MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez,
ha avisado al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el
democrático, para privatizar la sanidad, que es un servicio público que
está gestionado con recursos y personal público, que están pagando todos
los españoles, y una medida que no prometieron en su programa electoral
del año pasado.
Así lo ha asegurado la portavoz socialista en rueda de prensa en
la Cámara baja, tras la Junta de Portavoces de los martes, en la que
también ha recordado que el Grupo Socialista defenderá una moción, consecuencia de interpelación,
que ya debatió con la ministra del ramo, Ana Mato, a finales de
noviembre, y en la que someterá a votación la implantación del euro por
receta en Cataluña y Madrid.
Es más, ha alertado de que estas pretensiones de privatización se
extienden por todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con
una respuesta de la ciudadanía como se está demostrando, a su juicio, en
la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde desde hace tres semanas el
profesional sanitario está en huelga.
Así, ha recordado que la salud es un derecho constitucional, de
todos, a la vez que ha insistido en que el negocio que está detrás de
esta decisión política no responde a una sostenibilidad de su gestión
sino a intereses privados.
En este sentido, Rodríguez ha augurado que, "para que el negocio sea redondo",
el objetivo final es privatizar al 100 por cien los centros de salud,
como ya se ha realizado en Castilla La-Mancha, o en la Comunidad
Valenciana, "pionera en la gestión privada" y ambas comunidades gobernadas por el PP.
Madrid mantendrá su plan de privatizar hospitales
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, afirmó hoy martes que mantendrá su plan de privatizar seis
hospitales públicos y un 10% de los centros de salud de la
región para poder cumplir con el recorte del déficit público pese a la
oposición de los médicos, que llevan tres semanas en huelga.
El Gobierno autonómico insiste en que la sanidad
seguirá siendo pública, universal y gratuita, aunque los médicos - que
han contado con el apoyo de huelgas parciales del resto de los
trabajadores sanitarios -, afirman que con esta medida se favorece a
unas empresas privadas y que la calidad del servicio empeorará.
"Lo único que hacemos es introducir medidas de
racionalización y de reducción del gasto público porque tenemos una
crisis económica, los ingresos caen y los gastos hay que reducirlos",
dijo en Radio Nacional de España el presidente madrileño.
Por ello, en octubre presentó un plan que la Asamblea
regional aprobará previsiblemente el 20 de diciembre junto con los
presupuestos, en el que se incluye la "externalización de servicios no
sanitarios" de seis de los 36 hospitales públicos y de 27 centros de
salud.
Las asociaciones de médicos, en una muestra de unidad
poco frecuente, convocaron a los casi 40.000 facultativos de la región a
una huelga indefinida que comenzó el 26 de noviembre y que tienen
previsto mantener por lo menos hasta el día de votación del plan, si
antes la Consejería de Sanidad no cambia su posición o se reúne con
ellos.
"Está planteado como una medida de ahorro, pero es una
medida de gasto", dijo Fátima Braña, representante de la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). "Los datos no
encajan, la privatización no supone un ahorro".
La Comunidad de Madrid - que en los años anteriores al
estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 edificó 11 hospitales por
los que paga un canon anual a las empresas constructoras - sostiene que
de esos hospitales, los tres con gestión privada tienen un coste
sanitario por habitante notablemente menor que los otros seis - uno aún
no se ha inaugurado y el otro se queda fuera del plan.
Las asociaciones médicas, en cambio, aseguran que el
coste es menor en esos seis hospitales públicos, dicen que los contratos
con las gestoras privadas incluyen una costosa actualización anual que
paga la Comunidad, y afirman que los hospitales privados solo se
encargan de patologías menores y de corta estancia, lo que les permite
obtener buenos resultados con pocos recursos.
"Se va a pagar una cantidad excesiva por algo que en
realidad cuesta menos (...) Es un privilegio que no entendemos", dijo
Marisa Sánchez García, anestesióloga del Hospital de El Escorial, en la
sierra de Madrid.
"Estamos dispuestos a hacer reformas, hay
alternativas", afirmó Braña, que pidió una mayor participación de los
médicos en la gestión real de la Sanidad.
"Se ha burocratizado y politizado, se toman decisiones
que suponen un gasto añadido por no consultar a los expertos", agregó.
En los hospitales, muchos están a favor de la huelga,
incluso a pesar de verse afectados, y piden que se mantenga el modelo de
sanidad pública.
