lunes, 9 de julio de 2012

El apoyo del 15M a la marcha minera no cambia el dispositivo de seguridad

MADRID.- La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha descartado modificar el dispositivo de seguridad de la 'marcha negra' minera debido a las muestras de apoyo que el 15M expresó en un comunicado el pasado 6 de julio.

   Cifuentes ha considerado que el movimiento "tiene la capacidad de movilización que tiene" y no cree que el apoyo mostrado vaya a tener consecuencias en el número de manifestantes. Además, la delegada ha acusado al movimiento de unirse a "cualquier convocatoria que ha hecho cualquier sindicato" y ha estimado que las peticiones de los mineros corresponden a "una reivindicación de otro tipo".
   Frente a estas apreciaciones, el movimiento ha expresado en el 'Comunicado del Grupo de apoyo del 15M' que la "lucha" de los mineros sí les implica pues "se enmarca dentro de la resistencia frente a la ingente transferencia de rentas que se está llevando a cabo desde el pueblo hacia los bancos y mercados financieros".
   Cifuentes ha explicado que los sindicatos le han asegurado que, tras la manifestación de la noche del día 10, los mineros "no van a dormir en Madrid" sino que "van a volver a su lugar de alojamiento en Ciudad Universitaria".
   La manifestación del día 10 con ocasión de la 'recepción de las marchas mineras que entran a Madrid por Moncloa', comenzará en Moncloa a las 10 de la noche y finalizará en Sol a la una de la mañana.
   La delegada del Gobierno ha declarado que, al estar prohibida la acampada en Madrid, en caso de producirse, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado harán "cumplir la ley". Además, Cifuentes ha asegurado que el dispositivo es "el suficiente y el adecuado" para hacer frente "a cualquier eventualidad".
   Sin embargo, la delegada ha precisado que los sindicatos de los mineros "no han solicitado ni han comunicado que quieran hacer ninguna acampada" y, por ello, ha reiterado que "no va a haber ninguna acampada" en Madrid.

Aprobado el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles

MADRID.-   El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este lunes el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitirá que los madrileños que lo deseen se puedan construir una casa en las fincas rurales que no se encuentren en terrenos protegidos por la legislación sectorial y que tengan un mínimo de seis hectáreas.

   En rueda de prensa posterior a un Consejo Extraordinario que se ha celebrado este lunes en la Real Casa de Correos, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha explicado que con esta ley se facilita  a los madrileños que "puedan disponer de una vivienda en el campo con todas las garantías de sostenibilidad", y se procura "que se fijen las poblaciones locales y se consolide la población rural".
   En este sentido, ha apuntado que estudios que tiene la Consejería que dirige dicen que "hay una demanda real, potencial de este tipo de suelos" y que un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) "recoge que en la Comunidad de Madrid existe una tendencia a la desconcentración residencial con flujos hacia la periferia" y  que en  el año 2016, el 13 por ciento de los residentes en la Comunidad habrán buscado  vivir en otros ámbitos, sobre todo, fuera de Madrid y de la corona  metropolitana y núcleos urbanos.
   Con esta ley también se busca "revitalizar las zonas desde el punto económico y demográfico" y  "consolidará el equilibrio territorial al contrarrestar el éxodo rural", lo que ayudará a la residencia de los jóvenes en los núcleos rurales.
   Los requisitos contemplados para poder disfrutar de una vivienda rural de estas características pasan por que la superficie mínima de la parcela exigida sea de seis hectáreas; que la altura máxima sea de 3,5 metros y una planta; o que la distancia mínima entre dos viviendas sea de 250 metros.
   Mariño ha insistido en que esta Ley permite construir en el campo, pero "no en lugares de alto valor ecológico y protegidos por ley sectorial", por lo que no se podrá construir en lugares como el Hayedo de Montejo o Parques Regionales, Reservas de la Biosfera o espacios incluidos en la Red Natura 2000.
   Además, con esta iniciativa se alienta la conservación del medio ambiente y los propietarios para construir la vivienda adquirirán unos compromisos de conservación y respeto medioambiental en sus viviendas sostenibles.
   La construcción de viviendas, sólo una casa unifamiliar por parcela, deberá estar basada en conceptos de sostenibilidad. Además, tienen que ser edificaciones de una sola planta que no modifiquen la rasante natural del terreno  y realizarse con el menor impacto visual posible. También se deberá preservar el arbolado de las parcelas y compensar con especies autóctonas a razón de tantos ejemplares adultos como años tuviera el ejemplar trasplantado.
   Asimismo, los propietarios estarán obligados a realidad a su costa la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin instalaciones previas que supongan una carga económica para las administraciones.
   De hecho, no podrán exigir ni a la Comunidad ni a los ayuntamientos ningún tipo de inversión relacionada con el suministro de agua, luz, gas, recogida de basuras o accesos, que deberán correr a su costa. Estas obligaciones deberán constar en la inscripción registral de estas fincas en el registro de la Propiedad.
   Según ha relatado la consejera, esta ley llega tras la  ley del Suelo de 2001, que exigía que los municipios que quisieran calificar como suelo no urbanizable, tenían que asignarle necesariamente una protección especial aunque el suelo no tuviera valores muy especiales que lo justificaran, lo que a lo largo de los años "suelos que no tenían muchas capacidades de protección se hubieran convertido en suelos protegidos".
   Este Anteproyecto se enviará a la Asamblea de Madrid tras recibir alegaciones de diferentes organismos y personas interesadas.

La Ventanilla Única Empresarial crea 500 empresas hasta junio

MADRID.- La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que la Ventanilla Única Empresarial ha facilitado la creación de aproximadamente 500 nuevas empresas, durante los seis primeros meses de 2012.

   La delegación del Gobierno ha explicado que en el conjunto del pasado ejercicio se crearon 1016 empresas, de las que el 78 por ciento tenían la forma jurídica de empresario individual mientras que el 22 por ciento eran sociedades mercantiles.
   Cifuentes ha explicado que la Ventanilla Única "no solo presta información o asesoramiento", sino que también facilita que un empresario pueda crear una empresa entre 24 y 48 horas, lo que, según la delegada, "en un momento de crisis es de agradecer".
   La delegada ha destacado que la Ventanilla Única es "una excelente muestra de colaboración institucional" al participar en ella técnicos de la Administración Central del Estado, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de la Cámara de Comercio y de la Delegación del Gobierno.
   El emprendedor actual, según la Delegación del Gobierno, se encuentra en paro, tiene experiencia en su sector profesional y, después de trabajar por cuenta ajena ha decidido establecerse por cuenta propia, aprovechando el subsidio de la prestación por desempleo.
   En el 60 por ciento de los casos el nuevo empresario es un hombre y en el 40 por ciento mujer. Ambos se decantan por las empresas de servicios personales, sanitarios o de atención a niños y mayores.

El PSM pide la comparecencia "urgente" de Lasquetty en la Asamblea para dar la cara sobre el brote de legionella

MADRID.- El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido la comparecencia urgente del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, en la Asamblea de Madrid para que dé la cara y explique la gestión del brote de legionella, que afecta estos días la Comunidad de Madrid y que ya se ha cobrado la vida de una mujer.

   En rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSM, el socialista ha explicado que han pedido la comparecencia "urgente" de Lasquetty, ya que considera que debe "dar la cara, explicar lo que ha pasado, qué medidas han tomado y asegurar que no ha habido interferencia política en el trabajo de los profesionales sanitarios".
   Gómez ha explicado que su objetivo "no es causar ninguna alarma" porque  Madrid cuenta con "buenos profesionales en la salud pública", pero ha indicado que piden su comparecencia "por la opacidad, falta de transparencia" y porque "se ha ocultado a la sociedad, a la oposición política a madrileños y españoles un brote de legionella que ya ha causado una victima mortal".
   "Es un Gobierno poco transparente y ya sabemos que gestiona mal las crisis sanitarias", ha criticado.

El Museo Reina Sofía abrirá los domingos por la tarde

MADRID.- El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía amplía su horario de apertura al público y, a partir del  próximo domingo 15 de julio, mantendrá abiertas sus puertas hasta las siete para que, de manera gratuita, los que se acerquen los domingos por la tarde puedan contemplar la Colección permanente. 

