miércoles, 12 de diciembre de 2012

El sueldo de la alcaldesa Botella podría reducirse en 26.703 euros brutos anuales de aprobarse la homologación salarial del Gobierno


MADRID.-   El sueldo de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, podría reducirse en 26.703 euros brutos anuales de aprobarse la homologación salarial que prepara el Gobierno de la Nación, que fijará el salario de los regidores en función de la población del municipio que gobiernan y que guardará relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. 

   De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado hoy fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.
   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid. Actualmente, la retribución anual bruta de Botella es de 94.703 euros, como se puede comprobar en la página web municipal.

Cuadros y Profesionales critican las indemnizaciones en Bankia

MADRID.- La Federación de Cuadros y Profesionales de cajas de ahorros ha considerado una "vergüenza y una tomadura de pelo" la indemnización planteada por Bankia para despedir a 5.000 empleados, que sería de 22 días por años trabajado y 14 mensualidades.

   "Efectivamente, Goirigolzarri no tenía la intención de aplicar la reforma laboral, pero muy poco le falta", ha lamentado la federación en un comunicado. En este sentido, ha reprobado que los trabajadores hayan asistido a la "degradación paulatina" de sus cajas provocada por "pésimos políticos y peores gestores".
   Además, ha asegurado que la propuesta de la dirección de Bankia ha dejado sin efecto el acuerdo firmado con la plantilla sólo 15 días antes. "Goirigolzarri traiciona salvajemente sus palabras en la mesa de negociación", ha acusado.

CITAM insiste en que el Madrid Arena es "técnicamente un edificio clandestino"

MADRID.- El abogado de la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), José Luis Fuertes, ha afirmado que el Madrid Arena es "técnicamente un edificio clandestino" al no tener ni una de las tres licencias necesarias para la realización de eventos mientras que el área de Urbanismo municipal ha insistido durante la comisión de investigación que este recinto no necesita licencia.

   Las valoraciones de Fuertes se han producido después de que el juez instructor del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, haya admitido la personación del sindicato como acusación particular.
   El letrado de la asociación ha señalado que el edificio es "ilegal" y que la sociedad Madrid Espacios y Congresos (Madridec) solicitó "hasta siete veces las distintas licencias, las cuales les fueron sucesivamente denegadas al obtener informes técnicos desfavorables".
   Fuertes ha añadido que se archivaron las peticiones de licencia y caducaron, por lo que "había conocimiento fehaciente" de que el edificio no reunía las condiciones necesarias y no podía por ello albergar macrofiestas como la celebrada la noche de Halloween.
   El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha repetido en la comisión de investigación que los edificios ejecutados por el Consistorio, como el Madrid Arena, no necesitan licencia. Y es que el acuerdo municipal que autoriza la construcción de edificios municipales "produce los mismos efectos que la licencia urbanística".
   Así lo reiteraron la delegada de Urbanismo, Paz González, su número dos, la coordinadora de la oficina de Planificación Urbanística, Beatriz Lobón, y el director general de Control de la Edificación, Norberto Rodríguez. Los tres insistieron en que el edificio cuenta con todas las licencias necesarias (obras, actividad y funcionamiento).
   El Madrid Arena fue proyectado, construido y supervisado por técnicos municipales entre 2002 y 2005. En él se aplica la Ley de Contratos de la Administración Pública (que establece que la aprobación del acta de comprobación de obras por el órgano de la Administración lleva implícita la autorización para su apertura al uso público) y la Ley del Suelo (que dice que cuando los edificios son promovidos por ayuntamientos en su término  el acuerdo municipal que lo sustenta produce los mismos efectos que la licencia urbanística).
   En el mismo sentido va la ordenanza de Licencias y Control Urbanístico de 1997, vigente durante la construcción del Madrid Arena, que señala que los proyectos que dependían del Consistorio no requerían de licencia urbanística.
   A eso hay que sumar dos sentencias del Tribunal Supremo, una de abril de 1999 y otra de mayo de 2002. "Si las obras ejecutadas corresponden a un proyecto aprobado por un Ayuntamiento sería redundante la concesión de licencia", reza la primera de ellas mientras que la segunda indica que cuando los proyectos son llevados a cabo por ayuntamientos "la necesidad de licencia resulta innecesaria".
   También justificaron que las peticiones de licencia por parte de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) en 2007 y 2009 respondían a "la voluntad de la mercantil en hacer obras" que, como no se llevaron a cabo, fueron "archivadas y no tramitadas". Es decir, que la licencia concedida "sigue estando vigente".
   En cuanto a la consulta urbanística fechada en 2010, señalaron que no es más que un derecho que asiste a cualquier interesado en un proyecto de obras con el fin de cerciorarse de que lo que proyecta se adecua a la normativa vigente.

