martes, 29 de noviembre de 2011

Amigos del Albéniz piden el desalojo policial del teatro y que las administraciones lo protejan


MADRID.- La Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz ha solicitado este martes, ante el fuego declarado en el interior del inmueble, que la Policía lo desaloje y que el Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid protejan el edificio.

   La presidenta de la asociación, Eva Aladro ha defendido el desalojo del teatro para evitar que sea destruido. Así, ha recordado que antes del incendio ya ha habido una inundación provocada, según explicó, por los atascos de las tuberías y desagües generados por los 'okupas' de las plantas superiores del teatro, así como la entrada incontrolada de gente tanto por esa zona como por el contiguo 'okupado' Hotel Madrid.
   "Ya no podemos confiar en la gente del Hotel. Nos prometieron que nadie entraría y ahora la situación es mucho peor que antes de que llegaran. No tienen criterio, y un día te dicen una cosa y otro día, otra. Hace unos días recibí una llamada de un ocupante del hotel, que me dijo que el teatro estaba en grave peligro. Han estado jugando con nosotros y yo ya me desvinculo de ellos", ha manifestado Aladro.
   Sobre el incendio, la presidenta de la plataforma desconoce aún su origen, aunque ha apuntado a una posible colilla mal apagada o que haya sido provocado por algún 'okupa' como revancha contra otros del Hotel o del propio edificio por sus "luchas y peleas constantes".
"Sigue siendo un peligro, por la instalación eléctrica de alto voltaje que hay allí y por las fugas de agua", ha indicado.
   Por otro lado, Aladro ha pedido la actuación de la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que pongan en marcha las medidas oportunas para proteger el teatro. De hecho, ha recordado que hace 20 días les enviaron un requerimiento por escrito y no han obtenido respuesta.
   Asimismo, los Amigos del Albéniz han indicado que están a la espera de la resolución final del Tribunal Supremo sobre el carácter de Bien de Interés Cultural del teatro, ya confirmado este verano por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 
Además, han apuntado que los daños al inmueble pueden perjudicar a este declaración de protección o que incidentes como los de hoy pueden provocar que cuando salga el fallo judicial definitivo "ya no queda nada que proteger".