  Según informa el Museo Reina Sofía, con esta nueva medida adoptada por los responsables del Museo "persigue adecuar los recursos de la institución a las necesidades de los ciudadanos".
   Con esta iniciativa, se podrá visitar las exposiciones y la Colección de manera gratuita los domingos por la mañana, los sábados por la tarde, y el resto de los días, de 19 a 21 horas, excepto los martes en que el Museo permanece cerrado. La nueva medida va a permitir contar con 64 horas a la semana de apertura al público.  
   Obras de Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris, Gutiérrez Solana, Maruja Mallo, Brasaï, Dubuffet, Delaunay, Braque, Yves Klein, Motherwell, Tàpies, Bacon, Richard Serra, Calder, Magritte, Gerard Richter, Gordillo, Juan Muñoz, Muntadas, Pistoletto, Sol Lewitt o Marcel Broodthaers, entre otros grandes artistas, conforman el recorrido por la Colección permanente del Museo que ocupa unos 8.700 m2, distribuidos entre los dos edificios, Sabatini y Nouvel, que sirven para acoger más 1000 obras en un discurso que arranca con la modernidad y llega hasta nuestros días.
   La instalación de la Colección contextualiza los distintos momentos artísticos en la historia y cultura material de los siglos XX y XXI. No está ordenada de una forma lineal; la obra de los artistas no aparece necesariamente agrupada y tampoco el recorrido es estrictamente cronológico.
   El espectador se enfrenta a micronarraciones, cosmologías que le ayuden a entender y a relacionar unas obras con otras, teniendo en cuenta lo que en cada momento estaba ocurriendo tanto dentro como fuera de España.
   Para ello se intercala abundante material documental, fotografías, películas. Según señalan desde el Reina Sofía, "la intención es ofrecer una visión abierta y múltiple del arte de nuestra época, haciendo hincapié en la transversalidad de los discursos y en el papel del espectador como artífice de los mismos".

El Estado recaudaría 1.800 millones al año con el cobro de peaje en autovías

MADRID.- El Estado ingresaría unos 1.818 millones de euros anuales con el cobro de un peaje a todos los vehículos que realicen viajes de larga distancia por las carreteras de alta capacidad, según un estudio de la patronal de grandes constructoras Seopan.

   Este importe podría elevarse hasta un máximo de 2.250 millones de euros si la demanda fuera "insensible" al peaje, esto es, en caso de que la intensidad de tráfico no cayera tras la articulación de la tasa.
   En cuanto al importe básico de ingresos calculado por esta organización, dos terceras partes del monto total, unos 1.205 millones de euros, procederían de la circulación de vehículos ligeros.
   El 33% restante (613,5 millones de euros) provendría del cobro de la tasa a camiones y otros vehículos pesados que circulen por estas vías, según los datos del estudio de Seopan.
   Por tipo de vías, la red de autovías de primera generación dependientes del Ministerio de Fomento son las que más recaudarían, unos 898 millones de euros al año. El resto de la red de carreteras estatal aportaría 673 millones y las dependientes de las comunidades autónomas, otros 247 millones.
   En su estudio de viabilidad sobre tarificación por uso en infraestructuras de carreteras, realizado el pasado año y que incluye en su informe anual, Seopan propone cobrar sólo peaje por los tráficos de larga distancia, el sistema "menos severo de cuantos se pueden formular", según apunta.
   El cobro de los peajes se realizaría en las fronteras de las provincias, en las que, a partir de sus cálculos, se instalarían unos 67 puntos de cobro.
   En su análisis, la patronal constructora defiende la articulación de este peaje al considerar que "supondría poner en valor una parte importante del 'stock' de capital público", además de "iniciar un proceso de convergencia hacia la representatividad que las autopistas de peaje tienen en la red de alta capacidad de otros países europeos".
   Asimismo, considera que los ingresos extrapresupuestarios que generaría este peaje permitiría "recuperar y estabilizar el peso de la inversión pública respecto al PIB", actualmente en mínimos históricos de entre el 1,4% y el 1,7%.

