martes, 11 de diciembre de 2012

El Ayuntamiento organiza una ruta para mostrar la vinculación de Madrid con la Casa de Alba


MADRID.- La Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau ha organizado una ruta para mostrar la vinculación histórica de la capital con la Casa de Alba como complemento a la exposición que alberga el Palacio de Cibeles 'El Legado Casa de Alba. Mecenazgo al servicio del arte', ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.  

   Durante el itinerario, podrán descubrirse curiosidades como a qué edificio de su patrimonio se le denomina "el hermano menor del Palacio Real", cuál de sus antiguas propiedades iba a ser sede del Museo del Prado o su relación con algunos de los principales personajes históricos de España, como los Reyes Católicos, Santa Teresa de Jesús o Francisco de Goya.
   Esta visita, que se ofrecerá gratuitamente el 18 de diciembre (a las 16:00 horas), podrá realizarse también todos los martes hasta el próximo mes de marzo. Para participar es necesario inscribirse previamente en el Centro de Turismo de la Casa de la Panadería (Plaza Mayor, 27. Aforo máximo: 30 personas al día).
   Los detalles sobre esta y otras rutas que ofrece la Oficina de Turismo del Ayuntamiento pueden consultarse en la página oficial de  turismo de la capital, esMADRID.com (www.esmadrid.com/visitasguiadasoficiales).

   El Palacio de Liria será el punto de partida de la ruta. Este edificio neoclasicista del siglo XVIII ubicado en pleno corazón de la capital (calle Princesa, 20) es la residencia familiar de la Casa de Alba en Madrid y sede de la mayor parte de colección de arte y de su archivo histórico. Declarado Bien de Interés Cultural, es, además, el domicilio particular más grande de la capital y cuenta con una biblioteca que supera los 30.000 ejemplares.
   Otra de las paradas de este paseo será el Cuartel Conde Duque. Antigua academia militar y observatorio astronómico, este espacio es hoy uno de los principales centros culturales de la capital. La visita se desarrollará también por lugares como la Plaza de las Comendadoras, la Plaza del Dos de Mayo o la calle de Alcalá, donde se recordará el vínculo de la Casa de Alba con la Orden de Calatrava, así como su destacado papel en el ámbito de la cultura.
   La ruta profundizará también en la relación de los Alba con el artista Francisco de Goya. Esta familia fue uno de los primeros mecenas del pintor y protagonizó alguno de sus retratos más famosos, como La duquesa de alba de blanco.
   Una de las últimas paradas se realizará a los pies del Palacio de Buenavista, que fue adquirido por la Casa de Alba a la familia Real en 1769 y que, en la actualidad, es sede del Cuartel General del Ejercito. El recorrido finalizará a las puertas de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, donde los asistentes que lo deseen podrán continuar ampliando sus conocimientos sobre el patrimonio de los Alba accediendo a la muestra organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Casa de Alba. El precio de la entrada a la exposición es de de 10 euros (6 euros la entrada reducida).

   Este nuevo espacio cultural de la capital acaba de estrenar en su interior un punto de información turística, que ofrece al visitante toda la información sobre la capital y que está especializado en arte y cultura. Su horario de atención al público coincide con el de CentroCentro, permaneciendo abierto de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
   Un punto informativo que se añade a los otros diez con los que cuenta la capital, que se ubican en las principales zonas de afluencia turística. A los centros de la Plaza Mayor y de Colón, se suman los puntos de información de la plaza de Cibeles, Callao, Paseo del Arte y la terminal 2 (Llegadas, entre las salas 5 y 6)  y  la 4 (Llegadas, salas 10 y 11) del aeropuerto de Barajas.
   La ciudad de Madrid también dispone, además, de una unidad móvil de información turística y del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que ofrece al visitante una atención personalizada en caso de que tenga algún incidente que requiera de apoyo policial durante su estancia.

El presidente de la Asamblea prohíbe que haya invitados en los plenos

MADRID.- El presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha decidido prohibir la presencia de invitados en los plenos del Parlamento regional tras los "altercados" que tuvieron lugar el pasado miércoles.