Botella es "muy buena alcaldesa" y debería volver a presentarse, según su mario, el expresidente Aznar

MADRID.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha depositado la responsabilidad por los trágicos sucesos acaecidos en el Madrid Arena con el fallecimiento de cinco jóvenes, mientras que ha defendido a su mujer y regidora de Madrid, Ana Botella, como una "muy buena alcaldesa".

   "Tal vez en España buscamos culpables con demasiada facilidad y un 'dígame la resolución de todo desde el minuto uno'. Las cosas hay que analizarlas, hay que verlas, si usted tiene la responsabilidad de organizar una cosa, de garantizar la seguridad de esa cosa, usted empresa, en un sitio determinado, y no lo hace, sino que deja que entre el doble de gente y no adopta las medidas y no toma las decisiones correctas, ahí es donde en mi opinión recae la responsabilidad", explicó Aznar en una entrevista en Telecinco.
   Para el ex presidente español "crisis" como éstas "son difíciles siempre de gestionar" porque uno piensa que "si hubiese dependido" de uno "lo que hubieses podido evitar"
 "No dependía de tí [en referencia a Botella y el Ayuntamiento de Madrid] y, por lo tanto, son muy complicadas de hacer y por eso, lo razonable es poner la atención en quién tiene la responsabilidad sobre las cosas y en ese caso exigir las responsabilidades", razonó.
   Aznar ha comentado también que "la vida política tiene buenos momentos, momentos duros y momentos injustos", pero que sin lugar a dudas "lo mas grave de este asunto es que haya cinco personas que hayan muerto".
   Por otra parte, explicó que inicialmente a Botella "no le gustaba la política pero a base de tratar con ella" se introdujo. El ex presidente destacó que "es una persona muy inteligente con un gran coraje y le gusta la tarea que hace", ya que "disfruta resolviendo problemas de la gente".
   Por ello para Aznar, "Madrid tiene una muy buena alcaldesa, que sabe lo que tiene que hacer" y a la que, si le pidiera su consejo, "le diría que sí [se volviera a presentar a la reelección] porque creo que tiene que haber gente buena y ella es buena".

El Ayuntamiento de Madrid obligará a contratar al Samur en actos en edificios municipales

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid obligará a los empresarios privados que organicen actos en edificios municipales a que contraten los servicios del Samur, previo pago de las tasas correspondientes, e instará a las autoridades competentes a que haya presencia de oficio dentro de los recintos de Cuerpos y Fuerzas del Estado en eventos cerrados con más de 5.000 asistentes.

