domingo, 21 de octubre de 2012

La Comunidad y Las Vegas Sands retoman esta semana las conversaciones tras fijar el calendario de plazos

MADRID.- Miembros de la Comunidad de Madrid y de Las Vegas Sands en Europa retomarán esta semana las conversaciones de trabajo después de que hace siete días una delegación encabezada por el máximo accionista de la compañía, Sheldon Adelson, viajara a Madrid para encontrarse con el equipo de Gobierno regional y acordaran un calendario de plazos.

   Según han informado fuentes del Gobierno regional, son reuniones más técnicas y en la línea de las que se han venido desarrollando desde que se conociera que Las Vegas Sands estaba interesada en poner en marcha un macrocomplejo de ocio, cultura y turismo en Europa, como los que ya tiene abiertos en EEUU o en Singapur.
   Según explicaron los responsables de ambas partes durante esta semana, además de contar con la garantía de que Las Vegas Sands tiene disponible la suficiente financiación para poner en marcha la primera fase, se fijó un calendario aproximado para empezar a desarrollar el proyecto.
   Con la mirada puesta en diciembre de 2013, fecha en la que ambas partes quieren colocar la primera piedra de la primera de las tres fases del macrocomplejo (con entre dos y cuatro grandes hoteles resort), el primer paso que se tiene que dar es la concreción del marco normativo para poner en marcha el mismo.
   El presidente de la Comunidad, Ignacio González, mostró su compromiso de intentar cerrar esta cuestión cuanto antes --antes de que acabe el año-- con el fin de conocer a principios del 2013 la ubicación en la que Las Vegas Sands quiere poner en marcha Eurovegas. Será entonces cuando el Gobierno regional saque la convocatoria de concurso público el proyecto.
   El objetivo de esta convocatoria es dar "la mayor transparencia" a todo el proceso y permitir a otras empresas, en el caso de que las haya, pujar por el terreno para levantar un proyecto de características similares. Fuentes de la negociación apuntan que no se esperan sorpresas y confían en que no haya empresa alternativa que apueste por arrebatar el proyecto a la empresa del magnate americano.
   Ambas partes están muy interesadas en que todo siga adelante como tienen previsto y, sin perder el tiempo, han acordado el primer encuentro esta próxima semana para empezar a profundizar en cuestiones más técnicas. Como recordaba David Pérez, el alcalde de Alcorcón, una de las ciudades candidatas para albergar el proyecto, esta semana ya ha dejado "buenas noticias" en cuanto a la financiación y las cuestiones de planteamiento urbanístico.
   De momento no hay fecha para un nuevo encuentro entre González y Adelson, que aprovechó su visita a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para cenar, en un encuentro más distendido, con la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, que trabajó desde el principio para que el proyecto viniera a Madrid.



La Coordinadora 25S dice que no tiene que comunicar oficialmente la protesta del martes

MADRID.- La Coordinadora 25S ha decidido no comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid la protesta convocada para el próximo martes 23 en los alrededores del Congreso de los Diputados al considerar que el haberla difundido públicamente es suficiente para que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes tenga conocimiento de sus intenciones.

   Tal y como han manifestado en varias ocasiones, los organizadores de la protesta que llama a rodear el Congreso entienden que la Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía "sin la necesidad de hacer más peticiones".
   "No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de desobediencia civil pacífica", explicaba una de las portavoces de la Coordinadora.
   En esta misma línea, otro de los portavoces afirmaba el viernes en declaraciones a los medios a las afueras del Congreso, tras registrar un documento de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que dicha comparecencia ya bastaba para comunicar "públicamente" la convocatoria del martes.
   "A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación está amparado por la Constitución, y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie", señalaban.
   Aunque el artículo 21 de la Constitución reconoce que el ejercicio del derecho de reunión "no necesitará autorización previa", la Ley Orgánica 9/1983 que regula este derecho establece que "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas".
   Los organizadores también argumentan que comunicar oficialmente a la Delegación del Gobierno sus planes "poco tiene que ver con la propuesta de desobediencia civil" que defienden. Así lo manifestaron cuando un particular, R. O. G. R., comunicó por iniciativa propia las primeras protestas convocadas por la Coordinadora el pasado 25 de septiembre, particular que esta semana ha sido sancionado con 6.000 euros por la Delegación.
   Según la Coordinadora, el hecho de que esta persona haya sido multada les da "más razones que nunca" para no comunicar sus acciones por los cauces oficiales. "Da lo mismo pedirlo que no pedirlo. A la persona que legalizó las acciones del día 25 se le ha multado igual. Por ello no vemos la necesidad de comunicar", señalaba una de las portavoces.
   La Delegación del Gobierno ha alegado como motivos para sancionar al particular que durante las protestas que tuvieron lugar el día 25 en Neptuno no se garantizó "la seguridad de la protesta", que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.
   El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.
   "En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos", apunta el escrito sancionador, que también recuerda a partir de las 19.00 horas, "se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías".