martes, 24 de enero de 2012

La oposición en la Asamblea rechaza el proyecto de Las Vegas de Madrid

MADRID.- Los tres grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid se han mostrado en contra del proyecto de 'Las Vegas' de Madrid tal y como se encuentra planteado actualmente y con las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha indicado que se podrían poner encima de la mesa para lograr que se ubique en la región, algo que el PP ha subrayado que "no significa barra libre". 

   El portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha señalado que se trata de "un proyecto" que no le gusta "nada" a su partido. "Ni el proyecto, ni la finalidad", ha precisado. "Es un proyecto montado por una empresa norteamericana basando en el juego y con implicaciones que no nos gusta", ha añadido.
   Además, ha considerado "rechazable" que se pueda "tratar de establecer excepciones legislativas en temas que van desde el Estatuto de los Trabajadores hasta los horarios comerciales o la Ley del Tabaco".
"Se trata de etablecer la 'República Independiente de Juegolandia'", ha dicho, como ya hiciera durante un pleno de la Cámara madrileña. "No es admisible", ha reiterado.
   Seguidamente, se ha preguntado si es verdad que se podrían crear "hasta 220.000 puestos de trabajo", así como "qué calidad tendrían" y cuáles de esos puestos serían para ciudadanos españoles. "Uno puede vender la primogenitura, pero no por un plato de lentejas. No es de recibo tal y como está planteado", ha concluido.
   Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, la diputada Eulalia Vaquero ha señalado que el tema "no ha tenido cabida en el primer pleno" que tendrá lugar cuando arranque el periodo de sesiones, si bien ha añadido que "está pendiente" y su grupo lo va a plantear próximamente.
   "Estamos en contra no solamente del invento en sí mismo, que ya nos provoca mucha preocupación, sino por la forma en que el Gobierno regional piensa llevarla a cabo, saltándose todos los límites, regulaciones y normativas habidas y por haber. Es una irresponsabilidad hacer el ofrecimiento que ha hecho", ha dicho.
   "Cualquier proyecto que puede alterar el tema territorial, medioambiental, infraestructuras, etc., debería ser consensuado de manera más rigurosa y con mucha más información. Este proyecto no puede ser aprobado por el Gobierno regional saltándose todas las normativas sino que debe ser un proyecto con suficiente información pública de lo que se pretende con él y los costos sociales y laborales. De entrada, así, no", ha añadido.
   En una línea similar a la de los otros dos partidos se ha pronunciado el diputado del PSOE José Quintana, para quien "no se puede admitir este tipo de políticas" por parte del Gobierno regional y ha condenado que "se intente hacer algo así como un paraíso fiscal rozando la esclavitud laboral".
   Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado que el proyecto puede generar 200.000 puestos de trabajo directos y que "todo lo que sea inversión, sobre todo extranjera, es algo muy positivo" que otras regiones españolas "estarían deseando" poder albergar en sus territorios.
   Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que, si estos puestos de trabajo fueran destinados mayoritariamente a ciudadanos madrileños, se podría reducir significativamente la actual tasa de desempleo.
   No obstante, respecto a las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está dispuesta a poner para que se desarrolle este proyecto en la región, el portavoz del PP ha dicho que "no significa barra libre" y que "una cosa es que se ayude y se flexibilicen ciertas cuestiones y otra es que se pase por encima de los principios del PP". "Las facilidades, ayudas e incluso la entrega de suelo está a la orden del día en estos temas", ha añadido.

Gestha alerta de que el proyecto de 'Las Vegas de Madrid' supondría la creación de un paraíso fiscal

MADRID.- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que la posible puesta en marcha en Madrid de un macrocomplejo del juego implicaría "de facto" la creación de un "auténtico paraíso fiscal en el corazón de España", ya que generaría un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la administración tributaria.

   En un comunicado, los técnicos alertaron de que la propuesta supondría la creación de una "zona franca" para no liquidar el IVA ni otros muchos impuestos y en la que ni siquiera se seguirían las reglas del Estatuto de Trabajadores.
   Además, subrayaron que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro en los casinos, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones.
   Por otra parte, la tributación que pretende aplicar el magnate del juego Sheldon Adelson a los trabajadores impatriados supondría recuperar la polémica 'Ley Beckham', lo que unido a las exenciones del pago de las cuotas a la Seguridad Social y otros impuestos, evitaría que el proyecto revirtiese en unos ingresos claros para las administraciones tributarias españolas.
   Asimismo, el colectivo denunció que el planteamiento defendido por el grupo inversor atentaría contra el principio constitucional de equidad fiscal y supondría un agravio comparativo para el resto de empresas que operan en España y que en estos momentos de crisis también necesitarían de esos incentivos para salir adelante.
   El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, indicó que la creación de puestos de trabajo siempre es bienvenida "aunque ello no a cualquier precio", ya que debe respetarse siempre el marco normativo y constitucional, incluyendo el artículo 31 relativo a la igualdad en el sistema tributario. "No puede haber una doble vara de medir a los contribuyentes", subrayó.

