jueves, 4 de octubre de 2012

Ossorio ve "oscuro y errático" el sistema de financiación, aplicado con un "indudable error de cálculo y aplicación"

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha tildado este jueves de "oscuro, injusto y errático" el sistema de financiación autonómica diseñado en época del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha considerado  que se ha aplicado con un "indudable error de cálculo y aplicación".

   En el pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado socialista Antonio Miguel Carmona ha preguntado a Ossorio por qué Madrid ingresará menos del Estado durante 2013, así como por las razones por las que "ha negado mil millones de euros y se los ha exigido el presidente del Consejo de Gobierno", en referencia a Ignacio González.
   En una intervención en la que no ha respondido de manera directa a esta pregunta de los 1.000 millones, Ossorio ha afirmado que "el motivo no es otro que el nefasto modelo de financiación que el PSOE diseñó en 2009 y los errores de cálculo en su aplicación".
   "El sistema de financiación es oscuro, poco transparente, lleno de vericuetos. Es un modelo oscuro, injusto y errático", ha aseverado y ha considerado que fue diseñado por el PSOE "al dictado de Cataluña y para beneficiar a Andalucía".
   En este punto, Ossorio ha citado las "trampas" de este sistema. En primer lugar, ha dicho que el fondo de competitividad se diseñó con un límite en la capacidad fiscal "para beneficiar de Cataluña"; que el reparto de los recursos adicionales "se repartió por dependencia reconocida para beneficiar a Andalucía" y que la Sanidad se hizo con un criterio de población "para perjudicar a Madrid".
   "En este modelo se da la paradoja de que la Comunidad que más aporta que es Madrid es a la comunidad a la que más se perjudica", ha resaltado para destacar que "existe un indudable error de cálculo y aplicación".

El Ayuntamiento de Madrid no aumentará su gasto a pesar de subir las aportaciones del Estado

MADRID.- El Ayuntamiento de la capital no aumentará el gasto previsto en su Plan de Ajuste con independencia de que hayan aumentado en un 7,9 por ciento las aportaciones del Estado a Madrid en los Presupuestos Generales para 2013 ya que se prevé menos ingresos en partidas importantes, como ha aseverado el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

   Después de recordar que las aportaciones a los municipios suben por las nuevas medidas fiscales estatales, el concejal ha añadido que los ingresos añadidos no suponen un aumento de la capacidad de gasto de la Hacienda local debido a que son menores las aportaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (CIO) y tasa de residuos.
   Y es que, como ha recordado, se trata de impuestos y tasas estrechamente ligados a la actividad económica. "A una menor capacidad de recaudación, menos ingresos", ha zanjado.

El alcalde de San Fernando, en huelga de hambre

SAN FERNANDO DE HENARES.- El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, ha iniciado una huelga de hambre en plena calle para exigir a una entidad bancaria que cumpla sus compromisos en el pago a unas constructoras de viviendas de realojo situadas en la Plaza de España, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

   Setién reclama que se libere el crédito retenido, lo que permitiría a las 80 familias propietarias de las viviendas rehabilitadas en la Plaza de España acceder a las mismas, según ha señalado el Ayuntamiento.
   Según el Consistorio, la falta de pagos de esta entidad bancaria ha provocado que "las constructoras lleven un año sin cobrar, por lo que se niegan a entregar las viviendas, y que los propietarios realojados lleven seis meses sin cobrar los alquileres en los que están".
   Ante esta situación sin salida, Setién inicia una huelga de hambre para exigir un acuerdo que permita salvaguardar los intereses de las 200 familias propietarias afectadas.
   El Consistorio ha señalado que la situación actual se produce tras  múltiples reuniones mantenidas entre la entidad, acreedores y Plaza de España S.L

Villanueva insiste en el "respeto a decisiones judiciales" tras archivarse la causa contra los detenidos

MADRID.- El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha subrayado el "respeto a las decisiones judiciales" por parte del Ayuntamiento tras conocerse el archivo de la causa contra los ocho detenidos del 25-S.

  "Siempre respetamos las decisiones judiciales y siempre lo hemos hecho y así lo haremos", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado las diligencias abiertas contra ocho imputados por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados.
   Considera que los acusados no han cometido delito alguno puesto que la manifestación no provocó alteración en el desarrollo de la actividad de la Cámara Baja.  El magistrado especifica en su auto que la sesión del Congreso en la jornada del 25 comenzó pasadas las 16 horas y se prolongó hasta las 22.50.
   "Es notorio, vista el acta de la sesión, que el elemento consecuencional de este tipo penal no se cumple pues no hubo alteración alguna: la larga' sesión se desarrolló normalmente", concluye.

