lunes, 2 de abril de 2018

¿En qué CCAA se paga más y en cuáles menos a la hora de hacer la Declaración de la Renta?

MADRID.- La declaración de la Renta es el deber de los contribuyentes de ajustar cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos a lo largo de un año fiscal. No obstante, cada ciudadano pagará más o menos en función de la parte de la geografía española en la que esté empadronado. El mapa fiscal español es muy dispar y existe una importante brecha entre comunidades autónomas, que ha hecho que muchos ciudadanos lleguen incluso a modificar sus domicilios fiscales, según El Mundo

Así, los contribuyentes catalanes con rentas bajas y medias son los que mayor esfuerzo fiscal tendrán que hacer a nivel nacional para afrontar la presentación del IRPF. Tanto es así que un ciudadano tipo, es decir, menor de 65 años, soltero, sin discapacidad y sin hijos, con una renta común de 16.000 euros anuales tendrá que abonar a Hacienda 1.611,7 euros, una cifra por encima de la media española en este tramo salarial.
De este modo, Cataluña vuelve a coronarse esta campaña como la autonomía con mayor presión fiscal en los ingresos brutos anuales de hasta 30.000 euros, un dato motivado por ser la única comunidad que no ha modificado su normativa impositiva tras la reforma fiscal aprobada por el Gobierno en 2015.  
En la otra cara de la moneda, la comunidad en la que el esfuerzo fiscal es menos acusado en todos los tramos de renta es Madrid, donde por un bruto anual de 16.000 euros habría que abonar 1.434 euros, un 12,3% menos que en Cataluña.
Para salarios medios, Cataluña y Madrid ocupan, de nuevo, los polos opuestos de la lista en tributación al IRPF. Así, un contribuyente catalán con una renta de 30.000 euros pagará a Hacienda 5.102 euros frente a los 4.829 euros que abonará el madrileño.
En los tramos de renta media y alta, Extremadura se consolida como la región donde mayor presión fiscal se ejerce sobre los usuarios por sus rendimientos, con 9.822 euros para ganancias de 45.000 euros y de 19.931 euros para rentas de 70.000 euros anuales, frente a los 9.306 y 18.975 euros de la capital española, respectivamente.
Por otra parte, la región en la que más se castiga las rentas altas es la Comunidad Valenciana, donde se impone el IRPF más elevado de toda España para este tipo de rendimientos. Así, por una renta anual de 90.000 euros, el contribuyente en cuestión deberá abonar al fisco un total de 29.163,2 euros, 1.487,8 euros de diferencia respecto a Madrid.
Después de Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, las autonomías en las que el pago de IRPF supera la media nacional para la mayoría de los tramos de renta anual son Aragón, Murcia y Andalucía, respectivamente. 
Por su parte, los contribuyentes que más ahorrarán en la declaración de este año son los empadronados, (además de Madrid), en Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidos po Canarias, La Rioja y Cantabria, donde la presión fiscal es más acusada en los tramos de rentas medias y altas.
El ecuador de la lista lo ocupan Galicia, Asturias y Baleares. El contribuyente gallego deberá abonar más impuestos que la media española por su renta en caso de situarse entre los tramos de 32.000 y 100.000 euros brutos anuales, una acción fiscal totalmente inversa al caso asturiano y balear, en los que se tributa menos en rendimientos medios y más en los extremos, es decir, en rentas bajas y altas.
Como novedades a este escenario fiscal, 2018 se presenta con rebajas selectivas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia, Galicia, Canarias y Castilla y León, cuyas bonificaciones en el tributo incluirán guiños a la condición de familia numerosa o nacimiento de hijos. 
Además, en La Rioja y Extremadura se recogerán las mayores deducciones, con bajadas de tipo impositivo. Fuera de estas rebajas fiscales se quedan Cataluña, Aragón y Asturias que no prevén cambios en el impuesto.

El pobre paro de los autónomos: inferior al salario mínimo y al umbral de la pobreza

MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65), recuerda hoy Público.

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.
El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.
Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.
Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.
Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.
El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.
Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.
En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.
Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.
El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.
Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.
La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.
“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.
La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Las dos pruebas de choque que amenazan la candidatura de Cifuentes

MADRID.- La polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes sigue abierta. Esta semana conocerá un nuevo capítulo con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un pleno monográfico en la Asamblea regional. La oposición afila sus armas y la líder del PP prepara sus argumentos. Y sus pruebas. Algunas, aún por exhibir. En especial, el Trabajo Fin de Máster (TFM), que se ha convertido ahora en el eje fundamental de las sospechas, según se piensa hoy desde www.vozpopuli.com.

