lunes, 28 de noviembre de 2011

Gallardón propone analizar qué administración presta mejor los servicios antes de atribuir competencias

MADRID.- El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto este lunes durante su comparecencia ante la comisión de duplicidades de la Asamblea de Madrid que se realice un estudio técnico sobre qué administración presta mejor cada servicio antes de definir quién se queda con cada competencia, y también ha reclamado que este reparto vaya acompañado de la financiación adecuada.

   Así, Gallardón ha pedido que se haga un "análisis pormenorizado" y con "flexibilidad" para el caso concreto de cada corporación local, ya que no cree que se pueda dar una "solución paraguas" para todos los municipios de la región, que tienen diferentes realidades tanto en población como en servicios prestados; y que este estudio vaya acompañado de "voluntad política" para "atribuir competencias a la administración con mayor garantía de eficacia en la gestión".
   "Debemos interrogarnos sobre la eficacia de la existencia de dos, y hasta tres, redes de servicios administrativos para prestar un servicio público. Eso requiere un análisis técnico y voluntad política entre los distintos gobierno. Un servicio debería calificarse como duplicado cuando exista para un mismo servicio o prestación y para el mismo fin social dos o más administraciones que lo prestan de forma directa sin razones jurídicas, técnicas o sociales que lo justifiquen", ha definido, poniendo como ejemplos de este fenómeno lo que sucede en materias de vivienda, agencias públicas de alquiler, educación infantil, centros de día para mayores o bibliotecas, entre otros.
   Así, para distinguir cuándo se dan estos supuestos "hace falta un análisis pormenorizado" de cada caso ateniendo, "como está previsto en la propia ley, al principio de diferenciación", ya que "no son lo mismo los grandes municipios que los pequeños".
   Porque, a su entender, en juego no está una "batalla entre la Comunidad y los ayuntamientos para ver quién tiene más competencias y más poder político". "Al contrario, en estos momentos somos todos muy conscientes de que los ayuntamientos no queremos más poder político, y que no estamos dispuestos a tener ni una sola competencia más si no va acompañada de la aplicación del principio de suficiencia financiera".
   Como segunda pata de esta solución, el primer edil madrileño ha reclamado un "análisis" de las herramientas de coordinación, cooperación y participación entre administraciones públicas que actualmente existen para evitar este tipo de solapamientos, señalando como ejemplo el "reciente fracaso en la coordinación para la aplicación de la Ley de Dependencia".
   Además, también ha reclamado que, más allá de un acuerdo entre gobiernos, se produzca "un acuerdo político" que "dé continuidad en el tiempo" a esta necesidad de clarificación. "No bastamos los ayuntamientos y las comunidades autónomas, necesitamos a las Cortes Generales", ha dicho, recordando que también hay solapamientos en otros servicios estatales como la seguridad y que son necesarios cambios normativos para permitir esta reordenación de competencias y para mejorar la financiación local.
   "En resumen: hay que estudiar caso por caso. La soluciones no tienen que ser necesariamente homogéneas, y sin la información técnica adecuada a la realidad de cada corporación será difícil una solución paraguas que lo resuelva. Y también hace falta voluntad política desde las administraciones públicas para resolver definitivamente este problema: una definición clara de la responsabilidad que tienen que tener la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ha señalado.
   Esto hace imprescindible que el Estado cumpla con su "asignatura pendiente" de "regular las legalmente corporaciones locales conforme al siglo XXI y no con una concepción derivada del estatuto municipal, que está anclado en el siglo XIX".
   Y no sólo se ha referido el alcalde madrileño al reparto competencial, sino que también ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos participen en los presupuestos del estado con "corresponsabilidad fiscal". "No creo que sea bueno tener asignaciones fijas; tenemos que ir a un sistema en el que seamos responsables de cómo invertimos los recursos", ha puntualizado.
   Además, el regidor capitalino también ha hecho un análisis de cómo, a su juicio, se ha llegado hasta esta situación, señalando tres razones básicas. En primer lugar, un sistema jurídico constitucional "muy complejo" que "promueve la existencia de competencias compartidas o concurrentes" en algunas materias.
   En segundo lugar, la "muy mala calidad normativa en regulación de competencias municipales" que tiene España, con una ley básica que "no es una buena ley" ya que "no limita con carácter definitivo las competencias de los gobiernos locales" sino que "tiene un complejo listado que mezcla materias muy amplias" mientras se mantiene la "carencia en el sistema de financiación".
   Y además la existencia de unos medios de coordinación y participación para "posibilitar la adopción de decisiones" en materias compartidas por varias administraciones que no funcionan en un estado cada vez más descentralizado hacia arriba (UE) y hacia abajo (comunidades autónomas).
   "Sumemos a esto que desde que se aprobó la normativa local han surgido fenómenos muy importantes (inmigración, nuevos servicios sociales por el incremento de la esperanza de vida y la dependencia, mayor concentración urbana, existencia de servicios y prestaciones locales con muy alta demanda social que no estaban en nuestro lenguaje cotidiano cuando se aprobó la normativa", ha matizado.
   Con el pasar del tiempo, la solución a este problema se ha ido "aplazando" y ahora, con la crisis económica, es preciso darle una solución bajo los criterios de "austeridad, transparencia y eficacia". "El reparto concreto tiene que tener criterios de eficacia: que el que pueda prestar el servicio mejor sea quien asuma esa responsabilidad. Es la escala más eficiente. Tenemos que determinar para cada servicio cuál es el escalón territorial más adecuado, teniendo siempre en cuenta la carga financiera", ha insistido.
   Así, para Gallardón con esta comisión de duplicidades a la Comunidad de Madrid se le abre la oportunidad de ser "pionera en España" en este asunto del que dependerá "la viabilidad de los distintos ayuntamientos". "Si esta comunidad autónoma consigue llegar a un acuerdo de racionalización de competencias, de aumentar la eficacia desde los principios de transparencia, eficiencia y austeridad, habremos dado una ejemplo formidable que será seguido por muchas otras corporaciones locales", ha pronosticado.
   "Independientemente de ese paquete legislativo que habrá de abordarse en la próxima legislatura (por el Gobierno central), el papel fundamental corresponde a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales. Y nosotros tenemos una extraordinaria oportunidad de situar a Madrid por delante en el liderazgo de lo que habrá de ser una reordenación administrativa en toda España", ha concluido Gallardón.