Turespaña privatizará la gestión del Palacio de Congresos de Madrid en 2013

MADRID.- El Instituto de Turismo de España, Turespaña, tiene la intención de privatizar la gestión del Palacio de Congresos de Madrid, dependiente de la institución, con el objetivo de ahorrar costes, un proceso que prevé completar a principios de 2013, según informaron fuentes del sindicato mayoritario de funcionarios CSI-F.

   El director general de Turespaña, Manuel Butler, trasladó a los representantes de los trabajadores los planes del Instituto en relación con el Palacio de Congresos de Madrid en un encuentro que tuvo lugar esta mañana, al que asistió el secretario general de Turespaña, Ignacio Valle, y el director del Palacio de Congresos, Magi Castelltort.
   Con esta medida, Turespaña quiere emular el modelo europeo que se sigue en otros países de Europa, y ahorrar los costes del centro público perteneciente al Instituto --organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Turismo--, para lo que tendrá que sacar a concurso su gestión.
   Según las mismas fuentes, los 38 trabajadores afectados, fundamentalmente personal administrativo y de servicios de mantenimiento (carpinteros, electricistas, etc..), tendrán la opción de subrogarse a la empresa adjudicataria del futuro concurso o quedarse como trabajadores públicos dependientes de Industria, pero sin destino todavía.
   No obstante, Turespaña no ha trasladado a los representantes de los trabajadores la cuantificación de dichos ahorros.
   La dotación presupuestaria de Turespaña durante 2012 se ha reducido un 36,3%, hasta los 97,88 millones de euros, frente a los 153,76 millones de euros con los que contó en 2011.
   La institución estudia también fórmulas de colaboración público-privadas en las oficinas de turismo en el extranjero como parte de un plan de reestructuración del organismo.
   Desde el sindicato CSI-F han mostrado su rechazo a dicha medida, por considerar que el ahorro en costes no será significativo, para una infraestructura que emplea a 38 trabajadores pero que cuenta con contratos para la celebración de eventos y congresos hasta 2018.
   El Palacio de Congresos de Madrid, decorado en su fachada principal con el famoso mural de Joan Miró, lleva más de tres décadas organizando congresos y una referencia clave en el mercado del turismo de reuniones en España y en la capital.
   Su actividad principal es alquilar sus instalaciones para congresos, reuniones y exposiciones, así como la prestación de servicios dirigidos a la organización de eventos.
   Cuenta con un auditorio para 1.909 delegados, salas de reunión para un máximo de 400 personas, y una superficie destinada a exposiciones de más de 3.000 metros cuadrados.

El Gobierno dejará el IVA del turismo en el 8%

MADRID.-   El Gobierno mantendrá el IVA del sector turístico en el 8% actual, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo balear tras reunirse con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

   Después del encuentro que han tenido lugar en la sede del Ministerio, el presidente balear ha explicado que el titular de Hacienda se ha mostrado "sensible" ante la petición de mantener el IVA reducido al sector turístico y ha recalcado que esta medida será "muy positiva" para le economía.
   Bauzá ha planteado al ministro los inconvenientes que tendría para el sector turismo aplicar a estos servicios el IVA general, del 18 por ciento. "Es una amenaza para Baleares modificar el IVA turístico porque implica dejar de ser competitivos y estar por detrás de otros países. Supondría un agravio", ha explicado.
   "Si se aumenta y se pone como IVA general sería imposible, encarecería nuestros productos y supondría una pérdida de entre 1,5 y 2 millones de turistas, así como la pérdida de entre 20.000 y 25.000 puestos de trabajo", ha argumentado.
   En este sentido, el presidente balear ha considerado "positivo" que el Gobierno central haya recogido esta petición porque el turismo "debe ser la salida de la crisis para Baleares".

Beteta avisa a las CCAA que incumplan el déficit que podrían ser intervenidas

BARCELONA.-   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha confiado en el compromiso de todas las comunidades autónomas para cumplir el objetivo de déficit de este año, pero ha aseverado que "cualquier riesgo de incumplimiento debe ser atajado de raíz" para corregirlo, con medidas de la Ley de estabilidad que se empezarán a aplicar dentro de un mes y en las que se incluye la intervención.

