miércoles, 29 de junio de 2011

López Carbajo espera la "máxima colaboración" de las CC.AA. en el próximo Consejo de Política Fiscal

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que espera la "máxima colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará el Gobierno a finales del mes de julio.

   En declaraciones a los medios tras su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, López Carbajo ha aseverado que hay una "mayor sensibilidad y compromiso" en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit. "En un año y pico ha cambiado mucho la percepción", ha subrayado.  
   De la misma forma, ha adelantado que algunos de los planes de reequilibrio que quedaron pendientes de aprobación en la anterior reunión del CPFF están "prácticamente debatidos y aprobados", como es el caso de Andalucía, aunque otros, como el Cataluña o Andalucía, no están tan cerca.
   Sobre cómo se comportarán los impuestos en el futuro, López Carbajo ha admitido que la recaudación de IVA se moderará a partir de julio por la desaparición del 'efecto escalón' que proporcionaba la subida de tipos, aunque mejorarán otras cosas como el turismo.
   El Impuesto de Sociedades, por su parte, mejorará gracias al impulso que quiere dar el Ministerio a la gestión de este tributo, con la que esperan que el impuesto funcione mejor en las grandes empresas.
   Durante su intervención en la Comisión, Carbajo ha confiado en que los ingresos cierren el año mejor de lo previsto y ha recordado que el año pasado acertaron a pesar de que se les acusó de hacer previsiones "exageradas".
   "Se cumplieron (las previsiones)", ha señalado al diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte, que ha advertido al nuevo secretario de Estado que tiene una "dificilísima tarea" por delante par consolidar las cuentas.
   López Carbajo ha asegurado que el Estado va "bien" en el proceso de consolidación fiscal porque ha hecho "un gran esfuerzo", aunque ha rechazado las críticas de los que acusan al Gobierno de culpar a las comunidades del déficit. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, tras asegurar que se considera a sí mismo "poco sospechoso" de una acusación de ese tipo.
   En esta misma línea ha contestado al portavoz de CiU, Pere Macías, que ha criticado el "mal comienzo" de López Carbajo como secretario de Estado al intentar dar lecciones a las autonomías. "No se lo vamos a admitir, de ninguna de las maneras", ha espetado Macías a López Carbajo.
   "Ni cogiendo el rábano por las hojas se puede llegar a esa conclusión", ha respondido el 'número dos' del Ministerio de Economía, quien ha explicado que sólo ha dicho que el esfuerzo lo tienen que hacer todas las administraciones, cada una asumiendo la responsabilidad que le corresponde.
   En este sentido, López Carbajo ha reiterado que todos tienen que hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit público al 6% este año, una tarea "nada sencilla" que exige un "sacrificio conjunto".
   Por otro lado, López Carbajo ha rechazado que haya sido el Estado el que ha elevado el saldo negativo de las comunidades con algunas decisiones, ya que también ha tomado otras medidas que han permitido a las regiones reducir sus gastos, como la rebaja salarial de los funcionarios, una medida que ha beneficiado, en sus dos terceras partes, a las comunidades.
   Sobre si las regiones aún tienen margen para contener el gasto, López Carbajo se ha limitado a recordar que el gasto en educación, sanidad y servicios sociales ronda el 60%, por lo que queda un 30% que se puede revisar.  
   "Las reglas de gasto son buenas en estos momentos", ha indicado, tras rechazar una vez más la posibilidad de que el Gobierno plantee una nueva subida de impuestos para mejorar los ingresos, tal y como dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, el pasado viernes. "Es la política del Gobierno", ha añadido.