Lissavetzky romperá con el Ayuntamiento por no contar con la oposición para las competencias

MADRID.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha advertido este lunes de "un antes y un después", incluso una "ruptura" en las relaciones con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por el tratamiento dado a la oposición en la cuestión de las competencias impropias y si los 'populares' no aceptan la comisión no permanente que propondrá en Pleno para estudiar el asunto de las duplicidades.

   Minutos antes de que Gallardón iniciase su comparecencia en la comisión de duplicidades que se está llevando a cabo en la Asamblea, el socialista ha tachado de "poco inteligente" que el regidor en este asunto "no haya tenido en cuenta la opinión de la oposición".
"Si hay que ir a la Asamblea para enterarse de lo que piensa el alcalde pues se va", ha señalado Lissavetzky, visiblemente molesto.
   En rueda de prensa, el portavoz socialista ha comparado la situación del cambio en la arquitectura municipal, cuando el Gobierno no se ha acercado a la oposición, con otros asuntos, como la candidatura olímpica. "Entonces los teléfonos sonaban sin cesar para conocer nuestra postura", ha recordado después de añadir que el reparto de las competencias supone "una cuarta parte del presupuesto del Ayuntamiento".
   "Me da igual que (Gallardón) esté con la cabeza en otra parte, no se puede hacer esta marginación a la oposición", ha remachado tras añadir que con esta actitud no queda nada del discurso de "entendimiento" del que hizo gala el primer edil en la investidura de junio.
   El concejal ha lamentado que de algunos asuntos, ya sea el reparto de Metro, de las escuelas infantiles o de las bibliotecas, se han enterado a través de los medios de comunicación. Es por eso que ha advertido de una posible ruptura de relaciones --de la que quedarían excluidos los acuerdos sobre empleo-- "por el tratamiento que (el Gobierno) está teniendo con la oposición".
   Por otro lado, Lissavetzky ha alertado de una posible subida en las tarifas del Metro o pérdida de calidad al ser una competencia que quedará totalmente en manos de la Comunidad. "Cuando decíamos lo del 'catastrazo' nadie nos creía, por eso anuncio que no me extrañaría un 'tarifazo'", ha advertido.
   Y es que, con el proyecto de presupuestos municipales en la mano, se puede comprobar la rebaja en 159 millones de la subvención que hacía el Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes para financiar el Metro aunque en las cuentas de la Comunidad "no está" dicha cantidad. "No figura en los presupuestos de la Comunidad y hay una menor subvención (municipal), por lo que eso lleva a una bajada de la calidad o a una subida de los precios", ha apostillado.
   Lissavetzky, por otra parte, ha anunciado que el PSOE ha puesto en manos de la justicia la decisión del equipo de Gobierno de no permitir la comparecencia del presidente de Metro y delegado de Hacienda, Juan Bravo, en el Pleno de septiembre, donde querían que explicase para dar cuenta de la situación económica de la empresa. Los socialistas dan este paso para evitar que el Ayuntamiento se convierta en un "cortijo a la hora de tomar decisiones".

