jueves, 8 de noviembre de 2012

El Gobierno regulará los productos financieros abusivos o complejos


MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo "regulará" los productos financieros abusivos o subproductos debido a la "complejidad" del mercado y ha apuntado que serán medidas "preventivas" a la hora de firmar una hipoteca.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que ayer trató este tema con la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, en la reunión que mantuvieron para analizar el problema social de los desahucios y allí ya conversaron sobre la necesidad de regular estos productos.
   "Ayer nos anticipamos a lo que se ha conocido hoy. Desde el Gobierno teníamos la preocupación de que a esos subproductos hay que darles un tratamiento específico por la complejidad del mercado financiero", ha afirmado.
   También ha explicado que "no son medidas paliativas", sino "preventivas a la hora de constituir una hipoteca" e irán dirigidas a cómo hacer que las cláusulas sean "equilibradas para el acreedor, para el deudor", para hacer que los productos puedan ser conocidos o incluso eliminar determinados subproductos de naturaleza abusiva. "Eso es uno de los puntos que van a analizar los expertos de ambas partes", ha insistido.
   La vicepresidenta también se ha referido a la reunión que mantuvo ayer con Valenciano para analizar el problema social de los desahucios y ha recordado que llegaron a la conclusión de que hay que "proteger" los núcleos familiares que, "por circunstancias de la crisis o la pérdida del empleo de uno de los dos miembros de la pareja" se ven abocados dejar de pagar la hipoteca teniendo hijos a su cargo.
   También se velará por las unidades familiares de las que dependan mayores con pensiones pequeñas y que, por pérdida del empleo, tengan que abandonar su vivienda.
   "Nos fijamos en estos ámbitos para analizar las posibilidades en relación a los umbrales de exclusión o a la necesidad de adoptar medidas particulares para esas familias que han devenido, sin responsabilidad por su parte, en una situación económica peor y que encima tienen cargas familiares que hacen que la situación de tener que salir de su casa sea mucho más traumática", ha agregado.
   La 'número dos' de Mariano Rajoy ha matizado que ahora será un grupo de expertos el que continúe con el proceso de análisis teniendo en cuenta cómo trata la legislación a los puntos familiares y ha insistido en que habrá que diferenciar entre aquellas unidades que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. "Hay que evitar el fraude", ha apostillado.
   En cuanto a los plazos en los que se podrían poner en marcha estas medidas, la vicepresidenta ha manifestado que se ha planteado una tramitación de urgencia y ha avanzado que incluso se ofreció la posibilidad de aprobarlo por decreto ley en el caso de que se llegue a un acuerdo.
   Además, ha adelantado que el grupo de expertos está convocado "el mismo lunes" para continuar con los trabajos en esta línea y ha confiado en que las marcha de las negociaciones sea "buena", porque quieren ir "sin prisa pero sin pausa".

El Gobierno ahorrará 10,5 millones de euros quitando coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".
   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.
   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.
   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.
   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).
   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.
   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.
   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.
   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.
   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.
   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.
   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.
   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.
   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".
   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.
   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

Pedroche pensó que Ejecutivo y Banco de España escribían el "guión" de Bankia

MADRID.- El expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP), que ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha declarado que "siempre" pensó que "estaba representando un guión escrito por otros", en referencia al Gobierno y el Banco de España, según informaron fuentes jurídicas.

   Tanto Pedroche, que era consejero del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, cuando se produjeron los hechos investigados, como el consejero de Bancaja a propuesta del PSOE, Remigio Pellicer, han asegurado ante el juez que no tuvieron información sobre el agujero contable de Bankia hasta mayo de 2012, cuando se enteraron por la prensa de la crisis que precipitó la salida del presidente de la entidad, Rodrigo Rato.
   Pedroche, que percibió una remuneración de 204.000 euros en 2011 por su labor en el BFA, ha defendido que tanto las cuentas de marzo pasado, que arrojaban un balance de beneficios  de 305 millones, como las reformuladas en mayo, que contemplaban unas pérdidas de 2.979, reflejaban "una imagen fiel de la sociedad".
   De igual modo, ha señalado que las cuentas se reformularon debido al cambio de criterio contable que adoptó la auditora Deloitte y que los miembros del Consejo de Administración de Bankia las aprobaron por fidelidad al nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y sentido de responsabilidad.
   En relación con la dimisión de Rato, ha señalado que éste explicó a los consejeros que pensaba que no era la persona más idónea para seguir dirigiendo la entidad. A su salida de la Audiencia Nacional el expresidente de la Cámara madrileña ha asegurado estar tranquilo. "Lo estaba antes y lo estoy ahora. ¡Buena suerte!", ha dicho.
   Pellicer, por su parte, ha reconocido que entró en la Comisión de Auditoría de Bankia a pesar de no contar con estudios ni conocimientos sobre finanzas o contabilidad, en la línea con lo declarado este martes por la también vocal del BFA, Mercedes Rojo, que tenía estudios de Farmacia.
   Por esta razón el exconsejero, que se embolsó el año pasado un total de 302.000, ha apuntado que llegó a manifestar sus dudas sobre la conveniencia de aceptar el cargo aunque al final le nombraron sin consultarle.
   En otro punto del interrogatorio el compareciente, que es empresario del sector del mueble, ha asegurado que el Consejo de Administración era consciente de que el rescate y la nacionalización de la entidad suponían la pérdida por parte de las cajas de sus participaciones en el BFA. "No cabía otra opción, era sí o sí", ha explicado, según han indicado fuentes personadas en la causa.  
   Las declaraciones judiciales de los imputados se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
   A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Gordo cree que la medida de dar casas del IVIMA a desahuciados "se agotará en diez días"