   En la reunión de la Mesa de la Asamblea de Madrid que se celebró este lunes, el presidente traslado a los diferentes grupos parlamentarios su decisión de "suspender hasta nueva decisión las invitaciones de los grupos políticos" debido a lo sucedido en el último pleno que "trajo como consecuencia la suspensión del pleno en cuatro ocasiones para expulsar a invitados".
   Ayer el presidente explicó que toma esta decisión amparándose en los artículos 55, 137 y 138 del Reglamento de la Asamblea así como en el informe jurídico de los servicios de la Cámara de 9 de febrero de 2006.
   Según han explicado las mismas fuentes, la Presidencia, en mesas y juntas de portavoces celebradas el 19 de diciembre de 2011, 26 de diciembre de 2011 y 30 de enero de 2012, solicitó a sus miembros la colaboración para que sus invitados se comportasen con la debida corrección como exige el Reglamento, pero como han seguido produciéndose "altercados"  ha tomado esta decisión.
   En el pasado pleno de la Asamblea de Madrid, Echeverría expulsó en dos ocasiones a personas  de la tribuna de invitados del hemiciclo de Vallecas, que sacaron pancartas en defensa de la sanidad pública.
   Asimismo, a las puertas de la Cámara se concentraron miles de personas en defensa de la sanidad pública y contra la "privatización" de la sanidad y de Telemadrid.
   La expresidenta de la Cámara Elvira Rodríguez ya prohibió hace años la presencia de invitado en los plenos  tras un pleno en el que  afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de varias empresas de la región protestaron en el pleno mientras a las puertas de la Cámara se producía una manifestación.

El PSOE avisa al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el democrático, para privatizar la sanidad pública

MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha avisado al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el democrático, para privatizar la sanidad, que es un servicio público que está gestionado con recursos y personal público, que están pagando todos los españoles, y una medida que no prometieron en su programa electoral del año pasado.

   Así lo ha asegurado la portavoz socialista en rueda de prensa en la Cámara baja, tras la Junta de Portavoces de los martes, en la que también ha recordado que el Grupo Socialista defenderá una moción, consecuencia de interpelación, que ya debatió con la ministra del ramo, Ana Mato, a finales de noviembre, y en la que someterá a votación la implantación del euro por receta en Cataluña y Madrid.
   Es más, ha alertado de que estas pretensiones de privatización se extienden por todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con una respuesta de la ciudadanía como se está demostrando, a su juicio, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde desde hace tres semanas el profesional sanitario está en huelga.
   Así, ha recordado que la salud es un derecho constitucional, de todos, a la vez que ha insistido en que el negocio que está detrás de esta decisión política no responde a una sostenibilidad de su gestión sino a intereses privados.
   En este sentido, Rodríguez ha augurado que, "para que el negocio sea redondo", el objetivo final es privatizar al 100 por cien los centros de salud, como ya se ha realizado en Castilla La-Mancha, o en la Comunidad Valenciana, "pionera en la gestión privada" y ambas comunidades gobernadas por el PP.
 