Aguirre estudiará medidas para evitar encarecer "artificialmente" el suelo

TORREJÓN DE ARDOZ.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado este lunes que va estudiar todo tipo de cambio de regulaciones a tener en cuenta con el fin de que el Gobierno regional no encarezca "artificialmente" los suelos destinados a la instalación de industrias.

   La inauguración del primer polígono industrial en Torrejón de Ardoz desde hace 20 años ha servido a la dirigente madrileña para insistir en la idea de eliminar todo tipo de trabas a los empresarios y emprendedores, "que son los que generan riqueza, empleo y prosperidad" a la hora de instalar un negocio.
   "Quiero dar las máximas facilidades para que las empresas puedan instalarse en Madrid, para que el proceso industrial se facilite aquí y para abaratar en todo lo posible el suelo sobre el que se tiene que instalar", ha señalado Aguirre durante su visita al polígono Casablanca.
   No obstante, ha indicado que los propietarios de los suelos "no se tienen que preocupar" porque esto "no quiere decir" que la presidenta quiera que los propietarios "regalen sus tierras". 
"Quiero evitar que la Comunidad encarezca artificialmente lo que es el proceso de instalación de la industria en un suelo", ha puntualizado.
   En este sentido, ha criticado que el Polígono en cuestión que ha inaugurado este lunes tenga tres carriles por cada sentido, cuando, en su opinión, dos sería suficientes y se hubiera "evitado el encarecimiento" de la superficie. "En tiempos de bonanza está bien pero en estos momentos hay que procurar que la instalación de empresas no tenga más coste que el estrictamente necesario", ha dicho.
   Según Aguirre, hay que hacer en la Comunidad de Madrid "todo lo posible" para ser "más atractivos", teniendo en cuenta, por ejemplo, que los terrenos cerca de París son algo más bajos que los de Madrid, según ha señalado la presidenta que le ha dicho hoy mismo un empresario.
   "Los lujos en los polígonos industriales tienen que terminarse y las obligaciones impuestas de donde no sea estrictamente necesario y encarezcan, hay que quitarlas", ha dicho Aguirre, quien ha explicado que le ha pedido al alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, "qué regulaciones hay que quitar para favorecer la creación de empresas".
   Las trabas y los encarecimientos son uno de los problemas que más preocupa a la presidenta madrileña. De hecho, sus conversaciones con los empresarios y propietarios del suelo del nuevo polígono se han centrado en esta cuestión. "Dime qué pesadeces y encarecimientos tienes que yo te los quito", he ha dicho al mayor propietario del suelo del polígono de Torrejón.
   Posteriormente, otro empresario se le ha acercado para explicar los problemas que se encuentran cuando entran a formar parte de una junta de compensación. "¿Cómo es posible que para adherirse un propietario a la junta de compensación tenga que poner todo su patrimonio presente y futuro?", se ha preguntado.
   En este sentido, ha indicado que si algo tiene que ver la Comunidad de Madrid en esta cuestión, la va a cambiar inmediatamente porque "no puede ser que esto sea peor que tener una hipoteca". "No solo pierdes tu suelo, pierdes todo... (esto es) otra cosa que hay que quitar", ha aseverado.
   Por su parte, el alcalde del municipio, Pedro Rollán, ha indicado que los empresarios y emprendedores van a contar con "todo el apoyo" por parte del Ayuntamiento que dirige, que está dando "todo tipo de facilidades para poner en contacto a los emprendedores con los propietarios del suelo".
   En este sentido, ha señalado que también están trabajando para "mediar en lo posible" que el suelo salga por "un precio competitivo" para poder "facilitar y tramitar todos y cada uno de los permisos y licencias", y ha explicado que se ha fijado un "timing" para que procesos administrativos como el informe de una licencia de obras esté en un plazo de 15 días.
   "No existe ningún municipio o ayuntamiento que informe más rápido, más eficaz y más eficientemente de todos y cada uno de los proyectos que se presenten para generar empleo y para poner empresas en marcha y dinamizar nuestra economía", ha considerado, al tiempo que ha pedido que todos los suelos sean sometidos a estudio por parte de los promotores "que van a encontrar facilidades".