Rato, Olivas y Verdú percibirán una remuneración anual máxima de 10,15 millones de Bankia

MADRID.- Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia, recibirán una remuneración anual total de un máximo de 10,15 millones de euros, según consta en el folleto de la oferta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   De esta remuneración total para el presidente, el vicepresidente y el consejero delegado de la futura cotizada, la parte fija ascenderá a 4,08 millones de euros y la parte variable hasta un máximo de 6,076 millones de euros.
   La remuneración total para los 32 directivos de la sociedad, incluyendo a los consejeros ejecutivos y al resto de altos directos y directivos, ascenderá a un máximo de 24,19 millones de euros, compuesta de una parte fija de 13,49 millones de euros y de una parte variable total de hasta un máximo de 10,69 millones de euros.
   En lo que respecta a la remuneración anual estimada de los consejeros de Bankia por su pertenencia al consejo, asciende a un total de 1,78 millones de euros. De este importe, la remuneración correspondiente a Rodrigo Rato asciende a 196.000 euros y la de Olivas a 156.000 euros, mientras que la de Verdú es de 36.000 euros.
   Además, los consejeros tendrán derecho a percibir una retribución complementaria por un importe equivalente al 20% del total global que le corresponda en acciones de Bankia.
   Los consejeros ejecutivos y el resto de altos directivos y directivos tendrán también un derecho contractual a recibir derechos pasivos, esencialmente planes de pensiones o instrumentos de ahorro ligados al retiro o jubilación, por un importe total de 2,9 millones de euros, de los que 1,265 millones de euros corresponden al presidente, al vicepresidente y al consejero delegado.

Bankia debutará en Bolsa el 20 de julio

MADRID.- Bankia debutará en Bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según el folleto de la oferta de venta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Esta horquilla de precios para la salida en Bolsa de Bankia, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran  Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.
   Bankia ofrece un total de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opcion de compra ('green shoe'), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros.
   La oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe', lo que permite a las cajas fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada.
La oferta se dirige en un 40% a inversores institucionales y en un 60% a particulares.
   De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14.

Un grupo de acampados se niega a abandonar la plaza Cataluña de Barcelona

MADRID.- Un grupo de acampados ha asegurado que se niega a abandonar la plaza Cataluña de Barcelona y que desmiente "categóricamente la supuesta negociación legítima" con representantes del Ayuntamiento.

   Este grupo ha leído un comunicado ante los medios en el que se afirma que la propuesta de desmontar el campamento a cambio de un módulo de 4x2 metros no responde "a las necesidades de lucha actividades y comunicación de la plaza y del movimiento 15M".
   Han explicado que el comunicado está colgado en la página web del movimiento, aunque la dirección no se corresponde a la de 'acampadabcn' donde se colgaba la información de los 'indignados' desde el primer momento.
   Tras el comunicado, uno de los acampados ha subido al camión de la limpieza donde otros acampados habían depositado basuras y resto de infraestructura para descargarlos.
   Otro grupo ha vuelto a subir al convoy parte de lo descargado en una muestra de las diferencias de opiniones que se viven en la plaza.

CiU propone que el Tesoro avale y gestione las emisiones de deuda de las comunidades autónomas

MADRID.- El grupo parlamentario CiU ha propuesto al Gobierno que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas, autorizadas en función del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y los límites de endeudamiento que se establecen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Como el Tesoro lo pagamos todos, queremos que avale las emisiones", ha señalado portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que "no es de justicia" que los ciudadanos paguen los diferenciales.
   En materia laboral, el grupo catalán también insta al Gobierno a introducir nuevos incentivos para la generación de empleo como una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.
   En esta misma línea, propone aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año y para su primer asalariado, al tiempo que se inclina por extender las bonificaciones para el mantenimiento de la ocupación a los trabajadores mayores de 55 años.
   Por otro lado, invita a revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial para conseguir más flexibilidad en la organización de la jornada, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.
   En el ámbito de la negociación colectiva, CiU pide facilitar una mayor vinculación entre sueldos y productividad, mejorar las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas, la mejora de las herramientas para combatir el absentismo y la reformulación de las mutuas.
    De la misma forma, resalta la necesidad de clarificar la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales, así como las partes que continúan vigentes en la fase de ultraactividad, al tiempo que apuesta por revisar los plazos de prórroga de los convenios en situaciones excepcionales y por facilitar el descuelgue de las pymes que así lo requieran.

El ayuntamiento de Madrid propone integrar el IBI en el IRPF para tener en cuenta la renta

MADRID.- El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha avanzado este miércoles durante el Pleno municipal que su Grupo presentará una propuesta para integrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que tenga en cuenta la capacidad de renta de cada contribuyente sin perjudicar a la recaudación.