UGT rechaza los cambios legislativos que exige el proyecto 'Las Vegas'

MADRID.- UGT ha rechazado los cambios legislativos que exige el empresario Sheldon Adelson para el proyecto 'Las Vegas', como la modificación del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, la exención en las cuotas de la Seguridad Social, la exoneración fiscal, y la relajación de la legislación contra el blanqueo de capitales, ha informado el sindicato en un comunicado. 

   El secretario general de UGT-Madrid, José Ricargo Martínez, ha indicado que ningún casino "puede quebrar el ordenamiento laboral que ha exigido un esfuerzo ímprobo por parte de los agentes sociales y los partidos políticos", y ha destacado que la fiscalidad española necesita una reforma en profundidad, pero para consolidar su carácter progresivo.
   En cuanto a la modificación que Adelson exige de la ley antiblanqueo, Martínez ha subrayado que los "principios democráticos españoles son firmes" y nadie los puede trastocar a su capricho.
   Por lo que respecta a que puedan acceder al complejo de ocio menores de edad y ludópatas, Martínez ha dicho que todos aquellos que defiendan condiciones inaceptables y denigratorias de la dignidad humana, "tendrán a la UGT enfrente".
   El secretario general de UGT-Madrid duda de "colonizadores del siglo XXI como Adelson que piden mucho y dan poco", en clara alusión al préstamo de 25 millones de euros que exige el empresario le conceda la UE.
   Además, ha señalado que Las Vegas Sands también solicita las necesarias reformas de infraestructuras para garantizar una buena comunicación con el complejo y la cesión gratuita del terreno por parte de la la Comunidad de Madrid.
   El sindicato ha desconfiado que iniciativas como esta resuelvan el problema del desempleo en la Comunidad de Madrid, y ha defendido que la precariedad y la explotación laboral y los negocios fraudulentos sugeridos por Adelson no son soluciones para remontar la crisis.

Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto 'Las Vegas' contradice la política de austeridad

MADRID.- Ecologistas en Acción ha denunciado que el proyecto de 'Las Vegas' de Madrid contradice "la política de austeridad" de la Comunidad de Madrid, perjudica a los madrileños y conculca las leyes españolas, ha informado la organización en un comunicado.

   Así, ha indicado que el magnate Sheldon Adelson pretende construir en Madrid un complejo de casinos para lo que reclama casi 6 millones de metros cuadrados de suelo público que espera le sean cedidos. "Si no hubiese suficiente suelo público pretende sea expropiado el necesario a sus propietarios, expropiación que pagaría el Ayuntamiento de turno para luego ser entregado", ha denunciado.
   Además, ha recalcado que "el proyecto pretende que la viviendas de protección sean trasladadas a otros lugares o ignoradas".
"También que en caso de que se construya en Valdecarros, Vallecas, el vertedero de Valdemingomez sea trasladado porque los malos olores no son compatibles con sus casinos", ha dicho.
   "No debemos crear un Estado paralelo ilegal y gobernado por un mas que sospechoso magnate que solo busca su beneficio a costa de la falta de soluciones económicas imaginativas a largo plazo de nuestros gobernantes, la posibilidad solo de plantear tal barbaridad es una ofensa a los ciudadanos que pagamos el IBI, las licencias y impuestos, el IRPF y todo aquello que consideramos puede hacer de nuestra sociedad un espacio mas solidario en busca del Bien Común o sencillamente porque es obligatorio", ha indicado Ecologistas.

Fomento estudia soluciones con el sector de autopistas para evitar la quiebra de algunas vías

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha iniciado ya los contactos con el sector de las autopistas para tratar de solventar el riesgo de quiebra que actualmente afrontan las sociedades concesionarias de algunas de estas vías de pago.