Sanidad denuncia la 'okupación' del antiguo centro de salud de Galapagar

GALAPAGAR.- La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana ante la Guardia Civil una denuncia tras la 'okupación' del antiguo centro de salud de Galapagar, ocurrida el sábado, ha informado a través de un comunicado el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty.

   Este edificio, que pertenece a día de hoy a la Consejería de Sanidad, se encuentra en proceso de cesión al Ayuntamiento de Galapagar, y se entregará cuando se retire todo el material utilizable que quedaba en el mismo, previsto para fin de mes.
   Del mismo modo, el Ayuntamiento de Galapagar esta misma mañana va a interponer una denuncia ante los juzgados de Villalba por posible delito de usurpación de un espacio público.
   Los hechos se remontan a este sábado, cuando "unos sujetos que se dan así mismo el nombre de 'Asamblea de Galapagar'" 'okuparon' el que era el centro de salud de la localidad.
   "Los 'okupas', bajo la denominación de 'liberación de espacios públicos: Centro de Salud de Galapagar' han entrado por la fuerza para crear, según dicen ellos un centro social y desde entonces permanecen dentro organizando talleres, y actividades varias", afirma Sanidad. Según las mismas feuntes, la Asamblea "ha alardeado de su actuación ilegal colgando el vídeo de la ocupación en www.youtube.com".
   El Ayuntamiento de Galapagar ha explicado a través de un comunicado que ya se ha dado luz verde al proyecto del antiguo centro de salud de la ciudad que permitirá la creación de un total de 5 edificios de titularidad pública, entre los que destacarán una Biblioteca municipal, un Centro Cívico y Social, un nuevo Consistorio, un centro comercial y un parking público.
   "Ningún movimiento totalitario tiene la potestad para decidir el futuro de un equipamiento público como es el caso del antiguo Centro de Salud de Galapagar", aseguran fuentes municipales, que indican que "la 'okupación' es un acto ilegal que debe ser penado".
   Por ello, han advertido de que van a actuar de "forma contundente" para que así sea, "comenzando por interponer una denuncia por un posible delito de usurpación que derivará en el desalojo de los 'okupas'".
   "Lo que han hecho estos individuos es un delito, invadiendo por la fuerza unas instalaciones públicas que no sólo no están abandonadas, sino que contienen mobiliario, medicamentos y material clínico", destacan.
   "No vamos a consentir que se salgan con la suya. Es una burla a la ley y a la ciudadanía. Si quieren decidir sobre el futuro de Galapagar  tienen el sistema democrático a su disposición para crear una formación política, optar al Gobierno municipal y dejar a la decisión de los vecinos la aceptación de sus propuestas", han sentenciado las mismas fuentes.

UPyD pide el fin de las ayudas sociales del Ayuntamiento de Madrid para los concejales

MADRID.- El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, pedirá en el Pleno que los concejales y altos cargos no puedan beneficiarse de las ayudas sociales que ofrece el Consistorio en forma de ayudas económicas para el pago de ortodoncia, lentes o abono transporte para los hijos.