MADRID.-   El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha recriminado este jueves al presidente regional, Ignacio González, que la medida de dar 800 viviendas del IVIMA a desahuciados "se agotará en diez días".

   En el pleno de la Asamblea de Madrid, el presidente ha dicho a Gordo que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en el marco de los desahucios y que a pesar de ello ya establecieron la Ley de Transparencia Hipotecaria, que ellos no apoyaron.
   Además, ha destacado que están en conversaciones con ONG para tratar de buscar una solución con ellos y el parque inmobiliario de la Comunidad de Madrid.
   Asimismo, le ha dicho que no han dado más que 800 viviendas porque "hay muchas otras que están ocupadas de manera ilegal" e IU "las apoya" y ha señalado que, además, la Comunidad ha arrendado más de 80 viviendas a personas que se han quedado en esta situación, ha revisado 5.000 alquileres del IVIMA a personas que han visto que no podían hacer frente al pago del alquiler y están buscando fórmulas para poner el parque inmobiliario no utilizado al servicio de esta situación.
   Mientras, Gordo ha considerado que la medida de destinar 800 viviendas del IVIMA para familias que no pueden pagar su hipoteca porque se "agotará en diez días teniendo en cuenta que los bancos desahucian 80 familias al día".
   En este sentido, ha subrayado que la puesta en marcha de medidas como la señalada tienen su origen en las movilizaciones de la plataforma de afectados por las hipotecas que con "la sensibilidad social del PP".
   El portavoz de IU se ha mostrado muy crítico con "las numerosas votaciones entre PP y PSOE que han impedido en el Congreso de los Diputados que salgan adelante las iniciativas presentadas por IU sobre la dación en pago, las moratorias en los desahucios o los alquileres sociales para familias desahuciadas".
   Por ello, ha insistido en la necesidad de impedir por ley que los bancos que han recibido fondos públicos puedan practicar un desahucio, que la dación en pago fuera por ley, no voluntaria, y que se condonara la deuda injusta. A su juicio, para ellos "la movilización es útil y necesaria", ya que "es el único lenguaje que entienden, como lo entenderán con la huelga general".

El TS anula las cuentas de 2009 de Parla por no haberse liquidado las de la época de Gómez

MADRID.-   La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular los presupuestos aprobados en 2009 por el Ayuntamiento de Parla por no haberse liquidado las cuentas en 2007 y 2008, cuando gobernaba Tomás Gómez, y haber omitido información a los ediles de cara al siguiente año.

   En una sentencia fechada el pasado 15 de octubre, el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por el Consistorio parleño contra una sentencia del TSJM, de 17 de febrero de 2011.
   Esta resolución judicial anuló la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2009 debido a la falta de liquidación de los presupuestos de 2007 y 2008, cuando el secretario general del PSM, Tomás Gómez, estaba todavía en el Ayuntamiento como regidor. Gómez dejó la Alcaldía en noviembre de 2008 para dedicarse en exclusiva al partido en Madrid.
   El Alto Tribunal madrileño entendió que la aprobación de esos presupuestos quebró "los derechos de los ediles para intervenir en los asuntos públicos" ya que no conocían la situación real de las cuentas anteriores.  
   Ahora, los magistrados condenan al Consistorio a la presentación de los presupuestos rectificados y al pago de 3.000 euros en concepto de costas. Por ello, la Corporación municipal tendrá que llevar a Pleno unas nuevas cuentas de 2009 rectificadas.
   En su recurso, el Ayuntamiento parleño recordaba que el Partido Popular de Parla no interpuso reclamación contra el acuerdo del pleno de 20 de febrero de 2009, por lo que devino para "ellos inimpugnable, firme y consentido, resultando la posterior impugnación en sede jurisdiccional improcedente".
   Ahora, el Supremo ratifica la anulación de los presupuestos de 2009 al entender que su aprobación quebró "los derechos de los ediles para intervenir en los asuntos públicos" ya que no conocían la situación real de las cuentas y puesto que éstas se aprobaron sin liquidar dos ejercicios anteriores.
   Además, el Alto Tribunal ratifica que el haberse omitido la liquidación de los presupuestos anteriores "no sólo tiene trascendencia procedimental, sino que también tiene trascendencia constitucional por estar este requisito vinculado al derecho a la información de los concejales".
   Por ello, concluye que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Parla, contra la citada sentencia, "con expresa condena a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación dentro de los límites señalados en el fundamento jurídico quinto de ésta".

