domingo, 15 de abril de 2012

Marzo fue algo más cálido y bastante más seco de lo habitual en la región madrileña


MADRID.- Marzo fue en la Comunidad de Madrid algo más cálido y bastante más seco que lo habitual en la media de la serie histórica, según el informe publicado por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

   Atendiendo a las temperaturas, en el oeste de la región se registró un entre uno y dos grados más que la media, mientras que en la zona este el ascenso fue de un grado. Además, en algunos puntos de la Sierra Oeste se registraron temperaturas entre dos y tres grados superiores a lo habitual.
   Según el análisis de la Aemet, las anomalías de las temperaturas medias mensuales alcanzaron valores positivos superiores a 2 grados en gran parte de Galicia, así como en el noroeste de Castilla y León, norte de Aragón y puntos del Sistema Central, mientras que oscilaron en general entre 1 y dos grados en el resto de la mitad norte peninsular.
   Tan sólo en la franja sureste peninsular las temperaturas medias de marzo quedaron por debajo de lo normal, si bien la anomalía negativa no alcanzó el valor de 1º C. Tanto en Baleares como en Canarias las temperaturas se situaron en general cerca de sus valores normales.  
   Las temperaturas más elevadas de marzo se registraron en general entre los días 14 y 15, si se exceptúa Galicia que tuvo un episodio de temperaturas altas entre los días 26 y 28. Las temperaturas máximas más altas de marzo superaron los 25 grados en la mayor parte de los observatorios de la mitad sur peninsular así como en amplias áreas del cuadrante nordeste y de Galicia.
   Las temperaturas mínimas más bajas se registraron a finales de la primera decena y durante el episodio de bajas temperaturas, acompañado de precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas que se registró el día 21 de marzo y que afectó principalmente a Madrid, al centro peninsular y al cuadrante sureste peninsular.
   El valor mínimo en estaciones principales se registró el día 20 del mes en Navacerrada con -7,8 grados, seguido de Molina de Aragón con -7,6 el día 19.
   Respecto a las lluvias en la Comunidad de Madrid, fueron inferiores a lo normal. De hecho, en el norte y el este de la región se registraron unas precipitaciones de entre el 25 y el 50 por ciento de lo que vienen siendo normales en la serie histórica de entre 1971 y 2000. En el centro hubo entre el 50 y el 75 por ciento de lo habitual y en el sur entre el 75 y el 100 por cien.
   Como viene sucediendo desde el pasado mes de diciembre, marzo ha sido más seco de lo normal en la mayor parte de España, con una precipitación media a nivel nacional del orden de 24 mm, valor que supone en torno a la mitad del valor normal para este mes. Se trata del mes de marzo más seco desde el año 1997.  
   Sólo en Murcia, sureste de Castilla La Mancha, extremo suroeste de Andalucía y la mayor parte de Valencia y Cataluña las precipitaciones mensuales alcanzaron o superaron los valores normales, mientras que en el resto de la España peninsular, así como en Baleares y Canarias, marzo resultó seco o incluso muy seco en algunas zonas.

El Ayuntamiento de Madrid destinará más de 2,6 millones de euros a mantener un mobiliario urbano "seguro y de calidad"

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid destinará más de 2,6 millones de euros a mantener un mobiliario urbano "seguro y de calidad", ha informado el consistorio en un comunicado.

   A finales de abril finaliza el contrato de mantenimiento del mobiliario urbano y para garantizar el adecuado nivel de calidad y seguridad del mobiliario de titularidad municipal, el Ayuntamiento va a destinar 2.653.608 euros al nuevo contrato para la conservación de estos elementos entre los meses de mayo y diciembre de este año.
   Desde 2004 el Ayuntamiento de Madrid mantiene este equipamiento, integrado por 524.830 unidades (bancos, bolardos, horquillas) y por 469.169 metros lineales de vallas peatonales y protectoras de jardín.
   La conservación implica contar con un servicio de completo que abarque el mantenimiento preventivo y la reparación de las roturas, la sustitución con piezas originales o fabricadas con las mismas características de calidad y que sea capaz de acometer las modificaciones necesarias si cambian las normativas.