Madrid mantendrá su plan de privatizar hospitales

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirmó hoy martes que mantendrá su plan de privatizar seis hospitales públicos y un 10% de los centros de salud de la región para poder cumplir con el recorte del déficit público pese a la oposición de los médicos, que llevan tres semanas en huelga.
El Gobierno autonómico insiste en que la sanidad seguirá siendo pública, universal y gratuita, aunque los médicos - que han contado con el apoyo de huelgas parciales del resto de los trabajadores sanitarios -, afirman que con esta medida se favorece a unas empresas privadas y que la calidad del servicio empeorará.
"Lo único que hacemos es introducir medidas de racionalización y de reducción del gasto público porque tenemos una crisis económica, los ingresos caen y los gastos hay que reducirlos", dijo en Radio Nacional de España el presidente madrileño.
Por ello, en octubre presentó un plan que la Asamblea regional aprobará previsiblemente el 20 de diciembre junto con los presupuestos, en el que se incluye la "externalización de servicios no sanitarios" de seis de los 36 hospitales públicos y de 27 centros de salud.
Las asociaciones de médicos, en una muestra de unidad poco frecuente, convocaron a los casi 40.000 facultativos de la región a una huelga indefinida que comenzó el 26 de noviembre y que tienen previsto mantener por lo menos hasta el día de votación del plan, si antes la Consejería de Sanidad no cambia su posición o se reúne con ellos.
"Está planteado como una medida de ahorro, pero es una medida de gasto", dijo Fátima Braña, representante de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). "Los datos no encajan, la privatización no supone un ahorro".
La Comunidad de Madrid - que en los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 edificó 11 hospitales por los que paga un canon anual a las empresas constructoras - sostiene que de esos hospitales, los tres con gestión privada tienen un coste sanitario por habitante notablemente menor que los otros seis - uno aún no se ha inaugurado y el otro se queda fuera del plan.
Las asociaciones médicas, en cambio, aseguran que el coste es menor en esos seis hospitales públicos, dicen que los contratos con las gestoras privadas incluyen una costosa actualización anual que paga la Comunidad, y afirman que los hospitales privados solo se encargan de patologías menores y de corta estancia, lo que les permite obtener buenos resultados con pocos recursos.
"Se va a pagar una cantidad excesiva por algo que en realidad cuesta menos (...) Es un privilegio que no entendemos", dijo Marisa Sánchez García, anestesióloga del Hospital de El Escorial, en la sierra de Madrid.
"Estamos dispuestos a hacer reformas, hay alternativas", afirmó Braña, que pidió una mayor participación de los médicos en la gestión real de la Sanidad.
"Se ha burocratizado y politizado, se toman decisiones que suponen un gasto añadido por no consultar a los expertos", agregó.
En los hospitales, muchos están a favor de la huelga, incluso a pesar de verse afectados, y piden que se mantenga el modelo de sanidad pública.

Endurecimiento

Cerca de 500 jefes de servicios de los hospitales públicos de Madrid abogan "endurecer" su postura en relación a la Consejería de Sanidad para lograr de forma efectiva la retirada del Plan de Sostenibilidad, y lograr con ellos que se abra proceso de negociación con el titular del departamento, Javier Fernández-Lasquetty, para tratar de buscar medidas alternativas de ahorro sin aplicar procesos de externalización.
Además, han expresado su rechazo a las reuniones aisladas entre los gerentes de los centros de hospitales de jefes de servicio de forma individual, al considerar que esa no es la manera adecuada de proponer alternativas de eficiencia de gasto. Frente a ello, han defendido que debe cesar ese proceso y sustituirlo por una negociación entre la administración y "una voz única y unitaria" que englobe a todo el colectivo sanitario.
Por otro lado, se ha remarcado que consideran tanto a Lasquetty como el presidente regional, Ignacio González, como "temerarios" e "irresponsables" por el conflicto que han generado en la sanidad madrileña con sus medidas y les han exigido que cambien de postura y negocien alternativas al Plan de Sostenibilidad con los órganos que elijan los profesionales de la Sanidad.
Estás son algunas de las propuestas barajadas en una asamblea de jefes de servicio, que han celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid, de cara a realizar un manifiesto, que verá la luz en breve cuando sea aprobado, para fijar su postura respecto al conflicto sanitario y sobre el proceso de consulta que ha iniciado la Consejería para sondear, a través de los gerentes de centro, la propuestas de eficiencia de los recursos públicos.
En este sentido, los jefes de sección también ha recalcado la defensa del personal eventual de los centros pero sin que sean "moneda de cambio" en la negociación con la Consejería, tener una "voz única" con todos los colectivos sanitarios para tratar de paralizar medidas como la externalización de centros.
También remarcan que los responsables de la Consejería y del Gobierno regional han actuado de "forma temeraria" y han llevado a la Sanidad a una situación de "caos", por lo que han insistido en que los jefes de servicio deben estar unidos ante una situación actual que han definido de "no negociación".
Además, durante el debate en la Asamblea se ha propuesto la posibilidad de incluir en el manifiesto que, si no fructifica un proceso de negociación por parte del Gobierno regional, solicitar una auditoría económica sobre el proceso de externalización, presentar una queja al Defensor del Pueblo o acudir incluso a la justicia ordinaria.
También ha habido voces que consideran que el presidente regional, Ignacio González, debe ser el que se "ocupe directamente" de las negociaciones con los colectivos de los profesionales sanitarios para tratar de revertir la situación, dado que ya se han emitido ya cuatro cartas a Lasquetty sin obtener respuesta.
Asimismo, algunos de los intervinientes han reclamado que el manifiesto pueda incluir la petición de dimisión de los gerentes de los hospitales que van a ser externalizados e incluso algunos también ha apuntado a la posibilidad de incluir la demanda de cese del consejero.
Una de las propuestas que se han abordado es la suspensión de la participación en las comisiones clínicas o en las juntas técnico-asistencial, así como ampliar la postura de estos jefes de servicio a nivel de toda España. También abogan por recoger firmas por especialidades y realizar nuevas concentraciones de médicos para la semana que viene.
Durante el debate de propuestas, ha habido varias intervenciones que han desconfiado sobre el proceso de diálogo con los gerentes de hospitales para formular propuestas de ahorro y entienden que de aplicarse el plan de la Consejería puede suponer una "sangría" para el personal eventual.
"Esto no es una negociación, es un sondeo y un engañabobos", ha manifestado uno de los jefes de servicio del Hospital de la Paz en relación al proceso de consulta sobre las medidas que pueden suponer ahorro en el capítulo 2 y el 1. "Esto no es una propuesta, es una golfada", ha manifestado en el debate de propuesta una jefa de servicio del Hospital de Móstoles.
También ha habido intervenciones sobre la posibilidad de judicializar el conflicto sobre los cambios y fomentar una auditoría económica por parte del Tribunal de Cuentas. Al respecto, un miembro de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha dicho que su colectivo está "moviendo" esa posibilidad para ver si pueden impugnar el pliego de condiciones de los concursos para externalizar centros sanitarios.