Protección ahora
La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, ha pedido este martes a la Delegación del Gobierno que, ahora que está vacío el edificio del Hotel Madrid como consecuencia del incendio declarado en el teatro Albéniz, se proceda a proteger el inmueble para evitar que se pueda volver a 'okupar'.
   Plañiol ha explicado que el suceso se ha producido alrededor de las 13 horas en el tercer sótano del teatro, en unas dependencias que se destinaban a una antigua sala de fiestas. El foco ha sido una acumulación de cables y basura, si bien ha añadido que es "pronto para saber si ha sido fortuito o intencionado".
"El foco está apagado, se está aireando el edificio y esperaremos a las causas oficiales", ha afirmado.
   "No se puede decir que los ocupantes del hotel sean los causantes directos o indirectos de los daños, pero es verdad que cuando se ocupa un edificio de estas características siempre hay riesgo para la integridad de todos", ha añadido.
   Plañiol ha indicado que "no ha hecho falta desalojar el hotel Madrid porque ante el incendio se ha vaciado solo".
"Ahora están los dos vacíos, así que hemos llamado a la delegada del Gobierno para decirle que está vacío y que ha llegado el momento de protegerlo y se puede desocupar", ha sugerido.
   Sobre si algunos posibles problemas entre los 'indignados' puedan haber desembocado en esta situación, ha señalado que "los comentarios por parte de muchos de los posibles indignados van en ese sentido".
"Desconozco lo que pasa dentro, pero los ocupantes son personas que no están utilizando debidamente el inmueble: ponen en riesgo el edificio y por tanto la integridad de todos. Si ha sido causa o no, en breve lo podremos saber", ha concluido.
Bomberos del Ayuntamiento de la capital han extinguido ya el incendio declarado este mediodía en una antigua sala de fiestas del Teatro Albéniz.
   Hasta el lugar se han acercado tres dotaciones de Bomberos, que han tenido que derribar algunas de las entradas tapiadas para acceder al interior del teatro. Allí, los profesionales, en medio de un intenso humo, han encontrado el foco del fuego en el tercer sótano, que antes era utilizada como sala de fiestas.
   En la estancia había acumulado una gran cantidad de cables electrónicos y de megafonía. Los bomberos han extinguido el fuego y están ahora ventilando la zona. Debido a la gran cantidad de humo y a su escasa salida, un vehículo especial de los Bomberos se va a desplazar a la zona para favorecer la ventilación.
   Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia del Samur-Protección Civil, que no ha tenido que atender a ninguna persona, salvo a un bombero por una leve intoxicación. Los profesionales no han encontrado a nadie en el interior del teatro, mientras que los 'okupas' que viven en los pisos de arriba y en el contiguo hotel Madrid se han marchado por su propio pie.
   Por su parte, miembros de la Policía Nacional y Municipal han acudido al lugar, así como la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, puesto que la sede de la Consejería está a escasos metros del Albéniz. De momento, se desconoce si el incendio ha sido provocado, accidental o fortuito.
   El pasado 16 de octubre, tras la manifestación del 15O, un grupo de 'indignados' okupó el hotel Madrid, situado en la calle Carretas y contiguo y con acceso comunicado con el teatro Albéniz. Desde entonces, diferentes asambleas debatieron sobre la posibilidad de 'okupar' también el edificio escénico.
   Tras la intervención de la plataforma de Amigos del Albéniz, la mayoría de los 'okupas' del hotel se comprometieron a cerrar los accesos y a no entrar al teatro. Sin embargo, días después alertaron de una inundación provocada por los 'okupas', pero no los del hotel Madrid, sino de los que vivían desde principios de otoño en las plantas superiores del teatro.

Los jóvenes madrileños necesitan el 62,6% de su sueldo para comprar una casa

MADRID.- Los jóvenes madrileños necesitan dedicar más de la mitad de su sueldo neto (62,6 por ciento) para comprar una vivienda, lo que explica en parte que solo cuatro de cada diez jóvenes en España esté en condiciones de emanciparse en estos momentos, según el último 'Observatorio Joven de la Vivienda' que elabora el Consejo de la Juventud de España (CJE).

   El trabajo revela también la diferencia entre los ingresos reales y los mínimos necesarios para comprar una casa: Los jóvenes cobran un 78,1 por ciento menos de lo que deberían para poder convertirse en propietarios sin sobrepasar el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras del 30 por ciento.
   Asimismo, la superficie máxima a la que puede aspirar un joven que se anima a comprar una casa es de 56,1 metros cuadrados. Si se decanta por el alquiler, no podrá acceder a una vivienda de más de 44,5 metros cuadrados.
   Por provincias, los jóvenes que más parte de su sueldo neto deben dedicar a la compra de una vivienda son los de Vizcaya (el 71,6 por ciento de sus ingresos), seguidos de guipuzocanos (70,9 por ciento), barceloneses (67,9 por ciento), baleares (65,1 por ciento), madrileños (62,6 por ciento), cántabros (58,2 por ciento) y málagueños (57,8 por ciento).
   Ante estos datos, el CJE pide al futuro Gobierno del PP una ley que garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada de titularidad pública, cuyo coste no supere el 30 por ciento de los ingresos netos anuales.
   Asimismo, demanda un parque público de vivienda en alquiler, con un coste que no supere el 10 por ciento de los ingresos anuales por persona, la movilización de suelo público para la construcción de vivienda pública o una mayor protección para los inquilinos mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Condenan al SERMAS a indemnizar con 120.000 euros por mala praxis

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar con 120.000 euros a la familia de una paciente que falleció después de que no se le realizaran las pruebas necesarias para detectarle un cáncer en el Hospital Gregorio Marañón.