   Según el edil, la idea sería adjudicar a cada inmueble una renta teórica, adicional a la que hoy se aplica exclusivamente en IRPF a los inmuebles no arrendados y que no sea la vivienda habitual. Cada ayuntamiento podría después aplicar un gravamen a los inmuebles (fijando una horquilla de mínimo y máximo), y el importe sería retenido de forma mensual con el IRPF.
   "Esta renta teórica de cada inmueble podría ser gravada, por ejemplo, al tipo medio del IRPF del contribuyente y el importe resultante iría destinado en su integridad al municipio correspondiente; o, si se prefiere, podría gravarse con una tarifa especial", ha puntualizado Bravo.
    Así, se tendría en cuenta la capacidad económica, nivel de ingresos y circunstancias personales y familiares de los contribuyentes, sin perder capacidad de recaudación, ya que las personas jurídicas quedarían fuera de esta modificación, con lo que los cobros del IBI a grandes empresas no se vería alterado.
   Además, la medida permitiría ahorrar costes de gestión, se integraría el IBI en "un tributo que tiene en cuenta la capacidad económica y circunstancias personales y familiares" de cada contribuyente, y se mejoraría la tesorería mensual de los municipios, además de disminuirse la presión fiscal indirecta. Asimismo, se facilitaría el pago al ciudadano, al hacerse vía retención.
   "No hay nada más justo que esto", ha zanjado Bravo, que ha manifestado su satisfacción con la buena acogida que esta propuesta ha tenido en las filas de IU, cuyo portavoz en materia de Hacienda, Jorge García Castaño, ha aplaudido la posibilidad de estudiar esta línea de trabajo que podría permitir "recaudar más y más justamente".
   Por otra parte, Bravo también ha anunciado que el Ejecutivo municipal estudiará "la posibilidad de articular, vía gasto, una línea de subvenciones para compensar un porcentaje de los casos de capacidad económica más baja que son poseedores de una vivienda".
   "La Agencia Tributaria trabaja en un sistema que compense, vía subvenciones y con una dinámica similar a la de la Tasa de Basuras, el IBI a partir del año próximo. No será con bonificaciones porque no se pueden articular en la ordenanza, dado que no están previstas en la Ley de Haciendas Locales. Es un parche, pero es lo único que podemos hacer", ha puntualizado.
   Por otra parte, Bravo también ha tenido que defender la subida del IBI a través del incremento del valor catastral que se verificará en la capital a partir del próximo ejercicio. Así, ha recordado que tras diez años desde la entrada en vigor de la última ponencia de valores, es "obligatorio" para todos los consistorios acometer la revisión, y ha señalado que el incumplimiento de esta obligación por parte de otras corporaciones, "con la pasividad de la Dirección General del Catastro, no es problema de este Ayuntamiento".
   A renglón seguido, el concejal también ha recordado que ayuntamientos socialistas como Parla, Getafe, Fuenlabrada o Collado Villalba también han reclamado la revisión de los valores catastrales entre 2009 y 2010, criticando así al "doble vara de medir" del PSOE según en qué institución se encuentre.
   Finalmente, con respecto a este punto, Bravo ha explicado que si la Dirección General de Catastro no está cumpliendo con su obligación e iniciando de oficio las revisiones castastrales es porque "no tiene recursos para hacerlo en los más de 8.000 ayuntamientos de España".
   Por otra parte, el delegado ha señalado que el PP ha pedido en reiteradas ocasiones una modificación del marco legal de gestión de los impuestos como el IBI para dar a los consistorios capacidad y autonomía para crear un IBI social que "introduzca la posibilidad de hacer tipos progresivos en función del valor catastral, tener en cuenta la capacidad económica según la Declaración de la Renta y hacer bonificaciones". "Pero no hemos conseguido que el Gobierno asuma esa reforma legal", ha reprochado.
   Por ello, el Ejecutivo local se ve obligado a "aplicar la ley" y ha rechazado propuestas como la planteada por UPyD de que se reduzca el tipo impositivo (sobre el que sí puede actuar) para amortiguar el efecto de la revisión catastral en el importe que deben abonar los madrileños.
   Y es que, según Bravo, una vez llegados al suelo mínimo de tipo impositivo que permite la ley, el Ayuntamiento se quedaría sin posibilidad de acción en este punto y además habría perdido 50 millones de euros tan solo en el primer año.
   Sin embargo, los tres grupos de la oposición se han manifestado en contra de la subida del IBI. Así, la portavoz socialista en la materia, Noelia Martínez, ha pedido la "paralización" de la revisión de valores y ha exigido a Bravo que asuma su "responsabilidad" con respecto a la "elevada presión impositiva a los madrileños", ya que "es potestad del Ayuntamiento solicitar tras diez años" la revisión de los valores.
   Por su parte, Castaño ha considerado que "congelar el IBI supone menguar los recursos para el Ayuntamiento, beneficiando más a quienes más tienen, que dejarían de pagar tanto", por lo que ha reclamado "bonificaciones durante los tres primeros años de la reforma", así como "subvenciones directas para las rentas más bajas y los sectores más vulnerables, compensando los ingresos mediante un incremento del tipo para otros usos no residenciales".
   "Se trata de buscar fórmulas que intenten que el impacto de la subida lo sufran menos los sectores más vulnerables mientras sube la recaudación para el Ayuntamiento", ha insistido.
   Por último, el portavoz de UPyD, David Ortega, ha considerado que "no es aceptable" que el IBI se haya "multiplicado por cinco" y la presión fiscal que sufren los madrileños haya crecido un "500%", por lo que ha propuesto la "congelación del IBI" mediante la congelación o reducción del tipo impositivo.
   Como los socialistas, Ortega también ha recordado la "responsabilidad" en la aprobación del incremento catastral que tiene el Gobierno municipal, que "debe dar un informe favorable" a la ponencia de valores, y ha defendido que "la congelación del IBI se puede llevar a cabo con políticas de contención y ahorro en otras partidas".