Getafe pedirá a la Comunidad la apertura de 45 pisos tutelados para mayores que están abandonados

GETAFE.- El Ayuntamiento de Getafe pedirá a la Comunidad de Madrid que establezca como prioridad absoluta la puesta en marcha de 45 apartamentos tutelados para mayores construidos hace cuatro años en la avenida de las Ciudades y que están abandonados desde entonces, tras aprobar el pleno por unanimidad una moción del PSOE.

   En la propuesta, también se insta al Gobierno municipal a que solicite una reunión al consejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con el fin de conocer la situación actual de los pisos, así como que se convoque con urgencia al consejo sectorial del Mayor.
   La Junta de Gobierno local aprobó esta semana una permuta del subsuelo donde está el edificio de apartamentos, entre el Ayuntamiento y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, para recepcionarlo y entregárselo al IVIMA que a su vez lo entregará a la Consejería de Asuntos Sociales.
   La concejala de Vivienda, Carmen Plata, ha afirmado en el último pleno que ha habido problemas por cómo se hacía la cesión de ese subsuelo, que es uno de los pasos previos para proceder a la apertura del edificio, mientras que la canalización de agua, luz y gas han tenido que "volverlo a estudiar porque estaba obsoleto e inservible".
   Por su parte, la concejala del PSOE, Mónica Medina, ha querido dejar claro que la culpa del retraso en la puesta en marcha de los pisos no ha sido del anterior Gobierno municipal, en referencia a que la Comunidad de Madrid reclamaba al Ayuntamiento que pagara una deuda con la empresa constructora, que entró en concurso de acreedores.
   Los pisos presentaban pintadas y desperfectos en las puertas, el sistema eléctrico y las placas solares por lo que el Ayuntamiento solicitó en 2010 a la Comunidad de Madrid que se dotara de vigilancia a las instalaciones y que se arreglaran los desperfectos.
   Este proyecto se inició en 2002 tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el IVIMA que posteriormente ambas instituciones se acusaron mutuamente de haber incumplido, lo que provocó los retrasos para su puesta en marcha.

El Defensor del Pueblo critica la forma de fijar la tasa de vados de los ayuntamientos

MADRID.- El Defensor del Pueblo ha criticado la falta de explicación y la forma que tienen ayuntamientos como el de Madrid o el de Pozuelo de Alarcón de fijar el importe de la tasa de vados que aplica a determinados vecinos, según consta en su Informe Anual de 2011 presentado hace unos días a las Cortes Generales.