La Comunidad requiere a promotores de la SpaceFest saber si celebrarán la fiesta de Leganés

MADRID.- La Comunidad de Madrid va a enviar este martes un oficio de requerimiento a los organizadores de la macrofiesta SpaceFest de Año Nuevo para saber si la celebrarán y dónde, y para que acredite que los canales de venta de entradas para este evento se ajustan a la legalidad, según han indicado fuentes regionales.

   El departamento regional de Consumo responde así a la denuncia formulada por un grupo de personas ante la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la macrofiesta del 1 de enero, cuyos organizadores aún no han comunicado dónde se realizaría. A pesar de ello, siguen vendiendo entradas en su web y en otros canales.
   La empresa organizadora de la macrofiesta de Año Nuevo es Space Fest, vinculada a Miguel Ángel Flores, responsable de Diviertt, la empresa organizadora de la fiesta de Halloween que se celebró en el Madrid Arena y donde fallecieron cinco jóvenes en una avalancha humana.
   El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha explicado este martes que el Gobierno regional se ha "limitado" a tramitar una denuncia que ha formulado la organización de consumidores "por la vía de la legislación de consumo" en relación a la venta de localidades "que al parecer se está produciendo de un evento que no tiene fijado el lugar de celebración".
   "En la medida que se ha formulado una denuncia sobre esta situación que pudiera afectar a los derechos de consumidores, la Dirección General de Consumo actúa en consecuencia como ante cualquier otra denuncia por consumo", ha indicado González tras visitar una escuela infantil en Torrejón de Ardoz.
   González ha negado que la Comunidad haya puesto un "ultimátum" a la empresa para que informe señalando que lo único que harán es aplicar "el procedimiento establecido en la ley de consumo" para, 'a posteriori', tomar las decisiones que al respecto le corresponda "en materia de consumo" al Gobierno regional. "No tenemos ninguna otra competencia más ni ninguna circunstancia más además de esa denuncia", ha sentenciado.

Cifuentes pide por escrito a Moix medidas cautelares para impedir a Flores celebrar más fiestas

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha remitido este martes al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, una carta en la que le solicita que se impongan medidas cautelares para evitar que Diviertt y sus responsables, es decir, Miguel Ángel Flores, puedan llevar a cabo en cualquier recinto de la Comunidad eventos de características similares al de Madrid Arena hasta que se esclarezcan los hechos en la investigación que dirige el juez Eduardo López y se depuren las responsabilidades penales.