El imputado que no ha acudido a la citación de Pedraz alega "objeción de conciencia"

MADRID.- El imputado por organizar las protestas del 25-S en Madrid que no ha respondido este jueves a la citación realizada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha alegado "objeción de conciencia" como motivo para negarse a declarar ante el magistrado, según ha confirmado en declaraciones a los medios a las puertas de la sede de la calle Prim de la Audiencia.

   Antonio López, que presentó ayer miércoles una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido haber participado en la organización de la protesta y haber difundido a través de las redes sociales mensajes de convocatoria. "Luego todo se fue extendiendo como si fuera una caja de resonancia", ha asegurado el imputado.
   El miembro de la Plataforma ¡El Pie!, una de las organizaciones convocantes de la protesta del martes 25 que instaba a rodear el Congreso, permanecerá a la espera de la decisión del magistrado sobre su situación y ha asegurado que no declarará salvo que sea detenido.
   El imputado presentó una querella contra Cifuentes al considerar que fue este órgano gubernamental quien "promovió y orquestó" la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones del edificio parlamentario durante las protestas del día 25, que se saldaron con 35 detenidos más de 60 heridos.
   La querella solicita al juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en la protesta.

Los imputados por el 25S piden a Cifuentes que deje de azuzar a la Policía

MADRID.- Los imputados por un delito contra altos organismos de la nación por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados han cargado contra la actuación de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y le han pedido que "deje de incitar a la violencia y de azuzar a la Policía a acometer actos violentos".

   A su salida de la Audiencia Nacional han sido recibidos, tras conocerse que iba a archivarse el caso, por decenas de manifestantes con gritos como 'sí se puede', 'vosotros fascistas sois los terroristas' o 'audiencia nacional tribunal de excepción'.
   Los manifestantes, concentrados desde las 10 horas en la esquina del Paseo de Recoletos con la calle Prim, han acogido a los imputados con aplausos, gritos y una pancarta blanca, "que estaban reservando para este momento", en la que podía leerse 'Gracias por tener la valentía de buscar una sociedad mejor (...) incluso para los que se quedan en casa'.
   Una de las imputadas Doris Benegas ha leído mediante un altavoz la parte del auto en el que se les exime de haber incurrido en un delito contra altos organismos con la convocatoria de rodea el congreso. "En modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación legal, sino que de existir atentaría claramente contra el derecho fundamental de libertad de expresión".
   A continuación, han tomado la palabra el resto de los imputados, quienes han agradecido a las personas concentradas su apoyo y han asegurado que "volverán al Retiro para seguir realizando las reuniones de la coordinadora de forma pacífica" y con el objetivo de "cambiar el sistema que es algo legítimo y necesario". Además, han pedido a la delegada del Gobierno Cristina Cifuentes que deje de incitar a la violencia.
   Una de las imputadas perteneciente a plataforma 25-S, Elena Martínez, ha explicado que el fiscal les ha preguntado a todos los imputados si tenían intención de alterar el orden y el transcurso de la actividad parlamentaria. A esto, ha agregado que los imputados han contestado que 'no' y le han dicho que lo que altera el orden "es el apoyo a la corrupción y los brutales recortes del Gobierno".
   Martínez ha incidido de que lo único que son culpables es "de pretender un cambio social". Además ha resaltado que el acto, por parte de los manifestantes, se desarrolló de forma pacífica.
   Por último, Benegas ha explicado que ante la pregunta del fiscal, ella ha respondido preguntando sobre qué entendía por alterar el orden público. "Lo que tenían que haber hecho los diputados ante el clamor popular era haber salido a escuchar", ha concluido.

La Audiencia de Madrid reabre otro caso de niños robados que implica a Sor María

MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid reabrir la investigación de otro caso de niños robados que implica a la religiosa María Gómez Valbuena al estimar que los delitos de detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad no están prescritos.