   En la sentencia de la sección novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tramitada por la Asociación del Defensor del Paciente, queda reflejado que "las pruebas diagnósticas que no se realizaron hubieran permitido la detección del cáncer dos meses antes del fallecimiento".
   "Un diagnóstico precoz podría haber determinado alguna posibilidad de supervivencia por lo que, la falta de diagnóstico supuso una pérdida de oportunidad de supervivencia y una infracción de la lex artis que desembocó en el fallecimiento", reza la sentencia.
   El pasado 11 de septiembre de 2006, S. A. C., de 50 años, con antecedentes de carcinoma epidermoide y portadora de un segundo trasplante renal, ingresó en el Servicio de Nefrología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid como consecuencia de un cuadro de dolor en el costado derecho de un mes de evolución y fiebre.
   Tras la realización de una serie de pruebas, como un TAC que reveló la existencia de lesiones pulmonares, se le diagnosticó un tromboembolismo pulmonar y se le dio el alta médica quince días después de su ingreso sin que se indagara sobre la etiología de dichas lesiones ni se valorara su evolución en los meses posteriores.
   El 10 de octubre de 2006 la paciente acudió al Servicio de Urgencias por dolor en costado pero fue dada de alta, de nuevo, al igual que seis días después, cuando volvió a acudir al Servicio de Urgencias. Dado que los síntomas se agravaban, la paciente tuvo que ingresar, el 18 de octubre.
   El motivo de ingreso era dolor costal, abdominal y fiebre. Finalmente, el Servicio de Nefrología decidió consultar el caso de S. A. C. con la Unidad del Dolor. La situación clínica de la paciente era de tal gravedad que surgió un cuadro de ansiedad que requirió tratamiento por Psiquiatría.
   De hecho, los facultativos llegaron a insinuar que el origen de sus dolencias era psiquiátrico. Finalmente y sin haber determinado el origen del intenso, persistente y progresivo dolor costal que no cedía con analgésicos, la paciente fue dada de alta el 1 de diciembre de 2006.
   Con fecha 1 de enero de 2007, la afectada fue ingresada en el Servicio de Urgencias del centro hospitalario como consecuencia de un cuadro de dolor lumbar crónico de dos meses de evolución, malestar y debilidad generalizados, insuficiencia respiratoria y aumento del dolor.
   Tan grave era el estado de la paciente que entró en parada cardiorrespiratoria en la misma ambulancia que la trasladaba hacia el centro hospitalario. Tras diversas pruebas se demostró que la paciente sufría un cáncer extendido por toda la cavidad abdominal con una gran masa tumoral que invadía el colon.
   También existían adenopatías en hígado y mediastino. El cáncer era tan grave y estaba tan extendido que le afectada falleció apenas unas horas después de su último ingreso hospitalario en demanda de asistencia sanitaria que atenuara el dolor que había motivado numerosos ingresos previos.
   La Sección entiende que el diagnóstico de la existencia del cáncer en las fechas mencionadas, "y lógicamente la aplicación urgente del adecuado tratamiento, podría haber determinado alguna supervivencia a la paciente por cuanto el informe de la inspección médica no afirma con absoluta certeza que tal posibilidad fuese inexistente".
   Además, el propio perito en su informe manifiesta "cierta posibilidad de supervivencia (25 por ciento de los pacientes al año), por lo que en definitiva "cabe apreciar que la falta de diagnóstico ha supuesto una pérdida de supervivencia de la paciente", por lo que se determina una "infracción de la lex artis de la que derivó el fallecimiento de la paciente".

Unas 2.000 personas protestan contra las políticas de Aguirre en Educación

MADRID.- Unas 2.000 personas, según fuentes policiales, han vuelto a cortar la calle Alcalá, a la altura del Ministerio de Educación, para protestar contra los recortes en la Comunidad de Madrid y las políticas en Educación de su presidenta, Esperanza Aguirre, coincidiendo con la novena jornada de huelga en los centros educativos.