   En una ponencia sobre la financiación autonómica en el curso 'La economía catalana a debate' organizado por UIMP Barcelona Centro Ernest Lluch, ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves se tratará el nivel de déficit de las autonomías para este año con los datos de que dispone el Estado.
   Ha concretado que si en un mes se confirman desviaciones en las cuentas hasta junio (primer semestre) de algunas autonomías, el Gobierno podrá empezar a aplicar las medidas de la Ley de estabilidad presupuestaria --"si fuera menester, que ojalá no lo fuera"--, entre las que se incluye la intervención de las autonomías incumplidoras.
   Beteta ha expuesto que es un momento de responsabilidad para las comunidades autónomas, de austeridad, y es el momento "para eliminar todo lo superfluo".
   Ha argumentado que los mercados han reflejado que parte de los problemas de España radican en las comunidades autónomas, y que por ello se debe extremar la prudencia y el control de las cuentas públicas para cumplir con una cifra de déficit que es "inalterable, invariable y exigible".
   Ha incidido en que la ley de estabilidad presupuestaria obliga a la responsabilidad y al cumplimiento, de forma que nadie gaste más de lo que tiene, norma básica cuyo seguimiento se había convertido en poco habitual en las administraciones.
   Ha recordado el leve incremento del presupuesto para las autonomías en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, lo que es "prueba palpable del compromiso con las autonomías".
   Ha añadido que el plan de pago a proveedores suma más de 2.020 millones de euros para Cataluña, para pagar a 1.121 autónomos, 4.296 pymes y 286 grandes empresas: "Esto son hechos, y el resto son palabras", ha aseverado.
   También ha repasado que la liquidación del año 2010 del Estado hacia Cataluña ha sido superior a la de 2009, y ha asegurado que la financiación para Cataluña cumple los criterios del Estatut, documento sobre el que ha señalado que también recoge la solidaridad interterritorial.
   Ha afirmado que el nuevo sistema de financiación de 2009 ha dado más recursos a Cataluña respecto a la media, en un contexto de caída de recaudación, con una mejora del 17% respecto al modelo anterior, con 5.500 millones de financiación adicional de 2009 a 2011.

Cospedal critica el incremento de un 20% en 10 años de empleados públicos

MADRID.- La secretario general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este lunes que van a ser necesarios "más esfuerzos" para cumplir el déficit en las administraciones públicas, a pesar de que el "margen de austeridad" empieza a ser "pequeño", y ha arremetido contra el incremento en los últimos 10 años de los empleados públicos en 440.000 personas, un 20 por ciento, en el conjunto del país. "No es normal ni sostenible", ha dicho.

   En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Cospedal ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas han hecho "un ejercicio importante de contención del gasto", pero ha advertido de que puede ser necesario uno mayor porque ellas también son Estado y es España en su conjunto la que debe cumplir un objetivo de déficit. A ello se sumarán también los nuevos ajustes que el Gobierno va a anunciar en los próximos días, ha dicho, y que el PP apoyará sin fisuras aunque no le gusten.
   Será el caso del IVA, cuya subida en 2010 llevó a los 'populares' a organizar una campaña en contra, ha reconocido Cospedal. Si el PP estuvo "radicalmente en contra" entonces fue porque esa medida no siguió a "ningún ejercicio de austeridad", que sin embargo hoy considera que sí se ha hecho. Y ha vuelto a decir que es la "herencia" de la "nefasta gestión" de los gobiernos del PSOE la que exige estas medidas.
   Dicho esto, María Dolores de Cospedal ha recordado que este jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el grado de cumplimiento de los planes de ajuste que han aprobado. Ha reconocido que la "inmensa mayoría" de las CCAA ha hecho un "gran esfuerzo de austeridad", pero deberán hacer más si es necesario. "Somos parte del Estado y el objetivo de déficit de España se cumple si cumple el Gobierno y cumplen los gobiernos y las administraciones de las Comunidades y esto tiene que quedar meridianamente claro", ha recalcado.
   En este contexto de crisis, la secretaria general del PP ha arremetido contra el incremento del número de empleados públicos en 440.000 personas, "una situación que hay que encarar y tomar medidas", aunque no ha precisado cuáles. El crecimiento en los últimos 10 años "no es normal" y tampoco, ha añadido, la confusión de competencias que existe entre unas administraciones y otras.
   Como argumento, Cospedal ha explicado que las administraciones públicas "no tienen como función ser agencias de colocación, para eso no pagan los ciudadanos sus impuestos", y deben dedicar el dinero público a "ayudar" a quienes sí deben crear puestos de trabajo: empresas y autónomos. "Es lo que se está tratando de encauzar desde el Gobierno de España y desde muchas Comunidades Autónomas", ha dicho.
   La secretaria general ha defendido en esta misma línea la reforma municipal que está preparando el Gobierno y que deberá limitar las competencias de las administraciones locales, con la consiguiente reducción de consistorios y de cargos.
  A su juicio es "elevadísimo" el número de concejales, que se solapan con diputados provinciales y otras estructuras institucionales. "Existen más de 8.100 municipios, con una media de 5.000 habitantes por municipio, cuando en países semejantes la media duplica o triplica esta cantidad. Es un tema que tenemos que abordar", ha insistido.

El Gobierno podría fijar nuevos objetivos de déficit a las CC.AA.

EL ESCORIAL.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha abierto la puerta a la posibilidad de que el Gobierno fije nuevos objetivos de déficit a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este jueves.

   Así lo ha señalado Montoro en el curso de verano de la Universidad Complutense 'Emprendedores autónomos: creadores de empleo', donde ha explicado que el Gobierno va a determinar los objetivos de déficit en funcion de lo que se marque en el Ecofín que se celebra mañana en Bruselas.  
   En la reunión del jueves, además de tratar las conclusiones del Ecofín, que previsiblemente concederá un año más a España para cumplir la consolidación fiscal, se evaluará la aplicación de los planes económico-financieros aprobados en abril para garantizar la consecución de los objetivos de 2012.
   Además, se analizará la regla de gasto que utilizarán la Administración Central y las autonómicas para fijar sus límites de gasto no financiero de cara a los presupuestos del año que viene, una de las novedades que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   En este contexto, el ministro ha considerado "importante" la reunión porque será la primera vez que las comunidades presupuesten con techos de gasto y porque es "necesario" para garantizar el compromiso de las regiones con la reducción del déficit público.

La CSI-F critica que el Gobierno tenga a los funcionarios en su "punto de mira"

MADRID.- El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno haya situado a los empleados públicos "en el punto de mira", y ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ningún empleado público se va a negar a que se evalúe su trabajo o productividad.

   Borra ha lamentado que cada vez que se anuncian noticias negativas para la economía española salgan a colación los empleados públicos, ahora con la posible eliminación de una de sus pagas extraordinarias, más horas de trabajo y mecanismos para evaluar su desempeño.
   El dirigente sindical ha recordado que en 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público que firmó el Gobierno socialista con los sindicatos, ya se contemplaban estos mecanismos de evaluación. Sin embargo, este tema aún está pendiente de desarrollo.
   Borra ha recordado que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.
   Sobre la afirmación de Montoro de que no conviene tener la idea de que con aprobar una oposición "se tiene todo hecho", Borra ha declarado que lo que se gana al superar un proceso selectivo es el derecho a un trabajo. "A lo mejor habría que pasar oposiciones para ser político", ha replicado.
   Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es "tan dramática" que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. "Se necesita el acuerdo de todos", ha precisado.

Malos tiempos para el funcionariado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, había avanzado hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.
   Así lo ha señalado Montoro, quien ha asegurado que su tarea como ministro de Hacienda es disciplinar a las administraciones públicas.
   En este sentido, ha indicado que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".
   "Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica a el régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer", ha dicho, tras explicar que como ministro es el "director de orquesta" que tiene que hacer cumplir a las administraciones.
   En cambio, el ministro no ha querido decir si el Gobierno se plantea también eliminar los moscosos, los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, y ha insistido en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.
   Por otro lado, ha admitido que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con "más peso" para que ver cuáles son productivos y para que la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.