Dos pruebas, dos piedras de choque ha de superar la presidenta en el inmediato futuro. De un lado, la investigación externa que ha abierto el propio rectorado "al objeto de promover la máxima transparencia en este proceso". Una medida sorprendente si se piensa que la cúpula en pleno de la Rey Juan Carlos salió, horas después de conocerse el asunto, a despejar todas las dudas en torno al máster.
El rector justifica este paso en base al reglamento de régimen interno del Grupo de Trabajo de Inspección de servicios, algo a lo que no hizo referencia durante su rueda de prensa en apoyo de Cifuentes. Refrendaron, primero, la actuación de la presidenta y luego abren una investigación sobre ella. Algo no cuadra, piensan fuentes académicas.
En el caso de que este órgano plantee algunas dudas en su informe o incluso subraye irregularidades en el trabajo objeto de análisis, la figura de la presidenta quedaría muy perjudicada. Incluso 'tocada', como señalan en su partido.

El informe de la UCO

Otro frente relevante es la denuncia por falsificación documental promovida por una serie de asociaciones universitarias presentada ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Este asunto está aún en fase inicial, pero podría convertirse en un grave problema para la presidenta de la Comunidad si es citada a declarar en calidad de investigada.
Una posibilidad que ahora mismo se descarta en el PP madrileño, pero que, de concretarse, Cifuentes se encontraría ante un escenario muy serio, dado que el pacto que suscribió con Ciudadanos para alcanzar la presidencia regional exige la dimisión de cualquier cargo que resulte imputado. 

Campañas y ataques

La líder de la Comunidad de Madrid ha defendido su inocencia en diversas apariciones públicas. Ha insistido en el error informático, en una despiste administrativo, en una campaña orquestada, en el 'fuego amigo'. Y se ha comprometido a no dar un paso atrás y a mantenerse en el puesto. 
Su estrategia defensiva ha incurrido en algunas contradicciones, que no ayudan a despejar el manto de sospecha en torno a su actuación. Vehemente, visceral, el estilo de la presidenta siempre es la ofensiva.
Igual ocurrió cuando un informe de la UCO la señaló en el caso Púnica'. Se trata de "un juicio de valor sin fundamento jurídico", escribió Cifuentes en un tuit. En Moncloa consideraron muy desafortunada esa ruidosa salida a las redes. Ahora miran hacia otro lado.
Rajoy ni respondió este Jueves Santo al ser preguntado sobre el caso durante uno de sus paseos matinales en su descanso en Galicia. 
La única voz firme en defensa de la atribulada presidenta ha sido Dolores Cospedal, quien también publicó un tuit polémico: "A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico". 
A un año de las elecciones autonómicas, resulta impensable que Rajoy prescinda de su principal activo en Madrid. Hay demasiadas cosas en juego. Otra cosa es que los resultados de estos dos frente abiertos (investigación de la Universidad o evolución de la denuncia) progresen hasta lindes incómodas. 
También se piensa en la presencia de Cifuentes en los casos Púnica y Lezo. Demasiados inconvenientes para una candidatura que, por el momento, nadie en el PP pone abiertamente en cuestión. Otra cosa es lo que decida Rajoy a la hora de le verdad. "Ni pestañearía si necesita, llegado el momento, prescindir de ella" dicen en su partido. Basta pensar en el caso Camps y sus cuatro trajes. 
"Se lo cargó, y era su amigo, y había elecciones, y resultó no culpable, y puso a un desconocido Fabra", apuntan. "Ahora podría hacer lo mismo. A lo mejor ya ha pensado en Soraya (Sáenz de Santamaría) y nadie lo sabe", concluyen

El auge de la restauración singular y el ocaso de los bares castizos en Madrid


MADRID.- Restaurantes sin una sola mesa vacía, bares donde no cabe un alfiler, pubs con aforo completo. El consumo fuera de casa va como un tiro, pero esto no basta para triunfar en un mercado tan competitivo como el de Madrid. Los hosteleros que no sepan acondicionar un local, dar un toque exclusivo a sus tapas o raciones y diferenciarse del resto están condenados a desaparecer en Ponzano, una de las calles más caras, populares y concurridas del momento, tal como recoge El Confidencial.