   Esta iniciativa sigue la estela de la "pedida y perdida" en la Asamblea, por la que UPyD reclamaba que los diputados equipararan su tributación al IRPF con la del resto de ciudadanos con el fin de eliminar los "privilegios" de los parlamentarios. La formación magenta proponía que los diputados "tributen como el resto de los mortales" y no ocurra como en la Asamblea, donde "hasta un 20 por ciento del salarios se considera gastos de transporte" y queda excluido de la tributación al IRPF.
   Sobre las ayudas sociales, Ortega ha explicado que a ellas tiene derecho en este momento "desde el último bedel hasta el más alto concejal" pero cree que en época de crisis "deben soportarla más quien más tiene" y ser "solidarios" ya que no es la misma situación la de un portavoz de Grupo, que cobra anualmente 93.000 euros, que la de un trabajador municipal, cuyo sueldo al año ronda los 30.000.
   "Tenemos que dar ejemplo. Es una propuesta para que la clase política, en el momento en el que estamos, se quite de privilegios y sea solidario al apretarse el cinturón", ha desvelado Ortega en rueda de prensa.
   También defenderán que los concejales y altos cargos paguen por los mismos servicios que el resto de la ciudadanía, lo que se traduce en que no haya acceso libre para las Ventas o tarjeta para entrar en el Club de Campo. "Decimos que sean como un funcionario más. Si un ciudadano paga por ir a las Ventas, los políticos igual, y si hay que hacer cola parr entrar en el Club de Campo ellos también", ha rematado.
   Sin embargo, el edil de la formación magenta no tiene demasiadas esperanzas de que este iniciativa salga adelante a pesar de ser una propuesta para "acercar la clase política a la ciudadanía".

Comerciantes chinos piden al Ayuntamiento de Madrid poder vender alcohol

MADRID.- Más de doscientos comerciantes chinos se han concentrado este lunes por primera vez en España frente al Ayuntamiento de Madrid para reclamar al Consistorio que les conceda la denominada 'segunda licencia', que permite a las tiendas de alimentación la venta de alcohol, y han denunciado que sufren un trato "discriminatorio" frente a otros establecimientos.

   El presidente de la Asociación de Comerciantes de Alimentación de Chinos en España, Pedro Zhang, ha asegurado que se sienten discriminados frente a otros empresarios ya que el Ayuntamiento de Madrid no tramita las solicitudes de segunda licencia de los comerciantes de origen chino y han lamentado que es una situación que repercute mucho en sus ventas.
   "Venimos al Ayuntamiento para ver si nos lo explica, porque nosotros pagamos la Seguridad Social y los impuestos. No entendemos por qué las tiendas de conveniencia sí pueden y nosotros no", ha reprochado.
   Por su parte, la Federación de Empresarios de Madrid (FEDECAM) ha reconocido que los únicos comerciantes que tienen este problema "gravísimo" en la región son los de origen "chino" y ha destacado que les resulta "imposible" que el Ayuntamiento les conceda esta licencia.
   "Los hechos son contundentes. Están siendo discriminados. En nuestra Federación sólo tenemos este problema con los empresarios chinos, los otros no", ha subrayado el presidente de FEDECAM, Alfonso Tezanos.
   En este sentido, el abogado de la Asociación de Comerciantes de Alimentación de Chinos en España, Miguel Ángel Armesto, ha relatado que hay ocasiones en las que los propietarios de establecimientos de origen chino sufren inspecciones "cada 45 minutos" con las correspondientes multas si los agentes detectan que venden alcohol sin licencia y ha remarcado que van desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros.
   "Los ayuntamientos ni tramitan ni resuelven las solicitudes, con lo que se crea una inseguridad jurídica que dicta una norma y no resuelve las solicitudes", ha zanjado. Según ha asegurado ante los medios de comunicación presentes en la protesta, únicamente un 25 por ciento de este tipo de establecimientos regentados por ciudadanos de origen chino cuentan con licencia para poder vender alcohol hasta las 22 horas.
   A partir de esta hora, ningún establecimiento está autorizado para poder vender bebidas alcohólicas. Las dificultades a la hora de conseguir estas licencias se han acentuado desde la puesta en marcha de la Ley de Drogodependencia en 2002, a partir de la cual se han admitido un uno por ciento de las nuevas solicitudes, según han denunciado.
   "Hay distritos que ni una", ha manifestado Armesto, que ha apuntado a Usera, Centro o Moncloa como las zonas en las que estos comerciantes tienen mayores dificultades para obtener una licencia para la venta de alcohol.
   Bajo una bandera china y otra española, cerca de trescientos comerciantes chinos han avanzado desde la fachada principal del Ayuntamiento en la plaza de Cibeles hasta la entrada al Consistorio por la calle Montalbán, por la que ha accedido una representación de la marcha para presentar las solicitudes. Esperan que el total de las presentadas al final de la semana alcance las 600.
   Varios comerciantes portaban pancartas que rezaban 'Gallardón, ayúdanos a integrarnos' o 'Pago mis impuestos, quiero la segunda licencia'. "Queremos la misma regla", ha dicho el vicepresidente de la Asociación de Alimentación de Chinos, Juan Carlos Zhen, que ha lamentado que a la hora de negar una licencia se han argumentado problemas de ruido, seguridad o cercanía de parques, mientras comercios similares sí que podían hacerse con un permiso.
   Así, la propietaria de un establecimiento de origen chino, Inma, ha reconocido que para el colectivo "es muy importante" que el Consistorio les conceda esta licencia en situaciones de crisis económica como en la que se encuentra el país.
   Armesto ha señalado que la "inmensa mayoría" de establecimientos ha sido multado, y que algunas tiendas se han visto obligadas a cerrar. De hecho, ha asegurado que se ha llegado a ordenar el cierre de negocios en varias ciudades, entre ellas Madrid.