   En concreto, ha seguido las investigaciones realizadas con motivo de la denuncia de un ciudadano relativa al cobro de una tasa a cada uno de los vecinos de una urbanización cuyas calles son particulares, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. En este caso el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que permitía que se emitieran recibos individualizados para cada uno de los titulares de las viviendas de la urbanización, a pesar de que las calles tienen carácter privado y el Ayuntamiento no realiza labor alguna en ellas.
   Iniciada la investigación, el Defensor del Pueblo confirmó que el Ayuntamiento consideraba ajustada a derecho la ordenanza por cuanto que la cantidad que se cobra a los vecinos responde a la parte alícuota de la cantidad derivada del vado que existe a la entrada de la urbanización. Se formuló tanto recomendación como sugerencia para que el Consistorio modificase la ordenanza y realizara la liquidación al sujeto pasivo correcto, que es la comunidad de propietarios de la urbanización, y que a su vez podrá repercutir las cuotas del modo que considere más apropiado, "pero no se justifica que se cobre una cuota idéntica a todos los vecinos".
   "Además, de la solicitud del estudio técnico económico que justifica la cuantía establecida en la tasa, tampoco se llega a la conclusión de que ambas cantidades sean equivalentes, ni que dicho estudio tenga los elementos suficientes como para valorar el importe que debe imponérsele a la comunidad y no a los vecinos de forma individualizada, puesto que solamente puede cobrarse la tasa cuando se utilice dominio público, y las calles de la urbanización no se encuentran dentro de este, sino el acceso desde la carretera", ha indicado la defensora.
   Tanto la sugerencia como la recomendación fueron inicialmente rechazadas, por lo que han sido objeto de reiteración.
   En otros casos, y debido a que las altas de vado se están tramitando de oficio a través de inspecciones por parte de los ayuntamientos, la Institución ha señalado que se está poniendo de manifiesto, "una vez más, la ausencia de la justificación del importe que se cobra a los sujetos pasivos, ya que no se ha encontrado suficientemente explicado cómo se llega a las cuotas, dejando la impresión de que las cuotas se han establecido sin realizar ningún estudio y más en función de las necesidades presupuestarias que de la contraprestación especial que el vecino recibe por el uso del dominio público local.
   Otra investigación realizada con el Ayuntamiento de Madrid se centró en la queja presentada por un vecino que denunciaba que el Consistorio le cobraba una tasa de vado por el acceso a un garaje ubicado en la finca en la que se encuentra su vivienda, con carácter retroactivo por los ejercicios no prescritos.
   Al mismo tiempo, el propio Ayuntamiento denegaba la licencia para el uso del vado por los vecinos del edificio por considerar que la constructora cometió irregularidades que no permiten considerar cumplidas las condiciones en que se concedió la licencia para la construcción de los aparcamientos. Así, adujeron que existía un problema de exceso de cabida, y otras circunstancias que no permitían conceder la licencia.
   Por tanto, la Defensoría recordó al Ayuntamiento de Madrid que resulta "una contradicción que se pretenda cobrar, y además por vía ejecutiva, con recargos, intereses y gastos, una tasa por la utilización de un paso de carruajes que no puede utilizarse por carecer de licencia municipal". En la actualidad esta queja continúa en investigación.
   El Ayuntamiento de Madrid continuaba exigiendo el cobro de la tasa por un vado que el sujeto pasivo había solicitado que se diera de baja, y pidiendo igualmente que el Consistorio realizara las labores de reconstrucción de la acera.
   Puesto que no se reemplazaba la acera por los servicios urbanísticos, se consideraba activo el vado, pero el solicitante alegaba no poder realizar la modificación por sus propios medios, ya que también tendría que haber solicitado una licencia para la realización de ésta, por lo que pedía que el Ayuntamiento realizara las tareas y le cobrara los importes derivados de la ejecución, pero, al mismo tiempo, también pedía que dejaran de cobrarle un uso que no realizaba.
   Después de dos años de la solicitud, esta no había sido objeto de respuesta, y el ciudadano acudió al Defensor del Pueblo, tras cuya intervención aún se tardaron casi otros dos años en aceptar la reposición del dominio público y la devolución de los ingresos indebidamente cobrados.

IU activará la iniciativa legislativa municipal contra la "privatización" del Canal

MADRID.- El Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid va a activar la Proposición de Ley de iniciativa legislativa municipal de varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid contra la "privatización" del Canal de Isabel II para que se debata en el pleno del 10 de mayo.

