamientos proponen para invertir los 5.000 millones de remanente de 2017, y que son: infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas, de seguridad y protección civil y vehículos para servicios de seguridad y protección civil.
El responsable de la FEMP ha explicado que el margen de tiempo que manejan los ayuntamientos para realizar estas inversiones acaba en abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones autonómicas y municipales.
Ha remarcado al respecto que "esa es la razón del decreto" ya que los ayuntamientos no pueden esperar al presupuesto del mes de junio "porque es tarde y porque estamos fuera de espacio y tiempo, y eso es algo que el Ministerio de Hacienda ha entendido".
En la comparecencia de prensa, Caballero ha valorado que ayer, en la reunión con Montoro, se acordase "por primera vez en la historia de la democracia" que la financiación local entrase en la agenda de la financiación autonómica y se negociase en paralelo.
Caballero, que ha insistido en constatar la "unidad de opinión" y la "casi unanimidad" de los alcaldes, ha hecho hincapié en la negociación para un techo de gasto eficiente y ha lamentado que el actual "fomente el gasto y penalice el ahorro" y eso, ha dicho, "es una estupidez política".
Ha añadido que otro de los mandatos de la cumbre local es negociar con el Ministerio de Hacienda un techo de gasto "eficaz, que limite y deje un tope pero de forma eficiente".
También ha explicado que en el foro de alcaldes se ha acordado dedicar recursos a los pequeños ayuntamientos para asegurar la permanencia de la población en el territorio.
Y si no se hace, ha advertido, "después de la desertización humana vendrá la ambiental".
En la reunión se ha abordado también pedir al Gobierno que se "respete la autonomía" de los consistorios para "tomar decisiones y contratar los efectivos que necesiten" para cumplir las tasas de reposición y, por ejemplo, "no tener cola en las mesas de contratación".

Un total de 550 trabajadores de Bankia en Madrid se acoge voluntariamente al ERE

MADRID.- Las peticiones voluntarias de adscripción al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Bankia cubren de media el 84,55 % del máximo de 2.000 despidos que la entidad acordó con los sindicatos y suman 137 en la Región de Murcia con respecto a las 278 excedentarios pactados entre las partes.

Según los datos publicados este martes por el sindicato UGT, 1.691 trabajadores han pedido acogerse de forma voluntaria a las bajas incentivadas desde el pasado 21 de febrero hasta ayer, aunque el plazo finaliza el 2 de marzo.
Sin embargo, en los territorios donde tenía una mayor implantación BMN (resultante de la fusión de las cajas de Murcia, Granada y la balear Sa Nostra), las peticiones voluntarias apenas cubren la mitad de los puestos excedentarios, aunque fuentes sindicales aseguran que "se cubrirán todas las plazas".
En Andalucía sólo se han registrado 129 peticiones voluntarias para 361 extinciones de puestos de trabajo acordadas en el ERE, de las que 251 se concentraban en la provincia de Granada, donde sólo 92 empleados se han apuntado a las bajas incentivadas.
En Baleares se han registrado 126 peticiones voluntarias frente a los 250 puestos que desaparecerán.
En cambio, en las comunidades donde Bankia mantenía una mayor presencia -la entidad se creó de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias y las de Ávila, Segovia y La Rioja- el número de voluntarios rebasa el de puestos excedentarios calculados para estos lugares.
Madrid es la comunidad en la que se han registrado más adscripciones voluntarias, 550 para cubrir 330 despidos, en tanto que en la Comunidad Valenciana se han apuntado 317 personas, frente a las 192 bajas planteadas.
En Castilla-La Mancha se han producido 41 peticiones para ocho puestos, y en Canarias el número de solicitantes asciende a 40, de las 19 bajas planteadas.
El número de puestos excedentarios en cada comunidad no se traducirá de forma directa en una cifra equivalente, ya que se contemplan movilizaciones de unas zonas a otras.

Las CC AA bajan impuestos a las herencias y suben los tributos a la compra de vivienda


MADRID.- Bajar los impuestos que gravan las herencias y subir la fiscalidad sobre la compraventa de inmuebles. Esta es la tendencia que se observa cuando se analizan los cambios tributarios aprobados por las comunidades autónomas. El informe anual Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) refleja que las comunidades han aprobado 732 tipos, reducciones, deducciones o bonificaciones. Ello refleja, en opinión del REAF, un órgano especializado del Colegio de Economistas, un uso "exagerado" de las capacidades normativas. 