   En una carta, Cifuentes informa a Moix de la previsión inicial de la fiesta que se iba a celebrar en Año Nuevo en La Cubierta de Leganés, un extremo que finalmente no se materializará después de que el propietario haya negado que vaya albergar cualquier evento promovido por la empresa de Flores, quien está imputado por la muerte de cinco chicas en la fiesta de Halloween celebrada en Madrid Arena.
   "No es necesario que ponga de relieve la gravedad de los hechos ocurridos en el pabellón, en el que murieron cinco jóvenes, ni los indicios racionales que apuntan a la presunta responsabilidad de los organizadores de Diviertt imputados que, al parecer, y sin ningún reparo moral, pretenden continuar con sus actividades como si nada hubiera pasado", recoge el escrito de Cifuentes.
   Asimismo, recalca que al margen de consideraciones jurídicas, debe tenerse en cuenta que lo ocurrido en el recinto municipal ha generado "una gran alarma social, sembrando la duda respecto a la empresa Diviertt y sus responsables en cuanto a la fiabilidad de los actos que pudiera organizar, ya fuera en 'La Cubierta' de Leganés o en cualquier otro lado".
   Por ello, la delegada de Gobierno señala que considera procedente solicitar al Ministerio Fiscal que valore la solicitud de medidas cautelares al órgano judicial competente a fin de evitar que "dicha empresa y sus responsables puedan llevar a cabo en cualquier recinto de la Comunidad eventos de características similares al celebrado en el Madrid Arena hasta que se resuelvan los hechos y se depuren responsabilidades penales".

El PSOE pide una acreditación municipal para empresas que organicen actos de más de 2.000 personas

MADRID.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha presentado este martes las 25 propuestas para el dictamen de la comisión de investigación del Madrid Arena, entre las que incluye la exigencia de una acreditación municipal para aquella empresas que organicen actos de más de 2.000 personas.

   Otras propuestas pasan por una nueva ordenanza de prevención de incendios, con un anexo sobre planes de autoprotección, una ITV para edificios municipales y que todas las instalaciones dependientes del Ayuntamiento cuenten con un documento expreso equivalente a las licencias urbanísticas de actividad y funcionamiento.
   Lissavetzky ha avanzado igualmente la propuesta de creación de una ordenanza que desarrolle la función de inspección y vigilancia sobre el control de accesos y que los promotores de eventos lucrativos abonen las tasas del Samur para que este servicio de emergencias esté siemore presente. También han pedido la supresión de la Dirección General de Seguridad ya que únicamente "tiene una gestión administrativa".
   Otra propuesta socialista pasa por la revocación de los contratos de fidelización, de los que ha dicho que "se ha abusado" en los últimos años y que la empresa Madridec retome su objetivo inicial --las ferias y los congresos-- y que se reduzca su cúpula directiva. También se ha pedido que las grandes instalaciones reviertan de nuevo en el Ayuntamiento.
   En este punto, el portavoz del PSOE ha recordado que el Madrid Arena forma parte de la candidatura olímpica de Madrid 2020. "Se construyó como contenedor deportivo y se le cambia de uso para hacer conciertos y macrofiestas", ha recordado. Sobre este asunto, el concejal ha pedido "que se use ya si es seguro y si no que se cierre".
 "Al no permitir el campeonato de balonmano se infiere que no es seguro", ha sugerido.
   Por otro lado, Jaime Lissavetzky ha arremetido contra la "chapuza en el funcionamiento, la descoordinación con la Comunidad y con Delegación de Gobierno y la negligencia en las atribuciones conferidas a la Policía Municipal". El socialista ha defendido la buena labor de los agentes culpando a los responsables del servicio de aquello que no se hizo correctamente.
   Así, el edil ha pedido la dimisión del delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos; la del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; la de la delegada de Seguridad, Fátima Núñez; la de la delegada de Urbanismo, Paz González; de su número dos, Beatriz Lobón y del director general de Edificación, Norberto Rodríguez. También ha pedido una investigación de los mandos policiales que actuaron esa noche y de los altos cargos en Madridec, sobre todo los imputados y los ligados a asuntos de seguridad y contratación.
   Además, el edil le ha pedido a la alcaldesa, Ana Botella, que "haga una reflexión" porque en una crisis como la del Madrid Arena "no ha sabido dirigir a su equipo".
 "Estaríamos encantados de que presentase su cese", ha confesado.
   Asimismo, Lissavetzky ha criticado el presunto "trato de favor hacia Diviertt", que lo ha justificado en la existencia de los contratos de fidelización mientas se estaban aprobado las bases del concurso para la privatización del recinto.

Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.
   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.
   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".
   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.
   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.
   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.
   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.
   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".
   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

Bankia rebaja en 1.000 despidos su ajuste de plantilla, hasta 5.000 empleados

MADRID.- Bankia ha presentado a los sindicatos un borrador de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para afrontar las exigencias de Bruselas en su plan de reestructuración, en el que se contempla el despido de 5.000 empleados, frente a las 6.000 personas a las que tendría que afectar el ajuste, según han informado hoy fuentes al tanto de la negociación.  

   En la práctica, la entidad reduciría así la cifra de bajas en la plantilla en 1.000 personas. Según las mismas fuentes, el banco ahora nacionalizado ha ofrecido a los trabajadores una indemnización de 22 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensuales.
   Las fuentes han insistido en que esta propuesta es "inicial" y que las negociaciones con los sindicatos permanecen "abiertas". Bankia anunció el pasado 28 de noviembre un plan de reestructuración que supondrá la eliminación de unos 6.000 empleos, un 28% de la plantilla, y el cierre de 1.100 oficinas, una disminución del 39%.
   En su plan, Bankia prevé volver a tener ganancias en 2013, esperando alcanzar un beneficio neto de 1.200 millones de euros en 2015. El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, garantizó que se "va a "dejar la piel" para cumplir este plan y devolver las ayudas públicas.

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.
   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".
 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.
   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".
   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.
   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".
 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".

Según el juez del Madrid Arena, "ni una sola persona" implicada se librará de declarar

MADRID.- El juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', ha comunicado en una reunión a las partes personadas en el caso que "ni una sola persona" que haya tenido relación con la tragedia ocurrida en este recinto municipal se librará de declarar en calidad de imputado por estos hechos.

   Los abogados de las acusaciones particulares y populares, así como los letrados de los imputados se han reunido con el magistrado para fijar el calendario de declaraciones, que se iniciarán el próximo 15 de enero. Los interrogatorios se han señalado para los días 15, 16, 21, 22 y 23 de enero.
   Durante el encuentro y según han explicado varios de los abogados, el juez ha transmitido a los abogados que las imputaciones "no van a quedar ahí" y se ha comprometido a que "ni una sola persona" de las que hayan tenido relación con los hechos se queden sin declarar como imputado, según han señalado algunos de los abogados tras concluir el encuentro.
   De hecho, Manos Limpias ya ha solicitado que se impute al médico Simon Viñals y a su hijo por el operativo sanitario privado desplegado en la fiesta. A esta petición se sumarán previsiblemente las acusaciones particulares, según han avanzado los abogados Felipe Moreno y Abdon Núñez.
   El que fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid con José María Álvarez de Manzano aseguró en la comisión que recuperar a las tres jóvenes que llevaron a la enfermería fue imposible dado que "a los ocho minutos de una parada cardiorrespitaroria la posibilidad de recuperación es cero".
   Sin embargo, manifestó días después en una entrevista que estuvo practicando la reanimación a las tres jóvenes que llegaron a la enfermería "los treinta minutos que dicen los protocolos para declarar un cuerpo fallecido".
   "Debe declarar como imputado y explicar lo que pasó y por qué recurrió al hijo y como se llevó a cabo el operativo", ha señalado el letrado que representa a la familia de Belén Langdon.
   Además, Núñez se ha quejado de que el juzgado sigue sin recibir el juez de apoyo que se solicitó hace un mes y medio a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "Vamos a ir a un paso no lento, superlento porque parece mentira que un mes y medio después no se le dote de medios al juez ni al fiscal", ha recalcado.
   "Esto se puede convertir en el juicio de la Colza, que se juzgó doce años después", ha alertado el letrado. Por ahora, la Sala de Gobierno del TSJM no ha contestado la petición cursada por el propio magistrado.
   Las acusaciones particulares han adelantado que emprenderán acciones legales en relación a que hayan salido publicadas conversaciones del Samur cuando éstas llegaron ayer al propio juzgado.
   Por otro lado, los abogados han señalado que les parece "deplorable" que Diviertt esté organizando una fiesta para el próximo Año Nuevo y ha criticado la ausencia de conciencia social por parte de los empresarios que siguen facilitando locales a la empresa de Miguel Ángel Flores.
   "No es de recibo que en este país, con una persona imputada por cinco muertos, se permita a otros empresarios facilitar emplazamientos, que me gustaría saber si tienen las licencias. Es una vergüenza. No se puede impedir a un empresario que ejerza su actividad, pero tiene que haber un conciencia social para que no se faciliten locales", ha señalado.
   En cuanto a las diligencias, la Policía se encuentra ya visionando las más de 1.000 horas captadas por las 127 cámaras desplegadas en el pabellón en el que se celebró la fiesta.
   Asimismo, las acusaciones particulares visitarán mañana el pabellón para conocer el pasillo donde se produjeron las avalanchas, así como las cámaras. "Queremos saber qué pudo pasar para interrogar con conocimiento", han dicho.