   Como la concentración se ha celebrado de noche, muchos son los que han acudido con velas verdes, el color elegido por la 'marea verde' para todas las movilizaciones. En esta ocasión, como en cada concentración, pasadas las 19 horas, han soltado centenares de globos que han cubierto el cielo de la Gran Vía durante segundos.
   'Aguirre saquea Madrid', 'Esperanza Aguirre tiene mala educación' o 'Esperanza devorando la educación pública' son algunas de las frases que se han podido leer en las pancartas que portaban los manifestantes, que también han pedido en varias ocasiones la dimisión de la dirigente regional.
   No obstante, el lema de esta concentración convocada por CC.OO., ANPE, CSI-F, FETE UGT y STEM era 'La educación no es un gasto, es una inversión' y muchos eran los carteles que han ido en esta dirección con proclamas sobre la inversión en el futuro y con apoyo al profesorado que está siendo "represaliado" por las movilizaciones.
   Para el secretario general de CC.OO. Enseñanza Madrid, Francisco García, "sobra ilusión" en el profesorado que "después de tantas jornadas de huelga, cinco manifestaciones, cinco concentraciones", siguen movilizándose. "Aquí hay mucha gente", ha señalado García, quien ha destacado que casi la mitad de los docentes en Secundaria e Infantil ha secundado los paros.
   En este sentido, ha hecho especial hincapié en los "más de mil euros de inversión en escuela pública y en calidad de la enseñanza" que han hecho los profesores al haber ido a huelga, pues es el descuento aproximado que se les ha hecho en sus nóminas por esta cuestión. "Es una inversión generosa por parte del profesorado", ha apostillado.
    A su juicio, al Gobierno regional "seguir encastillado en su posición y mirar para otro lado no va a resolver" el conflicto. "No nos vamos a cansar si están esperando eso", ha asegurado, quien ha adelantado que habrá calendario para el primer trimestre del año y para el segundo porque la Comunidad "tiene que convocar la mesa y buscar una salida en conflicto".
   Para el vicepresidente de Anpe Madrid, Manuel Díez, después de nueve jornadas, "mantener el ritmo" que llevan "es un éxito" porque "es mucho desgaste y desembolso económico" y se "nota el agotamiento" mientras que el presidente de CSI-F Enseñanza Madrid, Antonio Martínez, insiste en que son muchas las actuaciones que han llevado a cabo para que "nadie" les haga caso.
   "Nueve jornadas de huelga, concentraciones, manifestaciones, encierros, cartas que hemos enviado a la consejera, a la presidenta de la Comunidad, a Mariano Rajoy seguimos con perjuicio para las familias y los alumnos y nadie nos quiere recibir. Nadie quiere hablar con nosotros después de cinco meses de actuaciones y exigimos que la mesa sectorial se abra para presentar nuestras quejas", ha dicho.
   Por su parte, el secretario general de FETE UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha señalado que es importante que un día, "ya por la tarde", después de las movilizaciones que llevan, "haya venido tanta gente". 
"Creo que el profesorado sigue disgustado y además la Consejería está contribuyendo a ello con sus presiones en los horarios", ha considerado.

Los 'camisetas verdes' amonestados el 20N presentan alegaciones

MADRID.-   Varias decenas de personas que el pasado 20 de noviembre tuvieron problemas a la hora de votar por acudir con la camiseta verde en favor de la educación pública han acudido este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla para presentar sus alegaciones después de recibir por parte de la Junta Electoral de Zona de Madrid un telegrama en el que se les recuerda que han cometido una infracción.