Javier Cremades aboga por recuperar el prestigio del abogado ante la sociedad

MADRID.- La candidatura liderada por Javier Cremades para concurrir a las elecciones del próximo 18 de diciembre a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) apuesta por recuperar el prestigio perdido de la figura del abogado ante la sociedad civil, por transformar el colegio en un generador de oportunidades para el abogado y por liderar la internalización de la Abogacía.

   Acompañado por miembros de su candidatura, Cremades ha expuesto en una rueda de prensa las principales líneas de su estrategia y su postura respecto a cuestiones como el Turno de Oficio o la polémica por las escuchas del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a los abogados del 'caso Gürtel' en el locutorio de la prisión de Soto del Real.
   En el acto de presentación de candidatura han estado presentes los miembros que acompañan a Cremades en la carrera electoral. Entre ellos figura la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, el exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela, Javier Mata, Vega Mazón, Victoria Gómez-Acebo, Luis Cazorla y Miguel Riaño.
   En las elecciones de 2007, Cremades consiguió 3.203 votos frente a los 3.543 votos que logró el decano del ICAM, Antonio Hernándel-Gil, lo que le llevó a dirigir el Decanato durante estos cinco años. Sobre los anteriores comicios, ha señalado que el hecho de que el despacho Garrigues apadrinara la candidatura de Hernández-Gil tuvo mucho que ver con su triunfo.
   El aspirante a decano de los abogados ha definido esta mañana su candidatura como un proyecto" sólido, plural y con experiencia", con el objetivo de llegar al Gobierno del ICAM para devolver la voz de la Abogacía a la sociedad civil. "Los abogados a diario tienen que enfrentarse a una Administración de Justicia que no les sitúa en al situación procesal que les coloca la Constitución", ha recalcado y ha destacado que actualmente los abogados madrileños se sienten distantes con el colegio.
   Cremades ha especificado que en la elaboración de su programa han colaborado más de un centenar de profesionales para hacer un colegio "fuerte, útil y abierto a la sociedad".
   Sobre la gestión de Hernández-Gil, se ha limitado a criticar la postura "tibia" adoptada por el decano en algunos asuntos como por ejemplo en la polémica por las escuchas de Garzón a abogados en la prisión de Soto del Real. "En el caso de Garzón, alzé la voz para decir que estábamos todos cometiendo un error al no exigir responsabilidades", ha dicho.
   En este sentido, se ha comprometido a tratar de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que se pueda garantizar que en ningún momento se puedan producir escuchas de tal tipo y que, en todo caso, el decano tenga conocimiento de estos hechos.
   Por su parte, el exconsejero madrileño Manuel Lamela, abogado del Estado en Excedencia, ha destacado que la línea de este proyecto se basa en trabajar para "abrir el colegio a la sociedad" y modernizar la institución.
   Cremades se ha pronunciado sobre el servicio médico, que se ha transformado en una mutua de asistencia sanitaria, y ha reconocido que no se ha manejado bien, en particular el ICAM, la transformación de este servicio.
   "La gente no lo ha entendido. Hay muchas personas inquietas y está judicializado. Hay que revisarlo y aceptar una Junta Extraordinaria para este asunto. Debemos convencernos de la solución que se adopte, ya que es el servicio mas valorado del colegio. Ya que funciona, vamos a mantenerlo y mejorarlo", ha destacado.
   Asimismo, Cremades se ha comprometido en que si accede al ICAM exigirán de manera inmediata los pagos que se deben. Además, ha destacado que está a favor de que se redefina el modelo del actual servicio de Justicia Gratuita.
   "Está claro que no hay nadie satisfecho con este modelo. La Administración no paga. Los abogados no se sienten dignamente ni pagados ni tratados. Mientras no paguemos el sistema, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. Es muy importante el diálogo y la negociación. Primero hay que cumplir y luego crear una mesa de trabajo para cambiar el sistema", ha reseñado.

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.
   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".
   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.