El REAF señala que hasta cinco autonomías han rebajado el impuesto sobre sucesiones para las herencias entre familiares directos en 2018. Son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Solo han optado por subirlo Cantabria y Navarra. El REAF divide en dos a las comunidades autónomas en función del impuesto sobre sucesiones, según el resumen de Cinco Días

Para las herencias del grupo I (hijos menores de 21 años), se pagan importes simbólicos en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de comunidades, no se tributa si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en Andalucía se ha fijado un límite de un millón de euros. 

Para las herencias del grupo II (cónyuge, padres e hijos mayores de 21 años), el impuesto sobre sucesiones prácticamente no se paga en Navarra, País Vasco, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. En el resto es posible no tributar, pero hay que cumplir ciertos requisitos.  

El REAF siempre pone como ejemplo la tributación de una herencia de 800.000 euros que recibe de sus padres un contribuyente soltero de 30 años. En 2018, Andalucía es la comunidad en la que menos impuestos se pagarían. La cuota para este ejemplo sería de cero euros, ya que el límite de tributación en la comunidad presidida por Susana Díaz asciende a un millón de euros. Andalucía. 

En Canarias también se pagaría muy poco (134,23 euros). El coste fiscal no superaría los 2.000 euros en Madrid o Murcia. En el lado opuesto, el heredero de 800.000 euros abonaría 155.394 euros en Aragón. Le sigue Asturias (103.135 euros) y Castilla y León (81.018 euros). 

¿Qué sucedería si en lugar de dejar 800.000 euros en herencia a un hijo se realizara una donación por el mismo importe? En este caso, Andalucía sería la comunidad autónoma donde más se pagaría. La cuota alcanza los 208.159 euros. En cambio, prácticamente no se abonaría nada en Canarias (200 euros) y muy poco en Madrid o Murcia (2.000 euros). 

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones lleva años produciéndose una competencia fiscal a la baja. Justo al revés sucede en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En 2018, solo Cantabria ha incrementado este tributo, pero muchas autonomías optaron por elevarlo en ejercicios anteriores. 

Por defecto, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, está fijado en el 6%. Un gravamen que solo se aplica en Madrid y Navarra. En Canarias es del 6,5% y del 7% en La Rioja y País Vasco. El resto de comunidades gravan la compraventa de inmuebles a tipos entre el 8% y el 10%. Algunas comunidades (Cataluña, Extremadura o Valencia) han fijado gravámenes progresivos, es decir, se paga más cuanto más cara es la vivienda que se compra.

Por la adquisición de un inmueble de 150.000 euros, en Cantabria, Cataluña y Galicia se pagan 15.000 euros frente a los 9.000 euros de Madrid. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, apuntó que no tiene sentido que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales sea tan alto en el contexto actual, donde hay un gran stock de viviendas. También defendió que sería positivo revertir las subidas tributarias cuando la situación económica mejora.  

IRPF
Extremadura y La Rioja son las dos únicas comunidades que han modificado los tipos impositivos en la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta. Aun así, la mayoría de autonomías han aprobado modificaciones en el último año. De hecho, la estructura del IRPF es distinta en cada una de las comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad que exige una mayor carga fiscal a las rentas bajas. Extremadura mantiene el IRPF más elevado para las rentas medias y la Comunidad Valenciana para los salarios que superan los 80.000 euros. En el lado opuesto, Madrid es la región que exige un menor esfuerzo fiscal a todas las rentas. 

Impuesto sobre el patrimonio
El tributo que grava con, carácter general, la riqueza neta que supera los 700.000 euros no se aplica en Madrid. Es la única comunidad que no aplica el impuesto. El resto sí que mantienen un tributo que recibe muchas críticas y que se ha suprimido en todos los países de la UE. Las dos únicas excepciones son Francia, que lo eliminará próximamente, y España. 

Tributos propios
El REAF destaca que las comunidades autónomas mantienen 82 impuestos propios. Considera que son excesivos y que además, su incidencia recaudatoria es baja. Solo aporta el 2,2% de la recaudación. Cataluña cuenta con 18 impuestos propios y es la comunidad que más figuras fiscales mantiene. Para el ejercicio en curso ha creado cuatro gravámenes. Tres de estos impuestos han sido declarados inconstitucionales.  