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".
   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".
   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.
   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

Valeriano Gómez: nada impide invertir la 'hucha de las pensiones' en deuda autonómica

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en deuda autonómica, si bien ha apuntado que "no le consta" que el consejo rector de la 'hucha de las pensiones' esté estudiando esta posibilidad en estos momentos.

   El ministro se ha referido en estos términos a la reclamación planteada por CiU aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones para hacer explícita esta posibilidad, así como para dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación del Fondo, algo que Gómez considera que "es más difícil".
   Dicha Comisión está compuesta actualmente por el secretario de Estado de la Seguridad Social y representantes del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, de los distintos sindicatos y cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
   CiU, que presentó su propuesta en una enmienda al proyecto de Ley de reforma de las pensiones, la retiró en la votación en Comisión del pasado lunes tras pactar un paquete de medio centenar de enmiendas con el PSOE entre las que destacan varias que permiten la entrada de las mutuas de las comunidades y el traspaso a éstas de los centros sanitarios que gestionan, aunque seguían siendo patrimonio de la Seguridad Social.
   En cualquier caso, Gómez ha recordado que la inversión del Fondo ya se destina a deuda pública y que el único cambio en la ley que regula el Fondo sería necesario en el caso de invertir en deuda privada, una idea que el Ejecutivo barajó hace años pero que abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  
   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.
   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.
   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.
   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  
   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.
   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.
   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.
   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.
   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".
   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

Salgado: "Creo que lo que tienen que hacer las comunidades es cumplir"

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en este momento es cumplir con el límite de déficit que se ha fijado, situado en el 1,3% del PIB.

   Así lo ha señalado Salgado en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación al ser preguntada por la última advertencia de la agencia de calificación crediticia Moody's sobre la posibilidad de rebajar el rating a algunas comunidades autónomas.
   Moody's ha asegurado que si las comunidades no dan nuevos pasos para lograr una mejora sostenible en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones.
   La agencia considera probable que varios gobiernos regionales superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al excesivo optimismo de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.
   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  
   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".

El ICO pagará la deuda de los ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo durante el debate del estado de la nación.

El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendiente y la morosidad.