Con el permiso de Jorge Juan, claro. Goya-Salamanca-Chamberí es el eje de moda para tapear o salir a comer en la capital, sobre todo desde que fue colonizado por grupos como La Máquina, Larrumba (Marieta, Habanera, Perrachica, Peyote San) o El Paraguas (Amazónico, Ten con Ten, El Paraguas o Ultramarinos Quintín, entre otros). Algunos recientes, otros no tanto, pero todos ellos en auge. La consultora inmobiliaria CBRE los define como “restauración singular” y les ‘culpa’ de convertir esta zona en un destino en sí misma.
“Vamos a buscarlos aunque no estén tan cerca. Son empresas nacionales que han sabido tomar el pulso de la calle, han tirado de economía de escala y ofrecen conceptos diferentes. De hecho, cada local es un mundo” con varios puntos en común: ambiente muy cuidado, servicio impecable, ubicación idónea, buena presentación de la comida y tique medio alto, explica Rosa Madrid, directora de High Street y Food & Beverage en la consultora inmobiliaria CBRE.
Se trata de un segmento muy profesionalizado, con propietarios a los que no les tiembla el pulso cuando toca invertir en su local y en los productos que los comensales se van a llevar a la boca. Al margen de las grandes cadenas de restauración organizada (tipo Burger King, 100 Montaditos, Vips o Foster’s Hollywood), cuya posición ya está consolidada en el mercado, el potencial de los ‘singulares’ está desplazando al tercer grupo de hosteleros: los 'abre-cierra-cierra-abre', como los denominan en el sector.

Malos tiempos para los ‘abre-cierra-abre’

Esta ‘categoría’ lo tiene más difícil que nunca para hacerse un hueco en las zonas céntricas de Madrid. “Voy a ver si me aprovecho de este local vacío con barra montada y cocina... pero sin gastarme mucho dinero”. 
Así es el perfil de los propietarios que se toparon con una oportunidad en la capital y decidieron montar un bar como quien levanta un muñeco de nieve. Incluso sin tener conocimientos ni asesores en el mundo de la hostelería. “Muchos de ellos no tienen carta con contenido, el servicio es pésimo y las instalaciones están poco cuidadas”, sostiene Rosa Madrid. Pero la flauta no suena si no hay un plan estratégico detrás.
El baile de establecimientos es habitual en este tercer bloque, independientemente de dónde se ubiquen. En efecto, el director del grupo La Máquina, Javier Rueda, dejó caer que recibe unas cuatro o cinco ofertas semanales de inmobiliarias con locales de hostelería que han quedado vacíos en zonas céntricas porque el negocio anterior no ha terminado de cuajar. 
“La rotación es muy alta en los segmentos menos profesionalizados. El que no se diferencia ni aporta valor, no sobrevive”, añade la consultora tras precisar que el mercado ahora es mucho más exigente.
Pero hay bares 'de toda la vida' que han aguantado el envite de los 'singulares' sin despeinarse. Un ejemplo es el Palentino, un icono de Malasaña condenado al cierre no por falta de clientes, sino por la muerte de su dueño en febrero. La pregunta es: ¿quién ocupará el espacio vacío que deja? Hagan sus apuestas.
Rueda no tiene ninguna duda: por supuesto que existe una burbuja de bares y restaurantes en Madrid. Otra cosa es que todos consigan sacar adelante sus negocios. La Máquina abrirá este verano un nuevo local de 1.000 metros cuadrados en la calle Ponzano, donde ya cuenta con otro. 
En Jorge Juan tiene dos de reciente apertura. El grupo cerró 2017 con una facturación de 49 millones de euros (15%), 650 empleados y 14 locales que pronto serán 15, pero descarta expandirse fuera de la capital. También está presente en El Corte Inglés de Goya y en el estadio Santiago Bernabéu, donde debe invertir un mínimo de 1,85 millones de euros hasta 2022 según el contrato que firmó con el Real Madrid
La Máquina gastó 3,5 millones en arrendamiento de locales ( 30%) en 2016, según las últimas cuentas del Registro Mercantil.
En el caso de El Paraguas, ‘padre’ de Ultramarinos Quintín o Amazónico, en Jorge Juan, el gasto mínimo por arrendamiento ascendió a 1,2 millones en 2016. Su facturación fue de 30 millones de euros a cierre de ese año. 
Los alquileres más caros para un local de 500-800 metros cuadrados están en la calle Serrano (150 euros al mes por metro cuadrado), al nivel de Ortega y Gasset (150 euros) y seguida de Preciados y Gran Vía (140 euros), Fuencarral (80 euros), Goya (65 euros) y Princesa (40), según los datos aportados por la consultora CBRE a este periódico.
"Con la ley de la oferta y la demanda en la mano, la restauración está pagando unas rentas que antes no podíamos ni imaginar. La ubicación es y será siempre la clave del éxito de un negocio", explica Andrés Martín, director de la agencia 'retail' de Savills Aguirre Newman. El repunte de la demanda choca con la falta de locales aptos para la hostelería.
Los pocos que hay llegan al buzón de los grupos que funcionan, y esto incluye unas grandes cadenas de restauración organizada que tampoco se van a cualquier sitio. Ellas prefieren el corazón de Madrid (Gran Vía, Sol, Montera) para ganar visibilidad y absorber el grueso de turistas. Es decir, pagan el posicionamiento de marca a precio de oro. 
Y cuentan con un departamento de expansión tan desarrollado que casi nunca abren donde no debieron abrir ni firman rentas que no debieron firmar gracias a su inmenso poder de negociación.