El Consorcio Regional de Transportes no subirá los precios del transporte público en enero

MADRID.- El Consorcio Regional de Transportes no subirá los precios del transporte público al menos durante el próximo mes de enero, con lo que las tarifas se mantendrán invariables al menos durante el primer mes del 2012, según han confirmado a Europa Press fuentes regionales minutos antes del comienzo del Consejo de Administración del Consorcio, en cuyo orden del día no figura la revisión de tarifas. 

   El consejero de Transportes, Antonio Beteta, ya anticipó la semana pasada que "de momento" no se contempla una subida tarifaria en el transporte público aunque señaló que es necesario ver a lo largo del año cómo evoluciona el precio del combustible.
   "Tenemos que ver a lo largo del año cómo evoluciona el precio del combustible, que es un elemento esencial que tiene que ver con el precio de la energía eléctrica", indicó Beteta, que nuevamente vinculó con estas palabras las tarifas del transporte público con el precio de este carburante.  
   Según el Gobierno regional, será más adelante, cuando ya se conozca el coste del combustible, cuando se proceda a una hipotética convocatoria del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes "con la antelación suficiente". La decisión que se adopte tiene que pasar también por la Comisión de Precios, que es quien tiene que ratificar la revisión, y entrar en vigor antes del día 20 del mes anterior, momento en que comienzan a venderse los abonos transporte.
   La Comunidad ha hecho hincapié en que durante los dos años anteriores quedaron congelados los precios de los abonos transporte, que utilizan dos de cada tres viajeros, aplicando únicamente el IPC general y el IVA. El pasado mes de agosto, se incrementó el precio del billete sencillo en un 50 por ciento, pasando de 1 euro a los 1,5 que cuesta en la actualidad.
   Los sindicatos advirtieron hace algunas semanas de un posible nuevo "tarifazo" con subidas de entre el 5 y el 10 por ciento. Llegaron a esta conclusión de acuerdo con los datos del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año. El consejero lo tildó unos días después de "especulación sin fundamento".

Los hoteles de lujo madrileños piden que se incremente la promoción

MADRID.- Los representantes de los hoteles de cinco estrellas madrileños, agrupados en la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), han reclamado de forma unánime incrementar "al máximo" la promoción de Madrid en los mercados internacionales ante la "baja rentabilidad" que presentan estos establecimientos en comparación con otras ciudades europeas competidoras, ha informado la asociación en un comunicado este lunes.

   Según un estudio de la consultora Pricewatershouse de cara a 2012, las previsiones de ocupación, precio medio y 'RevPar' (precio medio por habitación disponible) sitúan a Madrid en el decimoquinto lugar de entre las 18 ciudades europeas analizadas, por debajo de destinos como Barcelona, Estambul, Ámsterdam, Edimburgo o Viena, y superando solo a Dublín y Belfast.
   Por ello, los representantes de los hoteles han defendido la necesidad de incidir especialmente en la promoción internacional, tanto en los llamados mercados 'maduros' (británico, alemán o estadounidense) como en los emergentes (Brasil o China), ante la actual falta de respuesta del mercado interior, como consecuencia de la crisis económica.
   Asimismo, la patronal hotelera de Madrid ha destacado la necesidad de que las diversas entidades que realizan actualmente la promoción turística de Madrid agrupen sus fuerzas en un solo ente, con la intención de conseguir a menor coste, mayores resultados.