El Parlamento Europeo somete a Guindos a un examen de terciopelo

BRUSELAS.- La esperada y temida comparecencia de Luis de Guindos ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo se ha convertido este lunes en un examen de terciopelo. Los principales grupos parlamentarios (populares, socialistas y liberales) han mostrado escaso interés en polemizar sobre el nombramiento del actual ministro español de Economía para uno de los puestos más preciados de la zona euro, según revela hoy Cinco Días.

La audiencia, que arrancó con una hora de retraso por causas ajenas al ministro, se ha desarrollado sin grandes tensiones a pesar de que Guindos llegaba precedido por una polémica sobre su idoneidad para el cargo dada su condición de ministro en ejercicio y el escaso equilibrio de género en la cúpula del BCE.
Guindos se ha defendido con facilidad de los suaves ataques de los europarlamentarios contra sus dos presuntos talones de Aquiles. Lejos de ocultar su condición de ministro se ha declarado "muy orgulloso de pertenecer al gobierno español de Mariano Rajoy" y ha reivindicado su gestión "para convertir una situación de crisis y profunda recesión en una historia de recuperación, crecimiento y creación de empleo". Y sobre el equilibrio de género ha esgrimido su propio reparto de responsabilidades. "De ocho altos cargos del Ministerio de Economía, seis están ocupados por mujeres. Y no solo por una cuestión de equidad, sino también de eficiencia", ha señalado.
La suavidad de las formas durante la sesión parecía inevitable tras la decisión de los socialistas españoles de cambiar su rechazo a la candidatura de Guindos por una abstención, que se materializará este martes en el voto en la comisión de Economía del Parlamento. Sin los ataques procedentes del PSOE, las críticas a Guindos quedaban reducidas a los grupos más de izquierdas, tan previsibles como minoritarias.
El eurodiputado socialista, Jonás Fernández, lamentó que "esta candidatura no haya podido ser una candidatura de país", en alusión a la ausencia de consultas del Gobierno con la oposición antes de elegir al aspirante. Pero evitó ahondar en las críticas y se decantó por preguntas técnicas sobre política monetaria.
El tenor del examen ya quedó de manifiesto durante la comparecencia ante la misma Comisión del Parlamento del presidente del BCE, Mario Draghi. El italiano apenas fue cuestionado sobre el potencial impacto de la llegada a Fráncfort de un vicepresidente recién salido de un Gobierno. "La independencia del BCE está consagrada en el Tratado de la UE y está protegida más allá del perfil de un candidato", zanjó Draghi la cuestión.
Guindo señaló que dejará el Gobierno "la próxima semana como muy tarde", tal y como ha anunciado Rajoy. Y el todavía ministro aseguró que "soy un firme defensor de la independencia de los bancos centrales".
Tras la audiencia de 65 minutos, la Comisión de Economía votará este martes un informe cuyo borrador dictamina, todavía entre corchetes, "una opinión [favorable/negativa] a la recomendación del Consejo de nombrar a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE". El dictamen no es vinculante, pero un rechazo podría socavar la capacidad de influencia de Guindos en el nuevo organismo. Sin embargo, dado el talante de las intervenciones de este lunes, todo indica que Guindos puede recibir el aval de la Comisión.
La misma Comisión parlamentaria celebró el pasado 14 de febrero una audiencia extraoficial y a puerta cerrada con Guindos y Philip Lane, el otro aspirante al cargo. Aquella sesión fue mucho más dura y se saldó con una declaración que consideraba al irlandés como mejor candidato que el español. Pero se trataba de un trámite ajeno al procedimiento que en el borrador de declaración que se vota este martes ni siquiera se menciona.
El siguiente paso será un dictamen del BCE, que se hará público el próximo 8 de marzo y que se espera favorable. El pleno del Parlamento Europeo votará el 14 de marzo el veredicto de la Comisión de Economía. Y la cumbre europea del 22 y 23 de marzo oficializará el nombramiento de Guindos, que asumirá la vicepresidencia del BCE el próximo 1 de junio, con un mandato no renovable de ocho años.

'Iberdrola' jubilará a 3.500 empleados para bajar costes

MADRID.- El programa de ahorro de costes lanzado por Iberdrola dentro de su plan estratégico 2018-2022 incluye la prejubilación de unos 3.500 empleados, el 10% de la plantilla actual del grupo eléctrico, según avanza hoy El Confidencial. 