   La monja 'Sor María' está imputada en otra investigación penal que conduce este mismo juzgado por el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. Se trata de uno de los primeros casos de niños robados en los que madre, María Luisa Torres, e hija, Pilar Alcalde, se reencontraron casi 30 años después.
   En una sentencia, los magistrados estimar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Madrid, al que se adhirió la Asociación SOS Bbés Robados, contra el auto que archivó hace un año esta causa penal. Por tanto, revoca el pronunciamiento extintivo de la acción penal respecto de los delitos reseñados.
   Los hechos de este caso se remontan al 20 de abril de 1978 cuando Felisa O. ingresó, embarazada, en la Casa de la Madre, perteneciente al INAS, sito en la calle Goya, 120 de Madrid.
   Tras un embarazo normal, dio a luz de forma espontánea el 26.05.1978, sobre las 14,15 horas. "Dos horas después del alumbramiento una monja llamada Sor María comunicó al padre que el recién nacido había fallecido, convenciendo a los presentes para que no vieran el cadáver", recoge el fallo.
   Según la Audiencia, "se produjeron una serie de circunstancias, como deficiencias en la licencia de enterramiento, en la data del embarazo, señalándose que era de ocho meses y medio, cuando había cumplido los nueve, presencia en una habitación inmediata de un matrimonio atento a la evolución de este embarazo, que hacen sospechar la existencia de una sustracción del recién nacido y la entrega a terceros".
   En el Juzgado nº 47, se dictó un auto el 3 de noviembre de 2011 que
acordaba el sobreseimiento de las actuaciones por haberse extinguido la acción penal al haber prescrito.
   Ahora, la Audiencia ordena que ese fallo se revoque, "dejando sin efecto el pronunciamiento extintivo de la acción penal de los delitos detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad, debiendo continuar la  causa, en la fase en la que se encuentra, sin expresa imposición de las costas procesales de la alzada".

El Gobierno recuerda que podrá usar el artículo 155 para controlar el déficit autonómico

BARCELONA.- El Gobierno español ha hecho público un documento sobre la situación económica española destinada a inversores de todo el mundo en el que afirma que está dispuesto a llevar a cabo una "intervención directa" de las comunidades autónomas que no acaten los objetivos de déficit que marca el Ejecutivo.

La presentación, que está escrita en inglés y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, utilizará próximamente en reuniones con inversores, recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que "si una comunidad autónoma no cumple con las medidas de control del déficit" se puede usar "el artículo 155 de la Constitución" que significa "intervención directa".
El artículo 155 fija que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
En el apartado 2 del mismo artículo se señala que "para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

El Congreso aparca 'sine die' la investigación de los escándalos de la banca

MADRID.- Dejarlo correr. Ésta parece ser la premisa que impera en todo lo relativo a la depuración de responsabilidades en torno a los escándalos financieros. Al menos, en lo que a su versión política se refiere. La crónica es de lainformacion.com

El más claro ejemplo es que se ha dejado pasar todo el mes de septiembre sin llamar a declarar a ninguno de los comparecientes que fueron citados por el Grupo Parlamentario Popular justo antes del verano.
Fue el pasado mes de julio cuando, tras meses de previsiones y tras haber vetado varias comisiones de investigación, el PP accedió a abrir una ronda de comparecencias en el Congreso.
Entonces se dijo que había sido la imputación de Rodrigo Rato por la Audiencia Nacional y el deseo del ex vicepresidente del Gobierno de dar su versión sobre lo ocurrido en Bankia lo que llevó al PP a cambiar el guión y a acceder que se debatieran en el Congreso los escándalos de la banca.
Los partidos aprobaron una lista de 24 comparecencias que se iban a celebrar entre lo que quedaba de julio y septiembre. Además, para garantizar la transparencia, se dijo que las comparecencias iban a ser a puerta abierta.
De hecho, así fue en las intervenciones que se llevaron a cabo justo antes de verano y que tuvieron entre sus grandes protagonistas a Rato, a la ex ministra de Economía, Elena Salgado; al ex presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso; y al ex vicepresidente de un gobierno socialista y ex mandatario de Catalunya Caixa, Narcís Serra.
Pero, por un motivo de agenda, el grueso de las comparecencias se iba a llevar a cabo en septiembre, un mes que ha concluido sin que haya pasado por el Congreso nadie más.