   Así lo indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reconoció que se trata de un problema que "no es fácil de resolver".
   "No tenemos aún una decisión tomada, estamos estudiándolo y hablando con el sector, no es fácil de resolver", declaró el 'número dos' de Fomento.
   "Hemos tenido reuniones tanto con asociaciones, como con sociedades, y lo estamos estudiando", insistió Catalá tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio y presidente de entes y empresas públicas dependientes de este Departamento.
   Fomento aseguró recientemente que cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas "pese a los recortes", en referencia a la reducción de 400 millones de euros que el Gobierno realizó en el presupuesto del Ministerio para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros.
   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.
   Estas autopistas, en su mayoría controladas por las grandes constructoras cotizadas, se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

Plañiol planteará a Cifuentes el "conflicto en calle" y comportamientos "violentos" vinculados "más o menos" con el 15M

MADRID.- La Comunidad de Madrid planteará en su encuentro con Delegación de Gobierno, entre otros temas, "el conflicto en calle" y "actividades derivadas de algunos comportamientos violentos vinculados de forma más o menos lejana al 15M", según ha informado este martes la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Regina Plañiol.

   En esta reunión que la titular de Presidencia y Justicia mantendrá con la nueva delegada, Cristina Cifuentes, Plañiol ha apuntado que también transmitirá la "preocupación de los madrileños" por problemas como "las oleadas de robo en joyerías" o "las bandas juveniles".
   "Todo aquello que le pueda preocupar a los madrileños", ha resumido Plañiol, que ha destacado "especialmente" las materias de protección ciudadana, y ha apuntado la colaboración de la Administración autonómica en otras materias como la seguridad ciudadana y el orden público.
   Todo ello "en la medida que la Comunidad de Madrid pueda colaborar con su saber hacer para que las cosas en la región funcionen bien y se garanticen los derechos y las libertades de todos", ha dicho.
   La consejera ha considerado la reunión con la delegada como "obligada entre administraciones que quieren colaborar", y que en ella ofrecerá "de forma expresiva la leal colaboración" de la Comunidad.
   En este sentido, ha juzgado que "la colaboración de la Comunidad con la Delegación de Gobierno ha sido siempre transparente y leal".
"Con esta delegada del Gobierno y con todas las delegadas anteriores", ha aseverado.

Delegados sindicales se encierran en los rectorados de las universidades públicas madrileñas

MADRID.- Delegados de personal, miembros de Comités y Juntas de CC.OO., UGT, CSIF, como sindicatos más representativos, junto con el resto de sindicatos con representación en las distintas Universidades Públicas, han decidido encerrarse de manera permanente en los Rectorados de las Universidades Públicas madrileñas.

   Fuentes sindicales han explicado que en rectorados como el de Alcalá de Henares o de la Complutense, los encerrados han decidido pasar la noche en las instalaciones de la Universidad para perfilar un calendario contra los recortes de los trabajadores que, a su juicio, supone la aplicación de la Ley de Acompañamiento.
   De forma previa, más de 200 delegados sindicales se han concentrado ante el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid para manifestar su "oposición frontal contra la aplicación unilateral por las Universidades de unas medidas que rompen los convenios y acuerdos en vigor, vulneran el derecho a la negociación colectiva y, de concretarse, provocará pérdida de puestos de trabajo".
   Y es que aseguran que las Universidades, "amparándose en una legislación autonómica" que entienden que "no es de aplicación en el ámbito universitario, pretenden modificar unilateralmente buena parte de las condiciones laborales de sus empleados, sin que ello contribuya a la mejora del servicio público que se presta".
   El objetivo de este encierro es que el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades madrileñas (CRUMA) y rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, se siente a hablar con los sindicatos para analizar la situación de los trabajadores.

Plañiol dice que "es posible" que se contraten "menos" interinos aunque se "mantendrá el empleo" en la Comunidad

MADRID.- La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha manifestado este martes que "es posible" que la Administración autonómica madrileña pueda necesitar "menos personal interino" tras la extensión de la jornada laboral para todos los empleados públicos de la Comunidad, aunque ha asegurado que, a pesar de la medida del Ejecutivo del que forma parte, "mantiene el empleo".