   El pasado 26 de marzo, la Mesa de la Asamblea de Madrid admitió a trámite una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Municipal en la que varios ayuntamientos de la región pedían derogar varios artículos de la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid de 2009 para preservar el carácter público del Canal de Isabel II.
   Tras su paso por la Mesa de la Cámara autonómica, el texto se ha remitido al Consejo de Gobierno para que éste manifieste criterio respecto de su toma en consideración, así como, en su caso, oposición a su tramitación si supusiera aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso.
    Según han explicado fuentes del Grupo Parlamentario de IU, a la vista de que la Comunidad no se ha puesto en contacto con ninguno de los municipios de IU que respaldaban esta proposición de ley, entienden el silencio administrativo como positivo y que la Comunidad "no se va a oponer" a la iniciativa, por lo que, en principio, IU va a reactivar esta iniciativa "para que se debata en el pleno del 10 de mayo".
    Según señala la Proposición de Ley, publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, la vía que eligen para asegurar el carácter público de la empresa de aguas es derogar "todas aquellas disposiciones que quebranten o meramente alteren el irrenunciable carácter público" del Canal y, en especial, los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad.
   Y es que los firmantes opinan que la entidad es "un patrimonio común de esta ciudadanía con todos sus elementos integrantes", además de un "instrumento de una gestión honesta que ha de proseguir en el tiempo para la mejora del bienestar de las poblaciones y en armonía entre ese bienestar y las exigencias ambientales" del entorno.
   Dentro de su alegato, los ayuntamientos dicen que "la utilización del agua, su tratamiento para diferentes finalidades y, en especial, su dedicación a satisfacer las necesidades primordiales de la población, como son la del consumo de boca, la higiene personal y el tratamiento de los alimentos, constituye uno de los rasgos esenciales de las civilizaciones humanas".
   Se remontan a la antigua Roma, y afirman que el derecho romano declaraba explícitamente a los acueductos como cosas consideradas fuera del comercio de los hombres, y citan la "gran tradición jurídica española en materia de ordenamiento hidráulico". Así, afirman que "tanto la antigua Ley de Aguas de 1879, como la vigente de 1985 y el Texto Refundido de 2002 son inequívocas en la afirmación del carácter público del agua".
   "El legislador muestra de este modo el valor social del recurso y trata de evitar la intervención de actitudes basadas en el ánimo de lucro", sostienen y dicen que "más de 150 años de ininterrumpida presencia y actuaciones ha ido generado un amplio y rico patrimonio territorial que ha estado y está al servicio de las actividades propias del Canal de Isabel II y que es garantía de que tales actividades se llevan a cabo en las mejores condiciones de seguridad y protección".
   Por otro lado, apuntan que ese conjunto de espacios "de gran valor histórico y paisajístico" son "parte de la riqueza colectiva de esta ciudadanía", y aseveran que el conjunto íntegro de lo que se conoce como Canal de Isabel II "debe permanecer como público en su indivisible totalidad".
   Los firmantes aseguran que "la continuidad de la naturaleza jurídica pública de esta institución garantiza no ya los derechos de los ciudadanos, sino también los de todos los trabajadores que a lo largo del tiempo, han venido, vienen y vendrán haciendo posible el hecho relevante de que unos seis millones de personas no sientan preocupación por el agua".
   Afirman también que el servicio "se ha venido prestando ininterrumpidamente a satisfacción de la inmensa mayoría de la población que considera al Canal como algo propio de la identidad madrileña", y dicen que el historial se ha desarrollado "bajo los auspicios de una gestión pública muy valorada" por los ciudadanos.
  "La intención del Gobierno regional de proceder a la privatización, por el momento parcial, de algunos de los servicios que actualmente realiza la entidad Canal de Isabel II, resulta poco adecuada para que estos servicios básicos sigan funcionando como hasta el presente e incluso mejoren", defienden.
   Además, afirman que hasta el presente, se viene observando "una total opacidad y un apresuramiento que en nada favorece la participación ciudadana plena en asuntos que le conciernen y cuyo derecho no puede ser menospreciado en aras de unos propósitos económicos contrarios al interés general rectamente entendido".
   Por ello, consideran que los ciudadanos y en su representación los ayuntamientos, han de exigir de las autoridades de la Comunidad de Madrid cuanta información referente a las intenciones y fines que dichas autoridades alberguen respecto al Canal, a fin de que "cualquier decisión que se pudiera adoptar, lo sea con el pleno conocimiento y consentimiento de la citada ciudadanía, siendo lo más predecible que la gran mayoría opte por la continuidad de la gestión pública de su servicio de aguas y de saneamiento".

IU critica que tras diez años quedan "20 familias sin realojar" en el Puente de Vallecas

MADRID.- El Grupo Municipal de IU ha criticado en un comunicado que diez años después de que el pleno del Ayuntamiento de la capital aprobará el planeamiento del área de la calle Sierra Toledana, en Puente de Vallecas, aún hay 20 familias sin realojar.