   Muchos de los afectados han acudido con el telegrama que recibieron durante el día de ayer en el que, según consta, la Junta Electoral de Zona de Madrid, por orden del presidente, concede un plazo de 48 horas para que la persona en cuestión "alegue lo que estime conveniente, previniéndole que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, podrá pararle el perjuicio al que hubiera lugar en derecho".
   En el escrito, la Junta explica que ha contrastado los hechos con el informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en el cual consta que a al afectado "se le hizo saber el acuerdo" de este órgano electoral que se resolvió "al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la prohibición de difundirse propaganda electoral" y que se ha incumplido.
   Los afectados, asesorados por distintos abogados, han presentado distintos modelos de alegación, pero todos coinciden en que la camiseta verde no es "propaganda electoral" sino "defensa de la educación pública" y que su derecho a la libertad de expresión está recogido en la Constitución, incluso en jornada electoral.
   Además de las alegaciones, otros compañeros han presentado al Juzgado 147 de Madrid una "autoinculpación" por haber acudido a votar al colegio electoral el pasado 20 d noviembre en las elecciones generales "ataviados con una camiseta verde en la que podía leerse 'Escuela pública de tod@s para tod@s'".
   En el texto, señalan que estas palabras reflejan su "profunda adhesión con el artículo 27.5 de la Constitución Española, que dice literalmente 'Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes'".
   "Es y sigue siendo mi interés que este artículo se siga cumpliendo en España y la educación pública siga siendo de todos y para todos", continúa el escrito que han firmado algunos de los profesores solidarizados con los que han recibido los telegramas y que podrían recibir una multa en el caso de que así lo decidan los tribunales.
   El firmante también lamenta "profundamente" que su actitud en defensa de uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución "haya sido intencionadamente malinterpretada por personas que al tratar de criminalizar este hecho demuestran su desacuerdo con tales derechos tanto como su gestión de la educación allá donde gobiernan".
   Por otro lado, varios institutos han recogido un centenar de firmas para adjuntar un comunicado dirigido a las autoridades competentes de la Junta Electoral de Zona de Madrid en el que muestran su "más absoluto rechazo ante el delito cometido contra varias personas por impedirles votar con la camiseta verde por parte de las autoridades competentes".
   Consideran que como ciudadanos tienen derecho a votar "siempre que no se incumpla la ley en el procedimiento" y el derecho de llevar la camiseta verde en cuestión "no constituye ningún motivo de delito y bajo ningún concepto puede ser motivo para impedir a ninguna persona que ejerza su derecho al voto ya que en ninguna parte de la camiseta se difunde propaganda electoral".
   Por ello, los firmantes de este comunicado exigen que aquellas personas de la Jefatura Provincial de Policía así como a los miembros de la mesa e interventores que impidieron a varias personas ejercer tal derecho sean identificadas y puestas a disposición judicial por cometer el delito de impedir ejercer el derecho al voto".
   Ante esta situación, hay también otras personas que presentaron en su día una denuncia en su correspondiente comisaría por la situación vivida en la Mesa electoral. Así lo cuenta uno de los afectados que denunció, incluso, que había sufrido intento de coacción.
   Con los afectados estaba la diputada de IU en la Asamblea de Madrid y portavoz de Educación, Eulalia Vaquero, para apoyar a las personas que han presentado las alegaciones porque "se está vulnerando un principio fundamental, el de la libertad de expresión; y un derecho fundamental como el que algunas personas no hayan podido ejercer su derecho a votar por el simple hecho de llevar una camiseta verde".
   A juicio de Vaquero, se quiere "tendenciosamente confundir con campaña de un partido político" y el logotipo de las camisetas "lo contiene la Constitución y no está ligada a ningún partido político". 
"La escuela pública es de todos y se confunde quien lo quiera relacionar con un partido político", ha considerado.
   Por eso, ha señalado que solidariza con las "decenas" de apoderados e interventores que han recibido la denuncia. En el caso de CC.OO. hablan de 200 afectados pero no se pueden contabilizar todos pues cada uno está acudiendo a su organización. "Son gente que libremente acudió porque no ha sido consigna de nadie", ha recordado.

Las adhesiones a la denuncia de profesores contra Figar por injurias y calumnias alcanzan la cifra de 700

MADRID.- Varias decenas de profesores se han adherido este martes a la denuncia presentada hace unas semanas por unos 70 docentes contra la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad, Lucía Figar, por injurias y calumnias, y alcanzan ya la cifra de 700 después de que hace unos días se produjera una adhesión masiva con 600 profesores.