   "La Comunidad de Madrid mantiene su compromiso con el empleo y con el empleo fijo en la Comunidad y, por lo tanto, mantenemos absolutamente el empleo en nuestra región. No hay despidos", ha aseverado.
   A pesar de ello, ha reconocido que probablemente el personal público decrezca. "Sí que es cierto que en la medida en que pedimos una mayor contribución (por el aumento de la jornada) es posible que tengamos que necesitar menos personal interino", ha dicho, aunque ha matizado que "las bolsas de personal interino se mantienen en su totalidad".
   "Es posible que se les llame en menos ocasiones o que se les llame para una dedicación de jornada inferior. Eso en ningún caso se le puede considerar ni despido, ni reducción de puestos de trabajo, ni por supuesto ERE como vemos que realizan otras administraciones públicas", ha manifestado al respecto.
   Plañiol ha recordado que "una gran parte" de los empleados públicos trabajan estas 37,5 horas semanas, y que al resto "se les ha pedido que hagan esta contribución para entre todos poder superar la situación económica más difícil".
   Además, ha calificado esta contribución como "positiva" y que se ha llevado a cabo esta medida "en lugar de presentar recortes generalizados en salarios" o expedientes de regulación de empleo.
    Por otro lado, la consejera se ha mostrado "absolutamente convencida" de que en el caso de la situación económica mejorase se pudieran recuperar las condiciones laborales de los empleados públicos.
   Y es que, a su juicio, la Comunidad "se ha caracterizado siempre" por establecer mejoras, complementos y reducción de tiempos de trabajo "en los momentos de mayor desarrollo económico", los cuales se han visto "en la obligación de revertir para contribuir a una mejor eficacia en el sector público", según ha manifestado.
   "Estoy absolutamente convencida de que si entre todos logramos sacar este país delante de la situación en la que se encuentra, obviamente podremos volver a plantear medidas positivas como las que hemos podido disfrutar en años anteriores. Claro que sí", ha concluido Plañiol.

Pablo Cavero será el nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha nombrado esta tarde a Pablo Cavero nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, según ha informado este martes por la red social 'Facebook' el Gobierno regional.

   Fuentes del Ejecutivo autonómico han detallado que la dirigente madrileña ha afirmado esta misma tarde el decreto de nombramiento de Cavero como consejero; y que se publicará mañana miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).
   Cavero, licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Económicas (ICADE) por la Universidad de Comillas, continuó sus estudios de postgrado en las Universidades de Fontainebleu y Chicago. Asímismo, estudió en la École Supérieure de Sciences Économiques et Commerciales, en París.
   Toda su carrera profesional la ha desarrollado en el sector privado. En la actualidad ocupaba el cargo de director de Planificación Estratégica para Europa Occidental de Barclays Bank, entidad en la que ha ocupado diversos cargos de responsabilidad.
   El nuevo consejero habla tres idiomas y es gran aficionado a los deportes, le gusta la música y la lectura.
   El anterior consejero de Transportes, Antonio Beteta, dejó el Gobierno regional hace un mes para incorporarse a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del ministerio de Cristóbal Montoro.
   Entre los asuntos pendientes que tendrá que afrontar el nuevo consejero, destaca la reorganización de la gestión de Metro de Madrid y una futura revisión del sistema tarifario del transporte público sobre la que se había pronunciado Beteta reiteradamente antes de su salida del Gobierno regional.

Holcim reduce a 141 los trabajadores afectados por el ERE, pero mantiene el cierre de 23 plantas

MADRID.- Holcim España ha reducido desde 151 hasta 140 el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en España, que representarán así al 40% de la plantilla total, en virtud del acuerdo alcanzado con los represantes de los trabajadores.

   El ajuste diseñado por el grupo para su actividad en España mantiene, no obstante, el cierre de 23 plantas de hormigón, del total de 56 con que cuenta en el país, según informaron fuentes sindicales.
   Holcim indemnizará a los afectados por el ERE con treinta días por año trabajado (frente a los veinte días que inicialmente ofreció la empresa), con un máximo de 22 mensualidades. Además, lo complementará con una paga lineal de 2.000 euros para formación y reciclaje de estos empleados.
   El ajuste de la filial española del grupo suizo queda ahora pendiente del pertinente examen de la autoridad laboral correspondiente.
   El grupo suizo Holcim atribuye su decisión al descenso de la demanda de hormigón en España como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.
   No obstante, el ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

Bankia y las cajas nacionalizadas tardarían más de 5 años en cubrir la exigencia de provisión con ingresos

MADRID.- Bankia y las cajas de ahorros que han sido nacionalizadas por el Banco de España, Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim, tardarían entre cinco y quince años en generar ingresos suficientes para cubrir las nuevas exigencias de provisión del Gobierno destinadas a afrontar las pérdidas del 'ladrillo', según un informe de N+1.