Se trata de una medida de eficiencia que Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía energética, ha prometido a los inversores para reducir los gastos de personal y mantener los márgenes después de que el pasado año se disparasen casi un 20%, hasta los 2.171,5 millones, por la consolidación de su filial brasileña. La división de ingeniería, que el año pasado volvió a perder casi 252 millones, está en el foco.
Fuentes oficiales de Iberdrola han confirmado lo que internamente se denomina “rotación de personal”, porque el objetivo es contratar otros 3.500 empleados, pero con salarios más bajos. Una fórmula para facilitar “la renovación natural del talento y la nueva creación de perfiles para afrontar el nuevo entorno y la digitalización”. 
La compañía sostiene que la plantilla se mantendrá al acabar el plan estratégico en 35.000 personas, por lo que no habrá ningún expediente agresivo de ajuste de personal. Pero otras fuentes advierten de que esta cifra incluye la incorporación de los empleados de Neoenergía, por lo que la suma total distorsiona la foto final.
En 2017, Iberdrola facilitó la salida de 2.689 trabajadores, dos tercios de los cuales eran mayores de 50 años. Por contra, incorporó a 3.210 personas, un 33% de los cuales tenían menos de 30 años. De los actuales 35.000 empleados de la plantilla, 10.400 superan los 50 años, incluido Sánchez Galán, que en 2020 cumplirá 70. La compañia reconoce que tiene en marcha planes de reducción de personal.
De hecho, Iberdrola se congratula de indicar que gestionará un 20% más de activos tras el anuncio de fusión entre Elektra y Neoenergia con los mismos recursos o plantilla, parte de la cual podría ser externalizada para “optimizar los costes y conseguir eficiencias”, según consta en la información oficial remitida a los inversores. 
Lo que Galán, que el pasado año percibió un sueldo de 9,47 millones de euros (25.753 euros al día), quiere es vincular los salarios de los empleados al rendimiento empresarial, con convenios a largo plazo que garanticen la estabilidad de los gastos.
Todo este proceso será vigilado por José Sáinz Armada, el director financiero y de recursos humanos, al que el presidente ha encomendado la tarea de mantener a raya los costes de personal después de la subida del pasado: un 20% más incluidos los trabajadores de Neoenergia y un 3,3% si no se tiene en cuenta esta variable, ya que la fusión se llevó a cabo en la segunda mitad de 2017. El objetivo final es ahorrar unos 1.000 millones de euros que procederán de Brasil y de la reducción de gastos de España.
No se prevén problemas para poner en marcha este plan de prejubilaciones, ya que la relación de Iberdrola con los sindicatos es muy cercana. Así quedó demostrado en la firma del VII Convenio Colectivo, que garantiza la paz social con los representantes de los trabajadores hasta 2020. 
Un acuerdo que suponía, según la compañía, mejoras para los 8.500 empleados de la eléctrica en España, incluidos los 1.200 procedentes de su problemática filial de ingeniería. El grupo agradeció a los negociadores su voluntad para cerrar el acuerdo con el regalo de un reloj último modelo de Apple, una batería portátil y una corbata o pañuelo corporativo, obsequios que fueron criticados por agrupaciones contrarias al acuerdo.
Una forma de ahorrar que Iberdrola tiene en la cabeza es la venta de Iberinco, la subsidiaria dedicada a la construcción de proyectos llave en mano que en los últimos años le ha generado unas pérdidas próximas a los 400 millones de euros. 
Esta compañía, en cuyo consejo de administración está Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sido calificada como "actividad discontinuada" después de registrar en 2017 unos números rojos de 253 millones y tener que ser rescatada por la matriz por incurrir en caso de insolvencia.
No obstante, otras fuentes indican que los numerosos litigios que tiene abiertos Iberinco dificultan mucho su posible traspaso, especialmente tras los problemas por los que han pasado compañías del sector como Abengoa, Isolux y, actualmente, Duro Felguera
La filial de Iberdrola tiene ahora abiertos conflictos judiciales en Canadá por dos proyectos de biomasa valorados en 240 millones de euros; en Kenia, por la construcción de redes y subestaciones; en Alemania y, sobre todo, en Estados Unidos, por el desarrollo de una planta de gas en Boston por 540 millones.