   El portavoz del PP, Enrique Núñez, ha explicado a la prensa que como en este momento no existe una tasa para abonar la presencia policial, y la intención es hacerlo, lo que podría hacerse sería aumentar el canon por el alquiler del edificio.
   El Ayuntamiento de Madrid, igualmente, aplicará en todo momento la Ley de Contratos del Sector Público; se creará un mando único en materia de emergencias, rotativo entre Policía Municipal, Bomberos y Samur, y se apostará por una mejor transparencia y publicidad en los expedientes de contratación. Son algunas de las propuestas que el PP ha transaccionado con los grupos de la oposición -3 aceptadas de las 38 presentadas por UPyD; 10 de las 25 socialistas y 4 de las 10 de IU--.
   Entre las cuanto propuestas de IU transaccionadas por el PP destaca la necesidad de instar a los necesarios cambios legislativos (especialmente por parte del Estado) para fijar presencia policial de oficio en eventos a celebrar en recintos cerrados con asistencia superior a las 5.000 personas para extremar la vigilancia en la venta y consumo de alcohol en la vía pública así como en la inspección y comprobación previa del cumplimiento de las condiciones exigidas al promotor.
   Asimismo, PP, PSOE e IU coinciden en la propuesta de instalación de elementos digitales de control de aforo en edificios municipales para grandes eventos. También se ha dado luz verde a la propuesta transaccionada de IU de establecer un aforo máximo permitido para cada actividad prevista en los recintos municipales por el organismo competente en la materia.
   Otra de las propuestas en la que ha habido acuerdo ha sido la de IU relativa a la obligatoriedad de aplicar las prerrogativas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público en todos los contratos suscritos por las empresas públicas municipales para la utilización de sus instalaciones.
   UPyD, que no ha aceptado la votación de sus enmiendas transaccionadas por el PP por "desvirtuar el contenido", sí ha conseguido que se sacaran adelante tres propuestas: una sobre la mejora en la transparencia y publicidad en los expedientes de contratación, otra que establece que los cuerpos de seguridad puedan actuar de oficio en situaciones de emergencia y, la última, que se especifique en los contratos de arrendamiento de inmuebles las especifidades de cada uno de los espacios alquilados.
   El PSOE ha conseguido sacar adelante, vía transaccional completa o parcial, propuestas como que se de cumplida cuenta de todos los contratos de las empresas municipales en los consejos de administración; la creación de un sistema de acreditación de empresas aptas para celebrar eventos multitudinarios en edificios municipales; la modificación de la organización de Madrid Espacios y Congresos y la elaboración de un plan estratégico de esta empresa en coordinación con la de turismo, Madrid Visitors & Convention Bureau.
   Las conclusiones del PP incluyen aumentar el número de inspecciones previas a dependencias municipales por parte de la Policía Municipal, una mayor divulgación de los planes de evacuación antes del comienzo de los espectáculos o la reducción drástica del aforo en edificios municipales permitiendo eventos donde el público esté de pie pero cumpliendo el aforo resultante de si dicho acto se celebrase con público sentado.
   También se pretende transformar el actual departamento de Actos Públicos en la Oficina de Actos en Vía Pública para encargarse de la recepción, tramitación, gestión, coordinación y análisis de actos privados con impacto en vías públicas o en los que esté prevista la asistencia de más de 5.000 personas.

El PP de Madrid culpa al empresario Flores por "excederse en sus ansias de dinero"

MADRID.-   El Grupo Municipal Popular ha puesto punto y final a la comisión de investigación del Madrid Arena en el Ayuntamiento de la capital culpando al promotor de la fiesta de Halloween, el empresario Miguel Ángel Flores, de "excederse en sus ansias de dinero", lo que le llevó a "pasar la línea entre la responsabilidad del empresario y la comisión de un delito".

