viernes, 11 de enero de 2013

Carromero sale de la cárcel tras obtener el régimen de semilibertad

MADRID.- El joven político español Angel Carromero, que cumple en España la condena a cuatro años de prisión dictada en Cuba por la muerte accidental de disidente Oswaldo Payá, obtuvo el régimen de semilibertad y salió este viernes de la cárcel, informó una portavoz de las prisiones españolas.

"Salió esta tarde", declaró la portavoz de Instituciones Penitenciarias confirmando que este organismo concedió a Carromero el "tercer grado" o régimen penitenciario abierto.

El TSJ de Madrid avala los toros como Bien de Interés Cultural

MADRID.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado en una sentencia la declaración de la fiesta de los toros en la Comunidad de Madrid como un Bien de Interés Cultural (BIC), aprobada en abril de 2011 en el Consejo de Gobierno.

   Con esta declaración, el Gobierno regional pretendía "proteger el valor social, cultural, económico y ecológico" de los toros que forman parte desde el siglo XV de la historia de la Comunidad de Madrid y al ser esta la región que concentra el mayor número de espectáculos taurinos de toda España, un 16 por ciento del total.
   En una sentencia,  el Alto Tribunal madrileño desestima el recurso interpuesto por la Plataforma
Estrategia Animalista, contra el Decreto 20/2011, de 7 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Hecho Cultural, la Fiesta de los Toros en la Comunidad de Madrid.
   Frente a las quejas de que colectivos implicados no participaron en los trámites, el TSJM señala que el proyecto ha gozado de "una máxima difusión y cualquier entidad que ha tenido interés en presentar alegaciones u observaciones ha tenido oportunidad de efectuarlo así como de enterarse de que tal disposición se estaba elaborando".
   Respecto a que pudiera invadir competencias, la Sala indica que ello no se entendería en "la medida en que la declaración que se combate tiene efectos exclusivos en el ámbito de la Comunidad de Madrid".
   "En definitiva, en el Decreto impugnado se evidencia que se está ejerciendo una opción discrecional al entender la Comunidad de Madrid, interpretando el sentir de una parte de la sociedad, que la Fiesta de los Toros es merecedora de esta figura de protección", señala.
   "Con ello no se está ejerciendo una potestad reglada sino discrecional, que no puede ni debe ser sustituida por la discrecionalidad que correspondería elegir a la entidad recurrente, ni tampoco a la que pudiera mantener este órgano judicial , que solo puede efectuar sus pronunciamientos sobre la base del Derecho y no de la oportunidad o conveniencia según su particular entendimiento", agrega.

El Gobierno remite a la Comunidad de Madrid para explicaciones sobre Güemes

MADRID.- El Gobierno se ha desmarcado hoy del caso de la adjudicación de los análisis clínicos de seis hospitales de Madrid a la empresa de la que es miembro del Consejo de Administración el exconsejero madrileño de Sanidad Juan José Güemes y ha remitido a la Comunidad de Madrid para que dé explicaciones.

"Corresponde a la administración afectada, y en su caso al afectado, dar las explicaciones que estimen oportunas. Yo no puedo dar ninguna porque desconozco el caso y no le afecta al Gobierno, ni a la Administración General del Estado", ha respondido la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta se ha referido así a las informaciones de la Cadena Ser que apuntan a que Güemes ocupa el cargo de consejero de Unilabs, compañía que ha adquirido la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó el servicio de análisis en 2009, momento en el que ocupaba el cargo de consejero de Sanidad el propio Güemes.

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".
   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.
   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".
    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.
   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.
   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.
   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.
   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".
   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.
   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.
   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

Trabajadores de Telemadrid 'ocupan' su sede para llevar a cabo un encierro indefinido

MADRID.- Aproximadamente 300 trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid han accedido a la sede de la corporación en Pozuelo de Alarcón con la intención de encerrarse de forma indefinida como protesta por el ERE que supone el despido de 860 personas de su plantilla.

   Los trabajadores pretenden celebrar una asamblea urgente la noche de este viernes para acordar un encierro indefinido en protesta por los despidos, según han informado empleados de la cadena pública madrileña desde el interior de las instalaciones.
   Los al menos 300 trabajadores que están ya en el interior de la sede de la corporación han anunciado su intención de pernoctar en ella esta noche ante el inminente envío de las notificaciones de despido.
   Asimismo, los trabajadores han denunciado que agentes de la Policía Nacional custodian la entrada y no dejan acceder a la sede ni a empleados del ente ni a miembros del comité de empresa.