   En el escrito que han presentado este martes en Plaza de Castilla, cada profesor explica que tras conocer el contenido de la denuncia presentada el 7 de noviembre contra Figar, se adhieren a la misma y se personan en las actuaciones en calidad de denunciante por los hechos que contienen.
   Uno de los promotores de esta idea ha explicado que están satisfechos por cómo está evolucionando la causa pues no se ha desestimado en primera instancia y está en proceso de pasar a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) puesto que Figar, por su condición de consejera y diputada, es aforada.
   En la denuncia original,  señalan que la consejera ha afirmado desde finales del pasado mes de agosto que los profesores de Secundaria trabajan 20 horas a la semana, "dando a entender en sus intervenciones que ese es el horario completo de trabajo" o que están "vinculados a facciones violentas".
   También se refieren a declaraciones en las que, según dicen, Figar apunta que no tienen derecho a quejarse los profesores porque "los funcionarios están a salvo de cualquier crisis económica" y porque en septiembre vienen "de dos meses ininterrumpidos de vacaciones" o que practican un "elevado absentismo laboral".
   En la misma dirección, hacen referencia a declaraciones sobre que los profesores madrileños son los que menos horas trabajan, en relación a Europa; que ningún profesor va a impartir una asignatura que no sea de su especialidad; que las dos horas lectivas están contempladas por la normativa o que la huelga que llevan a cabo los profesores "es política".
   Así, consideran que en distintos medios de comunicación, Figar ha realizado declaraciones sobre su jornada laboral "con un claro ánimo de confundir a la opinión pública menoscabando" su "dignidad como trabajadores de la enseñanza", hablando de que trabajan 20 horas semanales sin especificar que esas 20 horas son lectivas, es decir, "de trabajo directo en el aula con los alumnos".
   Por otro lado, los denunciantes aseguran que Figar ha descalificado en "repetidas ocasiones" la figura del profesor interino ante distintos medios de comunicación. "No considera docentes a los interinos, cuando son profesores que hacen el mismo trabajo que los funcionarios de carrera", apuntan.
   Adjuntando toda la documentación para exponer sus argumentos, los profesores suplican al juzgado que admitan a trámite la denuncia, y "se practiquen las diligencias que consideren pertinentes, dando al procedimiento el curso que proceda".

Los profesores siguen secundando la huelga pese a ser la novena jornada

MADRID.- Casi la mitad de los profesores de Secundaria han secundado la novena jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid, según han explicado a Europa Press los sindicatos, que sitúan el seguimiento en este ciclo en un 48,5 por ciento, muy alejado del 8 por ciento en el que la Consejería de Educación fija este seguimiento.

   Según ha informado el Gobierno regional, la jornada de huelga convocada por CC.OO., ANPE, C-SIF, FETE UGT y STEM ha sido secundada por un 8,5 por ciento de los profesores de Infantil, un 2 por ciento de los docentes de Primaria y un 8 por ciento en Secundaria, similar al de los paros anteriores.
   Sin embargo, estos porcentajes aumentan en el caso de los sindicatos que, según han indicado, en Primaria se ha registrado un seguimiento del 27,5 por ciento; en Infantil, de un 47 por ciento y en Secundaria, de un 48,5 por ciento, pese a que en este caso es su novena jornada.
   El secretario general de CC.OO. Enseñanza Madrid, Francisco García, ha indicado que "la mitad de los profesores de Secundaria siguen en paros después de nueve días de huelga y que el conflicto está abierto pese a que el Gobierno regional esté con esta política de desgaste".
   García ha reconocido que el conflicto generado a raíz de las instrucciones de inicio de curso en Secundaria se está "enquistando" pero, en su opinión, es problema del Ejecutivo autonómico que "no corrige el rumbo y solo se sienta en la mesa con las patronales de la privada".
   Esta jornada de huelga es significativa, pues ante las críticas del Gobierno regional que tildaban la huelga de "política", los sindicatos querían demostrar que sus movilizaciones iban más allá de las elecciones del 20 de noviembre y advirtieron de que no iban a dejar de moverse.
   Junto a la primera huelga después de los comicios, como viene siendo habitual en las jornadas de paros, se celebrará una concentración a las 18.30 horas frente a la Consejería de Educación madrileña, en la calle Alcalá, bajo el lema de 'La Educación no es gasto, es inversión. No a los recortes'.