El juez del Madrid Arena admite la personación de CITAM como acusación popular

MADRID.- El juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', no ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por homicidio imprudente en relación a la muerte de cinco jóvenes en la fiesta que se celebró en este recinto municipal la noche del 31 de octubre, han confirmado hoy fuentes próximas a la investigación.    

La querella se ha presentado por el sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) contra Botella por homicidio imprudente y prevaricación.
 El escrito judicial se dirige también contra el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, el concejal Pedro Calvo, así como los exdirectivos de Madridec, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo.
El juez sí ha admitido la personación como acusación popular del sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
   En el escrito del sindicato se incorporaba una querella que no se ha admitido a trámite contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en relación a la muerte de cinco jóvenes en la fiesta que se celebró en este recinto municipal la noche del 31 de octubre.
   El TSJM ha explicado que el magistrado ha admitido la personación de este sindicato pero que en ningún caso se ha pronunciado sobre la querella.
  "El Juzgado de Instrucción únicamente ha admitido la personación en el procedimiento, en calidad de acusación popular, del Sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid", ha señalado el TSJM en un comunicado oficial.
   La citada querella, presentada por el sindicato, acusa a Botella de prevaricación omisiva en concurso con otros delitos de homicidio imprudente.
   El escrito judicial, que se presentó el pasado 29 de noviembre, señala que los querellados son responsables "del hecho fundamental que constituye el objeto de esta querella de que el citado edificio municipal Madrid Arena carecía de la preceptiva licencia de actividad y de funcionamiento".
   Añade que el recinto carecía "de los planes de Prevención y Seguridad previos y generales obligados para el tipo de actividades que desarrollaba, así como que se procedió a contratar el evento en el que se produjeron los hechos sin la previa y preceptiva autorización y sin planes específicos de seguridad autorizados administrativamente obligados por la normativa de espectáculos públicos".
   Por ello, recalca que estos hechos constituyeron "causa eficiente y 'conditio sine qua non' de los resultados de muerte acaecidos".
 "El acto público en que se produjeron los muy lamentables y luctuosos sucesos de aquel día se realizó 'a priori' sin contar con las preceptivas licencias y autorizaciones legalmente exigibles", ha dicho el sindicato.
   De este modo, los trabajadores municipales reclaman al magistrado que tome declaración como querellados a las personas contra las que se dirige esta acusación judicial. Además, pide que testifiquen los responsables de los servicios técnicos de los departamentos de licencias urbanísticas y de actividad del Ayuntamiento de Madrid.
   Asimismo, pide que declaren como testigos los funcionarios y técnicos que han emitido los informes que constan en las resoluciones y documentos aportados con esta querella.
   Entre otras diligencias, solicitan que se recabe de los archivos municipales copia completa de todos los expedientes que afecten o conciernen al pabellón 'Madrid Arena'. Y concreta en que se pida el expediente de su concesión administrativa y todos los relativos a solicitudes de licencia urbanística, de actividad o funcionamiento del citado recinto.
   Por último pide que se recabe de la Comunidad de Madrid que informe sobre los expedientes y procedimientos que afecten al pabellón, con "todos sus documentos e informes y resoluciones dictadas en los mismos".

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.
"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.
El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".
Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.
Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".
"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.
Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.
"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".