   Según relata IU en un comunicado, entonces se optó por la expropiación como sistema de ejecución. Se trataba de un núcleo urbano de 47.000 metros cuadrados con un aprovechamiento lucrativo de 50.000 metros destinados a la construcción de 500 viviendas. En el momento de la aprobación había en la zona 114 propiedades afectadas y otros 42 arrendatarios de viviendas que, en su mayoría, se alojaban en casas de una sola planta aunque también, en el número 48 de la calle, existe aún un bloque de cinco viviendas, que está afectado por la expropiación y continúa en pie.
   "Diez años después, todavía quedan 20 familias que eligieron el realojo en el mismo barrio, un realojo que debía correr a cuenta de la EMVS en virtud de los acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento y la empresa pública pero que está paralizado", ha denunciado el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez.
   Pérez, que llevará este asunto a la próxima Comisión de Urbanismo, apunta que el Consistorio, a día de hoy, "dispone de suelo para edificar 500 viviendas, se ha desembolsado una cantidad de dinero importante en expropiaciones y, sin embargo, en septiembre de 2010, en Comisión, se dijo que en septiembre de ese año estaría el proyecto de realojo".
   Ante esta situación, el portavoz de IU ha señalado que "por encima de las coyunturas económicas el realojo de estos vecinos ha delatado falta de voluntad de llevarlo a cabo".
 "Cuando se planteó no había crisis, los años siguientes tampoco y ahora que sí la hay parecería lógico que los promotores públicos tiren de un sector como el inmobiliario en la actualidad paralizado", ha concluido.

Cae el apoyo al Gobierno Rajoy tras las medidas de austeridad

MADRID.- El apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cayó notablemente en abril después de que el Ejecutivo del Partido popular anunciara fuertes recortes de gasto y unas reformas en educación y sanidad impopulares en su lucha contra un rebrote de la crisis de deuda soberana, según un sondeo publicado el domingo.

La encuesta de Metroscopia publicada en el diario de centroizquierda El País refleja por primera vez un sentimiento negativo de los españoles hacia el Gobierno de centroderecha desde que barrió en las elecciones generales de noviembre del año pasado.
A la espera de que los datos macroeconómicos confirmen si España ha entrado en su segunda recesión en tres años, Rajoy afronta el trabajo hercúleo de tener que controlar las finanzas públicas, impulsar el crecimiento mediante duras reformas y volver a crear empleos para uno de cada cuatro trabajadores que está en el paro, al tiempo que crece el malestar social.
Cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país el 29 de marzo a protestar por la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que facilita y abarata el despido y restringe las subidas salariales.
El sondeo elaborado el 11 y el 12 de abril da al PP un 38,1 por ciento de intención de voto, un descenso de más de ocho puntos respecto al 46,3 por ciento de marzo y de seis sobre el 44,6 por ciento que registró en los comicios de noviembre.
Aún así, mantiene una enorme brecha con la oposición socialista, que se queda en un 23 por ciento, frente al 24,4 por ciento de marzo y más de cinco puntos menos que el 28,7 por ciento en noviembre.
A finales de marzo, Rajoy sufrió un revés cuando, en contra de los sondeos, el PP andaluz no logró la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, y analistas han destacado que su Gobierno ha tenido una política de comunicación desacertada a la hora de presentar las reformas en sanidad y educación esta misma semana.
También está bajo intensa presión por parte de sus socios europeos y de los inversores para demostrar que España podrá pagar sus deudas sin tener que pedir ayuda exterior desde que revisó unilateralmente el objetivo de déficit del país para 2012.
El sondeo de Metroscopia, que entrevistó a 1.000 personas, refleja una fuerte caída en el apoyo al propio Rajoy, con un 58 por ciento que desaprueba su gestión, frente al 51 por ciento de hace un mes.
Una mayoría de españoles opina que el Gobierno no está sabiendo hacer frente a la crisis de forma adecuada (un 56 por ciento), está improvisando (52 por ciento) y no inspira confianza (70 por ciento). Además, el 64 por ciento tiene una impresión negativa sobre los 100 días del Gobierno en el poder, frente al 29 que la tiene positiva.
La valoración de todos los ministros sufre un descenso, y solo los de Defensa, Pedro Morenés, Exteriores, José Manuel García Margallo, y la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, tienen un aprobación superior a la desaprobación.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el del Tesoro, Cristóbal Montoro, tienen la peor valoración, junto con la de Empleo, Fátima Báñez, y la de Sanidad, Ana Mato.