Punset insta a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentra "sobre todo" ahí

VALENCIA.- El divulgador científico Eduardo Punset ha explicado este martes que lo que, "hasta ahora, hemos aprendido de la administración" es a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentran "sobre todo" en estas administraciones.

   Punset, durante la presentación en Valencia de su último libro 'Viaje al optimismo', en el que defiende la implantación de un gobierno mundial, considera un "error considerable coartar los métodos globales de financiación local". "Los ayuntamientos se encontraron sin dinero y echaron mano de cualquier cosa", ha apostillado.
   El presentador de 'Redes' ha subrayado que España todavía "no ha recurrido al liderazgo de los jóvenes" y ha aseverado que hasta que esto no se haga el país no saldrá de la crisis". Aunque se ha mostrado seguro de que esto "se hará".
   En este sentido, ha comentado que en tiempos pasados cuando una sociedad entraba en crisis siempre recurría a los jóvenes por "su fuerza,  capacidad creativa e innovación". Sin embargo, en España no pasa esto desde la Transición, ha indicado.
   Asimismo, el escritor catalán ha manifestado que no se está viviendo "una crisis planetaria". "Esto no existe para un economista", ha afirmado el divulgador, quien ha explicado que hay países que están en expansión y otros en crisis.
   Para luchar contra esta situación y contra el pesimismo, ha instado a recuperar el "reconocimeinto social", algo que considera "fundamental" para ser feliz, como ha demostrado una encuesta que llevaron a cabo unos investigadores británicos. A su juicio, "es muy difícil ser pesimista hoy en día".
   Entre los elementos que alimentan este optimismo, ha mencionado la esperanza de vida. "Cómo se puede ser pesimista cuando la esperanza de vida aumenta dos años y medio cada década", se ha preguntado. A este respecto, ha recalcado que es "la primera vez en la historia de la evolución" que "hay vida antes de la muerte".
   Punset ha señalado que si el siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que debido al incremento de la esperanza de vida las personas tienen "vidas redundantes".
"No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo".
   Preguntado sobre las pautas a seguir para cambiar la educación, un tema que aborda en su libro, el autor ha explicado que la Fundación Eduardo Punset y otros colectivos están buscando introducir lo que considera "una revolución en el sistema educativo", que es incluir "el aprendizaje emocional" en las escuelas.
   Sobre las redes sociales, Punset, el autor español con más apoyo en estas plataformas con 133.000 seguidores en Twitter y 650.000 "amigos" en Facebook, considera esta herramienta "muy importante" porque "nos tiene comunicados con el resto del mundo". El estudio solitario que defendían los intelectuales antaño "ahora ya no le hace a uno grande sino extinguirse".

La deuda de la Comunidad Autónoma con las farmacias madrileñas cerrará el año en 200 millones de euros

MADRID.-   La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) prevé que la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con las oficinas de farmacia ascenderá a final de año a cerca de 1.930 millones de euros, y para entonces afectará a más del 70 por ciento de estos establecimientos. En el caso de la Comunidad de Madrid, la cifra se eleva a 202 millones.