Un mercado vivo

La restauración es un sector apetitoso. Las operaciones de compraventa no dejan de sucederse desde 2014, año en que CVC vendió el grupo Zena (Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, La Vaca Argentina, Domino’s Pizza) al operador líder en América Latina, Alsea. Más tarde, el fondo Nazca Capital montó FoodBox junto a un grupo de exdirectivos de la hostelería para adquirir Papizza, Volapié, Santagloria, L’Obrador, MasQMenos y próximamente Brasa y Leña. 
Por su parte, los dueños de El Paraguas vendieron el 40% del grupo por 70 millones al turco Ferit Faik, socio del BBVA en Turquía.
La portuguesa Ibersol compró Eat Out (Pans & Company, Ribs) a Agrolimen. Mientras, el fondo de 'private equity' Abac se hizo con el 100% de la sociedad Beer & Food (Gambrinus, cervecería Cruz Blanca, taquerías La Chelinda o Índalo Tapas), filial de Heineken dedicada a la restauración. Abac también está ultimando la compra de Dallas Ribs (Tony Romas), como adelantó 'Expansión'. 
También hay hambre de hamburguesas en el mercado: Goiko Grill busca socio y Hamburguesa Nostra ha colgado el cartel de 'se vende'.
El mercado de la hostelería creció un 5,7% en valor en 2017, según los datos aportados por la consultora Nielsen. La restauración organizada ( 11%) y los restaurantes ( 9,1%) van en cabeza, por delante de las cafeterías o bares ( 2,6%). El consumo nocturno se resiente, con una ligera caída del 0,4% a cierre del año pasado.

 La facturación de los grupos hosteleros de moda en Madrid
Grupo La Máquina
42,9
Grupo Paraguas
30,81
* Grupo Larrumba
14,35
* Incluye las sociedades La Rumba Gestión, La Rumba Castellana, La Rumba Chamberí, La Rumba Colón, Madrid Lovers, Cafetería San Gregorio, Creativa Online y La Rumba Tarumba, cuyo dato corresponde a 2015 al no estar disponibles las cuentas anuales de 2016

Dos funcionarios de Universidad investigarán las circunstancias que rodean al máster de Cristina Cifuentes

MADRID.- La Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE) ha designado a dos "observadores externos", uno de ellos de la UMU, para apoyar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en la investigación de las circunstancias que rodean el máster cursado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a petición de la URJC.

Se trata del director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y de la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia (UMU), Carmen Ruiz, según ha anunciado hoy la CRUE en un comunicado.
Ambos "supervisarán el procedimiento de información reservada abierto por la URJC con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso administrativo relacionado con el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes", detalla la CRUE.
Carmen Ruiz (Murcia, 1952) es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia. Desde 1998, forma parte de la asesoría jurídica de la Universidad de Murcia y actualmente es jefa del Área de Inspección de Servicios de esta institución.
Además, es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales.
José Ángel Contreras (Urretxu, Guipúzcoa 1967) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y graduado en Derecho por la UNED y, tras entrar en el Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos en 2010, en 2012 fue nombrado director del mismo.
Es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales y, desde julio de 2016, además es vicegerente de la Universidad de Burgos, agrega el comunicado de la CRUE.
La Conferencia de Rectores responde así a la petición realizada la semana pasada por el rector de la URJC, Javier Ramos, de designar a un jefe o jefa de Inspección de Servicios de una de las universidades de esta asociación para que actúe como "observador externo".
La URJC explicaba que, "dada la repercusión social del caso", el objetivo de la solicitud es el de "promover al máximo la transparencia en este proceso".