   Así lo ha señalado el portavoz del PP, Enrique Núñez, que ha defendido que el Madrid Arena cumplía la normativa aunque ha reconocido, como presidente de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que los procedimientos "son mejorables".
   El primero en tomar la palabra en la última sesión de la comisión de investigación, en la que se ha aprobado el dictamen final, ha sido el portavoz de UPyD, David Ortega, que ha pedido que el informe que salga de la Casa de Cisneros sea remitido al magistrado y al ministerio fiscal.
   La "política del cortijo" ha sido una de las principales críticas de la formación magenta, que han afirmado que tras más de 20 años de gobierno del PP porque "no todo se justifica en las urnas".
 "Necesitamos confiar en ustedes, son el gobierno, pero se necesita un cambio radical", ha defendido.
   Una de las intervenciones más contundentes ha sido la del portavoz de IU en la comisión, Ángel Lara, que sí ha presentado conclusiones a pesar de no haber participado en la comisión, a la que definieron en su momento como "pantomima". Como resumen, Lara ha subrayado que "el único objetivo perseguido por el PP ha sido no asumir responsabilidades en los hechos ocurridos".
 "Si todo ha sido perfecto, lo mismo puede volver a ocurrir", ha lamentado.
   En este punto, el edil ha calificado de "intolerable" que "el único funcionario que estuvo presente en los hechos y a las órdenes de la empresa Diviertt", el funcionario Carlos Viñals -hijo de Simón Viñals, responsable del servicio sanitario privado en la noche de la tragedia-- no haya asistido a la comisión porque el Ayuntamiento "no le haya hecho entender la necesidad de comparecer". Carlos Viñals está siendo llamado por el área de Personal para establecer si se produjo una supuesta falta de compatibilidad.
   Otra de las críticas de IU, además de la falta de documentación, ha sido que los comparecientes "se pertrecharon con atrezzo y se pasaron toda su intervención leyendo unos folios, incluso cuando tenían que contestar a las preguntas que se les hacían" mientras otros "dieron lecciones magistrales sobre sus competencias".
   Mención aparte ha merecido el aforo. "No conocemos cuántas entradas se han vendido oficialmente y es un dato fundamental para la factura que Diviertt tiene que pagar a Madridec (condicionada al número de asistentes)", como ha señalado  Ángel Lara.
   En una línea similar ha ido el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, que ha afirmado que en algunos momentos durante la comisión se sintió "insultado" y "agredido desde el punto de vista intelectual".
 "No vengo a que me lean", ha explicado. Sí que ha considerado, por otro lado, que "ha merecido la pena" acudir a la comisión -propuesta por este grupo-- porque de ella "han salido algunas cosas".
   Igual que sus compañeros en la oposición, Lissavetzky ha afirmado que el equipo de Gobierno "no ha asumido responsabilidades". Todo ello tras criticar el "trasvestismo de opinión" de algunos comparecientes.
   Por último, el portavoz del PP, Enrique Núñez, ha alabado la decisión de su antecesor, Pedro Calvo, por dimitir "por absoluta generosidad y por respeto a las familias". Tampoco se ha olvidado del cese de los dos máximos responsables de Madridec y ha adelantado, como presidente de la sociedad municipal, que tomará decisiones pero que "en momentos de zozobra hay que mantener la cordura porque no hay que trasladar inestabilidad a los trabajadores y sus familias". 
"Tomaré decisiones y no tardaré mucho", ha reiterado.

Los alcaldes cobrarán en función de la población del municipio

MADRID.-  El Gobierno fijará el salario de los alcaldes en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.

   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.
   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local.
   A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros).
   En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director general menos un determinado porcentaje en función de la población del consistorio.
   Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.
   El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las circunstancias del consistorio.
   Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.
   Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los Plenos.
   Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal fuente de ahorro de la reforma local.
   Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de los consistorios en este momento.
   Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.
   El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso, según fuentes 'populares'.
   En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua.
   La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la "mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.
   En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.
  Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los socialistas.
   Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la clarificación de competencias.
  El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar a partir de 2013.

IU alega que Cifuentes "prevarica" poniendo multas en marchas no comunicadas porque "ninguna manifestación es ilegal"

MADRID.- El diputado nacional de IU Alberto Garzón ha alegado este miércoles que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "prevarica y atenta contra los derechos humanos" cuando su departamento interpone multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas como la del pasado 27 de octubre ya que, según ha argumentado, "ninguna manifestación es ilegal".