La Fiscalía propone reformar la Audiencia Nacional para centrarse en la lucha contra el crimen organizado

BARCELONA.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considera "imprescindible" llevar a cabo una reforma de este tribunal que esté centrada en ampliar las competencias en la lucha contra el crimen organizado si finalmente ETA desaparece.

   En una conferencia en la Jornada sobre Crimen Organizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Zaragoza, que ha puntualizado que "no hay que ser optimistas con ETA", ha pedido de nuevo que se reforme el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que prevea más supuestos dentro del crimen organizado que el de narcotráfico y falsificación de moneda.
   Para Zaragoza, este artículo está anticuado y no prevé numerosa casuística relacionada con el crimen organizado a la que podría dedicarse la AN tras el final del terrorismo de ETA, como por ejemplo la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero.
   El fiscal ha mostrado su preocupación porque el crimen organizado se está asentando cada vez más y sus estructuras son "auténticos poderes antagónicos y paralelos a los legales", que pretenden regir la vida de la sociedad de forma paralela.
   Según el fiscal, el sistema legal actualmente es bueno pero las mafias son un fenómeno creciente, por lo que ha apostado por utilizar todos los mecanismos legales disponibles "sin complejos".
   Ha defendido como una buena medida la incomunicación de un detenido en el caso de crimen organizado para cortar la relación con su abogado de referencia, porque éste sirve de "correa de transmisión" de las órdenes de la organización, y además esto no priva a la persona de su derecho de defensa.
   Para él, las líneas fundamentales para luchar contra el crimen organizado son mejorar la cooperación judicial internacional, la especialización de los órganos de investigación y enjuiciamiento, sobre todo en el caso de los jueces creando por ejemplo los de instrucción especializados, y la regulación del decomiso de bienes.
   Según el fiscal, el dinero que mueve en el mundo el crimen organizado asciende al billón de euros, lo que significa que si fuera un Estado, debería estar entre los miembros de un hipotético G-10.
   Además, ha recordado que tan solo se decomisa un 20% de toda la droga que mueven las redes de narcotráfico, por lo que el resto genera unas ganancias enormes que llegan a los mercados.

El Supremo ordena que el caso Gürtel vuelva a la Audiencia Nacional

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la petición del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas de que el caso Gürtel continuara en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tal y como planteaba en una queja registrada a principios de verano, y ha ordenado que la causa vaya a la Audiencia Nacional, según han informado fuentes cercanas al caso.

   En julio, Bárcenas impugnó la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM de denegar que el Tribunal Supremo se pudiera pronunciar sobre el órgano competente en la investigación del 'caso Gürtel' tras la inhibición acordada por el magistrado Antonio Pedreira.
   Bárcenas anunció entonces ante el TSJM la interposición de un recurso de queja ante el Supremo, la última vía que queda para que el Alto Tribunal debata sobre a qué órgano judicial se deben de remitir las actuaciones penales iniciadas en febrero de 2009 por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
   Con este escrito se pretendía impugnar el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que confirmaba la devolución inmediata de la investigación del 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional tras perder la competencia el magistrado Antonio Pedreira de dirigir la instrucción al no haber aforados madrileños en el procedimiento penal.
   En un auto fechado el pasado 20 de julio, los magistrados estimaron el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Francisco Correa contra el auto de 21 de junio de 2011 en el que se daba por preparado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el auto de inhibición a la Audiencia Nacional.
   El recurso impugnaba la decisión del TSJM de formalizar que el Tribunal Supremo debatiera la inhibición acordada por Antonio Pedreira en el 'caso Gürtel' en un intento de retrasar el proceso al ser la última vía de recurso posible ante el Alto Tribunal madrileño.
   Así, los magistrados argumentaron que "la cuestión relativa a cual juzgado de instrucción debe ser el competente para continuar con la instrucción puede replantearse por las partes ante el juzgado receptor de las actuaciones".
   Añadieron que podrán ejecutarse "contra su decisión los recursos oportunos y permitiendo que, caso de surgir una controversia con otro juzgado de instrucción, se resuelva definitivamente la cuestión de competencia por el superior jerárquico común".