   El banco de inversión independiente calcula que la entidad que preside Rodrigo Rato registra un déficit de provisiones de 9.199 millones de euros y que su maquinaria de generación de ingresos necesitaría cinco años y algo más de dos meses para cubrir dicha cantidad (concretamente, 5,2 años).
   Bankia ocupa el puesto 20 en el ranking de N+1 que mide la capacidad de generación de ingresos en relación a la exigencia de provisiones prevista, solo por delante de las cajas nacionalizadas con recursos públicos por sus problemas de solvencia.
   Asimismo el banco fruto de la fusión de siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja acumula el mayor importe de necesidad de provisión individual de todas las entidades del sistema financiero español en el informe.
   Según N+1, Novagalicia necesita 10,2 años para cubrir con sus ingresos los 3.049 millones de provisión adicional necesaria, lo que la relega al puesto 21 de eficiencia en generación de ingresos. A continuación, en los puestos de cola se encuentran Catalunya Caixa, con 11,1 años para afrontar 3.940 millones de euros, y Unnim, con 15 años para cubrir 1.294 millones.
   En polo opuesto, Santander lidera el ranking de velocidad de generación de ingresos, con 2,4 meses para cubrir 4.011 millones de provisión extra, seguido de cerca por Bankinter y BBVA, ambos con 3,6 meses para afrontar 93 millones y 3.255 millones, respectivamente.
   Caixabank tardaría 9,6 meses para cubrir con ingresos los 2.326 millones de provisión adicional para afrontar quebrantos en el sector inmobiliario, mientras que el Grupo Popular requeriría de 15,6 meses para ingresar los 2.152 millones de provisión extra.    
   El conjunto del sistema financiero español tiene, según N+1, un déficit de provisiones de 43.352 millones de euros, de los que 29.019 millones corresponden al sector de las cajas de ahorros, y 14.333 millones de euros al de los bancos.
   La reforma financiera que presentará el Gobierno de Mariano Rajoy en las próximas dos o tres semanas incluirá la exigencia de elevar las provisiones al sector por importe conjunto de 50.000 millones de euros para afrontar las pérdidas relacionadas con el 'ladrillo'.

Cientos de personas piden la dimisión de Dívar y apoyan a Garzón en Sol

MADRID.- Cientos de personas se han concentrado hoy en la Puerta del Sol, convocados por la plataforma "Solidarios con Garzón", para pedir la anulación del juicio contra el magistrado por investigar los crímenes del franquismo y para apoyar a sus víctimas.

La plataforma, además, ha anunciado que el domingo habrá una manifestación a las 12.00, desde la Plaza de Salesas hasta la plaza de Callao.
A la concentración, que ha comenzado a las 19.00, ha acudido el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha llamado a la movilización ciudadana para "desatar los nudos" que restan del franquismo, donde todo "quedó bien atado".
"No miramos atrás con odio, sino con memoria", ha añadido el coordinador federal de IU.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma contra la impunidad del franquismo, Julián Rebollo, ha pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.
Sobre esta petición, Cayo Lara ha comentado que demuestra el "descontento de la gente" que no entiende cómo, mientras los países europeos que han vivido una dictadura han "sentado en el banquillo a los responsables de crímenes de lesa humanidad", en España "todavía no se ha dado ese paso".
Rebollo ha dicho que "este juicio significa juzgar a las víctimas del franquismo y a la memoria histórica" y que "estamos aquí para luchar contra quienes nos quieren quitar la historia", porque "tenemos derecho a saber lo que ha ocurrido, para que no se repita más", ha añadido.
Asimismo, ha recordado, bajo el lema "Tenemos memoria, queremos justicia", a los "asesinados, presos, mujeres, demócratas expulsados de su trabajo y víctimas de campos de concentración" y ha acusado al Estado de "falta de valentía" para buscar a los "enterrados en las carreteras".
Durante la concentración, un portavoz de "Solidarios con Garzón", Jaime Ruiz, ha leído un manifiesto en el que se reclamaba "una justicia independiente, responsable y comprometida con la sociedad".
A título personal, el portavoz ha acusado a "algún periódico" de "engañar" a los ciudadanos cuando "acusan a la plataforma de recibir ayudas del Gobierno".
Al finalizar la lectura del manifiesto, se han escuchado gritos como "Viva la República", "España, mañana, será republicana" o "No pasarán".
Ha tomado la palabra también en esta concentración el abogado Fernando Magán y la escritora Almudena Grandes, en sustitución de su marido, el poeta Luis García Montero, que no ha podido llegar a la concentración a tiempo.
La escritora ha dicho que "ahora que se ha muerto Manuel Fraga Iribarne y hemos oído tantas cosas sobre los padres de la transición, tenemos que ser conscientes de que la lucha contra la impunidad y la defensa de las víctimas no es nostálgica" y que "nuestros derechos y libertades son la victoria póstuma de los republicanos que perdieron la Guerra Civil en 1939".
Algunos de los asistentes a la concentración han respondido con pitos a la mención de Manuel Fraga.
Momentos antes de las 19.30, miembros de la "Solidarios con Garzón" han repartido velas mientras sonaba la canción "Al alba", de Luis Eduardo Aute, como símbolo de su apoyo a las víctimas del franquismo.
"El delito es tapar delitos", "Lo llaman justicia y no lo es", "Jueces y PP, el cambio que no fue" o "Tapan sus delitos echando a Garzón" son algunos de los mensajes de las pancartas que han portado los asistentes a la concentración.
El juicio a Baltasar Garzón por haber querido investigar los crímenes del franquismo ha arrancado hoy en el Tribunal Supremo, cinco días después de que el magistrado fuera juzgado por las escuchas a los abogados del "caso Gürtel".