   Así se desprende de las previsiones recogidas por esta entidad en su último Observatorio del Medicamento, relativo al mes de octubre, donde urgen al Estado a avalar dicha deuda a fin de evitar "desabastecimientos generalizados", con el consiguiente "riesgo de quiebra" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
   Actualmente ya hay 12 comunidades autónomas que han publicado los resúmenes de sus programas de austeridad para cumplir con los objetivos de déficit de 2011 fijados por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre los que incluyen 855 millones de ahorro en medicamentos.
   Esto está generando una situación generalizada de impagos que va en aumento aunque, no obstante, afecta en mayor o menor medida a unas comunidades y otras.
   De este modo, y según las previsiones de FEFE, la región más endeudada a finales de año con las farmacias será Comunidad Valenciana (360 millones), seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias y Murcia (150, en ambos casos).
   En situaciones de normalidad, recuerdan las farmacias, el pago de los medicamentos dispensados se producía en un plazo medio de 45 días, los mismos en los que las farmacias pagan a los proveedores (almacenes de distribución y laboratorios), a quienes corresponde un 78 por ciento de lo ingresado.
   Con el 22 por ciento restante, la farmacia tiene que hacer frente a sus gastos generales, nóminas, pago de seguros sociales e impuestos. Sin embargo, según reconocen, en el momento actual su capacidad de endeudamiento es muy limitada, particularmente en lo que se refiere a la adquisición de deuda a corto plazo (pólizas y préstamos), agravada por la situación de crisis económica global.
   Sobre todo teniendo en cuenta que el retraso en el pago a proveedores, en caso de que el farmacéutico no se encuentre ya en el máximo, llegando a los 120 días, lo que conlleva un alto coste financiero.
   Por ello, y ante los retrasos anunciados en el pago en distintas comunidades autónomas, FEFE teme un "importante desabastecimiento" y que, en algunos casos, haya farmacias que tengan que entrar en concurso de acreedores, particularmente las adquiridas en los cinco últimos años con créditos.
   "En ningún caso, ya que ni los colegios ni las patronales lo recomiendan, se está barajando la posibilidad de dejar de dispensar voluntariamente las recetas del Sistema Nacional de Salud o tratar de cobrar su importe a los beneficiarios", aseguran las oficinas de farmacia, que no obstante advierten que "pagarán prioritariamente las nóminas, los seguros sociales, los impuestos y aquellas cantidades que sean imprescindibles para su supervivencia".
   Sin embargo, advierten, "el pago a proveedores puede verse afectado". Con todo, el problema principal es de carácter sanitario y social, por lo que instan al nuevo Gobierno a tomar "importantes" decisiones antes de fin de año para que no llegue a producirse la quiebra del sistema.
   "El aval del Estado solicitado al Gobierno por FEFE y reclamado también por Farmaindustria se perfila como la mejor, y quizá la única solución, en esta crisis", reconocen.
   Asimismo, en este observatorio también se recogen los impagos de los hospitales por las compras que realizan directamente a los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria, representadas por Farmaindustria y Fenin.
   Estos impagos por la compra de medicamentos a hospitales ascendían a 30 de septiembre pasado a 5.826 millones de euros con un plazo de pago medio de 432 días. En el caso de los productos sanitarios y de tecnología conexa la deuda a la misma fecha era de 4.740 millones de euros y el plazo medio de pago de 431 días.

La Seguridad Social compensará a pensionistas de mínimas con 855,87 millones

MADRID.- La Seguridad Social compensará a los pensionistas de mínimas y no contributivas con 855,87 millones de euros por la desviación al alza de la inflación en el mes de noviembre, que fue de 1,9 puntos porcentuales sobre lo previsto para 2011 (1%), según ha informado el Ministerio de Trabajo.

   Los beneficiarios de esta compensación son los más de 3,2 millones de perceptores de pensiones mínimas, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad) no concurrente con otras pensiones, pensiones no contributivas y prestaciones familiares, es decir, todas aquellas que no quedaron congeladas tras el decreto de recortes de mayo de 2010.
   Esta compensación se abonará en una paga de 441,69 millones de euros que se consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que significará otros 414,18 millones de euros.
   Según Trabajo, la compensación por la desviación de inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011.
   El gasto previsto para este año es un 65% inferior a lo empleado en la compensación el pasado año (2.472 millones de euros), lo que supone un ahorro de más de 1.600 millones de euros.
   En enero de 2010, los pensionistas españoles no recibieron paga compensatoria pues la subida de pensiones en 2009 fue superior a la inflación y el colectivo ganó entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, 1.280 millones de euros.
   El sistema de Seguridad Social español  establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las  pensiones.