   Así lo ha explicado hoy Garzón, junto al también parlamentario de IU Ricardo Sixto, tras interponer una querella criminal, en nombre de la coalición de izquierdas, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra Cifuentes en relación a las "identificaciones arbitrarias, detenciones indiscriminadas y un fenómeno de represión policial, administrativa y económica que no tiene otro objetivo que asustar a la gente y meterle miedo".
   Garzón ha indicado que su partido recoge "lo mejor que han hecho otros movimientos sociales previamente, como la Comisión de Legal del 15M" y así ha anunciado que colgarán en la web de IU Federal un modelo de recurso a estas multas, "que no tienen fundamento ninguno".
   "Tiene mucho sentido esta querella para ponernos en frente de quienes vulneran los derechos fundamentales y constitucionales y tratan de hacer política por la vía policial y de sanción económica. En muchos de los casos (hubo personas multadas) que ni si quiera aparecieron en la manifestación y estuvo identificando a muchas personas con mucha antelación al lugar donde era la concentración", ha indicado.
   El diputado de IU esgrime que dichas sanciones "quieren hacer creer que hay manifestaciones ilegales cuando no existe una manifestación ilegal. "Existe una manifestación convocada o no, por lo tanto, el redactado de la multa tiene el objetivo de engañar a la ciudadanía para meterle miedo. Es un despropósito y una barbaridad que necesitaba una respuesta judicial, además de las políticas que IU viene acometiendo", ha añadido.
   Además, Garzón ha anunciado que va a hacer extensible esta querella a otros delegados del Gobierno, como los de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha por hechos similares. "Estamos recopilando todas las multas de concentraciones parecidas al 27-O en Madrid", ha añadido. No obstante, de momento solo conocen las cifras aportadas por la propia Cifuentes el día después del 27-S, que habló de 300 personas identificadas, que recibirían una propuesta de multa de 500 euros.
   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".
   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).
   La querella apunta a que el 27 de octubre, día en el que manifestaron cientos de ciudadanos, convocados por el movimiento 25-S, entre Plaza de España y Plaza de Neptuno, "identificaron a cientos de personas con la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas "sin que se registrase ni un solo incidente violento ni daño alguno sobre personas o bienes". Algunos ciudadanos denunciaron que fueron identificados si ni siquiera participar en la marcha, cerca de Plaza de España.
   "Esta forma de actuar parece responde a un plan trazado previamente, en el que la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro", señalan en la querella.
   En la misma presenta también un vídeo en el que el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró que desde el Gobierno "se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas" y declaraciones de las propia Cifuentes en una entrevista en Telemadrid en la que, según los denunciantes, "admitió públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual".
   El parlamentario nacional de IU ha esgrimido, como base legal de la querella, que la Delegación del Gobierno ha cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada".
   Le imputa también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal) porque, a juicio de los querellantes, la actuación de la delegada "conculca el derecho fundamental a la intimidad personal y a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte del listado de personas que controla la Delegación y cuyo paradero se desconoce".
   La querella también alude al artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana dice, en referencia a las sanciones por acudir a una protesta no comunicada, que "en ningún caso pueden ser sancionados los participantes, sólo los convocantes".
   "Es una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior para amedrentar y poner multas a la opinión pública y a la ciudadanía que en una situación de crisis tan terrible está cada vez saliendo más a la calle para protestar y defender sus derechos", ha asegurado el diputado de IU Ricardo Sixto.
   Por todo ello, los querellantes quieren que el juez tome declaración a Cristina Cifuentes, que se aporten todos los expedientes de personas sancionadas en los alrededores de la manifestación del 27-O, que se cite a declarar como testigo a Alfredo Perdiguero y a uno de los sancionados y que se aporte la grabación de la entrevista de Cristina Cifuentes en Telemadrid antes mencionada.

La compraventa de viviendas se dispara en Madrid

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 12,8% en octubre respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 25.261 operaciones, de las que el 50,7% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 49,3% sobre inmuebles nuevos, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (105) y Comunidad Valenciana (93).
   Más del 61% de las compraventas de viviendas efectuadas en el décimo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.323 operaciones), Comunidad Valenciana (3.818), Cataluña (3.404) y Madrid (2.893).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en octubre fueron Navarra (224 operaciones), La Rioja (271) y Cantabria (305).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Castilla-La Mancha (+34,8%) y Baleares (+30,1%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Navarra (-36%) y Cantabria (-16,7%).

   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en octubre fue de 130.109, con un aumento del 6,5% sobre octubre de 2011 y del 6,8% respecto a septiembre.
   Por compraventa se transmitieron un total de 57.182 fincas, un 11,2% más que en octubre de 2011, mientras que 4.656 fincas se transmitieron por donación (+4,8%), 691 por permuta (-10,7%) y 31.361 inmuebles por herencia (+11%).
   En el apartado de compraventa, el 83,9% de las transacciones efectuadas en octubre correspondieron a fincas urbanas y el 16,1% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,6% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 10,6% en octubre en tasa interanual, hasta las 9.193 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 11,3%, hasta las 47.989.
   El número total de fincas transmitidas en octubre por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (600) y Castilla-La Mancha (577).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Castilla-La Mancha (+15,8%) y Cataluña (+15%), mientras que los mayores descensos se los anotaron La Rioja (-16,3%) y Cantabria (-14,1%)..