El líder madrileño de IU no contempla la posibilidad de expulsar a Reneses si no renuncia al acta de diputado

MADRID.- El coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha afirmado este martes que no contempla la posibilidad de expulsar a Miguel Reneses, imputado por un presunto delito de acoso sexual, del partido aunque no renuncie a su acta de diputado autonómico.

   En una entrevista en Onda Cero, Gordo ha reconocido que "ése no es un escenario" que él "contemple" y ha argumentado su postura en que "la Ejecutiva de IU en ningún caso va a negar los elementos jurídicos del Estado de Derecho" que defienden la presunción de inocencia.
   "Una cosa es la opinión política, pero no podemos atentar contra elementos fundamentales del Estado de Derecho que siempre hemos defendido con mucha intensidad, mientras otros miraban al tendido y son homenajeados. Para nosotros la defensa del Estado de Derecho, de las garantías jurídicas y del derecho a defenderse no están en cuestión", ha apostillado.
   En cualquier caso, ha matizado que, "políticamente, las mismas razones que le llevaron a cesar en sus cargos (en la coalición) voluntariamente hacen que no parezca razonable que siga ejerciendo la representación de IU" en la Asamblea de Madrid.
   Por otra parte, el coordinador general de la coalición rojiverde ha reconocido que no ha hablado con Reneses en los últimos días aunque tiene constancia y está "absolutamente convencido" de que le ha llegado su requerimiento de que renuncie al acta.
   Con respecto a las críticas vertidas por algunos compañeros de partido sobre que su reacción a la imputación de Reneses llegó demasiado tarde --la hizo pública la noche de este lunes a pesar de que el escándalo saltó el jueves pasado--, Gordo ha aceptado las "críticas legítimas" pero ha defendido su decisión.
   Así, se ha justificado diciendo que, "por cuestiones de responsabilidad y lealtad, habiéndose producido ese auto el jueves y habiendo una (reunión de la) Presidencia federal, no parecía razonable hacer ningún tipo de declaración antes de que la Dirección Federal tuviera conocimiento y tomase las medidas que considerase".
   "Eso me ha motivado: respetar la organización y poner por delante siempre, antes que mi opinión, lo que considero el funcionamiento de la organización. Creo que lo he hecho cuando debía hacerlo", ha añadido.
   Por último, ha reconocido que "puede haber diferencias a la hora de opinar (sobre imputados) según si uno es de un partido o no" aunque ha añadido que las suyas "se han diferenciado poco" cuando se ha tratado de casos con militantes del PP o del PSOE.
   "Mi pronunciamiento ha existido, mientras que hay algunos que están en el banquillo y no ha existido por parte de otros partidos (ningún pronunciamiento). No conozco aún la opinión del (presidente del Gobierno), Mariano Rajoy, (sobre la imputación de Francisco Camps). Yo la he manifestado, se puede entender que ha sido antes o después, tarde o pronto. Pero la de Rajoy no la hemos conocido nunca", ha zanjado.

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.
   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.
   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".
   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".
   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".
   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".
   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".
   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".
   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.
   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.
   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.
   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.
   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".
   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.
   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.
   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".
   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.
   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".
"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.
   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".
   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.
   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 
"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.
   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.
   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.
   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"
. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.
   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".
   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.
   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".
   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".