Tomás Gómez: Aguirre "remata" a las clases medias

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha manifestado este domingo que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "castiga" a las clases medias y a los trabajadores, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, los "remata".

   Estas declaraciones las ha realizado tras las palabras de ayer de la presidenta de la Comunidad, que señaló que no habrá "más remedio que recortar porque la situación por la que atraviesa la economía española es muy difícil".
   Tras mantener una reunión con parlamentarios socialistas, senadores y diputados para analizar las consecuencias de los Presupuestos Generales del Estado en España, y concretamente en Madrid, Gómez ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado "se enmarcan en la ortodoxia de la derecha política y económica más radical".
   A su juicio, los presupuestos "son graves" y "perjudican los intereses de los españoles, más concretamente de las capas medias y trabajadoras en este país". Asimismo, ha indicado que estos Presupuestos son "equivocados y los que "no necesita este país".
 "No sirven para generar empleo ni crear crecimiento económico, fracturan la cohesión social en nuestro país y cercenan las posibilidades de España a medio plazo", ha añadido.
   El secretario del PSM ha destacado que el modelo "que tiene en la cabeza el PP" es el de "sostener la salida de la crisis y la competitividad de España a costa de los trabajadores y las capas medias, a costa de su empobrecimiento y a costa de una reducción de los salarios reales en España".

Tomás Gómez dice que el Rey debe elegir "entre sus responsabilidades o una abdicación"

MADRID.- El secretario general del PSM y portavoz en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha manifestado este domingo que el Rey debe elegir entre sus responsabilidades públicas o una abdicación.

   "Ha llegado el momento de que la Casa Real se plantee, en este caso el jefe del Estado, que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente", ha dicho Gómez en rueda de prensa en la sede del PSM.
   El secretario general del PSM ha afirmado que lo sucedido es "poco edificante" y no es lo que esperaban "los españoles de la Casa Real en momentos de crisis".
   Don Juan Carlos fue intervenido quirúrgicamente de su cadera la madrugada de ayer tras dañarse la cadera en un viaje de caza privado a Botsuana.

Ana Botella coloca a dedo a la hermana de Esperanza Aguirre

MADRID.- Según ha publicado 'El País', una de las hermanas de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido fichada por Ana Botella como asesora de designación política con una remuneración de 46.600 euros al año. Quien ha firmado el contrato ha sido la concejala de Hortaleza, Almudena Maillo, que como todos los ediles de distrito tiene la posibilidad de contratar a dos asesores a dedo.

La buena sintonía de Maillo con la familia Aguirre viene de lejos y no solo se circunscribe al ámbito laboral, ya que la concejala fue anteriormente asesora de la presidenta comunitaria —durante la primera legislatura-, quien, a su vez, firmó como testigo en su boda, celebrada en julio de 2005.
Maillo había concurrido en el puesto 34º de la candidatura encabezada por Alberto Ruiz-Gallardón en las elecciones municipales de mayo de 2011. Pero se quedó fuera ya que el PP obtuvo 31 concejales de los 57 en liza. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho ya que con el nombramiento de Gallardón como ministro de Justicia, el pasado mes de diciembre, se produjeron varias bajas, permitiendo a la amiga de Aguirre acceder al acta de concejal.
Según narra Bruno García Gallo en su artículo, Maillo justificó de esta manera su decisión: "Buscaba un perfil de periodista para relacionarse con los medios de comunicación y redactar notas de prensa. Conocía a Cristina Aguirre, me mandó su currículo y me cuadró".
Por otro lado, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es asesor del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Según han asegurado funcionarios del Ministerio de Economía, el puesto para el que ha sido contratado el hijo de Esperanza Aguirre suele estar destinado a economistas, y él es licenciado en derecho.
A estos casos se une el de María Zaplana Barceló, hija del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que trabaja como asesora en el gabinete de la secretaría de Estado de Turismo.