lunes, 27 de mayo de 2013

El TC establece que sólo puede ser alcalde quien obtuvo legitimación de las urnas

MADRID.-   La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero (Asturias) del pasado mes de marzo que designó como alcalde al socialista Ignacio Fernández Díaz, quien no figuraba en las listas sometidas a las urnas, tras renunciar todos aquellos que sí las integraban.

   En una sentencia dada a conocer este lunes, el tribunal de garantías precisa que la interpretación constitucional de los requisitos que el legislador estableció para la elección de alcalde en un supuesto en que la persona elegida no figurara en las listas es clara y que, por tanto, "sólo puede serlo quien obtuvo la legitimación en las urnas por su integración en alguna de las listas electorales concurrentes a las elecciones municipales". La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Andrés Ollero Tassara.
    Gabriel López, alcalde socialista de Cudillero, presentó su renuncia al cargo y a su acta de concejal el 11 de enero de 2011. El resto de los candidatos y suplentes que figuraban en la lista que había presentado el PSOE formularon su renuncia anticipada a cubrir la vacante de concejal por lo que la Ejecutiva local del partido designó como su sustituto a Ignacio Fernández Díaz.
    Todas las renuncias, formalizadas en un plazo de menos de quince días, esgrimían argumentos como "motivos personales" o "incompatibilidad", e hubo incluso personas que no la justificaron.
   El pasado 7 de marzo el Ayuntamiento de Cudillero celebró un pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde y, dado que todos los demás miembros del PSOE habían renunciado anticipadamente a la candidatura a la Alcaldía, fue elegido alcalde Fernández Díaz por ocho votos frente a los tres que obtuvo el representante del PP y dos votos del representante de Foro Asturias Ciudadanos.
   La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan José González Rivas, analiza un recurso presentado por Foro Asturias Ciudadanos, así como por los dos concejales del Ayuntamiento del referido partido político, contra la proclamación como alcalde de Cudillero de Fernández Díaz quien no había concurrido como candidato a las elecciones municipales de 2011 en la lista electoral del PSOE.
   El hecho de que entrara a forma parte del Ayuntamiento en sustitución del anterior alcalde y concejal tras renunciar a su cargo constituye para Foro Asturias Ciudadanos una vulneración del contenido constitucional del artículo 23.1 en cuanto al derecho a la participación política en las elecciones y del artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, en la medida que se designa Alcalde a una persona que no cumple con los requisitos legalmente establecidos
    Los magistrados señalan en la sentencia que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge que para ser elegido alcalde en los municipios de población superior a 250 habitantes "pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas".
   Este requisito legal permite "identificar" la exigencia de un plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a la Alcaldía, "vinculando la voluntad del cuerpo electoral expresada en las urnas con la candidatura a la Alcaldía al exigir que debe postularse como candidato el Concejal que encabece la lista electoral".
   Esta misma exigencia se mantiene en los casos que se produzca una vacante en la Alcaldía en supuestos distintos a los de moción de censura o cuestión de confianza. Esto es, cuando el alcalde renuncie la ley contempla que su sustituto sea la persona que figuraba el siguiente en la lista, a no ser que renuncie a su candidatura.
    "En consecuencia, la elección de Alcalde en el transcurso del mandato municipal sigue estando conectada con la voluntad de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada escalonadamente, excluyendo el miembro anterior de la lista a los posteriores, con la única excepción del caso de renuncia".
   La sentencia deja bien claro que "no puede entenderse" que un concejal que no ha concurrido a la elección cumpla con los requisitos legales para ser alcalde porque se exige "expresamente" la inclusión en la lista electoral de quien se propone como candidato a Alcalde, "lo cual excluye a personas que no hubieran concurrido a las elecciones".
   Por tanto, añade el TC que "no cabe duda" que en el concepto lista se pueden integrar personas que no concurran a las elecciones en las correspondientes candidaturas aunque pertenezcan a un grupo municipal al que hayan accedido por vía legal. Sin embargo, esta vía (la de permitir el acceso de un ciudadano a concejal sin estar integrado en una lista) "no es reconocida en el caso de la elección de alcalde".
    En este caso concreto no cuestiona la forma en que Fernández Díaz accedió a su cargo de concejal sino su elección como Alcalde puesto que su nombre no aparecía en ninguna candidatura. Así, los magistrados entienden que con su nombramiento "se estaría alterando gravemente la voluntad del cuerpo electoral y, en consecuencia, viciando la relación representativa entre el conjunto de los ciudadanos y los órganos representativos".
   En su voto particular, el magistrado Ollero discrepa del resto de la Sala al considerar que este órgano no debería haber aceptado el recurso, al tratarse de una cuestión de legalidad. Este magistrado también votó en contra de la reciente sentencia que declaró inconstitucionales los concejales miembros de Juntas de Gobierno locales que no hubieran integrado las listas electorales.

El PSOE cuestiona que se destinen 300.000 euros a restaurar el Valle de los Caídos

MADRID.- El PSOE cuestiona que el Gobierno de Mariano Rajoy haya destinado casi 300.000 euros a la restauración de la fachada Basílica del Valle de los Caídos, en lugar de "dignificar" los osarios de los casi 34.000 muertos allí depositados.

   El diputado del PSOE Ramón Jáuregui, quien fuera ministro de la Presidencia en el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, registró la semana pasada una batería de preguntas en el Congreso después de que el Ministerio de la Presidencia anunciara el pasado día 17 la licitación pública de la restauración de la fachada de la Basílica del Valle de los Caídos por un valor de 286.845,35 euros.
   En la exposición de motivos, Jáuregui recuerda que el informe de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos de finales de 2011 aconsejaba "detener el deterioro" del conjunto del Valle de los Caídos, donde se encuentran inhumados los restos de más de 33.847 muertos de la Guerra Civil, si bien apuntaba que dicho "esfuerzo" económico exigía previamente "una pacificación social y política" del mausoleo y hacer del conjunto monumental "un lugar de encuentro de todos los españoles".
   Condiciones éstas que, según el primer partido de la oposición, no se dan, toda vez que el Valle de los Caídos sigue siendo "un lugar de memoria del bando que triunfó en la Guerra, que dirigió una dictadura de 40 años y que reprimió la libertad de todos los españoles".
   Para los socialistas, toda restauración del Valle de los Caídos debe estar inscrita y precedida por un proyecto de resignificación del Valle como lugar de memoria de todos los caídos en la Guerra Civil, lo que implica el traslado de los restos de Franco a otro lugar --"Él no fue víctima", recuerda--, la construcción de un centro de interpretación de lugar y el acondicionamiento en condiciones de dignidad de los restos allí inhumados.
   En este contexto, el diputado vasco pide al Gobierno que explique las razones por las que no ha seguido las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, y que manifieste si está dispuesto a abordar la transformación del Valle de los Caídos en un lugar de memoria reconciliada de la Guerra Civil.
   De la misma manera, entre otras muchas cuestiones, quiere que el Ejecutivo aclare si considera más importante restaurar la escultura de La Piedad que "dignificar" los osarios de los casi 34.000 muertos allí depositados, y que explique por qué se ha abierto ese lugar al público "siendo lo que es y representando todavía lo que representa".
   "El turismo en las condiciones actuales --la entrada al conjunto monumental es de 9 euros-- constituye una profanación de la memoria del bando vencido en la Guerra", argumenta Ramón Jáuregui en el texto de sus preguntas.

Un constructor imputado en el caso 'Gürtel' se niega a declarar

MADRID.- El exdueño de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo se ha negado a declarar por la supuesta contabilidad B del PP  ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ha rechazado estudiar en una vistilla su ingreso en prisión, como pidieron dos acusaciones, informaron fuentes jurídicas.

   García Pozuelo, imputado en el 'caso Gürtel' por pagar comisiones ilegales a la red de Francisco Correa a cambio de la adjudicación de contratos públicos, ha acudido a la citación judicial para comunicar al juez que se acogía a su derecho a no declarar. Su abogado, Javier Iglesias, ha añadido que su cliente está colaborando con la Justicia en la causa principal.  
  Tras manifestar sus intenciones, la representación de Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Ecologistas en Acción ha solicitado la celebración de una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar el ingreso en prisión del empresario o imponerle medidas cautelares. A esta petición se ha adherido el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV).
   El abogado de ALA, Antonio Segura, ha defendido que los delitos que se imputan al empresario "suman más de dos años y afectan a la economía nacional" y que existe el riesgo de que quiera "ocultar pruebas y sustraerse a la acción de la Justicia". 
"No es el primer imputado que coge un avión y se va", ha señalado.
   El juez Ruz, sin embargo, ha rechazado la celebración de la vistilla al considerar que no era el cauce procesal adecuado, en consonancia con la posición del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, que también se ha opuesto a su celebración.
   Según los 'papeles de Bárcenas', García Pozuelo realizó nueve entregas a los tesoreros del PP que ascendían a un total de 258.161,94 euros.
   La empresa Constructora Hispánica recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares', según consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que obra en la causa.
   El juez Ruz también tiene previsto interrogar este lunes al presidente de Obrascón Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir; y al máximo responsable del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez.

La ministra de Fomento garantiza que "no dejará caer" las concesiones de autopistas en problemas

MADRID.-   La ministra de Fomento, Ana Pastor, garantizó que su Departamento "no permitirá que caiga el sistema concesional español, considerado como el mejor del mundo", en referencia a la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra.

   Pastor agradeció públicamente el "esfuerzo" que Seittsa, la sociedad dependiente de su Ministerio, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, están realizando para "solucionar" el problema de estas vías.
   Según fuentes del sector, Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública, dependiente de Seittsa, que asumirá las nueve autopistas en problemas. Las concesionarias y constructoras actualmente titulares de las vías tendrían una participación del 20% en el capital de la empresa.
   El objetivo de la firma sería solventar los problemas económicos y financieros de las autopistas, que suman una deuda total de casi 4.000 millones de euros, para después devolverlas a manos de las empresas privadas.
   La caída de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de expropiación que afrontaron constituyen los principales problemas de estas autopistas (entre las que figuran las radiales de Madrid, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo o la Cartagena-Vera, entre otras), de las que cinco están en concurso de acreedores.
   Pese a los problemas de estas vías, Pastor ratificó su apuesta por los sistemas de financiación mediante colaboración del capital público y el privado para construir infraestructuras, "siempre que se aplique a proyectos equilibrados y que presenten un retorno", según indicó durante su intervención en una jornada de infraestructuras en Madrid.