Endurecimiento
Cerca de 500 jefes de servicios de los hospitales públicos de
Madrid abogan "endurecer" su postura en relación a la Consejería de
Sanidad para lograr de forma efectiva la retirada del Plan de
Sostenibilidad, y lograr con ellos que se abra proceso de negociación
con el titular del departamento, Javier Fernández-Lasquetty, para tratar
de buscar medidas alternativas de ahorro sin aplicar procesos de
externalización.
Además, han expresado su rechazo a las reuniones aisladas entre
los gerentes de los centros de hospitales de jefes de servicio de forma
individual, al considerar que esa no es la manera adecuada de proponer
alternativas de eficiencia de gasto. Frente a ello, han defendido que
debe cesar ese proceso y sustituirlo por una negociación entre la
administración y "una voz única y unitaria" que englobe a todo el
colectivo sanitario.
Por otro lado, se ha remarcado que consideran tanto a Lasquetty
como el presidente regional, Ignacio González, como "temerarios" e
"irresponsables" por el conflicto que han generado en la sanidad
madrileña con sus medidas y les han exigido que cambien de postura y
negocien alternativas al Plan de Sostenibilidad con los órganos que
elijan los profesionales de la Sanidad.
Estás son algunas de las propuestas barajadas en una asamblea de
jefes de servicio, que han celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid,
de cara a realizar un manifiesto, que verá la luz en breve cuando sea
aprobado, para fijar su postura respecto al conflicto sanitario y sobre
el proceso de consulta que ha iniciado la Consejería para sondear, a
través de los gerentes de centro, la propuestas de eficiencia de los
recursos públicos.
En este sentido, los jefes de sección también ha recalcado la
defensa del personal eventual de los centros pero sin que sean "moneda
de cambio" en la negociación con la Consejería, tener una "voz única"
con todos los colectivos sanitarios para tratar de paralizar medidas
como la externalización de centros.
También remarcan que los responsables de la Consejería y del
Gobierno regional han actuado de "forma temeraria" y han llevado a la
Sanidad a una situación de "caos", por lo que han insistido en que los
jefes de servicio deben estar unidos ante una situación actual que han
definido de "no negociación".
Además, durante el debate en la Asamblea se ha propuesto la
posibilidad de incluir en el manifiesto que, si no fructifica un proceso
de negociación por parte del Gobierno regional, solicitar una auditoría
económica sobre el proceso de externalización, presentar una queja al
Defensor del Pueblo o acudir incluso a la justicia ordinaria.
También ha habido voces que consideran que el presidente regional,
Ignacio González, debe ser el que se "ocupe directamente" de las
negociaciones con los colectivos de los profesionales sanitarios para
tratar de revertir la situación, dado que ya se han emitido ya cuatro
cartas a Lasquetty sin obtener respuesta.
Asimismo, algunos de los intervinientes han reclamado que el
manifiesto pueda incluir la petición de dimisión de los gerentes de los
hospitales que van a ser externalizados e incluso algunos también ha
apuntado a la posibilidad de incluir la demanda de cese del consejero.
Una de las propuestas que se han abordado es la suspensión de la
participación en las comisiones clínicas o en las juntas
técnico-asistencial, así como ampliar la postura de estos jefes de
servicio a nivel de toda España. También abogan por recoger firmas por
especialidades y realizar nuevas concentraciones de médicos para la
semana que viene.
Durante el debate de propuestas, ha habido varias intervenciones
que han desconfiado sobre el proceso de diálogo con los gerentes de
hospitales para formular propuestas de ahorro y entienden que de
aplicarse el plan de la Consejería puede suponer una "sangría" para el
personal eventual.
"Esto no es una negociación, es un sondeo y un engañabobos", ha
manifestado uno de los jefes de servicio del Hospital de la Paz en
relación al proceso de consulta sobre las medidas que pueden suponer
ahorro en el capítulo 2 y el 1. "Esto no es una propuesta, es una
golfada", ha manifestado en el debate de propuesta una jefa de servicio
del Hospital de Móstoles.
También ha habido intervenciones sobre la posibilidad de
judicializar el conflicto sobre los cambios y fomentar una auditoría
económica por parte del Tribunal de Cuentas. Al respecto, un miembro de
la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha dicho
que su colectivo está "moviendo" esa posibilidad para ver si pueden
impugnar el pliego de condiciones de los concursos para externalizar
centros sanitarios.