miércoles, 8 de mayo de 2013

El TC admite el recurso contra la privatización de la sanidad en Madrid

MADRID.- El Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 senadores socialistas contra una ley que habilita la privatización de la gestión de varios hospitales de la Comunidad de Madrid.

En una providencia, el pleno del alto tribunal resolvió la admisión "contra los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid", dijo.
Estos artículos habilitan a la región a externalizar la asistencia sanitaria de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, del Sureste, del Hernares y del Tajo, y la atención primaria de otros centros de salud públicos.
El ímpetu privatizador en el ámbito sanitario se ha encontrado con un rechazo casi unánime por parte del sector y de los ciudadanos, con encuestas que muestran que un 70 por ciento de los españoles se oponen a la privatización de la salud.
Tras decenas de movilizaciones y protestas, el martes los médicos madrileños iniciaron una nueva ronda de huelgas convocadas para protestar por los recortes en el gasto sanitario y la privatización sanitaria.
La Comunidad de Madrid, como el resto de las regiones españolas, han realizado impopulares planes para reducir sus gastos -principalmente en sus principales competencias de salud y educación- para poder cumplir con el objetivo del déficit presupuestario que el Gobierno español pactó con Bruselas.

Fomento valora en 608 millones la sociedad pública que rescatará las autopistas en quiebra

MADRID.- La sociedad pública que se hará cargo de la decena de autopistas en riesgo de quiebra presentará un valor de 608,5 millones de euros, según las estimaciones que un consultor externo e independiente ha realizado para el Ministerio de Fomento.

   De esta forma, el 20% del capital de esta empresa que el Departamento ofrece a las constructoras y concesionarias que actualmente gestionan las vías se estima en 121,71 millones de euros, según informaron fuentes del sector.
   Fomento prevé iniciar en breve una nueva ronda de contactos con estas constructoras y concesionarias para informarlas del porcentaje concreto de participación que tomarán en la nueva sociedad a cambio de traspasar las autopistas.
   El reparto de ese 20% se realizará a partir de criterios como el endeudamiento que presente la concesionaria, los recursos que haya aportado a la autopista y el plazo de explotación de la vía con que aún cuente.
   Fomento ha planteado al sector la constitución de esta sociedad pública de autopistas como solución a la situación de riesgo de quiebra que presentan nueve vías de peaje por la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones.
   Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.
   Según detallaron las mismas fuentes, Fomento diseña esta sociedad de autopistas a un horizonte de 40 años. Parte de la previsión de que el tráfico de estas vías siga cayendo este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5% en el resto de ejercicios.
   En cuanto a la deuda financiera de unos 4.000 millones de euros que actualmente suman las autopistas, se reestructuraría a un plazo de treinta años junto con los 1.200 millones que los bancos están dispuestos a inyectar a la sociedad.
   La última propuesta que Fomento ha remitido al sector sobre este modelo de rescate de autopistas contempla la posibilidad de pagar una compensación en efectivo a las concesionarias que entreguen sus vías a la nueva sociedad pública pero no quieran participar en su capital social.
   En este caso, el Ministerio pagaría o 'compraría' a la concesionaria el porcentaje que le correspondiera en el capital de la empresa de autopistas y abonaría el importe que le adeuda, pero todo ello a un plazo de tres años.
   No obstante, el Departamento que dirige Ana Pastor ha advertido a las empresas de que este proyecto de sociedad pública de autopistas no prosperará si una sola concesionaria lo rechaza.

La Comunidad de Madrid fraccionó contratos por tres millones para eludir requisitos de publicidad y adjudicación

MADRID.- La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

   El dictamen analiza un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la Administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.
   En 104 casos, según recoge el informe, ha quedado "acreditado" el fraccionamiento de los contratos en varios servicios, siempre por una cuantía inferior a los 12.020,24 euros, con "la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que sería un concurso".
 "Si no supera la cantidad de 30.050,61 euros se podría haber utilizado el procedimiento negociado sin publicidad", añade la Intervención General del Estado.
   Además, el informe que está en manos del juez Ruz señala que el importe de los contratos fraccionados era el 69% de los estudiados, dato que los técnicos obtienen de descontar al importe total de los contratos menores a 5.335.808 euros el de los pagos de los que no se han facilitado facturas y sólo constan las órdenes de pago (780.477,41 euros).
   Entre los actos investigados se encuentran actos como la Cumbre Flamenca 2005, la celebración del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2005, así como contratos del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid, MQM, CMR o Pasadena Viajes.
   El desglose de estos actos por consejerías revela que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía el imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.
   En el examen de la documentación analizada se han puesto de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".
   También se destaca que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".
   El informe también concluye que de la 573 facturas analizadas, en 418 figuran los suministros o servicios prestados "sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario", en 56 el concepto es "totalmente genérico" y sólo en 96, lo que representa un 17 por ciento, "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta, diferenciando las unidades y su correspondiente coste unitario sin IVA".
   En este sentido, destaca que el hecho de que en las facturas figuren cantidades "a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas ni su coste unitario, no sólo supone una vulneración de lo establecido" en la ley sino que "imposibilita verificar y, en consecuencia, certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órgano gestor".
   "Esta imposibilidad es máxima cuando se admiten y se presta la conformidad a facturas por conceptos genéricos", añade el informe elaborado por los técnicos de la IGAE, que lleva la firma de Juan Carlos Gómez Condado.