Sin noticias, ni explicaciones
Desde el Grupo Parlamentario Popular apenas se da una explicación de por qué se han suspendido estas intervenciones y se limitan a señalar que ahora, con las comisiones que se celebrarán con la llegada de los Presupuestos Generales al Congreso, la agenda se va a retrasar más.
En el mejor de los escenarios, en las próximas semanas se convocará una reunión para consensuar el calendario, con el objetivo de que antes de final de año se retomen las comparecencias, pero sin garantizar que vaya a ser así.
Respecto a por qué no se ha convocado antes ese encuentro, que habría permitido cumplir la agenda que se dijo de que las intervenciones se llevarían a cabo en septiembre, ni una respuesta.
En cambio, sí ha seguido su curso la subcomisión sobre reestructuración bancaria y saneamiento del sector financiero, como demuestra el hecho el que ayer acudiera a ella el presidente del FROB, Fernando Restoy, que se celebró a puerta cerrada.
Sin embargo, en esta comparecencia se habló de las últimas reformas financieras y del examen realizado por Oliver Wyman a toda la banca española, cuyos resultados se conocieron el pasado viernes.
Por tanto, su asistencia no respondió a la necesidad de aclarar cómo se gestionaron las entidades, cómo actuaron los supervisores y si hubo negligencias que han llevado a que todos los españoles tengan que pagar un déficit de 17.000 millones y una deuda de 40.0000 millones por el rescate a la banca.
Desde la oposición aseguran que está todo parado y que cuando alguien pregunta sobre cuándo se van a retomar las intervenciones, nadie da una respuesta. De hecho, explican que no hay orden del día, ni fecha, ni ninguna indicación de que vaya a cumplirse lo prometido, más allá de afirmar que existe "voluntad de continuar".
Tampoco se tiene constancia de que algunos de los comparecientes más esperados, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, hayan sido llamados por el Congreso. Por el momento, todo está en el limbo.

El Ministerio de Trabajo destapa un 11,8% más de economía sumergida

MADRID.- “Racionalización de los recursos y organización, porque los inspectores siempre han trabajado mucho”. Así explican en el Ministerio de Trabajo los extraordinarios datos facilitados por la ministra Fátima Báñez (en la imagen) en el transcurso de la reunión con directores territoriales y jefes provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  De enero a septiembre de este año se han realizado 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. El plan de lucha ha permitido que afloren 57.457 empleos hasta septiembre, un 11,86% más que el año anterior, según http://www.hispanidad.com

Los datos son magníficos. La actuación de la inspección permitió detectar  1.064 empresas ficticias y anuló 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que el año anterior.

Las cifras no guardan ninguna relación con el nuevo régimen de empleadas del hogar ni posibles inspecciones ejercidas al respecto para detectar trabajadores sin dar de alta durante este verano, entre otras cosas, porque, según fuentes del propio Ministerio, los hogares son muy difíciles de inspeccionar por su especial condición jurídica.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó, entre los siete meses de enero a septiembre de este año, un total de 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. De ellas, 15.097 guardan relación con las prestaciones por desempleo. Se han detectado 4.730 infracciones de empresarios, un 30% más que en el mismo período del año anterior que se cerró con un saldo de 3.642 infracciones detectadas.

Se ha descubierto a 6.943 trabajadores que, o bien compatibilizaban indebidamente las prestaciones con un trabajo, o las han obtenido mediante el recurso al fraude. El incremento de infracciones detectadas ha sido de un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
Las empresas ficticias, otra bolsa de fraude, han sido objeto de la atención del Ministerio de Trabajo. Se han llevado a cabo 14.110 inspecciones, un 70,5 % más que las 8.274 del año pasado. Se han detectado 1.064 infracciones en esta área, frente a las 208 detectadas en los nueve primeros meses de 2011, lo que implica un incremento del 411,5%.

También se anularon 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que en los nueve primeros meses del año 2011 (10.919 altas anuladas).

Báñez puso en valor la labor realizada por los inspectores de trabajo y seguridad social, “un servicio público con más de 100 años de historia…” y ha añadido que los resultados obtenidos “son datos positivos que revelan vuestro trabajo y vuestro compromiso en estos años de crisis económica”.

A la vista de los resultados, la nueva legislación  de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobada por el PP está consiguiendo los resultados esperados. Aunque cabe preguntarse si muchos de los delitos fiscales cometidos, como las altas ficticias, no han aumentado con el empeoramiento de la crisis este último año, lo que da lugar a su detección, lo cierto es que el número de actuaciones se ha incrementado. Los inspectores, por mucho que hayan trabajado antes y después, y sin un incremento significativo de medios, deben estar echando humo.