Los abogados definen el Madrid Arena como "una ratonera"

MADRID.- Los abogados que representan a las familias de las víctimas de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena y la representación del sindicato Manos Limpias han concluido tras visitar el pabellón que no reúne las medidas de seguridad necesarias para albergar eventos como el celebrado en la noche de Halloween, definiéndolo como "una ratonera" en la que se produjo "una antología de la imprudencia". 

   La inspección ocular al pabellón se ha producido este miércoles a instancias de las acusaciones particulares y se ha prolongado por dos horas. El próximo 26 de diciembre, la fiscal y el juez Eduardo López harán una nueva inspección ocular para conocer dónde estaban ubicadas las 127 cámaras desplegadas en todo el pabellón.
   Durante su visita, los abogados Felipe Moreno, Gerardo Viada, Abdón Núñez y Virginia López han recorrido las instalaciones para comprobar 'in situ' las dimensiones de la pista central y los pasillos, así como dónde estaban colocadas las cámaras de seguridad.
   "No me creo que este local tenga licencia para albergar 10.600 personas. No me lo puedo creer. No reúne ni uno de los requisitos para eso. Los pasillos son un auténtico túnel de 2,5 metros de ancho y 5 de largo", ha aseverado Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas mortales.
   Asimismo, ha recalcado que nadie se pueda creer que este recinto tenga autorización, ya que "hay muchas irregularidades". "¡Dónde está el acuerdo municipal! Quiero saber quién lo firmó porque esa persona si se sentará en el banquillo de los acusados", ha asegurado Núñez, quien ha tachado de "inaceptable" las escasas condiciones que reúne el recinto.
   "¡Esto clama al cielo!. Esto es absolutamente intolerable e inadmisible. Una vergüenza que no tiene nombre", ha apostillado. "Que todo el mundo intente escurrir el bulto, no tiene nombre. Son tantas cosas que hay que aclarar. Esto no ha hecho más que empezar", ha avisado.
   Por ello, ha aprovechado para pedir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dote de más medios a la investigación en aras a que la instrucción no se dilate como la investigación por el caso de la colza, que se juzgó tras doce años. "Queremos un juez de apoyo, apoyo al Ministerio Fiscal y algún funcionario", ha precisado.
   Felipe Moreno, que defiende a la familia de Rocío Oña, ha señalado que el recinto "no cumple las medidas necesarias de seguridad como para albergar un  evento como este, que reunió a más de 20.000 personas. "Había varias puertas bloqueadas, el propio escenario bloqueaba tres vomitorios. todo eso no daba capacidad de salida", ha apuntado.
   Además, Moreno y Virginia López, de Manos Limpias, han criticado las medidas sanitarios que había en el recinto, con una sola enfermería con dos médicos y dos ATS, así como la ausencia de extintores. Por ello, Manos Limpias ya ha pedido la imputación del médico Simon Viñals, una solicitud a la que se sumarán otras acusaciones particulares.
   Por su parte, Gerardo Viada, que representa a la familia de Katia Esteban, ha definido el recinto Madrid Arena como "una ratonera" y ha reconocido que para él lo más impresionando ha sido ver el denominado pasillo de la muerte.
   "Por ahí no hace falta que haya 20.000 personas para que se produzca esto. Con 4.000 era suficiente. Es imposible que no haya avalancha. Por eso hubo gente que estuvo esperando treinta minutos sin salir. Uno de los testigos me dijo que no podía ni apoyar los pies en el suelo. Es que era una ratonera", ha añadido.
   Según ha aseverado, "el ayuntamiento no puede dar permiso para que se celebre una fiesta en la que en la pista central haya 15.000 personas con esas salidas. "Eso es una absoluta imprudencia. Lo asombroso es que no haya habido mayor desgracia de la que hubo. Esa es una pista para jugar al tenis o al baloncesto", ha reseñado.
   "Lo que está claro es que aquí para que se dé todo esto hay muchas imprudencias. La primera es que aquí se celebre una fiesta; segundo, que las compañías de seguridad no cumplieron con su deber; tercero que la empresa organizadora haya vendido el doble o tripe de entradas; cuarto, que no hubiera un sistema sanitario para un evento de este tipo. Es una antología de la imprudencia", ha dicho.